Ve mano negra en freno a ley eléctrica; empresas y actores políticos están detrás: Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Judicial investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó de manera temporal la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según el mandatario, detrás de la promoción del recurso de amparo contra la reforma — del cual deriva la suspensión provisional— hay un buró de abogados que defienden a compañías como Iberdrola y personajes como el expresidente Felipe Calderón y el ministro en retiro José Ramón Cossío, quienes se acostumbraron al influyentismo y la corrupción y, ahora, buscan frenar las modificaciones que impulsa su gobierno.
En una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, el mandatario solicitó que esta instancia determine si al juez “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
Demandan indagar a juez por fallo eléctrico
Afirma que empresas extranjeras como Iberdrola están detrás del alegato judicial.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, demandó al Poder Judicial federal investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó de manera temporal la entrada en vigor de las reformas a la ley de la industria eléctrica y que colocan en el centro de las decisiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La exigencia presidencial se formalizó en una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que López Obrador hizo manifiesta su desconfianza respecto a la suspensión provisional concedida en favor de quienes no promovieron el juicio de amparo contra la reforma a fin de proteger la competencia y libre concurrencia en la industria eléctrica.
“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, se lee en la carta con fecha del 15 de marzo de este año.
En seguida, el Presidente de México extendió su petición a que “el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”.
De acuerdo con López Obrador, es procedente investigar al juez porque detrás de la promoción del recurso de amparo contra la ley de la industria eléctrica hay un buró de abogados que defienden a compañías nacionales y extranjeras, las cuales se acostumbraron en el pasado al influyentismo y a la corrupción y por eso están en contra de todas las reformas que encabeza su gobierno.
Algunas de éstas empresas —señaló el Presidente— son Iberdrola y personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, así como el ministro en retiro José Ramón Cossío, de quien aseguró que “cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
López Obrador estimó que sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía generó al país se siga permitiendo el abuso y la prepotencia “bajo la excusa del Estado de derecho”.
“Le expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como Presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.
Luego de dar lectura al contenido de la carta en la conferencia matutina de ayer lunes, el Presidente dijo que el ministro Cossío fue propuesto por el entonces presidente Vicente Fox y además “tiene un pensamiento conservador, que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia”.
Algunas de estas resoluciones son la votación del ministro en retiro en el caso de la Guardería ABC y cuando se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves.
Morena consideró evidente que el amparo otorgado por un juez en contra de la Ley de la Industria Eléctrica está envuelto en “intereses del antiguo régimen neoliberal que siempre antepuso el influyentismo que responde a intereses económicos y políticos, y no a los del pueblo de México, consideró el líder de ese partido, Mario Delgado.
En un comunicado, el partido explica que Morena no va a permitir que “siga el saqueo del patrimonio de las y los mexicanos y que respetará la autonomía del Poder Judicial, pero apelando a los principios básicos del partido, se hace una invitación a “simpatizantes y militantes a unirnos una vez más para defender la soberanía de las los mexicanos y no permitir que los corruptos y conservadores se sigan beneficiando de la monopolización de los recursos públicos del país”.
Mario Delgado explica que “la reforma que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser palanca de desarrollo. Por eso hoy debemos sumarnos al llamado para que se investigue cuáles son las motivaciones para frenar la reforma y cuál es la legitimidad con la que un juez se antepone al desarrollo de nuestro país”.
Menciona que en 2013 la reforma energética de la hoy oposición privatizó la industria energética y pasó a estar en manos de unos cuantos privados.
Zaldívar: se hará valer autonomía en caso del juez
Durante su conferencia matutina en Palacio, López Obrador anunció que había enviado una misiva a a Zaldívar “en relación con la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”.
El mandatario explicó que un día después de la publicación de la reforma a la Ley Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión de amparo promovida contra esa nueva disposición y la hizo extensiva a otras personas físicas y morales.
“De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de Poderes, le solicito que el Consejo (de la Judicatura Federal) determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia resolver sobre este caso”, planteó el Presidente.
El Ejecutivo pidió a Zaldívar que se esclarezca la actuación del juez, pues planteó que “alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado la economía de la mayoría de los mexicanos”.
En ese sentido, el mandatario añadió que entre esas empresas se encuentra la española Iberdrola, que incluyó en su nómina a la ex secretaria de Energía Georgina Kessel y al ex presidente Felipe Calderón.
