Se disparan 31.8% los ingresos públicos en mayo
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De acuerdo con el reporte de ‘Finanzas públicas y deuda pública’ de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos provenientes de la actividad petrolera crecieron 207 por ciento anual en mayo, lo que implicó su mayor crecimiento desde agosto de 2016, impulsados por un mayor precio del crudo.
Por su parte, los ingresos tributarios se aceleraron 18.5 por ciento anual, y a su interior destacó el avance de 38.9 por ciento en la recaudación del IVA, un signo de mejoría en la actividad económica, mientras que en ISR el alza fue de 12.0 por ciento.
Entre enero y mayo los ingresos presupuestarios del sector público crecieron 6.7 por ciento, y sumaron 2.4 billones de pesos, 82 mil millones de pesos más que lo programado. Los ingresos petroleros sumaron a mayo 363 mil 621 millones de pesos, 86.6 por ciento más a tasa anual, lo que implicó un crecimiento histórico.
En su reporte, la Secretaría de Hacienda destacó que las finanzas públicas mostraron una mayor fortaleza. “Los ingresos del Gobierno Federal fueron mayores a lo calendarizado en 142.3 mil millones de pesos. Lo anterior gracias al mayor dinamismo económico que se ha dado por el programa de vacunación contra el Covid-19 y la política en materia recaudatoria que ha buscado combatir la evasión y la elusión fiscal”.
Detalló que los ingresos tributarios, excluyendo el IEPS sobre combustibles, fueron mayores al programa en 43.2 mil millones y acumularon un crecimiento real de 5.3 por ciento respecto a enero-mayo de 2018, demostrando el éxito en la optimización del marco tributario vigente.
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Recuperación (Especial)
Crudo, sostén de las finanzas
Expertos en finanzas públicas coincidieron en que los ingresos petroleros contribuyeron en gran medida a los ingresos petroleros. Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica apuntó que, tanto los ingresos petroleros, como por la recaudación de IVA, ayudaron a este incremento en los ingresos presupuestarios.
“Es un reporte de ingresos positivo si se considera que estamos todavía en una circunstancia de debilidad económica extrema y los ingresos del gobierno han mantenido un ritmo considerable. Fueron ayudados por el precio del petróleo; los ingresos petroleros subieron 86 por ciento a mayo”, destacó O’Farrill.
Erik Ortiz, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidió en que ayudó a las finanzas el incremento al precio del petróleo.
“Para abril, el precio del petróleo estaba cerca de los 57 dólares, y en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) habían utilizado 42 dólares como base para calcular los ingresos; entonces hay una bonificación ahí”, comentó.
Añadió que el ingreso por IVA, el cual aumentó 5.0 por ciento anual real en los primeros 5 meses se vio beneficiado por la reactivación económica.
Gasto contenido
El gasto del sector público sumó a mayo 2.58 billones de pesos, 4 mil 198 millones de pesos menos a lo programado, y un 4.0 por ciento más a tasa anual. El gasto del gobierno federal creció 6.5 por ciento, con un retroceso de 3.6 en los ramos autónomos, un crecimiento de 14.1 en los administrativos y de 2.1 en los generales.
Héctor Magaña, investigador del Tec de Monterrey, sostuvo que el avance del gasto se debió a la reapertura económica, para tratar de acelerar la recuperación.
“Me parece que esto se debe a la puesta en marcha; a tratar también de dinamizar la actividad económica a través del gasto. En este sentido, se tratan de acelerar ciertas obras o ciertos procesos que se tenían pendientes o que no se habían necesitado del todo por las condiciones restrictivas de la economía, y en esta segunda mitad del año tratar de dinamizar para alcanzar mayores metas de crecimiento”, abundó.
Deuda y déficit disminuyen
Hacienda informó que la deuda pública se redujo a 47.7 por ciento del PIB, por debajo del 52.1 por ciento del cierre de 2020, y consistente con una reducción a 51.4 por ciento para este año.
Por su parte, el déficit fue menor en 101.7 mil millones de pesos respecto a lo programado y en 27.4 por ciento real respecto al mismo periodo de 2020.
