Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Reciben gasolina a $16 y la dan en $20; Presidente revelará hoy lista de “careros”

CIUDAD DE MÉXICO.

“Están abusando”, espetó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dio a conocer que los gasolineros compran el litro de combustible a 16 pesos y lo revenden hasta en 20 pesos el litro, con una ganancia de 25 por ciento.

Durante su gira por Campeche, el mandatario nacional informó que esta mañana dará a conocer la lista de las gasolinerías del país que venden más caro el litro de combustible.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando”.

López Obrador reiteró su compromiso de no aumentar los precios de luz, gas y combustibles, más allá de la inflación. “Vamos a poner orden, voy a dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, para que la gente sepa qué gasolinerías venden barato, qué gasolinerías venden caro; y si así no controlamos lo del aumento vamos a establecer gasolinerías en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel”.

De visita en el municipio de Champotón, el Presidente aprovechó para utilizar una frase popular de la región.

“¿Saben de dónde salió eso de ‘toma tu Champotón’? De esa batalla que no pudieron los invasores; pues es lo mismo que les estamos aplicando a los corruptos: toma tu Champotón”.

“Gasolineros abusan más que antes”

Afirma que tienen un margen de ganancia de 25%; hoy dará a conocer la lista de empresas que inflan los precios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenciará hoy qué gasolinerías del país venden más caro el litro del combustible, pues dijo que algunos “están abusando” con los precios, ya que el gobierno se las vende en 16 pesos y ellos la revenden al público hasta en 20 pesos, con una ganancia de un 25 por ciento.

De gira por Campeche para entregar tarjetas de programas sociales, ayer reafirmó que cumplirá con el compromiso de no aumentar más allá de la inflación el precio de la luz, del gas y de los combustibles.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor al de antes. Están abusando.

“Ya vamos a poner orden, ya mañana en la conferencia de temprano voy a dar a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, para que la gente sepa qué gasolinerías venden barato, que gasolinerías venden caro; y si así no controlamos lo del aumento, vamos a establecer gasolinerías en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel”, dijo.

De visita en el municipio de Champotón, el mandatario pidió a los ciudadanos no desesperarse para recibir los apoyos económicos de programas sociales, como el de adultos mayores, pues dijo que “tarda, porque no es fácil echar a andar al gobierno, que era un elefante que estaba echado, reumático y mañoso”.

“Y hay que pararlo y empujarlo para que camine, porque es un cuerpo de avance lento, pero ahí lo estamos empujando y, entre todos, va a tener que caminar, porque lo vamos a empujar todos, por eso doy a conocer para que me ayuden, ustedes me tienen que ayudar, porque yo voy a estar viniendo a Champotón y a todos los pueblos a hacer evaluaciones”, señaló.

En el evento, el gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó totalmente al Ejecutivo federal y llamó a los campechanos a aprovechar todos los programas sociales federales.

En medio de aplausos, el priista dijo que el país se arregla “con unidad, reconciliación y trabajo en equipo”, y “no a gritos y a sombrerazos”.

BM: de Salinas a Peña se pagó apoyo electoral con carreteras

Los caminos de México están pavimentados de votos. Los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recompensaron a los pobladores de los municipios que votaron por su partido construyéndose el doble de carreteras y vías de acceso. Así lo revela el Banco Mundial en su documento de trabajo Política de Carreteras en un gobierno dividido. La evidencia de México, en el que se muestra cómo los ex mandatarios también castigaron a las poblaciones donde ganó la oposición. 

El trabajo, que combina datos georeferrenciados de carreteras y los resultados electorales de 1990 a la fecha, muestra que “los municipios que votan por los candidatos del partido del Presidente, posteriormente reciben una parte desproporcionada de carreteras financiadas por el gobierno federal”. 

“Este contexto institucional y político de más de dos décadas nos arroja a la luz la interacción entre la política y la inversión pública”, detalla. El estudio elaborado por los economistas Harris Selod y Souleymane Soumahoro demuestra "un patrón sorprendente entre la Presidencia y la construcción de carreteras. En los municipios donde el partido del Presidente obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas reñidas, la longitud de la carretera federal fue más del doble respecto a los sitios donde ganó la oposición”. 

Refiere que en los últimos 30 años las presidencias de PRI y PAN se caracterizaron por impulsar grandes programas de infraestructura vial: en 1988, Salinas de Gortari puso en marcha el “ambicioso” Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) al que asignó 15 mil millones de dólares para la construcción de 5 mil 800 kilómetros de carreteras en seis años. Del mismo modo, los gobiernos panistas de Fox y Calderón dedicaron a la construcción y rehabilitación de vías 26 mil millones de dólares. Mientras que en el gobierno del ex presidente Peña Nieto se invirtieron 30 mil millones de dólares en infraestructura vial. 

