Pondrán lupa a los gastos de candidatos; UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito
Las autoridades financieras reforzaron la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita durante este proceso electoral.
Por medio de una guía, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos e incluso líderes sindicales.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la banca y las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos bancarios sospechosos de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores. También, lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.
La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que en cada proceso electoral hay un incremento de 6% en el uso de dinero en efectivo durante las campañas.
El funcionario reveló que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el actual proceso e investigan diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.
SEÑALES DE ALERTA:
- Los recursos con los que se liquidan operaciones provienen de personas diferentes al titular o beneficiario.
- Los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios se consideran inusualmente altos.
- Los recursos provienen de empresas de reciente creación que posean grandes volúmenes de operaciones.
- Empresas contratadas por partidos políticos y candidatos sin objeto social definido.
Frenarán posible dinero ilícito en las campañas
Bancos podrán reportar en 24 horas movimientos inusuales de los abanderados y sus familiares.
Las autoridades financieras emitieron una guía para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral. Por ello, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos y hasta dirigentes sindicales.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, la banca o las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos inusuales de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores; también lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias financieras internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.
La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“La observación empírica del fenómeno electoral demuestra que el día de las elecciones siempre hay un notable incremento del uso de efectivo”, reconoció Arturo Herrera.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que datos publicados por el Banco de México señalan que en cada proceso electoral hay un incremento de 6 por ciento en el uso de efectivo durante las campañas.
Además, “a lo largo de los últimos años se han presentado casos relacionados con la coincidencia en aportaciones y donaciones de personas físicas y morales con campañas electorales locales o federales, asociaciones que reciben dinero de empresas fachada o que distribuyen recursos a partir de tarjetas bancarias para financiar campañas electorales”, señaló.
Denuncias en curso
Nieto Castillo reveló que la UIF presentó tres denuncias ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral, y también están investigando 10 casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas, gracias al modelo de riesgo de la dependencia.
Además, se tienen dos investigaciones pendientes, una de ellas relacionada con la operación Zafiro, un esquema de empresas fachada que fue utilizado para financiar campañas electorales entre 2016 y 2018.
De acuerdo con el INE, la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del sistema electoral. Aquel candidato que compruebe y justifique el uso de los recursos siempre tendrá mayor legitimidad que aquel que no lo haga. Si, además, no se informa sobre los recursos que se utilizan en actos políticos a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, esta conducta se considera un delito.
Investigaciones conectan a García Cabeza de Vaca con el 'narco' desde 2004
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo relaciona el cártel del Golfo, el cual presuntamente financió sus campañas desde que contendió en 2004 por la alcaldía de Reynosa.
El documento de 90 páginas en poder de MILENIO recoge el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, el confeso lavador de dinero de Tomás Yarrington. Peña testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que el ex gobernador de Tamaulipas, hoy preso en Houston, le dijo "que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa porque tenía especial interés de que él ganara".
En la carpeta de investigación que solicita el desafuero del gobernador, se relata que en el expediente también obra la acusación sobre un supuesto "permiso" al Cártel del Golfo para festejar el Día del Niño en el campo de beisbol Adolfo López Mateos, un evento que en 2006 sumó a casi 20 mil asistentes según las crónicas periodísticas donde " se repartieron juguetes y se distribuyeron tarjetas de felicitaciones firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, quien ese entonces estaba preso en el penal de La Palma”, hoy conocido como el Altiplano.
La denuncia se basa en la investigación elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera, consignada ante la Fiscalía General de la República 24 de noviembre de 2020, que lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, pero en la carpeta de investigación también obran otras denuncias, entre ella una enviada de manera anónima desde el correo cristian2594luna@hotmail.com, quien asegura que sus bienes en Texas ascienden a 951 millones de pesos.
Ahí se apunta que "la familia Cabeza de Vaca ha logrado amasar una gran fortuna millonaria con 30 de propiedades ocultas en Texas y Estados Unidos" como empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias y también ranchos, siendo un caudal de “bienes ocultos” en el sur de Texas.
