Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Arropan a jóvenes contra las adicciones; plan de prevención, atención y rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO.

Una atención integral que priorice el bienestar de los jóvenes es la apuesta de la nueva campaña oficial contra las adicciones.

La estrategia Juntos por la Paz no sólo incluye mensajes en medios sobre los riesgos de consumir drogas, sino también una convocatoria para que el gobierno y la sociedad trabajen en la recuperación de espacios públicos para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

Bajo los ejes salud, educación, bienestar, cultura y comunicación, diversas dependencias coordinarán acciones para prevenir adicciones, atenderlas y brindar opciones de rehabilitación física y emocional.

Una de las medidas es la conformación de clubes que escucharán las inquietudes de los jóvenes, les brindarán información sobre adicciones y opciones culturales, educativas y deportivas para alejarlos de las drogas.

Además, los maestros contarán con guías para orientar a los estudiantes. También hay acciones para impulsar la práctica de deportes y actividades que fomenten la inclusión de los jóvenes en la economía.

Nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar la estrategia.

JUNTOS POR LA PAZ VA AL RESCATE DE JÓVENES

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la campaña Juntos por la Paz, que busca proteger a niños y jóvenes de las adicciones.

La campaña de la Presidencia de la República busca motivar a los jóvenes de México con valores a fin de que se alejen de las drogas e inicia con la participación de todos los medios de comunicación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, entre otras instituciones.

López Obrador pidió a los jóvenes no apostar a la felicidad efímera, al lujo barato, ya que eso no es lo más importante en la vida, lo más importante es estar bien con uno mismo y con el prójimo.

Para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y terminen formando parte de la delincuencia de las bandas, que no se confundan, que no apuesten a la felicidad efímera, al lujo barato, la ropa de marca, los carros último modelo, las alhajas, eso no”, detalló el Presidente.

La campaña Juntos por la Paz consiste en la creación de todo un sistema de información para los jóvenes y de atención en módulos para alejarlos de la drogadicción, como se ve en uno de los spots presentados.

Estamos creando una red de clubes para construir la paz, nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección, atención.

Donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender, escucharán lo que piensas, sientes, te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones, te ofrecerán opciones culturales, educativas, deportivas, en tu localidad”, refiere el spot.

Añadió que su gobierno trabaja para atender las causas de la violencia, entre ellas la desigualdad y el abandono de los jóvenes.

Le tengo mucha confianza a los jóvenes de México y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les dará la espalda, los vamos a abrazar, a proteger para que no se sientan solos, que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales”, expresó el mandatario federal en conferencia de prensa.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es una estrategia nacional de prevención de adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género.

El vocero Jesús Ramírez dijo que “estamos convocando a los padres de familia, maestros, trabajadores sociales, médicos y a toda la sociedad, a los artistas, los creativos, para sumarse a este esfuerzo de recuperar la capacidad que tengamos para decidir sobre nuestra propia vida y transmitir a los jóvenes esta posibilidad.”

Corte admite recursos del ‘ombudsman’ contra la Guardia Nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional y la general del Sistema Nacional de Seguridad, promulgadas en mayo pasado y que normarán la labor de los 150 mil elementos que integrarán la corporación, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las impugnó por considerar que contienen omisiones que pueden ser violatorias de garantías. En las acciones de inconstitucionalidad que promovió se establece que los legisladores que promulgaron estas legislaciones incurrieron en serias omisiones, puesto que no se incluyeron reglas suficientes para regular la nueva institución policiaca. 

De acuerdo con el organismo nacional, la base jurídica que regulará la actuación de los elementos “es demasiado general, no específica”, por lo que en los hechos su aplicación puede traducirse en violaciones a los derechos humanos durante las tareas de seguridad pública que realizarán los militares, marinos y policías federales que la conforman. 

 En los documentos que el 26 de junio pasado entregó el ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que en estas leyes no se contemplan algunos criterios para el actuar de los cuerpos de seguridad, que sí están plasmados en la Constitución, por lo que debieron ser reguladas por los legisladores. Con estos argumentos promovió la acción de inconstitucionalidad 62/2019 contra las leyes de la Guardia Nacional, y la 66/2019 contra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que tienen fallas de origen en el Senado. 

Ayer, a partir de los planteamientos que presentó la CNDH, en la lista de notificaciones de la Corte se informó que uno de los ministros aceptó a trámite las controversias constitucionales para analizar la legalidad de las normas impugnadas. Como establece la ley, la decisión de la Corte de admitir de estos recursos será notificada al Ejecutivo federal, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, que están obligados a rendir un informe en un plazo de 15 días hábiles después de que surta efecto el aviso legal del acuerdo. Para analizar la legalidad, la SCJN pidió al Poder Ejecutivo federal que le remita “un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó en decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional”. 

Requirió a los integrantes de ambas cámaras “entregar copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes del órgano legislativo, y los diarios de debates”. Los abogados de la CNDH también presentaron el 26 de junio pasado otras dos acciones de inconstitucionalidad, para que los ministros del alto tribunal invaliden algunos artículos de la Ley nacional sobre uso de la fuerza y de ley nacional del registro de detenciones, aunque en estos casos la Corte aún no decide si los analizará. 

González Pérez explicó que el recurso contra la Guardia busca dar mayor certeza posible a los agentes y a la población, porque hay aspectos dubitativos en la ley y pueden dar pauta a cuestiones discrecionales. “Reconocemos que hay un avance importante en esas leyes, lo que tenemos que buscar es la mayor certeza. Observamos circunstancias que establecen los artículos constitucionales que no fueron regulados en las leyes. 

No estamos impugnando la totalidad de las leyes”, indicó. El ombudsman dijo que la ley de la Guardia establece la participación en auxilio, pero no quedan claros los alcances; por ejemplo, en apoyo a migración. CLAVES APROBACIÓN El 21 de mayo pasado, con 429 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y entró en vigor el 27 por decreto. FACULTADES Otorga facultades de salvaguardar la vida de las personas, investigar delitos, hacer detenciones, operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones.

 ANULACIÓN En la acción de inconstitucionalidad 62/2019, la CNDH demandó anular el estatuto “en su integridad por omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio”.

Se dividen policías; unos van por su liquidación

Cansados de reuniones entre sus representantes y funcionarios sin llegar a propuestas que los satisfagan, un par de centenares de policías federales rebeldes se han mantenido en el Centro de Mando de Iztapalapa, Contel, y piden ser indemnizados como punto básico de sus exigencias. La petición aborda la salida laboral que el gobierno ya ha abierto, pues instruyó a Hacienda y a la Secretaría del Trabajo a establecer mesas para dar la salida vía liquidación, aunque también se les mandó el mensaje a los inconformes de que el gobierno federal no quiere que se queden sin empleo.

Las primeras muestras de división interna entre los federales rebeldes se dieron desde hace un par de días, pero ahora es evidente que hay quienes quieren mantener sus prestaciones al saltar a la Guardia y hay otro sector que está buscando recibir la mejor liquidación posible. Los federales representantes ante las autoridades sufren continuamente por esta situación, ya que las solicitudes de destitución aparecen cotidianamente.

Una parte de los federales rebeldes han pedido dejar claro que no se trata de una liquidación en sí, (es decir, que se les paguen los adeudos y partes proporcionales de sus prestaciones), sino que se trate de una indemnización por la desaparición de su fuente de trabajo, la Policía Federal.

Los enviados a las reuniones sostenidas con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre ellos Luis Ojeda, mencionaron que en los próximos días se iba a realizar una especie de feria del empleo en las instalaciones del Contel y aseguro que “las autoridades no quieren que ningún integrante de la Policía Federal pierda su trabajo, lo que piden las autoridades es que lejos de que los inconformes opten por ser liquidados.Tomen como mejor opción enlistarse en otra dependencia del gobierno de las opciones dadas”. 