A la par de estos programas, los ex mandatarios nacionales proponían mayores recursos a los municipios donde ganaba su partido dentro de los Paquetes Presupuestales. Luego, la Cámara de Diputados “influía en la distribución estratégica”. Caminos de la 4T El pasado 22 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa Nacional de Infraestructura de Carretera con el que buscará expandir y dar mantenimiento a las vías de comunicación mediante la construcción de 5 mil 531 kilómetros de nuevos caminos y una inversión de 14 mil 200 millones de pesos durante los próximos seis años. 

Agregó que el plan tendrá especial énfasis en la región sur sureste del país, la cual se rezagó del crecimiento del resto del país durante el periodo “neoliberal”. “Lo primero es el mantenimiento a la infraestructuras, a las obras, lo segundo es en efecto terminar con obras inconclusas”, dijo. En su turno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que son este tipo de programas a los que se dedicará parte de los recursos que en otras administraciones se usaron para obras suntuosas, y que se buscará acabar con la corrupción que por años ha “corroído” al sector de la construcción. 

El mandatario nacional dejó en claro que su gobierno buscará que las comunidades decidan por ellas mismas la forma en que utilizarán los recursos, por lo que les recomendó no contratar a empresas, sino a la gente de la región para que sean ellos mismos los obreros y que el dinero se quede en la localidad, apoyados con capacitación técnica de la SCT. Subrayó que con la entrega de estos recursos se busca acabar con la corrupción y los “moches”, porque anteriormente “no bajaban” o con la primera lluvia los caminos se deslavaban y volvían a ser de terracería. 

Más común, con gobiernos débiles El estudio revela que este fenómeno es más común cuando existen “gobiernos divididos”, es decir, cuando el partido del Presidente en turno no tiene mayoría en las cámaras, o bien, donde el Ejecutivo estatal es de otro partido. “En México se registra un enfoque de regresión discontinua en elecciones cerradas, donde hay fuerte evidencia en la asignación de fondos federales para carreteras en las circunscripciones que eligen legisladores del partido del presidente en ejercicio. El efecto más fuerte se da con un gobierno dividido, cuando el Presidente no tiene mayoría y busca controlar el Legislativo”, señala.

La CFE usa denuncias anónimas y testigos protegidos

La apertura de un área para presentar denuncias anónimas, el estímulo a reportes de sospecha en tiempo real, así como el uso de testigos protegidos y polígrafos están entre las medidas aprobadas en la Comisión Federal de Electricidad para atacar la corrupción.

Crónica tuvo acceso al Plan Anticorrupción presentado por Manuel Bartlett, director general del organismo, y el cual fue respaldado ya por el Consejo de Administración.

Otras disposiciones son el castigo a funcionarios cuyas acciones provoquen pérdidas económicas a la institución, el acceso —vía la Secretaría de la Función Pública— al sistema de evolución patrimonial de servidores públicos en duda y la solicitud de pronta intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Además de investigación previa a proveedores y socios, caza de empresas fantasma y creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado para definir licitaciones y contratos.

“Respetamos el marco legal, pero vamos a introducir nuevas reglas que minimicen los riegos, detecten y corrijan con oportunidad los desvíos y eviten la impunidad”, señala el documento, el cual comenzó a ser instrumentado hace unos días, con el envío masivo de oficios a los consejos de administración y directores generales de empresas subsidiarias y filiales, así como a todos los funcionarios inmersos en la cadena de mando, a quienes se designó “responsables directos” de la ejecución del Plan; deberán incluso rendir un informe semestral “sobre la forma en la que le están dando cumplimiento”.

Bartlett expone cuatro factores, los cuales, afirma, propician “uso ineficiente de recursos públicos y proliferación de prácticas corruptas”: la organización fragmentada de la Comisión debido a la división en seis empresas subsidiarias ordenada por la Secretaría de Energía en diciembre de 2015, una permisiva e inadecuada normatividad en materia de adquisiciones de obra, un débil sistema de control e intervención del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

“La fuerte presencia del SUTERM no ha sido aprovechada como promotor de mejores prácticas”, se refiere.

De los 91 mil 879 trabajadores en la CFE, 72 mil 414 son sindicalizados, es decir, casi el 80 por ciento. Los 19 mil 464 restantes son de confianza.

Sobre la nueva política de denuncias internas, delinea:

“Se adoptarán medidas que faciliten la presentación de denuncias anónimas relacionadas con prácticas corruptas y la protección de denunciantes”.

