Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Emiten un memo para tirar Reforma; piden reparar despidos

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de un memorándum, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los titulares de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público “que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada Reforma Educativa, en tanto se llega a un acuerdo”.

El mandatario nacional envió ayer el documento a las dependencias para frenar las medidas contempladas en la Reforma Educativa de 2013.

El memorándum plantea que los secretarios deberán reparar los despidos y encarcelamientos de profesores evaluados y sancionados, además de indemnizar a las familias de los maestros que hayan muerto en el proceso de instauración de la norma.

El jefe del Ejecutivo subrayó que no habrá represión hacia las manifestaciones que realice el magisterio.

Echa atrás Reforma Educativa

El Presidente envió un memorándum para dejar sin efecto las modificaciones hechas por la pasada administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda, para que dejen sin efecto las medidas contempladas en la Reforma Educativa de 2013.

El memorándum fue utilizado por el presidente para evitar que el retraso en las negociaciones de sus propuestas en materia educativa en la Cámara de Diputados provoque que la reforma de 2013 siga su curso legal.

Les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa en tanto se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos”, enfatizó López Obrador.

En el memorándum, el Presidente planteó también que los secretarios reparen los despidos y encarcelamientos en contra de profesores que fueron evaluados y sancionados.

“Y en ese memorándum estoy instruyendo, también, a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente.

“Al mismo tiempo, les voy a pedir que de inmediato se reinstale a todos los maestros despedidos, que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas”, puntualizó.

Además se planteará la indemnización a las familias de los maestros que hayan muerto en el proceso de instauración de la Reforma Educativa de la anterior administración.

Desde el pasado fin de semana, advirtió que, en vista de que las negociaciones en la Cámara de Diputados para aprobar sus propuestas en materia educativa estaban estancadas, impulsaría la derogación de facto de la Reforma Educativa mediante un decreto. Finalmente, optó por un memorándum.

También reiteró su intención de federalizar la educación y que la nómina del magisterio quede a cargo del gobierno federal.

“Lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico.

“La Secretaría de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros y para desterrar la corrupción”, reiteró López Obrador.

El titular del Ejecutivo subrayó que no habrá represión hacia las manifestaciones que realice el magisterio en el futuro.

HACIENDA LLEVARÁ LA NÓMINA

Para evitar cualquier forma de corrupción, la nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Educación Pública (SEP), en tanto, administrará las plazas magisteriales y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.

Éstas son parte de las directrices que el gobierno adoptará para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública, en tanto el Legislativo y el magisterio no alcancen un acuerdo para una nueva reforma educativa, de acuerdo con el memorándum presidencial dado a conocer ayer.

En el documento se instruye a la SEP a atender los principios de una educación obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles.

También se señala que Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que se encuentren en prisión por haberse opuesto a la reforma de 2013 o por haber participado en otras causas sociales justas.

Memorando de AMLO, bajo fuego

Partidos de oposición, empresarios, CNTE y hasta un sector de Morena rechazaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma educativa con un memorando. PRI, PAN, PRD y MC en San Lázaro, además de Coparmex y Canacintra, señalaron que la medida es “jurídicamente insostenible” y viola la Constitución, y quien la acate enfrentará responsabilidades penales. 

Incluso el morenista Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado, rechazó las decisiones por decreto, mientras que la CNTE dijo que mantendrá su protesta hasta que se quite de la ley la iniciativa del ex presidente Enrique Peña Nieto. En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que dejar sin efecto la reforma educativa representa un retroceso “lamentabilísimo” a los años 70, que abona a la compra y venta de plazas y que pone en un estado de indefensión la educación de los menores y jóvenes del país. 

ANTICIPAN ACCIONES LEGALES Luego de que López Obrador anunciara la firma del escrito dirigido a las secretarías de Hacienda, Educación Pública y Gobernación, en el que instruye dejar sin efecto “la mal llamada reforma educativa” hasta en tanto se logre un acuerdo para presentar una nueva reforma constitucional, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que la orden “jurídicamente es insostenible”. 

