Pide Peña a constructoras solidarizarse ante el sismo
Rosa Elvira Vargas - Enviada
Bahía de Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas.
Este es uno de esos pueblos de la geografía mexicana cuya existencia adquiere relieve nacional sólo cuando ocurre una desgracia. Aquí tienen daños o se perdieron totalmente por el temblor del jueves siete de cada 10 casas. Y se tiene un estimado preliminar en todo el estado de 40 mil viviendas en esas condiciones.
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a las empresas constructoras, ‘‘las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país’’, a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción. Pero precisó: que quede claro: ante la emergencia el gobierno está disponiendo de todo su recurso humano, de los titulares de las dependencias para atenderla, y que muy pronto podamos asegurar a los afectados ‘‘que las condiciones regresen a la normalidad’’.
El mandatario reconfirmó: hay hasta ahora 96 personas muertas por el terremoto: 16 en Chiapas, cuatro en Tabasco y 76 en Oaxaca. Se han desplegado para los estados más afectados mil 200 médicos y enfermeras adicionales, así como 80 unidades médicas móviles y 7 mil elementos de las fuerzas armadas, sólo para Chiapas, entidad a la cual han llegado además de 100 mil despensas y más de 100 toneladas de víveres, 450 mil litros de agua y casi 100 mil colchonetas y cobertores.
Para Peña, cada uno de esos estados tiene condiciones de atención específicas, pues mientras en Oaxaca las afectaciones están concentradas sobre todo en los municipios del Istmo, en Chiapas el problema es la dispersión, pues hay daños en 82 de los 122 municipios que la conforman.
Antiguo asentamiento
Pueblo de pescadores, con 65 kilómetros de litoral e importante abastecedor de camarón de estero, Bahía de Paredón es considerado una de los asentamientos humanos más antiguos de la costa chiapaneca. La gente es alegre, desenfadada y lo mismo tutea al presidente Peña que llama ‘‘güero’’ al gobernador Manuel Velasco Coello.
Bueno, eso lo hacen aquellos a quienes el terremoto –con epicentro en Pijijiapan, apenas a unos 40 minutos de aquí– respetó en sus viviendas. Porque los otros, quienes apenas lograron librarla, hablan con los ojos enrojecidos y el llanto de quien ahora está sin nada más que lo puesto.
Lo hacen literalmente sobre los escombros de sus casas mientras, a sus espaldas, soldados y marinos no dejan –con palas o sólo las manos– de limpiar los escombros, retirar los fragmentos de paredes, techos, historias familiares: las ruinas…
Con apenas siete años de edad, el hijo de Salvador Solís da al presidente Peña la precisa descripción del horror de esa noche: ‘‘Yo estaba dormido y de repente me levanté. Nunca siento los temblores, pero en ese instante me levanté y abrí la puerta, que estaba dura. ¡No sé de dónde saqué fuerza y la abrí, y salí con mi hermana!’’ Y en su huida el niño dejó tras de sí una casa que se cayó toda, aunque eso lo vería hasta después, cuando regresó con su familia.
Peña Nieto pasa más de dos horas y media aquí. Un buen rato en medio de la lluvia. Llega en helicóptero. Y se detiene casi con cada uno de los afectados. Les pregunta cómo están, cuál es el estado de sus casas, cómo se encuentra la familia. Promete entonces que la labor de reconstrucción se iniciará cuanto antes y que muchas comunidades ‘‘quedarán más bellas y hermosas que antes del sismo’’.
Recibe saludos y agradecimientos, pero de inmediato también le hablan de la casa caída o a punto de derrumbarse, de las heridas o lastimaduras a consecuencia del terremoto, de las escuelas en mal estado y del insuficiente apoyo o del drenaje desde siempre inexistente. No falta además la denuncia sobre actos de rapiña y robo ocurridos a partir del temblor.
