Yucuná clama por agua y escuelas
El pueblo más pobre en el abandono total. En los primeros días de Enero, algunos funcionarios acudieron sólo para la foto, dice el Edil Alberto Adelfo Martínez Estrada.
Defiende sindicato de SSO a los despedidos
Ordena paro en clínicass y hospitales. La dirigencia de la sección 35 del SNTSSA confirma la paralización total de los servicios médicos y administrativos en todo el estado en reclamo a los despidos; ante estó el sindicato pide examinar expediente por expediente de los resindidos para demostrar que no son aviadores.
Un comité anticorrupción que no convence a nadie
Laura Díaz
“Bajo la perspectiva de que la corrupción debe combatirse por alguien que conozca de corrupción, es correcto, quedaron puros corruptos”, tuitearon en la red los inconformes con el sucio y manchado proceso donde se eligió a exfuncionarios corruptos y amigos designados para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Comité anticorrupción
Cansada la sociedad oaxaqueña de las raterías del equipo que encabezó Gabino Cué Monteagudo, una de sus exigencias más sentidas fue poner un alto a los latrocinios de los funcionarios gubernamentales.
Para medio cumplir con esa inquietud, el nuevo gobierno encabezado por Alejandro Murat publicó la ley anticorrupción el 20 de mayo de 2017, pero, como acostumbran los diputados hacer las leyes al vapor y no cuentan con personal calificado para elaborarlas, tres meses después sufrió su primera reforma, que se publicó el 10 de agosto de 2017.
El 2 de agosto, los diputados convocaron a formar el Comité de Selección Ciudadano de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, supuestos distinguidos ciudadanos, sin ninguna tacha, que escogerían a otros notables ciudadanos.
El 30 de agosto fueron designados Fernando Vásquez Avendaño, Gelasio Morga Cruz, Joel Pablo Martínez, Flor Carrera Ramos, Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazábal, María de Jesús García Estrada, Adrián Cruz Martínez, Juan José Díaz Morales y Virginia Martínez Hernández.
El 12 de diciembre pasado, el Comité de Selección lanzó la convocatoria para integrar el Comité Ciudadano de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y del 13 al 28 de ese mes se recibieron los documentos de quienes aspiraban al cargo; un día después se hizo público la lista de los aspirantes a los cargos.
Del 29 de diciembre de 2017 al 4 de enero de 2018 se revisaron los documentos y se emitió un primer bloque de seleccionados y los beneficiados fueron 17 exfuncionarios, seis mujeres y 11 hombres, entre quienes destacaban: María Isabel Chagoya Méndez, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública; Juan José Flores Guzmán, exfuncionario; y Francisco Pablo Munguía Gaytán, exfuncionario del gobierno de Gabino Cué.
En el paquete también estaban Adán Córdova Trujillo, exdirector jurídico de la Auditoría Superior del Estado, despedido por presuntos actos de corrupción, y exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, cuando era presidida por el diputado de Morena, Irineo Molina.
Así como Gaspar Jiménez Triste, exfuncionario electoral y exaspirante a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (Stspidceo).
En la lista, y según corrió la voz sólo de relleno, aparecían también Rosalía Bernardo Santos, excandidata plurinominal del Partido Verde Ecologista de México en el proceso electoral de 2016; Alejandro Salvador Cruz Pimentel; Genoveva Dulce Javier Agustín, jueza del Juzgado Primero Civil; y Claudia Azucena León Miranda, contratista de la Secretaría de la Contraloría.
Así como Reyna Miguel Santillán, del Partido del Trabajo; Carlos Morales Sánchez, abogado litigante; Uriel Pérez García, exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco); Inocente de Jesús David Rendón Vásquez; Pascual Ríos Vásquez, titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).
También estaban Gualberta Rodríguez Santos, una de las aspirantes a la ASE, cuando le ganó Carlos Altamirano; José Luis Sánchez Canseco, investigador de la Uabjo; y Gawdie Sánchez Hernández, funcionario de la Dirección General de Población (Digepo) del gobierno del estado.
