Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Covid empuja al abismo la economía; se salvó el sector agropecuario

CIUDAD DE MÉXICO.

La economía nacional colapsó en mayo al no soportar el confinamiento y el paro de actividades.

En dicho mes, el tercero desde que la pandemia de coronavirus llegó a México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se desplomó a un nivel histórico de 21.6% a tasa anual, indican datos del Inegi.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que es la mayor caída desde que se tiene registro. El indicador suma 13 meses en terreno negativo, lo que muestra que el país estaba estancado antes del covid-19.

El IGAE se ubicó en 88.41 puntos, mismo nivel de enero de 2006, destruyendo 14 años de crecimiento económico”, señaló.

Por grandes grupos de actividades, las industriales retrocedieron 29.7% y el comercio y los servicios, 19.1 por ciento. Las agropecuarias fueron las únicas con avance: mensual de 1.56% y anual de 2.49%, pues han sido las menos afectadas por la pandemia, al tratarse de una actividad esencial.

Analistas de Grupo Financiero Monex anticipan que las cifras preliminares del PIB, que se publicarán la siguiente semana, mostrarán una caída cercana a 20% anual. Para Banorte, el segundo trimestre de 2020 será el más débil en la historia.

SE DESPLOMA LA ECONOMÍA

La pandemia de covid-19 desplomó la actividad económica a sus niveles históricamente bajos, ya que en mayo de 2020 se observó una contracción 21.6 por ciento a tasa anual en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado como un aproximado del PIB, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que es la mayor caída desde que se tiene registro y el indicador suma 13 meses en terreno negativo, lo que evidencia que el país ya mostraba un estancamiento económico antes del covid-19.

El IGAE se ubicó en 88.41 puntos, mismo nivel de enero de 2006, destruyendo 14 años de crecimiento económico”, lamentó la especialista.

Analistas del grupo financiero Banorte recordaron que todo mayo se mantuvieron sin cambios las medidas de distanciamiento social para mitigar la pandemia.

De acuerdo con el reporte del Inegi, por grandes grupos de actividades, las secundarias o industriales retrocedieron 29.7 por ciento y las terciarias, que son el comercio y los servicios, lo hicieron en 19.1 por ciento. En contraste, las primarias o agropecuarias se incrementaron 2.5 por ciento con relación a igual mes de 2019.

A tasa mensual, la caída del IGAE fue de 2.6 por ciento. A su interior, la producción industrial cayó 1.8 por ciento, con sus cuatro componentes de nuevo a la baja. Los retrocesos más fuertes fueron en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con una caída de 10.2 por ciento y minería con -3.0 por ciento. Construcción retrocedió 1.3% y manufacturas 0.3 por ciento.

Mientras que los servicios se ubicaron en -3.2% con siete de los nueve subsectores a la baja, al ser considerados como sectores no esenciales, los mayores impactos fueron para los servicios recreativos, con una baja mensual de 4.3%, alojamiento de -3.3% y transporte, -1.7 por ciento.

Destacamos que las ventas al por mayor cayeron 16.2%, hilando dos meses con fuertes caídas”, dijeron los analistas de Banorte. 

Hasta la fecha, el sector terciario continúa afectado por el cierre parcial o total de servicios no esenciales como bares, gimnasios y otros centros de esparcimiento y entretenimiento”, comentó Siller.

Las actividades agropecuarias fueron las únicas que mostraron un avance mensual de 1.56% y de 2.49% anual, pues ha sido el menos afectado por la pandemia al tratarse de una actividad esencial.

Analistas del grupo financiero Monex anticipan que las cifras preliminares del PIB –que se publicará la siguiente semana– mostrará una caída cercana a 20% anual.

Para Banorte, el segundo trimestre del 2020 será el más débil en la historia.

Reventar el juicio a Lozoya, meta de la estrategia de Garzón

El traslado directo de Emilio Lozoya Austin del aeropuerto de la Ciudad de México al hospital Ángeles del Pedregal, haber conseguido que no se pusiera a disposición de los jueces para las audiencias iniciales y la filtración de información a medios periodísticos, forman parte de la estrategia que la defensa del ex director de Pemex, que encabeza Baltasar Garzón, habría desplegado para descarrilar el posible juicio en su contra y evitar así que su cliente pise la cárcel.

Los funcionarios y litigantes consultados por La Jornada indicaron que con la estancia de Lozoya en un hospital al sur de la Ciudad de México y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales se trata de evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión.

De allí que, advirtieron los funcionarios y litigantes entrevistados, la estrategia de filtrar información que pudiera servir para que el Ministerio Publico integre nuevas investigaciones tiene el propósito de detenerlas y obligar a los encargados de procurar justicia a conseguir otros medios de prueba con qué soportar sus imputaciones.

Fuentes judiciales que solicitaron el anonimato advirtieron a este diario que la publicación del contenido de la declaración de Lozoya en España obedece a una filtración que desde la defensa del extraditado se consumó con el objetivo de afectar el proceso y el consiguiente descarrilamiento del mismo.

En España, el ex juez de la Audiencia Nacional desplegó la estrategia para proteger del mayor de los males a Lozoya, y en México fuentes de la Barra de Abogados apuntan a Javier Coello Trejo –quien renunció públicamente a la defensa de su amigo en junio pasado–, y ahora estaría coadyuvando en el proceso. Al buscar a Coello Trejo para que comentara, no respondió a las llamadas de este diario. No obstante, en un connotado bufete de abogados uno de ellos dijo: Javier sí tiene relación con el caso, no nos hagamos los inocentes.

Después de que la autoridad mexicana consiguió la extradición, el proceso en torno a Emilio Lozoya es fuente de dudas por el rumbo que le da la defensa.

Desde de que salió de España, la Policía Nacional indicó que el ex director de Pemex gozaba de cabal salud. No obstante, a su arribo a la Ciudad de México –y antes de ser puesto a disposición de los jueces que emitieron las órdenes de aprehensión en su contra para posteriormente ingresarlo al área de juzgados del Reclusorio Norte–, el detenido fue trasladado al hospital Ángeles del Pedregal, al considerar delicado su estado de salud por padecer anemia y problemas de esófago. Incluso se ha corrido la versión de que ya fue intervenido quirúrgicamente.

El errático procedimiento tiene que ver con la narrativa desplegada por la defensa del ex funcionario peñista, que desde España negoció la declaración de su cliente, señalando los actos de corrupción que propició y en los que se vio inmiscuido con tal de beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht, alentar mediante sobornos la aprobación de la reforma energética e impulsar la compraventa con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira, quien también se encuentra en el país ibérico sujeto a un proceso de extradición a solicitud de las autoridades mexicanas.