En lo que se refiere al expediente integrado por la IUF, se acreditan movimientos financieros familiares, ya con Cabeza de Vaca al frente del gobierno de Tamaulipas en las cuentas de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA en la que aparecen como socios y también imputados, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattemb, su hermano el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y su esposa Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
Se detalla que en 2019, el gobernador de Tamaulipas tuvo ingresos declarados ante el Servicio de Administracion Tributaria por 6 millones 694 mil pesos, pero en realidad, de acuerdo a las pesquisas de la UIF, las ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir una diferencia de 36 millones 938 mil 578 pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda concluyó que "no hay congruencia de los ingresos declarados ante la SCHP con sus ingresos por depósitos bancarios".
La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 detalla que Cabeza de Vaca recibió en una cuenta a su nombre 42 millones 936 mil 272.75 en 10 depósitos entre el 30 de mayo y el 10 de diciembre de 2019 y realizó 162 transferencias por 26 millones 679 mil 992.90 pesos a fin de ocultarlos a través de distintos instrumentos financieros, por lo que “existen indicios suficientes para inferir que este recurso, es producto de la comisión de uno o varios delitos”, tales como el ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, “aprovechando su función como gobernador de Tamaulipas, que además no reportó a Hacienda, ni a la Contraloría estatal, “pues en su declaración patrimonial se advierte inconsistencias que robustecen el hecho de que Francisco Javier García Cabeza, pretendió ocultar su origen ilícito”.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció una persecución política en su contra desde Palacio Nacional y dijo que su único delito es no haberse sometido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Acudió a la Cámara de Diputados para conocer la acusación en su contra y pidió desecharla, argumentando violaciones a sus derechos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia.
“Estas denuncias que hoy en día se están presentando en la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad; son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio de Nacional (…); si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal”, acusó.
En un documento de dos páginas entregado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el mandatario tamaulipeco calificó de infundadas las imputaciones que le hace la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Denunció además que el Ministerio Público Federal le ha negado la posibilidad de comparecer para conocer las acusaciones en su contra y ejercer su derecho a la defensa.
Cabeza de Vaca precisó que, antes de la presentación de la solicitud de desafuero, él mismo solicitó a la FGR comparecer en las carpetas de investigación abiertas en su contra, pero su petición nunca fue atendida y hasta hoy no ha sido enterado de las imputaciones.
“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia”, puntualizó en el documento.
Acusó al coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, de filtrar la denuncia de la FGR para utilizarla mediáticamente.
Acompañado por el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y legisladores tamaulipecos, señaló que los funcionarios del gobierno federal “seguramente están muy molestos” con él por exhibir los documentos apócrifos de la CFE sobre las causas del apagón de diciembre; por ser uno de los fundadores de la Alianza Federalista de gobernadores que han alzado la voz contra el Ejecutivo y por defender una de las vocaciones en materia de generación de energías limpias.
El 8 de agosto de 2016, el entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, expulsó a tres candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas, porque fueron "comprados" por la delincuencia organizada para apoyar al abanderado del PAN a la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca.
De gira por la entidad, indicó que Reyes Zúñiga Vázquez, aspirante a la alcaldía de Hidalgo; Luis Cesáreo Aldape Lerma, en Mainero, y Gustavo Estrella Cabrera, en Villagrán, también perderán el registro ante la autoridad electoral, pues prefieren ir sin representantes en esos puntos.
Señaló que su partido está decidido a combatir todo aquello que suene a delincuencia en Tamaulipas y que no puede ser ajeno al tema si hay candidatos señalados por haber sido tocados, amenazados, chantajeados o comprados por los malos para apoyar a otros candidatos.
"Nosotros les quitaremos las candidaturas. Preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos", expresó en entrevista e hizo un llamado a los demás institutos políticos a hacer lo propio con sus abanderados.
Beltrones anunció que de encontrar elementos suficientes presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Pactan México y Argentina crear eje estratégico en AL
Ciudad de México. Los gobiernos de México y Argentina acordaron fortalecer su alianza estratégica, a fin de crear un eje que impulse los intereses latinoamericanos y hacer frente común para atender la crisis de Covid-19 y sus efectos socio económicos en la etapa pos pandemia, para mejorar las condiciones en ambos países y en América Latina y el Caribe en su conjunto.