Para ese entonces ya se sabía que había consigna para elegir a determinadas personas y por las redes corrieron los nombres de los elegidos. Ante las críticas y una severa corriente de opinión que denunciaba una elección a modo para nominar a exfuncionarios denunciados por corrupción y amigos y amigas de quien manda en el estado, se emitió una segunda lista.
El 6 de enero pasado se publicó con otras 16 personas convocadas para un examen de selección, mediante entrevistas, que se efectuaron el 10 y 11 de enero; el primer día entró el bloque de exfuncionarios y, el segundo, la lista de 16 ciudadanos.
Ahí aparecían: Sergio Antonio Bolaños Scheremberg, Lizbeth Mariano Aguilar, Yaneli Jarquín Rodríguez, María Edaena López Cruz, Alfredo Jiménez Orozco, Minerva Patricia Ríos Padilla, José Luis Mastachi Pérez, Vicente Huerta Escudero, Pedro Corres Sillas, Lydia Victorina Sánchez Zárate, Rina Irene García Chagoya, Rubén Constantino Díaz Romero, Daniel Alain Hernández Iriarte, Héctor Alinas Jiménez, Francisco Cruz Herrera y Alejandro Figueroa Sánchez.
El 16 de enero, la Comisión Seleccionadora convocó a una supuesta sesión pública que no lo fue y sólo se presentó un video sin audio con la decisión final, el acta fue firmada por ocho de sus nueve integrantes, porque Carlos Guzmán Gardeazábal no asistió y no firmó, al parecer por no estar de acuerdo con los elegidos.
Inconformidades
El último día del año, el Movimiento Nosotrxs acusó a los integrantes de la Comisión de Selección de efectuar un proceso de integración opaco, tendencioso y apresurado, y les demandó garantizar una plena autonomía y transparencia en el proceso.
Dieron a conocer que una de las integrantes de la Comisión de Selección, María de Jesús García Estrada, labora como jefa de departamento en la Dirección Jurídica de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, lo que viola las disposiciones legales para integrar el Comité.
Lamentaron que a destiempo y con opacidad se designó a los integrantes de la Comisión de Selección, por lo que, salvo un par de excepciones, no se cumplió con la regla de tener personajes destacados de la academia o de la sociedad civil.
Un día después de la elección del Comité de Participación Ciudadana desapareció de Internet toda la información que ahí aparecía sobre el proceso y al que obliga la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Certifica Ayuntamiento a 97% de los policías
* Afirma el edil José Antonio Hernández Fraguas compromiso para garantizar la seguridad en la capital.
Oaxaca, Oax.- Durante la sesión ordinaria de cabildo de este jueves el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas reiteró que la seguridad de las y los capitalinos es un tema primordial para su administración, por ello recordó que los más de 1100 elementos de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal se encuentran plenamente certificados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública en un 97 por ciento, lo cual brinda certeza a la ciudadanía de tener una Policía Municipal confiable.
Además, el edil capitalino afirmó que a lo largo del presente gobierno municipal se han realizado grandes esfuerzos para fortalecer al municipio capitalino en materia de seguridad, como por ejemplo la entrega de 30 moto-patrullas a elementos de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como la aplicación, en el 2017, de más de 19 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en el Sistema de Seguridad Pública Municipal.
En este sentido, Hernández Fraguas destacó que se han integrado 206 Comités de Participación y Atención para la Seguridad Ciudadana Municipal (COMPARTAS), con la finalidad de prevenir la incidencia delictiva en la capital mediante la interacción de la ciudadanía con la Policía Municipal.
En otro punto de la orden del día, las y los concejales aprobaron la licencia, por noventa días, presentada por la regidora de Hacienda Municipal y de Contraloría, Jocabed Betanzos Velázquez. Por ello, también se aprobó que su lugar sea ocupado por su suplente, Liudmila Zárate Velasco, a quien el edil capitalino le tomó la protesta de ley.