Entre las divisiones de la corporación ofrecidas a los inconformes están: Áreas de Protección Federal, Aduanas, Migración, Unidad Antisecuestros, Unidad de Búsqueda, Medidas Cautelares, Sistema Nacional de Seguridad Pública o Sistema Penitenciario.

El vocero de los agentes indicó que la demanda de pasar a la Guardia con todas las prestaciones que tenían en PF es inviable y que era mejor pensar en las opciones para integrarse a otra área de seguridad. La división al interior del grupo de inconformes se hizo patente al escuchar esto e incluso hubo quien pidió remover al grupo de representantes que habían traído estas noticias.

Alternativamente, el gobierno federal ofrece que quienes no pasaron los exámenes de ingreso a la Guardia Nacional o que no deseen pertenecer a ella, pueden pedir su incorporación a cualquiera de las áreas regionales, científicas, antidrogas, de investigación e inteligencia. Son las áreas que se incorporarán tardíamente a la Guardia, en diciembre a más tardar, según un cronograma al que Crónica tuvo acceso.

En las mesas de negociación, siempre según los voceros de los federales rebeldes, se ofreció girar instrucciones a los mandos militares de la Guardia para que los policías sean tratados de manera imparcial, y que las condiciones laborales sean las mismas para los exmiembros de la Policía Federal que para los militares.

De igual forma, se instalarán 32 mesas de trabajo, una por estado, para que los elementos en el interior del país puedan solicitar la información detallada de los avances en las negociaciones.

Piden que a quienes se integren a las distintas dependencias de gobierno se les ofrezca el respeto a su antigüedad, servicio social, sus prestaciones y su plaza permanente y que se les respete el salario que se les da actualmente como elementos de la Policía Federal.

Sin embargo, dijeron que las propuestas del gobierno son muy similares a las que ya se les habían hecho, por lo que mantendrán las reuniones para exigir que se les dé, de ser el caso, un retiro digno en el que no exigen una liquidación sino una indemnización.

Comen con $48 al día mujeres en refugio

El gobierno federal designa sólo 48.5 pesos diarios para atender a cada una de las 25 mil mujeres que se encuentran en los refugios contra la violencia, cuando el costo real es de 800 pesos por cada una al día, de acuerdo con información de la Red Nacional de Refugios (RNR).

El lunes, el gobierno asignó una partida de 293 millones 804 mil 62 pesos para cubrir por ocho meses de servicios en estos centros, sin embargo, la cantidad resulta insuficiente.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) reconoció que una mujer o niño atendidos en los refugios y centros tiene un costo de 800 pesos al día, con lo que se cubren las tres comidas diarias y dos colaciones que reciben, más la nutrióloga que requieren para equilibrar su dieta.

Esto significa que cada una de las personas atendidas requiere, en ocho meses 193 mil 600 pesos, por lo que el presupuesto otorgado queda muy por debajo del necesario para la atención completa.

Sin embargo, si hablamos de los 293 millones 804 mil 62 pesos, divididos entre las 25 mil personas que requieren atención, entonces el monto es de 11 mil 752.1 pesos lo que se estaría otorgando por persona en ese periodo.

Es decir, para cubrir la atención completa de una persona durante un año, bajo el cálculo de Figueroa, se necesitan 193 mil 600, por lo que faltarían 181 mil 847.9 pesos.

“El tema de violencia para las mujeres no son suficientes los recursos porque requieren una atención especializada y recibir cirugías, tratamientos médicos, y al hacer un cálculo, no hay recursos suficientes para reparar las secuelas de la violencia, pero si haremos una optimización de este recurso”, afirmó.

También explicó que en los 45 refugios y 24 centros de atención externo (espacios temporales que ofrece servicios de protección, alojamiento y atención, a mujeres, sus hijas e hijos que viven en situación de violencia familiar o de género extrema), requieren para su funcionamiento entre tres y seis millones de pesos anuales, dependiendo la región en la que se encuentren, la capacidad instalada que tenga, y el personal autorizado.

Reconoció que en los seis meses que no recibieron recursos dejaron de dar atención, dos refugios y dos centros de atención externos, ubicados en Guanajuato y Puebla, respectivamente, y en otros se afectaron algunos servicios.

“Hasta hoy se atiende de la misma manera con la misma calidad a las mujeres, pero con limitaciones. En lugar de dar cuatro terapias, se pueden dar dos terapias en las terapias; en lugar de dar cinco talleres de autogestión económica, solamente das uno. Pero la atención médica, psicológica y jurídica se sigue dando con compromiso”.

Reconoció que año cada año trabajan así, con recursos insuficientes, sin embargo, lo que ha distinguido a esta de la anterior administración es el retraso de seis meses en liberar el presupuesto.

“Los anteriores gobiernos y este han demostrado que las mujeres no somos prioridad en su agenda política, y realmente se priorizan procesos burocráticos y administrativos más allá de los derechos humanos”.

Por su parte, Sofía Granados, subdirectora de información de la Secretaría de Salud, aseguró que en esta administración no se redujo el presupuesto a los refugios, sólo se postergó el pago seis meses.

Por Elena Soto

Arranca Gobierno liquidación de la PF; rebeldes negocian

En los avances de la mesa de diálogo entre autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policías federales que se rehúsan a adherirse a la Guardia Nacional, representantes del Gobierno federal instaron a los uniformados a enlistarse a alguna de las opciones para seguir laborando en vez de pedir liquidación.

Dichas opciones son Protección Federal, Aduanas, Migración, Unidad Antisecuestros, Unidad de Búsquedas, Medidas Cautelares, Sistema Nacional de Seguridad Pública o Sistema Penitenciario, las cuales se ofrecerán en la oficina de transición, donde se ofrecerá información de carácter jurídico.

Dichas mesas fueron instaladas para liquidar en un plazo de 18 meses a la Policía Federal e integrarla a la Guardia.

Ayer, autoridades federales indicaron que respetarán salarios, antigüedad y prestaciones sociales. Sin embargo, dejaron en claro que el bono de operatividad se cancela, pues no es una prestación.

En el tercer día de protestas en el que federales mantienen tomado el Centro de Mando y Control en Iztapalapa, los elementos de la Policía Federal (PF) dijeron que las propuestas son muy similares a las que ya les habían hecho, por ello exigieron en la mesa de trabajo una indemnización y no una liquidación.

En entrevista con La Razón, el abogado y presidente de la organización Ciudadanos Uniformados, Iván Chávez, informó que “el fondo del conflicto es que en el acuerdo del 28 de junio, emitido por el Presidente de la República, no se plasmó que los agentes iban a seguir con sus mismas prestaciones; ése es el meollo del asunto”.

Dijo que hasta el momento la incertidumbre jurídica es la que tiene a los elementos en la protesta dentro de las instalaciones; además, aseguró que la manifestación ya está divida entre los que quieren entrar a la Guardia Nacional y los que quieren su liquidación en términos de una indemnización. “Que se les paguen 20 días de salario por año de servicio, más sus 12 años de prima de antigüedad, más el finiquito que en derecho corresponda. En renuncia voluntaria sólo tienen derecho a finiquito”.

Aseveró que los agentes que quieran continuar deben entrar a un proceso de evaluaciones y, en caso de reprobar, tienen que adherirse a una de las opciones que brinda el Gobierno federal.

“Ellos piden pasar a esas opciones con sus prestaciones y con el bono de riesgo de nueve mil pesos al mes; el cual ya se quitó”.