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández firmaron una declaración conjunta de 15 puntos, la cual se dio a conocer ayer, al término de la visita oficial del mandatario argentino a México, en la que también convinieron incrementar las inversiones recíprocas, así como la diversificación e intensificación del comercio bilateral.
En el documento hacen énfasis en que las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos “deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos y fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral”, con el propósito de evitar una intervención como la sucedida en Bolivia en octubre de 2019, que causó golpe de Estado y llevó a Evo Morales a dimitir.
Reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a través de la ejecución del plan de trabajo que estableció la presidencia pro témpore de México para 2021.
“Hoy más que nunca, la pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe fuertes, unidos y solidarios, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, los dos gobiernos continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas bienes comunes globales, así como sus patentes”, señalan en la declaración.
Respaldan a la Organización Mundial de la Salud y al mecanismo Covax como instrumento multilateral de acceso equitativo a los biológicos, se congratulan por los acuerdos alcanzados con la Fundación Slim para distribuir el de AstraZeneca en la región y pactan avanzar en la consolidación de políticas en materia de género; México respaldó a Argentina en sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y otros territorios, entre otros acuerdos.
Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil
Y vence en marzo contrato de 10 mil médicos, enfermeras...
Titular del Instituto, Juan Ferrer, afirma que emplearon a 18,886 eventuales para atender pandemia en 2020; por transparencia reportan otros datos; sigue incertidumbre laboral de personal sin base
El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra.
Entre la afirmación de Juan Ferrer Aguilar y la respuesta de transparencia a La Razón hay una diferencia de tres mil 782 y siete mil 430 respectivamente. Esta última cifra equivale al doble de los tres mil 796 empleados de base que tiene el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
A esto hay que agregar que a 10 mil 517 trabajadores sólo se les renovó el contrato por tres meses más, por lo que sólo podrán trabajar hasta el 31 de marzo si la dependencia no extiende el contrato; mientras que otras 939 personas concluyeron su encargo en 88 hospitales.
El pasado 11 de diciembre, en su comparecencia ante el Senado, el titular del Insabi, Juan Ferrer, aseguró que se contrató a 18 mil 886 trabajadores para la atención de la pandemia. En ambas solicitudes se pidió la información sobre el personal eventual que se unió al sector salud para la atención de pacientes Covid y se otorgaron datos al corte del 31 de diciembre.
Una de estas solicitudes fue respondida el 28 de enero y otra el 10 de febrero.
Se
nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se
hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el
contrato, lo que lo haría definitivo
A más de un año de haber comenzado operaciones, la institución especificó que “al día de la presente solicitud el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no tiene personal con tipo de contratación de “base”, es decir, todos son eventuales.
Los más de 10 mil empleados a los que les renovó contrato trabajan con la incertidumbre de no tener un espacio seguro una vez que ya no sean requeridos.
En el Hospital General de Los Mochis, en Sinaloa, el personal dice que no hay certeza laboral después del 31 de marzo.
“Se nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el contrato, lo que lo haría definitivo” dijo una enfermera.
Además de este problema,expuso que hace un par de días les pagaron dos quincenas atrasadas de enero, mientras que aún esperan otro pago pendiente.
Por otra parte, en el Hospital de Morelia les realizaron las renovaciones de contratos, aunque a algunos los trasladaron a otras unidades Covid, contó a este rotativo Mayte, quien pidió usar otro nombre.
Señalóque cada tres meses enfrentan la incertidumbre de la ampliación del contrato como en esta ocasión, que lo firmaron días después del 1 de enero, cuando ya había vencido el anterior. Sin embargo, consideró que “mientras siga la pandemia vamos a tener trabajo”.
El personal que ya dejó de laborar en hospitales Covid pertenece a 14 estados, entre estos Chiapas, que fue el segundo en pasar a semáforo verde y tiene la mayor parte de las bajas, con 177.
En cuanto a los que realizaron renovación de contrato Veracruz es la entidad con mayor personal con 737 trabajadores; después está Sinaloa con 642 y la Ciudad de México con 547.
Andrés “N” trabaja en el Hospital General de Valladolid, Yucatán, entidad donde se recontrató a 510 trabajadores. Él tiene otro trabajo en un nosocomio privado, que es su ingreso fijo para mantenerse.
El médico expresó su preocupación porque si le cambian el horario en el hospital Covid deberá dejar la unidad médica particular, ya que el Insabi exige disponibilidad.