“Para empezar, no funda ni motiva, y por lo tanto carece de vigencia jurídica. Es nulo de pleno derecho, atenta contra la división y la separación de poderes y los funcionarios que acaten esta instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos de responsabilidades”. Anticipó incluso cuatro acciones legales para combatir la instrucción firmada por el Presidente de la República:

 amparos, denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad y demandas de juicio político o desafuero. Por separado, el líder parlamentario del PRI, René Juárez, sostuvo que el memorando sienta un mal precedente y pone en riesgo tanto el orden constitucional como la división de poderes, por lo que exigió a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado hacer un pronunciamiento al respecto. En tanto, la fracción legislativa de MC remarcó que los titulares de Gobernación, Educación y Hacienda no tienen la obligación de acatar una instrucción inconstitucional, pues de hacerlo incurrirían en el delito de coalición de servidores públicos previsto en el artículo 216 del Código Penal Federal y sancionado con una pena de dos años a siete años de prisión. 

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, lamentó a su vez la violación flagrante al estado de derecho y el atropello al Poder Legislativo, además de cuestionar que el Presidente ceda a presiones y chantajes de la CNTE. El líder de la bancada independiente en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, reafirmó a su vez la posición de los diputados sin partido de abrogar la reforma educativa de Peña Nieto y acordar una nueva que vaya más allá de lo administrativo, elimine las cuotas escolares y promueva maestros dedicados a estar en las aulas, con pleno respeto a sus derechos laborales. 

La decisión presidencial incluso dividió a la bancada de Morena en el Senado, donde el coordinador Ricardo Monreal aseveró que se trata de una medida administrativa que no se contrapone con el proceso de consulta y diálogo legislativo en curso en las cámaras, al garantizar que sí habrá reforma educativa. En sentido contrario, el también morenista y presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, rechazó la cancelación por decreto, al afirmar que se requiere una nueva reforma constitucional para ello y es mejor dialogar para que los cambios necesarios se hagan en las leyes secundarias.

 El sinaloense reconoció que es facultad de las cámaras modificar la Constitución, pero subrayó que en las leyes secundarias se podrían dar los cambios en la reforma educativa, aunque sí deberá contener un procedimiento “si no de evaluación porque esa palabra no les gusta, sí de examen”. A su vez, la oposición reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz, y al coordinador de Morena en el Senado, Mario Delgado, que “se fajen los pantalones” y se dictamine de una vez la reforma educativa, porque el Presidente está impedido para modificar la Constitución y echar atrás la reforma educativa con un memorando. RECHAZO EMPRESARIAL El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, escribió en su cuenta de Twitter que lo ordenado por el Presidente en el memorando es una revocación ilegítima. "Abrogación ilegítima y violación sistemática de la ley, violenta el estado de derecho”, aseveró. 

La Coparmex consideró “lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población”. A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calificó el memorando de un acto “a todas luces anticonstitucional, antidemocrático y que atenta contra la división de poderes”. En un comunicado, el presidente de los industriales, Enoch Castellanos, señaló que, “al pretender abrogar un precepto constitucional, el Ejecutivo invade la función del Legislativo de modificar el marco jurídico, como lo establece el artículo 49: no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”. 

“HASTA NO VER, NO CREER”: CNTE La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afín a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que hasta no ver que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto sea letra muerta y desaparezca de la Constitución continuará con su plan de lucha y movilizaciones acordadas. “Hasta no ver, no creer”, dijo el líder de la gremial, Eloy López Hernández, en referencia al memorando de López Obrador para cancelar la reforma educativa, y agregó: “Nuestro plan de acción sigue firme, continuamos en alerta máxima y en el análisis. Queremos que la reforma desaparezca de la Constitución y que se modifique el modelo educativo”. 

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, señaló en entrevista con MILENIO que la mayor preocupación es que se pierda el concurso de plazas magisteriales, “pues no habrá certeza de que los niños y jóvenes sean atendidos por buenos maestros; no contaríamos con un organismo autónomo que evalúe los componentes de la educación ni a los alumnos para conocer su situación real de conocimiento”. MINISTRO EN RETIRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO. “SE METIÓ EN UNA TRAMPA POLÍTICA” El memorando con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dejar sin efecto la reforma educativa carece de fundamentación y motivación, e incluso las autoridades administrativas, en el momento de aplicarlo, pudieran incurrir en responsabilidades, afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz.