En un recorrido por las instalaciones de la PF en Iztapalapa se pudo comprobar que sí hay división entre los elementos, debido a que los representantes pidieron que no se hable con nadie externo para que no haya filtraciones. “Pues nos dijeron que ya no digamos nada porque los representantes son los únicos autorizados, aunque ellos mismos no especifican si habrá solución, ni si hay aumento; no hay certeza”, explicó Armando “N”, quien lleva siete años en la corporación y dos días acampando en la explanada del lugar.

“Yo ni siquiera pasé el examen de la Guardia Nacional, porque estoy gordo y tengo 47 años. Si me voy a otra corporación no sé qué vaya a pasar después de los 18 meses en que se concluye el proceso. No sé si me bajan el sueldo o me corran después”, dijo el comandante Olmos, con 12 años de servicio.

Además, los elementos aseguraron que los compañeros que ya se encuentran en la GN han sido maltratados, humillados y señalados por los militares, ya que, dicen, buscan hartarlos para que abandonen la institución.

El Dato: El Presidente acusó que en las protestas había “mano negra”, pues dijo que había injerencia de exfuncionarios, lo que los uniformados negaron.

“Se dice que los quieren reventar porque se burlan de ellos, les dicen que no hay lujos, hoteles o comida como a lo que están acostumbrados, además de que se burlan porque les dicen que acá se duerme en el suelo y se come lo que hay”, acotó Pedro “N”, quien sólo espera su indemnización para regresarse a Veracruz, de donde es originario.

Félix, Alfredo y Cornelio dijeron que aún no saben en qué van a trabajar en el futuro, pero aseguraron que en la PF ya no hay futuro.

“De hambre no nos vamos a morir; aparte, nos costó estudiar la licenciatura para terminar trabajando, con todo respeto, con elementos que tienen menos grado de estudios”, coincidieron.

Tras no llegar a ningún acuerdo, los elementos de la PF y las autoridades pactaron retomar las conversaciones hoy a las 10:30 de la mañana.

Piden nombre y cargo de efectivos en protestas

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), solicitó a través de un oficio los nombres y cargos de los agentes federales que participaron en las movilizaciones por la transferencia a la Guardia Nacional.

En el documento firmado el 4 de julio por el director general, Enrique Ortiz Torres, se pide de “manera pormenorizada” a los encargados de despacho y coordinadores estatales de la División de Seguridad Regional, “que si el personal adscrito participó o participa en las manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México o estados”, informen quiénes fueron.

Además, pidió una relación de todo el personal que haya faltado los días 3 y 4 de julio, señalando nombre y cargo. Así como de quienes hayan abandonado su comisión o área de trabajo durante ese periodo.

Y adelantó que revisará “si derivado de las manifestaciones surgió un incidente relacionado con vehículos, instalaciones o bienes de la institución del que se desprenda algún daño o perjuicio”. 

Ejército repartirá los libros de texto; se utilizará red de Diconsa

Alejandro Suárez, Gabriela Jiménez y Rafael Ramírez | El sol de México

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) dispondrá de las redes de distribución de Seguridad Alimentario Mexicana (Segalmex), antes Diconsa, y de la Secretaría de la Defensa Nacional para repartir los libros que le faltan, aseguró Miguel Antonio Meza Estrada, titular del organismo. Y explicó que sólo han distribuido 60 de 174 millones de libros que deben estar disponibles en las escuelas a partir del 26 de agosto.

El Sol de México publicó ayer que los estados preparan estrategias didácticas para enfrentar el retraso, como en Guanajuato, donde trabajan en una guía electrónica con los programas de estudio oficiales.

“Está bien, creo que son decisiones oportunas que se están tomando en un momento difícil”, dijo Meza Estrada, quien incluso pidió que en caso de que al arranque del ciclo escolar alguna escuela no tenga libros, haga la denuncia a alguno de los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

La distribución va lenta en comparación con otros años. Hasta ayer había un avance de 38 por ciento, cuando en el mismo periodo 2018, los almacenes de los estados tenían más del 70 por ciento de los paquetes.

Explicó que el gobierno federal es el encargado de producir alrededor de 135 millones de libros correspondientes a preescolar y primaria, mientras que el resto (los de secundaria) los compran a editoriales privadas.

“Tenemos 60 millones de libros en impresión, vamos a comprar alrededor de 40 millones de libros de secundaria”, dijo sobre los ejemplares pendientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es “muy probable” que se entreguen los libros de texto antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, luego de que en algunos estados los delegados de educación revelaron su preocupación de que no llegarán a tiempo los materiales de estudio.

“Espérense porque todavía falta tiempo y el gobierno es eficiente, porque pues sí, encontramos un elefante echado, reumático y mañoso, pero ya lo pusimos de pie y ya lo empezamos a empujar.

Es muy probable que estén los libros a tiempo”, afirmó el mandatario. López Obrador le quitó la palabra al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma: “Yo le contesto” a El Sol de México .

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal (Morena), consideró el libro de texto escolar es un apoyo importante, “pero no es la única herramienta a partir de la cual los maestros fundamenten todos sus trabajos, ni tampoco los niños”.

Y destacó que si no llegan los libros no significa que los docentes “no puedan trabajar”.

Piña Bernal garantizó que las leyes secundarias a los ajustes en la reforma educativa que impulsó este gobierno estarán listas antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

Revelan lista oficial de libros de secundaria para el ciclo escolar 2019-2020

“Vamos muy bien, vamos recibiendo propuestas de profesores, de organizaciones, de alumnos, de padres de familia; hemos estado durante esta semana, la Comisión de Educación, reuniéndonos con diferentes actores”

Recordó que se tuvieron tres audiencias públicas, una en la Camara del Senado y otra en la de Diputados y adelantó en entrevista con este diario que se tendrá una segunda etapa de audiencias para formular el borrador de las iniciativas que integren todos los puntos de vista.

Giran orden de captura contra Emilio Lozoya y tres de sus familiares

Un juez federal con sede en la Ciudad de México libró una orden de captura en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tres de sus familiares y de una empresaria de bienes raíces: Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Margarita Austin (madre), Gilda Susana Lozoya (hermana) y Nelly Maritza Aguilera Concha.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el libramiento de este mandamiento judicial, pero no informó los delitos imputados, aunque específicó que se relacionan con las investigaciones por la presunta entrega de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya, para que los beneficiara con contratos.

Tras darse a conocer el libramiento de las órdenes de captura, la defensa de Emilio Lozoya presentó una solicitud de amparo antes jueces federales para que informen al ex funcionario de los delitos que se le imputan a él y a su familiares y pueda tener acceso al expediente que judicializó la FGR.

El abogado Javier Coello Trejo informó que el recurso se presentó sólo en favor de Emilio Lozoya a fin de tener acceso al expediente y conocer las disputaciones una vez que el Ministerio Publico de la Federación rinda su informe justificado.

Mandos de la FGR señalaron que es posible que se haya obtenido la orden de captura por delincuencia organizada, delito que no permitiría la libertad bajo fianza.

La Fiscalía se anota acierto

Lo anterior, con base en lo señalado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el pasado 6 de mayo, quien al cumplir 100 días al frente la institución ministerial, señaló: Este caso, tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República en 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado; razón por la cual la fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en información reciente, y en un plazo de 60 días, se habrá de empezar a judicializar bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad por delincuencia organizada.

Emilio Lozoya Austin ya tiene dos órdenes de captura y ficha roja con la Interpol.Foto Roberto García Ortiz

Con anterioridad, se ordenó la aprehensión del ex funcionario por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dinero que habría obtenido con la compra que hizo Pemex de la empresa Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, compañía que fue adquirida con un sobreprecio de más de 200 millones de pesos.

Ayer, la FGR dio a conocer que solicitó la colaboración de la Interpol y por ello se emitió la correspondiente ficha roja para que policías de 180 naciones colaboren en la localización y detención de Lozoya Austin, sus familiares y la empresaria inmobiliaria.