Tras asegurar que respetará la autonomía del Poder Judicial y la aplicación del derecho de amparo, López Obrador sostuvo que ejercerá a plenitud sus facultades como Presidente, así como sus libertades como ciudadano, “y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.
Por la tarde, el CJF difundió la carta de respuesta que el ministro presidente de la Corte hizo llegar al jefe del Ejecutivo federal, en la cual le expone que una eventual investigación contra el juez Gómez Fierro se abrirá, solo si hay elementos para ello.
“Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del consejo para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso proceda, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”, escribió Zaldívar a López Obrador.
El ministro
subrayó que “es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que
juezas y jueces puedan actuar en un contexto de autonomía e
independencia”.
En su carta al titular de la Corte, López Obrador acusó también que en el “agrupamiento conservador y reaccionario” que se opone a las acciones y políticas de su gobierno “destaca, entre otros, Claudio X. González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío, quien legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
Al
respecto, el ministro en retiro manifestó su preocupación por las
declaraciones de López Obrador: “Me preocupan sus afirmaciones
descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más su
incomprensión del Estado de Derecho. Los jueces son los garantes finales
de la Constitución”, escribió Cossío en su Twitter.
El presidente López Obrador anunció que buscará que los expedientes de investigaciones contra servidores públicos acusados de corrupción puedan ser exhibidos.
“Una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que, en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se puedan conocer las investigaciones”, dijo ayer el mandatario.
“Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que los violó, no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto”.
AMLO revela carta contra el juez que frenó la ley eléctrica
Roberto Garduño y Néstor Jiménez
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido de la carta que envió la víspera al ministro Arturo Zaldívar, con el propósito de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro y dilucidar si actuó o no de forma oficiosa para conceder la suspensión a un quejoso en contra la reforma eléctrica, y si esto fue extensivo a otras personas físicas y morales. Reiteró su respeto a la separación de poderes y a la autonomía del Poder Judicial.
“No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos. En especial, de los más pobres.”
Entre ese grupo ubicó a los Claudio X. González (padre e hijo) como beneficiarios del expolio nacional y al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz por “legalizar injusticias de grupos minoritarios o guardar silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
De Cossío, recordó que fue prohijado por Vicente Fox, quien lo propuso al cargo de ministro. Participó por comisión u omisión en las resoluciones del caso de la guardería ABC, que protegió a Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala; la afectación a los ejidatarios de Atenco, el beneficio al panista Roberto Gil Zuarth en el cuestionado caso de una casa de juego, la derivada del montaje televisivo de la captura de Florence Cassez, la inequitativa ley Televisa y la defensa de una planta eólica privada dedicada a producir energía eléctrica.
En su conferencia de prensa celebrada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, insistió en ubicar a padre e hijo X. González y a José Ramón Cossío como impulsores de un bufete de abogados con la pretensión de echar por la borda sus proyectos.
La misiva advierte que un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión provisional. “De manera respetuosa le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.
“Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, seudodefensor de la sociedad civil, en realidad beneficiario de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el ex ministro José Ramón Cossío.
“Señor presidente de la Corte, sería lamentable que, después de todo
el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el
abuso y la prepotencia bajo la excusa del estado de derecho. Quienes hoy
invocan ese principio han sido y quieren seguir siendo los violadores
más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Así como
respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la
independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis
facultades como Presidente de la República y mis libertades como
ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia.”
“Nos valen los fines políticos”: la voz de vacunadores en el país
¿Era necesaria incursión de Servidores de la Nación, técnicos de Sembrando Vida y coordinadores de Bienestar para vacunar? Con la revisión de documentos, cifras oficiales y el testimonio de quienes han coordinado el PVU a nivel nacional y han participado durante años en trabajo de campo, Crónica busca la respuesta
(Primera parte)
La voz de Laura Patricia Quintero, una enfermera dedicada desde hace más de una década al programa de vacunación en México, refleja dolor, pero también arrojo y la defensa genuina a un gremio acostumbrado durante décadas a sortear trabas:
“A nosotros nos valen los fines políticos, trabajamos desde hace años para que no se nos siga muriendo la gente, para que nuestras embarazadas estén sanas y nuestros ancianos y niños no enfermen. A diferencia de quienes apenas ahora, con el COVID-19, se están involucrando, nos ha tocado ver abuelitos y adolescentes morirse por enfermedades prevenibles por vacunación. Están utilizando un programa noble para hacer política y ese no es y nunca ha sido nuestro objetivo”.
