Justicia a los LeBarón es por convicción, no porque sean de EU: AMLOJusticia a los LeBarón es por convicción, no porque sean de EU: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la garantía de justicia para la masacre de los LeBarón no es porque se trate de familias con nacionalidad estadounidense, sino porque el combate a la impunidad es un compromiso de su gobierno. Luego de reunirse en privado con los LeBarón y Langford ofreció un mensaje a la comunidad, ofreció sus condolencias y garantizó justicia. “Quisiera como Presidente, ante los hechos de inseguridad y violencia estar con todas las víctimas que sufren por inseguridad y violencia, no lo puedo hacer en todos los casos; pero estoy comprometido y me aplico para que las cosas mejoren en el país, no con palabras sino con hechos, estamos buscando la reconciliación y la paz; tenemos que quitarle el agua al pez, que ya no haya jóvenes que quieran ser sicarios, pero eso será si los atendemos, si les damos oportunidades.
“En este caso se hicieron las investigaciones y hay cosas que no se pueden revelar por el debido proceso, pero tengo que agradecer a las autoridades, a la Sedena y Marina y a las autoridades que están trabajando para dar con los responsables. Y no es sólo porque tiene que ver con familias mexicanas estadunidenses y se dio en la frontera, es un convicción que haya justicia, que no haya impunidad y se castiguen a los responsables, ese es un compromiso que tenemos”. Te recomendamos: Visita de AMLO no marca precedente, queremos justicia, dice Julián LeBarónNo entiendo cómo pueden seguir muriendo tanta gente:
Margarita Langford Informó que acordaron volver a reunirse en dos meses en la Ciudad de México o en Hermosillo, y en seis meses, regresará a Bavispe para presentar un plan de desarrollo para la comunidad. “Acordamos reunirnos en dos meses y posteriormente yo voy a regresar aquí a Bavispe porque se ha hecho un planteamiento y hay un acuerdo general de autoridades que hagamos algo especial aquí en La Mora: lo primero la justicia, que se castigue a los responsables, que no haya impunidad, que sea un ejemplo de que el que cometió sea castigado; segundo, un monumento en memoria de las víctimas, de las mujeres y los niños; y tercero, un reconocimiento especial a quienes a pesar del peligro fueron por las víctimas como por ejemplo el doctor de Bavispe para exaltar la verdadera solidaridad, el que lleva a la práctica el amor al prójimo. “Y después venir a presentar un plan de desarrollo para esta región, que incluya los caminos”.
Suman 17 alcaldes asesinados en 2019; desde 2006, 158
Convertirse en presidente municipal o edil en México, sobre todo de los estados donde hay más recursos económicos, bajo desarrollo institucional y presencia del crimen organizado, es vivir en la zozobra y bajo amenazas de muerte que en cualquier momento se pueden cumplir, lo mismo a manos de criminales que por intereses económicos o empresariales que no dudan en arrebatarles la vida.
No importa al partido que pertenezcan, si son hombres o mujeres: de 2006 al 2 de diciembre de 2019 se han registrado 158 presidentes municipales en funciones, electos y expresidentes municipales victimados, de todos los grupos políticos y partidos.
Las amenazas o ejecución de ediles va al alza, y tan sólo en lo que va del presente sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador han perdido la vida 30 ediles: 6 presidentes municipales en funciones, 11 expresidentes municipales, cuatro síndicos en funciones, un exsíndico, cyuatro regidores en funciones y cuatro exregidores.
Así lo revela el “Análisis de la Violencia contra Ediles en México” que elaboró la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que encabeza, Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan que establece que desde que se tiene seguimiento de estos atentados contra ediles, se ha detectado que son cuatro estados donde más se han registrado ejecuciones con 81 : Oaxaca con 36, Veracruz con 16, Michoacán con 16 y Guerrero con 13.
Le siguen el otro grupo de estados peligrosos para ediles con 44 ejecutados: Puebla con 11, Estado de México con 9, Tamaulipas con siete, Durango y Jalisco con seis cada uno, y Chihuahua, cinco.
