La Procuraduría General de la República (PGR) busca desde ahora tomar medidas de precaución extremas, para evitar que en un futuro Javier Duarte pueda ser absuelto mediante la aplicación en forma retroactiva de una eventual jurisprudencia.
La audiencia que se celebrará el 31 de enero en el proceso contra Duarte, por lavado de dinero y delincuencia organizada, es para que la PGR pida la autorización judicial para requerir de nueva cuenta todos los informes bancarios que ya constan en la causa penal.
La investigación ya judicializada contra el ex Gobernador de Veracruz consta de 82 datos de prueba, muchos de ellos documentos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregó a la PGR, a solicitud expresa de esta última.
Sin embargo, según fuentes federales, la PGR pedirá nuevamente los mismos documentos pero esta vez con la venia de Gerardo Moreno García, juez de control federal encargado del Caso Duarte, porque teme que a futuro el acusado pueda aprovechar un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata del fallo emitido el 22 de noviembre pasado por la Primera Sala de la SCJN, donde se declaró inconstitucional la facultad de las Procuradurías para acceder a la información bancaria de las personas sin autorización previa de un juez.
Los ministros dijeron en aquella ocasión que la Ley de Instituciones de Crédito viola el derecho humano a la vida privada, al establecer que el secreto bancario no opera ante solicitudes de información formuladas por el Ministerio Público.
Si bien se trata de una tesis aislada -no una jurisprudencia obligatoria para los jueces y magistrados- y los efectos de ese fallo por ahora sólo aplican para el particular que llevó su litigio hasta el máximo tribunal, la PGR ha decidido adelantarse.
A principios de semana los fiscales federales que encabeza Carlos Enrique Hernández Azuara pidieron al juez una audiencia de solicitud de técnica de investigación para que el juez Moreno autorice la petición de los informes a la CNBV.
Esa audiencia fue programada para el jueves pasado, pero no se celebró por la inasistencia tanto de la defensa como del propio Duarte, quienes alegaron por escrito que no fueron notificados dentro del plazo que marca la norma, que es de un mínimo de 48 horas de anticipación.
La acusación contra Duarte se sustenta en un alto porcentaje en la documentación bancaria que legalmente obtuvo la PGR, a través de solicitudes a la CNBV.
Gracias a esta información, la Procuraduría pudo verificar que el Gobierno de Veracruz presuntamente desvió desde 5 cuentas bancarias un total de mil 670 millones de pesos a cuatro empresas 'fachada'.
Estas empresas a su vez enviaron 194.1 millones de pesos a otras 27 compañías que la SEIDO considera como 'fondeadoras de segundo nivel' y que administraron fondos por una suma de 3 mil 148 millones de pesos.
El jueves pasado los fiscales de la PGR manifestaron al juez Moreno García su preocupación por su decisión de aplazar hasta el último día de enero la audiencia para judicializar esta información, debido a que el plazo para presentar datos de prueba vence el próximo lunes 22 de enero.
Aún si la PGR no consiguiera antes del lunes la autorización del juez para pedir los mismos informes bancarios, o incluso si el juzgador le niega su solicitud, los datos de prueba que constan en el expediente son legales, porque se obtuvieron conforme a la norma vigente.
Cabe decir que la PGR o el propio Duarte pueden solicitar también prorrogar el plazo de la investigación complementaria que vence el próximo lunes, para ofrecer los datos de prueba.
Abel Barajas/REFORMA
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