La fiscalía indicó que este caso inició en enero de 2017 durante dos años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

De acuerdo con información de la FGR, en el último año se concretó la entrega de información financiera de instituciones bancarias con sede en Suiza y hace dos meses se llevaron a cabo interrogatorios a integrantes de la empresa Odebrecht que estuvieron relacionados con la presunta entrega de 13 millones de dólares a Lozoya Austin, y con ello se fortaleció la carpeta de investigación. Este asunto ha sido uno de los casos de corrupción de mayor impacto internacional, ya que funcionarios de al menos 12 naciones recibieron sobornos para beneficiar a la petrolera brasileña. En México es la primera imputación que las autoridades realizan de manera penal en el tema.

A Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, también se le investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de sobornos relacionados con la compra de Agro Nitrogenados. En cuanto a Gilda Susana existe otro mandamiento judicial en su contra por lavado de dinero, vinculado con Agro Nitrogenados.

Hay subejercicio en salud y educación; reporte de Hacienda de enero a mayo.

Programa de vacunación solamente recibió 142.1 millones de pesos de 370.5 que le fueron asignados

Al programa para la producción y distribución de libros y materiales educativos únicamente se le entregaron 95.3 millones de los 231.8 etiquetados para los primeros cinco meses del año.

Vanessa Alemán e Iván E. Saldaña

CIUDAD DE MÉXICO.

En los primeros cinco meses del año (enero-mayo) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público privilegió la entrega de recursos públicos etiquetados a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, sin embargo, dejó de entregar recursos a áreas de salud y educación como el programa de vacunación de la Secretaría de Salud que solamente recibió 142.1 millones de pesos de los 370.5 que le fueron asignados para este periodo.

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

‘Mi empeño es lograr una CDMX segura’; entrevista con Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.

La seguridad en la Ciudad de México está garantizada a partir de la colaboración estrecha con el gobierno federal, que ya empezó con el despliegue de 450 elementos de la Guardia Nacional.

Para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la base fundamental de esa cooperación se dará a partir de una plataforma de investigación, análisis e inteligencia para combatir por igual el robo de un teléfono celular y la delincuencia organizada.

En entrevista con Excélsior, explicó que su estrategia de seguridad consta de atender las causas de la criminalidad, aumentar la presencia policial y de gobierno en la ciudad. Además, reforzar las labores de investigación e inteligencia en la Procuraduría y coordinación a nivel federal y local.

Enviaremos el lunes una iniciativa al Congreso local sobre algunos cambios al Código Penal para elevar ciertas penas”, adelantó.

Algunos de los delitos que prevé sean castigados con más severidad son el robo de celular y la reincidencia.

Si no hacemos un trabajo muy importante, incluido presupuestalmente, para que lleguemos a 28 mil policías, más y mejores, difícilmente vamos a lograr la seguridad en la capital”, reconoció.

CLAUDIA SHEINBAUM GARANTIZA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Ya con la Guardia Nacional (GN) en operaciones formales desde ayer en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital del país, en entrevista con Excélsior, dijo que la seguridad aquí está garantizada a partir de una colaboración estrecha con el gobierno federal.

La base fundamental de esa colaboración se basa, aseguró Sheinbaum, en la coordinación de la policía capitalina y la Guardia Nacional, a partir de una plataforma de investigación, análisis e inteligencia para combatir desde el robo de un teléfono celular, hasta la delincuencia organizada que opera en la capital.

Sheinbaum, a diferencia de la administración capitalina anterior, aceptó que aquí sí operan los grupos delincuenciales más peligrosos del país, aunque optó por no darles nombre ni apellido.

Hay grupos delincuenciales en la ciudad, yo creo que más que nombrarlos hay que combatirlos. Podríamos dedicarnos a nombrar a unos y otros. Lo que estamos haciendo es reforzar la inteligencia, vinculada con la inteligencia nacional, de tal manera que podamos atacar desde el robo de (teléfono) celular a la persona que camina en la calle, que va a la escuela, que va a su trabajo, hasta los grupos delincuenciales de más alto poder que existen en la ciudad, porque estamos empeñados en que ésta sea una ciudad segura”.

La jefa de Gobierno mencionó que la estrategia de seguridad de su administración consta de: “Atención de las causas; presencia, policial y de gobierno en toda la ciudad; investigación e inteligencia por parte de la Procuraduría; coordinación a todos niveles con el gobierno federal, entre la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de Gobierno, con los alcaldes y alcaldesas, inclusive con el área de inteligencia del gobierno federal y el área de inteligencia de la Ciudad de México.

La otra parte es que enviaremos el próximo lunes una iniciativa al Congreso local, sobre algunos cambios al Código Penal, para elevar ciertas penas, como el tema de robo de (teléfono) celular, que en realidad es un objeto que es casi un robo de identidad. También la reincidencia, esto que le llaman la puerta giratoria, no puede ser que llegue una vez y otra y otra y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio le da al Ministerio Público, inclusive al juez, la posibilidad de que no entre a la cárcel y que haya otras medidas por cumplir. Está bien que exista eso para una persona que delinque una vez, dos veces, pero tres, cuatro, cinco, ya tiene que castigarse la reincidencia”.

La jefa de Gobierno llegó a la entrevista a las instalaciones de Grupo Imagenluego de participar en el inicio de operaciones de la GN en la ciudad.

Sobre este hecho, Sheinbaum mencionó que habitantes de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa –donde abrió operaciones la GN–, están muy contentos de que llegara ahí. Esa colonia, explicó, es la de mayor población y más elevados índices delincuenciales de esa alcaldía.

La gente estaba contenta porque la volteamos a ver y nos pidió que no fuera solamente hoy, que la presencia de la Guardia Nacional fuera permanente y vamos a atacar a los grupos delincuenciales que ahí operan”, comentó.

De entrada operan 450 efectivos de la GN en la ciudad, para llegar paulatinamente a dos mil 700, que se desplegarán en Gustavo A. Madero, V. Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y una parte de Xochimilco.

Se tomó esta decisión, dijo, “primero por los índices delictivos, que sabemos dónde están; y segundo, para blindar esta parte de la ciudad porque colinda con varios municipios del Estado de México y Morelos que van a tener Guardia Nacional. Y conforme vaya creciendo la presencia de la Guardia Nacional en el país y vayan incorporándose nuevos elementos estaremos en coordinación para ver si son necesarios más y al mismo tiempo iremos preparando a los policías. Por lo pronto, la Guardia Nacional va a estar en estas alcaldías y va a ayudar en operativos en la ciudad”.

En el espacio informativo de Yuriria Sierra, Sheinbaum destacó la asistencia de Martín Salvador Morfín, comandante de la Guardia Nacional, a las juntas de Gabinete y por ende la coordinación entre la GN y su gobierno.

La doctora Sheinbaum dijo que aunque llegó al gobierno en diciembre pasado con una estrategia de seguridad, que ha tenido avances, las circunstancias de mayo “nos hicieron reforzarla”; y esto consiste “en cambios profundos, de fondo, cambios estructurales”.

En entrevista con Francisco Zea, Sheinbaum señaló que durante varias administraciones se abandonó a la Policía, estaban mal pagados y poco capacitados y había colusión de mandos con el crimen organizado. Por eso, declaró, se tomó la decisión de cambiar a algunos jefes policiacos, “y este cambio nos hizo ver que requeríamos un reforzamiento de la estrategia”.

Cuando llegamos, la Policía era de las peor pagadas del país, aun cuando en 2012 era de las mejor pagadas. A partir de mayo incrementamos los salarios, retroactivos a partir de enero, en casi 10 por ciento, cinco por ciento arriba de la inflación, y lo haremos cada año”.

