Usan en desvío a 126 empresas
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Rolando Herrera
Cd. de México (22 febrero 2018).- Al menos 126 empresas habrían participado en una intrincada red para desviar 2 mil 130.9 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que dichos desvíos habrían ocurrido entre 2014 y 2016.
La mayoría de estas compañías resultaron ser empresas fantasmas dedicadas a giros distintos de los servicios contratados por las dependencias o que fueron incapaces de acreditar el trabajo que supuestamente realizaron.
La red de empresas implicadas fue detectada por la ASF al practicar seis auditorías -tres de ellas forenses, es decir, iniciadas por una denuncia de irregularidades- a convenios que la Sedesol y la Sedatu firmaron con cinco entidades estatales, las cuales, a su vez, hicieron subcontrataciones de servicios.
La empresa que obtuvo la mayor cantidad de recursos fue Comercializadora Devolviendo Confianza, con un total de 223.4 millones de pesos, indican los documentos oficiales difundidos por la Auditoría.
Dicha compañía no prestó ningún bien ni servicio, aunque figuró como la beneficiaria final de esa cantidad de recursos públicos en tres auditorías forenses.
De ellas, dos corresponden a convenios de la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en 2014 y 2015 y otra a un contrato de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en 2015.
De acuerdo con registros públicos, Comercializadora Devolviendo Confianza figuró en 2013 como proveedor de bufandas del Panal; sin embargo, el INE advirtió en 2014 -al presentar un dictamen de fiscalización- que la empresa tenía una situación fiscal irregular.
Otra inconsistencia detectada por la ASF fue que, a pesar de que se trataba de convenios distintos, cada uno con diferente contrato y firmado en fechas espaciadas, algunas de las compañías contratadas contaban con el mismo apoderado legal.
"Cuatro empresas que se han relacionado (...) en conjunto recibieron 363.5 millones de pesos, comparten el mismo domicilio. Además tienen como apoderado legal a la misma persona", indicó la ASF.
Los convenios suscritos por las dependencias fueron para la prestación de servicios de producción y difusión de mensajes institucionales y la promoción de programas de apoyo social.
Facturan millones pequeños locales
Algunas de las empresas subcontratadas por proveedores de la Sedesol y la Sedatu para desviar mil 311 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles tienen domicilios irregulares o inexistentes.
En un recorrido realizado por REFORMA, se constató que en los domicilios fiscales reportados no se encuentran estas compañías, o pertenecen a giros distintos a los señalados.
La Sedesol y la Sedatu encargaron servicios al sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, quien subcontrató a las empresas Comercial Merchadise New Rise, Bufete de Proyectos Información y Análisis y Spin Taller de Comunicación Política, señaladas por la ASF como empresas fachada para triangular recursos.
Al visitar sus oficinas, las tres rechazaron ofrecer servicios de radio y televisión.
En Bufete de Proyectos Información y Análisis, S. A de C. V, ubicado en en Paseo de la Reforma 199, en la Colonia Cuauthémoc, se dedican a realizar encuestas, según sus empleados.
Informaron que en ese domicilio reclutan a los trabajadores para levantar opiniones vía telefónica.
La oficina de la empresa Merchadise New Rise, S. A, ubicada en Río Mississipi 52, interior 106, es un pequeño cuarto donde nadie atendió.
En tanto, la empresa Spin Taller de Comunicación Política. S.C, instalada en Córdoba 95-301, en la Colonia Roma Norte, los empleados negaron realizan trabajos de radio y televisión, pero no informaron cual es su giro.
La razón social Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang, S. A. de C. V., con domicilio fiscal en Ciruelos 4 Bis, Colonia Cipreses, en la Delegación Coyoacán, tampoco fue localizada.
En esa dirección, en la angosta portezuela que da a la calle, se anuncia el nombre de otro negocio: "Central electrónica", dedicado a la reparación, venta e instalación de equipos electrónicos de seguridad, video y cómputo.
Uno de los socios de esta empresa afirmó que arrendan el local desde octubre del año pasado.
Señaló que personas continúan llegando al lugar a preguntar por la empresa "Ying Yang", a cuyos dueños y trabajadores, dijo, nunca conoció.
"Han venido a buscarlos todo el tiempo, pero nosotros ya estamos aquí desde octubre. Nosotros somos otra empresa diferente y somos otras personas. Las personas que buscan quién sabe dónde estén", explicó.
"Vienen un montón (de personas) y tenemos un montón de correspondencia de ellos, y les decimos a todos que ya se olviden de aquí, porque ahora sí que no somos nosotros, pero siguen llegando un montón de cosas y gente preguntando por ellos".
Frente al lugar hay una oficina de Correos. Trabajadores consultados dijeron no saber nada de la empresa "Ying Yang".
Otro de los proveedores subcontratados durante la gestión de Robles en Sedatu y Sedesol, TV de Mente, S. A. de C. V., que tiene como dirección Chilpancingo 148, Colonia Roma Sur, en la Delegación Cuauhtémoc, tampoco fue localizada en el edificio de oficinas de seis niveles.
Un vigilante aseguró que, en sus 15 años de servicio, ninguna empresa asentada allí ha tenido ese nombre.
Por su parte, la compañía Zea Grupo de Medios Publicitarios, S. A. de C. V., sí fue localizada en la dirección Yucatán 22, interior 302, en Hipódromo Condesa, pero la recepcionista afirmó que el dueño no se encontraba ayer, y rechazó revelar su nombre porque, dijo, es "raro" y no lo recordaba.
Con información de Arcelia Maya y Zedryk Raziel
Juez federal liberó al sobrino de Osiel
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José Alfredo Cárdenas, “El Contador”, abandonó abordo de una camioneta el Centro de Justicia del Altiplano, penal de máxima seguridad al que no ingresó.
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| José Alfredo Cárdenas Martínez es considerado el líder regional del cártel del Golfo y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén. |
RUBÉN MOSSO
México
Un juez federal ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y presunto líder del cártel del Golfo, identificado por los gobiernos de México y EU como uno de los responsables de la ola de violencia en el norte del país y de ser uno de los delincuentes más peligrosos.
El Contador abandonó el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque los elementos de la Secretaría de Marina que lo capturaron desconectaron las cámaras del domicilio del presunto delincuente para no dejar rastro de cómo ocurrió el operativo. Nunca fue ingresado a un penal federal.
