jueves, 17 de septiembre de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

 



CDMX, con subregistro de 10 mil muertes por Covid



En tan sólo seis meses, en la Ciudad de México hubo 20 mil 535 fallecimientos asociados a Covid-19, de acuerdo con las actas de defunción del Registro Civil, indica el informe de Exceso de mortalidad del Gobierno capitalino, con corte a agosto.

El 31 de agosto, el gobierno local reportó 10 mil 508 muertes confirmadas por el virus, 10 mil 27 menos que las actas de defunción del Registro Civil.

De acuerdo con el informe, entre enero y agosto hubo un registro de 30 mil 462 fallecimientos, de los cuales 20 mil 535 se asocian al Covid-19 de marzo a agosto. De éstos, 15 mil 106 son de residentes de la Ciudad de México, es decir, 73.4%; mientras que 23.9% corresponden a habitantes del Estado de México, y 2.7% a pobladores de entidades como Hidalgo, Puebla, Guerrero y Veracruz.

El gobierno contabilizó la muerte de capitalinos por mes. En marzo fueron 13; en abril, mil 454; en mayo, 5 mil 631; para junio bajó a 3 mil 735; en julio, 2 mil 347, y en agosto fueron mil 926.

Mayo fue el mes con más fallecimientos, pues el promedio diario era de 181.6.

“Este fenómeno [exceso de mortalidad] se comienza a percibir a partir del 19 de abril, se estabiliza entre inicios y mediados de mayo, y comienza a descender a partir de esa fecha hasta el momento”, menciona el informe.

El Gobierno capitalino difundió en su portal de internet especializado en Covid los análisis técnicos del exceso de mortalidad. El grupo científico lo hizo de enero a junio, y las autoridades capitalinas lo retomaron y lo darán a conocer cada semana.

Respecto al lugar donde mueren las personas con Covid-19, el estudio indica que 91.8% fue un hospital; 6.8% en su domicilio, y 1.4% en un lugar distinto. En el documento, las autoridades afirman que el porcentaje de decesos en casa se ha reducido conforme avanza la pandemia.

El apartado Actas de defunción en el Registro Civil de la Ciudad de México, en el portal de Datos abiertos local, menciona que de los 15 mil 106 fallecimientos, 10 mil 223 son de hombres y 4 mil 857 de mujeres.



Iztapalapa tiene el acumulado de decesos más alto, con 3 mil 296; Gustavo A. Madero, 2 mil 22; Álvaro Obregón, con mil 122; Cuauhtémoc, 996; le siguen Venustiano Carranza, Iztacalco, Coyoacán y Cuajimalpa, con 216.

Con relación al exceso de mortalidad en comparación con otras ciudades del mundo, el documento detalla que la CDMX tiene un exceso de muertes de 58.4%, ya que Lima, Perú, registró un incremento de 289% arriba de lo esperado; Guayas, Ecuador, 248%; Nueva York, Estados Unidos, 208%, y Madrid, España, 157%.

“El análisis de Exceso de mortalidad presenta un sesgo hacia aquellos países que tienen niveles confiables de registros administrativos de defunciones. En países donde estos datos no se generan, o donde son deficientes, es más difícil analizar”, expone.

El informe toma las pautas, series de tiempo, basales y umbrales de muertes en periodos pasados generados por la Comisión Científico-Técnica para el análisis de la mortalidad por Covid-19.

Indica que si bien las actas de defunción son perfectibles, particularmente la definición de las causas de defunción, mismas que son revisadas, depuradas y publicadas hasta un año después, son altamente confiables. 

Gastarán menos para evaluar apoyos sociales; proyecto de presupuesto 2021




CIUDAD DE MÉXICO.

En año electoral, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tendrá 23.1% menos recursos, en términos reales, frente a lo aprobado en 2020 para evaluar programas sociales.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 el Coneval tiene 361 mdp, el monto más bajo en ocho años, pues en 2013 le aprobaron 341 mdp a precio actual.

Será el quinto año al hilo que caen los recursos para la operación del organismo. Respecto a 2016, su presupuesto se ha reducido en más de la mitad: el desplome acumulado alcanza 53.9% en términos reales.

Por rubro presupuestario en 2021, el más castigado es la Evaluación de Programas Sociales, con una reducción de 29.1% real, para ubicarse en 255.3 millones de pesos.

Este rubro es el que más peso tiene al interior del presupuesto del Coneval, con 70.7% del total para 2021.







CONEVAL, QUINTO AÑO CON MENOS RECURSOS


Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) le asignaron 361 millones de pesos el próximo año, revelan cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Este monto implica que, en pleno año electoral, al organismo encargado de medir la pobreza y evaluar los programas sociales federales se le propuso una reducción de 23.1% en términos reales o 108 millones de pesos frente a lo aprobado para este año.

Así, el Coneval, a cargo de José Nabor Cruz, operará en 2021 con el presupuesto más bajo de los últimos ocho años, pues en 2013 se le aprobaron 341 millones de pesos a precios actuales.

Asimismo, se tratará del quinto año seguido en que al organismo le reducen los recursos para su operación.

Con respecto a 2016, el Coneval ha visto caer en más de la mitad su presupuesto, pues de manera acumulada el desplome ha sido 53.9% en términos reales.






RUBROS

Por rubro presupuestario en 2021, el concepto más castigado dentro de los recursos del Coneval fue precisamente el de Evaluación de Programas Sociales, mismo que tendrá una reducción de 29.1% real anual en 2021, para ubicarse en 255.3 millones de pesos.

Éste es el rubro que más peso tiene al interior del presupuesto de Coneval, ya que representará el 70.7% del total el próximo año

Sin embargo, ésta será la proporción más baja que el organismo destina para evaluar programas sociales desde 2012, cuando se ubicó en 95.7% de su presupuesto, y desde entonces paulatinamente ha ido perdiendo participación en el total.

Dentro de los recortes, el concepto de Apoyo a la Función Pública tendrá una reducción de 13.7% anual real, para ubicarse en 2.4 millones de pesos,

Y de Apoyo Administrativo tendrá un recorte de 2.6% anual real para ubicarse en 103.3 millones de pesos.


EVALUACIONES



Recientemente, el Coneval presentó la evaluación de diseño para 17 programas prioritarios del gobierno federal, en el cual encontró problemas en su operación.

El organismo indicó que del total de indicadores que crearon los programas para medir sus resultados, sólo 18% tiene nivel adecuado o destacado en cuanto a calidad en su diseño; y solamente 4% de esos indicadores tiene una meta consistente con su línea base, lo que significa que tiene claridad sobre el punto de partida del programa para el logro de sus objetivos.


POBREZA EN 2021



En 2021 se espera que el Coneval reporte los resultados de la pobreza multidimensional 2020, a partir del levantamiento que haga el Inegi este año de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Se tratará de la primera medición de la pobreza multidimensional para la actual administración, en la cual se observará el impacto del covid-19 en los ingresos y en el acceso a derechos sociales de la población.

ACCIONES DE EVALUACIÓN 2020

PROGRAMAS FAMILIARES
Evaluaciones de Diseño 8 programas
Fichas de Monitoreo

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL RAMO 33
Fondo de la Nómina Educativa (FONE) 4 estados
Fondo de Educación Tecnológica (FAETA) 3 estados
Fondo de Servicios de Salud (FASSA) 5 estados

FICHAS DE DESEMPEÑO, RAMO 33
Fondo de Educación Tecnológica (FAETA) 32 estados

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE COORDINACIÓN DEL RAMO 33, ÁMBITO FEDERAL
Fondo de la Nómina Educativa (FONE) 
Fondo de Educación Tecnológica (FAETA) 
Fondo de Servicios de Salud (FASSA) 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

En la Corte, petición de AMLO sobre juicio a ex presidentes



Ciudad de México. En un hecho histórico, el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Senado aprobar la consulta popular para el posible enjuiciamiento de cinco ex presidentes del periodo neoliberal, por la presunta comisión de delitos que incluyen la entrega de recursos de la nación a particulares, fraudes electorales, complicidad con la delincuencia organizada y corrupción, a partir de actos voluntarios irracionales.

Propuso la pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

El mandatario presentó la solicitud el martes –horas antes de que venciera el plazo legal–, con el propósito de que la consulta se lleve a cabo el día de las elecciones del próximo año.

En un amplio documento expuso los hechos por los cuales se podría enjuiciar a sus antecesores:

Carlos Salinas de Gortari, impuesto por un fraude, profundizó la desigualdad en México y entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedente de bienes públicos.

Ernesto Zedillo llevó hasta sus últimas consecuencias las políticas privatizadoras, entregando bienes nacionales, como los ferrocarriles, y adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos del rescate bancario de 1998, monto que en la actualidad asciende 2 billones de pesos.

Vicente Fox intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para impedir su triunfo.

Afirmó que Felipe Calderón, tras exacerbar la violencia y multiplicar las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas con su estrategia militar, desoyó las advertencias de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico y no hizo nada.

A la luz del enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, añadió: su actitud sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.