Funcionarios judiciales refirieron que, para el Consejo de la Judicatura Federal, Emilio Lozoya está en manos de la Fiscalía General de la República, en términos jurídicos es como si no se hubiera formalizado la cumplimentación de los mandamientos en su contra, pues ello obligaría al Ministerio Público a ponerlo a disposición inmediata (es decir, el tiempo que tomara la notificación en el hangar de la Fiscalía y su posterior traslado a los juzgados).

Asimismo, fuentes del gobierno federal señalaron que, aunque “se le haya ofrecido o se esté diciendo que puede convertirse en testigo protegido ello es una falla que podría afectar el proceso en su contra, toda vez que el ex director de Pemex no ha sido imputado de cometer delincuencia organizada (las acusaciones son por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público), y esa figura no se le puede otorgar.

Lozoya movió 120 mdd para dar sobornos

Emilio Lozoya logró mover 120 millones de dólares en operaciones irregulares en una intrincada red de empresas de papel, inversiones en paraísos fiscales y generosos depósitos de las más poderosas empresas de México y América Latina. Te recomendamos: AMLO: “recuperar el dinero”, interés principal con Lozoya Lozoya tuvo nexos con empresas como Odebrecht desde 2010 cuando aún no era integrante de la campaña de Enrique Peña, pero continuaron los movimientos de las empresas a su alrededor hasta 2014, donde fue director de Pemex hasta 2016. 

MILENIO tuvo acceso a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las que se desprenden 16 denuncias: ocho a personas físicas y ocho a morales. Los montos denunciados son por depósitos de 73 millones 531 mil 419.85 pesos y 119 millones 75 mil 131.67 dólares, respectivamente. PUBLICIDAD También identificó que por lo menos están involucradas 12 empresas, además de 14 filiales de Odebrecht, tres empresas en listas simuladoras y dos consideradas empresas de papel ubicadas en paraísos fiscales. De eso solo una mínima parte tiene un vínculo claro con las cuentas de Emilio Lozoya, su esposa Marielle Helene Eckes y su empresa Yacani entre 2015 y 2018, que suman un millón 700 mil dólares y 54 millones de pesos, que la UIF califica de “procedencia dudosa”. 

 Investigan al PAN por 3 mil millones Además, detectó vínculos entre funcionarios de Pemex con Altos Hornos de México, que también son accionistas de la empresa Yacani, al igual que Eckes, así como de Grupo Interamericano de Financiamiento, donde Lozoya aparece como accionista. También identificó a Lozoya como posible accionista de Tochos Holding, adonde se hizo el primer depósito de Odebrecht y fue dirigido a su hermana Gilda Lozoya; el dinero fue utilizado para comprar un inmueble. Más tarde se hicieron dos depósitos por 1.5 y 1.08 millones de francos suizos a María del Carmen Ampudia; en la trama también aparece Aleática, antes OHL, de la que Lozoya fue consejero independiente; de OHL recibió en EU transferencias por 1.5 millones de pesos en 2012. El gobierno identificó 10 cuentas a nombre de Lozoya, tres que en total suman 45 mil francos suizos, otras tres que ascienden a 60 mil dólares y cuatro por un millón 224 mil euros. 

 Lozoya negocia beneficiar a su madre, esposa y hermana En una de las cuentas se detectó un envío de Altos Hornos el 1 de noviembre de 2012, aunque “se desconoce la cantidad, pero fue en diversas divisas”. Altos Hornos también depositó 11 mil dólares en 2011 a una cuenta en Banamex de Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de Pemex, así como a una cuenta de Tochos Holding que envió a su mamá Gilda Margarita Austin, 185 mil dólares en 2012 para el pago de abogados e impuestos y, en 2010, 5 millones de francos suizos. Sobre Altos Hornos, la UIF identificó tres transferencias internacionales por 3.7 millones de dólares en 2014 a la compañía austriaca Grangemouth Trading Company, una firma offshore identificada como la que pagaba los sobornos de Odebrecht. Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la cuenta de la empresa Zecapan, que la UIF no identificó, pero que, “según tres ex directores de Odebrecht, pertenecía a Lozoya”. 

 Madre de Lozoya, única vinculada a proceso por caso Odebrecht en México De acuerdo con la información obtenida por la UIF de una nota periodística, “en agosto de 2017, Luis Alberto Meneses Weyll aseguró ante la justicia brasileña que en marzo de 2012 se reunió con Emilio Lozoya y le solicitó 5 millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz. Odebrecht aceptó pagarle solo 4 millones de dólares. “Según el delator (Meneses Weyll), Lozoya le dio el nombre de Latin American Asia Capital Holding para recibir las transferencias. En 2012, Lozoya fue designado director de Pemex y desde esa posición negoció otros 6 millones de dólares en sobornos”. 

Lozoya es identificado por la UIF como posible accionista de Tochos Holding, a su vez TMF Services es firmante de la cuenta de GONET e informa que la beneficiaria de Tochos Holding es Gilda Susana Lozoya Austin y también solicita transferir el saldo de Latin American Asia Capital Holding LTD a la cuenta de Tochos Holding. Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo es una empresa en la que Lozoya aparece como accionista, de cuya cuenta dispersaron recursos a múltiples personas morales y físicas entre los que se encuentran Rodrigo Arteaga, secretario particular del director; Eleazar Gómez, director de Pemex Cogeneración y Servicios; Édgar Torres, director de Pemex Fertilizantes; Emilio Lozoya, director de Pemex; Carlos Roa, coordinador de asesores, y Élfego Sánchez, gerente de Programación y Coordinación Operativa. Te recomendamos: Todos los involucrados en caso Lozoya deben comparecer, dice AMLO “Lozoya es accionista de Grupo Interamericano de Financiamiento para el Desarrollo, quien recibió entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, transferencias internacionales por 204 mil pesos y 1.7 millones de dólares”. Mientras la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, presentó declaraciones fiscales en ceros en 2014 y 2016, y 2017 ingresos por 4.2 millones de pesos “cifra que tampoco resulta congruente con la operación internacional ordenada desde Alemania”. 

La conclusión de la UIF es que “por lo anteriormente expuesto, se concluye que los recursos operados por Yacani, Marielle Helene Eckes y Emilio Lozoya son de procedencia dudosa”, pues de febrero 2015 a octubre de 2018, el monto asciende a 54.2 millones de pesos y 1.7 millones de dólares. Te recomendamos: Caso Lozoya podría cambiar la historia de la impunidad en México: investigadora Y ADEMÁS DIRIGENCIA PANISTA NIEGA ACUSACIONES La dirigencia del PAN negó los señalamientos de Lozoya, acusó de propaganda para dañar a su partido y el buen prestigio de sus liderazgos. Los ex senadores Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle aseguraron que “son falsas, sin sustento ni pruebas”, las versiones de que recibieron recursos para votar a favor de las reformas estructurales, entre ellas, la energética. En Twitter, Cordero rechazó las acusaciones en su contra. “Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad”. Lavalle también rechazó los señalamientos.