El uso de operadores de programas sociales del gobierno federal en la aplicación de vacunas contra coronavirus, hacía suponer una estructura de vacunación inexistente en el país…
Esta sospecha reporteril llevó a descubrir un mundo olvidado por gobiernos y medios, felizmente alejado de la política -hasta ahora-: sí de carencias y rezagos, como casi todo en el Sector Salud, pero también de dedicación y desvelo, con un ejército especializado de personal médico, sobre todo enfermeras y promotoras, mujeres.
¿Era necesaria la incursión de Servidores de la Nación, técnicos de Sembrando Vida y coordinadores del Bienestar para vacunar?... Con la revisión de documentos técnicos, cifras oficiales y el testimonio de quienes han coordinado el programa a nivel nacional, pero sobre todo de quienes llevan años en el trabajo de campo, Crónica busca la respuesta, así como contribuir al aquilatamiento de un programa vital para la salud pública.
UN EJÉRCITO DISPONIBLE. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante el sexenio pasado participaron en el Programa Universal de Vacunación (PUV) 969 mil voluntarios y 56 mil 366 personal especializado del ramo de salud, el 70 por ciento mujeres. Pertenecían a 16 mil 350 unidades médicas, de la SS, IMSS, ISSSTE, Pemex y clínicas estatales.
Con casi 60 mil enfermeras y médicos expertos en vacunación en todo el territorio nacional, ¿era indispensable sumar a una cantidad similar (63 mil 700) de SN, funcionarios del Bienestar y ejecutores de programas sociales?, ¿conformar 10 mil brigadas con 12 integrantes cada una y con presencia mayoritaria de enviados del Bienestar y militares?
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y estratega del gobierno federal para COVID, justificó: “Hoy el operativo es muchísimo más amplio de lo que históricamente ha tenido el Programa Nacional de Vacunación. Las vacunaciones más amplias en México son, por ejemplo, en 1989, 1990, cuando tuvimos un rebrote de sarampión con más de 60 mil casos y cerca de seis mil muertes. Y aun en ese caso no llegaron a vacunarse más de 10 millones de personas; hoy estamos aspirando a vacunar 126 millones de personas, la totalidad de la población. Por eso se requiere hacerlo de forma acelerada y con muchos otros componentes del Estado mexicano”.
Sin embargo, fue ignorado el disminuido ritmo de abasto frente a la escasez y demanda de vacunas a nivel mundial: desde el 24 de diciembre del año pasado, cuando se inmunizó a la primera persona en el país, se han aplicado cerca de 4 millones 340 mil dosis, un promedio de 53 mil 580 diarias. Corresponden al 70 por ciento de las dosis enviadas a México en casi 3 meses (6 millones 429 mil, con corte al 14 de marzo)
“No estamos acostumbrados a recibir cantidades tan pequeñas, estamos demostrado que las pocas que nos dan para COVID las terminamos en 3 o 4 días; estamos habituados a aplicar más de 3 millones de dosis por año”, refiere la vacunadora Laura Quintero, quien coordina el PUV en Guanajuato.
-¿Son necesarias brigadas tan extensas?
-No, nuestras brigadas son de 2 personas, para agilizar el proceso, y para no andar solas dentro de los domicilios.
-¿Para qué entonces tanta movilización?
-Dicen que para garantizar que las dosis no se pierdan y para no aplicarlas en otras poblaciones.
De acuerdo con números de la Secretaría de Salud, de 2013 a la fecha el personal vacunador ha mantenido un promedio nacional mayor a 87 millones de dosis aplicadas al año, incluidas campañas ordinarias -del esquema básico- como intensivas. En cada una de las Semanas Nacionales de Salud -se programan por lo menos 3 al año- se han aplicado alrededor de 10 millones de dosis.
De 2013 a 2018 se conformaron 543 mil 550 brigadas y se montaron medio millón de puestos de vacunación…
NO CONOCEN EL PROGRAMA. Crónica charló con la epidemióloga Verónica Carrión Falcón, quien durante el sexenio pasado y el arranque de la 4T -dejó el cargo a partir de julio de 2019-, fue directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), del cual ha dependido la vacunación en México desde el año 2002.
“Hoy lo del COVID no está dentro de la campaña de vacunación, sino en Bienestar”, dice.