Como parte de la estrategia de seguridad, la Ciudad de México fue dividida en 847 cuadrantes con el objetivo de que la Policía tenga una distribución territorial. “Cada uno tiene tres jefes por turno y cada jefe de cuadrante gana tres mil pesos más. Esto fue lo que hicimos, pero nos dimos cuenta de que había que reforzar más, entonces cambiamos al mando de operación policial por una persona mucho más activa, que conoce la ciudad y por otro lado, en la Procuraduría incorporamos a un nuevo jefe de policía de investigación”, dijo.

Mencionó que está en marcha el programa Sí al Desarme, sí a la Paz, que desarrolla con el Ejército y la Iglesia católica.

Vamos a distintas iglesias; ahí se informa a la población que se va a dar dinero por armas. Hemos recuperado tres mil 500, muchas de ellas armas largas. El tema aquí no es llevar a un delincuente a la cárcel, sino lograr la paz en la ciudad y eso tiene que ver con los derechos, con que haya menos armas en las calles”, concluyó.

 Durazo supone nexo y Calderón refuta la “cobarde insinuación”

En el segundo día de protestas de la Policía Federal, con bloqueos viales y movilizaciones en Ciudad de México y cuatro entidades más, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, supuso que detrás de los inconformes está el ex presidente Felipe Calderón, por lo que éste negó la “cobarde insinuación”. En medio del desconocimiento de algunos efectivos, los representantes de la PF y de la SSP alcanzaron los primeros acuerdos tras varias horas de negociación; entre ellos, mantener a los uniformados que decidan no incorporarse a la Guardia Nacional en otras áreas del gobierno e indemnizar a quienes así lo deseen. 

La jornada comenzó con el Centro de Control tomado por efectivos, quienes con credenciales en mano respondieron a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “hay mano negra” en este conflicto e invitaron a Calderón a ser su representante sindical. Los federales y sus familiares volvieron a bloquear Anillo Periférico, entre los ejes 5 y 6 Sur, de oriente a sur, y de manera intermitente las autopistas México-Pachuca, a la altura de Lerdo de Tejada, en Ecatepec, y México-Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan. La mesa de diálogo se reanudaba cuando Durazo subió el tono de sus declaraciones. Aseguró que las manifestaciones son aprovechadas por grupos críticos al gobierno y “no es casual que uno de los inconformes pidiera que Calderón fuera su representante sindical”.

 En conferencia llamó a los inconformes al diálogo, aunque resaltó que su movimiento “no tiene razón de ser”; también les pidió que regresaran las armas de cargo y los vehículos mientras no estén en activo. Durazo aclaró que no hay marcha atrás en cuanto a la extinción de la PF y que no existe margen para cambiar los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional. Con voz alta y dando golpes en el atril, sentenció que el gobierno federal no caerán en el juego de quien quiere desacreditar a la nueva corporación. 

“Los ahora solidarios con la PF no hicieron en su tiempo su parte, no voy a dar nombres, pero no lo hicieron, si no la corporación no estuviera en esas condiciones. A quienes la defienden, les pregunto, ¿si fuese un cuerpo suficiente y adecuado no estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos?, así de elemental”. 

Acusó también que uno de los líderes de los uniformados, Ignacio Benavente Torres, de la Asociación Pro libertad y Derechos Humanos en América, es un ex presidiario acusado de secuestro, a lo que el activista respondió que busca desviar la atención de las demandas de los efectivos. Por la tarde, en un video publicado en Twitter, 

Calderón salió al paso de lo que llamó “la cobarde insinuación” de Durazo y exigió que presente pruebas o “retire de inmediato las calumnias”. También declinó la oferta de ser el representante sindical de los policías, pues su nombre, “más que ayudarles, les perjudicaría”, ya que en esta administración “gobiernan los prejuicios, complejos, inseguridades y miedos”. Dijo que las protestas de los policías tienen un problema de forma y fondo y llamó a López Obrador y a Durazo a escuchar a los elementos para explicarles cuál es el papel que tendrán dentro del nuevo plan de seguridad. Más tarde, en entrevista con Azucena Uresti en radio Fórmula, el secretario indicó que “supuso” el nexo del ex presidente porque uno de los representantes de los uniformados lo propuso como líder sindical: 

“Eso me permite suponer una cercanía entre esos inconformes y Calderón y eso fue lo que dije esta mañana”. En tanto, 25 elementos de la Gendarmería, en Coatzacoalcos, Veracruz, manifestaron su rechazo a su integración a la Guardia y comisionados al Instituto Nacional de Migración en Acayucan dijeron estar bajo el mando del Ejército. 

En Querétaro, Chiapas y Oaxaca también se reportaron movilizaciones de agentes en respuesta a la convocatoria de paro nacional. Como parte de los acuerdos están opciones de continuidad laboral en diferentes áreas del gobierno y que quienes deseen su indemnización se fijará el próximo sábado junto con integrantes de las secretarías de Hacienda y del Trabajo. Luego de varias horas de negociación con el subsecretario de Seguridad Ciudadana, 

Ricardo Mejía, se les informó que a partir del 1 de julio “ya no se va a pagar el bono de operatividad”, fijado en 9 mil 800 pesos y que en la última modificación presupuestaria bajó a 8 mil 200 pesos. Con información de: Verónica Díaz, Israel Navarro, Francisco Mejía, Estrella Álvarez, Abraham Jiménez, y Óscar Rodríguez. 

Con el actual INE eliminar los OPLES traería gastos, no ahorros: San Martín

Pamela San Martín, consejera ciudadana del INE, advierte que vacíos que se dejaron en 2014 fueron legales, no constitucionales.

Pamela San Martín, consejera ciudadana del INE, indica en entrevista con Crónica que antes de que se plantee una nueva reforma electoral, debería haber claridad respecto a lo que se está buscando, y hasta ahora la iniciativa más amplia, proveniente de la mayoría legislativa morenista, tiene por premisa simplemente la austeridad.

Para San Martín, “el espectro electoral no debe quedar fuera de la exigencia social de que el gasto público sea lo más austero posible”, pero sostiene que colocar en la mesa la transferencia de actividades de los institutos electorales de los estados al INE no implicaría ahorros, pues este último debería reestructurarse a fondo para cumplir esas funciones.

—¿Necesariamente, y no de otra forma, es una reingeniería de este órgano electoral?, se le pregunta.

“El Instituto Nacional Electoral, definitivamente, no puede realizar las funciones de los OPLES, que tienen tareas muy específicas y este instituto, así como está, carece de condiciones para asumir lo que hacen esos organismos locales, por principio, elecciones estatales y municipales.

El pasado 7 de marzo, el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó su iniciativa, por la que se modifican los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución en materia de austeridad republicana y austeridad electoral.

En ésta, el legislador pone el ojo en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y alude al presupuesto 2018 por 14 mil millones de pesos para su sostenimiento y la organización de 24 elecciones. Ya no es un secreto que las OPLES son uno de los blancos para generar ahorros y que parte de sus atribuciones recaerían en el INE.

En su oficina, San Martín explica: “La desaparición de los OPLES puede ser una propuesta absolutamente válida, absolutamente viable, pero no con la estructura actual del Instituto Nacional Electoral. Es decir, llevar a cabo esa modificación que se está planteando tendría impactos en la estructura actual del INE y esto implicaría costos en el funcionamiento de este órgano”.

Así, adaptar al INE para cumplir esta idea tendría el efecto contrario a lo que busca la iniciativa morenista: habría gastos y no economías. “Por eso yo insisto en que vayamos un paso atrás, ¿qué buscamos modificar?, ¿dónde está el problema que queremos resolver?

—La iniciativa de Gutiérrez Luna alude también a atribuciones que le fueron asignadas al INE en la reforma electoral de 2014, que eran tareas de los OPLES —se le señala a la consejera.