Asimismo, las y los regidores aprobaron un punto de acuerdo presentado por el regidor de Seguridad Pública y de Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, mediante el cual se instruye a la Comisaría de Vialidad para que se realicen las gestiones necesarias para que en las calles donde se encuentran los accesos de las escuelas de nivel básico, se intensifique el programa “Uno por Uno”, colocando las banderolas que identifican al mismo.
Finalmente, este órgano colegiado aprobó el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Vialidad, mediante el cual se busca promover e incentivar la construcción de cruces peatonales seguros a nivel en la ciudad y al mismo tiempo desestimular la construcción de más puentes peatonales en vías urbanas de la Verde Antequera.
Liudmila Zárate Velasco estará al frente de la Regiduría de Hacienda Municipal y de Contraloría.
Gobernadores han desviado 100 mmdp de SSO: sindicato
FOTO: AGENCIAS
axaca de Juárez, Oax.- Durante los últimos 25 años, en los sexenios de Diódoro Carrasco, José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué Monteagudo, el saqueo a la Secretaría de Salud de Oaxaca, hoy Servicios de Salud, “seguramente” rebasa los 100 mil millones de pesos, afirmó el Sindicato de Trabajadores y Profesionales en Salud (STyPS).
El líder de los trabajadores del Seguro Popular, Saúl Ulises Maldonado, sostuvo, en su momento, que con los recursos que han sido desviados durante los últimos cuatro gobiernos, podrían construirse “fácilmente” seis hospitales con tecnología de punta, como los que existen en países como Estados Unidos, Rusia, Alemania y Cuba”.
Tales aseveraciones, las realizó el dirigente luego de la detención de Germán Tenorio Vasconcelos, en 2017, y ayer, consultado nuevamente al respecto, tras el estallamiento de un nuevo paro de labores en las clínicas y hospitales de los SSO, refrendó su postura.
Los trabajadores que integran el STyPS, junto con 4 mil 500 trabajadores regularizados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), no han podido realizar el cobro de la primera quincena de enero, luego de que la administración estatal justificó que no han sido ministrados los recursos que le corresponden al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).
Maldonado reiteró que los malos manejos en los SSO datan del sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), cuya secretaria de Salud fue María de las Nieves García, actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Asimismo, apuntó que los presuntos actos de corrupción se extendieron durante las administraciones de José Murat, donde el actual secretario de Salud, Juan Díaz Pimental, fungió en el mismo cargo; Ulises Ruiz, quien tuvo como titular del sector, a Martín Vásquez Villanueva, y Gabino Cué, que nombró a Germán Tenorio Vasconcelos.
Confirma malversación en Seguro Popular
El año pasado, tras la detención de Germán Tenorio, Maldonado alertó que únicamente durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (PAN-PRD-Convergencia), al menos 9 mil 900 millones de pesos, que debieron ser utilizados para la adquisición de medicinas, equipamiento, reparación y construcción de hospitales, habían sido desviados del Seguro Popular.
Explicó que en 2008, durante la gestión de Martín Vásquez Villanueva como secretario de Salud, los trabajadores del SNTSA que tenían plazas reservadas, de confianza y temporal tiempo fijo, recibieron (4 mil 800) contratos eventuales, con la promesa de que serían regularizados al poco tiempo.
Sin embargo, debido a que el gobierno no tuvo recursos para pagar esas plazas, optó por sufragarlas con dinero del Seguro Popular; desde entonces, el REPSS, dijo, desvía de manera anual cerca de mil millones de pesos anuales para pagarle a aquellos trabajadores.
El líder detalló que en 2014, una vez que el Congreso de la Unión convirtió al Seguro Popular en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud de México con autonomía técnica, administrativa y operativa, en ente tuvo que contratar mano de obra, con independencia del gobierno estatal.
Esto se tradujo en una doble carga para el organismo, pues además de sufragar una nómina propia valuada por la Federación en 600 millones de pesos, tiene que hacerse cargo de las 4 mil 800 plazas de la Secretaría de Salud que le atribuyeron los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué.
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