Tras no existir un mandamiento judicial por cumplimentar en contra de Cárdenas Martínez, la Procuraduría General de la República no pudo retenerlo; hasta el momento, los estadunidenses no han solicitado la extradición, a pesar de los informes con que cuenta la DEA de sus presuntas operaciones delictivas.
Saúl Cota Murillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, calificó de ilegal la detención, porque durante la audiencia, la esposa de Cárdenas Martínez y su defensa presentaron cuatro videos grabados por el circuito cerrado de la casa que habita El Contador; con las imágenes se demostró que la Marina violó el debido proceso.
El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer los detalles de por qué el juez de control declaró ilegal la detención.
El personal naval narró a la autoridad que El Contador fue detenido el pasado 19 de febrero a las 1:40 horas, cuando circulaba en una camioneta Tahoe a exceso de velocidad por calles de Matamoros, lo que propició que le marcaran el alto, percatándose los marinos, “que en el asiento del copiloto tenía dos armas de fuego y que al proceder a la revisión del vehículo encontraron más armas y droga”.
Sin embargo, la defensa de José Alfredo “proyectó diversos videos tomados de las cámaras de vigilancia de la casa del imputado, en los cuales se observa a elementos de la Marina arribar al domicilio, desconectar las cámaras de seguridad, ingresar al inmueble y extraer al imputado”.
En los videos también se registra el momento en que elementos de la Marina se llevan una camioneta Tahoe que se encontraba estacionada dentro del inmueble, además de que se observa que el imputado porta la misma ropa desde el día de su detención.
En 2004, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Cárdenas Martínez, pero funcionarios federales no explicaron por qué delitos, ni mucho menos si han prescrito.
En enero del presente año, El Contador promovió un juicio de garantías ante el juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México para evitar su detención con fines de extradición.
Ayer, por la tarde noche se le vio abordar un vehículo de la marca Chevrolet, tras su salida del Centro de Justicia, con rumbo desconocido.
El pasado lunes, a través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el operativo contra El Contador se realizó después de recibir una denuncia ciudadana, por lo que se tuvo conocimiento de la ubicación de un domicilio, donde se encontraba un grupo de personas armadas, quienes presuntamente eran integrantes de la delincuencia organizada con influencia en dicho estado.
Empresarios piden seriedad a partidos; critican postulación de Napito
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Las candidaturas a puestos de elección popular deben ser para personas íntegras y con experiencia que contribuyan al crecimiento del país: CCE
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| SON POLÉMICOS. El pasado 19 de febrero Excélsior dio a conocer las listas de personajes que el partido Morena propone como candidatos a diputados y senadores. Hay miembros del PRI, PAN y del PRD. |
ERIKA DE LA LUZ
CIUDAD DE MÉXICO.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los partidos, en especial a Morena, mejorar los perfiles de los candidatos a los cargos públicos que se elegirán en julio
Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, calificó de inaceptable postular a algunos personajes para que “por conveniencias e intereses oscuros” se obtenga un mayor número de votos, pues lo que requiere el país es promover la legalidad.
“Nos preocupan perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado; me parece gravísimo que un partido político los absorba”, reprochó en conferencia de prensa.
Castañón lamentó que se ofrezca fuero a quienes han incurrido en actos de corrupción u otros delitos como robar a los trabajadores o malgastar los recursos de los mexicanos.
“Las propuestas necesarias para México durante este proceso electoral merecen un debate serio y libre”, sostuvo.
Agregó que no se puede avanzar con candidatos que representan lo más lamentable de nuestro pasado, por lo que, tanto partidos como aspirantes, deben integrar sus candidaturas y equipos de trabajo con personas íntegras, dignas y con experiencia.
La IP exhorta a mejorar perfiles de los candidatos
Es inaceptable que se postule a quienes han violado la ley, afirma Juan Pablo Castañón
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recomendó a los partidos políticos, en especial a Morena, corregir la lista de sus candidatos a legisladores e incluir a personajes que enorgullezcan a México y no impongan a personas como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado para que cuentan con fuero y denigren a las instituciones del país.
Al exigir que se mejoren los perfiles para los candidatos a los más de tres mil cargos públicos que se elegirán en las próximas elecciones de 2018, Juan Pablo Castañón, presidente de ese organismo, señaló que es importante el diálogo con los partidos para combatir la impunidad, la corrupción y el cumplimiento de la ley.
El dirigente empresarial calificó como inaceptable postular a personajes que “por conveniencias e intereses oscuros” obtengan un mayor número de votos, justo cuando el país requiere de promover la legalidad y ataque a la corrupción.
“Debemos exigir que en este proceso electoral se privilegie el bien nacional no se trata sólo de ganar la elección sino de construir un México que afronte nuestros retos”, señaló.
“Nos preocupan perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado… me parece gravísimo que un partido político los absorba”, reprochó el líder empresarial en conferencia de prensa.
El CCE señaló que se debe rechazar que se ofrezca fuero a quienes han robado a los trabajadores o han malversado los recursos de los mexicanos.
La democracia no es para otorgar fueros; debemos impedir que individuos que han quebrantado la ley pretendan ser representantes de nosotros los mexicanos en el Poder Legislativo, exigió.
“Las propuestas necesarias para México durante este proceso electoral merecen un debate serio y libre de expresiones peyorativas”, añadió.
Destacó que México no puede avanzar con candidatos que representan lo más lamentable de nuestro pasado “necesitamos que los candidatos y sus equipos sean los mejores perfiles para superar los problemas de los mexicanos. Exhortamos a los partidos y a los aspirantes a la presidencia o cualquier otro cargo a respetar nuestras instituciones, a integrar sus equipos de trabajo con personas íntegras, dignas, con experiencia”.
LAMENTA EL CCE POSTULACIONES
El dirigente empresarial añadió que es también inaceptable que cuando más tenemos que promover la legalidad y la certidumbre jurídica, se postule a quienes han cometido actos de corrupción, a quienes han violado la ley; o a quienes han promovido directamente el conflicto y el boicot contra México, como Napoleón Gómez Urrutia, que utilizó sin transparencia los recursos de su gremio, de sus trabajadores, a quienes representaba, y combatió en foros internacionales la paz laboral y las instituciones mexicanas que con tanto esfuerzo construimos empresarios y trabajadores en nuestra nación.
Respecto de los candidatos, el CCE señaló que es necesario conocer a todos para saber qué es lo que hicieron o qué dejaron de hacer por lo que en los próximos días se reunirán con ellos.