Sumó a mayo 112 mil 753.2 millones de pesos, por debajo de los 214 mil 455 millones contemplados.
Crecen 6.7% los ingresos del gobierno; reporte de la SHCP
CIUDAD DE MÉXICO.
Los ingresos presupuestarios del sector público federal acumularon dos billones 456 mil 520 millones de pesos entre enero y mayo pasados.
Lo anterior representa un crecimiento de 6.7% respecto al mismo periodo de 2020, además de que dicho monto es superior a lo programado, con un excedente de 82 mil millones de pesos.
De acuerdo con el reporte de las Finanzas Públicas y Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda, el resultado se dio “gracias al mayor dinamismo económico que se ha dado por el programa de vacunación contra covid-19 y la política en materia recaudatoria que ha buscado combatir la evasión y la elusión fiscal”.
La dependencia federal reportó saldo de 363 mil 621 millones de pesos, un alza de 86.6% en los ingresos petroleros de enero a mayo de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020.
Además, la recaudación tributaria acumuló un billón 575 mil 783.8 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, un alza de 0.3 por ciento. El gasto neto total ascendió a 2.6 billones de pesos, monto que si bien se encuentra en línea, con lo programado fue superior en 4% real anual.
REACTIVACIÓN BENEFICIA ARCAS DEL GOBIERNO
Los ingresos presupuestarios del sector público federal acumularon dos billones 456 mil 520 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, lo que representa un crecimiento de 6.7% con respecto a lo observado en el mismo periodo de hace un año; además, el monto es superior a lo programado, con un excedente de 82 mil millones de pesos.
De acuerdo con el reporte de la Finanzas Públicas y Deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda, el resultado se dio “gracias al mayor dinamismo económico que se ha dado por el programa de vacunación contra el covid-19 y la política en materia recaudatoria que ha buscado combatir la evasión y la elusión fiscal”.
Al desglosar los rubros de las entradas, la dependencia reportó saldo de 363 mil 621 millones de pesos, un alza de 86.6% en los ingresos petroleros de enero a mayo de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020; aunque con respecto a lo programado hay un faltante de 31 mil 817 millones de pesos.
Se destacó que los ingresos petroleros del gobierno federal, que incluye la recaudación del Fondo Mexicano del Petróleo y el ISR a contratistas y asignatarios, fueron mayores al monto programado en 21.4 mil millones de pesos, aun incluyendo la reducción en la carga fiscal de Pemex para fortalecer su posición financiera en el largo plazo, lo anterior derivado de un mayor precio del petróleo y la recuperación de la economía en marcha.
Por el lado de la recaudación tributaria, en el informe se detalla que se acumuló un saldo de un billón 575 mil 783.8 millones de pesos en los primeros cinco meses del año, un alza de 0.3% en su comparativo anual.
Los ingresos tributarios fueron mayores con respecto a lo programado en 15.8 mil millones de pesos. Al considerar la recaudación tributaria de mayo, se superó el monto programado en 11.5 mil millones de pesos, con un crecimiento real anual de 18.5%. Los ingresos tributarios se muestran más sólidos debido a la reactivación económica y en las medidas de combate a la evasión y elusión fiscal”, dijo Hacienda.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) tuvo un crecimiento de 0.2% en su acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 5.0 por ciento, mientras que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) reportó un retroceso de 8.8 por ciento.
UN MAYOR GASTO
El gasto neto total ascendió a 2.6 billones de pesos, monto que si bien se encuentra en línea, con lo programado fue superior en 4% real anual.
Se destacó que el gasto en el área de salud ascendió a 241.2 mil millones de pesos, superior en 9.1% real respecto al mismo periodo de 2020 para continuar atendiendo los efectos de la pandemia covid.
El gasto en desarrollo social ascendió a 1.2 billones de pesos, con un incremento real de 4.9% respecto a enero-mayo del año previo. Y el gasto en la función de desarrollo económico fue de 627.2 mil millones de pesos, con una variación real anual de 19%.