Actividad económica en México cae 21.6% en mayo; crisis por Covid-19 sigue presionando

La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 continúa ejerciendo presión sobre la economía nacional. Durante mayo del 2020 el nivel de actividad económica registró una fuerte contracción de 21.6% en comparación anual.

Este desplome de la actividad económica se alinea con un nuevo nivel mínimo del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), de acuerdo con las cifras del Inegi, el indicador se ubicó en un nivel de 88.4 puntos; significativamente por debajo del umbral de 100 puntos y muy alejado de los niveles registrados previo a la pandemia.

Estos resultados reflejan que el impacto de la emergencia continúa agudizándose; sólo el mes previo, abril, este indicador se encontraba en un umbral de 90.8 puntos, y en marzo se ubicaba en 109.7 puntos. 

Sólo en un par de meses, con el inicio del confinamiento y la aplicación de restricciones sociales y económicas, el indicador de la tendencia economía de México, se redujo en 21.3 puntos. 

En el análisis proporcional, la caída inmediata de la economía nacional fue de 2.6%, según el reporte del Inegi, el sector más afectado fue el de las actividades terciarias. 

Comercio y servicios, lo más afectado

El impacto de la crisis por Covid-19 ha sido más intenso en comparación con otras economías de la región, y se espera que al finalizar el 2020, sea uno de los países con el desplome económico más fuerte y con efectos importantes en la desigualdad, pobreza y deterioro del mercado laboral. 

En México las actividades terciarias, el comercio y servicios, aportan cerca del 65% del PIB y emplean a poco más de la mitad de los trabajadores. Estos sectores en conjunto, son los más golpeados; en mayo la contracción económica en este rubro fue de 3.2% sólo en un mes. 

Por su parte, las actividades secundarias que incluyen a la industria manufacturera, minera, constructora o energética, registraron una caída mensual de la actividad económica de 1.8 por ciento. 

El único que rubro que mostró una ligera recuperación fue el de las actividades primarias; que no han parado en ninguna etapa de la pandemia. La agricultura, ganadería, caza, pesca y el aprovechamiento forestal registraron un crecimiento de 1.6% sólo e abril a mayo. 

Los especialistas y las instituciones de orden nacional e internacional proyectan caídas importantes para el PIB de México durante el 2020; se espera que durante este lapso trimestral que engloba los meses abril-junio se presenten los efectos más pronunciados de la pandemia y, que para la segunda mitad del año, se observen modestas recuperaciones en línea con el desconfinamiento gradual.

Denuncian a empresa ligada a Odebrecht por huachicoleo

“El inmueble ubicado en la comunidad de El Cardonal, municipio de Atitalaquia, es propiedad Juan Carlos Tapia Vargas, (y fue) adquirido mediante contrato de compra-venta a Alfredo Moreno Reyes y Liliana Mendoza Resendiz el 17 de abril de 2012”, declaró Aurelio de Freitas Barros, apoderado legal de Construcciones Industriales Tapia.

“El inmueble objeto de la diligencia de cateo y donde se encontró la derivación de la toma clandestina se encontraba en arrendamiento con la señora Josefina Cervantes Rosales”, expresó ante el Ministerio Público.

El abogado de Juan Carlos Tapia Vargas argumentó durante la investigación, y de acuerdo con la carpeta de investigación, que el contrato de arrendamiento del predio fue firmado por un año para que sirviera como pensión de vehículos pesados durante toda la noche.

Durante el día el inmueble, donde se encontró la derivación de la toma clandestina, era ocupado por la empresa Construcciones Industriales Tapia para guardar material como estructuras metálicas.

De Freitas Barros agregó que Ramón Hernández Mercado trabajaba como guardia de seguridad del inmueble, el día en que se localizó la derivación conectada a la toma clandestina.

CITapia vende estructuras de acero, tanques de almacenamiento, tubería y recubrimientos anticorrosivos para las refinerías, plantas petroquímicas, plataformas marinas, así como para la industria cementera y alimenticia.

La empresa de Juan Carlos Tapia ha realizado proyectos para clientes en Europa, Sudamérica y Estados Unidos y tiene planeado abrir oficinas en Houston.

Entre sus sus clientes figuran Pemex, CFE, ICA Fluor, Industrial Dragados, Tecnimont, Samsung, Praxair, Isolux, Abener, Industria del Hierro, Saipem, así como Constructora Norberto Odebrecht.

El 27 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht subcontrató a la empresa de Juan Carlos Tapia Vargas para que realizara servicios de terracería, acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.

La constructora hidalguense recibió una compensación de 331 millones 479 mil pesos por los trabajos en la refinería de Tula.

Odebrecht entregó otro subcontrato por 296 millones 782 mil pesos a CITapia para que prestara servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur para el proyecto de construcción de accesos para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo.

La constructora brasileña dio por terminado de manera anticipada el contrato con Construcciones Industriales Tapia, el cual fue suscrito el 21 de diciembre de 2015.

El 5 de junio del 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una multa de 206 millones 686 mil pesos a Construcciones Industriales Tapia por presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación.

“Construcciones Industriales Tapia presentó documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja”, dijo la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

También, la compañía del empresario hidalguense fue inhabilitada por dos años y seises meses, según el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

La Sedatu se endurece: no negociará; terrenos aledaños a nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO.

Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las 617 hectáreas que prevé entregar a comuneros de San Miguel Xaltocan no están sujetas a ninguna negociación.

Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que, si un juez concede un amparo a quien reclame la propiedad de los predios aledaños a Santa Lucía, la entrega de terrenos se frenaría de forma automática.

Excélsior dio a conocer el miércoles que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños, pues uno presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral de predios.

La funcionaria reconoció que se encontraron claves catastrales durante la investigación para determinar si dichas tierras tenían propietarios y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales.

Sin embargo, a pesar de que se publicaron edictos para darles derecho de audiencia sobre el proceso, nadie compareció. “La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”, dijo.

Sedatu no negociará terrenos de Xaltocan

Estela Ríos, directora de Propiedad Rural de esa secretaría, dijo que el gobierno es respetuoso de la propiedad privada y social y a quien acredite pertenencia de esas tierras se le entregarán, lo que impediría incumplir el compromiso con los comuneros.

