TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 Dispara pandemia pobreza en ciudades

 

Felipe Gazcón

 

La pandemia disparó la pobreza en las zonas urbanas del país, mientras que “en las zonas rurales afortunadamente no sólo no aumentaron sus niveles de pobreza sino que disminuyeron”, por lo que las políticas públicas deben orientarse a fortalecer la dinámica de recuperación económica sobre todo en las ciudades, recomendó José Nabor Cruz Marcelo.

En entrevista con El Financiero, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), enfatizó que en las ciudades del país se dio una afectación de detrimento en la pobreza.

Así, la pobreza extrema en la Ciudad de México se elevó en 163.3 por ciento, de 2018 a 2020 al aumentar en 248 mil personas y sumar un total de 400 mil. Otras entidades con aumentos porcentuales importantes en la pobreza extrema fueron Nuevo León con 206.5 por ciento; Baja California Sur (163.8 por ciento), Aguascalientes (155.5) y Quintana Roo (189.0).

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Nabor Cruz indicó que el sector agrícola no se vio afectado el año pasado por los cierres de actividades, además de que tuvo un buen ciclo productivo, lo que hizo que los trabajadores del campo tuvieran un incremento en sus ingresos laborales.

Los estragos de la pandemia en los bolsillos de los mexicanos ocasionaron un aumento de 3.8 millones de pobres en el país en los últimos dos años. El Coneval reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en México creció de 51.9 a 55.7 millones de personas. La población en pobreza extrema aumentó en 2.1 millones de personas, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020.

 

 Pobreza (Cuartoscuro)

Subsidios insuficientes

John Scott, investigador académico del Coneval, explicó que las transferencias aumentaron de forma significativa, sin embargo, se perdió progresividad ya que el decil más pobre recibió menos proporción de estas transferencias por lo que recomendó identificar a los grupos prioritarios más desprotegidos para fortalecer los programas a estos grupos tanto en las zonas urbanas como rurales.

Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza multidimensional de Oxford, lamentó el aumento de la pobreza ya que dijo que en 10 años, de 2008 a 2018, la pobreza extrema bajó en 3 millones, pero aumentó en 2 millones en solo dos años.

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Subrayó para El Financiero Bloomberg que la pandemia contribuyó de forma importante, pero México no venía creciendo mucho, ni generando empleos desde antes del virus, y el gobierno no hizo algo suficiente para reducir la pobreza, las transferencias gubernamentales crecieron, pero no llegaron a los más pobres del país, lo cual se debe corregir, ya que es justo que la gran mayoría de la población más pobre se lleve la mayor parte de esos pagos del gobierno y esto no está sucediendo en 2020.

José Nabor Cruz destacó que el incremento del salario mínimo jugó un papel importante en la contención de la pobreza. “Para mediados de agosto de 2018 el salario mínimo rondaba los 2 mil 800 pesos y para agosto de 2020 fue de poco más de 4 mil pesos mensuales”, puntualizó, al tiempo que recomendó continuar con esta política de alza salarial para recuperar lo más rápido posible los niveles de ingreso previos a la pandemia.

Trasferencias sirven de contención

Las trasferencias por el incremento de los programas sociales, las remesas, apoyos entre familias, los donativos de organizaciones no gubernamentales y el adelanto de las jubilaciones, salvaron a 2.5 millones de mexicanos de caer en la pobreza general, ya que sin este subsidio hubiera aumentado en 2 puntos porcentuales la población afectada por este flagelo, puntualizó Cruz Marcelo.

Añadió que sin el efecto de las transferencias el 45.9 por ciento de la población hubiera caído en pobreza, un total de 58.2 millones de personas.

 

Pandemia llevó a 3.8 millones a la pobreza; reporte del Coneval 2018-2020

 

 Los mexicanos en pobreza pasaron de 51.9 a 55.7 millones en dos años, es decir, de 41.9% a 43.9% de la población

 Paulo Cantillo

 

CIUDAD DE MÉXICO.

La pérdida de ingreso por la pandemia y la reducción en la cobertura en servicios de salud empujaron a 3.8 millones de personas hacia la pobreza entre 2018 y 2020.

El Coneval reportó que el número de personas en condición de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones en el lapso referido, es decir, de 41.9% a 43.9% de la población.

La pobreza extrema fue la condición de rezago que más creció, al pasar de 8.7 a 10.8 millones de personas. La carencia de acceso a servicios de salud fue la que más se deterioró al pasar de 16.2% a 28.2% de la población, un aumento de más de 15 millones de personas.

Sobre esto, resalta la reducción de beneficiarios del Seguro Popular (52.1 millones) al Instituto de Salud para el Bienestar (34.1 millones).

... PERO PROGRAMAS SOCIALES SALVARON A 2.5 MILLONES

Los apoyos económicos del gobierno federal permitieron que 2.5 millones de personas no cayeran en condición de pobreza entre 2018 y 2020.

Sin esto, el número de pobres habría sido de 58.2 millones en lugar de los 55.7 millones reportados, estimó el Coneval.

Los programas también tuvieron impacto en la pobreza extrema, pues los 10.8 millones de personas en esta situación en 2020 pudieron haber sido 12.8 millones en su ausencia.

John Scott, investigador del Coneval, dijo que, si bien aumentaron los apoyos sociales, el reto es mejorar la focalización para que lleguen realmente a los más pobres.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, los estados históricamente más pobres del país, estuvieron dentro del grupo de 13 entidades que vieron caer el porcentaje de la población en pobreza.

MÁS POBREZA POR CAÍDA DEL INGRESO Y LA SALUD

La pérdida de empleos por la pandemia y la menor cobertura del Insabi afectaron a la población

La pérdida de ingreso por causa de la pandemia de covid-19 y la transición del Seguro Popular al Insabi, que redujo la cobertura en servicios de salud, empujaron a 3.8 millones de personas hacia la pobreza entre 2018 y 2020.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el número de personas en condición de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones en el lapso referido, lo que implicó un aumento de 2.0 puntos porcentuales, al pasar de 41.9 a 43.9% de la población.

