Nuevo León dio sueldazos a 84 funcionarios; hallan anomalías en cuenta pública
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CIUDAD DE MÉXICO.
Como resultado de una fiscalización realizada al gobierno de Nuevo León, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de anomalías en la cuenta pública, entre ellas posibles responsabilidades de funcionarios públicos, que en 2017 pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados, esto por un monto de 3.3 millones de pesos.
Ante ello, la dependencia federal emitió una promoción de responsabilidad a servidores públicos de dicho gobierno, a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, y 33 promociones.
En sus informes de auditorías 2017 y 2018, la ASF dio a conocer que, por ejemplo, en 2017 emitió 4 observaciones por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones.
Ese mismo año, destaca otra promoción contra funcionarios de la Secretaría de Salud que no acreditaron la salida de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León equivalentes al 100% de dosis recibidas para el programa de vacunación universal.
También se detectó que se pagó con recursos de participaciones federales a 154 funcionarios después de su fecha de baja definitiva por un importe de 3.2 millones de pesos.
LA ASF DETECTA MANO NEGRA DE SERVIDORES EN NL
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una promoción de responsabilidad a servidores públicos del gobierno de Nuevo León en 2018, y en 2017, 33 promociones para lo mismo, dentro de la revisión de las cuentas públicas de esos años, por irregularidades que van desde hacer depósitos de dinero federal en las locales, no utilizar cientos de miles de vacunas para prevenir enfermedades y observaciones en la utilización de decenas de millones de pesos.
4 observaciones emitió la ASF en 2017 por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones
Lo anterior, la ASF lo dio a conocer en sus informes de auditorías 2017 y 2018 de cumplimientos financieros, en las que, por ejemplo, en 2017 emitió cuatro observaciones por más de 90 millones de pesos y 13 recomendaciones.
En el caso de 2018, la única promoción de responsabilidades es para detectar a los funcionarios públicos del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón que no reportaron a la Secretaría de Hacienda las evaluaciones a los recursos del Fondo para las Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
33 promociones de responsabilidad emitió la ASF a servidores públicos del gobierno de Nuevo León por la cuenta pública de 2017
Este ordenamiento al órgano de auditorías o equivalente, del estado, se encuentra dentro de la auditoría mil 111 realizada al gobierno de la entidad.
Con respecto de 2017, destaca una promoción para iniciar ese mismo procedimiento en contra de los servidores públicos de Nuevo León, que en la Secretaría de Salud no contaron con la documentación que acredite la salida de 147 mil 880 y 170mil 430 dosis de vacunas, del almacén central de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, equivalentes a 100% de dosis recibidas para el programa de vacunación universal.”
Esas dosis fueron recibidas por la entidad entre el 15 de julio y noviembre de 2017, pero no se cumplió con el convenio de colaboración celebrado entre la Federación y la entidad.
29.1 mdp puede ser el daño a la Hacienda federal por la adquisición de concreto premezclado y pilas de cimentación para el Sistema de Transporte Colectivo
Esta investigación se encuentra en la auditoría 227 de cumplimientos financieros de la cuenta pública 2017.
En adición, ese año, se solicitó una investigación a la Auditoría estatal por posibles responsabilidades de funcionarios públicos de la entidad que pagaron con recursos federales a 84 servidores públicos por encima de los tabuladores autorizados, esto por un monto de 3.3 millones de pesos.
Además, se les pagaron con recursos de participaciones federales a 154 funcionarios públicos después de su fecha de baja definitiva por un importe de 3.2 millones de pesos. Estas irregularidades fueron consignadas en la auditoría mil 135 del año 2017 sobre cumplimiento financiero en el tema de participaciones federales a entidades federativas.
Al revisar los recursos para el Seguro Popular, se determinó que el gobierno de la entidad no realizó los registros contables de 72 millones de pesos en especie y tampoco los asignó, por lo que se solicita el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados.
En tanto, en la auditoría de inversión física de ese mismo año se observó un probable daño a la Hacienda Pública federal, por un monto de 29.1 millones de pesos en la adquisición de concreto premezclado y pilas de cimentación para el Sistema de Transporte Colectivo, el Metrorrey, en el que no se justificó el cálculo de más de 33% de “desperdicio de concreto”.
Rosario Robles dice que sí avisó a Peña Nieto sobre irregularidades detectadas por Auditoría Superior
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El ex presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades detectadas en los pliegos de la Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles.