“Tenemos programada una reunión el 6 de marzo en la Expo ANTAD; ya se invitó a los tres candidatos; esperamos que los tres acepten, dos de ellos ya tienen hora y fecha aceptada”, adelantó.
DOS NO PODRÁN SER SENADORES
Los dos postulados para ser senadores por la vía plurinominal, la exministra Olga Sánchez Cordero y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia no podrían llegar al Senado.
Sin embargo, en el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sí podría llegar a ser senador por esta misma vía.
En un análisis hecho por Roberto Duque Roquero, abogado constitucionalista, manifestó que Gómez Urrutia no es elegible por tener la nacionalidad mexicana y canadiense.
En el caso de la exministra, el artículo 55 constitucional señala que no se puede ser senador al menos de que esté separado de su cargo tres años antes de la elección, dijo el experto.
De gira por Mérida, Andrés Manuel López Obrador defendió a Gómez Urrutia:
“Es un perseguido, o sea, fue expulsado del país, se tuvo que asilar en Canadá; nada más es cuestión de pensar un poco”.
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La PGR sí investiga a Anaya; no estoy acusado, responde
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| La PGR confirmó ayer que tiene abierta una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero en la que estaría involucrado Ricardo Anaya. Foto Jesús Villaseca |
Néstor Jiménez
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación por probable lavado de dinero desde octubre de 2017, en la que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es uno de los involucrados.
El caso corresponde al entramado de empresas fachada en el que se involucra también al empresario queretano Manuel Barreiro, por lo que la dependencia solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que emita una alerta migratoria para evitar que se fugue del país y poder detectar cualquier entrada o salida de esa persona a territorio nacional
La indagatoria incluye a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya Cortés, así como a Daniel N y Alberto N, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de criterio de oportunidad, la cual les permite reconocer su participación en un ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados.
El caso, relacionado con la creación de empresas fachada
El martes pasado, el abogado de los dos últimos, Jacobo Adrián Xamán McGregor, denunció que sus clientes, de quienes se reservó su identidad, han sido objeto de amenazas a raíz de que fueron llamados a declarar como parte de este caso.
Xamán explicó que la denuncia por acoso e intimidación la hicieron de forma pública o mediática, ya que no cuentan con pruebas de quién está detrás de ello, pero insistió en que está vinculado con el proceso que investiga la procuraduría y precisó que las declaraciones de sus clientes relatan los hechos que son parte de una investigación que ya se encuentra en curso y al día de hoy siguen en la PGR.
En entrevista con La Jornada, señaló que la investigación comenzó cuando los mecanismos de control del sistema financiero nacional reportaron operaciones anómalas, de las cuales el tema principal es el entramado de empresas fachada, ya que, luego de que una compañía propiedad de Anaya compró un terreno a Barreiro en 10 millones de pesos, éste presuntamente trianguló los recursos para finalmente recomprarle el lote a Anaya, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos.
La materia de la investigación en la PGR es, precisamente, si esta operación representa lavado de dinero, operación en la que están directamente relacionados el señor Barreiro, mis clientes y el señor Anaya como beneficiario al ser el socio de Juniserra, indicó.
Aunque la indagatoria comenzó el año pasado, reiteró que sus clientes decidieron hacer público el caso ahora porque fueron citados a declarar como parte de dicho proceso hace sólo dos semanas. Nosotros tampoco teníamos conocimiento de la existencia de esta investigación, aclaró.
Por separado, la PGR confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero que se inició el 26 de octubre de 2017, tras recibir una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración, indicó en un comunicado.
Detalló que dos de las personas citadas solicitaron que se aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Fuentes federales confirmaron que se trata del mismo caso relacionado con el candidato panista y Barreiro. También ratificaron que la figura que buscan Daniel N y Alberto N es el mecanismo de criterio de oportunidad. La procuraduría se encuentra en análisis para determinar si cumplen los criterios para ser acreedores a dicha figura legal.
Exige evitar confundir a la opinión publica
Se trata de la guerra sucia del PRI-gobierno
Claudia Herrera Beltrán
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, señaló ayer, acerca del comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), que como no ha sido objeto de diligencia alguna, tampoco está acusado de delito alguno, y exigió que se evite confundir a la opinión pública.
Previamente, manifestó que está dispuesto a declarar acerca de la denuncia presentada en su contra por presuntamente orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compraventa de una nave industrial.
La PGR emitió anoche un comunicado en el cual afirma que investiga hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero, sin mencionar el nombre del panista.
En un posicionamiento de tres puntos, que se dio a conocer de última hora, Anaya afirmó que los priístas, además de corruptos, son unos cobardes que avientan la piedra y esconden la mano, como quedó demostrado en la rueda de prensa que el día de hoy llevaron a cabo los voceros del candidato José Antonio Meade.
Como segundo punto, indicó que el PRI-gobierno pretende crear una cortina de humo para distraer la atención de los millonarios desvíos de recursos señalados por la Auditoría Superior de la Federación, que ocurrieron bajo la titularidad de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre muchas otras dependencias.
Desvíos que confirman lo que ha sido la tónica de este sexenio: una corrupción desmedida por parte de la actual clase gobernante. José Antonio Meade es cómplice de estos desvíos ya que fungió como tapadera, refirió.
Puedo declarar cuando quieran
Reiteró que los ataques en su contra son guerra sucia orquestada por el PRI para levantar la campaña en ruinas de su candidato, el cual se encuentra en un lejano tercer lugar en todas las encuestas.
Ante las preguntas acerca de si tenía disposición de presentarse a declarar a la PGR, el panista respondió horas antes: Puedo acudir ante la autoridad que quieran y cuando quieran.
Después de reunirse con empresarios en el Club de Industriales dijo que sería positivo que lo citaran a declarar, porque la gente se daría cuenta de que no hay absolutamente nada. Por eso no creo que ni se atrevan.
Al preguntarle por qué no ha denunciado a quienes lo acusan, respondió: El problema es ante quién quieren que los demande. ¿Ante la PGR, que está completamente controlada por el PRI?
El martes pasado, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor señaló que han recibido amenazas dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para triangular una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales con la finalidad de simular la compraventa de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista.
Eluden la creación del fondo de restauración ambiental
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Orden legal. Se quedó en el papel por 5 años, era un procedimiento de avanzada para revertir daños ecológicos
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BLANCA ESTELA BOTELLO Y ARTURO RAMOS
Los millonarios daños ecológicos que sufre México no pueden ser reparados de inmediato, ni los jueces pueden ordenar estudios para dictaminar un delito ambiental, toda vez que el Fondo de Responsabilidad que debería financiar estas acciones sencillamente no existe.