En cuanto a Peña Nieto, resaltó la irrupción de grandes cantidades de dinero, producto de sobornos de Odebrecht en su campaña presidencial, documentado a partir de declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos.

Además, Lozoya apunta a la presunta complicidad de Peña Nieto en los sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para la aprobación de la reforma energética y en la compra fraudulenta de Agronitrogenados, que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.

López Obrador rechazó que el diputado Pablo Gómez le haya anticipado sobre la iniciativa de ley de amnistía. Ya parece que me va a estar consultado lo que va a decir, o Porfirio Muñoz Ledo o el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas. No, nosotros estamos acostumbrados a decir lo que sentimos y defender nuestros principios, pero el ciudadano decide al final.

El desdén educativo de la propuesta presupuestal



Había expectativas de que los recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 serían limitados por el deterioro económico. Sin embargo, ante los graves desafíos en materia de salud y educación impuestos por el covid-19, también había la expectativa de una reestructuración sustantiva, que dejara parcialmente de lado la lógica inercial, y reflejara una asignación acorde al esfuerzo gubernamental para afrontar los problemas sustantivos que el país enfrenta en ambos rubros. No obstante, la propuesta de presupuesto del gobierno federal retrata su desdén ante el tsunami educativo derivado de la pandemia —en términos de aprendizajes, abandono escolar, desigualdad de oportunidades educativas—; desprecia la evidencia que permite afrontarlo con mayor eficacia y, a su vez, desnuda intenciones políticas en el contexto electoral del próximo año. 

OCDE prevé desplome de 10.2% en el PIB de México




México tendrá este año uno de los mayores desplomes en el PIB entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al completar una caída de 10.2 por ciento.

De acuerdo con el ajuste trimestral de pronósticos del PIB que realiza la OCDE, el hundimiento del PIB mexicano será sólo superado por el que registrarán Argentina (-11.2%) , Sudráfrica (-11.5%) e Italia (10.5 por ciento), mientras que comparte -10.2% con India.

El pronóstico revisado del PIB para México, que está debajo de -7.6% que previeron ellos mismos en junio, será resultado de la persistente pandemia del Covid 19 en el país, su impacto en las medidas de distanciamiento social, la destrucción del empleo resultante, el aumento de la informalidad y el evidente incremento de la pobreza en el país.

En el apartado para México, le identifican entre los países que por tener pasivos contingentes y una base impositiva baja, tienen un corto margen de maniobra fiscal para respaldar al crecimiento.

Y ese mismo breve espacio fiscal, limita la posibilidad del gobierno para apoyar a los grupos vulnerables. Comparten con México esta limitante, países como Brasil, India y Sudáfrica, quienes además, podrían tener un abundante endeudamiento público.

En la actualización de expectativas, el llamado “Interim Economic Report”, los expertos de la OCDE proyectaron que todos los países del G20, con excepción de China, sufrirán una recesión.

En el reporte, que titularon en la versión de septiembre “Coronavirus, vivir con incertidumbre”, sostienen que el aumento del desempleo agrava el riesgo de la pobreza y alimenta la informalidad, particularmente entre economías emergentes.

En la actualización, divulgada desde Paris, sede de la OCDE, ajustaron su pronóstico para el PIB mundial con una caída de 4.5% y una recuperación de 5% para 2021.

Se trata de previsiones que distan del desplome estimado en junio, de 6% y una recuperación de 5.2% para el 2021.

Aún previendo una “frágil recuperación para 2021, la producción a fines de 2021 seguirá debajo de su nivel previo al Covid-19 y muy por debajo de lo proyectado antes de la pandemia”, resaltaron.

Es decir, se trata de un retorno a la actividad que de ninguna manera se aproximará a la velocidad ni dimensión que se tenía previo a la pandemia.

Esta mejora en el pronóstico supone que China tendrá un mejor desempeño, lo mismo que Estados Unidos.

En tanto, para el G-20, estiman una contracción de 4.1% este año y una recuperación de 5.7% para el 2020.
Las más grandes

Para Estados Unidos, prevén ahora una caída de 3.8% y una recuperación de 4% para el 2021, que incorpora un ajuste y supone una caída menos profunda de la estimada en junio, de -7.3% para el 2020 y recuperación de 4.1% para el año entrante.

Mientras para China, la segunda economía del mundo y donde se originó el virus y cierre de la actividad, será el único país del G-20 que registrará una tasa positiva este año de 1.8% y una recuperación de 8% para 2021. Los pronósticos son similares a los de medio año.

De acuerdo con el documento, entre los países BRIC, que son los emergentes de mayor desarrollo, anticipa una caída de 6.5% para Brasil; -7.3% para Rusia; -10.2% para India y el PIB positivo de 1.8% para China.
Crisis de salud, en el centro

En la presentación del informe, la economista en jefe de la OCDE, Laurence Boone, afirmó que el mundo se enfrenta a una aguda crisis de salud y la mayor desaceleración económica desde la Segunda Guerra Mundial.

“El final no está aún a la vista y debemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Ahí, es donde los legisladores tienen un papel fundamental”, señaló la funcionaria en la presentación.

Desde su perspectiva, los formuladores de políticas públicas tienen la oportunidad de su vida de desarrollar estrategias de recuperación sostenibles que permitan reiniciar la economía y generar inversiones en infraestructura verde, transporte, vivienda y pymes.

La funcionaria advirtió también que sin el apoyo continuo del gobierno, las quiebras y el desempleo serían superiores y aumentarían más rápido, lo que profundizaría el impacto en la capacidad de las personas para vivir.

Los inexistentes otros datos del Presidente




Saúl Hernández | El Sol de México


En su conferencia mañanera del 27 de enero de 2020, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, citó una encuesta que, según su dicho, indicaba que los mexicanos estaban más preocupados por los baches en su colonia que por la inseguridad. Intrigada por el dato, una ciudadana requirió a Presidencia de la República el ejercicio demoscópico, pero obtuvo como respuesta un: no tenemos información.

Meses más tarde, el 15 de mayo, el mandatario mexicano hizo otra afirmación polémica: que nueve de cada diez llamadas para denunciar violencia contra las mujeres eran falsas. “Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres… 90 por ciento de esas llamadas son falsas, está demostrado”, dijo a la prensa matutina en Palacio Nacional. Once días después otra persona solicitó a Presidencia el documento en el que se basó López Obrador para hacer tal aseveración. La respuesta fue idéntica: no hay información.

Los casos citados son apenas dos ejemplos de decenas que se pueden leer en los recursos revisión interpuestos ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ciudadanos inconformes con las respuestas que elabora la oficina del actual Presidente de la República.

Aunque López Obrador ha presumido en varias ocasiones que su gobierno es transparente, los datos públicos disponibles reflejan opacidad.


En lo que concierne a la Presidencia de la República, las respuestas de inexistencia de información en los primeros 12 meses de la llamada Cuarta Transformación (diciembre de 2018 a noviembre de 2019) crecieron 317 por ciento con respecto al mismo periodo de la administración peñista (diciembre de 2012 a noviembre de 2013) y 441 por ciento en relación con el primer año del calderonismo (diciembre de 2006 a noviembre de 2007), indican datos del Inai.

Aun considerando que los requerimientos de información también crecieron con la llegada de la cuatroté, la oficina del actual mandatario sigue siendo más opaca que las de sus antecesores.

En 10 por ciento de las peticiones de información a la actual Presidencia no hubo respuesta. En contraste, sólo en cuatro por ciento de las solicitudes dirigidas a la oficina de Felipe Calderón y cinco por ciento de las enviadas a Enrique Peña Nieto, la información se declaró inexistente.

El incremento de recursos de revisión interpuestos por ciudadanos inconformes con las contestaciones también refleja un problema de opacidad. En ningún año entre 2007 y 2018, la Presidencia de la República había rebasado los 114 recursos anuales en su contra. En 2019 casi quintuplicó esa cifra al sumar 521.


Las inconformidades ciudadanas no se restringen solo a inexistencias de información, sino también a documentos clasificados como confidenciales o a respuestas incompletas, como la que recibió una ciudadana que quería conocer el desglose de gastos para llevar a cabo la celebración por el primer año de gobierno de López Obrador.

En días pasados, el Comisionado Presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, alertó de “una muy habitual tendencia” del Gobierno federal para eludir requerimientos de información alegando que no existe en sus archivos.

“Aquí lo que es lamentable es que con la muy habitual tendencia que está caracterizando el nuevo tiempo de la gestión pública en México se acude a la inexistencia de manera fácil y sin, creo yo, los escrúpulos suficientes para poderla sostener” aseguró.

Acuña Llamas denunció el fenómeno tras presentar al Pleno del instituto un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme con la respuesta que la Secretaría de Gobernación le dio, al declarar no contar con los acuerdos a los que se llegó con Constellation Brands, luego de la cancelación de su planta cervecera en Mexicali.

Desde el año pasado, el Inai ya advertía la estrategia adoptada por la cuatroté de declarar buena parte de las solicitudes de transparencia como información inexistente, no sólo en la Oficina de la Presidencia, sino en toda la administración pública federal.