Las entidades con mayor número de presidentes municipales asesinados tienen mayor presencia del crimen organizado, pero también manejan gran cantidad de recursos y presentan un bajo desarrollo institucional, de acuerdo con el análisis de la ANAC.
La mayor cantidad de víctimas corresponde a los municipios con una cifra poblacional entre 10 y 50 mil habitantes.
75 ediles pertenecían a igual número de alcaldías con ese rango de población, 55 con menos de 10 mil habitantes.
Mientras que 12 ediles eran pertenecientes a igual número de municipios de más de 50 mil y menos de 100 mil habitantes mientras que otros 11 eran de municipios con más de 100 mil habitantes.
El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, advirtió que los presidentes municipales se sienten vulnerables e inseguros ante el ambiente de violencia e inseguridad que prevalece en el país.
“Estamos expuestos todos los días, hay un riesgo constante para alcaldes, regidores, pues estamos todo el tiempo en riesgo de que nos asesinen”, advirtió.
Por ello, el dirigente de la ANAC, recomendó a los alcaldes y alcaldesas del país revisar su seguridad así como cambiar las rutas todos los días, porque están expuestos por su función.
SIN FRENO, EJECUCIONES Y AMENAZAS. Según el documento, desde este sexenio que empezó el 1 de diciembre del 2018 a la fecha se han registrado 17 ejecutados: seis ediles en funciones y 11 expresidentes municipales.
De hecho, la ANAC considera que el 2019 sería el año con el mayor número de munícipes que pierden la vida en los últimos tres sexenios.
Pero la violencia se hace presente también en el número de síndicos y regidores victimados en este primer semestre de la administración lopezobradorista pues a partir del 1 de diciembre del 2018 han fallecido 4 síndicos en funciones, un exsíndico, 4 regidores en funciones y 4 exregidores.
En total van 30 ediles asesinados entre presidentes municipales, síndicos y regidores en este gobierno lopez obradorista.
De 2006 al 30 de noviembre del 2019, se han registrado 158 víctimas en 153 municipios del país donde 65 de ellos eran presidentes en funciones, 11 eran presidentes electos, y 82 expresidentes municipales, ennumera la ANAC.
Con base en su cronología, el 2018 fue al año más mortífero para los ediles, pues fueron ejecutados 31 funcionarios municipales. Le siguió el 2017 con 22 ediles asesinados y el 2019 con 17.
De los 158 ediles ejecutados, 151 eran hombres y 7 mujeres. Por partido político, el PRI es el que más bajas ha sufrido con 68 funcionarios y exfuncionario municipales ejecutados, 31 de ellos presidentes en funciones.
Le sigue el PRD con 35 funcionarios y exfuncionarios municipales ejecutados del 2006 a la fecha, 14 de ellos presidentes en funciones.
En tanto que el PAN, ha sufrido la baja de 22 funcionarios municipales ejecutados, 10 de ellos, ediles en funciones.
Mientras que Morena, de reciente creación, ha sufrido 5 asesinatos de funcionarios municipales, tres de ellos eran presidentes en funciones, uno electo y otro era expresidente municipal.
CONTEO TRÁGICO. Algunas de las ejecuciones que se han perpetrado en esta administración de López Obrador son la de la alcaldesa priista Olga Gabriela Kobel Lara, quien fue ejecutada apenas unos días después de que el Presidente de la República asumiera funciones el 1 de diciembre del 2018.
Kobel Lara, fue la primera edil asesinada en esta administración y fue localizada sin vida el 10 de diciembre del 2018 después de que fue reportada como desaparecida.
La presidenta municipal fue atacada a balazos presuntamente por dos hombres, uno de ellos empresario, luego de haber sostenido una discusión con un contratista, según reportó la Fiscalía de Coahuila.
Pocos días después, el 1 de enero del 2019, tras tomar posesión como alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado cuando se dirigía a realizar un recorrido; dos sujetos lo agredieron con armas de fuego. El morenista falleció en el hospital.
El tercero fue en el mes de abril, cuando el alcalde de Nahuatzen, Michoacán, David Otlica Avilés, fue sacado de su domicilio para ser privado ilegalmente de su libertad; horas después se reportó su deceso.