José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, explicó en conferencia que la pobreza extrema (personas con ingreso inferior a la canasta alimentaria y con tres o más carencias sociales) fue la condición de rezago que más creció, al pasar de 8.7 a 10.8 millones de personas, es decir, de 7.0 a 8.5% de la población.

Comentó que, por la afectación originada por la pandemia, la dimensión del ingreso fue de las principales responsables del aumento de la pobreza, pues quien gana menos del costo de la canasta alimentaria pasó de 14.0 a 17.2% de la población, y quien que gana menos de la línea de pobreza general (alimentaria y no alimentaria) pasó de 49.9 a 52.8% de la población.

SERVICIOS DE SALUD

Los datos del Coneval mostraron que la carencia de acceso a servicios de salud fue la que más se deterioró, pues pasó de 16.2 a 28.2% de la población, un aumento de más de 15 millones de personas.

Al interior de esta carencia, resaltó la abrupta reducción de beneficiarios del Seguro Popular (52.1 millones) al Instituto de Salud para el Bienestar (34.1 millones), lo que significó una caída de 18 millones de personas con cobertura de salud no contributiva.

Rosario Cárdenas, investigadora académica del Coneval, expresó que los datos muestran que hubo problemas en la transición del Seguro Popular al Insabi, bien sea porque cubrió a una menor población, y porque ésta tampoco se autoidentificó como beneficiaria, y que eso afectó el indicador de carencia de servicios de salud.

Pero comentó que también hubo factores que pudieron haber afectado la cobertura de salud, tales como la reconversión del sistema hacia la atención de covid, que desmejoró el servicio para otras áreas y padecimientos; y también que, por causa de la pandemia, muchos más hogares hayan decidido no hacer uso de los servicios de salud por el temor al contagio.

Por ello, Cárdenas urgió a mejorar lo más rápido posible la transición del Seguro Popular al Insabi para que se corrija las fallas en la cobertura.

Otras carencias que aumentaron fueron el rezago educativo (+0.9 puntos porcentuales) y la de alimentación (+1.0 puntos), en tanto que las que disminuyeron en dos años fueron la de seguridad social (-0.2 puntos), la de espacios y calidad de la vivienda (-1.8 puntos) y servicios en la vivienda (-1.5 puntos).

SIN PROGRAMAS SOCIALES PUDO HABER SIDO PEOR

Los programas sociales del gobierno permitieron que 2.5 millones de personas adicionales no cayeran en condición de pobreza entre 2018 y 2020, pues en su ausencia el número de pobres habría sido de 58.2 millones de personas, en lugar de los 55.7 millones reportados, estimó el Coneval.

Con esto, la población en pobreza fue 2.0 porcentuales inferior a la que se habría observado sin programas sociales.

Estos programas también tuvieron impacto en la pobreza extrema, pues los 10.8 millones de personas en esta situación en 2020 pudieron haber sido 12.8 millones en su ausencia.

John Scott, investigador académico del Coneval, comentó que si bien aumentaron los apoyos sociales, el reto es mejorar la focalización para que lleguen realmente a los más pobres del país.

ESTADOS POBRES LIBRAN PANDEMIA

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, los estados históricamente más pobres del país, estuvieron dentro del selecto grupo de 13 entidades que vieron caer el porcentaje de la población en condición de pobreza en medio del impacto de la pandemia de covid-19, reportó el Coneval.

Estas caídas fueron de 2.5, 2.7, 1.6 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente. Estos mismos estados vieron caer también su pobreza extrema en 1.5, 1.0, 1.4 y 2.2 puntos porcentuales, respectivamente.

José Nabor Cruz comentó que esta reducción obedeció a la diferente dinámica de la pandemia en zonas rurales y urbanas, ya que en las primeras la pobreza cayó (57.7% a 56.8%), pero en las segundas aumentó de 36.8% a 40.1%. Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala fueron los más afectados. - AMU

 

Aumenta pobreza en 19 estados del país: Coneval

 

 

El número de personas en situación de pobreza en México pasó de 51.9 a 55.7 millones entre 2018 y 2020, lo que fue un aumento de 3.8 millones, informó José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De esta forma, el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 41.9% a 43.9% en el periodo, un crecimiento de dos puntos porcentuales, reflejando parte del impacto por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el Coneval, una persona se encuentra en pobreza cuando no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y presenta una de las seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos, así como el acceso a la alimentación de calidad.

De 2018 a 2020, en 19 de las 32 entidades se observa un aumento en la población en pobreza, resultado de su vocación de servicios y turismo, así como a su estructura más urbana que rural.

Las tres entidades que mostraron el mayor aumento fueron Quintana Roo, donde pasó de 30.2% a 47.5% de su población; Baja California Sur, de 18.6% a 27.6%, y Tlaxcala, de 51.0% a 59.3% en años de referencia, de acuerdo con los resultados de la medición de pobreza en México, llevada a cabo por el Coneval.

Por otro lado, las tres entidades que mostraron la mayor reducción en este periodo fueron Nayarit, pasando de 35.7% a 30.4%; Colima, de 30.4% a 26.7%, y Zacatecas, de 49.2% a 45.8%.

Un factor determinante de esta diferencia fue la composición económica de las entidades, los estados que están más enfocados a servicios y, en particular, al turismo, fueron muy castigados, como es el caso de Quintana Roo, así como en las localidades urbanas como la Ciudad de México, explicó John Scott, investigador académico del Coneval.

Por el contrario, agregó, los estados más rurales, especializados en la producción agrícola, si bien cuentan con altos niveles de marginación, sufrieron menos pues la actividad del sector primario no se frenó, lo que permitió incluso una reducción de tasas de población en pobreza.

Adicional a ello, Scott reconoce el papel de las transferencias a través de programas asistenciales, como por ejemplo Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, que se han canalizado a los estados más pobres del sur-sureste del país.

“La información que presentamos no permite determinar la causalidad, pero ciertamente es consistente que con esta asignación esos estados no sufrieron un efecto como los otros”, dijo.

En 2020 se aprobaron 293 mil millones de pesos como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para distribuir a través de programas sociales.

La mala noticia es que cuando hay una recuperación económica ocurre el fenómeno contrario, comentó el investigador, pues salen más rápido de una crisis los estados más urbanos, ya que están conectados con los mercados nacionales e internacionales, mientras que los estados rurales tardan más en avanzar.