-¿Y qué lectura le da?
-La Secretaría de Salud tiene una experiencia importantísima en la materia, si están dejando la vacunación a una nueva entidad es por el desconocimiento de lo que se ha hecho a nivel operativo. Si se involucran todas las instituciones de Salud y todas las áreas de vacunación, el reto se podría solventar de una manera sencilla.
-¿Cuántas dosis están acostumbrados a aplicar?
-Alrededor de 80 millones al año, contando todas las vacunas de todos los grupos de edad.
-Con la infraestructura humana y material disponible, ¿se podría hacer frente a la vacunación contra COVID?
-Claro, el 98 por ciento de las unidades de salud en el país tienen personas capacitadas para vacunar, registrar, organizar filtros sanitarios y dar seguimiento a la aplicación durante los minutos siguientes. En las Semanas Nacionales de Salud se llegaban a poner hasta 30 millones de dosis.
-¿Por qué se ha dicho que no era suficiente con lo que se tenía?
-No sé qué cuentas lleven ahora. El programa ha funcionado durante décadas, y los retos se han superado. Hoy, incluso, la tarea es más sencilla, porque la mayor parte de las actividades son concentradas, en un solo lugar. Si se hiciera casa por casa, como en Semanas Nacionales, es más complicado. Tan sólo en una de las campañas nacionales más grandes, como la de la polio, se ponen casi 11 millones de dosis en 2 o 3 semanas, considerando comunidades distantes. Tuvimos la campaña sarampión-rubeola y vacunamos adolescentes y adultos en un periodo de 2 meses.
-¿Y entonces?
-No tengo idea. Tal vez ignoren los alcances del programa.
-López Gatell dice que no se podía vacunar a toda la población…
-No conoce el programa. En ciertos lugares, principalmente en el área rural, no se ha contado históricamente con el suficiente número de vacunadores, sobre todo para las acciones intensivas, pero los retos se cumplían. La cuestión es que le den al programa el lugar que tiene, que se ha ganado durante 30 años, y que tengan mucho cuidado con lo que se hace o cómo se hace, porque un error puede constarle no sólo a lucha contra el COVID, sino a todo el programa de vacunación…
A Conchita Félix Lares, una de las enfermeras más reconocidas en el área, con casi 30 años de experiencia en vacunación y quien coordina el esfuerzo en Sonora, se le pregunta de manera directa.
-¿Eran necesarios Servidores y Técnicos?
-Sólo para integrarse como una institución del sector público y sumar esfuerzos; cuando hablamos de cubrir a toda la población, se requiere la alianza estratégica del sector público, social y privado. Pero no debieron nunca dárseles atribuciones del sector salud, ahí no debieron meterse.
-¿En qué, en específico?
-En nuestros procesos, que son muy normativos, se les dieron atribuciones técnicas que no les correspondían. Podían participar en convocatoria a la población y tal vez en el registro, pero brigadas y trabajo en módulo debe coordinarlo el Sector Salud. Son procedimientos técnicos que, por ley, son nuestra responsabilidad, para garantizar calidad y seguridad de las vacunas. Estamos acostumbrados a manejar millones de dosis. Nos dan para 5 días, y las aplicamos en 3. Cada zapatero a sus zapatos…
Arturo Herrera: se está preparando todo el terreno para la recuperación
Incertidumbre, por pandemia, no por políticas públicas, señala
En entrevista, el secretario de Hacienda destaca para despegue inversión en vacunas y baja de tasas en créditos; recalca que inversión de la IP es central en el crecimiento; generará lazos con los sectores productivos, adelanta
Tras la crisis generada por la pandemia de Covid-19, la certidumbre juega un papel importante como generadora de inversión. En México, el señalamiento por parte de la Iniciativa Privada de falta de reglas claras en el país ha sido una constante; sin embargo, para el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, dicha falta de certeza está relacionada con la pandemia y no con las políticas públicas de ningún país.
En entrevista con La Razón, el funcionario federal señaló que en cuanto pasen los efectos de la pandemia, la tarea del Gobierno y, específicamente de la Secretaría a su cargo, será generar los lazos con los sectores productivos, para “garantizar que haya un diálogo abierto y constructivo, por un lado, pero también que exista un trato justo hacia todos los inversionistas”.
En este sentido, dijo que la participación de la Iniciativa Privada es central para el desarrollo del país, pues por cada peso que la Federación destina en inversión, los privados erogan siete.