También hay 50 registros de auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y especialistas que entraron a trabajar a Centros Federales de Readaptación Social en todo el país.
La edad de quienes entraron a las unidades Covid-19 desde abril pasado oscila entre los 20 hasta los 72 años, es decir que se contrató a 42 personas en factor de riesgo por su grupo de edad.
En tanto, los únicos gobiernos que no contrataron personal de salud para la emergencia mediante el Insabi fueron Jalisco y Nuevo León.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó la decisión de algunos gobernadores del país de entregar su Sistema de Salud a la Federación, ya que aseguró que hoy están sufriendo las consecuencias.
El mandatario estatal dijo que si hubiera cedido ante las presiones del Gobierno federal, que quería que le entregaran su sistema de Salud al Insabi, “imagínense lo que estaría pasando con todos ustedes ahora, preguntemos a los estados que cedieron a sus sistemas de Salud cómo les está yendo”, sostuvo en la entrega de nombramientos a personal de Salud.
“Es verdaderamente lamentable como en vez de ayudarnos en salir todos adelante, se estén generando caminos que llevan al precipicio. Yo tomé la decisión y asumí la responsabilidad histórica de no entregar el sistema de Salud, no arrodillarnos, no agachar la cabeza. Dijimos ‘Jalisco no va a soltar esa responsabilidad’, porque para unos fue muy sencillo. colegas, gobernadores del país que simplemente dijeron ‘ya no es bronca mía, que la Federación arregle todo el desastre’”, expuso.
Alfaro destacó que gracias al trabajo del estado se han logrado controlar los contagios por Covid-19, y a un año de distancia la entidad ya se encuentra en semáforo amarillo.
Con información de Jorge Butrón
Astudillo y García Cabeza de Vaca despilfarran en ceremonias, viajes y publicidad oficial
En el norte, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desembolsó 689 millones de pesos en publicidad oficial cuando sólo tenía aprobado un presupuesto de 4.8 millones (un incremento de más de 14 mil por ciento). Y en Jalisco, la administración del emecista Enrique Alfaro casi duplicó su gasto en salarios y prestaciones a sus empleados.
Los casos enlistados se repiten en una veintena de gobiernos estatales, sin distingo de partidos, de acuerdo con el informe “Gasto burocrático: aumentos y recortes”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El estudio revela que 20 gobiernos estatales gastaron más de lo que se comprometieron a erogar durante el año 2019 para llevar a cabo sus funciones administrativas, esto es, en pago de salarios, prestaciones, papelería, gasolina, viáticos, ceremonias, asesores y publicidad oficial, entre otros conceptos. En 13 de ellos el incremento fue superior a 10 por ciento.
La organización identifica cuatro deficiencias generalizadas en las finanzas de los estados: crecimiento injustificado de partidas del gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y ejercidos, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los recursos públicos estatales.
“A pesar de los discursos y de las buenas intenciones de los gobiernos estatales, éstos no necesariamente gastan como dicen que van a gastar. La falta de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, aunado a la falta de contrapesos por parte de los congresos locales en el ejercicio de los recursos públicos, permite que los gobiernos estatales gasten de forma muy distinta a lo que fue inicialmente aprobado por sus legislaturas”, indica.
Entre el grupo que excedió su gasto burocrático en 2019 —último año del estudio— hay gobernadores de todos los partidos: ocho del PRI, cinco del PAN, dos del PRD, dos de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PES y finalmente Puebla, que ese año tuvo dos gobernadores emanados de distintas fuerzas políticas (PRI y Morena).
En el extremo, el gobierno de Oaxaca, que encabeza el priista Alejandro Murat, gastó 87.8 por ciento más de lo que tenía autorizado: en lugar de seis mil 670 millones de pesos aprobados, terminó erogando 12 mil 528 millones, casi el doble.
Le siguió el ejecutivo de Jalisco, que dirige el emecista Enrique Alfaro. Aunque sólo tenía presupuestado 23 mil 950 millones de pesos, desembolsó al final 42 mil 223 millones.
También sobrepasaron su gasto los gobiernos de Nayarit, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Colima, Puebla y la Ciudad de México.