Las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contempla entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, no están sujetas de ninguna negociación, afirmó la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González.

La afirmación de la funcionaria federal fue hecha en el contexto de la aparición de un grupo de personas que reclama la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019.

Ríos González afirmó que si un juez concede un amparo a cualquiera de las personas que reclaman la propiedad del predio aledaño a donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la entrega de 617 hectáreas a los comuneros se frenaría de forma automática.

En la edición del miércoles pasado, Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, publicó que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños. Una persona que reclama la propiedad de uno de los terrenos de Xaltocan presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral delimitando los predios.

“Si en un momento dichas personas acreditan ser propietarios ante la autoridad judicial competente, se respetará la decisión de la autoridad judicial. Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada y social, y actuaremos conforme nos ordene la autoridad judicial”, dijo Ríos González.

Y puntualizó: “el caso es que estas personas aparecen ahora, entiendo por razones obvias, creo que de su parte está bien, lo que no me gusta es que quieran sorprender con que son propietarios; hacen valer unas escrituras públicas que no presentaron en el procedimiento de deslinde”.

La directora de Propiedad Rural de la Sedatu reconoció que durante la investigación hecha por la dependencia para determinar que no había propietarios de esas tierras y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales, que se registró el 26 de abril de 2019, se encontraron claves catastrales.

“Como se tuvo información de registros catastrales, para garantizar su derecho de audiencia respecto de esa superficie se publicaron edictos para hacerles saber del procedimiento, se desconocía el domicilio de ellos y por ello el viernes 10 de agosto y 17 de agosto de 2018 se hicieron publicaciones de edictos para no dejarlos en estado de indefensión. No compareció nadie. Y con base en eso se actuó”, dijo la funcionaria.

Mencionó que “sí se analizó el tema de los registros catastrales tal y como se expresa en la declaratoria. La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”.

Añadió que sí se tenía conciencia que había personas con registros catastrales en el lugar, poseedoras, no propietarias, porque hubieran sabido del movimiento. “si aparecieron esos registro, pero no comparecieron a defender sus derechos. Pudieran dar la presunción de que son poseedores de esos terrenos y por tanto pagan sus contribuciones, ese no es el elemento jurídico para acreditar la propiedad”.

Mencionó la funcionaria de la Sedatu que, de acuerdo con los informes que rindió el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y el Registro Agrario Nacional (RAN), no aparece que haya habido registrada una propiedad respecto de esa superficie.

Sostuvo que el plano presentado por uno de las personas que reclama propiedad de uno de los terrenos, se trata de un plano que se ocupó en un juicio que emprendieron los comuneros de Xaltocan para que se les otorgara esos terrenos como bienes comunales, “no prosperó (el juicio) pero no implicó el reconocimiento de propiedad privada de esas personas. Es informativo, no da fe de la verdad de los hechos”, aseguró Ríos González.

La directora de Propiedad Rural añadió que en el supuesto caso de que el proceso de cesión de tierras nacionales siga adelante, “se hará la investigación de quién es el poseedor.

“En realidad —sigue la funcionaria federal —, hay que señalar que esta declaratoria (de tierras nacionales) tiene efectos declarativos, no constitutivos de propiedad, simplemente se está diciendo que es terrenos nacional.

“En caso, y si hay oposición, y los señores acreditan ante la autoridad judicial que son los propietarios, nosotros acataremos lo que resuelva la autoridad judicial; ciertamente nosotros no podemos revocar esa decisión porque es un acto válido, la presunción de validez lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

“Pero si ellos en vez de litigar en los medios litigan ante las autoridades judiciales y ganan, nosotros vamos a reconocer esos derechos y se los haremos saber a los poseedores para que actúen en consecuencia. Seguramente los comuneros, como los presuntos propietarios, sabrán qué hacer en caso de que la declaratoria de terreno nacional quede sin efecto”, indicó Ríos González.

Lo que se estima es que si se comprueba propiedad privada a algunos de quienes manifiestan que les pertenecen desde hace más de medio siglo esos predios, habrá un conflicto social entre los comuneros que han sido poseedores de esas tierras y quienes se constituyan legalmente como dueños. Con un ingrediente más, la cercanía con la obra del aeropuerto General Felipe Ángeles.

A pregunta expresa de si se puede dar marcha atrás a la declaratoria del 26 de abril de 2019, la funcionaria dijo: “Si una autoridad judicial determina que así es, sí”.

Y mencionó lo que procedería con las 617 hectáreas, en comparación con el predio de 128 hectáreas donde se construye el aeropuerto, que, de ser procedente el amparo, se expropiaría y se pagaría una indemnización al dueño que está amparado.

“Aquí el tema es distinto a las 128 hectáreas; aquí no habría que pagar ninguna indemnización; se deja sin efecto la declaratoria, se les restituiría la propiedad.

“Nosotros, en ese caso estaríamos analizado los documentos para determinar si efectivamente son propietarios. Porque hay que entender que en principio el dueño original del territorio es la nación; es la que entrega a los particulares, parte de su territorio. Si así fue originalmente, nosotros lo respetaremos, esa es una posibilidad y volveríamos a dictar, si procede o no declararlo terreno nacional, esa es una posible vía.

“La otra es que alguna autoridad judicial diga ‘sí reconóceles que son propietarios’; se reconoce que son propietarios y no hay más; podrán ejercer los actos de dominio que estimen pertinentes. No hay obligación de pagar indemnización alguna, porque estos terrenos no se han entregado, no se han titulado formalmente a los solicitantes, está en proceso”, señaló la funcionaria.

Ríos González señaló que, de haber un amparo en el caso de las 617 hectáreas, el proceso de titulación social en favor de los 722 comuneros de Xaltocan “legalmente tendría que suspenderse. Lo que suelen hacer lo jueces cuando se interpone un amparo es ordenar la suspensión. Sí tendríamos que hacerlo porque no podríamos titular hasta en tanto no validáramos la declaratoria de terreno nacional”.

La directora de Propiedad Rural de la Sedatu insistió en que los 722 comuneros son los poseedores y que “deja como duda que los señores se dicen ser propietarios con base en unos documentos que no se conocen. Los solicitantes de la comunidad han sido poseedores, ellos, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, sus choznos, porque esa posesión la han tenido, inclusive nos mostraron un documento anterior a la Conquista y en la Colonia pelearon el reconocimiento de esos bienes, no se tiene conocimiento de cuál fue el resultado de esa batalla jurídica que dio esa comunidad. Eso es lo que permite concluir que son terrenos nacionales, y por ello optaron por la vía de que se estimaran terrenos nacionales, que no habían salido del dominio de la nación y los reclamaron en su carácter de poseedores de esos terrenos y de esa superficie; esa es la razón por la que también se implementó la consulta indígena (del 10 de marzo de 2019), en última instancia espero que todo se resuelva de buena manera, pasaría a convertirse en un conflicto no de la Sedatu con estos propietarios y no podría cumplir con lo comprometido con estos comuneros, sería un conflicto jurídico que tendría que resolverse entre los posesionarios efectivos y los presuntos propietarios”.