La creación, hace 5 años, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenó a la Semarnat crear ese Fondo, pero esto nunca sucedió.
El esquema legal es de avanzada, justamente por incluir el concepto de reparación del daño con los montos de las multas ambientales, pero esto quedó sólo en la Ley, no en la realidad. Esta semana, dos millones de pesos, generados en este esquema, ingresarán a las arcas del gobierno federal, pero quedarán en una suerte de limbo, y pasará lo mismo con otros recursos recaudados.
–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?–, se le pregunta al subprocurador jurídico Gabriel Calvillo Díaz, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.
En la práctica y ante esta situación, daños ambientales como el originado a los ríos Sonora y Bacanuchi por el consorcio México, empresa minera que derramó 40 mil metros cúbicos de partículas a sus cauces en agosto de 2014, no han podido ser atendidos de inmediato y se ha recurrido a conciliaciones, como la creación de fideicomisos. Con estos arreglos alternos a lo que la Ley establece, no hay posibilidades de seguimiento público puntual a lo realizado para revertir daños. Si el caso de los ríos sonorenses se hubiera atendido con recursos llegados al Fondo de Responsabilidad Ambiental, la atención habría podido ser inmediata y la información de gastos y acciones sería pública, al alcance de cualquier ciudadano en tanto se considera que la víctima del delito ambiental es la sociedad en su conjunto.
Cabe destacar que, además de casos de urgencia ecológica, el Fondo debía financiar estudios e investigaciones que un juez requiera para determinar delitos ambientales.
Se trataba de un esquema completo que el especialista Israel Alvarado Martínez, hoy investigador del Inacipe, calificó en su momento (2013) como un nuevo paradigma de responsabilidad penal ambiental.
A cinco años de aquello, Alvarado Martínez señala que no hay mucho que enmendar en la Ley y que tampoco hay aspectos técnicos que hayan conducido a esta parálisis. Indica que se trata de falta de voluntad política para actuar: “Todo se quedó en la ley, en las buenas intenciones y en la práctica no ha estado funcionando; ésa es la realidad”, dice en entrevista que publicará Crónica en una segunda entrega sobre este tema.
sin FONDO. Este diario revisó el tema durante varias semanas y después de varias consultas fue canalizado con Gabriel Calvillo Díaz, subprocurador jurídico de la Profepa, instancia que puede sancionar a quien altere nocivamente el entorno natural, así como proponer resarcimiento del daño. Calvillo Díaz comenta a Crónica, en entrevista, que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat, la cual debe establecer las bases y reglas de operación con apoyo de la Profepa, instituciones académicas y organizaciones sociales. Han pasado casi cinco años años y aún no se establece el Fondo, que por ley debe instituir la Semarnat (instancia a la que se le solicitó dar su versión de este tema durante las últimas semanas).
El subprocurador jurídico de la Profepa ratificó que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), el establecimiento y la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat.
“En ese proceso, entiendo, está la Secretaría; los recursos (económicos) ya están llegando. Las reglas son para el funcionamiento del Fondo, ¿qué pasa con el dinero que ahorita está llegando? En el caso de nosotros (Profepa) se turna a la Oficialía Mayor de la Secretaría, específicamente puedo citar ahorita uno de dos millones de pesos que está a punto de irse y es el primer caso”, señaló en alusión a una multa impuesta a inmobiliarias en Querétaro.“Ojo, no es multa de Profepa, es un tema que mandó el Poder Judicial, es la resolución de un juez, y son los primeros dos millones de pesos que deberían de entrar al Fondo”, refirió Calvillo Díaz, quien fue redactor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en junio del 2013.
El caso aludido por el subprocurador jurídico se dio en Corregidora, Querétaro, donde la empresa Residencial Balvanera llevó a cabo actividades sin realizar un programa de rescate y reubicación de vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias.
El Subprocurador Calvillo Díaz enfatizó que el Fondo se alimenta no de multas administrativas, que son las que impone directamente la Profepa, sino de la sanción que establece directamente el Poder Judicial.
Calvillo Díaz, quien también fue Fiscal Especial para Delitos Contra el Ambiente de la PGR, explicó que unas son las multas administrativas que impone cotidianamente la Profepa, cuyo cobro lo hace la Secretaría de Hacienda y se va a una bolsa común, y otras son las multas que impone el Poder Judicial, que debe recibir el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
“Puede ser que un ciudadano presente una demanda directa al juez; puede ser que una organización no gubernamental presente esa demanda al juez, o puede ser que la Profepa también presente la demanda”, indicó.
La Profepa, abundó, puede presentar la demanda judicial cuando ya agotó el procedimiento administrativo (ordenó reparar daño, clausuró y multó) y el responsable del daño hace caso omiso.
Refirió que con los recursos del Fondo administrado por la Semarnat es posible resarcir el daño ambiental cuando no hay un responsable definido o cuando el responsable no tiene recursos para repararlo de inmediato.
“Hay muchos casos en el país en donde hay daños ambientales pero no sabemos quién fue, simplemente porque no hay manera de saberlo, o son daños que tienen muchísimo tiempo. Hay casos en los que a lo mejor sí va a responsabilizarse quien hizo el daño, pero es tan urgente que el Gobierno intervenga al momento y no esperarnos cinco años después del litigio”, indicó.
El abogado litigante en Derecho Ambiental, Penal y Responsabilidades Corporativas añadió que, como parte del procedimiento, el juez mandata la resolución a la Semarnat, la que deberá emitir las bases para operar el Fondo, “y creo que ya van bastante avanzados en ese tema”, añadió.
–Entonces ¿en realidad no está todavía establecido el fondo?
–Pues que a nosotros nos hayan convocado para decir ya está listo y estamos operando, hasta donde yo sé, todavía no. Nuestra función es hacer que se generen los recursos.
–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?
–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.
El pasado 7 de febrero se cumplieron cuatro años y siete meses de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que se establece la creación del Fondo, que debió empezar a funcionar plenamente en enero de 2014.
El 6 de marzo de 2017, la Profepa informó que un juez federal dictó la primera sentencia judicial, conforme a la LEFRA, en la que se condenó a dos cazadores furtivos al pago de una multa por 452 mil 940 pesos por la caza de dos ejemplares de borrego cimarrón en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.