“Si hacemos una comparación en el mismo periodo (los primeros 12 meses de gobierno), en este caso de diciembre a noviembre, en las tres últimas administraciones, tenemos que durante la administración del expresidente Calderón se tuvieron tres mil 850 inexistencias; del expresidente Peña Nieto, cinco mil 659; y del actual presidente López Obrador, 14 mil 801 inexistencias”, dijo el excomisionado Joel Salas en noviembre de 2019.

miércoles, 16 de septiembre de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Condena régimen “corrupto y violento”; López Obrador solicita consulta contra expresidentes

Portada de Excelsior (México)


CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus últimos cinco antecesores de imponer un régimen antidemocrático, elitista, con desigualdades, inseguridad, corrupción y violencia.

El mandatario presentó su solicitud de consulta para decidir si los expresidentes deben ser juzgados por delitos cometidos antes, durante y después de su mandato

Su propuesta de pregunta es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Para especialistas, la pregunta no es válida al tocar temas de procuración de justicia y derechos humanos en cuanto al debido proceso.

Presidente solicita consulta al Senado

Pide cuestionar a la ciudadanía sobre si se debe indagar a cinco exjefes del Ejecutivo por corrupción y desvíos, entre otros presuntos delitos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cerca de dos millones de ciudadanos de todo el país solicitaron formalmente al Senado abrir el proceso para convocar a una consulta popular, a fin de enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, dice la pregunta que plantea el mandatario federal.

“Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. Si rechaza la propuesta el pueblo de México, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales”, estimó el Presidente en su solicitud.

En la exposición de motivos, explica que “entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional.

“Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”, dice al principio el texto de 12 páginas, el cual está a disposición pública en la página web del Senado, desde instantes después de ser entregado.

Precisa que a Carlos Salinas de Gortari se le debe juzgar por haber privatizado empresas nacionales y por fomentar el crecimiento de familias ricas, con lo que se agudizó la diferencia social. A Ernesto Zedillo por el Fobaproa; a Vicente Fox por haberse entrometido en el proceso electoral de 2006; a Felipe Calderón por la guerra contra el narcotráfico y a Peña Nieto por las acusaciones de Emilio Lozoya, de usar dinero de la empresa Odebrecht en su campaña presidencial.

Asegura que esta consulta no viola la Constitución, que prohíbe consultas en materia de derechos humanos, porque “tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”.

Poco antes de las 11:00 horas de ayer, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, llegó a la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, para entregar la solicitud formal del Presidente de la República.

En una ceremonia protocolaria, Scherer entregó el documento a Ricardo Monreal y éste se le dio la petición a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, quien dio cuenta al pleno de la recepción del documento y de inmediato la envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ricardo Monreal informó que la decisión fue utilizar la doble vía para pedir la consulta popular contra los exmandatarios federales: la vía del 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nacional de Electores y la vía del Presidente.

Los dos millones de firmas ciudadanas para solicitar el ejercicio ciudadano fueron entregados por Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena.

La consulta sobre ex presidentes, en manos de la Corte

Portada de Milenio (México)

El Senado turnó a la Suprema Corte la solicitud presidencial para llevar a cabo una consulta a fin de enjuiciar a los presidentes que dirigieron al país de 1988 a 2018. Ahora, el máximo tribunal de justicia tiene 20 días para resolver sobre la procedencia de dicho ejercicio popular. Te recomendamos: Si tiene pruebas contra mí que las presente sin necesidad de consulta: Calderón a AMLO Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador presentó el documento de la solicitud para consultar a los ciudadanos si desean que se enjuicie a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. 

 Rechazó que esta petición contradiga el mandato constitucional que establece que no podrán ser objeto de consulta los derechos humanos. Argumentó que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, tiempo en que gobernaron dichos ex presidentes, “México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza”. Hubo quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, crecimiento descontrolado de la violencia, violación masiva de derechos humanos, impunidad y el quebrantamiento del estado de derecho en extensas zonas país, añadió. 

Solicitud de AMLO sobre juicio a ex presidentes es inconstitucional: expertos El mandatario insistió en que se trata de un ejercicio de democracia participativa, que busca dar un cauce legal a un asunto de interés general y trascendencia nacional. En su solicitud, que fue entregada al Senado cerca del mediodía por Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, López Obrador propone que la consulta se realice el 6 de junio de 2021 o el primer domingo de agosto de ese año. La pregunta que plantea formular es: “¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”. 

 Activistas juntan 2 millones de firmas para consulta sobre juicio a ex presidentes López Obrador aseguró que “si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales nueve acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”. PUBLICIDAD FUERON DOS En realidad, el Senado recibió este jueves dos solicitudes para llevar a cabo la consulta. Además de la del Presidente, por la noche los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena entregaron la documentación respectiva acompañada por un millón 900 mil firmas recabadas en todo el país. 

Las fracciones de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados desistieron de presentar sus propias solicitudes. En la cámara alta, quienes recibieron la petición de López Obrador fueron los presidentes de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Este último informó que la propuesta fue remitida, sin deliberaciones ni trámites, a la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta. Te recomendamos: Diputados entregan a activista 300 mil firmas para consulta sobre juicio a ex presidentes Detalló que en caso de que la Corte resuelva que la solicitud es constitucional, enviará su sentencia 24 horas después al Senado , como cámara de origen. Este, a su vez, la turnará a la Cámara de Diputados para que la propuesta sea debatida y deliberada por ambos órganos del Congreso de la Unión. 

De ser aprobada por mayoría simple, será enviada al Instituto Nacional Electoral para que organice el ejercicio de participación ciudadana. Sin embargo, en caso de que la Corte declare inconstitucional la solicitud, la bancada de Morena no cuenta con un plan B. Sobre la posibilidad de que se vea a los ex presidentes tras las rejas, el coordinador morenista respondió: “No quiero adelantar vísperas. Creo en el derecho y por eso no me genero perspectivas inciertas. Vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte, es un tema delicado. Yo no creo que se hayan presentado en la historia un asunto de tal magnitud”. Te recomendamos: Reúnen más de un millón de firmas para consulta ciudadana de juicio a ex presidentes Dijo que esta consulta no va dirigida a los adversarios políticos, “es más un clamor de justicia y visibilizar que nunca más vuelvan a suceder actos de corrupción, de conductas antijurídicas por quienes están al frente de las instituciones desde el Presidente de la República hasta legisladores, jueces y magistrados”. 

EN LA MIRA. LOS SEÑALAMIENTOS DEL EJECUTIVO CARLOS SALINAS “Profundizó las desigualdades sociales y entregó a particulares nacionales y extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”. ERNESTO ZEDILLO “Continuó las políticas privatizadoras y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Además, adjudicó a los mexicanos deudas privadas”. VICENTE FOX “Al final de su gestión intervino ilegalmente en el proceso electoral para impedir el triunfo de la oposición”. FELIPE CALDERÓN “Embarcó al país en un plan supuestamente orientado a combatir el narco, que exacerbó la violencia y el control del crimen”. ENRIQUE PEÑA “Con las declaraciones de Emilio Lozoya se sabe que gran cantidad de dinero para su campaña de fue por sobornos de Odebrecht”

¡Viva México!

Miércoles 16 de septiembre de 2020



Sin el bullicio de otros años en Palacio Nacional, ni verbena popular en la Plaza de la Constitución; sin cuerpo diplomático, ni cena de gala; sin las familias más humildes del Valle de México atiborrando el Zócalo. Así fue como la pandemia por COVID-19 opacó el segundo Grito de la Cuarta Transformación.

Más de tres mil comercios tuvieron que bajar cortinas para alejar la tentación de la gente de acercarse el Centro Histórico.


Con ese eco por todos lados, al filo de las 23:00 horas, la Escolta de Banderas del Heroico Colegio Militar inició el recorrido por el Salón Recepciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó para recibir a la Bandera y caminó hacia el Balcón Principal. Vio el Zócalo vacío, sólo los mil 600 focos que formaron la silueta del mapa nacional.

La misma plaza que López Obrador ha visto llena decenas de ocasiones y que, incluso, la hizo su casa por 48 días, durante el plantón para acusar fraude electoral, y cuando su movimiento impidió que Vicente Fox diera su último Grito.

LUZ Y COLOR. Un mapa de la República instalado con focos led fue instalado en el Zócalo, con la Llama de la Esperanza. Foto: Guillermo O’Gam

Hoy, ya como Presidente, con la crisis sanitaria por el COVID-19, López Obrador tomó el cordón de la campana histórica y lanzó 20 “vivas” al aire. Todo transmitido en vivo por las redes sociales. Pero la arenga no tuvo respuesta popular, sólo de un puñado del gabinete y de los integrantes del coro del Ejército.

Dentro de esos 20 vivas, resonaron los dedicados a la fraternidad universal, el amor al prójimo y la esperanza en el porvenir. 

Tras tocar la campana histórica que usó el cura Hidalgo, se encendió la Llama de la Esperanza de un pebetero instalado al pie del Asta Bandera Monumental.



Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, presentes en ceremonia del Grito de Independencia: FOTOSSeptiembre 15, 2020 23:43


La Banda de Música y Coro del Ejército Mexicano entonó el Himno Nacional. Junto con los juegos pirotécnicos se entonaron piezas musicales como Mi Ciudad, de Guadalupe Trigo. O La Sandunga, que acentuó la sensación de soledad al estar en el Centro Histórico cerrado.DE FRENTE AL ZÓCALO. El Presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller. Foto: Especial



Pero antes, otros gritos de Independencia estuvieron marcados por la polarización política o la tragedia, pero nunca por una pandemia que no cede.

Como en 2006, cuando Fox tuvo que llevar el Grito de Independencia a Dolores Hidalgo, Guanajuato, tras la polarización que dejó la elección presidencial y López Obrador, en su primer intento de llegar a la Presidencia, acusó fraude y sus seguidores tomaron la plaza.

En ese entonces, Fox incluyó en su arenga a la democracia y las instituciones. En su oportunidad, Enrique Peña lanzó un “¡Viva la solidaridad de los mexicanos!”.



Al final, para observar los fuegos pirotécnicos, en los balcones salieron integrantes del gabinete, como Marcelo Ebrard, también el consejero jurídico, Julio Sherer, a su lado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, así como los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el de Marina, José Rafael Ojeda. 

AMLO pasa a Corte balón en consulta de expresidentes

Portada de El Universal (México)


El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una solicitud para realizar una consulta popular —que de inmediato fue remitida por la Cámara Alta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice su constitucionalidad—, en la que se pregunte a los ciudadanos si se debe o no juzgar a los últimos cinco expresidentes de México por probables actos de corrupción. 

El Ejecutivo propone que la consulta sea el 6 de junio de 2021, el mismo día de las elecciones intermedias o, en su caso, en la fecha que establece el artículo 35 de la Constitución, que es el primer domingo de agosto de ese año. 

En Palacio Nacional, acompañado del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, López Obrador firmó la solicitud para enjuiciar a los expresidentes, en la cual, además de dar una exposición del porqué de su petición, formuló la pregunta de la consulta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. 

El Presidente reconoció que hay lagunas legales para llevar a juicio a los exmandatarios, pero consideró necesario avanzar en el discernimiento de ese punto, sin estridencias, con responsabilidad, anteponiendo el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto a la legalidad. 

Argumentó que en el periodo de Salinas se entregaron a particulares los recursos públicos y creció la desigualdad; con Zedillo continuaron las privatizaciones, pero además le pasó a los mexicanos el rescate bancario del Fabaproa. De Fox señaló que intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para detener a López Obrador y se jactó de haber cargado los dados del proceso: “De esa forma, traicionó el mandato democrático”, dijo. 

Sobre Calderón indicó que lanzó una estrategia militar para combatir el narcotráfico y no hizo nada ante los señalamientos de que Genaro García Luna era cómplice del narcotráfico. 

“A la luz de la detención y enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón Hinojosa sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”, advirtió. 

De Peña precisó que el caso Odebrecht y las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apuntan a la presunta complicidad del priista en los cuantiosos sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética, así como la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. 


Por ello, opinó que en términos legales debe esclarecerse la actuación de los cinco expresidentes, ya que se considera un tema de trascendencia nacional. 

Recordó que desde que tomó posesión como mandatario de México, consciente de las implicaciones de juzgar penalmente a quienes encabezaron la Presidencia, propuso realizar una consulta como paso necesario para resolver este asunto. 

“Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad, si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, indicó. 

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que es constitucional la pregunta para solicitar la consulta, porque no contraviene la limitación establecida en el artículo 35 de que “no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección”. 

Dijo que la decisión la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de un asunto político que ha venido planteando desde hace mucho, y sea cual sea el resultado respetará la voluntad del pueblo, insistió. 

Reiteró la postura de que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del por venir: “He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso; sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. 

“En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad”, subrayó

martes, 15 de septiembre de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Pensiones cargan gasto a salud; consumen 70% del dinero de institutos

Portada de Excelsior (México)


CIUDAD DE MÉXICO.

Institutos de seguridad social como el IMSS e ISSSTE verán limitadas sus funciones sustantivas debido a la presión que el pago de pensiones ejercerá en sus presupuestos para 2021.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el ISSSTE erogará 260 mil 632 millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones, 70% de su presupuesto total para el próximo año.

En tanto, el IMSS destinará a este rubro 540 mil 803 millones, lo que representa 60% de los recursos totales que tiene proyectados para 2021.

En 1995, año en que inician los registros de la Secretaría de Hacienda, las pensiones apenas representaban 33% del gasto del IMSS y 45% de los recursos para el ISSSTE, proporciones que han ido creciendo paulatinamente.

Al estar dichos montos ya comprometidos para el pago de pensiones y jubilaciones, los institutos de seguridad social sólo podrán destinar entre 30 y 40% de los recursos que tienen etiquetados a la prestación de servicios de salud y de seguridad social a los derechohabientes, gasto operativo, compra de insumos médicos e inversión en infraestructura.

En 2021, el sector público federal pagará más de un billón de pesos en pensiones y jubilaciones, cifra que representará 23% del gasto para proveer bienes y servicios públicos.



EN 2021 SE REDUCIRÁ LA INVERSIÓN EN SALUD



Mientras el pago de pensiones se come una mayor parte del presupuesto federal para el próximo año, al sector salud se le quitarán dos de cada 10 pesos para infraestructura física y hospitalaria.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 muestra que para la función salud se asignaron 16 mil 257 mil millones de pesos con el fin de dotar de infraestructura al sector y con ello continuar con el combate a la pandemia del covid-19, lo que representará una caída de 22.3% en términos reales o cuatro mil 675 millones de pesos frente a lo aprobado en 2020.

El monto implicará el segundo año consecutivo en que estos recursos se reducen y será el monto de inversión en el sector más bajo de los últimos cuatro años.

0.9 camas por cada 1,000 habitantes tiene México actualmente, explicó un análisis reciente elaborado por el CIEP

Por área responsable de gasto, el IMSS será el más castigado con el recorte presupuestal en inversión, ya que se le asignaron ocho mil 437 millones de pesos, lo que representará una caída de 35.7% real anual en 2021.

A este recorte le sigue el de la Secretaría de Salud, que, con cinco mil 296 millones de pesos, verá reducir su presupuesto en obra pública en 2.4% en términos reales el siguiente año.

Por su parte, al ISSSTE le asignaron dos mil millones de pesos en inversión, un incremento de 6.5% en términos reales frente a lo aprobado para el presente año.

FACTORES

En su reciente análisis sobre Implicaciones sobre el Paquete Económico 2021, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) expresó que lo destinado a inversión física en salud es muy bajo, pues representa sólo 2.0% de la inversión total en 2021, que junto con el de educación (1.9% del total) “ambos son 15 veces a la inversión que se destinará a energía”.

El CIEP también resalta que los programas presupuestarios de infraestructura social y mantenimiento presentan recortes en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud.

Estos recortes se dan a pesar de que la capacidad física a nivel nacional, medida por el número de camas disponibles por cada 1,000 habitantes, se redujo a la mitad y pasó de 1.8 en 2010 a 0.90 camas en 2020, y el Proyecto de Presupuesto 2021 no revierte esta tendencia”, explicó el CIEP.

Alejandra Macías, investigadora del CIEP, comentó que la caída en inversión en salud es preocupante.

Si ya se decidió no dar apoyos, al menos se debe dotar de más recursos al sector salud, pues es la que nos pueda asegurar un mejor restablecimiento de la economía. Por eso nos preocupa la caída en la inversión física en salud”, dijo Alejandra Macías.

Cayeron utilidades de los bancos casi 36% de enero a julio

Portada de La Jornada (México)


Ciudad de México. La utilidad del conjunto de bancos que opera en el país retrocedió a 65 mil millones de pesos entre enero y julio, una caída de 35.6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, lo que implicó una disminución de 32 mil millones de pesos, reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Mientras, la cartera de crédito se mantuvo prácticamente estancada. En los pasados 10 años, ese indicador creció a tasas de entre 7 y 10 por ciento anual, de acuerdo con un reporte del órgano regulador publicado este lunes. El saldo de la cartera crediticia se situó en 5 billones 458 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 0.9 por ciento respecto del mismo mes del año previo. Desde febrero de este año, este indicador no tenía un desempeño tan bajo, según las cifras de la CNBV.

De forma desagregada, el saldo de la cartera destinada al consumo, reflejo de la demanda por crédito por parte de la población, alcanzó un monto de 962 mil millones de pesos hasta julio, lo que representó una caída de 8.9 por ciento en comparación al mismo mes del año pasado.

El saldo del portafolio de tarjetas de crédito llegó a 359 mil millones de pesos hasta el séptimo mes del año, monto 10.9 por ciento más bajo con respecto a lo observado en el mismo mes de 2019.