Así lo reveló la defensa de la ex secretaria de Estado durante la audiencia de vinculación de proceso que continúa la madrugada de este martes. El abogado Óscar Ramírez detalló que en entrevista realizada a Robles por la propia defensa, la ex titular de la Sedesol y Sedatu detalló que notificó estas situaciones a Peña Nieto, a través de las diversas reuniones de gabinete, así como durante giras de trabajo y por la línea directa federal de comunicación, conocido como teléfono rojo.
Antes, los abogados que representan a Robles también exhibieron más de una treintena de datos de prueba. (Ilustración: Mauricio Ledezma) Entre éstos destacó la acta de entrega recepción de la Sedesol a José Antonio Meade, en la cual le hicieron saber los pliegos de observación de la ASF que estaban pendientes por solventar y que contendrían las posibles irregularidades.
La defensa también basó en las resoluciones del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social para desvirtuar los pliegos de observación de la Auditoría Superior de la Federación y que señalaban las irregularidades en los convenios con universidades públicas y que habrían derivado en posibles desvíos de recursos públicos.
Akabani: en el Fondeso, sólo trámites individuales
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Fadlala Akabani, director del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX, señaló que la Unión Popular Benita Galeana fue la única encargada de la logística del evento que se llevó a cabo el pasado sábado, al cual Crónica asistió y constató que dicha organización convocó a 3 mil de sus agremiados (quienes buscan obtener un crédito de vivienda ante el INVI) a este evento, en el que fueron presentados como emprendedores y microempresarios en busca de un crédito otorgado por el Fondo.
Comentó que las prácticas (como los acarreos vía WhatsApp que documentó Crónica) se podrían acabar poco a poco, “porque en este gobierno en todos los trámites la intención es que sean individuales y en Fondeso ya lo son”. Akabani explicó que él desconocía como se había llevado a cabo la convocatoria para dicho evento y agregó que asistió por que fue invitado y como funcionario público, es su deber acudir a donde se requiere informar a la gente sobre los servicios que el Fondeso tiene.
“Ellos me pidieron que vaya a explicarles el crédito, hasta donde yo sabía eran dos o tres organizaciones y me pidieron explicarles los mecanismos de Fondeso y pues voy yo porque tengo la obligación de hacerlo”, dijo.
Y agregó: “Como servidor público del gobierno de la Ciudad yo tengo la obligación de escuchar a todos los que pretenden o ya tienen establecido un negocio y tengo la obligación de explicar estos mecanismos, para que los puedan conocer de primera voz”.
El funcionario expresó que todos los trámites para otorgar un crédito son gratuitos, individuales y se tienen que hacer en la alcaldía respectiva, por lo que al trámite en curso se le asigna un folio inalterable y en la dependencia “no podemos meter mano”, mencionó.
Respecto a que la reunión pasada pudiera ser un asunto clientelar aclaró que él no tiene relación con la Benita Galeana y que “clientelar es cuando es a cambio de nada y éste es un crédito que tienen que trabajar y lo tienen que pagar. No puede ser clientelar algo cuando lo que reciben es lo mismo que cualquier otro ciudadano”.
Sin embargo, mediante grupos de WhatsApp, Víctor Hugo Espinosa, presidente de la Benita Galena, les hizo llegar un mensaje a todos sus agremiados en el cual les pedía su asistencia al evento, pero además les solicitaba a cada uno llevar 10 acompañantes e inclusive los instruyó a llevar a toda su familia, pues en el mensaje enfatizaba “hay que meterle muy duro a esta convocatoria, porque tenemos que ser más de 3 mil compañeros”.
Y a la entrada de la reunión con el Fondeso, Víctor Hugo se encontraba recibiendo a los asistentes y preguntándoles (en una especie de filtro) a donde se dirigían, con el objetivo de asegurarse que no se colaran personas ajenas a los agremiados y sus invitados.
En respuesta a esta práctica implementada por parte de la organización Benita Galeana, Fadlala dijo: “Si ellos hacen este tipo de prácticas que a lo mejor se daban, eso lo van a dejar de ejercer poco a poco, porque en este gobierno en todos los trámites la intención es que sean individuales y en Fondeso ya lo son. Los apoyos se dan directamente, no a través de los líderes, entonces se tiene que acabar con todo tipo de clientelismo en la ciudad”.
“Yo creo que la gente debe aprender a que no debe estar sometida a ningún tipo de condicionamiento y que puede hacer los trámites sin la necesidad de tener un gestor o alguien que los represente”.
