No paran transas en universidades públicas; suman irregularidades por $9 mil 887 millones
Las universidades públicas del país mantienen una insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios que reciben.
De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública 2019, presentado ayer a diputados federales, estas instituciones tienen un monto observado por nueve mil 887.8 millones de pesos, es decir, son recursos cuyo gasto está pendiente de aclararse o que deben ser reintegrados a la Federación.
El informe, presentado por Emilio Barriga Delgado, auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que de un billón 924 mil 475.4 millones de pesos fiscalizados, el monto observado para 2019 es de 29 mil 290.3 millones.
Las irregularidades detectadas a las universidades públicas, en la mayoría de los casos, se refieren a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las institucionales. Esta anomalía se observó en el 62% de los recursos observados de este sector, es decir, en seis mil 148 millones de pesos. En 16.8% de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.
Universidades, sin comprobar 9 mil mdp
Las instituciones reportaron observaciones en más de 18 pesos por cada 100 ejercidos durante 2019.
El análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a los diputados sobre el gasto federalizado prende la alerta sobre la insuficiente comprobación administrativa en el ejercicio de los subsidios de las universidades públicas, con un monto de dinero observado en la Cuenta Pública de 2019 de 9 mil 887.8 millones de pesos, una cantidad que representa el 18.6 por ciento de los recursos fiscalizados.
A diferencia de las dos reuniones de trabajo anteriores de los funcionarios de la ASF con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que se transmitieron en tiempo real en redes sociales y por en el Canal del Congreso, la de este martes se hizo de manera privada y semipresencial.
A iniciativa de la ASF, se repartió a través de Comunicación Social de San Lázaro el documento que al inicio del encuentro presentó a los legisladores el auditor de Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado, el cual ascendió en 2019 a un billón 924,475.4 millones de pesos.
De ese total, el monto observado durante la fiscalización de ese año es de 29 mil 290.3 millones de pesos, de los cuales 11 mil 179.6 es de las participaciones federales a los gobiernos estatales.
El monto observado se compone de los montos por aclarar, así como de aquellos que fueron o deben ser reintegrados a la Federación durante la auditoría.
De las gráficas compartidas a los diputados, destaca la correspondiente al monto que se le observó a las universidades públicas, de 9 mil 887.8 millones de pesos, más de la sexta parte de los recursos revisados, cuando el promedio para el resto de los programas y rubros que fueron auditados es de 2.3 por ciento.
Es decir, mientras en el resto fueron observados dos pesos de cada 100, en el caso de las instituciones de educación superior la cifra es de más de 18 pesos por cada 100.
Esto significa que las casas de estudio reportan desorden en su administración interna, misma que se refleja en la falta de documentación suficiente de sus gastos, por lo que la ASF no ha tenido hasta ahora una comprobación satisfactoria de los recursos ejercidos en 2019.
En cuanto al desglose de los conceptos en los que fueron detectadas esas irregularidades, la mayoría de los casos se refiere a la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias ajenas a las de las institucionales. Esta anomalía se observó en el caso del 62 por ciento de los recursos observados de este sector, es decir, en 6 mil 148 millones de pesos.
En el 16.8 por ciento de los casos, con un monto de mil 665 millones de pesos, se detectó que hubo pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.
Justifican anomalías por la pandemia
La transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la reconversión de hospitales a centro covid-19 fueron las principales justificaciones en las anomalías del sector salud que informó ayer el auditor especial del gasto federalizado, Emilio Barriga Delgado, en la Cuenta Pública 2019.
Durante una reunión de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, el funcionario dio detalles del gasto federalizado observado durante el primer año del actual gobierno.
Legisladores consultados indicaron que Barriga Delgado amplió información y señaló que las principales observaciones en la salud fueron por el tránsito administrativo que provocó la eliminación del Seguro Popular y la pandemia de covid-19 por la que muchos hospitales cambiaron su mecánica de trabajo, tuvieron que cerrar por cuestiones de salud o no pudieron entregar la información en tiempo y forma por la pandemia.
En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez (Movimiento Ciudadano), aclaró que la reunión de este martes con el auditor fue privada porque fue para el aclarar dudas de los legisladores y es parte de una ruta de trabajo técnico que justifica ese formato.
Señaló que las dos anteriores sí debían ser abiertas por tratarse de comparecencias aprobadas por el pleno de los diputados.