Pobreza extrema

Por su parte, el número de personas en situación de pobreza extrema registró un incremento de 2 millones de personas, al pasar de 8.7 a 10.8 millones entre 2018 y 2020, con lo que el porcentaje de la población en dicha condición se incrementó de 7.0% a 8.5% en dos años.

La pobreza extrema se refiere a las personas que presentan tres o más carencias sociales y que no cuentan con ingreso suficiente para una canasta alimentaria.

Entre 2018 y 2020, 26 de las 32 entidades mostraron un aumento del porcentaje de la población en pobreza extrema.

Las entidades con el mayor aumento en el porcentaje de población en situación de pobreza extrema son Quintana Roo, al pasar de 3.8% a 10.6% de su población; Tlaxcala de 3.3% a 9.8% y Yucatán, de 6.5% a 11.3%.

En tanto, los estados que mostraron la mayor reducción en el periodo referido fueron Veracruz, que pasó de 16.1% a 13.9%; Nayarit, de 5.6% a 3.8%, y Chiapas, de 30.6% a 29.0%.

Con la publicación de esta información, el Coneval informa que comienza una nueva serie de medición de pobreza, cuya finalidad es proporcionar a la ciudadanía y tomadores de decisiones un panorama social actualizado en función de los cambios que definen los umbrales para las carencias sociales.

 

Defiende la STPS fallos ilegales, acusa el gremio minero

 

La controversia legal data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea. Foto Cristina Gómez Lima

Jared Laureles 

Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), a través de su equipo jurídico, lamentó el papel que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha desempeñado al defender “resoluciones ilegales” de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en contra de esa organización, encabezada por Napoléon Gómez Urrutia.

Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, indicó que cuando la dependencia “sale a defender resoluciones de la JFCA, demuestra que no tiene ninguna independencia y el viejo sistema que ha mostrado ser muy negativo, del que nos hemos quejado tanto a lo largo de muchos años, sigue ahí”.

En conferencia de prensa, donde participó vía remota, añadió que en lugar de dejar a la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez, “defienda lo que realmente es indefendible, sale la Secretaría del Trabajo a decir que esas resoluciones son legales. No deja de sorprendernos la actitud” de la dependencia.

Por otra parte, Nahir Velasco, coordinador jurídico del gremio, consideró incluso que Arturo Alcalde Justiniani ha tomado un papel protagónico en contra del Sindicato Nacional Minero demostrando su animadversión hacia éste, de acuerdo con una conversación de un chat filtrado, que exhibió.

“Nos da mucha pena señalar esta condición porque Arturo Alcalde –padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde– es abogado laborista, pero no dirigente sindical, quiere manipular los sindicatos y pretende tener control de la política laboral del país”, acusó.

Acompañados de los abogados Mario Muñoz Ortega y Óscar Alzaga, los secretarios de Actas y de Trabajo del Sindicato Nacional Minero, Luis Arturo Rosa de la Fuente y Jorge Ramón Monsiváis, respectivamente, señalaron que la Junta Especial 10, de la JFCA, incurrió en desacato, toda vez que no cumplió con la resolución ordenada por el décimo segundo tribunal colegiado del primer circuito, que dejó sin efecto el laudo que establecía que el gremio adeudaba pagos por 55 millones de dólares.

Estudio: la energía renovable mundial se pagaría por sí misma

Insistieron en que el fondo del asunto es que en las próximas semanas la Junta Federal y Conciliación y Arbitraje debe emitir un nuevo laudo de manera integral con base en los 25 juicios laborales, y no sólo 21, porque “no puede incurrir en resoluciones contradictorias”.

La controversia legal data de 2004, con la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que 5 por ciento de las acciones debían otorgarse a los trabajadores, y que Grupo México se negó a pagar.

Al respecto, Muñoz Ortega consideró “una burla” el hecho de que la STPS respondiera que el caso se tratara sólo “de ajustes”. Puntualizó que deberán tomarse en cuenta los cuatro expedientes restantes “donde hay miles de documentos con pruebas” para dictar un nuevo laudo absolutorio.

  

Con el Tribunal Electoral en crisis, que se vayan todos: AMLO

 

 

Pedro Domínguez, Jannet López

 

Ciudad de México

Ante la crisis y descomposición por la que pasa el Tribunal Electoral, todos los magistrados deberían renunciar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, Arturo Zaldívar, magistrado presidente de la Suprema Corte, se reunió con los cinco magistrados rebeldes y llamó a “privilegiar el bien de México sobre las ambiciones personales”.

El miércoles pasado, cinco magistrados del Tribunal Electoral destituyeron a José Luis Vargas Valdez como titular del Tribunal Electoral, al argumentar actos como torcer sentencias, retrasar juicios y no responder a inconformidades, y en su lugar eligieron a Reyes Rodríguez Mondragón.

Ayer el presidente López Obrador consideró que la destitución de Vargas muestra la crisis y descomposición del Tribunal Electoral.

“Es un pendiente del antiguo régimen autoritario, corrupto, es lo que se heredó. Es tiempo de que las cosas cambien. Ellos mismos deberían renunciar, todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos. No pueden mantener esa conducta completamente inmoral, una autoridad electoral así, ¡imagínense!”, manifestó.

Consideró que opinar sobre el tema no es ningún tipo de injerencia, pues “es un asunto lamentable que da vergüenza”. Sin embargo, al preguntarle sobre las intenciones que veía en la destitución de Vargas comentó: “No me meto a eso porque es politiquería y yo no estoy para eso. Nada más que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución y el porqué de una reforma”

El mandatario abundó que la crisis del Tribunal Electoral es el corolario de una serie de decisiones que se han tomado en los últimos meses, como la de quitarles la candidatura a los abanderados de Morena a los gobiernos de Michoacán (Raúl Morón) y Guerrero (Félix Salgado Macedonio).

“La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el tribunal electoral”, dijo.

Y recordó: “Resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. Y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de jueces y magistrados”.

En pantalla mostró un tuit al que atribuyó a Reyes Rodríguez: “Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”.

