Tras condenar el asesinato del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó de la indiferencia de las autoridades federales y estatales persistente en casos de agresiones a defensores.
"Quiero elevar la condena por el homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur y la exigencia para que se esclarezca y no quede en la impunidad", señaló.
Durante el relanzamiento de la campaña "Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos", el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio por todos los defensores civiles que han sido privados de la vida por defender la dignidad de los demás.
En su intervención, señaló que las tareas de los tres niveles de Gobierno han sido insuficientes y advirtió que las autoridades han sido indiferentes a los llamados hechos por la propia CNDH para prevenir y sancionar agresiones, incumpliendo hasta con lo mínimo, por ejemplo, cumplir con la Recomendación General 25.
"Vean cómo está la indolencia, hasta en lo más mínimo se nota esa indiferencia para atender lo que por obligación las autoridades tienen que cumplir, preservar la seguridad y las condiciones para que se ejerza la defensa de los demás.
"Una de las cosas que pedimos y que he reiterado pública y privadamente, es que desde las máximas autoridades del Gobierno federal y de los gobiernos locales, que impulsarán una campaña que reconociera el trabajo de los defensores, porque si mandan ese mensaje se ve el respaldo, para que se lo piensen dos veces quienes atentan contra los defensores", declaró.
El Ombudsman nacional recordó que se ha planteado a los Gobiernos dirigir parte del dinero público destinado a la publicidad oficial a una campaña que respalde a los defensores de derechos humanos, lo que no ha ocurrido.
En el caso del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, exigió que no se excluya la línea de investigación de que fue asesinado por la labor que realizaba.
Dijo que la CNDH tenía indicios de algunas incomodidades hacia algunos defensores públicos, pero que nunca imaginaron este nivel de agresión.
En ese sentido, señaló que se requiere de la articulación adecuada entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Recordó que cuando se estigmatiza, se priva de la vida o se desaparece a un defensor, se lesiona la dignidad colectiva.
Hora de publicación: 12:43 hrs.
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