Sumando el gasto burocrático de todas las entidades, las 32 administraciones estatales devengaron 687 mil 670 millones de pesos en rubros administrativos durante el año 2019, 6.6 por ciento más que los 645 mil 377 millones aprobados por sus respectivos congresos.
El gasto administrativo, también llamado burocrático u operativo, se compone de los recursos que un gobierno destina a la compra de bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones. Se compone de tres conceptos: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Los servicios personales son las remuneraciones al personal que labora en las dependencias gubernamentales tales como sus sueldos, honorarios, prestaciones, estímulos y seguridad social.
El concepto de materiales y suministros se refiere a todos los insumos que el gobierno requiere para desempeñar sus actividades administrativas. En este rubro entran partidas como alimentos, materiales de limpieza, gasolina para vehículos, materiales de construcción, suministros médicos, papelería, uniformes, entre otros.
Finalmente, los servicios generales comprenden desde el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular) hasta los servicios contratados para el desempeño de sus actividades como viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros.
Como propuestas para combatir la discrecionalidad con la que los estados manejan sus recursos, el Imco propone establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15 por ciento, debe tener la aprobación del congreso local”.
Además, considera necesaria una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto. En otras palabras, cumplir su función de contrapeso.
Cierra filas la IP contra reforma a Ley Eléctrica
El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario, la ANTAD y otros organismos empresariales consideran que de aprobarse la propuesta se dañará a la inversión ante la falta de certeza jurídica.
El sector privado cerró filas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al afirmar que elevará el costo de suministrar la energía en 63 mil millones de pesos al año, además de un efecto inflacionario, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, y desataría una ola de amparos y litigios internacionales, señalaron organismos empresariales en conferencia conjunta.
“Se traduce en un costo adicional de 63 mil millones de pesos anuales, ¿Quién lo va a pagar? No sabemos, esa decisión la toma el Estado, los puede pagar a través de subsidios o a través de mayores tarifas a los agentes económicos, y si los agentes económicos reciben electricidad más cara, tendrán que trasladarlo a los precios al consumidor”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el 75 por ciento del consumo eléctrico en México se da por las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes; y el 25 por ciento por los hogares, por lo que cuando el gobierno habla de que mantendrá las tarifas eléctricas, la preocupación del sector privado es que sea parejo.
“Esperamos que se hable de mantenerlas para todos los consumidores en el país. Si se va a sostener el valor de las tarifas se deberán sostener del cien por ciento. Todos debemos de tener una tarifa eléctrica mejor”, advirtió Salazar.
En el campo mexicano, para la producción de alimentos, el costo de la energía es un elemento fundamental y en muchos casos es el factor de rentabilidad y competitividad, dijo Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
“Nos preocupa que las tarifas se puedan elevar y por ende, los costos o los subsidios que cada vez son más escasos, dejen de existir y encarece de manera importante el uso de este energético”, indicó el directivo, además de que “es una señal de desaliento para futuras inversiones extranjeras”.
Para los establecimientos comerciales, la energía eléctrica es el segundo en costos después de la mano de obra, señaló Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
“Si se decide que el aumento del costo se pague por las empresas, se va a ir directamente al precio e inflación y sabemos que el resultado no es bueno”, dijo.
Por su parte, la industria de servicios, que representaba antes de la pandemia el 65 por ciento del PIB y proporcionaba 6 de cada 10 empleos, se ha visto fuertemente golpeado al no considerarlo como actividad esencial, por lo que se debe trabajar juntos en su recuperación, resaltó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México.
“La estrategia debe ser no crear incertidumbre, la certeza es el factor principal que buscan los inversionistas”, apuntó.
Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), expuso que una vez que la industria aseguradora es el tercer inversionista institucional más importante de México con más de 1.3 billones de pesos en inversiones, es necesario que sea considerada.
“El clima de certeza jurídica es sumamente importante y más del 50 por ciento del capital de las compañías de seguro es capital extranjero y todos estos mensajes se suman a las decisiones de invertir entre una economía y otra”, señaló.
Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), dijo que “el gran perdedor de este proceso es el empleo, al sufrir las Mipymes incrementos en los costos de sus insumos podrán generar menos empleos y crecer menos la economía del país. Hoy por hoy las Mipymes están sufriendo”.
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