Una acción específica es la creación de un departamento dentro de la Auditoría Interna, independiente al área de Quejas de la Unidad de Responsabilidades, donde servidores públicos y proveedores puedan “denunciar actos de corrupción que detecten o en los que hayan sido forzados a involucrarse y que, por temor a perder sus empleos, represalias laborales e incluso a perder la oportunidad de ser contratados” no develaron.

Los delatores también deberán “generar reportes permanentes a la alta dirección de casos en los que se percibe sospecha de una posible comisión de actos irregulares o ilícitos en tiempo real”.

“Se recibirán e investigarán denuncias mediante la figura de testigos o denunciantes protegidos”, pues muchos han cometido actos deshonestos “siguiendo instrucciones y no reciben beneficio alguno, pero son quienes firman y quienes serán perseguidos, dejando en la impunidad a sus superiores”.

A la par se difundirán los casos detectados con la idea de generar una “percepción de riesgo” entre el personal, y se solicitará a la SFP el ingreso para consulta del sistema de evolución patrimonial y declaración de intereses de servidores públicos, en especial “de los cuales se tenga evidencia o duda razonables de su participación en la comisión de irregularidades” y, en su caso, se pedirá la intervención de “la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT para revelar su red de apoyo o prestanombres”.

A servidores públicos en áreas sensibles y expuestos al riesgo se les practicarán “evaluaciones de polígrafo”.

DESPIDOS Y FANTASMAS. Dos de los puntos con mayor énfasis en el Plan son: la sanción a quienes incumplan de manera injustificada los objetivos, metas, planes y programas trazados en las diversas áreas, “porque actualmente se puede incumplir y provocar consecuencias económicas adversas sin que implique despido de los involucrados”.

Y las pesquisas para exhibir empresas fantasma en el padrón de proveedores, una realidad con alta incidencia en los últimos sexenios.

Para evitarla, se instruye a los responsables de las contrataciones, no sólo exigir a las empresas aspirantes a una contratación la constancia de cumplimiento formal de sus obligaciones fiscales, emitida por el SAT, sino verificar su existencia:

“Todos los que soliciten su ingreso al padrón y que participen en procedimientos de contratación, deben firmar que aceptan que la CFE conozca su información fiscal y financiera, y realizar la visita in situ de la misma”.

De forma paralela se planea “una base de comprobantes fiscales digitales que incluya todas las facturas recibidas por la CFE para conocer quiénes son los proveedores y cruzarla con la base de datos de empresas fantasma publicada por el SAT”, y otro registro asociado con el cual “se levante el velo de las sociedades empresariales y se consignen los socios o accionistas de acuerdo a su acta constitutiva y a las modificaciones que se registran en la Secretaría de Economía. Identificar socios permitirá conocer posibles vínculos con personajes políticamente expuestos, que desempeñaron cargos importantes en el Estado o si hay alguna relación laboral, familiar o comercial con cualquier servidores público”.

Quien avale una compra fuera del Programa Anual de Contrataciones “tendrá una nota negativa” en su historial.

El proyecto de Bartlett no es “borrón y cuenta nueva”, pues también apunta hacia el pasado, al menos el inmediato. Ordena ejecutar una auditoría de los comprobantes fiscales digitales de todos los proveedores involucrados en contratos durante el 2018, “para conocer si en el pasado se contrató con empresas fantasma y, en su caso, diseñar una lista propia para eliminarlas del padrón”.

MERCADO Y DELINCUENCIA. El Plan contempla la creación de una Unidad Especializada en Inteligencia de Mercado, independiente de las áreas contratantes, la cual asesorará en la elaboración del programa anual de contrataciones y emitirá opinión en los fallos de procedimientos relevantes o de alto impacto.

En la actualidad esta tarea es asignada al Departamento de Evaluación y Análisis de Costos, “de una manera parcial y rudimentaria. Es necesario personal calificado con perfil prestablecido y exámenes de confianza, por lo que se evaluará a sindicalizados que desarrollan esta función, para determinar su permanencia o implementar un sistema de sustitución gradual”.

El objetivo de la Unidad será “realizar una verdadera actividad de inteligencia y determinar cuáles son las alternativas que ofrece el mercado para atender necesidades específicas, corroborar especificaciones y actualizaciones en productos, así como precios promedio, a fin de establecer el presupuesto que corresponda”.

En el listado de prioridades se incluye el combate a ilícitos generados entre particulares en perjuicio de la CFE, “lo que incluye a la delincuencia organizada, particularmente vinculada a pérdidas no técnicas” como robo de insumos.

Otros lineamientos en la estrategia

* Transparentar toda la información generada por CFE, subsidiarias y filiales, pues hoy las áreas se excusan en reservarla por cuestiones de estrategias comerciales.

* Limitar uso de subcontrataciones

* Denegar el registro a proveedores con antecedentes de colusión o prácticas anticompetitivas.