En lo que respecta a créditos personales, la cartera se situó en un monto de 171 mil millones de pesos, cifra 17.5 por ciento menor respecto de igual mes del año previo.

En el periodo de referencia, el portafolio de financiamientos otorgados por medio de nómina alcanzó un saldo de 252 mil millones de pesos, lo que representa una reducción de 3.2 por ciento respecto de 2019.


La CNBV indica que en el séptimo mes del año el saldo del portafolio de vivienda alcanzó un monto de 925 mil millones de pesos, lo que representó un aumento de 5.4 por ciento con relación a julio de 2019.

En tanto, el saldo del portafolio destinado a créditos comerciales llegó a un monto de 3 billones 638 millones de pesos, lo que significó un incremento de 2.8 por ciento respecto del mismo mes de 2019.

El saldo de la cartera de financiamientos otorgados a empresas se situó en un monto de 2 billones 824 mil millones de pesos, cantidad 3.7 por ciento mayor con respecto al séptimo mes del año previo.

Los datos de la CNBV demuestran que, hasta el cierre de julio, el índice de morosidad respecto de la cartera total de crédito se situó en 2.09 por ciento, lo que representó una reducción de 0.11 puntos porcentuales comparado con ese mismo mes del año pasado. Cabe mencionar que las actuales cifras del organismo regulador aún consideran el programa lanzado en marzo para que los clientes pudieran aplazar por cuatro o seis meses el pago de créditos sin el cobro temporal de intereses extraordinarios, con el fin de aminorar los impactos por la pandemia.

El índice de impagos respecto de la cartera de consumo se ubicó en 4.08 por ciento, baja de 0.32 por ciento en el periodo de referencia.

En la cartera de vivienda, el índice de morosidad es de 3.16 por ciento, incremento de 0.43 puntos porcentuales con respecto a julio de 2019, mientras en los créditos a empresas es de 1.26 por ciento, reducción de 0.11 puntos porcentuales en el mismo lapso de referencia.

Petróleo sube ligeramente ante incertidumbre en la demanda por coronavirus

Portada de Milenio (México)

Los precios del petróleo subían levemente, pero se vislumbra una recuperación más lenta de lo esperado ante la demanda global de combustible por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19. El crudo Brent subía 33 centavos, o 0.8 por ciento, a 39.94 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba 31 centavos, o 0.8 por ciento, a 37.57 dólares por barril. Ambos contratos cayeron el lunes. 


La Agencia Internacional de Energía (AIE) redujo su panorama para 2020 en 200 mil barriles por día (bpd) a 91.7 millones de barriles por día (bpd), citando la cautela sobre el ritmo de la recuperación económica. Te recomendamos... Hacienda mantendrá sin estímulo a gasolinas Magna, Premium y al diéselCuotas 'extra' al IEPS en gasolina tendrán impacto inflacionario: IMEF "Esperamos que la recuperación de la demanda de petróleo se desacelere notablemente en la segunda mitad de 2020, con la mayoría de las ganancias fáciles ya alcanzadas", dijo la AIE en su informe mensual. Su revisión coincide con los pronósticos de los principales productores y comerciantes de la industria petrolera. La OPEP rebajó su pronóstico de demanda de petróleo y BP dijo que la demanda podría haber alcanzado su punto máximo en 2019. 

La demanda mundial de crudo caerá en 9.46 millones de bpd este año, dijo la Organización de Países Exportadores de Petróleo en un informe mensual el lunes, más que la caída de 9.06 millones de bpd que la OPEC esperaba hace un mes. Aún así, el mercado no espera que el comité ministerial conjunto de OPEP+ haga recomendaciones de recortes de producción más profundos en una reunión el jueves, sino que se centre en los mecanismos de cumplimiento y compensación de sus recortes actuales, dijeron fuentes a Reuters. Las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro en Estados Unidos a causa del huracán Sally proporcionaban algo de apoyo a los precios.


Cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas generarían 25,000 millones de pesos

Portada de El Economista (México)



El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría obtener ingresos superiores a 25,000 millones de pesos anuales sin incrementar impuestos, así como atacar la ilegalidad y evasión fiscal en el consumo del alcohol, si realiza cambios en el modelo en la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) ad valorem (valor del producto) a ad quantum (cuota fija sobre el contenido de alcohol), declaró Luis Foncerrada, director de la Facultad de Economía y Negocios del Mayab Mérida.

Explicó que la propuesta ya está en la mesa de los legisladores por el senador morenista Gerardo Novelo Osuna, la cual plantea una cuota entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro, lo que llevaría a incrementar hasta una décima del PIB, además de que sería un impuesto de primera mano, al cobrarse desde el momento que sale de fabricación o bien, se importa, para luego ser trasladado al consumidor.

En entrevista con El Economista, el analista económico dijo: “el presidente AMLO ha dicho que no quiere incrementar impuestos ni tasas. Este cambio de modelo en el IEPS a bebidas alcohólicas sería una muy buena oportunidad para obtener más ingresos fiscales y ayudaría a cuidar la salud”.

Si se da un golpe a la ilegalidad y se suma el incremento de ingresos por cambio de modelo en la tasa, entonces se lograrían 33,000 millones de pesos adicionales para el año próximo, y con ello se cubren todas las vacunas que se necesitan nuestro país para el Covid-19 y aun sobra.

El ex director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó que actualmente se cobra el IEPS a bebidas de contenido alcohólico se cobra a una tasa ad valorem, que es un porcentaje diferente para las cervezas, los vinos y los licores, sobre el valor de la bebida, y resulta que existen licores de “muy mala calidad, que es alcohol de caña, muy peligroso y es más barato que un ron, vodka, tequila o whisky, pero el impuesto no cobra el contenido de alcohol, sino el valor. Por tanto, el impuesto de hoy esconde la cantidad del alcohol que se consume y eso tiene repercusión en salud grave, sobre todo en jóvenes”.

Mencionó que el impuesto que surgió para cuidar la salud no cumple con su cometido, porque el ad valorem esconde la cantidad de alcohol, y lo que se debe hacer es cambiar el modelo, lo cual no genera ni impuesto nuevo ni incremento en la tasa, y cobrar la cantidad de alcohol.

“Tiene muchas mejoras el cambio de modelo, de mejora a la salud y puede incrementar la recaudación entre 16,000 y 25,000 millones de pesos, esto es una décima del PIB. Además ayuda a desaparecer la ilegalidad y la evasión porque aquí ya no interesan las facturas, pues se sabe que muchos productores hacen trampa en las facturas, les ponen precios mas bajos y luego las venden más caros”, aseguró Luis Foncerrada.

Con sólo 100 puntos de importación o de empresas productoras que paguen, se obtendría 92% del impuesto total, lo que implicaría para Hacienda una simplificación gigantesca y se reduce la evasión.

El director de la Facultad de Economía y Negocios del Mayab Mérida sostuvo que nuestro país es una de las naciones con mayor ilegalidad en la venta de alcohol, por lo cual, en México se pierden 8,500 millones de pesos por ilegalidad y evasión, con datos al 2018.

Descartó que el consumo de alcohol se reduzca por el cambio en el modelo, por lo que la Secretaría de Hacienda debería de evaluarlo y verlo con buenos ojos.



Diputados de Morena entregan 300 mil firmas para consulta contra expresidente

Portada de El Sol de México (México)

Rafael Ramírez | El Sol de México

Los diputados morenistas, encabezados por Mario Delgado y Dolores Padierna se aliaron a la organización “Red Estudiantil por la Democracia” que promueve en el Senado de la República la solicitud de consulta popular para que se juzgue a los ex presidentes mexicanos de 1988 a 2018, y para ello, les entregaron 300 mil firmas que reunieron para esta causa.

Los diputados federales al entregar las firmas en San Lázaro la tarde de este lunes, señalaron que las tramas de corrupción en el pasado empezaban desde la presidencia de la república y por ello, expusieron que es momento de avanzar a una democracia participativa que le ponga fin a la corrupción.

La organización Red Estudiantil por la Democracia, la integran víctimas afectadas por las decisiones de los expresidentes, como: Ariadna Bahena, estudiante desplazada durante la llamada Guerra contra el Narco en la región de Tierra Caliente y el ex normalista de Ayotzinapa y sobreviviente del Caso Iguala, en Guerrero, Omar García que buscan que los Podres de la Unión


De acuerdo con el sobreviviente del Caso Iguala, donde desparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización ha reunido ya las firmas necesarias para que proceda el proceso contra los ex presidentes.

Precisó que tienen contabilizadas un millón y medio de firmas y que, con los apoyos de los legisladores de Morena, tendrían aproximadamente un millón 877 mil firmas.

Omar García señaló también que su meta es reunir 2 millones de firmas y que aún faltan más firmas de diversos estados de la República, por lo que probablemente, dijo, rebasarán la meta.
Foto Laura Lovera | El Sol de México

Recordó que la ley pide un millón 800 mil firmas del padrón electoral para hacer valida una consulta popular, por lo que señaló que ahora que se alcanzaron los apoyos, su siguiente paso es llevar las firmas al Senado, soberanía donde se presentó el aviso de intención de consulta popular contra los ex mandatarios y el paso siguiente es que la Cámara alta lleve las firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la constitucionalidad de la pregunta.