SG: en el país, 80 mil peticiones de asilo; se esperan muchas más

Ciudad de México. México tiene un acumulado de más de 80 mil solicitudes de refugio, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, durante el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Explicó que la tendencia al alza registrada hasta el primer trimestre del año en curso se detuvo a consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero el augurio, la estimación es que a medida que la emergencia sanitaria vaya cediendo, el número de personas en búsqueda de protección internacional en México habrá de dispararse de manera significativa.

En tanto, la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, ratificó la política noble y destacada de México en este ámbito, y advirtió que la emergencia sanitaria no es motivo para suspender la protección y garantía de los derechos humanos.

Vivimos tiempos muy difíciles; la pandemia del Covid-19 nos ha traído un panorama insospechado. Pero a pesar de todas las adversidades, debemos mantener los derechos humanos como pilar fundamental de la nueva normalidad, destacó. Por ello, manifestó su beneplácito de que la Comar haya mantenido sus oficinas abiertas durante toda la crisis sanitaria. 

Erradicar la discriminación

No obstante, recalcó que es necesario asegurar que sus derechos sean cumplidos a cabalidad, para lo cual se requiere erradicar la discriminación con la que aún se trata a los refugiados.

Al inicio del acto conmemorativo, el subsecretario Encinas recordó que son ya 80 años de gran tradición que comenzó con la voluntad política del presidente Lázaro Cárdenas al dar cobijo a quienes tuvieron que salir de su país por la guerra civil en España.

Luego vino la protección a afectados por conflictos en Centroamérica, quienes llegaron a México aun cuando aquí, paradójicamente, había un gobierno que perseguía a sus disidentes políticos.

Es así, añadió, que la Comar ha permitido pasar de una política basada en la voluntad de un gobierno a una acción de rango constitucional.

Enseguida explicó que la primera oleada de solicitantes de asilo ocurrió en 2018, cuando se recibieron casi 30 mil peticiones, pero al año siguiente el acumulado fue de 70 mil 600, tendencia que incluso creció 34 por ciento el primer trimestre de 2020 respecto del mismo lapso del año previo, con lo cual tenemos más de 80 mil solicitantes de refugio en estos momentos pese a que la emergencia sanitaria ha detenido la tendencia creciente.

Colaboración de Acnur

En tanto, el director de la Comar, Andrés Ramírez Silva, se sumó al reconocimiento del gobierno mexicano hacia la colaboración, desde 1984, de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

A su vez, funcionarios de la agencia internacional destacaron la importancia de la integración laboral y social de las personas refugiadas.

El apoyo de profesionales de la salud refugiados en la respuesta a la pandemia es uno de los muchos ejemplos en México de lo que puede aportar esta población; no obstante, persisten obstáculos para su integración, señaló Mark Manly, representante de Acnur en nuestro.

Jiménez Espriú: ‘grave’, militarizar aduanas y puertos

Javier Jiménez Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes luego del desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar las aduanas. Te recomendamos: ¿Quién es Javier Jiménez Espriú? Jiménez Espriú, a quien le tocó operar la cancelación de las obras del NAIM en Texcoco, confirmó sus discrepancias con López Obrador por la militarización de las aduanas y puertos, propuesta que —advirtió— tendrá una “grave trascendencia”, según se lee en su carta de renuncia, fechada el 17 de julio, y que se da a conocer luego de su salida de la secretaría, en la que fue sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal. 

“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”, argumentó. 

Reconoció el diferendo por la decisión presidencial “de trasladar al ámbito militar de la Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marineros mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”. El ahora ex funcionario agradeció al Presidente su confianza y trato “siempre deferente”, al tiempo que aseguró que sigue convencido de la necesidad de un cambio para terminar así “con la terrible lacra de la corrupción”.

 Santa Lucía, el principal logro de la SCT, dice Javier Jiménez Espriú Explicó que renuncia al cargo con el mayor respeto que tiene hacia el Presidente, por su honorabilidad y su liderazgo. Antes, López Obrador aceptó la dimisión de Jiménez Espriú y anunció el relevo del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal: “Quiero informarles que acepté la renuncia de Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes; ha estado ayudándonos durante todo este tiempo, es una gente honorable, un profesional destacadísimo”. 

En un video, explicó que la renuncia se dio luego de que ambos tuvieron “un diferendo” sobre la operación de los puertos, pues Jiménez Espriú sostiene que deben de ser manejados por la SCT y él, por el contrario, cree que es necesario el apoyo de la Marina. “El ingeniero sostiene que deben ser operados por la SCT y Transportes y yo creo que por la circunstancia actual —la corrupción que prevalece en los puertos y aduanas, y últimamente por la entrada de contrabando y droga—, necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y protección, por ese motivo se requiere del apoyo de la Marina, queremos que esta institución se haga cargo de las costas, de las aduanas marítimas, de los puertos, porque es una institución que va a poner orden, que se requiere para que no haya inseguridad”, detalló. 

 Los ‘encontrones’ entre Jiménez Espriú y AMLO El 10 de julio, el gobernador de BC, Jaime Bonilla, pidió a Jiménez Espriú renunciar por haber mandado a la Guardia a desalojar la caseta de Playas de Tijuana: “No me importa quién sea el secretario, quiero saber quién y qué le dio a él la calidad moral para venir a ultrajar, empujar, y golpear a los ciudadanos. Pido que si ese señor tiene dignidad renuncie”. PUBLICIDAD En 2018 Jiménez Espriú fue señalado por sus nexos con Odebrecht, pues fue consejero suplente de Idesa, la empresa mexicana que se asoció con la filial brasileña. 

Y ADEMÁS CUIDAN LLEGADA DE LÓPEZ OBRADOR El aeropuerto de Oaxaca implementó un cerco de seguridad para controlar el ingreso de personas a la terminal aérea ante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con presencia de la Guardia Nacional y personal de seguridad privada, la medida se aplica luego de las constantes protestas contra el mandatario en otras entidades del país.

Actividad económica en México cae 21.6% en mayo; crisis por Covid-19 sigue presionando

La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 continúa ejerciendo presión sobre la economía nacional. Durante mayo del 2020 el nivel de actividad económica registró una fuerte contracción de 21.6% en comparación anual.