La multa, de acuerdo con la Profepa, debió ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
La reparación de un daño ecológico puede ser, por ejemplo, reforestación o restauración del hábitat de vida silvestre, todo dependerá de la afectación.
“Antes de la Ley de Responsabilidad Ambiental la Profepa no ordenaba reparación del daño, sólo ordenaba algunas medidas correctivas. A partir del 2013 y toda la implementación del 2016, la Profepa ya ordena reparación del daño o bien compensación en aquellos casos que excepcionalmente obtengan una autorización”, finalizó.
Multas que no van al Fondo. El torno a las otras multas, las que no van al Fondo, la Profepa puede imponerlas hasta por tres millones 500 mil pesos, dinero que se va direcamente a la Secretaría de Hacienda.
En cuanto estas multas, en 2017 se impusieron tres mil 597 sanciones económicas, que equivalen a 449 millones 160 mil 293 pesos
Del año 2000 a octubre de 2017, el monto total es 5 mil 584 millones 150 mil 371 pesos en multas.
“La multa es el vehículo del mensaje que tenemos que mandar, y ese mensaje (cumplir con la ley) lo tenemos que mandar de manera uniforme la Profepa, la PGR y los jueces federales”, expresó el Subprocurador.
La creación, hace 5 años, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenó a la Semarnat crear ese Fondo, pero esto nunca sucedió.
El esquema legal es de avanzada, justamente por incluir el concepto de reparación del daño con los montos de las multas ambientales, pero esto quedó sólo en la Ley, no en la realidad. Esta semana, dos millones de pesos, generados en este esquema, ingresarán a las arcas del gobierno federal, pero quedarán en una suerte de limbo, y pasará lo mismo con otros recursos recaudados.
–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?–, se le pregunta al subprocurador jurídico Gabriel Calvillo Díaz, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.
En la práctica y ante esta situación, daños ambientales como el originado a los ríos Sonora y Bacanuchi por el consorcio México, empresa minera que derramó 40 mil metros cúbicos de partículas a sus cauces en agosto de 2014, no han podido ser atendidos de inmediato y se ha recurrido a conciliaciones, como la creación de fideicomisos. Con estos arreglos alternos a lo que la Ley establece, no hay posibilidades de seguimiento público puntual a lo realizado para revertir daños. Si el caso de los ríos sonorenses se hubiera atendido con recursos llegados al Fondo de Responsabilidad Ambiental, la atención habría podido ser inmediata y la información de gastos y acciones sería pública, al alcance de cualquier ciudadano en tanto se considera que la víctima del delito ambiental es la sociedad en su conjunto.
Cabe destacar que, además de casos de urgencia ecológica, el Fondo debía financiar estudios e investigaciones que un juez requiera para determinar delitos ambientales.
Se trataba de un esquema completo que el especialista Israel Alvarado Martínez, hoy investigador del Inacipe, calificó en su momento (2013) como un nuevo paradigma de responsabilidad penal ambiental.
A cinco años de aquello, Alvarado Martínez señala que no hay mucho que enmendar en la Ley y que tampoco hay aspectos técnicos que hayan conducido a esta parálisis. Indica que se trata de falta de voluntad política para actuar: “Todo se quedó en la ley, en las buenas intenciones y en la práctica no ha estado funcionando; ésa es la realidad”, dice en entrevista que publicará Crónica en una segunda entrega sobre este tema.
sin FONDO. Este diario revisó el tema durante varias semanas y después de varias consultas fue canalizado con Gabriel Calvillo Díaz, subprocurador jurídico de la Profepa, instancia que puede sancionar a quien altere nocivamente el entorno natural, así como proponer resarcimiento del daño. Calvillo Díaz comenta a Crónica, en entrevista, que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat, la cual debe establecer las bases y reglas de operación con apoyo de la Profepa, instituciones académicas y organizaciones sociales. Han pasado casi cinco años años y aún no se establece el Fondo, que por ley debe instituir la Semarnat (instancia a la que se le solicitó dar su versión de este tema durante las últimas semanas).
El subprocurador jurídico de la Profepa ratificó que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), el establecimiento y la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat.
“En ese proceso, entiendo, está la Secretaría; los recursos (económicos) ya están llegando. Las reglas son para el funcionamiento del Fondo, ¿qué pasa con el dinero que ahorita está llegando? En el caso de nosotros (Profepa) se turna a la Oficialía Mayor de la Secretaría, específicamente puedo citar ahorita uno de dos millones de pesos que está a punto de irse y es el primer caso”, señaló en alusión a una multa impuesta a inmobiliarias en Querétaro.“Ojo, no es multa de Profepa, es un tema que mandó el Poder Judicial, es la resolución de un juez, y son los primeros dos millones de pesos que deberían de entrar al Fondo”, refirió Calvillo Díaz, quien fue redactor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en junio del 2013.
El caso aludido por el subprocurador jurídico se dio en Corregidora, Querétaro, donde la empresa Residencial Balvanera llevó a cabo actividades sin realizar un programa de rescate y reubicación de vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias.
El Subprocurador Calvillo Díaz enfatizó que el Fondo se alimenta no de multas administrativas, que son las que impone directamente la Profepa, sino de la sanción que establece directamente el Poder Judicial.
Calvillo Díaz, quien también fue Fiscal Especial para Delitos Contra el Ambiente de la PGR, explicó que unas son las multas administrativas que impone cotidianamente la Profepa, cuyo cobro lo hace la Secretaría de Hacienda y se va a una bolsa común, y otras son las multas que impone el Poder Judicial, que debe recibir el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
“Puede ser que un ciudadano presente una demanda directa al juez; puede ser que una organización no gubernamental presente esa demanda al juez, o puede ser que la Profepa también presente la demanda”, indicó.
La Profepa, abundó, puede presentar la demanda judicial cuando ya agotó el procedimiento administrativo (ordenó reparar daño, clausuró y multó) y el responsable del daño hace caso omiso.
Refirió que con los recursos del Fondo administrado por la Semarnat es posible resarcir el daño ambiental cuando no hay un responsable definido o cuando el responsable no tiene recursos para repararlo de inmediato.
“Hay muchos casos en el país en donde hay daños ambientales pero no sabemos quién fue, simplemente porque no hay manera de saberlo, o son daños que tienen muchísimo tiempo. Hay casos en los que a lo mejor sí va a responsabilizarse quien hizo el daño, pero es tan urgente que el Gobierno intervenga al momento y no esperarnos cinco años después del litigio”, indicó.