Y agregó: “todavía tenemos muchos rezagos de formas de organización, de formas de obtener algunos beneficios del gobierno o algunos apoyos, pero poco a poco la cultura política va a ir cambiando de tal manera que sean los propios ciudadanos los que encabecen su propio esfuerzo para salir adelante y conforme la propia autoridad les vaya enseñando que los trámites son individuales e insustituibles, entonces la sociedad va entender que dependen de ellos mismos, sin alguien más”.
Gobernadores le piden auxilio a AMLO
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Gobernadores del país solicitaron ayuda al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para combatir los homicidios dolosos y crear una estrategia conjunta contra este delito que sigue en aumento.
El llamado de auxilio es debido a que 2018 concluyó como el más violento de la historia y la tendencia se mantiene durante este año, advirtió el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles,también coordinador de la comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Luego de la reunión entre la Conago y el fiscal general, Aureoles Conejo mencionó que en delitos como el secuestro se creó una estrategia pero “en el caso del homicidio doloso no, porque casi todos caen en el ámbito del fuero común y no siempre las fiscalías estatales tienen las condiciones para hacerle frente al tamaño del delito. Por ello esta necesidad de hacer una estrategia juntos”.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 29 mil 111 homicidios dolosos, cifra superior a los 25 mil 34 de 2017.
Además, en el primer semestre de 2019 se han reportado 14 mil 603 homicidios dolosos, cantidad que supera al conteo del mismo periodo del año pasado, cuando iban 13 mil 985.
El 93 por ciento de los delitos se clasifican en el fuero común y 7 por ciento en el fuero federal pero la mayoría de estos hechos suelen asociarse con delitos federales cometidos por grupos criminales, añadió Silvano Aureoles, quien consideró que había “distanciamiento” de la FGR en la prevención de delitos.
En conferencia, el presidente de la Conago y mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, añadió que se acordó trabajar con la FGR en un sistema común de evaluación de delitos, sobre todo de homicidios.
Otro acuerdo de la reunión fue elaborar un marco legal y protocolo para definir cómo trabajará la Guardia Nacional en coordinación con las entidades, así como tener un informe policial homologado para el protocolo de esta nueva institución.
La intención de definir las tareas de cada institución es “evitar el reparto de culpas”, dijo Silvano Aureoles.
En tanto, el fiscal general Alejandro Gertz informó a los gobernadores que se hará una nueva Ley de Justicia Cívica y un paquete de reformas para precisar las tareas de cada orden de gobierno y de la Guardia.
Aureoles también dijo que otro de los problemas es que las policías municipales enfrentan una “debilidad institucional muy fuerte”.
Por ello, la Conago y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,acordaron destinar 42 mil millones de pesos en 2020 a la seguridad en los estados y municipios mediante tres fondos federales: FAS, Fortaseg y Fortamun. Por primera vez, se acordó que los municipios gasten la mitad de los recursos del Fortamun en fortalecer a sus policías y no 20 por ciento como se hace actualmente.
Mientras tanto, el gobernador Francisco Domínguez anunció que se premiará con partidas económicas a las entidades que reduzcan los delitos y amplíen su estado de fuerza policial.
Por Gerardo Suárez
Pegan a diputados homicidio, secuestro, extorsión, fraude…
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Entre noviembre de 2018 y julio pasado, al menos nueve diputados federales de Morena, PAN y Partido del Trabajo, o sus familiares directos, han sido víctimas de delitos como secuestro, homicidio, robo, fraude, extorsión y amenazas, algunas de ellas enviadas por correo o celular.
Incluso, en uno de los casos un legislador fue plagiado en dos ocasiones en menos de 15 días, por lo que él y su familia pagaron hasta tres rescates para obtener su liberación.
De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados al que La Razón tuvo acceso, por estos hechos al menos 15 personas fueron detenidas y procesadas, aunque en cinco no hay personas aseguradas. Y a pesar de que algunos casos han sido públicos, con base en la Ley General de Víctimas y la de Protección de Datos Personales, este medio no difundirá los nombres de las víctimas ni de los probables responsables.
El primer secuestro del legislador de Morena ocurrió a principios de abril, cuando un sujeto interceptó al representante popular en Michoacán y, tras amagarlo con un arma de fuego, se lo llevó por la fuerza a una casa abandonada, en donde lo encerró y amenazó con matarlo si no le daba dinero. Tras pagar 300 mil pesos obtuvo su libertad.
Sin embargo, el domingo 14 del mismo mes, cuatro sujetos armados que viajaban en una camioneta le cerraron el paso al vehículo en que circulaba el mismo diputado federal, en la misma entidad, lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron a una casa de seguridad, donde nuevamente exigieron dinero por su rescate.