Este desplome de la actividad económica se alinea con un nuevo nivel mínimo del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), de acuerdo con las cifras del Inegi, el indicador se ubicó en un nivel de 88.4 puntos; significativamente por debajo del umbral de 100 puntos y muy alejado de los niveles registrados previo a la pandemia.

Estos resultados reflejan que el impacto de la emergencia continúa agudizándose; sólo el mes previo, abril, este indicador se encontraba en un umbral de 90.8 puntos, y en marzo se ubicaba en 109.7 puntos. 

Sólo en un par de meses, con el inicio del confinamiento y la aplicación de restricciones sociales y económicas, el indicador de la tendencia economía de México, se redujo en 21.3 puntos. 

En el análisis proporcional, la caída inmediata de la economía nacional fue de 2.6%, según el reporte del Inegi, el sector más afectado fue el de las actividades terciarias. 

Comercio y servicios, lo más afectado

El impacto de la crisis por Covid-19 ha sido más intenso en comparación con otras economías de la región, y se espera que al finalizar el 2020, sea uno de los países con el desplome económico más fuerte y con efectos importantes en la desigualdad, pobreza y deterioro del mercado laboral. 

En México las actividades terciarias, el comercio y servicios, aportan cerca del 65% del PIB y emplean a poco más de la mitad de los trabajadores. Estos sectores en conjunto, son los más golpeados; en mayo la contracción económica en este rubro fue de 3.2% sólo en un mes. 

Por su parte, las actividades secundarias que incluyen a la industria manufacturera, minera, constructora o energética, registraron una caída mensual de la actividad económica de 1.8 por ciento. 

El único que rubro que mostró una ligera recuperación fue el de las actividades primarias; que no han parado en ninguna etapa de la pandemia. La agricultura, ganadería, caza, pesca y el aprovechamiento forestal registraron un crecimiento de 1.6% sólo e abril a mayo. 

Los especialistas y las instituciones de orden nacional e internacional proyectan caídas importantes para el PIB de México durante el 2020; se espera que durante este lapso trimestral que engloba los meses abril-junio se presenten los efectos más pronunciados de la pandemia y, que para la segunda mitad del año, se observen modestas recuperaciones en línea con el desconfinamiento gradual.

Recibió apoyo 8 de cada 100 empresas tras impacto de Covid-19

De las empresas en el país, apenas 7.8 por ciento obtuvo durante abril un apoyo para enfrentar los efectos de la pandemia.

Esto significa que de 1.87 millones de unidades económicas, hasta abril sólo 146 mil 782 habían recibido alguna transferencia en efectivo, una prórroga para pagar sus créditos o un nuevo financiamiento, reveló la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19.

Banorte apoya a más de 600 mil familias ante contingencia por Covid-19

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtuvo los datos mediante consultas telefónicas entre el 7 de mayo y el 12 de junio.

Hasta ese momento la pandemia había impactado a nueve de cada 10 empresas en el país. Aun así, poco más de un tercio desconocía la existencia de apoyos, principalmente de parte de los gobiernos (federal, estatal y municipal) y las cámaras empresariales.

Una quinta parte de las empresas consultadas consideró que solicitar la ayuda era demasiado complicado y una proporción similar la pidió pero se la negaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 5 de abril un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeñas y medianas empresas. Un mes después se reportaba la entrega de 26 mil.

Entre marzo y mayo 10 mil empresas desaparecieron de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La encuesta del Inegi reveló que los negocios se vieron obligados a despedir personal (15 por ciento) y una proporción mayor (casi 20 por ciento) debió bajar los salarios a sus trabajadores.

92% de los micronegocios padecieron en mayor medida por la caída en sus ingresos

DESEMPLEO DISFRAZADO

Otro de los datos que arrojó la encuesta muestra el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Uno de estos es la existencia de 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero que no están activamente en busca de un empleo.

Esa cifra es lo que se conoce como “desempleo disfrazado”, dijo el economista Jonathan Heath.

Principal Afore aprueba reforma al sistema de pensiones

La encuesta destacó que en casi una tercera parte de los hogares en el país al menos un integrante perdió su trabajo por la pandemia y en dos tercios hubo pérdida de ingresos.

Las familias mexicanas han tenido que enfrentar esta crisis vendiendo algún bien, pidiendo un préstamo o por medio de sus ahorros.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro (Consar) informó que en junio registró una cifra histórica de retiros por desempleo, esto a raíz de la destrucción de plazas de trabajo en el mercado formal

Indagan a diez familiares de Duarte

La Fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a 10 familiares del exgobernador César Duarte, por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, aseguró Jorge Espinoza Cortés, consejero Jurídico del gobierno estatal. 

En entrevista con El Heraldo de México, confió en que Duarte sea extraditado a más tardar en diciembre e ingrese a una cárcel de la entidad. 

Nosotros calculamos que de aquí a diciembre podríamos tener ya la extradición del exgobernador… 

“Creemos que la jueza magistrada que lo está llevando a cabo (el proceso de extradición) en el estado en el que fue detenido, no creo que tenga ninguna duda en que proceda rápidamente la extradición, tampoco (Duarte) puede tener recursos (jurídicos) eternos, confiamos en que podamos tenerlo por acá como por el mes de diciembre o antes”, dijo. 

Al ser cuestionado si hay una indagatoria contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa de Duarte, el funcionario aseguró que por la secrecía no puede dar a conocer qué familiares del exgobernador están bajo investigación. 

“Hay varias conductas, puede ser desde el peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa”, señaló. 

—¿Qué papel jugarían en la red de corrupción?, se le preguntó. 

“Prestanombres, testaferros, gente que participó de manera directa o indirecta y fueron colaboradores dentro del desvío de recurso público…”, informó. 

—¿Cuántos familiares están sujetos a investigación? 

Son varios, ya que cerca del exgobernador rondaba toda su familia, desde primos, hermanos y familiares más directos”, destacó el funcionario, quien tampoco quiso dar detalles de posibles órdenes de aprehensión solicitadas al respecto. 

Además de Gómez Fong, informó, el hermano de Duarte y otro familiar lejano, también promovieron amparos. 

La mujer presentó un recurso, conocido como “amparo buscador”, para saber si hay una orden de aprehensión en su contra, pero la jueza federal rechazó suspender un posible mandamiento judicial u orden de detención con fines de extradición. 

El consejero jurídico estatal confió en que el 30 de julio, fecha de la audiencia de Duarte, le sea negada la libertad bajo fianza que busca el exfuncionario. 

Aseguró que hay excepciones en el tratado de extradición que permiten que a Duarte se le puedan sumar acusaciones para que las enfrente cuando llegue a México. 