El abogado litigante en Derecho Ambiental, Penal y Responsabilidades Corporativas añadió que, como parte del procedimiento, el juez mandata la resolución a la Semarnat, la que deberá emitir las bases para operar el Fondo, “y creo que ya van bastante avanzados en ese tema”, añadió.
–Entonces ¿en realidad no está todavía establecido el fondo?
–Pues que a nosotros nos hayan convocado para decir ya está listo y estamos operando, hasta donde yo sé, todavía no. Nuestra función es hacer que se generen los recursos.
–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?
–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.
El pasado 7 de febrero se cumplieron cuatro años y siete meses de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que se establece la creación del Fondo, que debió empezar a funcionar plenamente en enero de 2014.
El 6 de marzo de 2017, la Profepa informó que un juez federal dictó la primera sentencia judicial, conforme a la LEFRA, en la que se condenó a dos cazadores furtivos al pago de una multa por 452 mil 940 pesos por la caza de dos ejemplares de borrego cimarrón en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.
La multa, de acuerdo con la Profepa, debió ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
La reparación de un daño ecológico puede ser, por ejemplo, reforestación o restauración del hábitat de vida silvestre, todo dependerá de la afectación.
“Antes de la Ley de Responsabilidad Ambiental la Profepa no ordenaba reparación del daño, sólo ordenaba algunas medidas correctivas. A partir del 2013 y toda la implementación del 2016, la Profepa ya ordena reparación del daño o bien compensación en aquellos casos que excepcionalmente obtengan una autorización”, finalizó.
Multas que no van al Fondo. El torno a las otras multas, las que no van al Fondo, la Profepa puede imponerlas hasta por tres millones 500 mil pesos, dinero que se va direcamente a la Secretaría de Hacienda.
En cuanto estas multas, en 2017 se impusieron tres mil 597 sanciones económicas, que equivalen a 449 millones 160 mil 293 pesos
Del año 2000 a octubre de 2017, el monto total es 5 mil 584 millones 150 mil 371 pesos en multas.
“La multa es el vehículo del mensaje que tenemos que mandar, y ese mensaje (cumplir con la ley) lo tenemos que mandar de manera uniforme la Profepa, la PGR y los jueces federales”, expresó el Subprocurador.
De secuestradora a senadora... y aún tiene dos procesos abiertos
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| Foto: Especial |
Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República, tiene vigentes cuando menos dos expedientes en su contra en los que se le acusa del delito de secuestro agravado.
En un primer caso, se le señaló por plagiar a dos mujeres y un hombre, y en otro a un hombre, a los que mantuvo privados de su libertad cuando encabezó a la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, en Guerrero.
De acuerdo con reportes obtenidos por La Razón, se trata de dos carpetas de investigación que, en primera instancia, fueron resueltas a su favor, pero que en este momento se encuentran en apelación por parte de la Fiscalía General de Guerrero.
El Dato: Nestora fue detenida en agosto de 2013, recluida en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, y luego en el de Tepepan, CDMX.
Los expedientes contra Nestora están registrados como XI-712/2016 y XI-713/2016, los cuales están radicados en la Primera Sala Penal de Chilpancingo, revelan reportes de las autoridades.
El primero de los expedientes surgió a partir de la causa penal 05/2014, en el que Dulce Rubí, Yesenia y Pedro Gil denunciaron que la mujer encabezó a un grupo de policías que los detuvieron y encerraron.
Sin un juicio previo, la comandanta los acusó de cometer delitos en su comunidad y los obligó a realizar trabajos forzados mientras reunían dinero suficiente para pagar la multa que la misma Nestora determinó imponer.
El segundo de los expedientes que aún no se ha cerrado en contra de la candidata al Senado se abrió también ese año, y está bajo la causa penal 48/2014. En principio fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos.
El señor Eugenio “N” denunció que Nestora Salgado y sus policías comunitarios lo detuvieron y encerraron mientras que su familia reunía el dinero que le habían exigido como multa por un supuesto delito que había cometido.
La cárcel en donde la aspirante a senadora mantenía encerradas a estas personas se encontraba en condiciones de total insalubridad. Cartones enmohecidos en el piso era lo que tenían los detenidos para dormir. Un envase de plástico de refresco recortado a la mitad era lo que usaban como escusado.
Ahí mismo, donde hacían sus necesidades los detenidos, se alimentaban. Lo único que les daba la gente de Nestora Salgado durante el día eran tres cucharadas de frijoles y dos tortillas.
La Razón dio a conocer ayer que en su historial, la ahora candidata de Morena fue acusada de delitos como secuestro, extorsión y robo. Por este motivo, la mujer estuvo presa luego de que al menos 39 personas la señalaron de encabezar a los de policías comunitarios que los agredieron.
En los archivos de la Fiscalía de Guerrero existen cuando menos 14 carpetas de investigación o averiguaciones previas que se iniciaron en su contra, las cuales la llevaron a ser encerrada en prisión.
Todas las víctimas coincidieron en que Salgado, ordenaba encarcelarlos pues, a su consideración y sin juicio de por medio, habían cometido algún tipo de delito.
Preocupa a la IP postulaciones en Morena
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló su preocupación porque se incluyan perfiles de dudosa reputación, como Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado en las listas de los partidos políticos para conformar el Congreso.
Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, afirmó que no se debe otorgar fuero a este tipo de perfiles sólo para obtener ganancias políticas.
“Basta de otorgar fuero al mejor postor. Necesitamos mejores candidatos. Nos preocupan perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado, que tiene órdenes de aprehensión por arresto y secuestro de personas en sus pueblos. Me parece gravísimo que un partido político los absorba. Necesitamos que los partidos revisen sus listas. No más fuero para obtener ganancias electorales. Pareciera como si el fuero estuviera en subasta y no lo podemos permitir”.
Consideró inaceptable que cuando más se debe promover la legalidad y la certidumbre jurídica, se postule a quienes han cometido actos de corrupción o han violado la ley.
Redacción La Razón
TPP 11 se firmará en Chile el 8 de marzo
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acuerdo se conservó casi intacto
En México se difundió el texto del acuerdo con 22 disciplinas que fueron suspendidas con la expectativa de que Estados Unidos se sume nuevamente en algún momento.
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La Secretaría de Economía difundió el texto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés, o TPP 11), el cual se ha programado firmar el próximo 8 de marzo en Santiago de Chile, Chile.