En respuesta, el recién elegido magistrado titular del TEPJF argumentó que dicho mensaje contra fue producto de un hackeo a su cuenta de Twitter que denunció formalmente el año pasado.

“Relativo al tuit falso: fue un montaje para desacreditar mi labor en el TEPJF y a mi persona. Reitero mi profundo respeto a la persona y la investidura del Presidente de la República. Denuncié los hechos el 9 de octubre de 2020 en la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

Encuentro

Por otra parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dejó claro que “privilegiaremos el bien de México sobre las ambiciones personales”, tras recibir al grupo que destituyó de la presidencia del Tribunal Electoral al magistrado José Luis Vargas.

Liderados por Reyes Rodríguez Mondragón, a quienes consideran su nuevo presidente, ayer por la mañana los magistrada Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes e Indalfer Infante Gonzales enviaron un escrito al ministro Zaldívar para solicitarle una reunión

La intención, señalaron, es “sostener un diálogo que permita estabilizar el funcionamiento del tribunal y atender en las mejores condiciones la labor de impartición de justicia electoral que nos mandata la Constitución. El diálogo para lograr consensos es la mejor salida para fortalecer a las instituciones que conformamos el Poder Judicial”.

Fueron citados poco antes de las 15  horas y al término de la reunión, Arturo Zaldívar escribió en Twitter: “El diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad. Ante la situación del TEPJF privilegiemos el bien de México sobre las ambiciones personales”.

Más tarde, en entrevistas radiofónicas, el magistrado Vargas Valdez reveló que el ministro presidente de la Suprema Corte no le responde las llamadas desde el miércoles, cuando que fue “ilegalmente” destituido, y detalló que le envió una solicitud por escrito, pues considera que merece ser escuchado en igualdad de condiciones.

No obstante, aseguró que sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral y que esperará a que la Suprema Corte resuelva quién tiene la legitimidad del cargo.

  

Anuncian clases presenciales aun con semáforo epidemiológico en rojo

 

 

Nurit Martínez 

 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hará que asistir a clases sea una actividad esencial en medio de la pandemia de Covid-19, que no estará sujeta a restricciones aun cuando el semáforo epidemiológico esté en rojo, y para ello dará atribuciones legales a la Secretaría de Educación Pública (SEP) con una nueva modificación legal a los lineamientos del semáforo epidemiológico, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En la reunión virtual de los jueves con los gobernadores del país, el subsecretario dijo que “el semáforo vigente [...] requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tiene semáforo superior al amarillo, entonces ese es el ajuste que vamos a hacer, para distinguir que el sector educativo tiene alta prioridad, análogo, de hecho conceptualmente el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la Jornada de Sana Distancia”.

El funcionario precisó “entonces, esa connotación va a tener. Es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aun cuando tengamos el semáforo rojo”.

Durante la presentación ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como gobernadores y representantes de las entidades de todo el país, el subsecretario planteó que se harán nuevas modificaciones legales a los lineamientos del semáforo epidemiológico de Covid-19.

Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de que el regreso a clases sea una prioridad para el siguiente ciclo escolar.

En su exposición ante los gobernadores, el subsecretario López-Gatell dijo que como ocurrió en la primera fase del semáforo con la Jornada de Sana Distancia, la SEP podrá detallar, bajo sus nuevas atribuciones, el tipo de actividad que se realizará en las escuelas aun cuando el número de casos de Covid-19 se incremente y el semáforo esté por arriba del color amarillo.

En su oportunidad, la secretaria Delfina Gómez anunció que la próxima semana, el 11 de agosto, iniciará la Jornada de Limpieza de las escuelas, debido a que el regreso a las escuelas atiende la necesidad de tener un espacio amigable y propicio para que los niños socialicen, así como un cobijo para reducir el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir, durante los meses de la pandemia.

Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, consideró que el regreso a clases es necesario, sólo que ligarlo al semáforo es una mala señal para los padres de familia.

Planteó que dejar a la educación sólo como actividad esencial al inicio del ciclo escolar “suena como necedad para atender la decisión del Presidente” y sugirió modificar el protocolo por el cual debe operar el regreso a clases en un ambiente de seguridad.

En los estados, autoridades, maestros y padres mostraron su rechazo a la decisión de que en rojo se puedan dar clases presenciales. El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, anunció que las aulas sólo se abrirán cuando el semáforo esté en verde o amarillo.

Mientras, la dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Adolfina Bautista Vázquez, dijo que los maestros no regresaran a las aulas con semáforo epidemiológico rojo. En Hidalgo, la Asociación Estatal de Padres de Familia rechazó la decisión de López-Gatell.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se pronunció a favor de un regreso híbrido a las aulas. Y en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que será voluntario que los padres lleven a sus hijos.

Por otra parte, el subsecretario LópezGatell llamó a los gobiernos estatales a no retrasar la reconversión hospitalaria para atender a los pacientes que se han contagiado en esta tercera ola por Covid-19, pues que hay entidades que “están próximos a tener una situación de colapso”.

Comentó que Colima, Nayarit, Sinaloa y Guerreo están al borden del colapso.

Ayer se confirmaron 21 mil 569 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y México se acerca a su máximo nivel de contagios ocurrido el pasado 21 de enero cuando alcanzó 22 mil 339 personas infectadas con el virus de la pandemia.

La Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas horas las pruebas aplicadas a quienes tienen síntomas del virus llegaron a dos millones 922 mil 663 casos, lo que implicó el máximo de contagios en la tercera ola. Con información de editoras

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 "Golpe de Estado" en TEPJF se consumó; ayer tuvo tres presidentes

 

 

Jannet López Ponce

 

Ciudad de México

El "golpe de Estado" se consumó, y hoy, el Tribunal Electoral tiene dos presidentes. El magistrado José Luis Vargas Valdez fue destituido por una mayoría que lo acusó de traiciones y abusos, y él desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto y alegó ejercicio indebido de funciones.

En el transcurso de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo tres presidentes: una decana, un expulsado y otro con nombramiento exprés. Y nadie tiene la absoluta certeza de cuál es el constitucional y cuál se quedará sólo como legítimo.

Aún más, Vargas Valdez informo que recurrirá a la SCJN para que defina quién es el presidente del Tribunal electoral.

