En riesgo, atención al cáncer y VIH; extinción del Seguro Popular
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| Hasta el año pasado, el IMSS contaba con 350 hospitales de segundo nivel y 36 de alta especialidad. |
Ximena Mejía
CIUDAD DE MÉXICO.
La extinción del Seguro Popular dejaría a la población que no tiene IMSS ni ISSSTE sin acceso a tratamientos especializados para enfermedades como cáncer, VIH o padecimientos metabólicos.
Al aplicar el programa para universalizar los servicios de Salud en ocho estados, los usuarios de ese programa deberán acudir a las unidades del IMSS Bienestar, que brindan atención de primer y segundo nivel (primer contacto, medicina interna, cirugía general), mientras que el Seguro Popular tiene Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad para tercer y cuarto nivel (patologías complejas, trasplantes).
Desaparecer el Seguro Popular es una decisión que se da dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 14 de diciembre firmó un convenio con ocho estados.
José Ángel Córdova, exsecretario de Salud, alertó que esta acción quitaría la posibilidad de que personas sin recursos accedan a tratamientos y cirugías que son parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Se perdería
Al desaparecer el Seguro Popular se dejaría de brindar atención en:
Cuidados Intensivos Neonatales.
Enfermedades metabólicas en menores de 10 años.
Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos en menores de 18 años.
Cáncer
Enfermedades infectocontagiosas: VIH/SIDA.
Alta especialización, en riesgo
La estrategia para universalizar los servicios de Salud no prevé el acceso a hospitales de tercer y cuarto nivel de atención.
La desaparición del Seguro Popular pone en riesgo el acceso de personas no derechohabientes a tratamientos especializados en caso de enfermedades como cáncer, VIH o padecimientos metabólicos.
El plan del gobierno federal para universalizar los servicios de Salud en ocho estados del sureste mexicano implica que los beneficiarios del Seguro Popular ahora sean atendidos en unidades de IMSS Bienestar, las cuales sólo brindan servicios de primer y segundo nivel (primer contacto, medicina interna, cirugía general), mientras que el Seguro Popular, a lo largo de 16 años de existencia, desarrolló infraestructura y personal médico de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad para tercer y cuarto nivel de atención (patologías complejas, trasplantes, etc.).
La extinción del programa de salud, proyecto creado por Julio Frenk Mora durante la administración panista del expresidente Vicente Fox, es una de las principales decisiones tomadas por el gobierno federal, dentro de los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 14 de diciembre, el presidente López Obrador anunció la desaparición del Seguro Popular y firmó un convenio de colaboración con ocho estados —Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán— para federalizar los servicios de salud.
Al respecto, José Ángel Córdova, exsecretario de Salud, alertó que desaparecer al Seguro Popular para integrarlo al programa IMSS Bienestar quitaría la posibilidad de que personas sin recursos puedan tener acceso a tratamientos y cirugías que son parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Córdova consideró que el planteamiento de la actual administración por descalificar al Seguro Popular es un error, pues se creó con la finalidad de ser un modelo de justicia social y darle acceso a la población sin recursos a tratamientos inalcanzables en su condición.
El exfuncionario estimó que el IMSS no cuenta con la capacidad para atraer los servicios que ya otorga el Seguro Popular. Sin embargo, cree que el Seguro Social y la Secretaría de Salud podrían encargarse de las compras consolidadas para evitar la corrupción en los estados, que ha sido evidenciada por la actual administración.
Plantean mantener infraestructura
La coordinadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Méndez, opinó que, lejos de desaparecer al Seguro Popular, la estrategia de federalización de la salud será una fusión de los sistemas actuales, para dar cobertura a las poblaciones sin seguridad social, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le asignó 71 mil 215 millones de pesos.
Sin embargo, ya que las unidades de IMSS Bienestar, que se prevé que reciban a quienes eran atendidos por el Seguro Popular, sólo dan servicios de primer y segundo nivel, Méndez planteó que se tendría que seguir haciendo uso de la infraestructura y personal del Seguro Popular para la atención de tercer y cuarto nivel, esto es, en el caso de que los pacientes requieran atención altamente especializada, como trasplantes o neurocirugías.
Preocupa la demora en los lineamientos
En los estados en que arrancará el programa de salud este año aún no existe claridad sobre cómo se implementará.
La demora de los nuevos lineamientos de la operación del sistema de salud de Bienestar, donde estará integrado el IMSS con el extinto Seguro Popular, mantiene estancadas las acciones en los estados del país en que arrancará el programa este año.
Aunque el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, expresó su beneplácito por la federalización del sector salud, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los recursos financieros que serían destinados para el Seguro Popular serán transferidos a IMSS-Bienestar, aunque no se sabe cuándo, lo que se ha reflejado en la inconformidad de una centena de trabajadores operativos.
Por otra parte, una fuente cercana a la delegación del IMSS en Oaxaca confió a Excélsior que aún no tienen fecha oficial de la eventual integración de los usuarios de Seguro Popular al Seguro Social, aunque, extraoficialmente trascendió que este proceso tardará un año más.
“En Oaxaca, como en muchas zonas del país, los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se quejan de las deficiencias, y así simplemente no es posible abrirle la puerta a más gente sea o no asalariada”, comentó.
En tanto, en Veracruz, el servicio médico que deberá otorgar de manera abierta tanto IMSS e ISSSTE, además de los servicios de salud estatales, aún no queda esquematizado y sólo se ha mencionado que es de amplia cobertura, es decir, para toda la población que no esté inscrita.