Se espera que antes de esa fecha los gobiernos de los 11 miembros difundan en cada uno de sus países la versión final del TPP, un tratado de libre comercio que fue reajustado tras la salida de Estados Unidos del mismo.
El renovado TPP entrará en vigor 60 días después de la fecha en la que al menos seis signatarios del tratado hayan cumplido con sus trámites legales en sus respectivos países, al tiempo que deja abierta la puerta para el ingreso de nuevos socios. La intención de los integrantes es poner en operación el pacto comercial en el 2019.
Los miembros de ese bloque comercial, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, alcanzaron el acuerdo en principio el 23 de enero en Tokio. El texto final del TPP 11 se puede consultar en la siguiente página: https://www.gob.mx/tpp.
La apertura arancelaria se mantuvo igual a la del TPP original, lo que eventualmente resultaría en la eliminación de aranceles en más de 99% de las líneas arancelarias en cada país integrante del CPTPP (95% para Japón), así como en un mayor número de reducciones arancelarias.
El TPP 11 incluye todos los elementos que fueron negociados como parte del TPP original, excepto 22 disciplinas cuya aplicación fue suspendida por consenso de sus 11 miembros y que, en su mayoría, corresponden al área de propiedad intelectual. Como su aplicación es de interés de Estados Unidos, lo hicieron así para incentivar su reincorporación.
Entre esas suspensiones, las naciones convinieron dejar sin efecto el que cualquier empresa cuyos intereses legalmente protegidos sean afectados adversamente por una determinación o decisión del organismo regulador de telecomunicaciones de la parte podrá apelar o solicitar al organismo u otro organismo competente que reconsidere esa determinación o decisión.
Otros de los puntos congelados se relacionan con la propiedad intelectual, incluida la aplicación de sanciones penales contra la piratería y el robo de señal satelital, así como con los plazos de protección de datos de medicamentos biotecnológicos.
Una de las suspensiones establece que cada parte dispondrá que, en los casos en los cuales el plazo de protección de una obra, de una interpretación o ejecución o de un fonograma, se calcule sobre la base de la vida de una persona natural, el plazo no será inferior a la vida del autor y 70 años después de la muerte del éste.
En noviembre del 2017, en el marco de la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Da Nang, Vietnam, los ministros dejaron cuatro temas pendientes, los cuales fueron resueltos en las negociaciones en Tokio el 23 de enero.
Se trata de un problema relacionado con las empresas estatales vinculado a Malasia; un compromiso sobre el carbón que afecta a Brunei; una disposición de solución de controversias que implica sanciones comerciales y tiene que ver con Vietnam, y un problema de excepción cultural ligado con Canadá.
A Canadá le dio la posibilidad de delimitar los contenidos —sobre todo en plataformas digitales— que pudieran, de acuerdo con ellos, poner en riesgo la cuestión cultural, sobre todo en Quebec.
Por su parte, Vietnam había adquirido compromisos fuertes en materia de reformas a sus leyes laborales y lo que pidió y consiguió fue un tiempo de transición, para que una vez que entre en vigor el TPP 11, no se le lleve a un panel de resolución de controversias, si estuviese en proceso de desarrollar esos cambios legales.
Para incentivar a Estados Unidos a que se reincorpore al CPTPP, los 11 países miembros acordaron suspender 22 disciplinas que fueron negociadas en el tratado original. Algunas de ellas son:
- Dejar sin efecto el que cualquier empresa cuyos intereses legalmente protegidos sean afectados adversamente por una determinación del organismo regulador de telecomunicaciones podrá apelar que reconsidere esa determinación o decisión.
- La aplicación de sanciones penales contra la piratería y el robo de señal satelital, así como con los plazos de protección de datos de medicamentos biotecnológicos.
- En los casos en los cuales el plazo de protección de una obra, de una interpretación o ejecución o de un fonograma, se calcule sobre la base de la vida de una persona natural, el plazo no será inferior a la vida del autor y 70 años después de la muerte de éste.
Revelan boquete en pago a profesores
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Francisco Nieto
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Cuenta Pública 2016 irregularidades en el gasto de la nómina de los maestros del país por la cantidad de 4 mil 751 millones 415 mil 600 pesos, 2 mil millones más al registrado en 2015.
Además, la ASF señaló dos problemáticas que siguen latentes en el magisterio mexicano: en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hay 2 mil 376 personas “comisionadas”, es decir, que no están dando clases y aun así se les paga.
También existen, tanto en el SNTE como en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 10 mil 871 plazas, en nueve estados del país, donde hay personal cuyas funciones no están definidas o no son claras.
De acuerdo con la auditoria especial al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), elaborada en la última de tres entre- gas de la Cuenta Pública 2016, los 32 estados del país tuvieron irregularidades al gastarse los 322 mil millones 955 mil pesos, depositados en el FONE.
Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa y Nayarit son las 10 entidades con los mayores montos por aclarar.
“En la revisión del personal adscrito en Centros de Trabajo AGS y la relación de personal comisionado al SNTE, se observó que las entidades federativas con mayor número de trabaja- dores durante el ejercicio 2016 fueron Aguascalientes con 899, Chihuahua con 263 y Coahuila de Zaragoza con 182, respectivamente”, detalla el informe.
Por otro lado, los estados que representaron un incremento de “comisionados” fueron Sonora con 71, Veracruz con 52 y Colima con 46, en relación con la Cuenta Pública 2015.
De manera complementaria, hay nueve entidades federativas con trabajadores cuyas funciones no se tienen definidas y en la opinión de la ASF estos Centros de Trabajo restan transparencia en el manejo de los recursos federales.
Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Tabasco concentran el mayor número de personal por reubicar o que no son claras las funciones que desempeñan en las labores educativas del país.
CRECE PLANTILLA DOCENTE
En este informe de la Cuenta Pública 2016 se identificaron un millón 157 mil 199 trabajadores de la educación, lo que significa un incremento de 19 por ciento, en relación con los 972 mil 397 identificados durante 2015.
En 27 de las 31 entidades federativas del país hubo un incremento de personal, de los cuales Guerrero, Veracruz y Nayarit concentraron la mayor cantidad; los estados que disminuyeron su plantilla de trabajadores son Chihuahua, Campeche, Quintana Roo y Estado de México.
Además, los estados que re- presentaron los más altos índices de personal no identificado en el centro de trabajo fueron Tabasco con 15.4 por ciento, Nayarit con 13.9 por ciento, Colima con 8.2 por ciento y la Ciudad de México y Jalisco con 5.8 por ciento, respectivamente.
