Encogen la alcancía para desastres; Presupuesto 2020
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Desastres como el sismo del martes pasado se afrontarán con las menores transferencias presupuestadas al Fonden de los últimos 10 años.
Según datos del Presupuesto 2020, se aprobó transferir recursos al Fondo de Desastres Naturales por tres mil 353 millones de pesos, una baja de 11.2% real frente a lo aprobado en 2019.
Este monto presupuestado a transferir sería el más bajo desde 2010, cuando se aprobaron 219 millones.
Al 31 de marzo pasado, el Fonden contaba con un saldo de siete mil 130 millones de pesos y todavía le falta recibir dos mil 515 millones de pesos de los recursos etiquetados de 2020, dado que en enero-marzo ya el gobierno le otorgó 838 millones de pesos.
En tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado en 1985 para ofrecer prevención y atención a la población en caso de desastres naturales, opera este año con el menor monto financiero en 15 años.
Se le aprobaron 143 millones 943 mil 155 pesos este año, una reducción de 28.1% en términos reales frente a 2019 y el monto más bajo desde 2005, cuando se le asignaron 133.5 millones.
DARÁN AL FONDEN LA MENOR CANTIDAD DE RECURSOS EN 10 AÑOS
Los sismos ocurridos el pasado 23 de junio se afrontarán con las menores transferencias presupuestadas hacia el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de los últimos 10 años.
Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 señalan que, vía Ramo 23, se aprobó transferir recursos al Fonden por tres mil 353 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 11.2% real frente a lo aprobado en 2019.
Esta cifra representó, además, el segundo año seguido con reducciones de transferencias hacia el fideicomiso.
Con esto, el monto presupuestado a transferir al Fonden sería el más bajo desde 2010, cuando apenas se aprobaron 219 millones de pesos.
Así, para hacer frente a los daños de los recientes sismos en el centro y sureste del país, y que afectó en particular a Oaxaca, el Fonden contaba con un saldo de siete mil 130 millones de pesos al 31 de marzo de este año.
Además, todavía le falta recibir dos mil 515 millones de pesos de los recursos etiquetados de 2020, puesto que en enero-marzo ya el gobierno otorgó 838 millones de pesos.
SOBREGASTO
Un detalle que resaltan los informes trimestrales de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda es que, en todos los años, las necesidades de gasto del Fonden han sido mayores a los recursos aprobados en los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación.
Por esta razón, siempre se reporta que el gobierno, vía el ramo 23, termina transfiriendo mayores recursos a los presupuestados al fideicomiso.
Con estos mayores recursos transferidos al Fonden que los presupuestados, el fideicomiso siempre ha logrado tener saldos positivos al final de cada ejercicio fiscal.
Además, los recursos resguardados en el Fonden generan rendimientos financieros. En promedio, estos rendimientos han sido de 523 millones de pesos cada año entre 2005 y 2019.
¿DESAPARECERLO?
En mayo pasado, Dolores Padierna, diputada federal por Morena, presentó una iniciativa de ley para extinguir el Fonden y otros 43 fideicomisos de la Administración Pública Federal.
Su argumento fue que era necesario usar los recursos de dichos fondos para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, además de que explicó que la mayoría de los fideicomisos carecían de la suficiente transparencia y rendición de cuentas en su operación.
Sin embargo, en su reciente Evaluación de Procesos del Fonden, el Colegio de México explicó que este fideicomiso es el único instrumento financiero o programa que tiene el Estado mexicano para atender a la población afectada por un desastre natural perturbador.
Explicó también que la normatividad describe bien los procedimientos para los dos grandes macroprocesos del Fonden, que son la atención de emergencias y la reconstrucción.
Finalmente, el Colegio de México manifestó que el principal reto a corregir del Fonden es que en él intervienen varias instancias federales y estatales, y por tanto se debe mejorar la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno.
Dijo que también se debe corregir en la normatividad que no hay una fecha establecida y vinculante para la liberación y entrega de recursos financieros para las labores de reconstrucción cuando ocurren siniestros, por lo que esta labor suele tomar mucho tiempo.