Este diferendo entre los integrantes del TEPJF se da a semanas de que deban resolver en definitiva las impugnaciones de las elecciones de gobernador como Guerrero y Michoacán.

Después de que hace una semana Vargas Valdez acusó a sus compañeros de votar en manada, ayer por la tarde lo sorprendieron en sesión pública con la petición de Felipe de la Mata Pizaña de agregar en el orden del día el análisis de sus desempeño, lo que los llevó a un debate de una hora que el entonces magistrado presidente dio por concluido de manera unánime ordenando suspender la transmisión que cientos de personas veían como pocas veces, para analizar en privado si sometía a votación o no la petición.

“Les voy a pedir que no estén intentando o provocado un golpe de Estado porque sencillamente no tienen esa función y les recuerdo que ustedes me eligieron. La presidencia se separa solo por una situación de renuncia, y les notifico que no es mi intención renunciar”, dijo Vargas antes de retirarse.

En ese debate, la magistrada Mónica Soto se enfrentó con el bloque mayoritario del que no forma parte, alegando incluso discriminación por no haberla considerado en esta petición sorpresa, “no están en posibilidades de obligarme a votar un asunto que no conozco y que no tiene qué ver con nuestra responsabilidad constitucional”.

Tras el receso obligatorio, el magistrado Vargas nunca convocó a las y los magistrados a una sesión privada como dijo. Por lo que luego de esperarlo una hora, le enviaron un escrito emplazándolo a reanudar la sesión pública en 15 minutos. Vargas otra vez, los ignoró.

A las 15:29 horas, en su calidad de decana, Janine Otálora convocó a todo el pleno a reanudar la sesión pública argumentando “ausencia” del presidente. Por ministerio de ley asumió la presidencia y reanudó la sesión que comenzó destituyendo también al secretario General de Acuerdos, Carlos Vargas Baca por negarse a asistir a celebrarla. Luego, dieron paso a enlistar cada uno, los agravios y deficiencias consideradas suficientes para remover del cargo a José Luis Vargas Valdez.

Por buscar torcer sentencias, actuar con discrecionalidad para retrasar juicios como los de las candidaturas de Morena con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, “no dignarse” a responder a las inconformidades de los magistrados, instruir a sus subalternos a tomar actitudes poco institucionales, ordenar boletines institucionales acusando a los magistrados de obstrucciones y por llamarlos “manada”, fueron solo algunos de los argumentos que cayeron en cascada.

“Si uno omite la ética o no la tiene, estamos en graves problemas. No estamos aquí para beneficiar a grupos de interés o gobernantes. A mi juicio debe censurarse su desempeño en la presidencia por estos hechos y otros más, no es política, no son grillas, yo solo quiero el bien de la institución, de mi casa electorales de toda una vida, le dirijo frases con decencia pero con contundencia, porque ni su desempeño ni el mío serán olvidados, serán juzgados por la historia”, dijo el magistrado de la Mata, autor material de esta petición.

Después, el magistrado Felipe Fuentes quien fue uno de los principales impulsores para que Vargas Valdez llegara a la Presidencia, ahora se dijo inconforme de su desempeño y puso sobre la mesa que además, existe una investigación por enriquecimiento ilícito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.

“Creo ciertamente en el principio de presunción de inocencia, pero no podemos comprometer la percepción ciudadana ni los principios y valores del servicio público”.

La magistrada Otálora lanzó un posicionamiento contundente en el que acusó que “traición a los principios y deberes” y “poner en riesgo la contienda electoral y el desarrollo de los resultados”, por lo que lo acusó de intereses personales y negarse a someterse al escrutinio social.

“No buscamos el aplauso ni huimos a la crítica, nos sometemos al escrutinio público de la ciudadanía. Nuestra única finalidad es garantizar una presidencia creíble y eficaz. Lo sucedido hoy debe entenderse como una declaración de principios, que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral de este tribunal”.

Por unanimidad, los cinco presentes aprobaron destituir a Vargas y nombrar en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón quien llamó a la unidad “sin construir castillos en el aire y caminar en cambio, con los pies firmes en la tierra”.

Soy presidente en funciones: Vargas

Más tarde, en un video, Vargas Valdez se declaró presidente en funciones y acusó a Janine Otálora de ejercicio indebido de funciones, por lo que les advirtió que este jueves convocará a una sesión privada y a una pública pues lo aprobado este miércoles, dijo, no tenía validez.

“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal. Somos jueces y tenemos que actuar a la altura de la investidura, los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. La elección de la presidencia de ese Tribunal es por periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior”, más tarde informó que presentaría una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina quién es el presidente constitucional. - ledz

 

El gobierno no cede y gaseros levantan paro; rebeldes piden diálogo sobre nuevas tarifas

 

Liberan las terminales bloqueadas Los comisionistas independientes reanudaron el reparto de gas LP en el Valle de México luego de que el presidente López Obrador adelantó denuncias penales contra quienes nieguen el servicio

 Nayeli González y Arturo Páramo

 

CIUDAD DE MÉXICO.

El paro de los distribuidores de gas LP que se rebelaron contra el tope de precios al combustible que fijó el gobierno federal duró un día.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de demandar a los comisionistas que nieguen el servicio, así como resguardar con elementos de la Guardia Nacional los camiones y pipas de quienes sí decidan salir a trabajar, a las 14:00 horas se anunció el levantamiento del paro.

En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo dijo que se buscará garantizar el abasto de gas sin ceder a presiones. “Si no, vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no; son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”, sostuvo.

Después, tras anunciar la liberación de las terminales de reparto, José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros, insistió en la necesidad de dialogar con las autoridades para llegar a un acuerdo final sobre los nuevos topes al precio del combustible, pues el actual esquema ha reducido sus ganancias al mínimo.

El 85% de la actividad en el gremio gasero se vio totalmente suspendido, pero ya está restablecido”, indicó.

Los comisionistas de gas LP operan sin permiso oficial, pues aprovechan las autorizaciones de las empresas distribuidoras.