Consultado sobre cómo será el esquema de incorporación de lo que sustituirá al programa Seguro Popular, el delegado de los programas sociales de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que aún no conoce a profundidad el convenio firmado en diciembre entre la Federación y el estado.
En Guerrero, funcionarios del IMSS todavía no han recibido una notificación oficial sobre la federalización del servicio de salud. Saben de los planes por las noticias que se han publicado a nivel nacional, pero no les ha llegado de manera oficial, por medio de algún documento, por lo cual no saben a partir de cuándo se iniciará el programa en Guerrero.
Actualmente, en Guerrero hay 750 mil derechohabientes del IMSS.
Estados desviaron 304 mil mdp de fondos federales
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| Sede de la Auditoría Superior de la Federación. (Archivo) |
Los 32 gobiernos estatales no han podido aclarar el gasto de 304 mil 570 millones de pesos entre los años fiscales 2003-2017. Son recursos provenientes de diversos fondos federales que no se recuperaron en esos 15 años.
Esta cantidad representa 64.4 por ciento de los 472 mil 361 millones de pesos malversados por entes fiscalizados, incluyendo dependencias federales, universidades públicas, instituciones autónomas y gobiernos municipales y estatales.
Es decir, que al menos seis de cada 10 pesos malversados en 15 años en todo el país son imputados a gobiernos de los 32 estados.
Las entidades que representan un mayor daño al erario son Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. En esas ocho se desvanecieron 211 mil 128 millones de pesos, 44.8% de lo perdido en todos los gobiernos y entes fiscalizados.
En las cuentas públicas con mayor monto por recuperar o aclarar figuran administraciones encabezadas por gobernadores que ya dejaron el cargo, como los priistas Javier Duarte (Veracruz) y Eruviel Ávila (Estado de México), pero también hay mandatarios en funciones, como Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán.
Cada año los estados reciben recursos públicos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social y “provisiones salariales y económicas para fines concretos”. Sin embargo, a pesar de que ese dinero aparece etiquetado, las administraciones estatales hacen uso libre de los recursos para subsanar otros proyectos o simplemente desviarlo para “usos ajenos al bien social”, de acuerdo con lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más abultado es el de Veracruz: acumula 63 mil 774 millones de pesos sin comprobar. La mayoría de los desfalcos en esta entidad se dieron durante la administración de Javier Duarte, ya que entre las cuentas públicas 2011 y 2016 no se hizo un buen uso de 62 mil 607.7 millones de pesos, es decir, 98.1 por ciento del dinero total que debe aclarar la entidad.
La red de corrupción que se creó durante el gobierno de Duarte consistía en crear empresas con un domicilio fiscal falso para registrarlas como proveedoras del gobierno con un amplio margen de facultades para poder vender casi cualquier producto. Al quedar establecidas y registradas en el servicio público, éstas recibían diversos contratos mediante adjudicaciones directas o licitaciones cerradas con la ayuda de funcionarios cercanos al entonces gobernador. Las firmas simulaban la compra de productos que se pactaban en los convenios y con el dinero obtenido la empresa cerraba operaciones.
La ASF reporta que los montos anuales por desfalco al erario público en la entidad se realizaron de la siguiente manera: en la cuenta pública de 2011 solo faltan 300 millones de pesos, pero para 2012 las auditorías comprobaron malos manejos por 5 mil 753 millones. A partir de la cuenta pública de 2013 se observa un aumento importante de los desvíos: 11 mil 108 millones de pesos. En 2014 el desfalco subió hasta 16 mil 803 millones y en 2015 bajó a 10 mil 9 millones.
Aunque en 2016 Javier Duarte dejó anticipadamente su cargo como gobernador para evitar su aprehensión, en ese año se presentó el mayor daño al erario por parte de un gobierno estatal en la historia del país: la Auditoría reportó que hubo un mal manejo de 18 mil 633 millones de pesos.
El pasado 26 de septiembre, el ex gobernador de Veracruz fue sentenciado a nueve años de cárcel y una multa de 56 mil pesos tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Michoacán
Las administraciones estatales no han podido resarcir 41 mil 641 millones de pesos durante el periodo 2006-2017. Una buena parte de esos recursos se concentran en los dos últimos años, ya en la administración de Aureoles. La auditoría hecha en 2016 reveló que en ese año se hizo un mal manejo de fondos públicos por 3 mil 561.6 millones de pesos. Para 2017 las inconsistencias se dispararon a niveles nunca antes vistos para esta entidad: 14 mil 561.9 millones de pesos fueron desviados, robados, o usados para fines distintos a los que se tenían previsto.
Administraciones anteriores también registraron montos sin aclarar. Entre 2012 y 2015 el gobierno estatal, encabezado por priistas, tuvo un mal manejo de 19 mil 647.2 millones de pesos. En enero de 2017 la Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó una decena de denuncias penales por peculado, fraude y abuso de sus atribuciones contra ex funcionarios públicos que se desempeñaron en ese lapso.
Durante ese periodo Michoacán estuvo gobernado por tres personas: Fausto Vallejo tomó posesión en febrero de 2012, pero tras casi un año en el cargo pidió una licencia por problemas de salud, dejando el puesto a Jesús Reyna (actualmente en prisión) durante algunos meses de 2013. En junio de 2014 Vallejo volvió a dejar el cargo, ahora en manos de Salvador Jara, quien fue elegido por el Congreso local como gobernador sustituto.