TAMBIÉN SE LE REDUJERON RECURSOS AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado en 1985 con el fin de ofrecer prevención y atención a la población en caso de desastres naturales en México, está operando este año con los recursos financieros más bajos en 15 años.
El Presupuesto de Egresos de la Federación estableció que a dicho sistema se le aprobaron 143 millones 943 mil 155 pesos este año, lo que implicó una reducción de 28.1% en términos reales frente al Presupuesto de 2019.
Así, en el contexto de los sismos del pasado 23 de junio el monto aprobado en 2020 para el Sinaproc implicará el tercer año seguido con reducción presupuestal, además de que sería el monto más bajo desde 2005, cuando se asignaron 133.5 millones de pesos.
Además, el monto aprobado para el Sinaproc este año es 71.2% inferior al máximo presupuesto otorgado al organismo, que fueron 500.1 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2012.
Cabe resaltar que, para este año, el gobierno federal decidió que el Sinaproc formara parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lugar de la Secretaría de Gobernación.
FUNCIONES
Según la dependencia que dirige Alfonso Durazo, el Sinaproc tiene como misión “ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones” en México, país considerado de los más vulnerables en cuanto a sismos, huracanes y otros fenómenos climáticos.
Dentro de las tareas del Sinaproc están las de coordinarse con las unidades estatales de Protección Civil para las tareas de prevención y atención de desastres, y la operación del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Éste último tiene como funciones formar recursos humanos a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, actualizar el Atlas de Riesgos de México, y realizar monitoreos de la actividad sísmica y volcánica, en conjunto con el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
El SAT era un simulador en la lucha contra la evasión fiscal
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Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), lo afirma sin titubeo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de impuestos, era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas.
Por ahora la autoridad tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a dicha práctica, pero el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso, afirma en una entrevista con La Jornada.
“Ir contra las factureras es realmente acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país. ¿Por qué? Porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas de no pago de impuestos. Estos esquemas se hicieron para ponerle en la torre al país. Yo no entiendo la existencia de estos esquemas sin la participación de gente del SAT en sexenios anteriores. Estos esquemas eran protegidos desde el gobierno”, asegura.
Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas, de acuerdo con Romero Aranda. La cifra, expone, resultó de un estudio realizado por la Procuraduría Fiscal y el SAT al principio de esta administración.
En la semana, la PFF y el SAT, que encabeza Raquel Buenrostro, dieron a conocer parte de las investigaciones que llevan sobre evasión fiscal y lavado de dinero. Expusieron una red de 43 empresas factureras que desviaron 55 mil 125 millones de pesos que debieron ingresar al fisco. Durante 2017 estas firmas emitieron 22 millones de facturas amparando compras y servicios inexistentes. El número de implicados se cuenta por miles.
Simplemente en estas 43 empresas hay cerca de 8 mil contribuyentes implicados. Eso no lo puedes entender si no estuviera la mano del SAT involucrada. Porque desde ahí controlaban a las empresas, desde ahí cuidaban los domicilios fiscales, verificaban que no hubiera problema con todos los testaferros, es decir, personas de avanzada edad y de escasos recursos que eran involucrados como representantes legales de hasta 50 o 100 empresas. Eso no lo puedes entender si no estuviera controlado desde el SAT, desde las citas de verificación de domicilio fiscal, subrayó.
Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha documentado por la actual administración, la proliferación de factureras no quedó en permisividad u omisión por parte de la autoridad. De acuerdo con las denuncias que se presentaron el pasado 23 de junio, en la red de 43 empresas que operaron durante 2017 están involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel del SAT. Hay uno que incluso aparece directamente en una de las empresas y es una de las líneas de investigación, comenta Romero Aranda.
Sin embargo, la simulación con la que se trató todo el tema de la evasión fiscal –particularmente en el sexenio anterior– tiene una de sus pantallas en la propia legislación, en concreto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual es nada más un simulador que se puso en la ley desde 2014, asegura Romero. En dicha norma se detalla el procedimiento para informar detectar y advertir de las empresas fantasmas y simuladoras de operaciones, la conocida lista negra del SAT, pero de ahí… nada pasaba.