REANUDAN EL ABASTECIMIENTO DE GAS LP

Luego de que la mañana de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalara que ante el paro de actividades de distribuidores de gas LP en el Valle de México se analizaba la posibilidad de entablar denuncias penales en contra de ese gremio y de resguardar con elementos de la Guardia Nacional a los que salgan a las calles a repartir el combustible, la Unión de Gaseros anunció el levantamiento del paro.

Desde las 14:00 horas de ayer reanudaron la operación las unidades de reparto como pipas y camiones cilindreros. Los distribuidores de gas a domicilio, para ser más específicos los comisionistas, iniciaron un paro de labores alegando que el tope de precios establecido por el gobierno federal los dejaba sin margen de ganancia.

José Adrián Rodríguez, presidente del gremio, aseguró en conferencia de prensa que también se liberaron los accesos de las terminales de reparto que habían sido bloqueadas.

Sin embargo, insistió en la necesidad de tener un diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo final y, sobre todo, para que pueda ser revisado el nivel de comisión por la venta del gas LP.

El representante de los comisionistas aseguró que el nuevo esquema de precios ha reducido casi en su totalidad sus ganancias, lo cual tendrá un impacto directo en la red logística de distribución y provocará la bancarrota de sus agremiados. “Ya hay suministro en la ciudad. El 85% de la actividad en el gremio gasero se vio totalmente suspendido, pero ya está restablecido”.

Ante las garantías de seguridad y la colaboración de la Guardia Nacional que ofreció el presidente López Obrador a los distribuidores de gas que aseguraban estaban siendo agredidos para que no salieran a vender el combustible, el dirigente de la Unión de Gaseros se deslindó de estos hechos.

Estamos esperando las garantías que ofreció seguridad pública para que remueva las unidades que obstruyen y que no representamos el bloqueo. Hay unidades civiles, hay unidades que no representamos y ya estamos esperando que se retiren de las puertas de las plantas para poder suministrarnos del gas y poder llevarlo a los hogares”, dijo en conferencia.

POSIBLES DENUNCIAS

Actualmente, el paro sólo incluye a los distribuidores en el Valle de México. “Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y de Pachuca, porque no es un asunto nacional. Se está analizando la posibilidad de levantar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”, sentenció López Obrador.

En su mañanera, el presidente de la República explicó que el tema es analizado por las secretarías de Seguridad, de Energía, de Marina, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, por el director de Petróleos Mexicanos, el Consejero Jurídico, y por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el fin de tomar medidas para garantizar el abasto a la población del Valle de México.

Se va a hablar con distribuidores, comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer dijeron que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas”, sentenció el titular del Ejecutivo.

El Presidente dijo que la reunión de gabinete de ayer se dedicó en buena parte a organizar un operativo para garantizar el abasto del combustible.

COMISIONISTAS NO SON FIGURA LEGAL

Los comisionistas de gas LP no son una figura legal, pues aun cuando en la mayoría de los casos son dueños de las pipas y camiones de reparto, no cuentan con un permiso otorgado por las autoridades, sino que utilizan las autorizaciones de las empresas distribuidoras. Estos grupos cobran “una comisión” sobre el margen de ganancia que los distribuidores legalmente establecidos obtienen por la venta.

HUBO PROBLEMAS EN EL EDOMEX

Por segundo día consecutivo en el Estado de México hubo desabasto de gas LP, luego de que las 20 mil pipas y 10 mil centros de carburación que operan en el estado estaban cerradas, pese al anuncio del gobierno federal que iniciarían demandas.

Jaref Sainz, coordinador nacional de Alianza de Autotransportes y Anexas de México, explicó que no pueden salir a prestar el servicio con los precios establecidos, pues no alcanzan a cubrir ni siquiera sus gastos.

No estamos impidiendo el salir a laborar, nada más que no hay recursos para salir, es por eso que estas empresas están paradas. No hay mano de obra para poder salir a trabajar, pues la ganancia de 20 centavos por litro no es redituable”, comentó.

Citó que incluso algunas empresas gaseras han querido mandar a laborar a su propio personal, pero debido a que ellos sólo reciben propinas, tampoco han salido.

María de los Ángeles Velasco

 

Demanda México ante Corte de EU a fabricantes de armas

 

 

Arturo Sánchez Jiménez

Ciudad de México. México presentó ayer ante una corte federal de Estados Unidos una demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en aquel país. Los denunciados son los fabricantes de armamento, a quienes México reclama una compensación económica para reparar los daños sufridos por sus prácticas negligentes, pero la principal motivación radica en que las empresas asuman una responsabilidad y adopten estrictas medidas de autorregulación para evitar el tráfico ilícito.

Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la demanda civil interpuesta ante un tribunal de Boston, Massachusetts,tiene como objetivo que “las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en México”.

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a ese armamento en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma. En una conferencia transmitida en línea por la SRE, Ebrard informó que una de las exigencias de México es que los productores de armamento desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico ilegal de sus artefactos. “Las firmas saben esto, pero argumentan que cuando sus productos salen a la venta ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quién compra armamento pesado”, subrayó Ebrard.

También se demanda que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en sus productos para prevenir que sean usados por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia, y que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de pistolas, fusiles de asalto, armas de alto poder y otros pertrechos.

Ebrard aseguró que esta demanda no sustituye otros esfuerzos que se hacen y que es obligatorio continuar para prevenir el tráfico de armas. “México debe hacer más y mejor para controlar su frontera”. Añadió que “sin una demanda como esta, y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”.

México confía en la calidad de los argumentos legales que presentó, expuso Ebrard, y manifestó que se ganará el litigio. Agregó que México “tiene razón jurídica y moral” en esta demanda, por lo que no prevé ninguna diferencia diplomática con Estados Unidos derivada del procedimiento judicial.

'México debe ser mejor en la gestión de partidos' - Martino en vísperas de la final de la Copa Oro

El abogado responsable del caso, Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, manifestó que la demanda es un “litigio estratégico” con el que se dará cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale la pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes compran armas y en dónde”.

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, aseguró que esta demanda no es en contra del gobierno de Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”; sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder.

El senador Ricardo Monreal sostuvo que la demanda “es un hecho sin precedente”. Con el recurso “se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive.”