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Es la tercera entidad con mayor monto por aclarar: 25 mil 42.7 millones de pesos de las cuentas públicas de 2012 a 2017, periodo en que fue gobernador el actual senador priista Eruviel Ávila.
Las administraciones mexiquenses transparentaron o repusieron cada peso que la Auditoría les cuestionó entre las cuentas públicas de 2004 y 2011. A partir de 2012, la historia fue distinta: en ese año se no se comprobaron gastos por 440.1 millones de pesos. Para 2013 el monto creció a 2 mil 385 millones. En 2014 fueron 6 mil 38.7 millones y en 2015 la cifra bajó a 3 mil 308.4 millones de pesos.
En los primeros cuatro años de la administración de Eruviel Ávila, el gobierno estatal acumuló observaciones por malos manejos de dinero público por 12 mil 172.5 millones de pesos, de los cuales mil 960 están en proceso resarcitorio, es decir, podrían regresar a las arcas públicas.
Los números no mejoraron en los dos años posteriores. En 2016 la Auditoría señaló que el gobierno del Estado de México no hizo buen manejo de 5 mil 178.6 millones de pesos y para 2017, año en que se realizaron las elecciones para gobernador, las irregularidades ascendieron hasta 7 mil 691.7 millones de pesos.
Entre los gobiernos estatales de Veracruz, Michoacán y Estado de México suman 130 mil 459 millones de pesos malversados, casi la mitad de todos los recursos desviados en las 32 entidades del país.
La política científica en México está en un momento crucial
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A lo largo de los últimos meses, la política científica del país se ha mantenido en el escaparate de la opinión pública y ha sido motivo de atención de políticos, legisladores y del propio Presidente como antes no había ocurrido. El eje sobre el que ha sucedido el debate, pero también las cismas y las polémicas, ha sido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su nueva dirección, a cargo de la investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, Elena Álvarez-Buylla.
Incluso antes de que la nueva directora tomara posesión del Conacyt, la atención se cernía sobre la institución, cuando solicitó a la anterior dirección suspender el financiamiento de algunos programas que “comprometerían” recursos para su administración y presupuesto. Siguió la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde el sector tenía una disminución por tercer año consecutivo y con lo cual se regresó al monto, en números reales, al asignado hace casi una década —meses atrás el Presidente Andrés Manuel López Obrador había manifestado ante la comunidad científica que evitaría recortes y otorgaría, al menos, el mismo monto del año anterior—.
A continuación se suscribirían inconformidades por la ausencia de las convocatorias que financiaban programas y presupuestos de instituciones apoyadas tradicionalmente por Conacyt, como fue el caso de la Academia Mexicana de Ciencias. La atención sobre el sector salía un poco de su propio círculo para adquirir visibilidad en las redes sociales y en los medios de comunicación.
La inconformidad de parte del sector aumentó debido a un problema de carácter laboral: debido a la nueva Ley de Remuneraciones algunas compensaciones salariales de investigadores de los Centros Públicos de Investigación (CPI), adscritos a Conacyt, o del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, fueron afectadas.
Después vendrían las acusaciones de la directora de Conacyt sobre transferencias “líquidas” del presupuesto del sexenio anterior a empresas, que ascenderían a alrededor de 50 mil millones de pesos, así como la acusación al director pasado por tener un chef a su servicio, lo cual se comunicó de forma oficial. Adicionalmente la directora del Conacyt manifestó que los datos de crecimiento del sector no correspondían a los expuestos por la anterior administración.
Poco después vendrían las polémicas por la designación de colaboradores en las subdirecciones de la institución, quienes no cumplían el perfil elemental para desempeñar labores de comunicación; a esto se sumó la de aquellos que conforman la dirección de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), si bien por personal poco calificado, por un grupo ideológicamente opositor a los transgénicos y el cual está vinculado directamente a Álvarez-Buylla.
Algunos problemas más se fueron desenvolviendo en este escenario, sin embargo, la bomba que cambió todo cayó el 8 de febrero, cuando la senadora del partido Morena Ana Lilia Rivera presentó la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la cual, señaló la legisladora en su presentación, había sido elaborada junto con la actual dirección de Conacyt.
La ley derogaba la vigente, centralizaba funciones de Conacyt, desaparecía órganos autónomos del sistema, entre ellos la misma Cibiogem y generó un gran descontento de la comunidad, puesto que nunca fue consultada para llevar a cabo el documento que no provenía de la comisión correspondiente en el Senado.
La respuesta de inconformidad provino días después a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) —el cual desaparecería de acuerdo con lo planteado por la iniciativa— mediante un comunicado firmado por su mesa directiva, conformada por las instituciones más importantes del sector científico, tecnológico y de innovación (CTI).
A partir de entonces, el diálogo se ha abierto y la comunidad se ha pronunciado más allá de sus laboratorios. Desde columnas en periódicos de circulación nacional, entrevistas televisivas y radiofónicas y otros espacios mediáticos, investigadores e instituciones científicas se sumaron a la manifestación e hicieron eco del comunicado del FCCyT.
Más tarde, descalificaciones del propio Presidente cuando refirió que los manifestantes conformaban una “mafia” del sector que veían alterados sus intereses; la respuesta del líder de senadores de Morena, Ricardo Monreal, para abrir el diálogo con la comunidad, y la reunión de Álvarez-Buylla con las academias, instituciones científicas y Centros Conacyt, para construir acuerdos.