Por ello, el secretario aseguró, sin dudarlo, que este 2021 es el año en el que “se está preparando todo el terreno” para la recuperación, el cual se opera a través de estrategias que se resumen en dos salidas, la primera es garantizar la llegada de las vacunas para inocular en un tiempo razonable a todos los mexicanos; y la segunda tiene que ver con los efectos de mitigación a las familias afectadas.
¿Cómo darle la vuelta al discurso que señala falta de certidumbre para invertir en el país? Creo que hay dos elementos. Uno en el que yo estoy convencido es que la incertidumbre que existe hoy en el mundo está asociada fundamentalmente a la pandemia y no a las políticas públicas de ningún país; es decir, la pandemia misma ha sido un freno brutal en todos lados, una vez que esto se resuelva, vamos a tener resuelta una parte muy importante del problema, entonces nos quedará la tarea, y es parte de mi responsabilidad, ir generando lazos con los sectores productivos más importantes para garantizar que haya un diálogo abierto y constructivo por un lado, pero también que hay un trato justo a todos los inversionistas.
Los números presentados traen un avance significativo, ¿qué observan para tal optimismo? Así es, nosotros estamos esperando un crecimiento de 4.6 por ciento, la mayoría de los analistas estuvieron esperando el año pasado un menor crecimiento, pero lo han venido ajustando y algunos ya están incluso por arriba de lo que planteamos. Yo creo que hay diversos elementos que apuntan a ello, la recuperación propia ha sido más sólida de lo que se estaba esperando; segundo, el despliegue de las vacunas, ha sido bastante sólido y el que tiene nuestro principal socio comercial, en Estados Unidos, ha sido impresionante, se están aplicando ya casi 3 millones de vacunas por día, esto se ha traducido en que la reactivación que hay en el otro lado de la frontera, arrastre de manera positiva a estados como Baja California y Chihuahua. Finalmente, la serie de medidas financiersa, como en la parte de gastos de inversión, van a ayudar a apuntalar el crecimiento.
La semana pasada en la clausura de la 84 Convención Bancaria, el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, afirmó que la dependencia revisará próximamente su perspectiva de crecimiento para 2021 a un crecimiento de 5.0 por ciento; en ese mismo evento, Herrera Gutiérrez presentó un nuevo paquete de medidas de apoyo para la reactivación económica para estimular el consumo.
El secretario reveló al frente de los banqueros que se modificaron los ponderadores de riesgo para tres tipos de crédito: hipotecario, Pymes y consumo. Éstas implicarían que para créditos hipotecarios, las tasas de interés podrían caer hasta en 17 por ciento de donde están ahora; es decir, si la tasa está en 12 por ciento, podrían pasar a alrededor de 10 por ciento; para los créditos personales, entre 12 y 15 por ciento, y para tarjeta de crédito caerían hasta en 30 por ciento.
Estoy
convencido que la incertidumbre que existe hoy está asociada
fundamentalmente a la pandemia y no a las políticas públicas de ningún
país; es decir, el Covid-19 ha sido un freno brutal; una vez que se
resuelva, tendremos resuelta una parte del problema
¿Cómo se enfrentan los efectos que ha dejado la pandemia? Lo que estamos haciendo este 2021 es que se está preparando todo el terreno para la recuperación y una serie de medidas que mitigan el impacto económico en la última etapa de la pandemia, esto está operado a través de diversas estrategias. Una se relaciona con la misma pandemia, donde hemos garantizado que van a llegar vacunas en un tiempo razonable para todos los mexicanos; la segunda tiene que ver con los efectos de mitigación a familias, a través de las medidas que aplicamos en el sector financiero en marzo del año pasado. En suma, ayer anunciamos otras medidas complementarias que nos parece que van a permitir que bajen las tasas de interés para tres tipos de créditos bancarios incluyendo el de las Pymes.
La pandemia ha puesto bajo estrés las finanzas públicas de todos los países y de nuestro país en los tres órdenes de Gobierno, el federal, municipal y estatal; con ello hemos tenido un proceso de reflexión colectiva para tratar de entender en qué posición estamos, pero también cuáles son los desafíos que tenemos a mediano plazo en infraestructura, gasto de salud, en gasto de educación, y a partir de ahí determinar cuál debería ser la estructura fiscal que el país debería de tener.