Drogas y corrupción, verdaderas causas, responden

La estadunidense Asociación Industrial del Comercio de las Armas rechazó las acusaciones del gobierno de México y afirmó que se busca un “chivo expiatorio. Las acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, sostuvo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF. “La actividad delictiva de México es resultado directo del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, afirmó la NSSF.

 

Rebelión y crisis, en el tribunal electoral

 

 

La crisis que ha vivido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde hace meses terminó ayer en una rebelión de cinco de los siete magistrados que integran su Sala Superior, que llevó a que, hoy, este órgano jurisdiccional tenga dos presidentes, en medio —todavía— de la discusión de impugnaciones sobre el reciente proceso electoral.

Y es que, ayer, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez buscaron que se incluyera en la sesión pública un punto para discutir el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas, con miras a su destitución. El punto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Vargas Valdez y la magistrada Mónica Soto, se opusieron.

En consecuencia, el magistrado presidente decretó un receso de la sesión. La magistrada Janine Otálora, entonces, hizo uso de su facultad de magistrada decana del TEPJF y convocó a todas las magistraturas a sesión.

En una nueva reunión en la que no estuvieron presentes el magistrado presidente, José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto, los otros cinco magistrados votaron por unanimidad la destitución del titular, al que calificaron de poco ético, de incumplir con obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, así como de faltar el respeto a los integrantes del pleno, entre otros.

Los cinco magistrados votaron, por unanimidad, nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo líder del tribunal.

Desde hace ya varios meses, en el interior del Tribunal Electoral se ha desatado una guerra entre magistraturas en contra del magistrado presidente, la cual ha incidido, incluso, en la toma de decisiones.

Al iniciar ayer la sesión pública semanal, de la Sala Superior, encabezada por José Luis Vargas, el magistrado Felipe de la Mata pidió que en el orden del día se incluyera un punto mediante el cual se solicitó evaluar la gestón de la presidencia del tribunal.

El titular se opuso a ello, con el argumento de que en las sesiones públicas se discuten únicamente temas jurisdiccionales y no administrativos, que es el rubro en el que estaría tal petición.

Añadió, además, que de proceder a tal petición se obstruiría la justicia electoral y eso es un delito, además de que se estaría cayendo en una crisis constitucional por estar en medio la discusión, todavía, sobre el reciente proceso electoral.

Cinco magistraturas defendieron que el tema sí podía ser discutido. En tanto que la magistrada Mónica Soto acusó a sus compañeros de no haberle informado sobre el proyecto propuesto, violando así el principio de transparencia.

Advirtió, incluso, que ello podría caer en violencia política de género, por lo que conminó a discutir el tema en otro espacio.

Ante el acorralamiento, el magistrado presidente decretó un receso en la sesión, sin pedir voto para ello.

En un oficio firmado por los cinco magistrados “rebeldes”, solicitaron que el magistrado presidente reanudara la sesión en un lapso de 15 minutos, cosa que no ocurrió. En consecuencia, la magistrada Janine Otálora hizo uso de su facultad de decana del TEPJF y convocó a una nueva sesión, ello ante la ausencia, justificó, del magistrado presidente.

La sesión se reanudó sin la presencia de José Luis Vargas Valdez ni de la magistrada Mónica Soto. También fueron destituidos, por ausencia, el secretario General de Acuerdos y la subsecretaria General de Acuerdos, nombrando a nuevos titulares.

Se sometió a discusión, entonces, el punto presentado por De la Mata, en donde se solicitó la destitución de Vargas Valdez.

Felipe de la Mata cuestionó el actuar de Vargas Valdez; señaló, incluso, distintas irregularidades administrativas.

El magistrado Felipe Fuentes recordó que Vargas Valdez tiene un proceso judicial en su contra, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, añadió, ha habido faltas de respeto hacia el personal del tribunal.

Los magistrados detallaron que entre los hechos en los que incurrió Vargas Valdez y son considerados como irregulares están el cambio de fecha en la discusión de las gubernaturas para Guerrero y Michoacán, para Morena, así como lo ocurrido con el caso de la paridad de género en las candidauras a gubernaturas, que intentó que no pasara.

Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue elegido nuevo magistrado presidente, subrayó que la ciudadanía exige de sus jueces y tribunales independencia e imparcialidad, así como que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales.

Llamó a encadenar esfuerzos sin instalarse en la comodidad de la autocomplacencia, sino reparando el actuar. 

 

Crisis, destitución… y Tribunal Electoral, con 2 presidentes

 

 Reyes Rodríguez, designado; José Luis Vargas, removido

En acción inesperada, cinco magistrados quitan del cargo al polémico Vargas; dan cuenta de actuaciones indebidas y de la indagatoria de UIF en su contra; el depuesto magistrado alista controversia; el líder de la Jucopo plantea que el Senado actúe para evitar crisis, sus pares de oposición difieren

El destituido magistrado durante una conferencia sobre la igualdad de género.Foto: Especial

Por: Magali Juárez

En plena etapa del proceso de calificación de los comicios electorales federales y locales, así como la resolución de miles de impugnaciones, reventó el conflicto entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que vienen arrastrando desde hace meses.

Ayer, por unanimidad de votos, en una sesión pública, la mayoría de cinco magistrados de la Sala Superior votaron para remover a José Luis Vargas Valdez como presidente del órgano jurisdiccional y eligió como nuevo presidente de la Sala Superior a Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, una hora después el propio Vargas Valdez desconoció dicha decisión, acusó a sus compañeros de dar un “golpe de Estado” y dejó claro que no va a renunciar a su cargo, el cual concluirá, subrayó, hasta noviembre de 2023.

“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual, esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y, de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en como en una democracia se solventan las diferencias”, dijo.

La confrontación entre Vargas Valdez, y los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón se dio a partir de la sesión de las 13:30 horas, donde propusieron que se evaluara la gestión del magistrado presidente, lo que desató el debate en la Sala Superior.

“Les quiero pedir que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando provocar un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que tengo como presidente y de la cual quiero decirles que ustedes me eligieron”, aseveró Vargas Valdez.

Por decisión, el magistrado presidente del TEPJF cortó la sesión pública de la Sala Superior y cerró cualquier posibilidad de diálogo con sus correligionarios.