Esta mañana, la directora de Conacyt ofrece una conferencia de prensa en la que se abordarán temas como la entrega de pagos a becarios Conacyt, la Convocatoria a Becas Nacionales 2019, los montos de inversión en ciencia básica, así como la reposición de Cátedras Conacyt. Será además la primera conferencia después de que ocurrieron los sucesos narrados anteriormente.
CONVERSATORIOS. El nuevo momento de acuerdos e inclusión se materializará de forma importante este miércoles, cuando se lleve a cabo el primer Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, un espacio convocado por el Foro Consultivo junto con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y Conacyt.
“Estos encuentros convocan a la comunidad para que expertos expresen su opinión y se genere una conversación”, señala Julia Tagüeña, coordinadora del FCCyT. “Habrá mesas con coordinadores que darán la palabra a expertos y, algo muy importante, será contar con la presencia de diputados que al final darán su opinión respecto a las conclusiones y qué de éstas se volverán realidad para el trabajo legislativo”.
En su primera sesión en la Cámara de Diputados se realizarán mesas con temas como Marco jurídico y diseño institucional, Sector industrial como promotor del desarrollo basado en CTI, Centros Públicos de Investigación, Financiamiento público y privado, Desarrollo local y regional, Educación y generación de recursos humanos y Propiedad intelectual. La octava mesa es de especial atención, refiere Tagüeña: las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución de problemas nacionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo y el Peciti.
Las sesiones se grabarán y se pondrán en línea y durante éstas se establecerán conversatorios virtuales para incluir a los miembros de la comunidad que no participarán presencialmente o quedaron fuera debido al cupo limitado.
“El Congreso abrió una plataforma de inscripción y tuvo una respuesta enorme y espectacular. Después de las mesas, se llevará a cabo un trabajo extenuante en la recuperación de todas estas opiniones; la Cámara recibirá opiniones y documentos, material muy valioso porque las mesas son muy diversas y cubren todos los temas sustantivos que tienen que ver con la comunidad de CTI. Será una gran oportunidad y estamos agradecidos con la Comisión por la iniciativa que involucra al FCCyT y abre la puerta a la comunidad”.
Los encuentros (la segunda jornada se llevará a cabo el 13 marzo) abrirán el debate sobre la iniciativa de ley presentada por Ana Lilia Rivera, enfáticamente a través de la mesa de Marco jurídico y diseño institucional, pero también serán objeto de una meta más ambiciosa. “El tema del marco jurídico se discutiría tarde o temprano, pero la iniciativa de ley que sorprendió a la comunidad adelantó esa conversación. Pero las mesas cubren muchos más aspectos relacionados con vinculación, investigación y educación, así como otros aspectos fundamentales; la última es quizá la más importante porque se discutirán los objetivos de la sostenibilidad rumbo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual todos estamos muy deseosos de conocer”.
Tagüeña Parga enfatiza que los encuentros son el inicio de la conversación de la comunidad científica con las autoridades de gobierno, pero es a la vez un comienzo histórico de su participación democrática. “Esto es el principio de una serie de foros, reuniones y diálogos que se van a dar y en muchas instituciones del país ya está sucediendo, las diferentes asociaciones y academias están llamando a sus miembros a discutir estos temas”.
VOCES. Dentro de esta apertura en el diálogo, científicos e investigadores han manifestado de forma pública sus inquietudes y desacuerdos. Entre las más comunes se encuentra la inconformidad por los recortes al presupuesto general del sistema; el viernes pasado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que el financiamiento del sector no debe disminuir, puesto que compromete su crecimiento.
El tema del financiamiento se recrudeció en los Centros Conacyt por lo que sus directores se manifestaron en una carta pública hacia legisladores y autoridades de Conacyt, ya que está en juego su operatividad. La semana pasada Álvarez-Buylla se reunió con estos directores.
Pero miembros de la comunidad expresan su preocupación por otros temas que tocan a todo el sistema y que están relacionados más directamente con sus actividades de investigación o su desarrollo en el corto plazo, como la iniciativa de ley en el Senado.
“La iniciativa es autoritaria, nunca se consultó a la comunidad científica ni se usaron los mecanismos de consulta del Conacyt a través del Foro Consultivo. Por lo tanto, es la propuesta de una o dos personas y en el país somos, tan sólo en el Sistema Nacional de Investigadores, 27 mil miembros que no tuvimos la oportunidad de opinar”, señala Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología (Inecol), Centro Conacyt, especialista en especies endémicas en peligro de extinción. “En ese sentido, qué bueno que se nos brinde ahora el espacio para hacerlo, aunque en el caso de la iniciativa lo más adecuado es que se deseche”.
Diego Alarcón, especialista en ecología de enfermedades, también investigador del Inecol, destaca la importancia de apoyar la ciencia básica, tema que ha tenido eco en Conacyt, que invertirá cuatro veces más en ésta a diferencia de la última convocatoria. No obstante, el científico también enfatiza que se debe apoyar por igual a la ciencia aplicada, la cual no parece ser favorecida por la actual administración.
“Ahí hay un gran nicho donde se podrían perder oportunidades para insertar a jóvenes investigadores, que pueden hacer convenios con las mismas universidades e institutos, no como empleados de las empresas. Hay formas de seguir generando ciencia junto con la iniciativa privada, eso hace mucho Alemania: tienen institutos totalmente aplicados, pero los puestos son creados junto con las universidades. En México este tipo de vinculación está subutilizada o inexistente, pero es un área de oportunidad muy fuerte”.