* Los proveedores están obligados a firmar una manifestación, bajo protesta de decir la verdad, de que no tienen conflicto de interés ni parientes por afinidad o consanguinidad en la CFE.Y los servidores públicos, a remitir a la Auditoría Interna Carta de Ausencia de Interés.

* Desarrollar sistemas electrónicos para asegurar la aplicación del Plan, mediante generación de indicadores de medición y mapas de riesgos.

* Revisar a minuciosidad la contratación de Consultorías o Asesorías, y los proyectos de asociaciones público-privadas.

* Ordenar auditorias proactivas en procesos de riesgo.

* Modificar normatividad para que, en todos los casos de causales de excepción a concurso abierto en contrataciones, la autorización sea sometida a un subcomité y al director general.

Fin de apoyos agrava pesca ilegal en zona de vaquita marina

La pesca ilegal en las zonas de San Felipe y Santa Clara, Baja California, se intensificó en los últimos cuatro meses, luego de que el Gobierno federal cancelara apoyos para los pescadores del Golfo de California, práctica que impacta a la vaquita marina, especie en peligro de extinción de la que quedan menos de 18 ejemplares en el país.

Y es que quienes cuentan con lanchas tipo panga legales y se abstenían de pescar porque recibían los apoyos, retomaron esa actividad para poder mantener a sus familias, pues rechazan el nuevo programa en el que se cambia la ayuda monetaria por labores de agricultura y acuicultura.

Ramón Franco Díaz, presidente de Administración de la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, explicó a La Razón que desde 2015 los pescadores legales fueron convencidos por el Gobierno federal de no salir al mar, ante la situación de emergencia por la caza furtiva del pez totoaba y las consecuencias que ello traía para la vaquita marina. 

De acuerdo con Franco Díaz, los propietarios de permisos para manejar embarcaciones recibían alrededor de 30 mil pesos y los pescadores 16 mil pesos mensuales.

Gráfico: Staff La Razón

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 representantes del sector se reunieron con las autoridades y convinieron que las compensaciones seguirían hasta enero.

El 21 de marzo pasado se presentó en Palacio Nacional el nuevo plan, que tiene como uno de sus ejes el denominado desarrollo integral para el bienestar comunitario, en el cual se propuso a los pescadores trabajar en programas de agricultura y acuicultura, pero fue rechazado, pues los proyectos son “costosos y a largo plazo”. 

En la última semana de marzo, al no recibir atención a sus dudas, los pescadores legales salieron al mar. De alrededor de 860 pangas legalizadas, entre 400 y 500 reactivaron sus actividades. El representante del sector informó que actualmente es temporada de la especie conocida como chano, la cual exportan a Estados Unidos. 

El problema radica en que aprovechando la salida de pescadores nativos de la zona donde existe la prohibición se intensificó también la presencia de los totoaberos, provenientes de Sonora, Sinaloa y Nayarit, relató el representante pesquero. 

COMPENSACIONES PERVERSAS. El doctor Lorenzo Rojas Bracho, presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), advirtió falta de gobernanza en la zona alta del Golfo, que prácticamente es “tierra de nadie”, pues el crimen organizado que lidera el comercio ilegal de totoaba ha tomado otras pesquerías, como la de camarón. 

Sobre la efectividad de quitar los apoyos económicos a pescadores, el especialista explicó a La Razón que el conflicto en el Gobierno anterior es que fueron “incentivos perversos”, pues no se entregaron correctamente y el resultado fue opuesto al que se buscaba. 

“Los incentivos llegaron a manos de gente sin escrúpulos y muchos de quienes los recibieron, como líderes pesqueros, no los repartieron como deberían, se dio el dinero a familiares que no residían en el Golfo y entre los beneficiarios había gente muerta”, acusó.

Asimismo, detalló que “cuando se les dieron los incentivos a los pescadores no se los dieron para hacer tareas específicas”, por lo que no hubo seguimiento. También llamó a cuidar a las comunidades bajo el yugo de la ilegalidad, pues la mayoría de ellas “están conformadas por ciudadanos honestos”. 

Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace, opinó que fue una buena decisión dejar de dar los apoyos, pues eran recursos estériles: “Las ayudas deben manejarse con transparencia y justicia, para que no se repita la historia de los incentivos, que quedaron en manos de unos pocos”.

Por ello pidió que se traduzcan en oportunidades para las comunidades del Alto Golfo de California.

El periodista Carlos Loret de Mola, quien ha investigado el tema, señaló a este diario que la mayoría de los pescadores que “se estaban portando bien” tuvieron que salir al mar. “Está lleno de pangas y eso sí que pone en peligro a la vaquita marina”. 