 “Los miembros de la administración pública también son servidores públicos que están sometidos al orden jurídico y no pueden acatar instrucciones o decisiones de su jefe cuando éstas sean notoriamente inconstitucionales o contrarias del derecho… 

las propias autoridades administrativas al momento de aplicarlas podrían incurrir en responsabilidad. Entonces creo que el presidente con una orden así pone en riesgo jurídico a sus propios colaboradores”, advirtió en entrevista con MILENIO. Cossío dijo que el Presidente “se ha metido en una trampa política”, porque por un lado ofreció derogar estas disposiciones mediante una reforma constitucional, pero por otro lado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no acepta la propuesta del mandatario. 

En tanto, Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, calificó de “error” el memorando y enfatizó que el documento no cuenta con “ningún fundamento jurídico”. “Es un documento interno redactado como si fuera de política, pero tiene una parte de consideración jurídica”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión. Con información de: Fernando Damián, Angélica Mercado, Eduardo de la Rosa, Óscar Rodríguez, Karina Palacios y Rubén Mosso.

Con el poder de un “memorándum”, AMLO “cancela” la reforma educativa constitucional

Con un memorándum, sin incluir la normatividad que da sustento a una decisión de esta naturaleza, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su gabinete dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Desde la conferencia mañanera, López Obrador anticipó que daría a conocer este documento, aunque finalmente circuló desde este martes y no hasta hoy, como se preveía inicialmente.

La decisión ha desatado críticas de la oposición por una decisión con la que invalida, al menos para sus secretarios de Estado, parte del texto constitucional. “Necesita asesoría con urgencia”, señaló por su parte el jurista Miguel Carbonell en su cuenta de tuiter. Es una decisión fácilmente atacable, señaló por su lado, José Ramón Cossío, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien observó la ausencia de fundamentación jurídica en el memo.

Fuentes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo con autonomía constitucional que debe obedecer la reforma educativa vigente en la Constitución, se limitaron a señalar a Crónica que no había comentarios ante lo sucedido ayer.

El famoso memo.

A través de un memorándum, y señalando, sin especificar que lo hace con base en las facultades que le confiere el cargo que ostenta, el titular del Ejecutivo ordenó dejar sin efecto la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y avalada por la mayoría de los congresos estatales en 2013.

AMLO dijo poner por delante las necesidades sociales de México y los lineamientos claros que requiere la administración pública federal para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública.

El Presidente descalificó nuevamente la transformación educativa impulsada durante la administración del presidente Peña Nieto, “la mal llamada reforma educativa” que no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza, aseguró. El conjunto de modificaciones legales, agregó el Presidente, fue impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, lo que ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.

En su memorándum dirigido a las secretarías de Gobernación, Educación Pública, y Hacienda y Crédito Público, el Presidente señaló que esta decisión se aplicará en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas.

Entre los lineamientos que instruye destacan el exhorto a la SEP para seguir ateniéndose a los principios de laicidad, pluriculturalidad, gratuidad, y calidad educativas, en tanto se alcanzan consensos entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación, y la sociedad.

Y señala un punto más que su programa de Gobierno destaca: la nómina del sector educativo queda bajo control de la Secretaría de Hacienda, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción.

La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales y ”evitará que se trafique” con ellas, y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.

La SEP también recibió la instrucción presidencial de reinstalar a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones que calificó de “punitivas”. A la Secretaría de Gobernación se le instruyó realizar las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la reforma educativa.

Gobernación también deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida en este conflicto. Finalmente llamó a los maestros de todas las corrientes a mantener un diálogo permanente e impedir la confrontación.