Andrés Lira también hace investigación en el Inecol, sin embargo bajo un esquema laboral distinto, puesto que es uno de los mil 500 catedráticos Conacyt, figura en la cual no se abrirán nuevas plazas, de acuerdo con el consejo. Si bien la directora del consejo reconoce el valor de estos jóvenes científicos ha referido que el mecanismo laboral bajo el que se encuentra no es sustentable para la nómina de la institución.
Lo ideal sería que se gestionaran las plazas hacia dentro de las mismas instituciones donde los catedráticos hacen investigación, señala Lira. “Es lo que hemos escuchado, pero no sabemos más al respecto, no son claros los mecanismos por los cuales eso sucedería. Es una ambigüedad grande, por un lado la directora de Conacyt manifiesta que eso debería ocurrir, pero no se ha establecido el cómo concretarlo”.
Sustentable o no, la misma comunidad defiende el alto rendimiento de estos catedráticos, que tuvieron una oportunidad para hacer ciencia en el país y no migrar a otro instituto extranjero. Es este mismo problema laboral un síntoma ligado a otro más complejo, relacionado con la falta de plazas y la reticencia de los científicos de mayor edad a jubilarse, puesto que por un desorden administrativo que se remonta décadas atrás, la suma de sus compensaciones quedaría fuera de sus percepciones.
Éste y otros problemas no son nuevos para la comunidad, pero si hay un momento para darles más visibilidad en foros como los del miércoles en la Cámara de Diputados, es ahora. “Es también tiempo de revisar la manera en que se administra y evalúa la productividad de un científico en el país”, refiere por su parte Mayra Pérez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y directora del programa de Factor de Transferencia.
“Tenemos una necesidad evidente de renovar la plantilla y abrir oportunidades a los jóvenes investigadores; esto va de las jubilaciones, puesto que hay quienes no dejan sus plazas porque sus condiciones de jubilación los obliga a reducir a más de la mitad sus percepciones. Es momento de revisitar todo esto”.
La politécnica puntualiza que éste es un momento fundamental para la política científica y su comunidad. “Lo que rescatamos de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que los científicos nos estamos manifestando, hay páginas en periódicos hablando de la comunidad, las redes sociales ayudan a difundir lo que pensamos y creo que nos hacemos más presentes”.
El detonante pudo ser el cambio de gobierno, la nueva directora del Conacyt o la propuesta “radical” de iniciativa de ley, dice, pero “el gran momento es que la comunidad científica se está haciendo oír, los medios están abriendo espacios para nosotros, hay apertura para el diálogo y la sociedad se está enterando de cuál es el estado de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Eso es primordial”.
Julia Tagüeña coincide en que la política científica en México vive un momento crucial y que las decisiones que se tomen en el sistema marcarán el desarrollo del país en el mediano y largo plazo, “porque son, sin duda, las palancas de desarrollo que definirán el futuro de México”.
La exdirectora adjunta de Desarrollo Científico de Conacyt reconoce que la iniciativa de ley presentada a inicios de febrero fue un punto de inflexión que unió a la comunidad científica. “Fue una iniciativa que nos sorprendió por ser tan poco adecuada, pero tuvo como única ventaja que la comunidad se alertara y buscara opinar porque a todos nos interesa, porque queremos contribuir y que se escuche nuestra voz.
“No recuerdo un capítulo tan intenso en la historia reciente de la política científica del país, pero lo veo con optimismo porque esta conciencia de la importancia del momento nos va a hacer participar. Muchas veces estamos en una esfera de confort, en nuestras oficinas o laboratorios, simplemente trabajando en lo que más nos gusta, pero ahora nos damos cuenta de que debemos ser parte del cambio y estar dentro de la conversación”.
Gazolinazo: Salvavidas de enero
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| En enero de 2018, el gobierno cobró el total del IEPSEn la última semana de enero una sola pipa de gasolina de 22 mil litros llega a una estación cada tercer día FOTO: Archivo/ Cuartoscuro |
La recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel salvó la captación tributaria del país en enero, debido a que en ese mes, el gobierno federal cobró prácticamente todo el gravamen sin dar beneficio fiscal a los contribuyentes.
La recaudación del IEPS derivado de gasolinas y diésel ascendió a 29 mil 690.7 millones de pesos en el primer mes del año, cifra no vista desde 1990 que existen datos disponibles en la Secretaría de Hacienda.
El monto representó un alza de 125.7 por ciento frente a enero de 2018, equivalente a 17 mil 88.8 millones de pesos. El incremento porcentual es el mayor para un mes similar desde 2012, cuando se registró un crecimiento de 300 por ciento.
La mayor recaudación del IEPS a combustibles fue suficiente para cubrir la caída del IVA en enero, de 12.3 por ciento, y el mínimo aumento que arrojó el ISR, de 1.4 por ciento.
Con ello, la recaudación tributaria neta del país ascendió a 318 mil 497 millones de pesos en enero, un incremento anual de 2.3 por ciento.
En 2017, el gobierno federal anticipó la liberación de los precios de los combustibles, por considerar que era insostenible seguir subsidiando parte de su costo. En ese año estableció un esquema de beneficio fiscal para aminorar el impacto de los cambios abruptos en los precios.
Es así que de forma semanal publica, en el Diario Oficial de la Federación, el monto del beneficio fiscal que otorgará los siguientes siete días. En enero pasado, esta subvención fue prácticamente de cero.