En ese sentido, el estudio concluye que uno de los problemas de mayor incidencia que ha impedido el cumplimiento de los objetivos del FONE son las causas de ausencia del personal adscrito a sus centros de trabajo.
De esta forma, la ASF sugirió que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con las entidades federativas, dé seguimiento puntual al personal no identificado por los encarga- dos de los centros de trabajo, para establecer sus funciones y, en su caso, regularizar esta situación que preocupa a la fiscalización federal.
El estudio de la auditoría agregó que hay debilidades de control en el cambio de adscripción del personal, y la falta de mecanismos de control, por lo que se recomienda fortalecer los procesos operativos y administrativos de las áreas que participan en el manejo y gestión del fondo, por medio de la sistematización en línea de los mismos.
Diputados intentaron controlar 7 mil mdp
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| Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo Gutiérrez y Jorge Romero. Diputados ARCHIVO EL UNIVERSAL |
Las modificaciones legales que propuso el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Decreto de Presupuesto de Egresos 2018 no sólo busca limitar la intervención de los diputados locales en la definición del dinero para la reconstrucción, sino frenar el uso discrecional de una bolsa de 7 mil millones de pesos que no está etiquetada.
Esa cantidad, establecida en el artículo 13 del decreto, sólo precisa rubros pero no los proyectos a los que se destinarán. Como ejemplo está el caso de las 16 delegaciones a las cuales los asambleístas asignaron 5 mil 301 millones de pesos.
De acuerdo con el texto del decreto que está vigente, la redacción indica que las Unidades Ejecutoras de Gasto (secretarías, delegaciones y entidades) deberán contar con la “aprobación a detalle de dichas acciones de la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea. Incluso, que a más tardar el 15 de enero debieron entregar el detalle de las acciones a realizar con ese dinero.
El cambio de redacción que propone Mancera es que sea la Secretaría de Finanzas la encargada de aprobar los proyectos que entreguen las Unidades Ejecutoras de Gasto.
Según el documento vigente, en el artículo 13 se indica que los 7 mil millones de pesos —divididos en las fracciones uno, dos y tres— debían contar con la aprobación de los diputados locales y a su vez remitir una copia de ese aval a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Los rubros a los que pretendían asignar el dinero los diputados eran dependencias, órganos desconcentrados y autoridades, como son las secretarías del Gobierno capitalino con mil 392 millones 500 mil pesos; para entidades, 306 millones 500 mil pesos y para las delegaciones, 5 mil 301 millones de pesos.
En este último rubro, según el anexo, el dinero se repartió entre las 16 delegaciones de la siguiente forma: Álvaro Obregón, 495 millones de pesos; Benito Juárez, 410 millones; Coyoacán, 495 millones; Cuajimalpa, 495 millones, Gustavo A. Madero, 500 millones, e Iztapalapa, 606 millones.
Para Iztacalco, 300 millones; Venustiano Carranza, 450 millones; Milpa Alta, 155 millones, y Magdalena Contreras, 495 millones.
Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan y Azcapotzalco recibirán cada una 140 millones. En cada uno no hay proyectos definidos.
Con las reformas que envió Mancera se elimina la palabra “aprobar” los recursos, igual que con lo que ocurrió en el artículo 14 del decreto donde también los diputados aprobaban.
Los asambleístas del PRI y Verde Ecologista Dunia Ludlow y Fernando Zárate, respectivamente, propusieron la reestructuración de la Comisión de Gobierno en la Asamblea ante la desconfianza que ha generado la actuación de Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, en el manejo del Fondo de Reconstrucción.
“Lo correcto sería que ellos [Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo Gutiérrez y Jorge Romero] se bajen solos de su encargo para que la Asamblea se reorganice, pero si no lo hacen de manera voluntaria empezaremos una discusión político-legislativa sobre la dirección de los órganos de la Asamblea”, amagó Zárate.
Esa cantidad, establecida en el artículo 13 del decreto, sólo precisa rubros pero no los proyectos a los que se destinarán. Como ejemplo está el caso de las 16 delegaciones a las cuales los asambleístas asignaron 5 mil 301 millones de pesos.
De acuerdo con el texto del decreto que está vigente, la redacción indica que las Unidades Ejecutoras de Gasto (secretarías, delegaciones y entidades) deberán contar con la “aprobación a detalle de dichas acciones de la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea. Incluso, que a más tardar el 15 de enero debieron entregar el detalle de las acciones a realizar con ese dinero.
El cambio de redacción que propone Mancera es que sea la Secretaría de Finanzas la encargada de aprobar los proyectos que entreguen las Unidades Ejecutoras de Gasto.
Según el documento vigente, en el artículo 13 se indica que los 7 mil millones de pesos —divididos en las fracciones uno, dos y tres— debían contar con la aprobación de los diputados locales y a su vez remitir una copia de ese aval a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Los rubros a los que pretendían asignar el dinero los diputados eran dependencias, órganos desconcentrados y autoridades, como son las secretarías del Gobierno capitalino con mil 392 millones 500 mil pesos; para entidades, 306 millones 500 mil pesos y para las delegaciones, 5 mil 301 millones de pesos.
En este último rubro, según el anexo, el dinero se repartió entre las 16 delegaciones de la siguiente forma: Álvaro Obregón, 495 millones de pesos; Benito Juárez, 410 millones; Coyoacán, 495 millones; Cuajimalpa, 495 millones, Gustavo A. Madero, 500 millones, e Iztapalapa, 606 millones.
Para Iztacalco, 300 millones; Venustiano Carranza, 450 millones; Milpa Alta, 155 millones, y Magdalena Contreras, 495 millones.
Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan y Azcapotzalco recibirán cada una 140 millones. En cada uno no hay proyectos definidos.
Con las reformas que envió Mancera se elimina la palabra “aprobar” los recursos, igual que con lo que ocurrió en el artículo 14 del decreto donde también los diputados aprobaban.
Los asambleístas del PRI y Verde Ecologista Dunia Ludlow y Fernando Zárate, respectivamente, propusieron la reestructuración de la Comisión de Gobierno en la Asamblea ante la desconfianza que ha generado la actuación de Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, en el manejo del Fondo de Reconstrucción.
“Lo correcto sería que ellos [Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo Gutiérrez y Jorge Romero] se bajen solos de su encargo para que la Asamblea se reorganice, pero si no lo hacen de manera voluntaria empezaremos una discusión político-legislativa sobre la dirección de los órganos de la Asamblea”, amagó Zárate.
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