Atorón de caravanas en Chiapas eleva tensión

La presencia de al menos cuatro caravanas en Chiapas, en espera de regularizar su situación o que avanzan sin documentos por la entidad, elevó las tensiones luego de que el edil de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, declarara que el municipio se encuentra en contingencia por la llegada de un grupo de tres mil 200 personas e instruyera a la comunidad a cerrar comercios.

Esta reacción provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abriera una queja en contra de la autoridad municipal, a la que señala por haber dispuesto patrullas para impedir el paso del grupo.

A ello se agrega el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió el lunes que hay “situaciones contrarias al respeto de los derechos humanos de los migrantes” en puntos que están bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Migración (INM).El INM asegura que todos serán recibidos y atendidos para revisar y regularizar su situación dentro del país.

Éste contabilizó a cinco mil 874 extranjeros, procedentes de Centroamérica, África y el Caribe, en la entidad divididos en cuatro grupos y aseguró que a todos se les atiende para regularizar su estancia en Tapachula, Mapastepec y Huixtla.

En Mapastepec, el INM asegura que atiende en un albergue a mil 632 que solicitaron su tarjeta de visitante regional, la cual, de acuerdo con la normatividad, les permite permanecer en el sureste por cinco años y obtener un empleo, sin la posibilidad de trasladarse a otros estados.

Al segundo grupo lo integran 630 personas y se encuentra en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula; principalmente son africanos que buscan refugio. Un tercer grupo, de 412 personas, se encuentra afuera del lugar, en espera de ingresar para iniciar el trámite.

Un contingente más, de tres mil 200 personas, principalmente centroamericanos, que se dirige a Huixtla, podrá comenzar su papeleo en la localidad a partir de este miércoles, aseguró el INM.

Este último grupo ingresó de manera violenta el pasado viernes y en su trayecto al norte se ha ido engrosando. Respecto a éste, las autoridades federales señalan que “serán recibidos y atendidos”.

Se encuentran en un campamento instalado por el INM en proceso de regularización; una vez que se les otorgue la tarjeta

de visitante regional con permiso laboral podrán emplearse.

Las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) contrastan con las de la CNDH, que hablan de la presencia de ocho mil 800 migrantes distribuidos así: dos grupos en Mapastepec, uno con mil 700 dentro de una unidad deportiva y otro en un terreno aledaño, con mil 500.

En Tapachula, en la estación Siglo XXI reportó dos mil personas, pero no advirtió conteo afuera. En el parque central del municipio registró dos mil, mientras que en el Puente Internacional Rodolfo Robles señaló que había mil 600 migrantes.

Por la tarde, el INM abrió un albergue temporal donde atenderá a mil 500 personas en Tapachula, en respuesta al cierre de la Estación Migratoria Siglo XXI.

Endurecen medidas en EU a quien pida asilo

El fiscal general de EU, William P. Barr, ordenó ayer a los jueces de inmigración no permitir que los migrantes que han sido detenidos por autoridades migratorias y solicitan asilo en EU obtengan libertad bajo fianza.

Con esta orden, miles podrían permanecer en la cárcel por tiempo indefinido, mientras esperan la resolución de sus solicitudes. Dicho mandato entraría en vigor en 90 días.

La decisión no afectará a los menores sin acompañantes, debido a un acuerdo judicial que indica que el gobierno no puede detener a los niños más de 20 días.

Con esto se busca cumplir la promesa del presidente Donald Trump de poner fin a la “captura y liberación” de migrantes y desalentar que los indocumentados busquen asilo.

Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, manifestó que se trata de una solución “obscena”.

Con información de Frida Sánchez

Huachicol creció entre piratas y niños

En la sonda de Campeche los piratas huachicoleros, en los últimos dos años, han atacado las instalaciones de Pemex más de 12 veces al mes.

Tan sólo en 2017, según la Cuenta Pública de ese año, las afectaciones, por lo menos, llegaron a 96 millones de pesos.

Los atracos los hacen en plataformas, instalaciones y embarcaciones de la paraestatal que se ubican en aguas del golfo de México, en los que utilizan navíos rápidos y con armamento.