A su interior, destacó el gasto a transporte, que creció 15.3% anual con la inversión para el Tren Maya. - AMU
Condicionará EU apoyo a México en áreas de seguridad
Nueva York. El gobierno de Estados Unidos está contemplando destinar cerca de 159 millones de dólares en asistencia a México, sobre todo para el rubro de seguridad y antinarcóticos, renovar reuniones bilaterales de alto nivel sobre seguridad y mayor asistencia para manejo migratorio, pero en el proyecto de ley para la apropiación de estos fondos ante el Congreso también se incluyen órdenes para evaluar el respeto a los derechos humanos por fuerzas de seguridad en México.
El poderoso Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes emitió ayer su reporte sobre el proyecto de ley que destina fondos a las operaciones internacionales del gobierno federal –proponiendo más de 13 mil millones de dólares para el Departamento de Estado– a nivel mundial para el año fiscal 2022, entre los cuales está lo propuesto para México.
Este proyecto de ley incorpora y/o modifica las propuestas del Ejecutivo para el presupuesto federal registrando el giro en política exterior bajo el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, y a la vez, incluye las recomendaciones y condiciones del Congreso.
Para México, el Comité de Apropiaciones recomienda un total de 158 millones, 910 mil dólares en asistencia manejados por el Departamento de Estado. La gran parte de ese total se desembolsaría –si esta propuesta es aprobada sin modificaciones– a través de dos canales: 100 millones a programas de la oficina de Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés) y otros 50 millones al Fondo de Apoyo Económico (ESF).
Además, se propone un millón 750 mil dólares para Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET), 6 millones al Programa Internacional Militar de Financiamiento (FMF) y otro millón 160 mil para los programas de no proliferación, antiterrorismo, antiminas y relacionados. Parte de estos fondos son destinados a entidades responsables del tema migratorio, incluyendo Comar y el Instituto Nacional de Migración.
El proyecto de ley afirma que los fondos de asistencia para México tendrán como prioridad “apoyar la construcción de capacidad de instituciones mexicanas en los sectores de seguridad y justicia para combatir y enjuiciar las organizaciones criminales trasnacionales” y “promover el buen gobierno, protección de derechos humanos y la investigación y enjuiciamiento de violaciones, esfuerzos para buscar e identificar a personas desaparecidas”, entre otros objetivos.
El comité instruye –al aprobarse este proyecto de ley– al secretario de Estado presentar un plan para restablecer reuniones bilaterales de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
A la vez, ordena que el secretario de Estado y el administrador de Usaid presenten un informe al Congreso evaluando los programas implementados bajo la Iniciativa Mérida y una evaluación del efecto de la nueva ley mexicana sobre agentes federales extranjeros para la cooperación bilateral.
El comité expresa su preocupación “por el deterioro de las condiciones de derechos humanos” en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos señalando informes de que agentes de migración federales mexicanos “han cometido violaciones de derechos humanos y no han sido obligados a rendir cuentas”.
El comité también expresa su preocupación con la participación de agentes de policía mexicanos capacitados por Estados Unidos en la masacre de 19 personas en el norte de México y solicita un informe sobre el equipo y capacitación otorgado por Estados Unidos a agentes de seguridad y de migración mexicanos operando en las fronteras norte y sur del país desde 2016.
El Comité prohíbe que los fondos de asistencia a México “sean usados para apoyar el involucramiento de militares en aplicación de la ley en México…”
Finalmente el comité ordena que –al promulgarse esta ley– el secretario de Estado informe al Congreso respecto de si México está actuando de manera judicial en violaciones de derechos humanos, cumpliendo con las prohibiciones al uso de tortura, y si de manera creíble está buscando víctimas de desapariciones forzadas y aplicando la ley contra los responsables.
El proyecto se empezará a aprobar esta semana en el comité para proceder con su esperada aprobación por el pleno próximamente.
Pronostican récord de 67 millones de pobres
“Todavía no tenemos el dato duro de la pobreza en el país, pero contamos con evidencia preliminar que el efecto ha sido duro en materia de ingreso y que hay afectaciones naturales visibles en salud y rezago educativo”, indicó la especialista a EL UNIVERSAL.
En 2018 la población en pobreza ascendió a 52.4 millones de personas; sin embargo, para mayo de 2020 el consejo advertía que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar hasta en 9.8 millones producto de la pandemia de Covid.