RECHAZAN LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Sindicatos universitarios del país rechazaron la Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada por el Congreso, al argumentar que “en varios de sus artículos se viola el artículo tercero constitucional, particularmente se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas”.
En un pronunciamiento demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no promulgue la ley y la regrese a la Cámara de Diputados para dar revés a las inconsistencias.
“Es importante señalar que es lamentable que en plena 4T se haya aprobado una ley con claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de las instituciones de educación superior”, plantearon.
Destacaron que en el artículo 2 de la LGES se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, al condicionar toda reforma a la consulta a los órganos colegiados de la institución respecto de la cual se busca reformar su ley orgánica, y a contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno.
“Con ello, cualquier iniciativa para democratizar una institución autónoma podrá ser desechada por los órganos de gobierno de dicha institución, los cuales, precisamente por la carencia de democracia, son controlados por las burocracias universitarias”, señalaron.
De acuerdo con los sindicatos, en la ley, los actores directos del proceso educativo, estudiantes, profesores, y trabajadores no académicos son excluidos de la toma de decisiones.
Además, indicaron que la LGES no resuelve las problemáticas de las instituciones en materia de presupuesto.
“La autonomía seguirá siendo una entelequia sólo para proteger manejos financieros poco claros, pero no para una consolidación y crecimiento de las instituciones”, advirtieron.
Concede juez otros 4 recursos contra la reforma eléctrica
Ciudad de México. Una vez que agradeció al ministro Arturo Zaldívar haber aceptado su queja contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial era como El castillo de la pureza, y ahora “en todos los casos, porque son muchos”, continuará promoviendo la intervención del Consejo de la Judicatura Federal. Ejemplificó el desaseo con los dos años que han transcurrido sin que consiga nombrar al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
En su conferencia de prensa celebrada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional reiteró que su postura no es intromisión, pues respeta la autonomía y la división de poderes.
La queja “ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo (que) quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos. Antes, decía yo, el Poder Judicial era como El castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Los jueces, no pueden ser intocables, ya se acabó”.
Al abundar en torno a la primera suspensión otorgada por el juez Gómez Fierro, cuestionó la inmediatez de esa resolución y adelantó que permanecerá expectante. “La justicia tiene que ser expedita, pero ¿por qué en este caso y en otros no? ¿Por qué, cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública, se actúa de esta manera?
“Estoy esperando también el comportamiento en general, porque no vamos a dejar de denunciar las corruptelas, en el caso de los contratos de la industria eléctrica y lo de Pemex. Tenemos que defender el interés general.”
De nuevo se refirió al régimen de beneficio fiscal que prohijaba a las grandes corporaciones. “A los de arriba se les condonaban los impuestos. Pero estoy hablando de las grandes corporaciones, económicas, comerciales, financieras, estoy hablando de miles de millones de pesos. Una gran injusticia.”
Para el Ejecutivo federal ahora en esta nueva etapa el Poder Judicial “ha iniciado un proceso de renovación, la judicatura. Este organismo estará pendiente para que no haya abusos ni corrupción”.
Recordó el caso en el que se estuvo “a punto de liberar a uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estaban hablando por teléfono que iban a sobornar al juez”.
El mandatario también hizo referencia a otro obstáculo que enfrenta ante el Poder Judicial: “llevo como dos años queriendo nombrar al procurador de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon). Son dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están. Ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será”.
López Obrador también se reunió con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Aún con cuentas por saldar, ‘jubilan’ a Romero Deschamps
En su conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio de que el ex líder sindical decidió “por voluntad propia” presentar su renuncia como trabajador activo de Pemex, aunque el gobierno federal también hizo un “exhorto”.
“Quiero informarle al pueblo de México que, a partir de hoy, el señor (Carlos) Romero Deschamps presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex”, anunció.
Sobre el priista y sus familiares también pesan investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en su momento presentó dos denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En los últimos dos años, tanto Romero Deschamps como algunos de sus parientes han promovido amparos con la intención de saber si existe alguna orden de detención o aprehensión en su contra.
Han trascurrido casi dos años de que el ex líder petrolero fue denunciado en la Fiscalía por su probable responsabilidad en diversos delitos, pero los asuntos aún no se determinan, porque las acusaciones se han ido acumulando.
MILENIO consultó a Sergio Carlos Morales Quintana, dirigente del Frente Nacional Petrolero, quien recordó que el 27 de febrero de 2019 interpuso una denuncia por los presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude sindical y rendición de cuentas de las cuotas del gremio.