Ese mismo mes, un comando armado asesinó a Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, cuando se trasladaba sobre la carretera Zongolica-Orizaba dentro del municipio Los Reyes.
La perredista Carmela Parral Santos, presidenta municipal de San José Estancia Grande, perdió la vida el 17 de Agosto luego de ser atacada a balazos.
El más reciente fue la ejecución el pasado mes de octubre del presidente municipal de Valle de Chalco, en el estado de México, el morenista Francisco Tenorio.
Ello luego de que se ofreció a dar un “aventón” a un sujeto, quien lo asesinaría minutos después, según la Fiscalía General mexiquense.
De acuerdo con el estudio de la ANAC, uno de los factores que se han detectado en las ejecuciones de los presidentes municipales es que en su mayoría no tenía recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).
“De los 153 municipios donde hemos registrado víctimas, en 140 de ellos (91.5) no contaban con el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad al momento del Siniestro. Solamente a 13 de estos (8.49) se les había asignado el subsidio para ejercerse en dicho año. El Fortaseg empezó a asignarse desde el 2016”, establece.
OCDE: La IP, necesaria para crecer
Es “indispensable” la participación de la iniciativa privada nacional o extranjera en los proyectos de energía en México, porque la administración de Andrés Manuel López Obrador no tiene recursos presupuestales para solventar la inversión en el sector, demandó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.
En entrevista con El Heraldo de México, aseguró que la participación del sector privado es una precondición para que continúen llegando los capitales extranjeros al país. “Es indispensable (participe la iniciativa privada), porque el Estado mexicano no tiene los recursos presupuestales ni en la Comisión Federal de Electricidad ni en Petróleos Mexicanos para poder sustentar la inversión enorme que requiere poner al día las capacidades en estos sectores fundamentales”, expresó.
Desde su punto de vista, la Reforma Energética realizada en el sexenio de Enrique Peña Nieto “fue muy revolucionaria y fundamental”, al reconocer que el estado mexicano no puede hacer todo.
Yo diría que fue revolucionaria y al mismo tiempo abrió espacios fundamentales que se han aprovechado; hay más de 100 contratos que valen decenas de miles de millones de dólares que van a ser la semilla del crecimiento futuro”, dijo.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene sentido convocar a nuevas rondas para entregar contratos a empresas petroleras, pues la Reforma Energética no había funcionado, fue un engaño porque nunca llegó la inversión y tampoco aumentó la producción.
En su visita anual a México, en la plática sostenida con este medio, dijo que la OCDE recomienda a la administración de López Obrador continuar con la Reforma Energética y mantener el contexto de las reglas y normas con que se suscribieron los contratos. Además de que como nuevo gobierno, con prioridades distintas, debe discutirlas con los inversionistas para mantener la estabilidad y la confianza.
Gurría dijo que el ramo energético sólo puede tener un impacto muy positivo en el crecimiento de la economía, pero no va a restablecer “la velocidad de crucero” de 4 a 5 por ciento anual que es lo que México requeriría en un contexto internacional complicado y con una pirámide de edad como la que tiene el país.
Habría que estimular el sector de la energía, atraer inversión, pero también trabajar en todos los demás sectores, en la tecnología del conocimiento y aumentar la productividad en toda la manufactura”. Además, explicó, el acceso que da a México el acuerdo con Estados Unidos, ha convertido al país en una potencia exportadora y “somos el principal socio comercial con ese país”, dijo.
Gurría consideró que la administración federal debe respetar los contratos que ya se han suscrito y establecer las futuras políticas energéticas, con la intención de mantenerlas y cumplirlas. “La inversión extranjera le apuesta a México en general, a la estabilidad política y económica; también le apuesta a unas reglas y normas, dependiendo de ellas decide si puede y debe invertir y hacer negocios”. En febrero, el gobierno federal va a presentar el plan de inversión para el sector energé
El secretario general es cuestionado sobre si se necesita una Reforma al sistema de pensiones en México. Desde su perspectiva, lo que el país necesita es incrementar las contribuciones que se realizan en la actualidad. Afirmó que la aportación actual de 6.5 por ciento al esquema de pensiones es poco, ya que debería ser de 18 por ciento, por lo que si no se modifica esa situación, habrá pensiones muy bajas y modestas contra los ingresos que tenían los trabajadores, lo cual puede generar presiones sociales y a nivel de las familias.