Señaló que la gente pobre es la que hace el “trabajo sucio” de pesca y las organizaciones criminales pagan cuatro mil dólares por kilo, cantidad por la que piden hasta 100 mil dólares en China. 

“Ese dinero se lava. Hay halcones que te vigilan cuando llegas a su zona y gente armada que protege a los criminales. Las autoridades fueron las que establecieron que se trataba de un cártel y hasta hicieron un organigrama en el que aparece a la cabeza Oscar Parra Aispuro (conocido como El Zar de la Totoaba)”, comentó en entrevista. 

Sobre las acciones de las autoridades para combatir la pesca, el comunicador opinó que el Gobierno debe definir ya su plan, en el que se debe incluir la pesca sustentable, la protección de la vaquita marina y, paralelamente, la gobernabilidad en la región. 

“(Hacen falta) cosas concretas, no las generalidades que han dicho hasta ahora. De otra manera están condenando a los pescadores a la pobreza y a la vaquita marina a la extinción”, comentó. 

Ramón Franco Díaz advirtió que pese a la presencia de la Marina, los elementos aseguran que no tienen la instrucción de actuar contra los civiles. Cuando detectan una panga ilegal, los pescadores hablan a sus compañeros para quitarle las embarcaciones a la Marina y a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).

“No se ha hecho absolutamente nada, hemos tenido pláticas con la Marina, lo que nos dicen es que no tienen instrucciones para actuar. Ahorita la delincuencia organizada se ha apropiado del Mar de Cortés”, comentó.

Sheinbaum lee cartilla a policías corruptos

Así, flaquita y menudita, Claudia Sheinbaum aseguró que sabe ser “Jefa” y que habrá cero tolerancia a los policías corruptos.

Al entregar el premio al policía del mes, donde Salvador Pérez recibió un cheque por 50 mil pesos, la Jefa de Gobierno aprovechó para leerle ‘la cartilla’ a toda la “tropa”

También les advirtió que ella no recibe cuotas, solo su sueldo quincenal y lo mismo el jefe de la policía, para que nadie les diga eso a los policías o les pida dinero para “altos mandos”.

“… que quede una cosa clara: aquí no se permite la corrupción.

“Ahí que me ven – unos de ustedes me conocen de antes – ‘flaquita’, ‘menudita’. Sí sé ser jefa; y se va a acabar la corrupción”, les dijo Sheinbaum a los policías reunidos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sobre las cuotas a los mandos, la Jefa de Gobierno aclaró:

“Con honestidad. Se los digo a ustedes y que lo escuche toda la tropa: ‘Aquí ya no se reciben cuotas’. La Jefa de Gobierno tiene un sólo ingreso, que es el ingreso quincenal que recibe como cualquier trabajadora del Gobierno de la Ciudad.

“El secretario de Seguridad Ciudadana, no recibe cuotas –recibe su salario–; así que cualquiera que diga que eso va a los altos mandos, es falso. Aquí se tiene que acabar esa mala práctica”.Como incentivo, recordó que a partir de mayo todos los policías van a recibir un aumento salarial del 5 por ciento arriba de la inflación.

“Se va a reflejar casi en un 9 por ciento de incremento salarial; retroactivo, a partir de la primera quincena de mayo.

“Los jefes de cuadrante reciben un incentivo de 3 mil pesos mensuales –que lo recibieron ya en febrero–, y vamos a seguir premiando a los buenos policías”, señaló.

Adelantó que el mejor cuadrante de seguridad recibirá también un reconocimiento colectivo.

En un acto posterior en Xochimilco, donde entregó el tramo de carretera a Tulyehualco, Sheinbaum reiteró lo dicho en el Ayuntamiento.

“… es un llamado, y ahí no va a haber… es decir, va a ser cero tolerancia. Nadie en el Gobierno de la Ciudad puede cometer un acto de corrupción”, acotó.

Por Manuel Durán

Gastan 196 mdp para buscar daños en AICM

Juan Luis Ramos | El Sol de México

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hizo una solicitud a la Secretaría de Hacienda por poco más de 196 millones de pesos para estudios de preinversión que permitan conocer los daños estructurales en las terminales 1 y 2, provocados por el sismo de septiembre de 2017 y los constantes hundimientos de la zona donde se ubica.

En la solicitud, la Gerencia de Ingeniería y Planeación del AICM advierte hundimientos de entre 21 y 30 centímetros anuales en la terminal aérea debido al terremoto de hace año y medio.

La terminal aérea es la más importante en América Latina y con la cancelación del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, será parte fundamental del sistema metropolitano de aeropuertos anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se prevé opere en 2021 y que incluye a Santa Lucía y Toluca.