“El SAT era un simulador y un distractor, porque obligaba a la Auditoría a nada más estar revisando los procedimientos del 69-B –empresas y personas físicas para las que se han comprobado operaciones simuladas–, los listaban y se acabó el asunto. No había mayor sanción. A la Procuraduría Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. Entonces, ¿realmente qué hacían? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas”, reafirma.
Explica que si realmente se hubiera querido hacer una lucha contra la evasión fiscal, se debieron abrir auditorías, ver con toda la contabilidad a la mano si las operaciones eran simuladas o no. Acto seguido presentar querellas y en su caso determinar créditos fiscales. En cambio, la política de fiscalización se concentró en dejar en el limbo de la lista negra a las presuntas evasoras sin otra consecuencia; otras más ni siquiera se incluyeron en ese registro.
Para el abogado, más allá de dicho listado, ahora hay un cambio de paradigma en combatir la defraudación fiscal. Por medio de auditorías que cotejan el grado de simulación y comprueben a factureras y asesores fiscales que actúan con dolo para fracturar la recaudación. Con listado o sin listado, yo estoy presentando querellas, asevera.
En la conversación también se le consultó cómo van los procedimientos de acuerdo reparatorio con grandes contribuyentes. En concreto se le preguntó por la lista de 15 grandes corporativos y personas en deuda con el fisco, que fue respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al exhorto del Consejo Coordinador Empresarial para ampliar los apoyos fiscales al sector privado en medio de la crisis por Covid-19.
Yo no conozco esa lista. No obstante, hemos estado participando en todos los procesos penales donde los grandes contribuyentes se han acercado a pagar y en los que estamos en el camino de firmar un acuerdo reparatorio, dice sin más detalle. Por tanto, tampoco comentó cuántas empresas además de Femsa, Toyota, Fresnillo, IBM de México y Walmart pagarán en estos meses sus deudas con el fisco, y cuántas irán a querella.
Por otro lado, en una consulta hecha por La Jornada sobre los fedatarios que dieron aval para constituir estas empresas, hay nombres que se repiten, sobre todo en los casos de Jalisco y Quintana Roo. De acuerdo con Romero Aranda, las advertencias de empresas fachada parten de este punto y también ahí se realizarán investigaciones.
Cuando te llegan a dar de alta una empresa donde el representante legal es una persona con suero, con un semblante moribundo, presumes que lo que te están llevando es una persona que va a vivir poco tiempo y la están usando para defraudar al fisco. No es normal que te lleven a una persona de 80 o 90 años como representante legal, o a una persona del servicio a constituir una empresa donde se facturan 100 millones de pesos. Esos son los temas, expone.
Agrega: si nosotros podemos determinar en alguna de las investigaciones que tenemos que hay responsabilidad con los fedatarios públicos, procederemos contra ellos. Estaremos muy atentos a la actuación de los fedatarios y los exhortamos a que sean muy cuidados en la constitución de personas morales.
Por último, advierte que la lucha contra las factureras también puede prestarse a otro tipo de delitos. Hay personas que se presentan con supuestas listas de clientes de estas empresas y les ofrecen sus servicios para regularizar la situación frente al SAT.
“Las listas de personas que consumen facturas falsas no es pública, todas esas listas que llegan a salir se emiten para extorsionar. Llegan gestores, coyotes que dicen: ‘mira, aquí aparece que compraste facturas y yo te puedo conseguir el que no tengas problemas, a mí me das esto de dinero y vas a ver que no hay problema’”, explica.
Romero Aranda advierte que ninguno de esos documentos tienen sustento. Esas listas son ficticias y las utilizan para extorsionar. Yo sugeriría que ante cualquier duda, los contribuyentes se acerquen ante las autoridades competentes directamente y aclaren su situación.
Tener la certeza con el SAT es crucial porque desde este año, el expedir, comprar o adquirir comprobantes fiscales –facturas– de empresas fantasmas por un monto superior a los 7 millones 800 mil pesos se considera delito grave y amerita prisión preventiva.
A todas las personas y empresas a las que se encuentre algún comprobante girado por firmas fachada se les dará un plazo de tres meses para regularizarse. Al día 91 podemos presumir que sí hubo un acuerdo criminal, advirtió el procurador.