Es un problema aritmético, así de fácil… la dificultad es que cuando se tiene un tercio de lo que hay que aportarle a los fondos, aritméticamente la solución no va a dar, después se pueden reducir las comisiones de las afores. El problema básico es que hay un tema de contribución”, expresó.
Agregó que en la OCDE habían considerado usar una parte de los recursos del Infonavit, para canalizarse al esquema de pensiones. “Porque finalmente era para favorecer a los mismos trabajadores que están en el sector formal”.
Expuso que en muchos países, la edad de jubilación se vincula con la expectativa de vida. Gurría Treviño añadió que el mercado informal es un obstáculo adicional. “Si 60 por ciento de la fuerza de trabajo es informal, ya tenemos un problema de que 60 por ciento de la fuerza de trabajo que no está contribuyendo de manera sistemática al tema de pensiones”.
Puntualizó que se debe formalizar ese sector, a través de estímulos e incentivos, para posterior crear un sistema de supervisión, para que las empresas no tengan una fuerza de trabajo informal. “Hay que reconocer que mucha de la fuerza de trabajo que está en la informalidad son una o dos personas que montan una fuente de ingreso para sobrevivir”.
El funcionario internacional enfatizó que en México hay mucha precariedad, por lo que no se pueden aplicar de manera mecánica las soluciones que se aplican en Finlandia o Alemania.
El ex secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo dijo que en el tema de las pensiones se necesita hacer un diagnóstico objetivo del problema y ponerse a trabajar en él.
“Eso es lo que nosotros recomendamos, es lo que estamos haciendo en todas las interacciones con el gobierno mexicano. Es lo que hemos venido a confirmar y constatar en esta visita anual a México”.
VER TENDENCIAS MUNDIALES DE RECAUDACIÓN
El secretario general de la OCDE dijo que en materia tributaria, México debe considerar las tendencias mundiales de recaudar por medio de IVA y bienes raíces.
Si es más (la recaudación) por la vía del IVA, el mundo está bajando la presión de los impuestos a las empresas y al trabajo, para estimular el empleo y las inversiones y está aumentando (la tributación) al consumo, ya sea IVA, a las emisiones y a los bienes de propiedad raíz”.
Expuso que esas son las tendencias en el mundo, por lo que México debería considerarlas como parte del paquete que eventualmente consideren las autoridades mexicanas hacia el futuro.
Actualmente, México recauda 17 por ciento con todo y la renta petrolera, contra 34 por ciento de la OCDE y 50 por ciento de los países nórdicos, enfatizó el líder del organismo internacional.
“México tiene un gobierno pequeño y no puede llevar a cabo, con satisfacción, los servicios de salud, educación e infraestructura porque no tiene muchos recursos, por la carga tributaria que es la mitad de la OCDE“.
Por ley, los servicios del Insabi serán gratuitos, pero de forma progresiva
Los servicios médicos públicos en México serán gratuitos de manera progresiva. Así dice la reforma a la Ley General de Salud, por lo que no hay engaño.
Conforme las entidades federativas suscriban los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), contarán con los recursos económicos y materiales necesarios para garantizar la atención a las personas en el primer y segundo niveles de atención, afirmó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del nuevo organismo.
Hasta hoy, 22 secretarios de Salud, incluidos algunos de gobiernos panistas, están de acuerdo con el cambio, que es en beneficio de las personas, sobre todo las que se encuentran en las zonas más marginadas y alejadas del país.
En entrevista en su oficina, que ahora comparte con otras nueve personas porque era demasiado el espacio para una sola, el funcionario dijo que el caos de los primeros días de operación del Insabi es por las resistencias de quienes piensan que está bien la deuda de más de 54 mil millones de pesos que tienen las secretarías de Salud estatales.