Al día siguiente, la víctima pagó 350 mil pesos para ser liberado; sin embargo, al llegar a su casa se enteró que su hermano entregó la misma suma, pues los secuestradores también negociaron con él.
Fue hasta el 2 de mayo cuando los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. Las autoridades sólo han recuperado su auto, pero no hay detenidos.
En mayo, el hermano de un legislador del PAN fue encontrado sin vida en una fosa de Xochitepec, Morelos, una semana después de haber sido secuestrado. Por este delito fueron detenidas seis personas, a quienes se les programó audiencia de etapa complementaria por el delito de homicidio el próximo 19 de septiembre.
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El 8 de noviembre de 2018, la hija de una diputada de Morena fue asesinada en un gimnasio ubicado en el centro de Ciudad Mendoza, Veracruz. Hasta el momento, se le sigue proceso a seis presuntos responsables del crimen.
Cuando el 9 de mayo salía de un gimnasio de la plaza Mundo E, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, el hijo de un diputado de Morena fue herido con un cuchillo, lesiones que le causaron la muerte. Diez días después la fiscalía mexiquense detuvo al responsable, quien confesó que conocía a la víctima, con el que ese día tuvo un altercado. El 19 de septiembre se formulará la acusación complementaria en el proceso que se le sigue.
Luego de retirar 40 mil pesos de un banco en la colonia Condesa, el pasado 5 de junio, una legisladora de Morena fue asaltada por dos sujetos, quienes además le arrebataron dos celulares. Tras solicitar apoyo a la policía, los sujetos fueron detenidos y trasladados al Reclusorio Norte.
AMENAZAS Y EXTORSIONES. Los legisladores federales tampoco se han salvado de delitos considerados contra el patrimonio. Es el caso de una diputada de oposición y su hijo, quienes en marzo pasado recibieron varios mensajes con amenazas de plagio cuando trabajaban en su distrito en la Ciudad de México, por lo cual hicieron varios depósitos hasta que finalmente denunciaron el hecho ante la Procuraduría local.
Un caso más es el de una legisladora de Morena, cuyo esposo recibió una invitación para emprender “micronegocios” por parte de una persona que dijo ser funcionario de la Secretaría de Finanzas.
Para completar su fraude, esta persona le pidió diversos documentos personales, como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC y credencial del INE para “quedar como representante”, además de que solicitó un depósito “en garantía” por 77 mil 200 pesos, el cual se hizo a una supuesta cuenta de la dependencia. Poco después, los afectados detectaron que el número de cuenta pertenecía a un particular, por lo que el 10 de abril presentaron su denuncia.
El Dato: Los legisladores afectados cuentan con el respaldo del área Jurídica de la Cámara de Diputados, que brinda asesoría en los respectivos procesos que se llevan.
Un caso similar se dio el mismo mes, cuando una diputada de Morena recibió mensajes en su celular de una supuesta abogada de la Secretaría de Finanzas para proponerle 32 “proyectos productivos, los cuales generarían empleos”. La mujer pidió documentos y depósitos en garantía de 14 mil 700 pesos por cada uno de los proyectos. La víctima entregó 470 mil pesos.
Finalmente, en mayo, otro legislador del partido guinda denunció ante la Fiscalía General de la República a una empresa cuyo personal se asumió como representante del presidente de una comisión de la Cámara de Diputados para solicitar recursos a cambio de gestionar apoyos con recursos de proyectos culturales en algunos municipios del país.
MasterCard prohíbe a bancos usar Prosa
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Las fallas de las terminales electrónicas duraron más de siete horas / Foto: Daniel Galeana
MasterCard advirtió que multará hasta con 200 mil dólares a los bancos que mantengan a Prosa como su procesador de pagos.
La emisora de tarjetas eliminó el 1 de febrero de su Programa de Protección de Información de Sitios a la empresa Promoción y Operación (Prosa), responsable de la falla en el sistema de cobro con tarjeta de crédito y débito que duró más de siete horas el sábado.
En una carta enviada a los bancos, MasterCard les avisó que Prosa carece de la actualización de certificaciones. "Ello genera vulnerabilidades en los procesos de seguridad, procesamientos y configuraciones de dicha empresa y de los clientes que interactúan con ella”, precisa el documento firmad por Vivian Baker, vicepresidenta de MasterCard.