—Estos entes se encargan del proceso de selección de las candidaturas. No es lo mismo a nivel local que a nivel federal; tenemos muchísimos más candidaturas a nivel local, existe un conjunto de municipios en los que no se registra una persona, sino planillas. Además, hay algunas partes no se rigen por partidos, lo hacen por un sistema de usos y costumbres —advierte la consejera— también dentro de las funciones de los OPLES está el cómputo del voto por voto o casilla por casilla a nivel local. Eso no lo hace el INE. Si se pretende que lo haga el instituto nacional, pues está bien, pero nada más que necesitamos modificaciones estructurales. Si me preguntan a mí, soy partidaria de que lo haga el INE, pero no este INE.

—¿Qué aspectos pueden tratarse como sustanciales de una reforma electoral?

—Las capacidades de las instituciones para la mejor fiscalización de los recursos en los estados. Creo que es un tema que vale la pena destacar; desde 2007 se espera una ley secundaria que tiene que ver con la prohibición de que haya promoción personalizada de la propaganda gubernamental, esto ha llevado a que haya excesos en uso de recursos de los partidos, porque el efecto que se busca es el acceso al poder. Cuando buscamos frenar eso, el Tribunal Federal Electoral dijo que no teníamos competencia para hacerlo, que era tarea del legislativo.

La discusión sobre las iniciativas permite evidenciar lo que hace falta, pero insisto: ¿qué buscamos?

Pamela San Martín advierte que los vacíos que se dejaron en 2014 fueron legales, no constitucionales. Y habla de una Ley General de Procedimientos Electorales, que debiera dar normas locales y federales, porque ahora lo que se tiene como marco es una Ley Federal, “es de lo que se tiene que mejorar”, precisa.

—Y están las demás actividades del día a día que el INE ya tiene, ¿no?

—Hay actividades permanentes que tiene el Instituto ¿cada seis años se te pierde la credencial de elector? ¿Los partidos reciben presupuesto cada seis años?. Hay actividades permanentes del instituto, como la fiscalización de los recursos a los partidos. Por supuesto, la credencialización de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. También la verificación de los promocionales de los partidos políticos y autoridades en radio y televisión permanente todos los días de todos los años.

San Martín agrega que la estandarización de la calidad de los procesos electorales requiere del trabajo diario en el caso del INE, por lo que insiste “precisamente lo que el IFE le heredó al INE fue la profesionalización de su personal, en cada de los 300 distritos del país, trabajadores que ingresaron a partir de un concurso y que están en constante capacitación”.

Y destaca los logros: “En los últimos 25 años hemos tenido avances en elecciones en contextos de violencia y en contextos de intereses de personas que quieren vincularse con cargos de elección popular”, puntualiza Pamela San Martín.

FCH y plagiario son ‘mano negra en PF’

Una persona sentenciada por secuestro y el ex presidente Felipe Calderón fueron señalados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como los agitadores en las protestas de policías federales, quienes se niegan a integrarse a la Guardia Nacional.

“Es el señor, Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América, AC, organización ubicada en Tijuana. Fue sentenciado por secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el Cefereso número 3”, afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario recordó que Benavente involucró a un expresidente con la inconformidad de los policías y por la cual han realizado bloqueos en diferentes partes del país.

“No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes (Ignacio Benavente Torres) de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”, expuso.

Horas más tarde, Benavente Torres, se presentó en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, en la alcaldía de Iztapalapa, y afirmó que se está utilizando a su persona para distraer la atención de la problemática de los policías.

“Desgraciadamente el Secretario de Seguridad Pública Federal (sic), con información superflua me ataca y me agrede y trata de desvirtuar una situación que es muy sencilla de resolver”, afirmó.

Benavente admitió que estuvo en la cárcel y aclaró que no es policía federal, pero que acompaña cualquier lucha por la defensa de los derechos. Aseguró que fue encarcelado injustamente y al salir de prisión hizo una organización; actualmente asesora a un grupo de policías, ninguno en la mesa de negociación oficial.

Quien también respondió a las acusaciones de Durazo fue el expresidente Felipe Calderón, quien declinó la solicitud de los policías para que los representara legalmente.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales”, dijo el expresidente en un video en redes sociales.

Calderón exigió al presidente y al secretario Durazo que exhíban pruebas de su participación y actúen en consecuencia o, si no, que se retracten.

“Si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias, tengo gran admiración y respeto, un gran sentimiento de gratitud por los policías federales, como lo tengo por los soldados y los marinos de México”, sostuvo.

OFRECEN OPCIONES

Alfonso Durazo afirmó que a los policías no se les va a despedir y que tienen oportunidades en la Guardia Nacional, si es de su interés, o en 10 alternativas.

Las opciones son el Servicio de Protección Federal, el Sistema Penitenciario, la Comisión Nacional Antisecuestros, la Dirección General de Seguridad Privada, la Unidad de Medidas Cautelares, Protección Civil, el INM, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comar, la Administración de Aduanas y otras divisiones de la PF.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó realizar una “investigación a fondo” contra actos de corrupción de la Policía Federal (PF).

Por Paris Salazar y Manuel Durán

Crisis en PF: se abre frente político… y policías se dividen

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), acusó que los gobiernos de los últimos dos sexenios abandonaron a la Policía Federal (PF) y que uno de los exmandatarios que defiende a la corporación no hizo nada para rescatarla, sin mencionar expresamente a Felipe Calderón.

“No en vano hace más de 12 años el entonces Gobierno de la República tomó la decisión de sacar al Ejército y a la Marina a la calle para contener al crimen organizado ante la debilidad de las policías municipales y la insuficiencia de la PF.

En aquel entonces la justificación fue ésa y se dijo que se darían 10 años para el fortlecimiento de la Policía Federal y las municipales, y ambas fueron abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos presidentes se rasga ahora las vestiduras por defenderla, cuando pudo hacerlo siendo mandatario federal”.

En conferencia de prensa, el funcionario planteó que las protestas de efectivos por su incorporación a la Guardia Nacional, que ayer cumplieron dos días, son “un movimiento sin razón” y con intereses atrás; además, añadió que, “no es casual que un representante de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical”.

Durazo se refirió a la petición que hizo por la mañana un representante y que más tarde declinó el expresidente, debido a que, dijo, más que ayudarlos, los perjudicaría.

A decir del secretario, es evidente el activismo de políticos pretendiendo sacar raja del tránsito de la PF a la GN, pero insistió en lo que éstos no hicieron cuando estuvieron en el poder.

“Los ahora solidarios con la PF no hicieron en su tiempo su parte, no voy a dar nombres, pero no lo hicieron, si no, la Policía no estuviera en esas condiciones. Ahora, a quienes la defienden y a ustedes mismos (representantes de los medios de comunicación) les pregunto, ¿si fuese la corporación un cuerpo suficiente y adecuado estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos?. Así de elemental, así de sencillo.

“Y on esa realidad tenemos que enfrentarnos y no podemos caer en el jueguito de quienes quieren provocarnos, señalándonos como quienes abandonamos a la Policía Federal. Ojalá no la hubiesen abandonado, porque si hubiesen hecho lo que les correspondía, no habría sido necesario crear la Guardia Nacional”, expuso Durazo en torno a la nueva corporación que arrancó su despliegue en todo el país el pasado 30 de junio.

Más tarde, a través de un video que difundió en redes sociales, el expanista Calderón Hiojosa calificó como una “cobarde insinuación” señalar que está detrás de las protestas y le exigió a Durazo presentar pruebas.

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que he organizado o estoy atrás de las protestas, en particular al Presidente (Andrés Manuel López Obrador), pero específicamente, al secretario (Alfonso) Durazo, les exijo que si tienen pruebas las presenten y actúen en consecuencia, y si no las tienen retiren de inmediato esas calumnias”.