El proyecto presentado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que los Dictámenes Estructurales del Estado Físico de los Edificios Terminales 1 y 2, por los que el AICM pagó 9.1 millones de pesos después del sismo a la empresa Profesionales de Arquitectura, Diseño y Construcción, encontraron desniveles y deslizamiento hacia las pistas en la Terminal 1, así como hundimientos diferenciales en las estructuras de posiciones de contacto para los aviones, conocidas como dedos, y el edificio de la Terminal 2.

Entre los principales problemas en la estructura de los edificios de la Terminal 1 se advierten desplomes y asentamientos en columnas, fisuras en juntas constructivas, algunos agrietamientos que pueden corresponder con fallas geológicas y elementos constructivos expuestos.

Foto: Alejandro Aguilar

Algunas grietas en el techo de la sala de espera de la Terminal 1 

Según el diagnóstico previo, en la Terminal 2, inaugurada en 2008, los daños principales están en las juntas y conexiones del edificio principal con los dedos, donde se muestran hundimientos de distintos niveles, así como agrietamientos en techos y columnas, además de separaciones entre edificios, la mayoría de ellos al interior del aeropuerto.

La autoridad aeroportuaria asegura que en la actualidad los edificios terminales están en adecuadas condiciones de seguridad y operabilidad, pero si no se atienden los problemas de hundimientos y desniveles se pueden generar problemas de seguridad estructural.

El AICM dejaría de operar a finales de 2020, una vez que iniciara el NAIM.

“Es necesario contar con estudios técnicos especializados que permitan diagnosticar de manera adecuada los problemas estructurales y las soluciones correctivas necesarias para que las terminales 1 y 2 mantengan un apropiado estado de conservación y operación que permita mantener el buen funcionamiento operacional de las mismas en el mediano y largo plazos”, justifica el documento.

Para ello, el AICM solicita recursos para llevar a cabo 11 estudios que van desde el análisis de peligro sísmico y vibración ambiental, de reforzamiento y cimentación de los edificios, así como la restitución de fachadas, entre otros.

Rastros de humedad en algunos espacios de la Terminal 1, a la altura de la puerta 1 / Foto: Alejandro Aguilar

La terminal de la Ciudad de México atendió el año pasado a 47.7 millones de pasajeros, pero se prevé que en conjunto con Santa Lucía y Toluca transporten al año entre 60 y 70 millones de personas.

Para ello, el nuevo gobierno anunció una inversión de cuatro mil 260 millones de pesos en la modernización de los edificios y pistas del AICM.

En otro proyecto de inversión registrado ante la SHCP se solicitaron 175.4 millones de pesos para estudios de preinversión con el objetivo de dar mantenimiento a diversas áreas en las dos terminales.

Aerolíneas nacionales como Interjet, Aeroméxico y VivaAerobus han mostrado su interés en incrementar su oferta de vuelos y conexiones en el AICM, el cual fue declarado como “saturado” por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde 2014.

Se enfría más la creación de empleo formal en marzo

La creación de nuevos empleos formales en México se enfría y lo hace cada vez más rápido. En marzo pasado se observaron 48,515 nuevas altas laborales, esto es, 46.3% menos respecto de las registradas en el mismo mes de hace un año.

Se trata del mayor desplome desde junio del 2018 (cuando no sólo no se creó sino se contrajo el empleo formal en 13,500 plazas) y del séptimo mes consecutivo con una caída (sin contar diciembre, mes en el que se observa una baja estacional en el empleo formal). El número de nuevos empleos formales de marzo es, además, el menor para cualquier marzo en los últimos 10 años.

El crecimiento del stock de empleo formal del IMSS creció así 2.8% durante el tercer mes del año, para llegar a un registro de 20 millones 348,508 trabajadores asegurados. El avance es el menor desde febrero del 2014.

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el empleo formal creció en promedio 3.9% cada año (su mejor año fue el 2017, con un avance de 4.3%), un ritmo que casi duplicó el avance de la economía, gracias a la estrategia para la formalización del empleo que se adoptó durante el sexenio.

En cuanto al 2019, de acuerdo con el IMSS, se tiene “un acumulado al primer trimestre de 2019 de 269,143 puestos, este incremento fue superior al promedio de los últimos 10 años de periodos iguales (259,744); no obstante, la generación de empleo en el primer trimestre de 2018 fue 26.9% mayor al reportado en este año”.

El tipo de plazas laborales en el que se observó la mayor ralentización en la creación de empleo fue el eventual, pues sólo se crearon en el mes de marzo 3,578, que representa 7.3% del empleo total que se creó en el tercer mes del año, cuanto el mismo mes del año pasado las casi 30,000 plazas eventuales que se generaron participaron con una tercera parte del nuevo empleo observado.

