Sin acceso a salud, 32.6 millones de trabajadores: Inegi

La población ocupada que no tiene acceso a las instituciones de salud en México ascendió a 32.6 millones en el tercer trimestre de 2017, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el Inegi.

La cifra indica que prácticamente dos de cada tres personas (62.2%) que realizan alguna actividad productiva no cuentan con esta prestación.

De acuerdo con los datos del Inegi, son más los hombres que tienen la limitante de acceder a los servicios de salud. De los 32.6 millones en esa condición, 20.4 millones son varones (62.6%) y las restantes 12.2 millones mujeres (37.4%).

“Es un dato grave, pues una de las principales prestaciones que se otorga a la población ocupada es tener acceso a alguna institución de salud.

“Esto refleja que la gran mayoría de personas que poseen una fuente de ingresos no se encuentra en el sector formal de la economía”, comentó Héctor Magaña, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.

Si al problema de que no tienen acceso a instituciones de salud se le agrega que gran parte de la población gana menos de uno y hasta tres mínimos (61.3%), implica que parte del ingreso, de por sí bajo, lo destinen a cuestiones de salud, limitando más los recursos, añadió el también coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN).

De total de empleados que no tiene acceso a las instituciones de salud, la mitad corresponden a trabajadores por cuenta propia y empleadores, en tanto que la otra mitad corresponde a trabajadores subordinados es decir, unos 16.2 millones de personas, que representan 45% de este segmento de la población ocupada.

Carecen de prestaciones. El reporte del Inegi detalló que millones de trabajadores subordinados y remunerados en México también laboran sin recibir algún tipo de prestación por su actividad.

De las 35.9 millones de personas que se emplearon bajo ese estatus en el tercer trimestre del año, 13.5 millones (37.6%) no reciben beneficios como aguinaldo, utilidades, vacaciones y prima vacacional, entre otro tipo de prestaciones.

El carecer de prestaciones es una agravante al calcular el beneficio real que reciben los trabajadores al prestar sus servicios. Esta falta deteriora aún más su nivel salarial haciendo que la mayor parte de sus ingresos se destinan únicamente a necesidades básicas, comentó Magaña.

Como ejemplo, expuso que una vez que las personas alcancen la edad de jubilación si no cuentan con esa prestación y no han hecho aportaciones a su Afore, difícilmente van a gozar de una calidad de vida adecuada.

Inegi también informó que 15.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados en México laboran sin tener un contrato escrito.

Tasa de desocupación. La población desocupada en México se situó en 1.9 millones durante el tercer trimestre del año, una tasa de desempleo de 3.6% como proporción de la población económicamente activa.

Si bien el nivel de desempleo se ubica en niveles bajos, éste ha ido de la mano de una generación de empleos con baja calificación e ingreso. Según la estructura de la desocupación en el país, casi la mitad de ellos (47.5%) son personas con un nivel de estudios medio superior y superior.

“Todo indica que los empleos que se generan no requieren de alta capacidad técnica y por ello también se observa que su retribución es baja, que podría ir de uno a tres salarios mínimos que es donde se ha concentrado la mayor cantidad de empleos generados”, explicó el investigador del Tecnológico de Monterrey.

La precarización de empleo también es resultado de que los niveles de la economía informal siguen siendo elevados, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar la ocupación en el sector formal del país.

En el tercer trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de personas, para un alza de 0.4% respecto a igual periodo de 2016 y representó 57.2% de la población ocupada.

A detalle, 14 millones conformaron la ocupación en el sector informal; 7.5 millones son del ámbito de empresas, gobierno e instituciones; 6.3 millones al agropecuario y 2.2 millones al servicio doméstico remunerado.