Los piratas huachicoleros atacan y asaltan los buques cargueros o buquetanques, y una vez que han sometido a las tripulaciones les extraen el combustible a través de mangueras; estos casos se han dado reiteradamente en las costas de Campeche y Tabasco.

La otra forma de operar de estos grupos, es el abordaje con violencia a las plataformas petroleras,aprovechando que las instalaciones se encuentran en altamar, aisladas y en indefensión, y que el personal que ahí labora se encuentra expuesto a la agresión de estos delincuentes.

Pero los piratas huachicoleros también se dedican a abordar en altamar a pescadores ribereños a quienes despojan de sus lanchas, motores, artes de pesca, mercancías y pertenencias, ademas de robar las embarcaciones atrancadas en los muelles. En los saqueos, no solo se roban el combustible, van por todo lo que encuentran, chalecos, botas, equipos de cómputo y maquinaria especializada.De acuerdo a la Cuenta Pública 2017, se registraron 273 actos de robo, vandalismo, sabotaje e intrusión en 94 plataformas, de estos hechos dos se calificaron como graves, 49 moderados y 222 menores.

Respecto a las acciones jurídicas que llevó a cabo Pemex Exploración y Producción, de 12 plataformas seleccionadas con 57 actos delictivos Pemex presentó 12 denuncias de 23 casos, con un valor estimado de 96.96 millones de pesos. De esos 12 casos, el Ministerio Público resolvió la “Determinación del Archivo Temporal”, de otras cuatro dictó “Acuerdos de No Ejercicio de la Acción Penal” por la falta de evidencias periciales, la no acreditación de la propiedad, y por la no identificación de individuos en conductas ilícitas; los siete casos continúan en proceso. En los 34 casos restantes, no existió evidencia de ninguna acción legal realizada ante el Ministerio Público.

Las plataformas petroleras con más asaltos están la sonda de Campeche y las más afectadas son Bolontiku, Kab, Kix, May, Sinan y Tsimin, que están en la región marina suroeste del golfo de México, que abarca 11 mil kilómetros cuadrados de aguas profundas donde existen diversos yacimientos dehidrocarburos.

En menor medida también han sido atacadas las zonas marítimas del noroeste, donde se encuentra el complejo Cantarell, y la de suroeste, entre los litorales de Campeche y Tabasco.

Ante la grave situación, la Cámara de Diputados busca exhortar a la Secretaría de Marina para continuar acciones de vigilancia, operación y patrullaje permanente a fin de contrarrestar los actos vandálicos de piratas huachicoleros.

En este punto de acuerdo que se aprobó en la Comisión de Marina el 9 de abril pasado en San Lázaro, se pide a Petróleos Mexicanos reforzar la seguridad de sus instalaciones.

La presidenta de la Comisión de Marina, Mónica Almeida precisó que Semar y Pemex ya realizan acciones coordinadas en la operación denominada Farallón (Sonda III) , sin embargo, mencionó, las áreas son muy vastas y amplias en donde se realizan los patrullajes, por lo que es necesario reforzarlas.

Dijo que hay una problemática de seguridad que se debe enfrentar y fortalecer en las costas en especial donde operan más de 300 plataformas.

AMLO no puede frenar reforma con memorándum

Gabriela Jiménez y Alejandro Suárez | EL Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum para suspender la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, hasta que el Congreso de la Unión y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleguen a un consenso en la nueva legislación constitucional.

“Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, ordenó López Obrador a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda.

Con el documento, el Ejecutivo pretende asumir el control de la nómina y las plazas magisteriales, para evitar el tráfico de estas en manos de los líderes magisteriales, pese a que es una de las principales exigencias de la disidencia magisterial y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas o “aviadores” y cualquier otra forma de corrupción”, se lee en el inciso “c” del documento suscrito por la Presidencia de la República.

En tanto que la SEP deberá reinstalar a los profesores cesados por las “evaluaciones punitivas”, garantizará la contratación de los egresados de escuelas normalistas y se hará responsable de que se cumplan los principios de una educación gratuita, laica y obligatoria en todos los niveles educativos.