Indicó que ratificó su denuncia el 28 de marzo del mismo año, lo que dio origen a la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0002374/2019.
El representante jurídico del Frente Nacional Petrolero, Antonio Crespo, dejó en claro que la carpeta aún no se determina, es decir, el agente del Ministerio Público federal todavía no decide si ejerce acción penal, porque hay otras carpetas que se han ido acumulando en estos años.
Además de esta denuncia, también está la interpuesta por Miguel Arturo Flores Contreras, líder del movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, quien acusó a Romero Deschamps por un supuesto enriquecimiento ilícito.
El número de expediente de la querella es FED/SEIDO/ UE10R PIFAM-CDMX/0000831/2016.
También están pendientes los casos iniciados por Verónica Delgadillo y Samuel García, entonces senadores de Movimiento Ciudadano, quienes denunciaron a Romero Deschamps por peculado, nepotismo, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, secuestro, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos ilícitos, venta de plazas, defraudación y evasión fiscal.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer en su momento que presentó dos denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al momento de anunciar la renuncia de Romero Deschamps, el Presidente dijo desconocer que el ex líder sindical había pedido vacaciones hasta 2024, como lo reveló una investigación periodística, luego de que argumentara que durante el tiempo que fue dirigente no tomó vacaciones y, de acuerdo con el contrato colectivo, tenía el derecho de acumularlas y tomarlas.
Recordó que ya se hizo una revisión del contrato colectivo de trabajo de Pemex, sin afectar los derechos de los sindicalizados, pues dijo que “durante el periodo neoliberal se protegía a los dirigentes y se despedía a los trabajadores de base, con planta o transitorios”.
López Obrador dijo que cuando se revisó el contrato colectivo había muchos comisionados, trabajadores que hacían labores sindicales o que tenían una responsabilidad sindical. “No solo estaban comisionados sino que tenían derecho a viáticos y todo esto en el contrato colectivo. Por lo que se hizo un ajuste a lo mínimo de esas cantidades dirigidas al sindicato”, afirmó.
De acuerdo con Declaranet, Romero Deschamps fue contratado por el actual gobierno federal el pasado 1 de enero de 2019 como jefe de departamento de la refinería Miguel Hidalgo.
En ese momento, el presidente López Obrador emprendió una lucha contra el robo clandestino de combustibles y se acusaba a funcionarios del gremio y de Pemex de ayudar a las bandas dedicadas al huachicoleo.
El ex líder de los trabajadores petroleros tuvo un ingreso neto anual de un millón 208 mil pesos, es decir, 100 mil 736 pesos mensuales, apenas 12 mil pesos por debajo del mandatario nacional que percibe actualmente 112 mil 122 pesos cada mes y un millón 345 mil pesos al año.
Sin embargo, a Romero Deschamps se le suman “otros ingresos” y “servicios profesionales” por 744 mil pesos, lo que supera los ingresos anuales del presidente López Obrador, con un millón 580 mil.
Romero Deschamps fue contratado sin “ninguna experiencia laboral”, no declaró bienes inmuebles, solo una moto y dos camionetas, así como tres cuentas bancarias.
El priista fue tres veces senador y una vez diputado federal. En la página del Sistema de Información Legislativa se ostenta como “coordinador de las campañas políticas del PRI en Tampico para diputados federales, gobernadores y presidente”.
Recientemente los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández han sido señalados por las autoridades de Estados Unidos de beneficiar a grupos del crimen organizado en la entidad.
El ex líder sindical ingresó como trabajador de Petróleos Mexicanos en 1959, a la edad de 15 años, y laboró en la empresa en diversos puestos y estados.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) informó que Romero Deschamps, tras 63 años de servicio, se retirará con 100 por ciento de su salario, ayuda para su canasta básica, pago de gas y gasolina, aguinaldo, seguro de vida, gastos funerarios y hasta atención médica.
MILENIO tuvo acceso a la solicitud con número de oficio SIA-076/2021 firmada por el diputado federal y secretario del Interior, Actas y Acuerdos, Manuel Limón Hernández, y el secretario del Exterior y Propaganda, Daniel Aguado Rojas.
En el oficio dirigido al subdirector de Capital Humano de Pemex, Francisco Octavio Veites Palavicini, con fecha de ayer, el gremio solicita que a Carlos Romero Deschamps, con ficha 62697, adscrito a la refinería de Miguel Hidalgo, en Tula, “se le conceda el beneficio de la jubilación en términos de la regla uno del Contrato Colectivo de Trabajo” vigente.