¿De dónde echar mano para que la palomita se parezca más a una “V”? ¿Tendrá que ver la Iniciativa Privada? La participación de la Iniciativa Privada es central y la razón es que por cada peso que nosotros invertimos, ellos invierten siete, es decir, tienen más recursos que los que puede tener el Estado mexicano, por eso nosotros venimos desde Hacienda estimulando una serie de proyectos que asociamos a alguna iniciativa pública, que se traducen en recursos invertidos por el sector privado.
Entre estos proyectos, el funcionario recordó el recién anunciado libramiento a Colima, que será a través de una concesión estatal y una intervención del Gobierno y que tras diversas medidas permitirá una inversión de más dos mil millones de pesos, además de permitir sacar las mercancías que lleguen a Manzanillo hacia Guadalajara más rápido.
En este sentido, explicó que dicho proyecto permitirá hacer inversiones paralelas, algunas privadas y otras públicas en el Puerto de Manzanillo.
¿Entonces ya empezó la recuperación? Sí, ya empezó, chequé los datos de contagios en todos los estados y no hay ninguno que esté cerca de su pico, la mayor parte de ellos, tiene una trayectoria hacia abajo en los contagios. Esto se traduce en que al tener menos contagios las autoridades sanitarias permiten una mayor apertura a las actividades económicas.
Desata polémica suspensión de la Ley Eléctrica
Las acusaciones fueron compiladas en una carta y enviadas al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para pedirle una investigación contra el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro.
Cinco horas después, desde el Poder Judicial se le respondió al titular del Ejecutivo, también en una carta, en la que se aceptó revisar la actuación del juez. La queja sería remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos, se abra la investigación que en su caso procediera.
El 11 de marzo, tras la aprobación de la reforma impulsada por el presidente López Obrador, a solicitud de dos empresas privadas (Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico), se otorgó una suspensión temporal ya que sería afectada “la competencia y el desarrollo del sector”.
Sin embargo, fue hasta ayer cuando el presidente López Obrador decidió hacer pública su queja contra el juez que habría actuado “de manera veloz”. “Se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”, declaró.
En la carta pública, el Presidente acusa a la empresa española Iberdrola, a los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas, al empresario Claudio X. González, así como al ministro en retiro José Ramón Cossío, por tener “intereses corporativos” y oponerse a las obras y proyectos gubernamentales.
Los argumentos fueron suficientes como para pedirle al Consejo de la Judicatura una investigación para esclarecer la actuación del juez en este episodio y alertó sobre lo que llamó el “modus operandi de la corrupción y el influyentismo”.
“En este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen en función a sus conocidos intereses económicos y políticos”, refiere la misiva.
El Presidente negó que la carta se trate de una amenaza para el Poder Judicial, pero sí una manera de “ventilar los asuntos públicos”, pues también se tendrían cooptados a los medios de comunicación.
Pero López Obrador no sólo se centró en el juez, también se lanzó contra el ministro en retiro José Ramón Cossío, de quien incluso pidió una revisión sobre su participación cuando estuvo en funciones.
“Paladín de las libertades y de la justicia”, le atribuyó haber participado en una votación por el caso de la Guardería ABC, y así beneficiar a la familia de Margarita Zavala; también lo señaló de haber cubierto a Genaro García Luna durante la discusión del caso de la francesa Florence Cassez, así como de no querer “enemistarse con Televisa”.
“¿Cómo va a estar de acuerdo Ramón Cossío, si ellos formaron parte de la corrupción que imperaba? Y esto es por mencionar a un ministro, pero así muchos otros”, acusó.
En la respuesta Zaldívar no mencionó a Cossío de manera particular, pero recordó la independencia y autonomía con la que pueden actuar los juzgadores y juzgadoras; así como la facultad que tiene el Consejo de la Judicatura para velar por que estas premisas se cumplan.
“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en el marco de autonomía e independencia”, escribió en su breve respuesta.
Tomada de la cuenta de Twitter @JCRomeroHicks
Legisladores, juristas y abogados salieron en defensa del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de ministros, exministros y de los jueces, ante los “embates, amagos, presiones y amenazas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por los amparos en contra de sus reformas a la ley eléctrica.
Líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que emprenderán una defensa conjunta de la autonomía e independencia del Poder Judicial y van juntos en un recurso que presentarán ante la Corte.