A tan sólo unas horas del anuncio del Primer mandatario, organizaciones de la sociedad civil lo acusaron de ceder ante presiones para tratar de abrogar, sin fundamento legal, la reforma educativa aprobada durante el sexenio pasado.

Gráfico: Rodolfo Gómez

David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dijo por medio de redes sociales que la decisión del Ejecutivo tan no tiene fundamento legal, que no le alcanzarán los abogados para defenderla de una impugnación en el Poder Judicial de la Federación.

“El acto de autoridad en el cual un funcionario de la Federación incumpla unilateralmente con la Constitución y las leyes vigentes en materia educativa es motivo de amparo y de controversia constitucional. No tienen suficientes abogados”, amagó desde su cuenta de Twitter.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordó que en los últimos meses hubo un diálogo abierto de los legisladores federales para llegar a un consenso de cómo mejorarla, reconociendo los derechos laborales de los maestros; sin embargo, con el memorándum se rompe este acuerdo.

Especialistas en derecho consultados por El Sol de México coincidieron en que el memorándum del tabasqueño para derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto carece de fundamento legal, por lo que cualquier ciudadano puede ampararse y seguramente ganará, coincidieron especialistas en derecho.

El ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, argumentó que el documento carece de fundamentación jurídica, por lo que sería muy fácil que cualquier ciudadano pueda ampararse ante este memorándum. “Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, detalló en su cuenta de Twitter.

Javier Cruz Angulo, académico del CIDE, explicó que el oficio del Presidente ni siquiera cita una ley o artículo para emitir tal orden. “Tiene un pequeño gran defecto: no tiene ningún fundamento legal, lo que no nos permite observar el documento es de dónde se desprenden las capacidades del presidente para emitirlo, cuánto va a durar, con qué fundamento legal lo hizo, cuál es la capacidad de las secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Educación, quién lo va a acatar y por qué”, dijo.

De la misma forma opinó Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que “definitivamente es inconstitucional” abrogar la reforma educativa de esta forma.

Cede la importación de gasolina en febrero

El valor de la importación de gasolinas vehiculares en México fue de 1,059 millones de dólares en febrero, con lo que cayó por primera vez para un mes de febrero desde el 2016, impactando de manera positiva al saldo en la balanza entre exportaciones e importaciones petroleras que, si bien se mantuvo deficitario, se redujo por primera vez desde el 2014.

Según el reporte de la Balanza de Pagos del Banco de México, el valor de las compras al exterior de gasolina se redujo en 24%, que son 340,621 millones de dólares en febrero de este año en comparación con el mismo mes del 2018. Este monto representó 46% del total de importaciones de productos derivados del petróleo en el país, que cayeron 14% en un año, para ubicarse en 2,272 millones de dólares en febrero, volviendo a los niveles de septiembre del 2017.

La reducción anual en el valor de las importaciones de gasolinas coincide con una baja interanual de 16% en el volumen que importó Petróleos Mexicanos (Pemex), que en febrero se ubicó en 542,136 barriles diarios. Sin embargo, en el comparativo mensual se observa que el volumen de importación incluso aumentó 8 por ciento.

Y es que, a su vez, el precio de referencia en la Costa del Golfo de las gasolinas de todos los grados cayó 16% entre un año y otro, mientras que el dólar se apreció únicamente en 2.3% frente al peso en el mismo lapso. En tanto, el volumen de la elaboración de gasolinas de Pemex en el mes de febrero se elevó 30% a 213,638 barriles diarios, con lo que la participación de la producción local en el consumo doméstico pasó de 21% a 30% en comparación con febrero del 2018.

Saldo comercial

Por otro lado, el valor de las exportaciones de petróleo crudo en el segundo mes del año aumentó en 1% en un año, ubicándose en 2,303 millones de dólares. Desde el 2016 no se había observado un incremento en este monto para los ingresos de la estatal mexicana en febrero.

Con 1.475 millones de barriles diarios en promedio exportados, el volumen de exportación se elevó sólo en 1.6% en relación con el año anterior.