En opinión de la investigadora, es muy probable que esta estimación inicial se vea rebasada con la nueva medición de la pobreza correspondiente a 2020, cuyos resultados dará a conocer el Coneval en agosto próximo.
De acuerdo con las estimaciones más recientes, la población en pobreza habrá llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 millones más que en 2018, mientras que, en el caso de la pobreza extrema, prácticamente se habría duplicado, de 9.3 millones que teníamos antes de la pandemia a 18.3 millones, de acuerdo con cálculos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Ibero.
El Coneval es el encargado en México de realizar la medición de la pobreza multidimensional, que implica el componente de ingreso, pero además la estructura de la carencia de acceso a los derechos sociales básicos consagrados en la Constitución: educación, servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios básicos para la vivienda.
Los nuevos pobres
En México hay una delgada línea entre la condición de vivir en situación de pobreza y no vivir en situación de pobreza. Para un conjunto significativo de hogares es un cambio marginal, ya sea por efecto de ingreso o por acceso a un derecho social están justo arriba de esos umbrales, pero en términos estructurales tienen vulnerabilidades muy parecidas a quienes están más abajo.
“Lo que reveló la crisis no es tanto los bajos niveles de ingreso, sino la vulnerabilidad de los modelos de la generación de ingreso. Hay algo que tiene que ver con la precariedad laboral y la ausencia de mecanismos de protección social que hacen muy vulnerables, incluso a personas que podríamos imaginar que están muy arriba de un umbral determinado de pobreza por efecto de su ingreso, pero si ese ingreso es variable y, por ejemplo, depende de sectores como el turismo, su impacto en esta crisis fue desastroso para esos hogares”, comentó.
Explicó que el hecho de que no haya mecanismos de protección, que no exista un seguro de desempleo o políticas universales de compensación ante una emergencia como esta, hace que un grupo mayor haya revelado esas vulnerabilidades que no son nuevas, “lo que sucede es que la crisis las expresa de una manera muy dramática”, subrayó.
Desde una perspectiva de protección social integral, el objetivo de la política pública sería ampliar lo máximo posible la población que no es pobre y no es vulnerable porque tiene acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución y tiene un ingreso que le permite satisfacer las necesidades básicas.
Sin embargo, “lo más probable es que ese porcentaje de personas no pobres y no vulnerables se vea reducido en la medida que se pierda empleo formal y el acceso a la seguridad social, y eso alimenta directamente la identificación de la población vulnerable por carencia social. Entonces, por supuesto ese es un segmento de población que se verá reducido por efecto de la crisis”.
Impacto de la pandemia
En opinión de la especialista, varios factores interrelacionados provocaron que un segmento importante de la población cayera en pobreza: “La pandemia nos agarró en una situación de desigualdades estructurales y de precariedad en el acceso a los derechos sociales: sistemas de salud fragmentados y débiles, modelos educativos con áreas de oportunidad en calidad; un mercado laboral en el que el acceso a la seguridad social formal y las garantías y las prestaciones asociadas se vuelven cada vez más difíciles.
“La lección para México es que la pandemia evidenció las desigualdades preexistentes, lo que hizo vulnerable a un porcentaje muy alto de la población y reveló la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social, que están fragmentados, y sin capacidad de proteger a las personas a lo largo de su ciclo de vida, y que no tienen mecanismos ágiles para responder a un shock de este tipo”, destacó la experta.
Escala pleito del PRI: llega a FGR y bandos se tachan de “criminales”
Anticipan más tomas de sedes en los estados
El líder del partido, Alejandro Moreno, denuncia a Nayelli Gutiérrez y a Ulises Ruiz; repudia encierro de vigilantes y ataque armado; exgobernador dice que fue un autoatentado y provocación; Alito fracturó al partido por reparto de plurinominales entre cuatro familias, critica
La pugna al interior del PRI subió de tono este miércoles, luego de que el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se acusaron mutuamente de “criminales y porros”.