Con información de: Víctor Hugo Michel, Israel Navarro y Lorena López.
Van 25 suspensiones contra la reforma eléctrica otorgadas ya por dos jueces
Juan Pablo Gómez Fierro da otros 13 recursos; se suma Rodrigo de la Peza con 11; IP pide independencia; Presidente celebra atención a su queja contra el primero; señala que se acabaron los intocables
Dos jueces de la Ciudad de México han emitido 25 suspensiones de amparo a empresas a partir de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Congreso de la Unión.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha otorgado 14 suspensiones de amparo y el juez Rodrigo de la Peza brindó la protección judicial a 11 compañías, contra la Reforma de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión.Estas suspensiones de amparo se entregaron desde el 11 de marzo a la fecha.
Las empresas que promovieron y ya tienen suspensión de amparo son: Parque Solar la Orejana de Sonora, Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria; Compañía Eólica de Tamaulipas; Compañía Eólica Vicente Guerrero; Compañía Eólica la Mesa; El Rollo Solar, Juárez Renovable, Energía Proyecto Eólico (dos amparos), Eólica Santa Catarina, Eólica Reynosa III, New World Fuel, Eoalitec del Pacífico y Energía Tuxpan. A éstas, se suman otras 11 cuyos nombres no fueron revelados.
Los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa decidieron otorgar este martes la suspensión provisional en el juicio de amparo a por lo menos 14 empresas dedicadas a la generación energía eléctrica con medios renovables, quienes se quejaron de que la nueva legislación atenta contra sus intereses al preferir en el despacho de energía la generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la que entregan ellas.
Este segundo bloque de suspensiones provisionales de amparo también incorporó el criterio de proteger a todas las empresas del sector sin importar que no hayan presentado una inconformidad, porque si sólo se otorga a un competidor, se distorsionan las condiciones del mercado, lo que podría tener efectos “irreparables” para el resto de los participantes.
Además, se entregaron suspensiones contra el acuerdo emitido el 18 de enero de 2021 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender plazos y términos legales debido a la contingencia sanitaria.
“La CRE no podrá negarse a atender los trámites relacionados con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país. Por ello deberá realizar las gestiones necesarias para que se dé continuidad al trámite, hasta su conclusión, de las solicitudes que hayan sido presentadas por las empresas, como es el caso de aquellas que se encuentren vinculadas con su permiso de generación”, se lee en la sentencia judicial.
La
CRE no podrá negarse a atender los trámites relacionados con alguna de
las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido
consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se
vive en el país
Juzgado de Distrito, Sentencia
Estos jueces en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica y Radiodifusión con sede en la Ciudad de México, pero con jurisdicción en todo el país, han dictado resoluciones en contra de medidas adoptadas por el Gobierno federal en materia de energía.
En abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) impidió que las centrales eléctricas entraran en fase preoperativa y fueran puestas en marcha. Al menos 18 compañías de generación eólica, fundamentalmente, buscaron la protección judicial; de ellas, 13 obtuvieron la suspensión definitiva, lo que les permitió continuar operando. El juez que concedió las suspensiones de amparo fue Rodrigo de la Peza.
El Juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica y Radiodifusión, en agosto de 2020, amparó a la organización ambientalista Greenpeace y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental contra la Política de Confiabilidad impulsada por la Secretaría de Energía.
En julio de 2020, Rodrigo de la Peza amparó a la compañía Telcel para evitar que tuviera que entregar información para integrar el Sistema Nacional de Infraestructura, que exigía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Un Tribunal Colegiado rechazó la decisión del juez y negó el amparo.
Rodrigo de la Peza López Figueroa fue nombrado juez en 2019, antes se había desempeñado como secretario de cuenta de Eduardo Medina Mora, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presentó su renuncia al cargo en octubre de 2019.
En diciembre pasado, Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión definitiva de amparo a las empresas Eólica Tres Mesas y Eólica Tres Mesas 2, para evitar que se les aplicara un aumento en la tarifa de transmisión que las empresas privadas deben pagar a la CFE.
Gómez Fierro resolvió también en 2018, amparos que intentaban frenar la consulta sobre la continuación o cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Un año después, el juez negó un amparo a una persona que exigía que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera protegido por un servicio de escoltas, luego de que el mandatario ordenó la desaparición del Estado Mayor Presidencial.
