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| Vivienda. |
Ciudad de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación al ver limitado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, y advirtió que la desatención al programa afectaría directamente a 500 mil mexicanos de escasos recursos.
En un comunicado, el organismo que preside Gustavo de Hoyos Walther señaló que en el presupuesto 2018 este programa recibió recursos por 6 mil 829 millones de pesos, destinados a subsidio para la compra de vivienda de las familias mexicanas de escasos recursos.
“Es importante aclarar que los subsidios son para los compradores con ingresos de hasta 2.7 salarios mínimos, no para las empresas. Limitar los recursos para ese programa afectaría directamente a 500 mil mexicanos de escasos recursos, que no podrán hacer valer su derecho constitucional de adquirir una vivienda digna”, aseguró.
Expuso que en el Proyecto de Presupuesto 2019, el Ejecutivo propone asignar mil 717 millones de pesos al Programa de Vivienda Social, “sin embargo no se especifican al detalle el destino de dichos subsidios”.
La Coparmex detalló que más del 90 por ciento de las empresas desarrolladoras de viviendas lo representan las pequeñas y microempresas, que subsisten mediante contratación de deuda, que pagan una vez que reciben los pagos por parte de los compradores, que en su mayoría proviene de créditos hipotecarios que son autorizados con apalancamiento del subsidio al trabajador.
“Por ello, dejar en el aire dichos recursos podría desatar una ola de despidos y pondrá en riesgo a alrededor de 2.4 millones de puestos de trabajo en la cadena de valor que abarca 30 ramas industriales y 79 clases de la actividad económica y que contribuye con hasta 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con estimaciones”, resaltó.
En ese sentido la Coparmex hizo un llamado a los coordinadores parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas del Congreso, para que se reconsidere la asignación suficiente de recursos a este programa y para la colocación de viviendas en proceso.
“En este momento se están construyendo miles de viviendas en todo el país, que fueron autorizadas al amparo de las reglas de operación 2018. Por ello, cancelar los subsidios, afectará el derecho constitucional de comprar una vivienda a los sectores de menores ingresos”, afirmó.
Advirtió que de no atender esta demanda urgente, “se afectará directamente a miles de familias mexicanas y con ello el quebranto patrimonial de las empresas que caerán en incumpliendo de pagos, que invirtieron en dichas viviendas y se verán afectados miles de profesionales que ofrecen bienes y servicios a esa cadena de valor. Lo más grave es que quedarán deshabitadas miles de viviendas construidas bajo criterios sustentables, ubicadas en los polígonos cercanos a las fuentes de trabajo”.
Milenio - GGA
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