También pidió dejar de lado las confrontaciones y atender a los perjudicados, en referencia a quienes acusan que le están quitando sus prestaciones.

“Señor Presidente, señor secretario, escuchen a los policías, dejen de escucharse a ustedes mismos, y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad”, aseveró.

Durazo reiteró que no hay marcha atrás para modificar las condiciones para los agentes de la PF, y para quienes no pasen los exámenes o no quieran integrarse a la Guardia precisó que podrán solicitar su transferencia a otras áreas, como la Comisión Nacional Antisecuestros; y recordó que es injustificable el pago del bono de viáticos (que asciende a nueve mil 800 pesos , cada 25 días laborados), pues ya no deberán desplazarse, ya que su operación será permanente.Familiares de efectivos se sumaron a las protestas por la incertidumbre laboral en torno a la integración a la Guardia Nacional.

Por la mañana, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los principales dirigentes de las manifestaciones “no trabajan en la Policía Federal”, sino que pertenecen a organizaciones de otro tipo, y adelantó que se abrirá una investigación a fondo y se darán a conocer las denuncias por corrupción en la corporación.

La adquisición de un sistema de inteligencia, conocido como “Rodolfo”, comprado a sobreprecio en 2015 (se pagaron dos mil 458 millones de pesos, una cuarta parte más de su valor real), fue el motivo de una denuncia administrativa y otra penal que se interpondrá penalmente, precisó Durazo.

A ello se suma que Ignacio Benavente Torres, uno de los líderes del movimiento, tiene antecedentes penales, pues cumplió una sentencia por el delito de secuestro.

Con información de Magali Juárez

Escuelas usarán web ante la falta de libros

IGNACIO RAMÍREZ | El Sol de León Y ALEJANDRO SUÁREZ | El Sol de México

LEÓN, GTO.- Ante el retraso en la entrega de libros de texto gratuitos, en las entidades ya prepararan el plan B para garantizar el arranque del ciclo escolar 2019-2020 el próximo 26 de agosto. Se trata de una guía digital para maestros, la cual tendrá los contenidos oficiales de la Secretaría de Educación Pública.

El delegado de León, Guanajuato, de la Secretaría de Educación estatal, Fernando Trujillo Jiménez, afirmó que hay incertidumbre sobre si los libros llegarán para el 26 de agosto (día del comienzo del ciclo escolar), por lo cual los docentes usarán la guía digital en lo que llegan los libros de texto gratuitos.

Dichas guías pueden diseñarse desde ahora debido a que los contenidos curriculares para el ciclo 2019-2020 son los mismos de la reforma de Enrique Peña Nieto, ya que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo su propia reforma, ésta sigue sin tener modelo educativo, ni planes de estudio y mucho menos propuesta de libros.

CANCELACIONES

La necesidad de tener estas guías digitales viene de la tardanza en el proceso de impresión y distribución de los libros, mismo que tiene dos meses debido a que la licitación para la compra de papel se canceló cuatro veces, y una vez que se supo que el ganador era Bio-Pappel, propiedad de Miguel Rincón, compadre del presidente Andrés Manuel López Obrador, se canceló para dar los contratos por adjudicación directa.

Para tener una idea del retraso en el proceso de producción y distribución, al corte de esta semana se han entregado a los estados 35.1 por ciento de los 176 millones de libros, cuando el año pasado a estas fechas ya estaba 71 por ciento de los paquetes en las bodegas de las entidades.

Este retraso coincide con el de la licitación para la compra del papel de impresión, cuyo contrato fue entregado hasta la primera semana de mayo tras polémico fallo donde originalmente se dio el contrato a Bio-Pappel de Miguel Rincón, compadre del presidente.

Tras la renuncia de Bio-Pappel, los contratos por 162 millones de pesos fueron para: Comercializadora Copamex, Grupo Papelero Gabor, Delman Internacional y XC Internacional, esto anunciado a principios de mayo cuando en teoría, ya debía de llevarse al menos una tercera parte de la entrega de los paquetes.

Estarían llegando a las zonas más alejadas seis semanas después del comienzo del ciclo / Foto: Cortesía

Con el papel ya aseguraron, se procedió a buscar al impresor, que debido a la presión del tiempo, se otorgaron contratos a las empresas Compañía Editorial Ultra, Reproducciones Fotomecánicas y Litografía Magno Graf.

Si se toma en cuenta que la distribución a los estados terminaría en la primera semana de septiembre, y de ahí hay otro plazo de entre dos y tres semanas para que lleguen a las escuelas, entonces hablaríamos que estarían llegando a las zonas más alejadas a finales de ese mismo mes, es decir, seis semanas después del comienzo del ciclo escolar.

ERROR PRESIDENCIAL

Para Carlos Ornelas, especialista en temas de educación, cancelar el contrato con Bio-Pappel fue un error del Presidente, ya que atrasó el proceso, mismo que ahora está a marchas forzadas y con pocas posibilidades de terminar antes del 19 de agosto, cuando inicia el nuevo ciclo escolar.

“Están trabajando a marchas forzadas para producir los libros. No hay cambios en los libros de texto, siguen los que ya habían sido aprobados, sólo cambiaron las portadas. En algunas partes, sobre todo en los más lejanos veríamos retrasos, porque al ser tan pesados (los libros) se tiene que hacer vía terrestre. Los estados más lejanos son los que van a tener más rezagos porque en primera instancia los paquetes llegan a las capitales, y de ahí empieza todavía otro reparto”, añadió Ornelas. Según el especialista, esto podría generar la implementación de alternativas innovadoras para no depender tanto del papel o el medio físico del libro.

“Se está hablando de alternativas que pudieran servir para innovar, ya no se puede traducir como Enciclomedia, que eran los libros de textos digitales, pero todo el proyecto se vino al traste por la corrupción. Sí pudiera servir para meter algunas innovaciones, con apoyos a maestros vía en línea, muchos niños tienen tabletas aún en regiones apartadas.

Aunque el especialista admitió que en caso de implementar alguna de estas estrategias, las zonas donde no hay electricidad ni internet, la brecha educativa seguirán ampliándose.

Mexicanos, los que trabajan más y menos ganan en AL

Aunque los trabajadores mexicanos son de los que más horas al año laboran en el mundo, son, a la vez, los que menos ingresos reciben en toda la región.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleados nacionales son de los que menos participan de los ingresos que genera la economía y sólo 34 de cada 100 pesos que se producen en el país van a los salarios de la fuerza laboral, cifra que además se redujo 4.08% en la última década.

México está casi al final de la lista de países de América en distribución de ingresos del Producto Interno Bruto (PIB) a los salarios de los trabajadores, con una tasa de participación de 34.43%, y es superado solamente por Panamá, que registra una cifra de 30.92 por ciento. La media mundial es de 51.4% y la de América Latina, de 50.5 por ciento.

La OIT presentó este jueves el informe “Participación y distribución del ingreso global del trabajo”, en el que se revela que 10% de los trabajadores que más ganan percibe en conjunto 48.9% de toda la remuneración mundial.

La distribución de los ingresos de la economía global a la fuerza laboral se redujo en la última década, al pasar de 53.7 a 51.4% entre el 2004 y el 2017. La clase media ha sido la más afectada con la caída de esta distribución, población que representa 60% de la plantilla laboral del mundo. Sólo dos de cada 10 de trabajadores a nivel global tuvo un aumento en sus percepciones respecto del PIB, y son lo que están en los renglones de los mejores pagados.

“Los datos muestran que en términos relativos, el incremento de los salarios laborales más altos está asociado con pérdidas para todos los demás, ambos, los trabajadores de la clase media y los que perciben los ingresos más bajos, están viendo disminuir parte de sus ingresos”, explicó Steven Kapsos, jefe de la Unidad de Producción y Análisis de datos de la OIT.