Mientras que Juan Pablo Gómez se había desempeñado como Juez Cuarto en Materia Administrativa en la Ciudad de México y también formó parte de la ponencia (equipo) del ministro de la SCJN, José Fernando Franco González Salas.
- El dato: El Consejo de la Judicatura Federal admitió a revisión la solicitud del Presidente para revisar si Juan Pablo Gómez Fierro tenía competencia para resolver sobre la materia.
Pide Coparmex al poder judicial aplicar la ley en litigios sobre reforma eléctrica
“No queremos apagones ni alzas en las tarifas eléctricas”, estableció José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Cronica
El sector patronal del país apostó a la independencia del Poder Judicial por lo cual pidió aplicar la ley para tomar una decisión de suspender o no la reforma de la industria eléctrica , y sostuvo que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome una posición debe ser acatada por todos los mexicanos.
“No queremos apagones ni alzas en las tarifas eléctricas”, estableció José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
El dirigente empresarial recomendó abrir el dialogo en el poder legislativo para realizar modificaciones a la ley eléctrica del Ejecutivo que no permitió el debate.
“Nos parece buen momento para abrir el dialogo, una vez que ya se aprobó la reforma eléctrica por los senadores y diputados, sin modificaciones y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y al mismo tiempo entraron los amparos y la suspensión provisional , nos parece oportuno que en lo que se resuelve esta suspensión provisional se abra un dialogo, porque como país necesitamos una CFE fuerte, sólida, y que vaya transitando a las energías limpias”, dijo
Medina Mora aseguró que se mantendrán atentos a que se garantice la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, quien es la que debe decidir en este caso la ley de la industria eléctrica.
En ese sentido, consideró que la actuación del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que concedió amparos a dos quejosos contra los efectos de la reforma eléctrica debe quedar en la actuación del Poder Judicial.
“La actuación de este juez debe ser únicamente competencia del poder judicial y esperamos cual sea la resolución del Poder Judicial en caso de esto llegue a la SCJN, pues será quien decida el uso correcto y aplicación de la ley y si aplica como esta o si tiene cambio o si no se aplica”, explicó
El dirigente empresarial confió que esta controversia judicial por los amparos contra la Reforma Eléctrica abra el diálogo pues consideró que como país necesitamos una CFE fuerte y sólida que transite a las energías limpias.
“Que se invierta en generación eléctrica con energía solar y eólica y que invierta la CFE en almacenamiento de gas natural para evitar picos de precios derivados de oferta y demanda, es una empresa productiva del estado que queremos que sea rentable y nos preocupa que la CFE haya perdido 70,000 millones de pesos pues queremos que sea rentable”, estableció.
‘Cascada’ de suspensiones en Ley Eléctrica
Este jueves se conocerá si las primeras de estas suspensiones se convierten en definitivas; es decir, con vigencia indefinida o hasta que se resuelva en definitiva el amparo.
Ayer se reveló que Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió varias suspensiones provisionales.
Lo mismo sucedió con Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, también especializado en competencia económica, quien ayer concedió tres nuevas suspensiones, que se suman a 11 que ya había otorgado.
Todas las suspensiones de ambos jueces son con efectos generales. Esto significa que la reforma eléctrica, vigente desde el 3 de marzo pasado, no se puede aplicar a nadie, ni siquiera a aquellas empresas o particulares que no han promovido amparos.
Entre las compañías que promovieron los recursos están, en su mayoría, aquellas dedicadas a la industria de la energía eólica en distintos estados del país, como, por ejemplo, Eoliatec del Pacífico SAPI de CV, Parque Solar Orejana SRL de CV, Fuerza y Energía de Tuxpan SA de CV, Energía y Proyectos Eólicos SAPI de CV, y Fuerza y Energía de Naco Nogales SA de CV.
Además de Fuerza y Energía BII Hioxo SA de CV, Eólica Santa Catarina SRL de CV, PE Ingenio SA PI de CV, Eólica de Oaxaca SA PI de CV, Fuerza Eólica San Matías SRL de CV, Blumex Power 1 SAde CV, y Parque Eólico Reynosa III SA PI de CV, entre otras.
Sólo uno de los amparos fue rechazado. Se trata del registrado en el expediente 143/2021, promovido por María Teresa Vargas.
Cabe destacar que la concesión de las suspensiones provisionales causó molestia al presidente López Obrador, quien, derivado de ello, pidió una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió las primeras suspensiones.