Ello implicó que el consumidor pagó la totalidad del IEPS del combustibles que compró. Para el caso de las gasolinas Magna y Premium fue de 4.81 y 4.06 pesos, y para el diésel, de 5.28 pesos por litro.
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Para Jesús Sánchez, investigador de la UNAM, las compras de pánico de gasolina en parte de enero por el problema de desabasto en algunos estados, también se reflejó en la recaudación del impuesto, pero de forma parcial, porque el balance final de enero de Pemex refleja que se vendió menos gasolina que en igual mes de 2018.
Señalan a huelguistas por asaltos en Universidad de Chapingo
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| Los alumnos se coordinaron tras iniciar la huelga para resguardar los accesos a la universidad. |
El día que estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), cuatro alumnos fueron asaltados en el campus. Los delincuentes amarraron a tres estudiantes y les quitaron sus móviles y, al otro lado de la valla, una alumna fue víctima de robo con violencia, reveló José Sergio Barrales, rector de esta casa de estudios.
“Seguramente se me van a enojar mis maestros, pero el problema es que no cuidaban la universidad. Solamente estallaron la huelga y nadie se responsabilizó de cuidar. Yo tuve que mandar un escrito en el que ofrecí ayudar a resguardar los bienes de la universidad. Solamente estallaron su huelga y se fueron, y eso no es serio”, dijo en una entrevista con La Razón.
En su página web la universidad dio a conocer que ya existe un acuerdo para entregar cheques a los alumnos, a partir de hoy, para que puedan volver a sus hogares, previa comprobación de gastos; incluso podrán usar transporte aéreo.
El dato: 8 Mdp calculan que costaría enviar a los estudiantes a casa
Pese a ello, el rector aseguró que será hasta este martes cuando se decida si se liberan o no los recursos para el 30 por ciento internado de los 10 mil matriculados, según el resultado que tenga la negociación con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACh).
“El Consejo Universitario autorizó que los alumnos se vayan a sus casas por los problemas de inseguridad. Lo que queremos es que los muchachos no se me expongan en ese sentido”, aseguró.
La huelga en la Universidad de Chapingo arrancó el 21 de febrero por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos, quienes exigen un aumento salarial de 15 por ciento, basificación de 13 docentes y revisión de cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.
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Mientras que el 27 del mismo mes se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACh), el cual exige un incremento salarial de 20 por ciento y el pago de 15 mil 100 pesos por vales de despensa, entre otras demandas.
“Solamente estallaron la huelga y nadie se responsabilizó de cuidar. Yo tuve que mandar un escrito en el que ofrecí ayudar a resguardar los bienes de la universidad”
Sergio Barrales
Rector de la UACh
ALUMNOS TOMAN LA SARTÉN. Según el rector, otro conflicto es la atención en el comedor, pues ante la falta de personal “son ellos (los alumnos) los que han estado sacando los servicios de comida”.
“Nosotros tenemos que cuidar que no haya algún problema de salud. Aunque los muchachos tienen mucho entusiasmo, hay riesgos”, explicó.
Incluso los espacios estarán abiertos hasta el martes, informó la universidad.
Hasta ahora, las autoridades de la institución se mantienen en un ofrecimiento de incremento de 3.35 por ciento directo al salario y 1.8 por ciento en prestaciones.
La autorización de un bono anual para trabajadores sindicalizados mantiene estancada la negociación, pues aunque no les corresponde, se les ha otorgado desde 2011, como ha informado antes La Razón. Sin embargo, en el presente ejercicio fiscal no hay recursos extra para ello.
“Éste es el problema que atora la huelga, porque si se lo damos a los trabajadores y maestros impactaría al presupuesto y el Gobierno federal anunció que no participaría en este tipo de negociaciones. Lo más seguro es que la huelga continúe.
“Seguimos en la misma posición de que no podemos dar más dinero que lo que autoriza el Gobierno federal, porque dar un poco más de dinero es ir sobre el presupuesto universitario”, precisó.
De acuerdo con el rector, los trabajadores y académicos también exigen que se homologue su salario y se actualice el retabulador de acuerdo con el de la UNAM.
El rector de la Universidad de Chapingo aclaró que no se puede hacer un cambio tan fuerte, aunque dijo que ya se aceptó “que la retabulación sí vaya avanzando en términos de tratar de tener los mismos salarios; cada año le inyectamos un recurso para ir elevando los ingresos con la idea de que estemos al mismo nivel que la UNAM”.
El PRI celebra 90 años sobre ruinas
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José Antonio Meade, nada que celebrar, pese al entusiasmo de su esposa / Foto: Laura Lovera |
En un diagnóstico para la Organización Editorial Mexicana (OEM), liderazgos y exgobernadores del PRI coinciden en que el partido “está tristón” porque su legitimidad se diluyó en el mal desempeño de algunos gobernadores y la elección de candidatos desconocidos por sus militantes. La maquinaria falló en 2018, sentencian.
En entrevista, los exgobernadores del Estado de México y de Querétaro, Arturo Montiel y José Calzada, respectivamente, consideran que lo más importante para fortalecer el partido es la unidad ante el cambio de dirigencia nacional.
Denuncia Ulises Ruiz a Moreno ante el INE
Humberto Roque Villanueva, exdirigente nacional del PRI, admite que al 90 aniversario, la militancia llega tristona. Y reconoce que la maquinaria falló en 2018.