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Cifra de fallecidos por covid-19 rebasa los 41 mil; en 24 horas se sumaron 790 muertes

CIUDAD DE MÉXICO.

México registró ayer 41 mil 190 defunciones debido al surgimiento de 790 nuevas muertes por covid-19.

Seis mil 19 son los nuevos contagios, por lo que el acumulado ascendió a 362 mil 274 casos. Los contagios activos estimados son 50 mil 935 y hay 87 mil 905 sospechosos.

Al momento, 231 mil 403 personas se han recuperado del virus SARS-CoV-2.

Particularmente, las unidades del primer nivel de atención no son sitios especialmente riesgosos comparados con lo que podrían ser otros espacios de la vía pública”, explicó el subsecretario Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional para informar sobre el avance de la pandemia, el subsecretario de Salud informó que México está participando en la iniciativa Kovacs de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para lograr un acceso equitativo y un precio justo de la vacuna contra covid-19.

GARANTÍA DE ACCESO A VACUNAS

Añadió que, por instrucciones del Presidente de la República, nuestro país está trabajando en el Fondo Rotatorio de la OPS que impulsa la garantía de acceso a dichas inmunizaciones, a través del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

López-Gatell añadió que aunque todavía no existe una vacuna contra el coronavirus, ya hay tres que están en la última fase de investigación clínica.

Añadió que al momento se desconoce el número de vacunas que México necesitará porque este cálculo dependerá —en todo el mundo— de su funcionalidad y eficacia.

Hay vacunas que se usan con el objetivo de controlar y eliminar la presencia de enfermedades infecciosas. Y otras tienen como objetivo mitigar o reducir riesgos como es el caso de vacuna contra la influenza, que no se utiliza con el propósito de eliminar o evitar que haya contagios de influenza, sino que se usa para reducir los riesgos de que la influenza se presente como una enfermedad graves, en las poblaciones de más alto riesgo. 

Y es muy probable que esta sea la perspectiva con la vacuna contra covid, pero dependerá de la magnitud de la eficacia de las vacunas que aún no se conoce”, detalló.

De acuerdo con la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Tabasco registró 79% de ocupación en camas generales, frente a 47% de ocupación nacional promedio. Nuevo León reportó 78% y Nayarit 77 por ciento.

En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 38 por ciento. En contraste, Tabasco reportó 69%, Nuevo León, 65% y Baja California reportó 57 por ciento de ocupación.

Aplauden empresas y CTM la reforma de la 4T a las pensiones

El proyecto de reforma al sistema de pensiones pretende corregir las inconsistencias actuales que cancelaban la posibilidad de un retiro justo para los trabajadores, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si eso no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario, y esto se iría agravando con el tiempo. Por ello se trata de un buen acuerdo, pero no se agota, en adelante seguirá su revisión, añadió.

El mandatario enfatizó en la pertinencia de los tiempos de la reforma: Nosotros no padeceríamos mucho por el actual sistema (que data de 1997), pero hacia adelante haría crisis y los que padecerían más serían los trabajadores. Con los cambios planteados no van a aportar más y sí van a recibir un poco más, desde luego quisiéramos todos pensiones más elevadas, pero es lo que se puede. Una cosa es lo deseable y otra lo posible, pero queda abierta la opción de seguir legislando siempre en beneficio de los trabajadores.

Subrayó que uno de los cambios relevantes se refiere a las comisiones que se cobran, las cuales se van a estandarizar, porque en una economía global no es posible que el sector financiero cobre más por administrar las pensiones en México que en sus países. Equipararlas con las tasas internacionales es un avance importante. Añadió: quienes pensaban que íbamos a estatizar las pensiones, no fue ese el propósito, era buscar un mecanismo justo con las mismas Afore.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó que con el aval al acuerdo tripartita, el sector privado se adhiere a una cruzada nacional, un llamado de la autoridad y del Presidente por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de la población. Al destacar que se tiene el respaldo de empresarios, dijo que la reforma reconoce la condición laboral en México, donde hay un cruce constante de la formalidad a la informalidad.

Para Salazar, al aumentar la cantidad de ahorros significativamente, con los aportes de las empresas, estamos en estándares verdaderamente internacionales.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves de Olmo –único líder sindical convocado–, reconoció que los alcances de los cambios no son suficientes, pues “tenemos que poner los pies en el suelo para saber en este momento qué se puede hacer y cómo (…) porque aparte de todo tenemos la pandemia, y no es momento muy apropiado, cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo, que hiciéramos cosas que nadie podía sostener”.

Para el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, con la reforma se empieza a corregir una de las herencias más injustas del periodo neoliberal y así mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores, que no fueron el centro de los cambios en 1997. En cuanto a las Afore, se abre la puerta para que en lugar de que sólo inviertan en bonos del gobierno para no tomar riesgo, el incentivo será que busquen inversiones de largo plazo, que generen crecimiento económico.

El senador Ricardo Monreal destacó que la relevancia del proyecto es que modifica la condición actual en que los trabajadores reciben una pensión precaria, insuficiente, raquítica, de entre 22 y 30 por ciento de su salario

Lozoya negocia beneficiar a su madre, esposa y hermana

Cooperar con la Fiscalía General de la República (FGR) no solo libraría a Emilio Lozoya Austin de pisar la cárcel, si no que podría ayudar a su familia a sortear las acusaciones que se mantienen en su contra. El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) primero tiene que alcanzar el criterio de oportunidad que dependerá de la valoración que haga la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, sobre la información que proporcione. 

Lozoya Austin, acusado de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, tendría más de 16 horas en video y grabaciones para ofrecer al Ministerio Público de la Federación. La madre de Lozoya fue detenida en la isla de Juist, conocida como la “isla de las Maravillas”, en Alemania. (Especial) En el caso del funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicaría la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. También se aplicaría para Lozoya Austin el artículo 257:

 “...se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información”. El ex director de Pemex también se convertiría en "testigo colaborador", conforme a la Ley federal de protección para las personas que intervienen en el procedimiento penal. Parte de los recursos supuestamente los utilizó Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya. (Especial) “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.

 “Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”. Esto beneficiaría a su esposa, Marielle Helene Eckes, y su hermana, Gilda Susana, así como su madre, Gilda Austin, quienes podrían acceder a convertirse en "personas protegidas" por este caso y en su momento podría ayudarles a acortar su proceso o reducir penas, a fin de que tampoco lleguen a prisión. “Todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. 

Asimismo, dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en el proceso”, detalla la fracción X de Ley federal de protección para las personas que intervienen e en procedimiento penal. Respecto a la esposa y hermana de Lozoya pesan órdenes de aprehensión y actualmente son prófugas de la justicia. 