“No dicen que el Seguro Popular operaba con déficit de recursos –cada año le faltaban más de 3 mil millones de pesos– ni que la mayor parte del dinero se destina al pago de servicios subrogados, mientras los centros de salud carecen de capacidad resolutiva.”
Respecto de los costos que los pacientes seguirán pagando en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad por la atención de padecimientos complejos, puntualizó que hay 66 intervenciones quirúrgiucas gratuitas –antes cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos– que se mantienen, y una lista de 30 padecimientos adicionales que se sumarán a la gratuidad una vez que se actualicen los protocolos de atención clínica y el Consejo de Salubridad General los autorice.
–¿Qué falló? ¿Qué faltó explicar y por qué hay quejas por cobros de servicios?
–Un cambio siempre enfrenta resistencias. La reforma legal va dirigida a la gente y no a la cuestión financiera, como era el enfoque del Seguro Popular. Había una tendencia a la privatización.
Ahora, es diferente: se refuerza la participación de las secretarías estatales de salud; van a tener los recursos para ser resolutivos. Que nos pidan lo que necesitan para funcionar: equipos, personal médico y de enfermería. Sólo hay una línea: que todo sea en favor de la gente.
–¿Qué pasa con la iniciativa privada en esta área?
–No puede seguir esto de que el dinero sea para su beneficio. Seguirá la subrogación, pero con precios justos y calidad en los servicios. El problema es que son muchas áreas que se subrogan, desde la lavandería, la seguridad, jardinería, alimentación, centros de mezclas, laboratorios de análisis clínicos y estudios de imagen, entre otros. Las entidades destinan a esto más de la mitad de sus presupuestos.
Se van a realizar contrataciones de servicios de forma consolidada, a través de la Secretaría de Hacienda.
–El Seguro Popular también tenía convenios con hospitales privados para la atención de algunas enfermedades –se le recordó.
–Van a seguir, pero con un esquema distinto, donde se les pague en especie. Recibirán los medicamentos e insumos que se requieran para la atención de pacientes.
–¿Cuándo estarán firmados los acuerdos de coordinación con las entidades?
–He tenido encuentros con 22 secretarios de Salud. Esta semana me reúno con los que faltan. Los 22 están de acuerdo con el cambio del Insabi, porque es para mejorar. Tendrán el dinero suficiente para la rehabilitación de todos los centros de salud, que funcionarán de lunes a domingo. Les enviaremos las medicinas y el personal del programa Médicos del Bienestar, al que se han inscrito 32 mil 132 doctores y enfermeras. Esto nunca se había logrado, aunque digan que el Seguro Popular funcionaba muy bien.
Este año quedará consolidado el sistema. A mediados de febrero tendremos la definición de las entidades sobre los acuerdos.
–Las quejas son porque el año pasado se dijo que los servicios serían gratis para todos y en todo el país. Nadie habló de la progresividad.
–Así lo dice la ley, además de que los 23 institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad no dependen del Insabi. Ahí es donde hay cobro de cuotas. No son los 4 mil establecimientos de salud del país.
Las 66 intervenciones que cubría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (ahora Fidecomiso de Salud para el Bienestar) se mantienen y hay 30 padecimientos que también se atenderán de manera gratuita. Falta que los grupos de expertos actualicen los protocolos de atención, que lo apruebe el Consejo de Salubridad General e incluya los tratamientos en el Compendio de Insumos para la Salud.
–¿En ese momento se firmarán los contratos de prestación de servicios entre el Insabi y los institutos y hospitales de alta especialidad?
–Así es. Conforme se vayan aprobando, el Insabi tendrá la obligación de garantizar la atención médica. Se necesita el soporte porque el dinero es finito. El Insabi tiene este año 112 mil millones de pesos: 72 mil millones del presupuesto ordinario y 40 mil millones de pesos adicionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención, los que se usarán con base en la ley y la planeación. No es una ocurrencia.
–El retraso en la firma de contratos para la compra de medicinas afectará los servicios médicos...