Exportaciones profundizan caída en mayo de 56.7% anual: Inegi
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En mayo de 2020, segundo mes de mayor confinamiento por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa el covid-19, las exportaciones de mercancías registraron una caída de 56.7 por ciento con respecto al mismo mes de 2019, el retroceso anual más alto desde que se tiene registro (1992), de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este resultado de las ventas al exterior se derivó de contracciones de 56.3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 63.8 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos cayeron a una tasa anual de 57.2 por ciento y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 51.8 por ciento. Del lado de las importaciones, éstas registraron una caída anual de 47.1 por ciento, también en el desenso más alto desde que se inició la serie en 1992, el resultado reflejó disminuciones de 44.3 por ciento en las importaciones no petroleras y de 69.4 por ciento en las petroleras.
Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron descensos anuales de 55.8 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 46.7 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 38.3 por ciento en las de bienes de capital. Te recomendamos...
Agroindustriales retoman exportaciones a EUPese a covid-19, exportaciones agroalimentarias de México crecieron 11 por ciento Así, las exportaciones sumaron 18 mil 070 millones de dólares y las importaciones 21 mil 592 millones; con ello, la balanza comercial registró un déficit de 3 mil 523 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 957 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros cinco meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil 888 millones de dólares.
Desde una perspectiva mensual y con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en el quinto mes de 2020 las exportaciones totales de mercancías reportaron una reducción de 20.60 por ciento, inferior a la registrada en abril, de 37.7 por ciento. El resultado de mayo se debió a retrocesos de 22 por ciento en las exportaciones no petroleras y de un aumento de 18.94 por ciento en las petroleras. En tanto, las importaciones mostraron una caída mensual de 18.39 por ciento, inferior a la de 21.9 por ciento de abril. La caída de mayo se originó por retrocesos de 17.69 por ciento en las importaciones no petroleras y de 26.87 por ciento en las petroleras.
Por tipo de bien, se presentaron disminuciones mensuales de 11.70 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 20.79 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 6.32 por ciento en las de bienes de capital.
Actividad económica en México registró una contracción de 17.3% en abril
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Durante abril del 2020, el primer mes de confinamiento decretado por las autoridades sanitarias, el nivel de actividad económica en México se contrajo 17.3% en relación con el registrado durante el mes previo.
La paralización de actividades económicas para contener la pandemia en el país profundizó de manera importante la tendencia negativa que ya presentaba la economía nacional.
El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) del Inegi se ubicó en un nivel históricamente bajo no visto desde 2010 con los efectos de la recesión económica global. De marzo a abril pasó de ubicarse en 109.7 a 90.7 puntos, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas.
La contracción presentada en el nivel de actividad económica resultó, principalmente, del deterioro de las actividades secundarias y terciarias, que engloban a los sectores que más aportan al producto total.
La actividad industrial cayó 25.1% sólo en un mes (de marzo a abril), el sector más afectado por las medidas sanitarias. La construcción, la minería y la producción manuacturera mantuvieron sus operaciones paralizadas por completo durante abril y mayo. En la mayor parte del país, las empresas del sector ya comenzaron sus procesos de reapertura desde inicios de junio al integrarse a la lista de actividades esenciales.
Por su parte, el comercio y los servicios registraron una contracción de 14.4% en este lapso. El impacto resultó menos profundo en comparación conel sector industrial en línea con el seguimiento a algunas actividades de comercio en línea o comercio físico de productos y mercancías básicas que se mantuvo activo durante el confinamiento.
Dentro de las actividades primarias también se observó un impacto negativo de la pandemia. La actividad económica dentro de la agricultura, ganadería, caza, pesca y la explotración forestal cayó 6.4 por ciento.
En su comparación anual la caída fue ligeramente más pronunciada; durante abril del 2020 se presentó una caída de 19.7% en el nivel de actividad económica respecto de abril del año previo.
Covid, mayor reto en 91 años
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Así lo dijo el funcionario, luego que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dio positivo al nuevo coronavirus y recientemente estuvo cerca del titular del Ejecutivo.