En el empleo eventual se reportó así la cifra más baja desde el periodo posterior a la crisis económica de 2008, cuando hubo destrucción de puestos de trabajo; no obstante, en el 2010 se dio una importante recuperación con 57,000 plazas, cifra muy por encima de lo reportado en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En comparación con el mismo mes de 2013, fecha en la que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el empleo eventual en este 2019 fue de 68.2% menor al reportado por el IMSS; mientras en el empleo permanente tuvo un comportamiento distinto, tuvo un incremento de 5.1%; es decir 2,211 más empleos permanentes en registro.

El especialista en mercados laborales del BID, David Kaplan, explicó que “la mala tendencia del empleo registrado ante el IMSS continúa, el peor cambio anual porcentual desde febrero de 2014 (2.7 por ciento). La desaceleración del crecimiento del empleo lleva aproximadamente 10 meses”.

Destacó que en el empleo de marzo del 2018 se observó el efecto estacional de Semana Santa, con lo que dicho mes tuvo menos días laborables y, por lo tanto, menos días de contrataciones; hecho que no ocurrió en este año, y sí puede verse un abril de 2019 con cifras negativas en la creación de puestos de trabajo formales.

“Debido al efecto estacional de Semana Santa, me parece probable que la tendencia a la baja del crecimiento de empleo con IMSS continúe en abril”, explicó.

En su comunicado mensual, el IMSS reportó que de los 20 millones 348,508 puestos de trabajo formales existentes al mes de marzo en la República Mexicana, 85.5% tiene un contrato de trabajo indeterminado (permanente) y 14.5% es eventual. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.

Analistas prevén que la tasa de informalidad en el país registre un incremento, ya que no se ha generado el empleo que demanda el mercado de trabajo, de al menos 1.2 millones de puestos cada año.

Por otra parte, el registro de 48,515 en el tercer mes del año “fue impulsado por el sector de transportes y comunicaciones con 5.1%, transformación con 3.7% y servicios para empresas con 3.1%; los estados de mayor incremento anual son Baja California Sur, Querétaro y Campeche con aumento de 5.5 por ciento. (Con información de Octavio Amador)

Presunto lavado en la UAEH pone en entredicho alianzas de Morena

La decisión de dos jueces federales de negar sendos amparos definitivos a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y al rector de la institución, Adolfo Pontigo Loyola, por el presunto lavado de 156 millones de dólares de las arcas universitarias en una investigación a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, representa la primera gran confrontación entre seguidores de la misma causa política en la era Morena en el gobierno.

Además pone en evidencia los costos iniciales de las alianzas y el pragmatismo electoral de ese partido en los comicios del año pasado.

Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad –que controla esa institución desde hace casi 40 años, renunció al PRI en febrero de 2018.

Meses antes a su dimisión entró en contacto con Morena y ofreció votos y recursos financieros. Entre otros, se reunió entonces con la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky; con el hoy coordinador de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García, y con Octavio Romero Oropeza, actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Y el 17 de febrero de 2018 lo hizo en Pachuca con el propio Andrés Manuel López Obrador.

Ganancia política

Sus gestiones rindieron frutos. Aunque no obtuvo la posición senatorial que pretendía, sí consiguió una gran tajada política para sus incondicionales: nueve curules en el Congreso de Hidalgo y dos en el federal.

Pasados los comicios, todo parecía favorecer el ímpetu político de Gerardo Sosa, cuya obsesión, lo saben todos, es ser gobernador de Hidalgo.

Todavía en enero pasado celebraba, en reuniones con sus más cercanos, el triunfo para su causa desde la plataforma de Morena, al tiempo que alentaba los conflictos políticos desde el propio Congreso con el gobierno estatal del priísta Omar Fayad.

Pero un mes después, el 26 de febrero, nubes de tormenta aparecieron en el horizonte.

La UIF reveló haber recibido un reporte en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal con depósitos y transferencias provenientes de más de 22 países.

Aunque la cifra ha variado –hasta ubicarla en 156 millones de dólares–, la oficina de Santiago Nieto, designado por López Obrador desde la transición, informó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Ante eso, bloqueó esas cuentas, atendiendo la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

Tres días después –primero de marzo– se conoció que se trataba de la UAEH. Y Nieto Castillo, al confirmarlo, precisó su obligación de investigar el origen y destino de tales recursos, sin importar quién sea, si es una persona cercana a Morena o a cualquier otro partido político, (porque) no hay persecución política bajo ninguna circunstancia.

Al enterarse de la medida de la UIF, Pontigo demandó la suspensión contra el embargo en el juzgado segundo de distrito en Pachuca. Pedía se le permitiera el libre manejo de las cuentas, siempre que no se encuentre demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible.