–No hay retraso. Hay disponibilidad hasta el 30 de marzo. Los contratos 2020 son del primero de abril al 30 de enero de 2021. En mayo de 2020 se harán las compras para cubrir dos años: del primero de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Y en abril de 2021 se hará la licitación de 2023 y 2024. Así nos va a salir más barato.
–¿Qué pasó con el personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud?
–Como ya no hay afiliación, se les ofreció la reubicación. Médicos y enfermeras a centros de salud y hospitales; los administrativos serán promotores de salud. Este es otro tema: más de 30 por ciento de los trabajadores son administrativos, cuando máximo debería ser 6 por ciento. O como aquí en las oficinas. Cuando era Comisión Nacional de Protección Social en Salud había 500 empleados, y ahora somos alrededor de 87.
–El edificio les quedará grande.
–Ya lo estamos alquilando. Lo compartimos con el Laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y está pagando la parte que le toca de la renta.
Favorece la 4T a una empresa outsourcing
La empresa de outsourcing We Keep On Moving, una compañía beneficiada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, acaba de sumar un nuevo contrato a los 23 que ya ganó en el primer año de la Cuarta Transformación.
Durante 2019, la empresa obtuvo 13 contratos por adjudicación directa y 10 mediante licitación por un monto de mil 23 millones de pesos, según datos de Compranet.
Ese monto supera el valor de los servicios por los cuales le pagó la administración pasada.
El Sol de México publicó en septiembre que esta empresa obtuvo 15 contratos en la última mitad del sexenio pasado, por un monto de 758.9 millones de pesos.
La compañía fundada por el exdiputado priista Jesús Rodríguez Hernández ha sido contratada en esa administración por las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
Tan sólo la Conavi otorgó a la firma dos contratos con un valor total de 255.2 millones de pesos por servicios de apoyo entre marzo y diciembre de 2019.
Para este año, la compañía asociada a Grupo Intermex, del empresario Jorge Salim Fahur, ya obtuvo su primer contrato millonario con el gobierno federal.
We Keep On Moving ganó una licitación por 229.8 millones de pesos para brindar servicios especializados en el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM durante el primer semestre de este año.
El GACM está cargo de la liquidación de los contratos tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, y de acuerdo con la SCT, estará al mando de lo que será el Sistema Aeroportuario Metropolitano, que incluye las terminales de Santa Lucía (que está en construcción), el de Toluca y el Benito Juárez de la CdMx.
El contrato es para suministrar personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados al GACM / Foto: Especial
Consultado sobre el contrato con We Keep on Moving, el grupo aeroportuario respondió a este diario que se trata de un cambio de proveedor de outsourcing, que anteriormente era Consorcio ADPER.
El valor de este contrato con We Keep on Moving para el periodo enero-diciembre de 2020 es 31 por ciento mayor al monto que el GACM pagó por los servicios de suministro de personal entre 2015 y 2018 al consorcio encabezado por ADPER.
El grupo encabezado por Gerardo Ferrando otorgó el contrato a We Keep On Moving, al considerar en el acta de fallo que la empresa cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos.
La empresa participó en conjunto con Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Aurus Nivel Total, Asesoría Jurídica Adarve de México y Consorcio Empresarial Akru.
We Keep On Moving también brindó servicios de outsourcing en el sexenio pasado a dependencias como la SCT, la Cancillería, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y el Instituto Nacional de Salud Pública, aunque carecía de experiencia en el mercado de la subcontratación, según constató este diario.
De acuerdo con documentos obtenidos por este diario, la empresa se constituyó en marzo de 2016 para prestar servicios de publicidad, marketing, operación y procesamiento de tecnologías, además de la compra, venta y arrendamiento de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.
El fondo de la disputa por Morena es el dinero: Polevnsky
La secretaria general del partido Morena en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, adelantó que no convocará a sesión del Congreso Nacional para el 26 de enero con el fin de que se someta a votación su permanencia en el cargo, como propuso la titular del Consejo Nacional, Bertha Elena Luján. La dirigente argumentó que tal convocatoria es ilegal y acusó motivos económicos detrás de ese planteamiento.