Prosa, la empresa de transacciones electrónicas que trabaja con bancos como Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank afirmó "categóricamente, que cumple con todos los requerimientos, técnicos y legales, y certificaciones en materia de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del servicio, fortaleciendo el compromiso y la garantía de Prosa con sus clientes y usuarios del sistema bancario".
En un comunicado, la empresa atribuyó este lunes el problema a un fallo en el proceso de mantenimiento y mejora continua de la infraestructura, lo que causó daño al suministro eléctrico. Esta falla afectó a 20 millones de usuarios, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
MasterCard indicó que Prosa deberá implementar procesos para asegurar el cumplimiento del Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago.
Al respecto, Santander, Banorte y HSBC declinaron comentar sobre la advertencia de MasterCard.
En una carta firmada por Rubén Rinconí, director de Seguridad de la Información, a la que tuvo acceso este diario, Prosa informó a los bancos que invierte los recursos necesarios para remediar los señalamientos de MasterCard. Desde el 15 de noviembre de 2018 se trabaja en ello para obtener la certificación pendiente en octubre próximo, aseguró la empresa.
“Con Visa logramos un acuerdo para detener las penalizaciones que pretendían aplicar, con la responsabilidad de avanzar conforme al plan. Este mismo esfuerzo lo estamos realizando con Master- Card, sin embargo, dependerá de la buena voluntad de la marca llevarlos a cabo”, dijo Prosa.
Consultadas este lunes sobre el incidente del fin de semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no emitieron una respuesta sobre el tema.
En mayo de 2018, ambas dependencias encabezaron la creación del Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la información (GRI), para atender incidentes de seguridad de la información que pudieran tener los bancos.
Óscar Rosado, titular de la Condusef, respondió a El Sol de México, dijo que las afectaciones sumaron más de tres mil 500 millones de pesos.
El presidente del organismo pidió a los usuarios que revisen sus estados de cuenta para descartar alguna afectación, y en caso de encontrar movimientos indebidos reportarlos a su institución financiera, y añadió que el Banco de México es el encargado de supervisar la continuidad del sistema de pagos.
El Banco Central respondió a este diario que tiene la responsabilidad del buen¡ funcionamiento del sistema de pagos. “El fin de semana estuvimos revisando qué ocurrió y fue un tema exclusivamente operativo de Prosa”, aunque no precisó si impondrá sanciones.
AMLO, con el peor inicio de sexenio en empleo formal desde Fox
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Durante los primeros ocho meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador, en el país se han perdido 72,547 puestos de trabajo formal, con lo que se trata del inicio de sexenio más débil en materia de empleo formal desde la Presidencia de Vicente Fox, quien durante sus primeros ocho meses cargaba una cifra de 360,938 trabajos formales perdidos.
Una diferencia importante es que el primer año de gobierno de Vicente Fox se vio marcado por la crisis económica internacional desatada por la explosión de la burbuja financiera de las empresas tecnológicas denominadas “punto com”, con lo que el PIB mexicano concluyó el 2001 con una contracción de 0.4 por ciento.
El saldo del presidente López Obrador se da luego de que su administración iniciara con un conteo de 20 millones 457,926 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 30 de noviembre del 2018, stock que al 31 de julio del 2019 fue de 20 millones 385,379 empleados asegurados, es decir, 72,547 personas menos.
Esto se explica en parte por la fuerte pérdida de empleos estacionales de fin de año, que en diciembre pasado se contabilizó en 378,561 plazas, la mayor en términos absolutos desde que existen registros en el IMSS.
De modo que los 306,014 empleos que se han generado de enero a julio, es decir, durante los primeros siete meses del año, no han sido suficientes para compensar la notable baja de trabajadores formales en diciembre pasado.
A julio, esta cifra se alcanzó gracias a que durante el séptimo mes del año se generaron 16,713 empleos, aunque este número fue 69.4% inferior al observado en julio del año pasado. En términos acumulados, la cifra de 306,014 nuevos empleos registrados en enero-julio, fue 42.3% inferior a la del mismo periodo del 2018.
El resultado de julio y el acumulado de los primeros siete meses del 2019 constituyeron los más débiles desde el 2013, el primer año del presidente Enrique Peña Nieto, cuando se generaron 5,311 empleos (julio) y 300,689 empleos (enero-julio), respectivamente.
No obstante, durante sus primeros ocho meses de mandato, el expresidente Peña Nieto logró una creación de empleo de 67,796 plazas, con contraste con la pérdida que se observa en este inicio de gobierno, de acuerdo con datos del IMSS.