Apenas hay tiempo para hacer los ajustes. En 2021 estarán en juego 14 gubernaturas, ocho de ellas están hoy en manos del PRI. Ese es el tamaño del reto.
El partido debe renovar su dirigencia nacional, que se disputan casi una decena de liderazgos.
Arturo Montiel rompe el silencio: “la militancia castigó al PRI. Los militantes nos dieron la espalda, primero por la lejanía y, segundo, porque los candidatos no fueron los idóneos”. En esas dos decisiones, el mexiquense ubica el origen de la peor derrota electoral que este partido ha vivido.
Reconoce que hay una crisis interna, porque mucha gente está descontenta con el manejo del partido.
“No es nada fácil. El daño ha sido muy fuerte, y debo decir, nosotros los priistas, somos quizás los mismos culpables, de lo que está pasando ahora”, apunta.
La derrota electoral se debió a que la organización, añade, perdió su identidad como partido promotor de las causas ciudadanas, su cercanía con la gente por postular a candidatos desconocidos y su legitimidad por el bajo desempeño de los gobiernos encabezados por el partido.
-¿Y es posible recuperarse de esta derrota?
“El PRI puede aspirar a volver a ser un partido competitivo si lleva a cabo una profunda y radical transformación, que sea del tamaño de la crisis en que hoy está inmerso. Y ello implica dejar a un lado la autocomplacencia y la simulación para construir el partido que nuestra militancia necesita”.
¿La renovación de la dirigencia nacional puede fracturar aún más al tricolor?
“Necesitamos ir a un proceso ejemplar en el que las bases decidan de manera libre, abierta y transparente”.
Humberto Roque Villanueva, quien fuera líder nacional del PRI a mediados de los 90, afirma que la militancia llega a su 90 aniversario “con un ánimo todavía muy tristón, en una condición muy desfavorable”.
Y expone que en las elecciones de junio de este año, el tricolor aún resentirá “el coletazo del tsunami”. El PRI, agrega, “necesita un poquito más de tiempo para recomponerse”.
-¿A qué obedeció ese declive?
“El ejercicio de gobierno desgasta. Y esto ya lo va a conocer el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Además, el PRI se había acostumbrado a una vida más cómoda en términos electorales. Le apostaba mucho a una estructura que no estaba realmente vigente. Estuvo y tuvimos tiempos en que la estructura funcionaba como una gran maquinaria aceitada. No fue el caso de los últimos años”.
El exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, considera “la próxima dirigencia del CEN debe ser elegida por la base militante que es como se propuso al Consejo Político Nacional para que sea legítima y que en función de su legitimidad pueda expresar opiniones que tienen que ver con la formulación de políticas públicas que tienen que ver en beneficio de los mexicanos”.
El político queretano reconoció que el Revolucionario Institucional necesita construir respeto y para ello necesita a alguien que encabece la dirigencia nacional y tenga como característica fundamental ser respetado ante la sociedad.
Guillermo Cosio Vidaurri, exgobernador de Jalisco, explica que “la fortaleza que demanda el partido debe centrarse en ver la existencia de muchos cuadros positivos que existen y que participarán en los próximos procesos electorales”.
- ¿Habrá nuevos rostros en el PRI?
“Posiblemente hay gente interesada en arribar, desde luego tendrá oportunidad de hacerlo y esperemos que venga dentro de un proceso limpio”.
Ante la decisión de la Dirigencia Nacional del PRI en la 63 sesión del Consejo Político Nacional de que en las próximas elecciones internas, el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el árbitro del proceso interno, el exgobernador lo vio positivo.
Llegada aérea de turistas rompe 81 meses de alzas
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La desaparición del CPTM y la falta de una estrategia de promoción turística coinciden con un momento de debilidad en el turismo receptivo; la llegada de viajeros desde Estados Unidos acumula dos meses de bajas.
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La llegada de visitantes aéreos a México rompió en enero pasado una racha de 81 meses de crecimiento, en comparaciones mensuales, al registrar una disminución de 0.3%, respecto a igual periodo del 2018, para quedar en 1 millón 706,329 personas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación.
Además, el arribo de viajeros de Estados Unidos (principal mercado emisor) hiló su segundo mes consecutivo con números rojos en plena temporada invernal. En diciembre del 2018 disminuyeron 1.8% y un mes después se redujo 3.5%, al pasar de 847,340 a 817,310 personas.
La inseguridad en algunas entidades, el sargazo en el Caribe y la liquidación, en marcha, del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se convierten en un lastre en el corto plazo y tendrían efecto en el próximo periodo vacacional de verano.
El gasto que realizan los visitantes aéreos es fundamental para la economía del país. El año pasado, de 22,509.7 millones de dólares captados por divisas turísticas, 79% fue generado por los extranjeros que aterrizaron en algún aeropuerto mexicano (los cuatro con mayor actividad fueron: Cancún, Ciudad de México, San José del Cabo y Puerto Vallarta).
Otro efecto colateral de la baja llegada de viajeros extranjeros es que se reducirá la recaudación del pago de Derecho de No Residente (solamente lo pagan ellos) y anteriormente se destinaba al CTPM para acciones de promoción (en el 2018 se estimó en 6,000 millones de pesos), pero desde este año se utilizarán para la construcción del Tren Maya.
La semana pasada, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) insistió en la necesidad de que el nuevo gobierno implemente de manera inmediata acciones de promoción y comercialización de los destinos mexicanos luego de que decidió eliminar el CPTM, que se encargaba de esas labores.