El mandatario también se lanzó contra otros personajes, entre ellos el ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien acusó de formar parte de un “buró jurídico” que está actuando contra su gobierno.
Pese al amago, el juez Gómez Fierro concedió ayer tres nuevas suspensiones a empresas privadas que se dijeron afectadas por la reforma eléctrica presidencial.
Entre las compañías que obtuvieron la suspensión ayer están Eólica de Oaxaca y Eólica de Tamaulipas, cuyos casos quedaron radicados en los expedientes 142/2021 y 144/2021 del juzgado que encabeza Gómez Fierro.
En el amparo tramitado por Eólica de Oaxaca, el juzgador ordenó, además, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) levantar la suspensión que decretó como medida preventiva por el COVID-19, desde el 18 de enero pasado.
En el caso de las suspensiones concedidas por el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, se mantienen en sigilo o testados los nombres de las empresas promotoras de los juicios, pero las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal confirmaron que fueron varias las suspensiones otorgadas.
Agregaron que estas nuevas suspensiones fueron dictadas en términos similares a las que concedió el juez Gómez Fierro, con efectos generales.
Detallaron que hasta el día de ayer eran ya alrededor de 30 las suspensiones otorgadas por ambos jueces.
Hasta ayer ninguna autoridad federal ha promovido algún recurso de queja o impugnación a las suspensiones concedidas, esto para que sea un tribunal colegiado quien determine si las ratifica o la revoca.
Especial
El tema de fondo es si el gobierno acatará el alto a reforma, señala Cossío
José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no se siente amenazado por las menciones que hizo de su persona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí incómodo, porque los señalamientos fueron injustos.
Indicó, sin embargo, que el tema de fondo no es su persona, sino una serie de cuestiones que tienen que ver con la disposición del gobierno a acatar las resoluciones judiciales.
“La discusión de fondo no soy yo, la discusión de fondo es si estamos, o no, o está el gobierno, o no, de acuerdo con la suspensión que se dictó el jueves pasado en relación con la ley eléctrica
“Lo que debemos estar discutiendo en el fondo es el principio de división de poderes y cómo se va a conformar, y si el Presidente de la República y su gobierno están dispuestos, o no, a acatar las decisiones judiciales que se dicten”, dijo Cossío.
En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, director de información política y social de EL FINANCIERO, el exministro respondió una a una a las menciones que le hizo el presidente López Obrador en su conferencia del lunes pasado.
En principio negó pertenecer a algún grupo reaccionario, político o partidario.
“Nunca he tenido la intención de afiliarme a ningún partido, ni a ningún grupo y, desde luego, si lo que se entiende por eso es un conciliábulo de personas llevando a cabo intrigas contra el gobierno, tampoco participo en ninguna de esas actividades”, aseguró Cossío.
Señaló que, como ciudadano, ha hecho algunas manifestaciones en medios de comunicación en contra de las acciones del gobierno de López Obrador, pero señaló que se trata de un ejercicio de libertad de expresión ordinario y no de una intención de formar un grupo reaccionario.
Asimismo, defendió su desempeño como ministro de la Corte y calificó de injusto que el mandatario tome como base de crítica sólo cuatro de más de 50 mil asuntos en los que emitió voto durante sus 15 años de encargo; en algunos, incluso, a favor del propio Presidente, como en el caso de su desafuero, o en el de la consulta por la reforma energética.
Señaló que el Presidente también omitió referir la participación que el exministro ha tenido con la cuarta transformación, como en la confección del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Jueces “no pueden ser intocables”, dice AMLO
Las recomendaciones para el Poder Judicial continuaron ayer desde la conferencia matutina de Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar el papel de los jueces y ministros, quienes –consideró– “no pueden ser intocables”.
Agradeció públicamente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por haber recibido la petición enviada un día antes para investigar al juez segundo de distrito en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, y sostuvo que no dejaría de denunciar “las corruptelas”, de manera particular en lo que corresponde a la industria eléctrica.
Confió en que el Poder Judicial vive una “nueva etapa”, por lo que sería el Consejo de la Judicatura la entidad encargada de “estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción”.
“Antes, decía yo, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro”, declaró el titular del Ejecutivo.
Asimismo, aprovechó el foro para dar a conocer que distintos amparos le habrían impedido enviar una terna al Senado para nombrar al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), al considerar que los funcionarios ya se “encariñaron” con el cargo; “se amparan los que están de hecho, de facto”, reclamó. Con informaciónde Amílcar Salazar Ménde
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