Ante tal hecho, los cinco magistrados que conforman el bloque mayoritario convocaron por su cuenta a sesión pública a través de Janine Otálora Malassis, quien asumió funciones de presidenta por ministerio de ley, y votaron por unanimidad y con la ausencia de José Luis Vargas Valdez y de Mónica Soto, su remoción.

ENLISTAN ANOMALÍAS

Los magistrados electorales recordaron que durante su gestión como presidente Vargas Valdez acumuló una serie de irregularidades tanto en materia jurisdiccional como administrativa, lo que, dijeron, va en contra de los principios de imparcialidad del Tribunal Electoral.

Detallaron los señalamientos contra Vargas: discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, el diferimiento de sesiones sin razones justificadas, falta de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, suspensión de la realización de foros, cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales, negativa a someter a discusión la remoción del secretario general de acuerdos y la subsecretaria general de acuerdos, presunta aplicación forzosa del polígrafo y despido injustificado de personal administrativo.

Recordaron que, además, Vargas Valdez tiene abiertas investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En ese contexto, a propuesta de Felipe de la Mata Pizaña, los magistrados electorales eligieron como nuevo presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón, quien asumió de inmediato el cargo.

Advirtió que uno de los principales retos que enfrenta el Poder Judicial es el fortalecimiento de su autonomía e independencia, ya que reconoció que la Judicatura opera bajo niveles de desconfianza que sólo han aumentado al paso del tiempo.

“El Poder Judicial debe sustraerse de cualquier vínculo con los poderes públicos y los poderes fácticos, un Poder Judicial libre es el cimiento sobre el cual podemos afianzar la construcción del Estado de derecho democrático.

“Si decae el Poder Judicial menguará en forma paulatina el imperio de la ley, disminuirá el control de la ilegalidad, de la violencia y de la lucha contra corrupción, pero sobre todo estará en riesgo la protección de las libertades, que son condición necesaria para que la democracia funcione”, expresó.

Por ello, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón pidió a los integrantes del TEPJF actuar con “responsabilidad republicana”.

Mientras que la mayoría de los magistrados que reconocen a Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del TEPJF utilizaron el canal alternativo de la Escuela Judicial Electoral para transmitir su sesión, Vargas Valdez continúa controlando los canales institucionales del Tribunal Electoral y difundió un mensaje en el que señaló que todas las decisiones tomadas por sus compañeros son nulas.

Anunció que este jueves convocará a una sesión privada para abordar la propuesta que presentó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien pidió analizar su desempeño como magistrado presidente, y dijo que volverá a convocar a una sesión pública para resolver los asuntos que quedaron pendientes.

• El dato: Rodríguez Mondragón reiteró que el pleno de la Sala Superior está facultado para tomar las decisiones como su nombramiento.

 

Fractura y crisis en el Tribunal Electoral

 

 

Tribunal presentará controversia para que la Corte defina quién es el presidente.

 

David Saúl Vela

La crisis que desde hace meses se vive en la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se desbordó ayer, en medio del proceso de calificación de la elección de junio pasado.

En un hecho sorpresivo e inédito, cinco de las siete magistradas y magistrados de la Sala Superior removieron a su presidente, José Luis Vargas, y en su lugar nombraron al magistrado Reyes Rodríguez.

Durante sesión extraordinaria, en la que no estuvo presente Vargas ni la magistrada Mónica Soto, se acusó al presidente del TEPJF de incurrir en “actos censurables” e incumplir su obligación.

Crisis en Tribunal Electoral: magistrado Vargas llevará caso a la Corte

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La magistrada Janine Otálora Malassis y los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón resumieron una serie de actos imputados a Vargas, entre ellos la investigación que tiene por lavado de dinero.

Más tarde, en un mensaje a medios, Vargas dijo en su defensa que la sesión donde se le removió de la presidencia del TEPJF “es nula”.

Señaló que la única forma de removerlo es que él mismo renuncie, pero no tiene la intención de ello.

“Los albazos no son la forma como en una democracia constitucional se solventan las diferencias”, señaló.

Destituyen a presidente del Tribunal Electoral y nombran a Reyes Rodríguez como remplazo

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Igualmente, acusó a la magistrada Malassis de ejercicio ilícito de funciones por asumirse como presidenta del TEPJF, y por convocar a la sesión extraordinaria donde se avaló la designación de Rodríguez Mondragón.

La historia de este hecho, el cual no tiene precedentes en la historia del TEPJF, data de meses atrás e incluye diversos desencuentros de Vargas con sus pares, como el ocurrido la semana pasada, cuando dijo que él no vota en “manada”.

Ayer, inesperadamente, al inicio de la misma, el magistrado Felipe de la Mata pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF.

La propuesta fue avalada por Malassis, Fuentes, Infante y Rodríguez. Pero la petición no prosperó en ese momento por la oposición de la magistrada Soto y el propio Vargas.

Este último suspendió la sesión, inesperadamente, tras señalar que no había fundamento legal para votar el tema solicitado.

“El funcionamiento del tribunal está garantizado”, señaló y recordó que la “mayoría organizada” que le pide ahora cuentas es la misma que lo eligió como presidente del TEPJF

Recordó que la renuncia es la única forma de sacarlo de la presidencia, pero advirtió: “No es mi intención renunciar”.

Tras la suspensión de la sesión ordenada por Vargas, los magistrados De la Mata, Fuentes, Infante, Malassis y Reyes firmaron una carta solicitando reanudar la sesión, la cual no tuvo respuesta.

Malassis alegó una “ausencia injustificada” de Vargas y convocó a reanudar la sesión y, asumiéndose ya como presidenta del TEPJF, por ministerio de ley, convocó a los integrantes del pleno a la sesión pública.

Esta se llevó a cabo, aunque no se transmitió por el canal judicial, sino por una plataforma distinta, y en ella, por unanimidad de los cinco magistrados presentes, avaló la remoción de Vargas.

En tanto, Ricardo Monreal dijo que el Senado y la Corte deben intervenir en este caso para evitar “una crisis de constitucionalidad”.

Por la noche el TEPJF anunció que presentará una controversia para que la Corte resuelva quién es el presidente del órgano electoral.

TEPJF Magistrados del TEPJF (Especial)