En entrevista con los periodistas Brenda Peña y Manuel Zamacona, para El Heraldo Radio, López-Gatell reconoció que él tampoco se ha practicado la prueba porque no ha presentado síntomas y “no hay razón para ello”.
El funcionario reiteró que “la epidemia sigue, va a ser larga y durará hasta octubre”, por lo que la población debe continuar con las medidas básicas de sana distancia e higiene de manos, entre otras.
Explicó que hasta el momento, la estrategia de mitigación ha evitado que los hospitales se vean rebasados por una gran cantidad de casos de COVID-19 al día, pero eso ha traído un efecto poco deseable, que es el alargamiento de la duración de la epidemia
Cunden deserciones de médicos y enfermeras en crisis de COVID
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En un breve lapso, vio enfermar y morir a compañeros… Entonces la doctora Berenice Merino tomó la lacerante decisión de renunciar a lo cual tanto había deseado: una plaza en el Seguro Social…
“Sí fue temor a contagiarme y que algo grave sucediera, porque recién había nacido mi bebé, pero sobre todo fue la rabia de saber que estábamos desarmados: sin fúsil ni casco ni granadas, con el cuchillo entre los dientes. No debió morir nadie por falta de insumos o equipo de protección personal”.
Apenas completó su curso en línea de COVID, con 10 horas de crédito -finales de abril-, firmó un contrato temporal y fue asignada al Hospital La Raza, pero antes del mes ya había renunciado. “Así como iban llegando, se iban. Durante las semanas que estuve ahí, una cuarta parte abandonó el trabajo”.
Crónica encontró casos de deserción en diversos hospitales. Aunque la Secretaría de Salud federal refiere 42 mil profesionales contratados durante la pandemia, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, encargado del proceso a nivel sectorial), aún no culmina el recuento total de renuncias.
“La autoridad podrá presumir la cifra de contrataciones, pero muchos no nos quedamos por las condiciones adversas. Al final, preferimos la vida. Hubo además un gran número de médicos y enfermeras de base que decidieron irse a sus casas, lo que ha mermado la atención a enfermos y aumentado las jornadas de trabajo y nivel de estrés entre quienes sí permanecieron”, dice la doctora Merino.
“Sería bueno que la Secretaría de Salud detalle cuál ha sido el personal real con el que ha enfrentado la enfermedad, si ha sido suficiente y si este factor no ha repercutido en una crisis tan larga”.
Los testimonios recabados en las unidades médicas hablan de entre un 20 y hasta un 80 por ciento de deserción, como en el Hospital Juárez de México.
“Contrataron a mucho personal, alrededor de 100 enfermeras y 40 médicos entre generales, urgenciólogos, anestesiólogos, internistas y otros, pero ellos pusieron en la balanza su vida: ´aunque tú me pagues y me ofrezcas prestaciones, no me estás dando equipo de protección´, y se iban”, cuenta el enfermero Julio Centeno.
“Del 100 por ciento de la plantilla contratada, renunció un 80 por ciento y nos quedamos en las mismas: con las salas sobrepobladas de pacientes. Y si sumamos el personal que se enfermó, todavía peor. Cerca del 30 por ciento del personal de base se fue de incapacidad. Al principio, a un servicio llegaban 10 personas, ahora 5, tan sólo en el turno de la noche llegaban 12 y ahora sólo 4”.
Tras la ola de huidas, un grupo de médicos y enfermos del Juárez han comenzado a investigar malos manejos en los recursos destinados al pago de los nuevos.
“El año antepasado, una auditoría interna descubrió que había una plantilla de mil 600 enfermeras y enfermeros aviadores. Pagaban una nómina inexistente. Ahora las preguntas son: si contrataron a 100 y renunciaron 80, ¿aún estarán en nómina?, ¿se devolvió ese dinero no cobrado? Muchos estaban siendo dados de alta en Hacienda y les empezaron a pagar con cheques. ¿Dónde están esos cheques?”.
