Avilés, símbolo de malas prácticas y reputación; sus contrapartes, ¿libres de culpa?

Al Margen

Adrian Ortiz

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Desde su primer día como gobernador, Alejandro Murat demostró su capacidad de pragmatismo y su determinación de que no sería él quien terminara pagando el costo político por los errores y excesos de sus colaboradores. Y en estos siete meses de gestión, Murat ha demostrado reiteradamente esa determinación, habiendo cesado ya a un número importante de funcionarios que no cumplieron con sus expectativas como titular de la Administración Estatal. Teniendo esto claro, ¿por qué hay quienes siguen insistiendo en las aspiraciones de gente como Alejandro Avilés, y otros que además de tener un negro historial político, en este corto periodo constataron mucho de lo que se dice de ellos?

En efecto, desde el inicio de su gestión, Alejandro Murat planteó directrices que para muchos fueron lugares comunes, para después darse cuenta del error en el que había incurrido. Desde el inicio, el gobernador del estado fue enfático en asegurar que no toleraría actos indebidos —legales o ilegales— por parte de sus funcionarios.

Y con base en eso, desde el primer momento, la atención se puso en Alejandro Avilés, que de toda la nueva cauda de funcionarios era quien acumulaba el mayor número de cuestionamientos y señalamientos relacionados con actos y prácticas indebidas primero como operador político, luego como líder partidista, después como pastor legislativo, y finalmente como servidor público. El devenir de los hechos, le dio la razón a todos los que cuestionaban su insistente inclusión en el gabinete. Aunque lo verdaderamente sorprendente, es que todavía haya quienes sigan obstinados en verlo como aspirante a algún cargo de elección popular.

¿Por qué focalizar esto en la figura de Avilés? Porque a pesar de todo lo que se afirmaba categóricamente de él, fue incluido en el gabinete como una forma pura de pago de favores políticos. Avilés, es cierto, fue acusado de todo lo que públicamente se conoce, y hasta más, pero también fue uno de los personajes que sirvió con mayor fidelidad al grupo que ahora gobierna la entidad, y que proveyó de diversos insumos y maniobras para que se consolidara la posibilidad de que el PRI recuperara el poder político en la entidad.

En esa lógica, no parecían ser suficientes todos los negativos políticos con los que cargaba, y tampoco parecieron ser suficiente las muestras de opacidad toleradas en el Congreso durante el periodo trianual en el que, independientemente de las posiciones orgánicas, él fue el verdadero líder cameral. Durante la LXII Legislatura, fue escandalosa la forma en la que se administraron los recursos del Congreso del Estado; además, la Junta de Coordinación Política —que siempre estuvo bajo su potestad— nunca permitió la realización de auditorías y, al contrario, sistemáticamente bloqueó cualquier intento por transparentar la utilización de los recursos que les eran transferidos.

Asimismo, fueron ampliamente conocidos y documentados los mecanismos a través de los cuales se transferían recursos económicos, en efectivo y en especie, para que cada diputado hiciera labores de gestión legislativa con total opacidad; y cómo todos juntos se dedicaron a sangrar al presupuesto estatal a través de la realización de obra pública en los municipios que nadie sabía cómo era adjudicada, cuáles eran sus costos reales y quiénes sus beneficiarios de fondo.

Si todo eso fue lo que hizo Avilés en el tiempo que fue diputado y coordinador de la fracción priista en la LXII Legislatura, las cosas no cambiaron mucho durante su efímero paso por la Secretaría General de Gobierno.

Ahí, dos temas fueron particularmente ruidosos: primero, el afán que tuvo por mantener el control en el nombramiento y control político de los administradores municipales —a partir de la vieja práctica de nombrarlos, primero por los diputados y ahora por la Secretaría General de Gobierno, para luego pedirle ‘moches’ extraídos de los recursos del municipio adjudicado, para comprar la protección y el respaldo político para no ser removido de la administración municipal— aún contraviniendo las indicaciones del Titular del Poder Ejecutivo de que todos los administradores durarían en su cargo sólo el tiempo indispensable para el establecimiento de condiciones de gobernabilidad para la realización de elecciones, sin acceder ni administrar recursos municipales.

Y segundo: la utilización discrecional que desde su primer día como secretario, hizo de los recursos de la Segego. De hecho, menos de una semana antes de ser removido por el escándalo por la utilización de un helicóptero oficial para la transportación de su hijo a un destino vacacional, se habían hecho públicas listas que detallaban el uso de recursos públicos para temas como el equipamiento de sus negocios personales, pagos sin sustento a particulares, y otros rubros que además nunca fueron explicados.

Y ENTONCES, ¿CANDIDATO?

Avilés, oficialmente, renunció a la Titularidad de la Secretaría General de Gobierno, aunque en los hechos es evidente que fue defenestrado. Esa decisión del Ejecutivo fue la primera gran demostración de su indisposición a tolerar actos de corrupción o simplemente que fueran social o moralmente indebidos. Luego vinieron otros temas como el de Olivetti Paredes, y varios otros que han ocurrido en esa misma tónica, hasta el caso más reciente de Cristina Delgado.

Ello, a estas alturas, no debería tener nada de raro: en un gobierno que se jacta de democrático, y que tiene un débito social y político claro con la ciudadanía, ningún acto de ese tipo debía de ser tolerado ni encubierto. Eso tan simple, pero a la vez tan trascendente, es lo que ha hecho el gobernador en estos siete meses de gestión, aunque a pesar de ello existan quienes sigan insistiendo en que pueden más los débitos políticos y los arreglos entre camarillas, frente a la necesidad de impulsar a personas que por lo menos no carguen con antecedentes cuestionables, ni tampoco que sean mayores sus negativos que sus activos como personajes políticos.

Esto viene al caso por la insistencia de Avilés de seguirse candidateando como aspirante al Senado o como próximo delegado federal, y la lucha estéril que hoy libra con varios de los aspirantes a las candidaturas del PRI a la Cámara alta, o con gente como el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, Martín Vásquez Villanueva.

Pues en esa idea del “PRI renovado” que muchos intentan impulsar para lavarle un poco la cara a su partido frente a la abrumadora realidad, ¿cómo podría encajar un candidato como Avilés, que carga con uno de los pasados y presentes más cuestionables de la clase política estatal? ¿Esa sería una demostración de que los excesos y los actos indebidos se perdonan, y hasta se premian? ¿Cómo pensarían sostener la idea de un “nuevo PRI”, pero que pondera los acuerdos entre grupúsculos por encima del deber mínimo de ofrecerle a la ciudadanía candidatos presentables y medianamente honorables? Incluso, ¿cómo hacer una comparación entre Avilés y Martín Vásquez Villanueva, sobre quién aún pesan innumerables interrogantes sobre su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca en el periodo del gobernador también priista, Ulises Ruiz?

¿QUIÉN NO TIENE FUTURO?

Ahora, valdría también la pena reflexionar: ¿de veras vale tanto políticamente Avilés, como para que el gobernador se juegue su propio futuro político con él, o con cualquier otro de los impresentables que día y noche ambicionan con seguir siendo candidatos a algo? La respuesta parece obvia. Porque además de todo, Alejandro Murat ha demostrado no estar dispuesto a pagar por los errores o los excesos de otros, y seguramente tampoco cederá, o cumplirá caprichos, porque su principal prioridad radica en seguir construyendo su propio futuro político. ¿Entonces?