Alito Moreno consideró “criminal” que Ruiz Ortiz y Nallely Gutiérrez, exsecretaria de Vinculación del PRI, encabecen a grupos porriles que encadenaron los accesos al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) desde el martes pasado, con lo que privaron de la libertad a quienes se encontraban dentro del inmueble, y orquestaran ataques armados contra mujeres, jóvenes y niños.
“Son unos criminales que hoy han lastimado a la militancia del partido”, condenó tras la toma del partido y los hechos violentos, donde hubo disparos de armas de fuego, bates, palos y piedras, con resultado de seis personas lesionadas, uno de ellos de gravedad, un joven de 20 años con un disparo en la espalda.
Exigió al exgobernador de Oaxaca la entrega inmediata de las instalaciones, al tiempo que lo calificó de lacayo y mezquino: “no vamos a permitir que esto quede impune, ya los denunciamos (...) Llamamos a la Comisión de la Verdad para que rinda cuentas ante la justicia”.
El CEN presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ulises Ruiz y Gutiérrez Gijón por la posible comisión de delitos de asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y despojo en perjuicio de partido.
Son
unos criminales que hoy han lastimado a la militancia del partido. No
vamos a permitir que esto quede impune, ya los denunciamos
Marco Mendoza, secretario adjunto a la Presidencia del CEN, informó que el martes se interpusieron otras demandas penales ante la Fiscalía General de Justicia capitalina contra quien resulte responsable por privación ilegal de la libertad de 22 trabajadores que están dentro de las instalaciones, y tentativa de homicidio.
Ulises Ruiz respondió a los señalamientos del líder priista, al asegurar que Moreno está “muy inquieto, desesperado y alterado con una actitud porril”, incluso con miedo por las denuncias que hay de desvío de 400 millones de pesos ante la FGR, que lo pueden llevar a la cárcel.
“Estamos valorando la posibilidad de presentar la solicitud de expulsión de Alejandro Moreno, no sólo por traicionar los principios del partido, no sólo por la criminal acción de provocar el día de ayer con gente de Cuauhtémoc Gutiérrez, El Rey de la Basura, este plantón pacífico que tenemos aquí en el CEN, sino fundamentalmente por corrupción”, aseveró.
En entrevista con La Razón, el oaxaqueño no descartó que la violencia registrada en las inmediaciones del edificio del partido haya sido un “autoatentado”.
Nosotros
somos políticos, no porros; el problema es que Moreira, Alejandro
Moreno y Murat son porros, así siempre han actuado. Yo creo que fue un
autoatentado
“Ni siquiera nosotros hemos entrado al PRI para no violentar las instalaciones. Nosotros somos políticos, no porros; el problema es que (Rubén) Moreira, Alejandro Moreno y (José) Murat son porros, así siempre han actuado. Yo creo que fue un autoatentado, pues está Murat ahí y él es especialista en eso”, remarcó.
Negó ser factor de división en el PRI, ya que, dijo, al partido lo logró romper Moreno: “entre cuatro familias se repartieron plurinominales, hay hijos que ni siquiera son del PRI son del PAN o del Verde; hay prestanombres, novias, novios; Alito, junto con Murat, Moreira y el hijo de Gamboa se despacharon con la cuchara grande y eso provocó fracturas”.
Ruiz tiene una disputa con Moreno desde 2019, cuando lo denunció ante la FGR por enriquecimiento ilícito. Pidió indagar la compra de casas y terrenos en Campeche que realizó entre 2012 y 2015 y que aparecen declaradas en su 3 de 3, lo cual no corresponde con sus ingresos.
En tanto, Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio de Profesionistas en Derecho y exsecretaria de Vinculación del partido, aseguró que las personas que provocaron un enfrentamiento en las inmediaciones del CEN recibieron 200 pesos y acusó a Alito Moreno de crear un montaje.
Un incidente de esta naturaleza desvía al PRI de lo sustantivo, de lo fundamental, que es encontrar su proyecto hacia el 2024
“Llegaron dos señoras preguntando si nosotros les íbamos a dar sus 200 pesos, los estaban convocando en el PRI-Ciudad de México”, dijo a este diario.