AMLO plantea reforma estructural en pensiones

Por primera vez en 23 años, el sistema de las administradoras de fondos para el retiro (afores) tendrá una reforma estructural que parte de aumentar las aportaciones de 6.5 a 15%, reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750 y aumentar la pensión mínima garantizada para que más de 20 millones de mexicanos puedan tener un mejor ingreso durante la vejez.

La iniciativa fue anunciada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó una reforma que refuerza el sistema de capitalización individual y amplía la cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión.

“Si esa reforma no se corrige (la de 1997), al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto se iría agravando con el tiempo”, dijo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañado de representantes del sector empresarial, de sindicatos y legisladores.

El presidente reconoció el trabajo de Carlos Salazar Lomelí, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien llevó la batuta de la propuesta de reforma y logró consensos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera y los representantes de sindicatos de trabajadores para que el aumento de las aportaciones las asumiera la empresa en un periodo de ocho años.

Al respecto, Salazar Lomelí calificó como un hecho histórico la presentación de la reforma y mencionó que, a pesar de la crisis económica y de salud por la que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, se optó por el bienestar de los mexicanos.

“La mayor parte de los países tardan años discutiendo este tipo de situaciones, nosotros lo hemos podido hacer porque hemos contado con la apertura de las tres partes”.

Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) indicó que, con esta reforma, los trabajadores podrían percibir de pensión más de 30% de su último salario, pues podrán contar con la pensión mínima garantizada y con la pensión que da el gobierno a adultos mayores a partir de los 68 años.

“Se mantiene el tripartismo y eso es muy importante históricamente, porque esto quiere decir que, si platicamos gobierno, capital y trabajo, siempre llegaremos a acuerdos. No se termina la lucha de los trabajadores por mejorar las pensiones, siempre estará en la mesa de la discusión el interés de los propios trabajadores”.

¿Cómo quedarían aportaciones?

Si se aprueba la iniciativa de reforma, las aportaciones del patrón pueden ir desde 5.151% hasta 13.875%, todo dependerá del ingreso del trabajador. Si el trabajador percibe un salario mínimo, la aportación del patrón será de 5.151% y si el ingreso es de 25 UMA, la aportación sería de 13.875 por ciento.

Las aportaciones del gobierno se convertirán en una cuota social; actualmente aporta 0.225%, pero la reforma indica que, si el trabajador percibe un salario mínimo, el gobierno aporta 8.724% y para los que perciban cuatro UMA, aportará 1.798 por ciento.

En tanto, los trabajadores se mantendrán con la aportación que hacen actualmente de 1.125% del salario base de cotización.

Pensión se elevará 40%

Con el aumento de las aportaciones, la pensión de los trabajadores podría elevarse hasta 40%, expuso Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

“No es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan un retiro digno”.

Además, explicó que al reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750, más personas podrán tener acceso a la pensión mínima garantizada que da el gobierno, la cual también aumentará de 3,289 pesos a 4,345 pesos.

“Con la ley vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada; con la propuesta que estamos realizando, alrededor de 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada”.

Herrera enfatizó que, no se afectan los derechos de los trabajadores y de aprobarse en el Congreso, entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2021, con un periodo de gracia de dos años, y beneficiará a todos los trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Aclaró que la pensión mínima garantizada que da el gobierno será un complemento del dinero que reciba el trabajador de la afore. Es decir, si el trabajador recibe una pensión de la afore de 3,000 pesos, el gobierno le dará 1,345 pesos para que tenga el monto de 4,345pesos.

En reforma a pensiones plantean subsidio a trabajadores que menos ganan

La reforma al sistema de pensiones que enviará la Secretaría de Hacienda al Congreso establece que la aportación del gobierno se concentrará en los trabajadores asegurados al IMSS que ganan hasta 10 mil 500 pesos mensuales, quienes representan más de la mitad del total.

Bajo el esquema actual, la contribución gubernamental es de 0.225 por ciento en general, pero con la reforma habría una redistribución: 1.8 por ciento para aquellos con ingresos de máximo cuatro Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 10 mil 500 pesos, hasta llegar a 8.7 por ciento para aquellos que ganan un salario mínimo, es decir tres mil 696 pesos al mes

Luz verde a nuevo Sistema de Pensiones

El presentó ayer la iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social, con la cual más de 20 millones de personas van a tener una pensión 40 por ciento mayor en su retiro y los recursos que administran las afores se van a duplicar a 8.2 billones de pesos para desarrollar proyectos de infraestructura.

En entrevista con El Heraldo de México, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, calificó esta iniciativa como la “gran reforma”, pues si bien dijo que van a venir otras, ésta es de gran importancia por el beneficio que otorgan a la población.

Sin embargo, las ventajas también van a ser para la economía del país, pues anticipó que entre 20 y 23 años el ahorro de los trabajadores en manos de las afores se va a duplicar de 17 a 34 por ciento del PIB, es decir, de 4.1 a 8.2 billones. “Ello significa más recursos para inversiones, empleos y crecimiento para el país”.

La iniciativa propone incrementar las aportaciones tripartitas (gobierno, empresas y empleados) de 6.5 a 15 por ciento en un periodo de ocho años, sin que los trabajadores vean afectado su ingreso, ya que la contribución patronal es la que va a aumentar de 5.15 a 13.87 por ciento.

La propuesta también plantea reducir las semanas de cotización de mil 250 a 750 como requisito para obtener una pensión garantizada, pero posteriormente se va a elevar de manera gradual, en un periodo de 10 años, a mil.

Después de esta reforma se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en 40 por ciento, no es un asunto menor”, expresó Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en conferencia.

Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), destacó que, una vez aprobada la reforma, las personas que tengan 60 años o más y 750 semanas cotizadas ante el IMSS pueden acceder a una Pensión Mínima Garantizada (PMG), la cual se propone que pase de tres mil 289 a cuatro mil 345 pesos.

De acuerdo con Herrera, actualmente 34 por ciento de los trabajadores alcanzan una PMG, pero con la reforma se planea que aumente a 82 por ciento para que tengan un “retiro justo”.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, cuenta con el respaldo empresarial y obrero.

Sobre el tema, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, apuntó que “vamos dando pasos muy contundentes de que haya bienestar a la clase trabajadora. (…) somos la economía número 11 de la mano de los trabajadores”.

Los organismos empresariales no ven mal el proyecto”, señaló en el espacio de El dedo en la llaga, con Adriana Delgado.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, calificó la reforma como un hecho histórico, porque tocará la vida de 20 millones de mexicanos, dijo a Salvador García Soto, en el espacio A la una, de El Heraldo Radio.