Dicha petición le fue negada el pasado viernes 29 de marzo, aunque aún puede interponer un recurso de revisión ante un tribunal federal.

Simultáneamente, en la Ciudad de México Sosa Castelán había interpuesto uno de los llamados amparos buscadores para evitar ser privado de la libertad mientras se realizan las investigaciones de la UIF. La solicitud se presentó ante el juzgado decimoprimero de distrito de amparo en materia penal y le fue negada el 28 de marzo. También tiene aún la posibilidad de impugnarla.

Sin embargo, el 15 de marzo Sosa Castelán tramitó otro amparo ante un juzgado federal en Pachuca. Esto porque, según su escrito, tres personas identificadas como agentes de la Policía Federal Ministerial intentaron detenerlo por la fuerza, el 8 de ese mes en la Ciudad de México. Argumentó entonces temer por su integridad física y libertad, y que quienes intentaron detenerlo dijeron llevar una orden de aprehensión.

Más allá de declararse ajeno a cualquier mal manejo de las finanzas universitarias, en una conferencia de prensa en San Lázaro el 7 de marzo –organizada por diputados hidalguenses de su grupo político– y en la comparecencia a modo en el Congreso de Hidalgo (sólo ante legisladores afines a su causa) el 22 de marzo, a Sosa Castelán le ha interesado sobre todo esgrimir razones políticas en la acción de la UIF.

En el diario El Independiente, propiedad de la UAEH, el 2 de marzo su editorial asegura que la investigación no es obra de la casualidad y añade que un grupo político poderoso está muy molestocon la universidad “y con quienes han estado atrás de su ascenso durante los últimos años.

¿A quién le conviene detener el ascenso de la UAEH? ¿Quién cree que va a obtener los puntos que pierda la universidad como si fuera una operación aritmética simple? Quien está detrás de esta estrategia, está calculando mal, sostiene la publicación.

A su vez, Pontigo, Sosa Castelán y sus incondicionales no cesan de repetir que la acción de las autoridades es guerra sucia y que ni un solo peso de las cuentas bloqueadas es mal habido y que por tanto la UIF comete un error.

Sosa ha argüido: La inversión se hizo en Credit Suisse; fue porque ofrecía mejor interés y buscamos ganar más recursos en esos fondos; la institución bancaria tiene una banca de segundo piso y esa manda los recursos a su sede en Suiza. Pero cuando HSBC nos ofrece más interés, ordenamos que los recursos que estaban en Credit Suisse se trasladen a HSBC. En la UIF confundieron traslado de dinero con lavado...

El feudo de Sosa

En Hidalgo, tierra legendaria de caciques, Gerardo Sosa actúa sin contrapesos donde por antonomasia debiera respirarse libertad creativa, de pensamiento y asociación: la universidad estatal.

Presidente del patronato desde 2009, coronó su pretensión de mantenerse como autoridad universitaria –fue rector en el periodo 1991-1998– con las reformas a la Ley Orgánica de 2015.

Ese órgano se encarga del manejo y disposición de las finanzas universitarias, pero aquí nadie duda que él detenta además el control de todo cuanto ocurre en la institución.

De ese modo, la UAEH tiene dos autoridades del mismo nivel: Adolfo Pontigo y Gerardo Sosa.

Voceros de la UAEH así lo precisan cuando excusan al rector de una solicitud de entrevista sobre la investigación. Y aclaran: eso corresponde sólo al patronato.

El control de Gerardo Sosa sobre el Consejo Universitario y la Junta de Gobierno, máximas instancias en la institución, donde participan también los sindicatos académico y de trabajadores y empleados, así como las representaciones estudiantiles, llevan a muchos a asegurar: En la universidad no se mueve una escoba si Sosa Castelán no lo determina.

En 2015, el entonces gobernador José Francisco Olvera (2011-2016) y quien como Sosa también fue líder de la otrora poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Hidalgo, expidió las reformas a la Ley Orgánica universitaria donde se otorga rango de autoridad al patronato.

Para afianzar la supremacía de ese órgano en la institución, sus cinco integrantes son designados por tiempo indefinido, de manera honoraria y sin retribución alguna.

Para allegarse recursos más allá de los presupuestales, la UAEH tiene 21 empresas de diverso giro, todas ellas bajo control del patronato. Incluyen desde un periódico hasta un rancho productor de quesos kosher, gasolineras, centros comerciales, salones de fiesta, clubes deportivos y un hotel, entre otras.

Hoy, el feudo de Sosa Castelán en la universidad parece haber entrado en una pendiente irrefrenable, y precisamente desde el propio gobierno a cuyo partido estratégicamente se alió en el verano de 2018.

Ahora resta por conocerse el resultado de las pesquisas de las autoridades hacendarias.