Adelantó que en las próximas horas comenzarán a manifestarse en varios estados del país para exigir la renuncia del dirigente, y de manera paralela, solicitarán la expulsión de Moreno del PRI por las vías institucionales.
afecta proyecto. Por separado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reconoció que la violencia registrada en el PRI los afectará en su proyecto rumbo a los comicios de 2024.
Consideró que la violencia en la que incurrieron los grupos que demandan la salida de Alejandro Moreno los coloca más cerca de Morena que del tricolor.
- El dato: La diputada priista Cinthya López Castro exigió al Gobierno capitalino su intervención ante la balacera registrada el martes en el CEN tricolor y detener a los responsables.
Deuda del gobierno sube a máximo histórico y se acaban el 'guardadito'
Según datos Primera Entrega de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior, al cierre de 2020, la Deuda del Gobierno federal, que incluye los préstamos bancarios, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial(BM), así como las pensiones a los trabajadores del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), alcanzó 42.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para cerrar el año en nueve billones 702 mil 134 millones de pesos.
Este endeudamiento representa 1.5 veces la cantidad de dinero que tiene para gastar este año el Gobierno federal.
El saldo de esta deuda, que no incluye el financiamiento a Pemex y CFE, es un máximo histórico para cualquier administración y representó un incremento de casi un billón de pesos en relación con el cierre de 2019, dice la Cuenta Pública 2020 que ayer la ASF entregó a la Cámara de Diputados.
“No endeudamos al país a pesar de la pandemia. No aumentaron los impuestos, la gasolina hoy cuesta menos de cuando llegué a la Presidencia de la República; no ha habido gasolinazos, no hay endeudamiento adicional en el país y vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción, de hacer un gobierno sobrio, austero, en donde se vigile que no haya extravagancias, gastos superfluos en el gobierno”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido el 3 de enero.
Las razones detrás del aumento en la deuda del Gobierno federal son distintas, entre ellas está el refinanciamiento de saldos por vencer, el pago de intereses, así como los préstamos solicitados por el Gobierno a instituciones internacionales como el Banco Mundial para financiar proyectos sociales y de infraestructura.
“Estamos viendo la necesidad de refinanciamiento de la deuda, es decir, se tienen que emitir deuda para pagar la deuda anterior más los intereses que van generando, además, para el financiamiento de los proyectos de inversión se requiere una mayor cantidad de recursos. Cuando se analizan las necesidades del gasto público en gasto social, inversión y pagos de intereses, vemos que se requiere mayor nivel de deuda”, refirió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).
En el reporte, la ASF da cuenta de que al incremento en el saldo de la deuda se suma el gasto de 214 mil 376 millones de pesos que había en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), el fideicomiso que utiliza el Gobierno federal como “guardadito” cuando la recaudación de impuestos y los ingresos petroleros no son suficientes para cubrir el gasto público programado en un año.
Con este gasto, al cierre del año pasado, el FEIP se quedó con un saldo de nueve mil 497 millones de pesos.
Este dinero, señaló la ASF, se gastó en cubrir el hoyo fiscal por la caída de la economía, así como el costo de las coberturas petroleras que se compraron para este año.
Al cierre de 2019, detalla el organismo, el saldo del FEIP era de 158 mil 543 millones de pesos a los que se sumaron 35 mil 246 millones obtenidos a través de las coberturas petroleras contratadas para ese año.
Este instrumento financiero funciona como un seguro que compra la Secretaría de Hacienda para garantizar un precio mínimo de la Mezcla Mexicana de Exportación y permite blindar los ingresos petroleros del país.
Entre 2019 y 2020, el Gobierno federal tuvo que echar mano de este fondo, al retirar un total de 371 mil millones de pesos, ante la caída en los ingresos del sector público por impuestos y las aportaciones que hace Petróleos Mexicanos.
Cuando inició la administración, la Cuarta Transformación tenía 279 mil 770 millones de pesos en el FEIP. En su reporte, la ASF detalló que no encontró irregularidades en el manejo de estos recursos.
"Primero que desarmen a narcos", retan aguacateros en Michoacán
Integrantes de Pueblos Unidos, en Michoacán, condicionaron deponer la armas a cambio de que el gobierno local garantice su seguridad, y para ello exigieron que se coloquen puntos de revisión de la Guardia Nacional en la zona, para impedir el paso de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de “Los Viagras".