“Lo que pasa es que están muy interesados en el dinero del partido. Salen a decir que no tengo facultades y sí tengo facultades para renunciar (a 75 por ciento de las prerrogativas para Morena). La única que se queja es Bertha Luján, cuando ella tendría que ser la primera en apoyar la postura del Presidente de la República; ¿por qué no quiere que renunciemos al dinero, para que lo use el Presidente de la República?, ¿cuál es el interés? Parece que el interés es el dinero, y es muy penoso”, aseveró en entrevista con La Razón.
“El interés es el dinero; eso se muestra muy claro. Por eso tienen tanta prisa y tanta urgencia (en sacarme). Ganamos la Presidencia sin tener tanto dinero… ¿para qué quieren tanto dinero?”
Yeidckol Polevnsky / Presidenta de Morena
Este diario informó que Luján pidió convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, en el que “los congresistas votarán para nombrar a la dirección de Morena o ratificar a la dirección; o sea, el Congreso es el encargado de decidir quién dirige Morena”; e incluso, precisó, que podrían optar por un comité provisional, según explicó.
Al respecto, Polevnsky planteó que quienes realizaron dicha propuesta “tienen prisa” de sacarla de la jugada o despojarla del cargo, porque “su único interés es el dinero”, a partir de que anunció que Morena renuncia a 75 por ciento de sus prerrogativas para 2020 con el fin de que se utilicen para las acciones del Gobierno federal.
“Es muy penoso que un partido como Morena tenga militantes, principalmente a la presidenta del Consejo, yendo en contra de que se le entreguen al Presidente para que se vaya a salud o a donde más haga falta”, apuntó, tras señalar que por el recorte al financiamiento, “todos me felicitaron; todos los militantes de Morena están felices con ello”.
Las prerrogativas de Morena para 2020 ascienden a mil 653 millones de pesos, pero con la reducción de 75 por ciento, el partido renuncia a mil 240 millones de pesos y se quedaría con alrededor de 413 millones de pesos.
En el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, hoy Jefe del Ejecutivo federal, surgieron voces de rechazo en contra de la medida; como la de Alejandro Díaz Durán, quien afirmó que las prerrogativas sí se necesitan para formar cuadros, capacitar a líderes y credencializar a los militantes. El asunto fue impugnado y le corresponderá resolverlo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
Además, Díaz Durán señaló que se trató de una decisión unilateral. “Es una perversidad política disfrazada de austeridad mal entendida, la propuesta de disminuir 75 por ciento las prerrogativas de Morena, porque deja en desventaja y en la indefensión política y electoral al movimiento en las elecciones venideras”, expresó mediante un comunicado.
El morenista, quien también aspira a la presidencia de Morena, junto con Polevnsky y Luján, añadió que el partido está naciendo, por lo cual “no podemos sacarlo antes de su consolidación institucional, porque los adversarios van a coaligarse no sólo electoralmente, sino que tienen miles de millones de pesos acumulados en infraestructuras y también tienen los miles de millones de pesos que saquearon de las arcas públicas, y que nadie dude que se los gastarán para tratar de derrotar no sólo a Morena, sino bloquear al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguien cree que van a jugar limpio en 2021? Yo no”,
Polevnsky reviró a sus compañeros que el financiamiento es suficiente; “nosotros con 25 por ciento tenemos mucho más de lo que teníamos cuando ganamos la Presidencia de la República. Entonces, repito, el interés es el dinero, eso es lo que se muestra muy claro, por eso tienen tanta prisa y tanta urgencia. Es puro interés económico, ganamos la Presidencia sin tener tanto dinero; ahorita ni siquiera nos vamos a jugar la Presidencia, ¿para qué quieren tanto dinero?”.
Asimismo destacó que convocar a Consejo Nacional Extraordinario sería ilegal, porque se requiere una convocatoria que, dijo, sólo puede ser lanzada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN); además de que no existen las figuras de dirigencias interinas en el estatuto del partido y primero, por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), primero debe atenderse el tema de la reafiliación de militantes y actualización del padrón.