“Veníamos de crecimientos en los últimos siete años y este año hemos decrecido. El aeropuerto de Cancún reportó una caída de 2%, en enero, principalmente por el tráfico aéreo de los Estados Unidos hacia México, que disminuyó casi 9%, y que ha sido compensada con mercados que generan un menor ingreso que el mercado natural: EU”, refirió.
Y ofreció otro dato: el vuelo Los Ángeles-Cancún reportó durante el primer mes del 2019 una caída de 25%, la cual no tiene precedente.
Urgen acciones de promoción
A pesar de que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, ha reiterado que alista una nueva estrategia de promoción, en coordinación con el sector privado, en la que aún se analiza si se podrían aportar recursos, la incertidumbre está presente.
Un exfuncionario de las oficinas que tenía el CPTM en el exterior, que solicitó el anonimato, respondió a El Economista: “Es momento de poner atención a las estadísticas y que el titular del sector realice una gira relámpago en las principales EU, como las que ha dicho en más de una ocasión con la Operación Toca Puertas, a donde tendrían que ir representantes de oficinas de convenciones y visitantes claves para dialogar y tomar medidas preventivas urgentes en temas de inseguridad, de descontrol institucional y conjuntar acciones promocionales (no de bajo precio)”.
En la información difundida por el CNET, también se dejó en claro la urgencia de emprender acciones de promoción en un momento en que “mucho del negocio de Norteamérica, que en años anteriores ha estado viniendo a México, ahora se está yendo a otros destinos del Caribe, como Jamaica, República Dominicana, Bahamas, Aruba o Puerto Rico”.
En consecuencia, dicho destino pierde vigor. Con base en las cifras
difundidas por la Unidad de Política Migratoria, la participación del
aeropuerto de Cancún ha venido perdiendo participación en el último
lustro. En el 2013, sus playas captaban la atención de 44.8% de los
viajeros aéreos y en enero pasado la cifra bajó a 41.3%, en contraste,
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (el segundo en
importancia para el tráfico internacional) pasó de 22.5 a 23.6% su
participación.
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López Obrador rechaza proyecto de mina de oro en Los Cardones
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| En Cabo San Lucas, el presidente Andrés Manuel López Obrador provocó aplausos de pie y gritos al anunciar que no se permitirá la mina de oro a cielo abierto de Los Cardones, por sus eventuales daños al medio ambiente. Al paraíso hay que cuidarlo, no destruirlo, afirmó.Foto La Jornada |
Alma E. Muñoz - Enviada
Cabo San Lucas, BCS., El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el proyecto de explotación de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones, impulsado por Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien forma parte de su consejo asesor empresarial.
Ante el júbilo de los asistentes al acto de inicio del programa de mejoramiento urbano Mi México Late, enfocado a 15 ciudades turísticas del país, aclaró: me adelanto porque me van a reclamar, ya saben cómo me tienen, que en este caso no se aplica una consulta ciudadana porque no lo inició el gobierno anterior, como ocurrió con el aeropuerto en Texcoco y la termoeléctrica y el gasoducto en Morelos. Esto me tocaría iniciarlo y digo no, y tengo la facultad, señaló en el campo de beisbol de la unidad deportiva Profesor Leonardo Gastélum.
La gente se puso de pie y celebró con gritos y aplausos prolongados este anuncio que pone fin a un proyecto considerado de minería tóxica en el área natural protegida de la Sierra de la Laguna.
El titular del Ejecutivo recordó que hace meses, en una visita a La Paz, le plantearon que se pronunciara sobre la mina. Ya llegó la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur: no a la mina, ante el alborozo de los presentes. Explicó que su negativa responde a que tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza. Y si estoy hablando de que la gente vive del turismo, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo.
Así como festejaron la posición presidencial, los asistentes al anuncio de mejoramiento de 15 ciudades turísticas, con una inversión este año de 8 mil millones de pesos, expresaron su rechazo al gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, desde que apareció acompañando al mandatario federal. Pero eso no impidió que el panista, en abierto desafío, tomara la palabra por casi 15 minutos para dar la bienvenida al titular del Ejecutivo.
Yo quisiera pedirles, señoras y señores, respeto al señor Presidente, es un acto para él y tiene que tener el respeto de todos. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor Presidente de la República, dijo inútilmente, porque arreciaron los abucheos y rechiflas en su contra.
“Ya chole con estarnos peleando. Vamos a reconciliarnos”, mencionó en su oportunidad López Obrador, quien en cada acto público que encabeza en estados gobernados por la oposición llama a la unidad, y ayer no fue la excepción.
El titular del Ejecutivo dijo que el programa para las ciudades turísticas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, se emprende porque “ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo –paraísos turísticos, definió– y colonias marginadas, con pobreza, sin servicios de agua, de drenaje, sin nada”. En Los Cabos se invertirán casi 600 millones de pesos, además de que, informó, se construirá una planta desalinizadora, con una inversión de mil millones de pesos.
Nos importa mucho el turismo y hay que cuidarlo, porque es una actividad que no sólo genera riqueza, sino que distribuye los recursos, pues de él viven, añadió, taxistas y trabajadores de hoteles, comerciantes y también muchos empleados de la construcción.
Subrayó que habrá prioridad para regularizar la situación jurídica de viviendas, con la entrega de escrituras, además de que éstas se mejorarán, al igual que los barrios.
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