Aseguraron que no se armaron "por gusto" sino por necesidad, ya que "las autoridades habían sido rebasadas".
Ayer, dejaron por unas horas las armas y las 52 barricadas de los municipios Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Teretan, para reunirse en la plaza principal del municipio de Ario de Rósales y responder desde ahí a Israel Patrón, secretario de Seguridad Pública del estado, quien el martes el pasado los amenazó con desarmarlos.
“Con todo respeto para nuestro gobierno, que hagan la chamba ellos y nosotros dejamos nuestras armas, y nosotros nos vamos a trabajar a nuestras tierras que es lo que nosotros sabemos hacer”, dijo uno de los comandantes.
El martes, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer que desarmarán a los grupos denominados “Pueblos Unidos”, que surgieron en los últimos meses en cuatro municipios de la entidad: Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretan.
Israel Patrón Reyes dijo que estos grupos “violan flagrantemente la Ley de Armas de Fuego y Explosivos”, por lo que se debe actuar conforme a los estatutos.
“Nos quieren desarmar a nosotros. Están diciendo que nosotros estamos violentando la ley. Sí, traemos rifles de alto poder pero créame que no es por gusto. Todo esto lo hicimos por la necesidad. Las autoridades habían sido rebasadas”, dijo ayer el comandante desde el templete municipal.
En el lugar hicieron presencia 8 mil campesinos de todas las edades, familias enteras que aseguran que detrás de cada hombre armado hay una historia de asedio del crimen organizado que los ha obligado a dejar sus cultivos de aguate para tomar las armas y defenderse.
En el mitin, los pobladores firmaron una petición para que el gobierno federal instale en cada una de sus más de 50 barricadas un destacamento y punto de revisión de la Guardia Nacional que impida el paso del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal “los Viagras”. Así y sólo así, dicen, estarán dispuesto a dejar las armas.
“Tomamos la decisión de seguir este movimiento, de levantarnos en armas porque a mí me secuestraron a un hermano desde el 13 de junio ya no volvimos a saber nada de él”, expresó la familiar de Juan Manuel, aguacatero de Ario de Rósales, levantado en junio de 2020 a las puertas de su casa ubicadas en el municipio de Teretan, en Michoacán.
Juan Manuel era aguacatero, se resistió a pagar 500 mil pesos mensuales por cada una de sus tres hectáreas de cultivo. Después de su “levantón” , su familia tuvo que pagar 300 mil por su recate, pero él nunca regresó.
“Si fuéramos unos delincuentes las mujeres o los niños, ¿creen que estaríamos aquí?. No somos delincuentes, somos personas de bien. Estamos luchando por nuestros derechos, por nuestra persona, por nuestros hijos, dijo la prima de Juan, quien pidió reservar su identidad.
Otro Caso es el de Diomira, quien perdió los dedos hace tres años luego de que su familia fue atacada por un grupo armado que los despojo de sus cultivos.
-“No tiene dos dedos señora? Por qué no tiene dos dedos?-
"Por los balazos, me los han volado defendiendo mi tierra. Mis cultivos de aguacate".
-¿Cree que sea justo?-
"Por defenderse, pues no".
Durante la reunión, los integrantes de Pueblos Unidos exigieron la presencia de la presidenta municipal de Ario de Rósales, Irma Moreno, quien accedió a subir al templete, mientras el representante de la Guardia Nacional en la zona, el comandante Villalba, se negó a presentarse.
“Queremos un municipio en paz, tranquilo en armonía. Vamos a ser el conducto para nosotros poder gestionar alguna reunión a nivel federal”, comprometió la alcaldesa.
Y es que pese a que el jueves pasado en su conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reforzar la seguridad en los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretan, en Michoacán, éstos continúan vigilados sólo por los pobladores armados.
“¿Por qué nos quieren desarmar si el problema está en Zamora?, el problema está en Aguililla, el problema está allá abajo en Caliente”, agregó.
“Nosotros nos vamos a defender como gato boca arriba. Mientras que nosotros podamos tener vida, todos nos vamos a defender”. - FS
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