En el Senado, además de que también trabajan en los detalles para presentar una “acción de inconstitucionalidad” ante la Corte para frenar las reformas, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC instalaron un grupo de trabajo para aportar elementos técnicos que coadyuven a los ministros a establecer que esas reformas violan varios preceptos de la Constitución y tratados internacionales.
También, juristas y abogados salieron en defensa del ministro José Ramón Cossío, señalado por el presidente López Obrador como parte de un “buró jurídico” que va en contra de las acciones emprendidas por la llamada cuarta transformación.
“Conozco al ministro en retiro @JRCossio desde hace años, sé de su honestidad e integridad”, escribió en sus redes sociales Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. “Acusarlo en los términos que hoy lo hizo el presidente @lopezobrador_ es inaceptable. Podrá o no coincidir con él, pero debe prevalecer el respeto. Eso es lo que se espera de un mandatario”, agregó.
Víctor Olea, primer vicepresidente de la citada Barra de Abogados, publicó: “Lamento mucho que desde las más altas esferas del poder se ataque a José Ramón Cossío, quien es no sólo uno de los juristas más reconocidos, sino también una persona proba e independiente! Mi solidaridad absoluta con él!”.
Héctor Herrera, del despacho Soto y Herrera, calificó de “muy lamentable el ataque en contra el prestigiado jurista José Ramón Cossío, así como en contra de la abogacía mexicana independiente que contribuye al derecho a la defensa que consagra la Constitución, aunque ello incomode a las altas esferas del poder”, dijo.
El coordinador panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, el priista René Juárez y la perredista Verónica Juárez, desde el debate en tribuna, advirtieron que la “iniciativa preferente” es violatoria del artículo 28 constitucional y ahora el Poder Judicial “les ha dado la razón”, al conceder suspensiones legales contra esta reforma que –dijo Romero Hicks– es “un engendro de la cuarta trastornación”.
La senadora panista Xóchitl Gálvez calificó de “preocupante que los jueces sean amenazados por quien los tiene que respetar. El presidente López Obrador debe mesurarse”.
Cuartoscuro
José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo preocupado por las declaraciones que hizo en su contra el presidente López Obrador y consideró que sus dichos están descontextualizados y son parciales.
A través de redes sociales, el ministro en retiro respondió a los dichos del Presidente en su conferencia. “Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”, señaló Cossío en Twitter.
Ayer, el Presidente acusó a José Ramón Cossío de ser parte de un “buró jurídico”, que está detrás de la suspensión que dio un juez a la reforma eléctrica impulsada por su gobierno.
Además, cuestionó los votos del ministro en casos como el de la Guardería ABC, el de Florence Cassez o la ley Televisa, entre otros.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro citó a una audiencia a celebrarse el jueves próximo en la que decidirá si concede la suspensión definitiva de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador.
Gómez Fierro es el juez a quien el Presidente pidió investigar por haber otorgado la suspensión provisional, pero con efectos generales, de la citada reforma.
A la fecha, este juez ha concedido 11 suspensiones similares a empresas como Eoliatec del Pacífico, Parque Solar Orejana, Energía y Proyectos Eólicos, Eólica Santa Catarina o Parque Eólico Reynosa III.
De conceder la suspensión definitiva, dentro del expediente 118/2021, primero de los múltiples amparos promovidos ante su juzgado, la decisión podría permanecer como medida general.
Se prevén impugnaciones a la suspensión otorgada por el juez Gómez Fierro para que un Tribunal Colegiado decida si la mantiene o la revoca. Hasta ahora no se ha notificado si ese recurso ya se promovió.
Gómez Fierro es titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica y tiene una carrera de 19 años en el Poder Judicial.
Su carrera ha estado vinculada con la Suprema Corte donde colaboró con los ministros Mariano Azuela y Fernando Franco.
El primero de los citados ministros le prologó el libro Elaboración de proyectos de sentencia. Amparo indirecto en materia administrativa, de editorial Porrúa, que escribió en coautoría.
Pablo Gómez Fierro, Juez
El juez nació en San Luis Potosí, tiene 38 años de edad y estudios de maestría. Tiene 19 años en el Poder Judicial.
Es titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica.
Ha concedido 11 suspensiones similares a empresas como Eoliatec del Pacífico, Parque Solar Orejana, Energía y Proyectos Eólicos, Eólica Santa Catarina o Parque Eólico Reynosa III.
Con información de Eduardo Ortega y Víctor Chávez.
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