“Me mandó Bertha una lista diciéndome que convoque, pues no, yo plantearé lo que mandó Bertha al Comité Ejecutivo para que sepan lo que está planteando, pero no convocaremo; ¿por qué razón?, porque debemos atender primero la sentencia del tribunal, además, los partidos somos órganos de interés público que manejan dinero público, por eso no se puede hacer lo que se les ocurra, es una irresponsabilidad andar financiando reuniones a diestra y siniestra”, planteó la dirigente.
Ante la posibilidad de una convocatoria a dicha reunión por parte de Lujan, excontralora capitalina, advirtió que sería unilateral, no alcanzaría el quorum y probablemente ésta sería impugnada.
Parecen de la oposición. La dirigente de Morena también acusó que el Consejo Nacional tiene “secuestrado” a parte del CEN que encabeza.
“Están todo el tiempo tratando de envenenarle el alma a los militantes, engañándolos; tendrían que reconocer todo lo que hemos logrado, ganamos la Presidencia, gubernaturas; un Consejo normal estaría festinando todo lo que hemos ganado, y en su lugar tienen secuestrada a una parte del Comité Ejecutivo Nacional; parece que fueran oposición, parece que tuviéramos a la derecha adentro”, expresó.
La creación de empleo languidece en el 2019
Producto del estancamiento económico del 2019, la creación de empleo formal en el gobierno de Andrés Manual López Obrador comenzó a la baja. A lo largo del año, las altas laborales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cayeron 48.2%, a 342,077 plazas, con lo que el 2019 se convirtió el año más débil en generación de empleo desde el 2009 —año en que la economía se contrajo 5.3%—, cuando se perdieron 171,713 empleos.
En cifras redondas, el año pasado se generaron casi 319,000 empleos menos que los creados en el 2018 y casi 460,000 menos que los observados en el 2017, el mejor año para el empleo formal del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Como colofón de la debilidad en la demanda de fuerza de trabajo a lo largo del año, el último mes del año se convirtió también en el diciembre con la mayor cantidad de despidos estacionales desde que se tiene registro, pues los patrones dieron de baja a 382,210 trabajadores.
En términos relativos, esto significó que se canceló 53% de los 724,287 empleos que se habían generado de enero a noviembre del 2019. Este porcentaje es el mayor desde el 2003 (sin considerar los años de crisis económica), cuando en diciembre se dio de baja a 89% de las plazas que se generaron de enero a noviembre de ese año.
Debido a factores estacionales, cada año se cancelan empleos formales, pero el promedio de la última década es de 286,000 puestos de trabajo o 31% del empleo generado hasta noviembre, medido en términos proporcionales.
Al 31 de diciembre del 2019 se encontraban registrados ante el IMSS 20 millones 421,442 puestos de trabajo, cifra 1.7% superior a la observada un año antes. Esta tasa de crecimiento interanual del empleo formal del país es la más baja desde la observada desde febrero del 2010, cuando la tasa de trabajadores asegurados crecía a un ritmo de 1.3 por ciento.
Este ritmo también está lejos de la tasa de 4.6% que se alcanzó en marzo del 2017, cuando el empleo formal crecía a su mayor intensidad durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Ese año, la economía mexicana creció 2.1% y se encontraba, de hecho, en una fase de ralentización, pues venía de crecer 3.3% en el 2015 y 2.9% en el 2016.
Según el promedio de los últimos pronósticos de crecimiento de los especialistas en economía que encuesta mensualmente el Banxico (recabados en diciembre), en el 2019 el PIB mexicano prácticamente se mantuvo estancado con un crecimiento raquítico de 0.03 por ciento.
Si consideramos los primeros 13 meses de la administración del presidente López Obrador, el saldo de hecho se pinta de rojo, pues entre el 31 de noviembre del 2018 (un día antes de que iniciara su gobierno) y el 31 de diciembre del 2019 se han perdido, 36,484 plazas de trabajo.
Se trata, así, del peor inicio de sexenio desde la Presidencia del expresidente Vicente Fox (200-2001), cuando se perdían 606,569 empleos, aunque entonces, a diferencia de lo que sucede ahora, la economía se encontraba en recesión.
.jpg)