La propuesta de la pregunta para la consulta es: “¿Estás de acuerdo en que se realice una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso se inicien un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”
Foto Laura Lovera | El Sol de México

Recordó que la Corte también puede modificar la pregunta para que proceda la constitucionalidad de la misma y en este sentido, lamentó que los ciudadanos no tenemos una cultura legal para exigir nuestros derechos en torno a las consultas populares.

Por ello hizo votos para que la Corte determine la constitucionalidad de la consulta para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que finalmente aparezca en la boleta electoral de 2021 o bien se haga en otra fecha, pero espera que quede ordena la consulta, pues subrayó que “es tiempo de juzgar a los intocables”.

lunes, 14 de septiembre de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Pensiones se ‘comen’ presupuesto 2021; 23% del gasto para bienes y servicios públicos

Portada de Excelsior (México)

CIUDAD DE MÉXICO.

El próximo año, el país erogará casi uno de cada cuatro pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad en cubrir el pago a pensionados y jubilados, por lo que el monto para este rubro ascenderá a un billón 64 mil millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

5.3 por ciento del PIB implicarán las pensiones hacia 2026, prevé Hacienda

El gasto representa una “bola de nieve” para la nación, pues crece un promedio de 7% real cada año, debido al envejecimiento de la población y los privilegios de las pensiones públicas, asegura Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Además de la presión fiscal por el pago de pensiones —que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda aumentará de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026—, el gasto en pensiones es también inequitativa, ya que los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben en promedio 77 veces más recursos que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, afirma la especialista.

PENSIONES, BOLA DE NIEVE PRESUPUESTAL

Por primera vez en la historia México ejercerá un billón 64 mil millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones de los distintos regímenes de beneficio definido, lo que implicará que el país gastará casi uno de cada cuatro pesos (23%) del gasto en la prestación de bienes y servicios públicos a la sociedad (gasto programable) en cubrir la mesada de los pensionados, también la proporción más alta de la historia en este concepto, revelan cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Es un gasto que crece como bola de nieve, del orden del 7% real cada año, debido a nuestra transición demográfica y los privilegios de las pensiones públicas. Aparte de que literal ‘se come’ el espacio fiscal porque cada vez hay menos recursos para funciones esenciales como salud, educación o seguridad, el gasto en pensiones es también profundamente injusto, pues los pensionados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro reciben en promedio 77 veces más que, por ejemplo, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores”, explicó a Excélsior Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de Hacienda prevé que la presión fiscal del pago de pensiones pase de 4.2 a 5.3% del PIB entre 2020 y 2026, lo que implicará que pase de 21.9% del gasto programable este año a 29.9% hacia 2026.

Esta presión fiscal seguramente será mayor que los cálculos del Paquete Económico 2021. Ahí no se tiene en cuenta la eventual reforma a las afores, que, aunque el gobierno diga que no trae costos fiscales adicionales, considero que sí los tendrá porque incrementará la cobertura de la pensión mínima garantizada. Tampoco en este cálculo se tiene en cuenta efecto que tendrá la contrarreforma pensional de la CFE que reduce la edad de pensión para sus trabajadores”, añadió Macías.

La especialista del CIEP reconoció que es muy complejo mitigar el impacto fiscal del gasto en pensiones, pero considera que pueden existir vías legales para hacerlo.


Un grupo de ciudadanos podríamos elevar una solicitud de estudio de los derechos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demostrar cómo el Estado mexicano incumple con garantizar distintos derechos, como la salud, educación o seguridad por el bajo presupuesto que le asignan, en parte porque debemos destinar cada vez más a pagar pensiones”, expresó Macías.

Explicó que una acción así tendría que provenir de las personas afectadas por la situación actual, que son quienes no tendrían los mismos beneficios de las pensiones públicas (generación afore e informales), además de aquellos a quienes tampoco se les garantiza el acceso a derechos sociales por insuficiencia presupuestal por tener que destinar más recursos al pago de pensiones.

Mientras en la ciudadanía no exista una presión para que nos garanticen el acceso a los derechos, el gobierno hará con el presupuesto lo que quiera. El statu quo en el tema de la bomba pensional continúa porque nadie hace nada por intentar revertir la situación”, comentó Alejandra Macías.

López-Gatell: hay sabotaje constante al plan anti-Covid

Portada de La Jornada (México)


Ciudad de México. La estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 es técnicamente la correcta, pero ha estado sujeta a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales, a causa del cual se han hecho ajustes tácticos, como ya no presentar predicciones sobre la cantidad de enfermos y muertos que habrá en el país, afirma Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y responsable del plan contra el nuevo coronavirus.

El funcionario no se arrepiente de las decisiones adoptadas y reconoce que una parte de la elevada cifra de decesos –se rebasaron 70 mil el fin de semana pasado– se debe a que aunque hay disponibilidad de camas, el país carece de especialistas en el manejo de enfermos críticos y se tuvo que habilitar a médicos generales.

En entrevista con La Jornada, advierte de un nuevo riesgo: que por la prisa de tener una vacuna contra el Covid-19 se pretenda adoptar alguno de los biológicos que se encuentran en ensayos clínicos de fase 3, antes de comprobar su eficacia y sobre todo que no causarán daño a las personas.

Recuerda la experiencia de la vacuna contra el dengue en 2015: México fue el primero en el mundo en autorizar el registro sanitario. Por el respaldo que tuvo de la Fundación Slim y las autoridades de la Secretaría de Salud, estuvo a punto de ser incluida en el esquema universal de vacunación, a pesar de que existía evidencia de que puede causar daño.

–¿Cuáles son las lecciones de la pandemia?

–Muchas, y sabemos que son temporales, porque el Covid-19 es un blanco móvil. En enero se pensaba que el virus sería parecido al de la influenza y no fue así. También la importancia de actuar con base en la evidencia científica y no por presiones políticas ni de aspiraciones de quedar bien con la sociedad.

–Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiaría de lo hecho hasta ahora?

–Algunas cosas, pero si y sólo si hubiera condiciones propicias como una actitud comprometida de los actores políticos y económicos y algunos medios de comunicación; sin embargo, no han estado dispuestos a trabajar con visión de país y mantenernos en la esfera técnica. De manera inocente pensé que habría generosidad humana, pero se han pasado saboteando el esfuerzo del gobierno y la sociedad para controlar la pandemia.

–¿En la pandemia ha habido dinero extra para las entidades que no firmaron los acuerdos de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)?

–Sí, parte de los 40 mil millones de pesos que se tomaron del antiguo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Los recursos se usaron para la reconversión, remodelación de hospitales y compra de equipos, incluso en esos estados, porque la pandemia es un asunto de interés nacional.

–Pero no están de acuerdo con la estrategia.

–No, como los ex secretarios de Salud que proponen hacer pruebas.

–Dicen que los países que han tenido éxito en el control de la pandemia han hecho pruebas.

–Así es –dice el subsecretario en relación con el documento que presentaron el pasado miércoles los ex funcionarios–. Esperaba un documento técnico con bibliografía científica, y sobre las pruebas, la evidencia. La realidad es que no hay nada que indique con claridad la relación entre el número de pruebas y la calidad del control de los contagios.

En México, el Insabi ha pagado las pruebas de los estados. Eso no dicen los gobernadores y tampoco que no hacen más porque su laboratorio estatal llegó al tope y no están dispuestos a pagar salarios de personal y comprar equipo.

Pruebas suficientes

–¿Han faltado pruebas para la vigilancia centinela?

–Nunca nos hemos quedado sin pruebas. La vigilancia centinela funciona, pero es un pedacito de todo lo que se realiza. Están las 475 unidades monitoras y 26 mil de la red de infecciones respiratorias que nos da un panorama nacional.

–¿Fue un error hacer proyecciones de casos y defunciones, los modelos matemáticos?

–No diría eso. Confieso que fui optimista. Pensé que los actores políticos estaban preparados para la verdad. Que se pueden recibir buenas y malas noticias, en lugar de verlo de manera maniquea, de que ante una mala noticia lo señalan como un error y quieren culpables.

–¿La disponibilidad de las bases de datos dio pauta para análisis con diferentes interpretaciones?

–Sí, pero no me arrepiento. Dijimos lo que pasaría si y solo si se respeta el confinamiento, las empresas no esenciales cierran y los gobiernos estatales verifican que así sea. Entonces se cumpliría la predicción de la curva epidémica y podemos documentar que donde no se respetó el confinamiento, no ocurrió la predicción.

–¿Hubiese sido mejor cerrar el país por regiones?

–No. Nos guiamos por lo que pasaba en otros países. Pero no se entendía, incluso en el gabinete. Durante 15 días les dije que teníamos que cerrar el país y sólo hasta que lo enfatizé, algunos secretarios de Estado se sorprendieron y dijeron que se informara al Presidente. Fue lo mejor, dar un primer impacto que hiciera el choque cultural rápido para incorporarse al modo de sana distancia.