Así, el saldo entre exportaciones principalmente de crudo e importaciones de petrolíferos del país se ubicó en 993,141 millones de dólares negativos, y aunque mantiene la racha deficitaria que comenzó en el 2015, mejoró por primera vez en términos anuales desde el 2014 en 26% anual, que son 354,485 millones de dólares adicionales a febrero del año pasado.

Otras importaciones

Luego de que se observó un aumento de 10% anual en el proceso de crudo de las refinerías nacionales, mismo que se ubicó en 601,424 barriles diarios, el volumen de las importaciones de otros productos petrolíferos también mostró un descenso, que se reflejó en la disminución del valor de estas compras reportado por el Banco de México.

En el caso del diésel automotriz, el valor de las importaciones de 625.9 millones de dólares en febrero cayó 11% en un año. La última vez que descendió este valor fue en febrero del 2016.

Aun así, otros productos como el gas licuado de petróleo (LP), que se utiliza en 70% de los hogares y sigue una dinámica de precios indexada al mercado estadounidense Mont Belvieu con libre mercado para los comercializadores, mostró un aumento anual de 3% en el valor de las importaciones, que se ubicaron en 211.5 millones de dólares.

El desembolso por importaciones de combustóleo, que se utiliza principalmente para la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad se ubicó en 62.3 millones de dólares, con lo que en términos anuales el incremento que se presentó fue de nada menos que 4.6 veces el monto de febrero del 2018.

AMLO ordena dejar sin efecto la reforma educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer, con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, un memorando dirigido a las secretarías de Gobernación (SG), Educación Pública (SEP) y Hacienda y Crédito Publico (SHCP), que obliga a las dependencias del Poder Ejecutivo involucradas a dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa, aprobada en el sexenio pasado.

Sin embargo, como excepción, el documento hace explícito que el manejo de la nómina será competencia de la SHCP, “lo cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción”. Asimismo, las plazas serán administradas por la SEP, lo que evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.

Aunque el documento va dirigido a Olga Sánchez Cordero, en su calidad de titular de la SG; a Esteban Moctezuma, de la SEP, y a Carlos Urzúa, de la SHCP, el Presidente aprovechó en la última parte del memorando para demandar al magisterio retomar el diálogo sobre las adecuaciones en la legislación en materia educativa.

“Aprovecho la expedición del presente memorando para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.

Horas antes, el mandatario se había dirigido en otros términos a quienes no han aceptado su propuesta de reforma, subrayando que son tiempos en los cuales ya no hay cabida para los rebeldes sin causa o para la intransigencia o el extremismo.

Recomendación fraterna

Todo ello para anunciar a los dirigentes magisteriales que si bien tienen su derecho garantizado a la libre manifestación, les daba una recomendación fraterna, respetuosa: no hay que hacer el ridículo, no menospreciar a la gente. Ya les he hablado de la fuerza de la opinión pública y se sigue pensando en que se puede manipular al pueblo. No.

Ayer López Obrador aludió en tres momentos a la reforma educativa: la conferencia de prensa matutina; mediante un mensaje de Twitter en el que a través de un video anunciaba la firma del memorando, y en el documento.

En el memorando, el jefe del Ejecutivo federal parte de un apretado diagnóstico de la coyuntura educativa: Como es de público conocimiento, las reformas estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional.

Tras reconocer que los intentos por revertirla no han generado un acuerdo en el Congreso, López Obrador aseveró que en tanto se alcanzan los consensos con el magisterio y los padres de familia sobre los cambios constitucionales y legales que sustituyan a los que se aprobaron en la pasada administración, firmó un memorando que contiene los lineamientos que prevalecerán en este periodo.

El escrito detalla las obligaciones de cada dependencia que se desprenden de la instrucción presidencial: la SG realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad, a la brevedad posible, a los maestros que participaron en las movilizaciones magisteriales en contra de la reforma educativa, así como por haber formado parte de otras causas justas, retirando al mismo tiempo las acusaciones legales en contra de otros activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental o agrario.

Esto incluirá gestionar indemnizaciones a los familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.

La SEP deberá reinstalar a los educadores cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas.el