“Aunque el empleo que reporta el IMSS todo es formal, sí hay una diferencia entre el empleo eventual y el permanente, pues cuando es permanente hay confianza por parte de los empleadores para realizar sus contrataciones, situación que actualmente no se vive en el país”, comentó Arleth Leal Metlich, especialista en recursos humanos.
Al respecto, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), comentó que “las cifras que da el IMSS muestran que es crónico el comportamiento del empleo; así como en el arranque de la pasada administración fue pobre, se corrobora que esa dinámica persiste, hay problemas de generación de empleo; y la reducción de plazas permanentes que hoy vemos, en estricto sentido, muestran que esta debilidad estructural se ha acentuado”.
Apuesta gobierno a apoyos
A diferencia de administraciones pasadas, donde se impulsaron programas para generar empleo formal en el país, actualmente se apuesta a los programas de gobierno a los que se les asignan recursos para otorgar apoyos.
“Actualmente, no hay programas que tengan las características que se anunciaban en otros sexenios, no hay un programa de primer empleo como ocurrió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, o los programas de formalización del empleo con el expresidente Enrique Peña Nieto. En este caso la decisión del gobierno es buscar generación de empleo o impulsar actividades económicas por medio de tres programas concretos: Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida y la afiliación, en el programa piloto para las trabajadoras domésticas, y aunque es positivo, tienen otras características”, comentó De la Cruz.
Al respecto el reporte del IMSS destacó que hay 829,210 becarios vinculados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; de los cuales, 732,871 cuentan con servicio médico en el IMSS.
En tanto, se afiliaron 6,600 personas al programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar, lo que representa, refiere el IMSS, 85% más que los trabajadores asegurados en el esquema anterior de la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos”.
empresas@eleconomista.mx
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Cuando llegó a Sedesol Meade supo de las irregularidades detectadas por la ASF
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El ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, tuvo conocimiento de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles Berlanga le entregó la titularidad de la dependencia.
Los abogados de Robles dijeron que en el acta de entrega-recepción a Meade, cuando éste asumió la titularidad de la dependencia en 2015, se informó sobre cómo se solventaron algunas observaciones de la ASF y las que estaban pendientes.
Al continuar la audiencia inicial en la que el juez de control Felipe Jesús Delgadillo Padierna determinará si decreta o no la vinculación a proceso contra la ex funcionaria por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, sus abogados presentaron 32 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, en contabilidad, entrevistas y oficios.
Incluso dijeron que en su momento Robles giró instrucciones a sus subalternos para subsanar anomalías detectadas por la ASF.
La defensa presentó las entrevistas de testigos como Juan Francisco Martínez Lavín, enlace de Sedesol con la ASF, quien según envió nueve oficios a la auditoría y a la propia Robles en la que le informaba del cumplimiento de lo requerido.
Otros testimonios fueron los de Jesús Fernández Hernández, Aldo Pavón Segura y María Eugenia Romero Martínez, esta última secretaría particular de Robles.
Otra prueba presentada por los litigantes fue una entrevista hecha a Robles el pasado 10 de agosto, en la que ella informa de 18 actas y del resolutivo que envió a la ASF, a sus subalternos y al oficial mayor Emilio Zebadúa para que atendieran las observaciones de la auditoría.
El juez desestimó al menos cuatro pruebas, entre ellas dos entrevistas. También se presentaron dictámenes de un perito en documentoscopia y otro en criminalística, pero este último fue desechado.
La ex funcionaria arribó al Reclusorio Sur acompañada por su equipo de abogados encabezado por Julio Hernández Barros en la misma camioneta BMW azul que usó el jueves pasado.
Ahí, Robles declaró: Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí, como siempre, y como siempre se los he dicho con las faldas bien puestas tomando al toro por los cuernos y dando la cara, aquí estoy.
A pesar de ser acusada por conductas de omisión que habrían causado un daño al erario por más de 5 mil millones 73 mil pesos, el delito está tipificado como no grave, por lo que podría seguir su juicio en libertad y sujeta a medidas cautelares.
La audiencia comenzó pasadas las 18 horas, pero minutos después se declaró un primer receso debido a que el juez Delgadillo Padierna permitió que la defensa entregara nuevas pruebas.
Según ellos desde la mañana de ayer fueron a la sede central de la FGR a entregar los documentos y no se les permitió el acceso. Para poder analizarlos la fiscalía pidió al juez una hora de receso. No sé para qué viene a pedirme permiso a mí si saben que ese es su trabajo. No tienen que pedirme permiso para hacer su trabajo, fue su respuesta.
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