–¿Es posible que la elevada mortalidad se deba a que los enfermos llegan graves y en pocos días mueren y además por la falta de médicos especialistas?

–Sobre los médicos, hicimos todo nuestro esfuerzo para que tuvieran la mejor capacidad técnica con tutores de los institutos de salud, pero no es lo mismo que tener especialistas en medicina crítica. Podría ser que eso explique las muertes, pero es la realidad que enfrentamos. Teníamos un déficit de 240 mil trabajadores de la salud. Sobre que las personas llegan graves, fue al principio. No teníamos camas suficientes y si decíamos: no te esperes, se hubieran saturado los hospitales.

–¿Así lo pensó y por eso no lo decía?

–Sí. No es un accidente. En cuanto ampliamos la capacidad hospitalaria –en abril– pasamos del quédate en casa a señalar que las personas desconocen que tienen diabetes, pero si tienen familiares con la enfermedad y además presentan síntomas respiratorios deben acudir al hospital.

–¿Falta más dinero para adquirir la vacuna?

–El dinero del fondo de gastos catastróficos casi se terminó. No queremos tomar más, y con la vacuna debemos tener una postura mesurada; que no se infle la expectativa pública.

–Es un poco tarde para eso. ¿Hay riesgo por la prisa?

–Uf. Está la historia vergonzosa con la vacuna contra el dengue, del laboratorio Sanofi Pasteur. México fue el primero en autorizar el registro sanitario, a pesar de que los ensayos clínicos de fase 3 revelaron problemas de seguridad. Si el biológico se aplica a personas que no han tenido la enfermedad, aumenta 750 por ciento su riesgo de que si se infectan tendrán un cuadro grave. Además tiene una pobre eficiencia en la prevención.

“Es tal el riesgo, que la Organización Mundial de la Salud recomendó que se considere su aplicación si previamente se verifica en cada individuo si ha estado expuesto a los virus del dengue.

“No obstante, en México las autoridades de la Ssa y la Fundación Slim –que respalda uno de los proyectos para agilizar el acceso a la vacuna contra el Covid-19 en América Latina– buscaban que se comprara en México. Desde el Instituto Nacional de Salud Pública documentamos el problema. No se aprobó su incorporación al entonces cuadro básico de medicamentos.

Las vacunas son de las mejores medidas de protección de la salud, pero con las candidatas contra Covid-19 no será aceptable que por la prisa de tener alguna se salten etapas para verificar la seguridad, calidad y eficacia, sobre todo la primera, para no causar daño a las personas. Los gobiernos del mundo debemos estar preparados para eso, concluye.

Los estragos económicos que dejó el confinamiento en países emergentes

Portada de Milenio (México)

Algunas de las economías emergentes más grandes •entre ellas India y México• son las que más sufrieron por los confinamientos relacionados con la pandemia de coronavirus (Covid-19), lo que pone de manifiesto sus limitadas opciones de políticas a medida que continúa la pandemia y los países más ricos comienzan a considerar la posibilidad de volver a imponer restricciones ante un segundo aumento de infecciones. La economía de India, la quinta más grande del mundo, se contrajo alrededor de 25% el trimestre de abril a junio, cuando el primer ministro Narendra Modi impuso fuertes restricciones a la actividad empresarial y al movimiento ciudadano para contener la enfermedad. 

 En el mismo periodo, México perdió 17% de su producción en comparación con el primer trimestre. Perú, cuya producción se contrajo 27%, fue el país más golpeado en América Latina. La lista puede ser más sombría a medida que lleguen más datos: Sudáfrica informó el martes pasado una fuerte caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 13% en el segundo trimestre del año, los meses más oscuros de la pandemia. México analiza ofertas de precompra de vacuna contra covid-19 de EU y Alemania Endeudarse para crecer Mientras China, donde comenzó la pandemia, y algunas economías avanzadas, entre ellas el Reino Unido, Australia y Corea del Sur, volvieron a introducir confinamientos a nivel local y podrían hacerlo a nivel nacional si las tasas de infecciones aumentan de nuevo, pero para muchos países pobres, esta forma de abordarlo no contra el virus de Covid-19”, dice Charles Roberson, economista jefe de Renaissance Capital, un banco de inversión de países emergentes. “Tendrán que renunciar a los confinamientos, simplemente no funcionan y no vale la pena el dolor económico”.

 Algunos economistas dicen que existe la posibilidad de que lo peor ya haya pasado y que, en un mundo de bajas tasas de interés, los gobiernos podrán endeudarse para regresar al camino del crecimiento. Pero muchos subrayan los riesgos de que algunas economías emergentes caigan en el estancamiento, un camino que sería difícil de corregir sin una acción coordinada a nivel mundial. “Los países en desarrollo quedaron muy expuestos a múltiples choques en un contexto de crecimiento mundial anémico”, dice Stephanie Blankenburg, directora de deuda y financiamiento para el desarrollo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “La respuesta internacional ha sido extraordinariamente vacilante, muy poco y demasiado tarde”, menciona. Hay excepciones •como Vietnam, donde la producción apenas cambió en el segundo trimestre• y los analistas las observan para aprender. “Algo que surgió es la estrecha correlación entre el desempeño económico y el rigor de cualquier confinamiento y el tiempo que estuvo en vigor”, menciona William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de la consultora Capital Economics.

 El economista agrega que “India y Perú impusieron confinamientos muy estrictos, mientras que partes de Asia Oriental y Europa Central cerraron rápidamente y pudieron mantener el virus bajo control”. El Dato. 17% de la producción en México se perdió por el confinamiento en el primer trimestre del año. Sorteando la tempestad La experiencia pasada de lidiar con epidemias como el MERS y el SARS ayudó a los países de Asia a responder al coronavirus. Roberson dice que otra posible explicación es la burocracia de alta capacidad, capaz de pasar a la acción para cumplir con las demandas del gobierno, un legado de los gobiernos comunistas de la era de la guerra fría que comparten en lugares de Asia y Europa Central y Oriental. Pero si bien el daño económico a los estados del antiguo bloque del este de Europa fue relativamente leve, la República Checa y Polonia “solamente” sufrieron contracciones de un solo dígito en el segundo trimestre, para esos países tal vez no haya pasado lo peor. La República Checa y Hungría registraron aumentos repentinos de las tasas de infecciones desde finales de agosto. 

Corea del Sur, aclamada como modelo para combatir el Covid-19, registró nuevos brotes el mes pasado. Si los gobiernos cambian su estrategia de contener el virus •y el número de muertes• a estimular el crecimiento, van a recibir ayuda del entorno global. El regreso de los inversionistas Las políticas monetarias extremadamente laxas en Estados Unidos y otras economías avanzadas se reflejaron en el mundo en desarrollo. Las tasas de interés en Brasil y Rusia están en su nivel más bajo en la historia. Muchos bancos centrales de mercados emergentes recortaron sus tasas a mínimos históricos, mientras que algunos iniciaron programas de compras de bonos al estilo de una expansión cuantitativa. Esto impulsó un auge en la emisión de bonos por parte de los gobiernos del mundo en desarrollo, de alrededor de 90,000 millones de dólares (mdd) entre los meses de abril y julio. Gran parte del capital extranjero que salió apresuradamente de los mercados de bonos y acciones de las economías emergentes durante el episodio de ventas en marzo volvió a entrar, sobre todo en los mercados de bonos. “El punto es que el acceso al mercado está ahí”, menciona Robertson. 

 “Los costos de endeudamiento deberían ser bajos a partir de ahora y las economías emergentes tienen la oportunidad de crecer más rápido que nunca en la década de 2020 aprovechando el financiamiento barato”. Sin embargo, la cantidad de apoyo disponible de los mercados no es interminable, advierten los analistas. En Brasil, que entró en recesión después de una caída trimestral del PIB de 9.7% en el segundo trimestre el año, algunos funcionarios de gobierno juegan con la idea de eliminar el límite constitucional del gasto público del país. Esa decisión desalentaría a los inversionistas, provocando más salidas de capital, pesando sobre la moneda y alimentado el aumento de las tasas de interés, una receta desastrosa para cualquier economía que depende de la deuda. Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, un grupo de la industria, menciona que la capacidad de acciones fiscales y de otro tipo de políticas en el mundo en desarrollo es mucho más limitada que en las economías avanzadas. La entrada de efectivo extranjero se desaceleró fuertemente en agosto, dice Brooks. 

Desde antes de la pandemia el crecimiento en los mercados emergentes, fuera de China e India, ya marcaba un descenso hacia los niveles de las economías avanzadas, agrega. “El verdadero problema es la divergencia macroeconómica, que es para lo que se supone que está hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos”, menciona el economista del Instituto de Finanzas Internacionales. “Para la comunidad internacional esto debería ser un llamado a la acción.