DIFUNTOS. De acuerdo con el programa de contratación a seis meses, para los de recién ingreso, se eligieron como parámetro los salarios del IMSS, donde un médico general gana alrededor de 26 mil pesos al mes, un especialista 34 mil y una enfermera entre 11 y 14 mil pesos. A la par, se les ofreció seguridad social para sus familias, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y primas, seguros de vida y de responsabilidad civil, aunque no un fondo de ayuda por defunción, del cual gozan los afiliados sindicales.
“En el hospital murió un químico y un camillero, quien estaba de eventual desde hace 10 años. Empezó a reducir nuestra población de compañeros: se fue el 40 por ciento, a veces nos quedamos una o dos personas en los pisos. Nos la rifamos a valor mexicano. Si no eres de base, la Secretaría no ayuda a los difuntos, los propios trabajadores hemos tenido que hacer colectas para las familias”, cuenta la enfermera Francis Martínez, del Gregorio Salas, en la CDMX.
Los registros de deserción obtenidos van en el mismo rango: 30 por ciento en el Hospital General de México, 40 por ciento en el Hospital General de Chimalhuacán, 25 por ciento en el Hospital General Belisario Domínguez, 50 por ciento en el Hospital de San Agustín (Edomex), 20 por ciento en el Hospital Regional de Especialidades de Ixtapaluca…
“Aparte de la población vulnerable: los mayores de 60 años o quienes padecían enfermedades crónicas, entre los basificados muchos prefirieron pedir incapacidades, vacaciones o hasta días sin goce de sueldo, quien tenía miedo hizo lo posible por no estar en el hospital aprovechando los derechos laborales”, refiere la enfermera Marisol Madrigal.
En promedio, el 40 por ciento de las plantillas de unidades médicas son de base; el resto es personal bajo contrato: suman 5, 10, 15 años renovando convenios periódicos, sin garantía laboral. Según la Secretaría de Salud federal había, antes de la pandemia, 80 mil trabajadores eventuales.
“De repente comenzabas a escuchar entre médicos y enfermeras: ´estoy gordo, tengo diabetes, soy hipertenso, me duele el dedo gordo, tengo las uñas chuecas, el pie plano, no voy a meter las manos´. Todo por dejar un barco de por sí hundido. Para el COVID, los sindicatos se convirtieron en enemigos principales”, señala el doctor Ernesto López, incorporado al Instituto de Salud del Estado de México y quien trabaja en un hospital de Ecatepec.
“Más del 10 por ciento de los de base se fueron. ´Como eres sindicalizado, tienes todo el derecho de meter licencia, no te arriesgues´, decía el líder sindical Domingo Ortuño, un corruptazo, y muchos hicieron eso. El nivel de corrupción se reflejó en la escasez de personal”.
- ¿Qué hicieron en esas circunstancias? -se le pregunta.
-Al menos en el Estado de México, y no dudo que haya ocurrido en otras partes, se ha sabido de hospitales que comenzaron a bloquear a los pacientes. No había personal y los directores ordenaron el bloqueo a los vigilantes, al de la puerta: ´aquí no hay cupo, mejor vaya a otro lugar´. Fue de: háganle como puedan y pídanle a Dios no morir”.
Nunca, dice el médico, “hemos estado al 100 para combatir al COVID, es una de las causas de tantos meses de dolor” …
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DENSIDAD DE MÉDICOS PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL (POR CADA MIL HABITANTES): 1.5
Secretaría de Salud: 1.6
IMSS-Bienestar: 0.6 (similar a Sri Lanka o Nigeria)
DENSIDAD DE MÉDICOS PARA POBLACIÓN CON SEGURIDAD SOCIAL: 1.9
IMSS: 1.7
ISSSTE: 2.7
PEMEX, SEDENA, SEMAR: 4.3
Promedio nacional: 1.7
Promedio mínimo estipulado por la OCDE: 3.2
Fuente: INSABI (hasta antes de la pandemia)
De octubre de 2019 a marzo de 2019, como parte del Programa Médicos del Bienestar, enfocado a comunidades indígenas, se habían contratado: seis mil 249 médicos generales, 438 médicos especialistas, ocho mil 925 enfermeras con licenciatura, seis enfermeras técnicas y 84 enfermeras especialistas.
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