El salario promedio de la mitad inferior de los trabajadores en el mundo es de 198 dólares mensuales. Sin embargo, es tal la disparidad en las percepciones, afirmó Roger Gomis, economista del Departamento de Estadística de la OIT, que “el 10% más pobre tendría que trabajar tres siglos para ganar lo mismo que gana el 10% más rico en un año”.

El estudio de la OIT hace énfasis en el progresivo avance del peso del capital en las economías del globo, en detrimento de los ingresos de los trabajadores a través de salarios y utilidades. De esta manera, las percepciones laborales perdieron espacio respecto del PIB de cada país y creció la participación de los capitales, los cuales a nivel mundial pasaron de 46.3 a 48.6% en la última década.

Contraste nacional

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa la primera posición del ranking en un comparativo de jornadas laborales, con un total de 2,258 trabajadas al año, esto equivale a 43 horas semanales, la cifra más alta entre los países del organismo.

En contraste, en Estados Unidos la proporción es de 1,783 horas laboradas anualmente y en Alemania, de 1,363. El promedio de los países de la OCDE es de 1,746 horas de trabajo por año.

A pesar de la cantidad de horas de trabajo de la plantilla laboral mexicana, su participación en los ingresos del PIB ha disminuido en la última década, pasando de 38.5 a 34.6% entre el 2004 y el 2017, detallan las cifras presentadas por la OIT. Contrario a lo que ocurrió en América Latina en el mismo tiempo, donde esta proporción pasó de 48.4 a 50.5 por ciento.

En la región, los países que presentan los mejores niveles de participación de los salarios en los ingresos generados por sus economías son Chile, Uruguay, Honduras, Panamá y Brasil. Destaca el caso de Argentina, nación que registró uno de los mayores aumentos en este renglón a nivel mundial, ya que pasó de 38.73 a 60.15% en el periodo reportado.

La publicación de la OIT forma parte de las nuevas medidas recomendadas por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo del organismo para crear nuevos indicadores que permitan medir “de manera más precisa los progresos en materia de bienestar, sostenibilidad del medio ambiente e igualdad y adoptar un enfoque centrado en las personas”.

Baja participación de salarios en el PIB, resultado de décadas de privilegiar al capital.

La baja participación de las percepciones de los trabajadores en los ingresos de la economía en México es resultado de décadas en las que se ha favorecido más a los capitales que a los salarios y del aumento que ha tenido la economía informal en el país, declaró Isaac Katz.

El economista y experto egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México destacó que desde la década de los 60, durante el desarrollo estabilizador, se impulsó una política económica que favoreció relativamente al capital, principalmente a través de subsidios fiscales y financieros, así como en los precios de los energéticos y el agua, como medida para proteger al sector industrial frente a la competencia externa.

Estas acciones, agregó, no se dieron en la misma proporción en los ingresos de los trabajadores, los cuales fueron “relativamente castigados”, y aunque los salarios aumentaron en términos reales, se evitó que tuvieran un mayor incremento al imponer precios máximos a los alimentos.

Con el paso del tiempo, detalló el especialista, los ingresos de los trabajadores se han visto dañados en cada crisis económica que ha vivido el país, aunque en los últimos sexenios se han tomado medidas para fortalecer el salario real de los trabajadores, lo que se reforzó con el aumento del salario mínimo que se dio este año bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Las crisis macroeconómicas de 1976, 1982, 1985-86, 1995 y el 2009 dañaron relativamente más a los trabajadores al caer el salario real. Éste no recuperó en los años siguientes el nivel que tenía antes de cada crisis. Además, en gran parte de estos años se utilizó la depresión salarial como una medida de contención inflacionaria. Esto ya cambió y, a partir del gobierno de Calderón y después con Peña, el salario real promedio ha tenido una tendencia al alza, lo que se reforzó con el aumento de este año”, comentó.

Por otro lado, Isaac Katz detalló que el peso que tiene la economía informal en el país, la cual, de acuerdo con datos del Inegi, al primer trimestre del año equivale a 56.9%, es otro factor que tiene un impacto en la participación de los ingresos del PIB en los salarios.

“Otro elemento a considerar es el sector informal con miles de unidades de producción muy pequeñas y que tienen una muy baja productividad. Éstas producen alrededor de 25% del PIB y emplean a más de 50% de la fuerza laboral, con bajos niveles de ingreso, tanto para los propietarios de estas empresas como de sus trabajadores”, agregó.

Grupo de policías federales demanda indemnización

El movimiento que realizan integrantes de la Policía Federal se dividió en dos bandos: uno que sigue negociando con las autoridades –aunque un grupo de sus compañeros los desconoció– y otro que ya pidió que las autoridades los liquiden e indemnicen.

Lo que el miércoles fue una protesta en la que participaron más de 3 mil elementos que estaban concentrados en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa, ayer disminuyó a centenares.

Luego de horas de negociación en la que participó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, un grupo de agentes desconoció a los que el miércoles fueron designados representantes del movimiento, tras acusarlos de haber pactado con las autoridades.

Algunos integrantes de la División de Fuerzas Federales de Apoyo se inconformaron con las negociaciones que realizan sus compañeros y exigieron dialogar directamente con el subsecretario Mejía Berdeja, para solicitarle que se les liquide e indemnice de manera inmediata.

En el Centro de Mando de la corporación se vivieron momentos de tensión, cuando un grupo de agentes cuestionó y desconoció a los voceros elegidos el miércoles.

Esto motivó que el grupo de agentes que ya no están de acuerdo con quienes se ha establecido la mesa de diálogo ingresara al edificio de la División de Seguridad Regional solicitando a gritos ¡Indemnización, indemnización!

Los inconformes llegaron hasta la puerta de acceso a la oficina en la que se han realizado las pláticas. Allí algunos mandos de la corporación los convencieron de no ingresar de manera violenta y esperar a los funcionarios para darles a conocer sus inconformidades.

Luego de un rato de espera, quienes solicitaron que se les liquide e indemnice se comenzaron a retirar, mientras un grupo de alrededor de 30 agentes seguía esperando que los negociadores les informaran de algún arreglo, ya que el diálogo entre autoridades y agentes continuó hasta poco después de las 19 horas.

La Policía Federal está integrada en sus siete divisiones por más de 35 mil elementos, y a diferencia del miércoles, cuando la protesta y paro de actividades se extendió a todas las instalaciones de la SSPC en la Ciudad de México, y los agentes llevaron a cabo bloqueos viales, este jueves la inconformidad se concentró en el Centro de Mando en Iztapalapa.

Durante el día ya no se permitió que participara en la mesa de diálogo Ignacio Benavente Torres, quien se sumó el miércoles a las negociaciones de los elementos de la Policía Federal, señalando que es presidente de la Asociación pro Libertad y Derechos Humanos en América, pues se dio a conocer que purgó una condena por secuestro y existen en su contra siete investigaciones en curso en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y la Ciudad de México.

Abiertos al diálogo

El comisario general Raúl Ávila Ibarra, titular de la División de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal, expresó que las autoridades están abiertas al dialogo y así permanecerán hasta que se llegue a una solución de todas las peticiones.

Mientras en el Centro de Mando se realizaban las negociaciones, un grupo de agentes realizó la toma de una caseta de cobro en la carretera México-Cuernavaca, y retiraron el bloqueo que realizaban en Periférico Oriente, entre los ejes 5 y 6.

Sin embargo, por la noche, algunos agentes y sus familiares reinstalaron el bloqueo en Periférico Oriente.

El Centro de Mando de la Policía Federal se mantiene bajo control de los elementos inconformes.