Contratos eventuales dan un respiro al empleo en agosto

Portada de El Economista (México)

El empleo formal del país tuvo un respiro en el mes de agosto, ya que, por primera vez desde que inició la cancelación de puestos de trabajo por efecto de la pandemia por el Covid-19 en marzo, se tienen números positivos con 92,390 plazas laborales dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

No obstante, la recuperación por la cancelación de empleos entre los meses de marzo a julio aún está lejos; la pérdida fue de un millón 117,584 puestos de trabajo, con lo que la recuperación de plazas del mes de agosto representa apenas 8.2% de los puestos de trabajo perdidos.

Al 31 de agosto del 2020 había 19 millones 588,342 trabajadores inscritos en el IMSS, siendo esta cifra 4.1% inferior a la observada hace un año y 5% inferior a los 20 millones 613,536 empleados registrados en febrero del 2020, previo al inicio de las medidas de distanciamiento social para contener la propagación del Covid-19.

En comparaciones anuales, la peor caída del empleo formal se observó en julio (-4.4%), último mes en el que se perdieron puestos de trabajo de los cinco que duró la sangría laboral causada por la cuarentena por la irrupción del coronavirus SARS-Cov2. Este descenso fue mayor que el observado en el peor momento de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero inferior al registrado en el clímax de la crisis de empleo de 1995 (noviembre, -9.3 por ciento).

Volviendo a las cifras mensuales publicadas por el IMSS el sábado pasado, se consigna que en el 2020, agosto tuvo un mejor comportamiento que un año antes, ya que el número de altas laborales fue 152% mayor que el registrado en el mismo mes del 2019, cuando se contabilizaron 36,631puestos de trabajo.

La principal razón por la que hay datos positivos, refieren los especialistas, es que en todo el país se dio una mayor reapertura de la economía; que sumado a la planeación que realizan las empresas para el cierre del año, contribuyeron a la generación de plazas laborales.

“Es positivo que en el mes de agosto, después de cinco meses, se haya observado ya creación de empleo; en principio se puede atribuir a la reapertura de la economía, en agosto ya hubo una reapertura más generalizada prácticamente en todo el país y eso implicó que parte de los empleos que se perdieron se empiecen a recuperar, sobre todo en el sector servicios y la propia actividad industria que de plano en algunos sectores tuvieron que cerrar”, dijo José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).


El número de nuevos empleos permanentes para el octavo mes del año fue apenas mayor que el de los eventuales, al sumar a 47,785 plazas, en donde se firman contratos por tiempo indeterminado; mientras que los eventuales fueron 44,605 plazas. En términos proporcionales, los contratos por tiempo eventual representaron 48% de las altas laborales, la tasa más alta para un mes de agosto en cuando menos una década.

Lo anterior, dijo De la Cruz, se deben fundamentalmente a la incertidumbre que hay en las empresas; ya que históricamente el empleo formal se mantiene en 80% permanente y el resto eventual, “hoy las cifras indican casi 50% por ciento de permanentes y eventuales, entonces la lectura es que las empresas están pensando y evaluando cómo estará la situación y a partir de ahí tomar nuevas decisiones, indudablemente refleja la cautela con la que se está generando empleo”.

Cabe resaltar que la disminución del empleo en lo que va del año (enero-agosto) es de 833,100 puestos, de los cuales, el 77.6% corresponde a empleos permanentes.

Al respecto, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), comentó que “empezamos a ver una recuperación, aún insuficiente, al cierre del año pronosticamos que habrá una pérdida de 800,000 puestos de trabajo, es decir, en los meses de septiembre y octubre veremos aún contrataciones, pero en diciembre siempre se pierde empleo”.


Agregó que nos va a tomar todo el año que viene retomar lo que se perdió; pero, “si la vacuna está un poco antes a principios de año, la recuperación será en el segundo o tercer trimestre si no me parece que tomará entre seis meses.


Los sectores que presentan crecimiento anual en puestos de trabajo son servicios sociales y comunales con 2.1%; electricidad con 1.7%; y agropecuario con 1.3 por ciento. En tanto, los tres sectores con la mayor nómina del país aún arrastran pérdidas.

El de la industria de la transformación tuvo registró en agosto 5.36 millones de trabajadores (27.4% del empleo formal del país), cifra 3.2% inferior a tasa anual. Le siguen el de servicios para empresas, con 4.39 millones de trabajadores (22.4% del total) y una severa caída de 9.2%; y el sector comercio, con 3.99 millones de empleados (20.4% del total) y un descenso de 2.3 por ciento. (con información de Octavio Amador)


27.4% de las plazas de trabajo dadas de alta ante el IMSS pertenecen al sector de la transformación,


22.4% del empleo formal del país se genera en el sector de servicios para empresas.


20.4% de los puestos de empleo formal son del sector comercio.


Morena busca evitar que extranjeros se lleven el litio

Portada de El Sol de México (México)


Jacob Sánchez | El Sol de México

México quiere crear Litiomex una empresa que se dedique de forma exclusiva a la explotación del litio, como lo hace Pemex con el petróleo.

En la actualidad, el litio es una industria en ciernes, pero que según distintos analistas internacionales, como Benchmark Mineral Intelligence, será el ramo minero más importante y dejará relegado al sector de los hidrocarburos.

De acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, el objetivo es regular la industria del litio en México, desde la exploración y hasta la distribución de los productos finales.

"Es importante que el litio tenga la categoría que tiene en México el petróleo. Sin lugar a dudas el litio se convertirá en el insumo más importante del próximo siglo para el desarrollo y generación de energías limpias. El litio será tan importante para los próximos 100 años como lo ha sido el petróleo en los últimos 100 años", aseguró el legislador en entrevista con El Sol de México.

REFORMA LEGAL

La propuesta, añade Alejandro Armenta, es nacionalizar el litio, a través de una reforma constitucional al artículo 27 de la Constitución, destacando a este compuesto sobre otros minerales.

El documento apunta que el mineral será catalogado como “propiedad de la Nación”, así como “inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”.

La iniciativa estipula que el propósito es obtener ingresos para el país y que será la nación la que llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del litio, mediante asignaciones a empresas del Estado o a través de contratos con particulares. La Secretaría de Economía sería la encargada de vigilar estos contratos.

“Con esto lograríamos que la nación, al ser dueña del litio, pueda acordar con privados y con públicos, contratar la producción, la explotación la extracción la comercialización la distribución almacenamiento se pueden otorgar contratos a compañías privadas y públicas, pero que el estado tenga la regulación y obtenga, las ganancias”, aseguró el senador.

"Buscamos que el litio se convierta en un bien nacional para su aprovechamiento, para su ejecución, para la generación de bienes y servicios, para su explotación pública y privada, pero que esté regulada, cómo está el petróleo.

“Como Pemex, podremos tener una empresa que se pueda llamar Litiomex“, añadió el senador poblano.
31 proyectos mineros tiene registrados la Secretaría de Economía en relación con el litio

Alejandro Armenta añadió que si bien la iniciativa es nacionalista, no se busca atacar al sector privado que ya tiene inversiones en este sector.

"Los contratos que estén bien, pues seguirán funcionando, pero para empezar, dónde están los contratos quién tiene los contratos, quién conoce los contratos, cuáles son las características de estos contratos, cuáles son los beneficios que recibe México por esos contratos", dijo a este diario el morenista.

En diciembre de 2019, en Bacadéhuachi, Sonora se ubicó el yacimiento de litio más grande del mundo.

Este depósito cuenta con 243.8 millones de toneladas del "oro blanco".

El depósito es superior en 21 millones de toneladas al de Salar de Uyuni, insignia, en Bolivia, un país que basa hasta 60 por ciento del Producto Interno Bruto en la explotación de la minería, y principalmente en el litio.

Según Mining Technology, el depósito Sonora Lithium también tiene mayor potencial que el proyecto estadounidense Thaker Pass Lithium Project que cuenta con 179.4 millones de toneladas de litio. Para su aprovechamiento las empresas Bacanora Lithium, de Reino Unido, y la china Gangfeng Lithium, preparan el desarrollo del proyecto Sonora Lithium con potenciales inversiones de 420 millones de dólares.

Cuando se descubrió este yacimiento, el exsubsecretario de Minería, Francisco Quiroga señaló que había intereses de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, donde se buscaría ir más allá de la extracción de este mineral, sino generar toda una industria y dar un salto a la manufactura de baterías y armado de vehículos eléctricos.

Sin embargo, esta no es la única propuesta en puerta, pues antes de dejar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 11 de julio pasado, Víctor Manuel Toledo entregó una propuesta similar al Ejecutivo para nacionalizar el litio.

El documento está en trámites y sólo queda esperar que la Presidencia presente la propuesta formalmente al Congreso como iniciativa.

A finales de enero de este año, el Ejecutivo solicitó a la Secretaría de Economía que hiciera un informe sobre las concesiones para explorar litio en todo el territorio nacional.

Mineras de Canadá, Reino Unido, España y Australia exploran por su cuenta el litio, potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, según el reporte de la Secretaría de Economía.

Entre 31 proyectos registrados para esta actividad, la canadiense OrganiMax Nutrient Corp tiene 15 concesiones de salares de potasio y litio que comprenden más de 424 mil hectáreas en Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila.