¿Manosea corrupción caso del feminicidio de Denise?

*Misteriosamente, el Juez no se presentó a la audiencia de interrogación a un testigo de cargo, luego de más de mil 200 días del asesinato

Mario GIRÓN

En el juicio más importante a nivel Oaxaca al tratarse del primer feminicidio que puede salir absuelto o condenado, el Juez Cuarto de lo Penal, Luis Salvador Cordero, actuó irresponsablemente ofreciendo un ejemplo de corrupción. El 6 de junio pasado, curiosamente, no se presentó a la audiencia en donde después de mil 200 días sería interrogado un testigo de cargo correspondiente al proceso judicial en contra de Alejandro Enrique Rivera López, acusado de asesinar, el 9 de abril de 2013, a la joven Dafne Denise Carreño Bengochea.

Así lo estableció y denunció el abogado Jorge Merlo Gómez, tras solicitar al Honorable Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a través de su presidente magistrado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, tomar cartas en el asunto sancionando, separando y llamando a cuentas a tan irresponsable impartidor de justicia que con su actuación nada ético ensucia el rostro del TSJO.

Cabe destacar que el proceder desaseado del Juez Cuarto de lo Penal obligó al también Presidente de la Fundación Jorge Merlo a exigir ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca una sanción ejemplar y contundente en contra del funcionario del Poder Judicial quien podría sostener una relación turbia con el abogado defensor del inculpado, Miguel Ángel Varela.

“Como Fundación vamos a intervenir nuevamente en el caso y con la ley en la mano presionaremos a la autoridad judicial para obligarla a conducirse en el marco del estado de derecho, y no mediante acciones que hacen ver corrupción, como sucede con el Juez, Luis Salvador Cordero”, agregó Merlo Gómez.

El abogado informó que en la diligencia en la que el Juez se ausentó, el secretario judicial la condujo torpemente por un pleno desconocimiento jurídico, permitiendo que al testigo de cargo se le aplicara un interrogatorio a mil doscientos días de que se cometieran los hechos, amén de que el cuestionamiento no estaba vinculado con la declaración del mismo.

“Las preguntas fueron confusas, el Secretario judicial las calificó de legales, muy a pesar de que éstas nada tenían que ver con lo declarado por el testigo”, aseguró Merlo Gómez.

Citó que el defensor del procesado, Miguel Ángel Varela admitió que se tardó más de mil 200 días en solicitar dicho interrogatorio con el argumento de que se trataba de una estrategia jurídica para bien del defendido:

“Más que estrategia era una trampa intentando confundir al testigo con preguntas que no venían al caso porque no fueron extraídas de la declaración original del testigo de cargo; se trató de un cuestionario fuera de contexto, ilegal, permitido por el Secretario judicial que no se tomó la molestia de leer la declaración del testigo. Una acción ilegal bien protestada por la figura del Ministerio Público, el cual jugó un papel significativo, vertical, favorable a la legalidad, llamándole la atención al sustituto del Juez”, reconoció el abogado inconforme, Merlo Gómez.