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Enrique Peña, ayer en Bahía de Paredón, ChiapasFoto Presidencia |
Y Peña a su vez insiste en saber si ya pasaron por la casa de cada uno a hacer el registro de daños (incluso llama a la prensa para mostrarles cómo ya hay algunas fachadas donde se lee un número y la leyenda ‘‘pérdida total’’), si reciben alimentación suficiente, atención médica…Y es justo en este punto donde las versiones se cruzan y dejan ver un conflicto local: el centro de salud.
La gente simplemente dice que no hay tal lugar para atender a enfermos o heridos, y cómo a muchos debieron llevarlos hasta Tonalá. Sin embargo, los médicos aseguran estar dando atención a la gente no obstante lo dañado de las instalaciones. Frente a esas versiones encontradas es Peña Nieto, sin embargo, quien lo resume: ‘‘O sea, ya estaba mal y quedó peor’’.
Aprovecha además para advertir a la población que no permita lucro político con la tragedia. ‘‘Que nadie quiera hacer gestión de sus cosas. Aquí está la representación del gobierno’’.
Ahí mismo, mientras camina o recibe peticiones, el mandatario da instrucciones a los funcionarios o toma acuerdos. Lo hace con Aurelio Nuño, de Educación Pública, sobre la urgencia de reparar las escuelas, y con el titular de Hacienda, José Antonio Meade, sobre cómo instrumentar el programa de empleo temporal y con la debida asesoría sean sus beneficiarios quienes se ocupen de las labores de edificación o reparación de las viviendas.
Para el gobierno federal, dice el mandatario en un mensaje ante la comunidad –y lo repite más tarde desde el aeropuerto de Chiapa de Corzo–, son tres las prioridades: garantizar condiciones básicas a la población con albergues, alimentos y servicios médicos, así como el restablecimiento total de los servicios de agua potable y electricidad; levantar un censo, con la participación de casi todos los miembros de su gabinete, de las viviendas afectadas por el sismo y determinar cuáles pueden repararse, cuántas derruir para levantarlas de nuevo y aquellas a construir porque sólo quedaron escombros, y comenzar la reconstrucción.
En ese apartado es donde el mandatario hace dos llamados: a la población civil, para colaborar con los damnificados en Oaxaca y Chiapas por medio de aportaciones en especie llevadas a los centros de acopio, y convocar a las empresas constructoras.
Esto ‘‘para que en un gesto de solidaridad puedan aportar también su experiencia, su trabajo y su capacidad técnica para poder acelerar la etapa de reconstrucción’’. Esto, por supuesto, ‘‘dejando a salvo los distintos programas y financiación que el gobierno habrá de hacer’’ en esa tarea, indica.
Finalmente, confió en tener una respuesta ‘‘copiosa, activa y muy comprometida del sector privado’’, y por medio de un plan específico se integre con el gobierno a reconstruir. Las condiciones del clima impidieron una visita al municipio de Cintalapa, también entre los más afectados por el temblor.
Investigan en el INE robos de identidad; fraude en módulos
Indagan a operadores y responsables de oficinas donde se tramita la credencial para votar por alteración del padrón, entre otros delitos
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| Enrique Andrade González, consejero electoral (izq.), y René Miranda Jaimes director ejecutivo del Registro Federal de Electores (der.), en conferencia. Foto archivo: Cuartoscuro |
AURORA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO.
El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a operadores y responsables de 13 módulos de atención ciudadana para solicitar la credencial para votar, por presuntos ilícitos como el robo de identidad y la alteración del Padrón Electoral.
Así se dio a conocer en un informe del INE a los representantes de partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro.
René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, explicó que 95% de las denuncias que tiene la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre esos ilícitos provienen del propio INE.
Desde el año pasado se aprobó un protocolo para detectar y detener esos ilícitos por parte de los vocales ejecutivos, añadió.
El INE cuenta con 528 módulos fijos, 111 semifijos y 261 módulos móviles.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), México ocupa el octavo lugar a escala mundial en robo de identidad.
En 2016, ese organismo recibió tres mil quejas en relación con ese delito.
Indagan robo de datos en los módulos del INE
El propio instituto presentó 95% de las denuncias ante la Fepade.
El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a operadores y responsables de 13 módulos de atención ciudadana para solicitar la credencial para votar, por presuntos ilícitos como el robo de identidad y alteración del Padrón Electoral, según un informe del Instituto a los representantes de partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro.
Hay que recordar que el INE cuenta con 528 módulos fijos, 111 semifijos y 261 módulos móviles.
A petición del PRI y apoyado por varios partidos, se solicitó a René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, un informe detallado de las investigaciones, en el que se especifique quiénes son los involucrados y las acciones tomadas.
Miranda explicó que 95% de las denuncias que tiene la Fepade sobre esos ilícitos provienen del propio INE y que, desde el año pasado, se aprobó un protocolo para detectar y detener esos ilícitos, por parte de los vocales ejecutivos.
Comentó que estos casos son del año pasado, ya que en lo que va del año no se han detectado irregularidades en otros módulos y manifestó su confianza en que pasen meses y años en los que no se vuelvan a presentar casos de este tipo.
Hasta lo que va de las investigaciones resalta que los involucrados son operadores de los módulos y algunos responsables de los mismos, pero, por el momento, no están involucrados integrantes del Servicio Profesional Electoral, como vocales ejecutivos, del registro a nivel local o a nivel distrital.
El protocolo aprobado por la Junta General Ejecutiva prevé que el resultado de la investigación interna del INE se tiene que enviar a la Dirección Jurídica, a la de Administración y a del Servicio Profesional Electoral, estas dos últimas cuando están involucrados trabajadores administrativos o del Servicio Profesional, y a la primera para que entregue la información a la Fepade, facultada para investigar estos delitos.
Adicionalmente se informó que la Dirección del Servicio Profesional está empezando a analizar si la omisión de elementos del Servicio, como vocales ejecutivos, pudiera haber facilitado los presuntos ilícitos, por no tener la vigilancia adecuada.
Tras sismo, hay para escuelas, vías y hospitales; casas, un reto
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que las acciones para rehabilitar las zonas afectadas por el sismo de 8.2 grados se dividirán en tres etapas.
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| El Presidente se comprometió a reparar el centro de salud de El Paredón, en Chiapas. (Especial) |
México
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que el gobierno federal tiene la capacidad, con recursos propios y la solidaridad de los mexicanos, para atender la emergencia por los daños en escuelas, carreteras y hospitales de Oaxaca y Chiapas, ocasionados por el sismo del pasado jueves, pero reconoció que el asunto que implicará un mayor reto será el de la vivienda en estas dos entidades.
"La parte que nos va a implicar un mayor reto, y donde seguramente estaremos pendientes de ver cómo podemos también recibir algunos apoyos, es en la parte de vivienda. Los daños están dispersos en todos los municipios de Chiapas, muy concentrados en la parte de Oaxaca, pero con mucha afectación", explicó Meade en entrevista con Joaquín López Dóriga.
"Como cada una de las viviendas es distinta y cada una plantea un reto diferente, ahí seguramente tendremos que buscar cómo diseñar una mejor política pública para esta coyuntura específica, que es diferente de otras que hemos enfrentado", agregó durante su visita a las zonas afectadas de Chiapas.
Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció en el Diario Oficial de la Federación beneficios fiscales a los contribuyentes afectados en Oaxaca y Chiapas, como el pago a plazos de algunos impuestos y la eliminación de otros.
El anuncio implica nueve medidas, como reducciones y facilidades de pago en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como obligaciones en materia de regularización fiscal y de cuotas de Seguridad Social.
Sobre esto, Meade detalló que únicamente aplicarán para los municipios afectados y se mantendrán el tiempo que sea necesario.
Aclaró que éstos no implican un desembolso para el gobierno federal, sino facilidades para los contribuyentes.
Recursos, por etapas
Meade explicó que las acciones para rehabilitar las zonas afectadas se dividirán en tres etapas: la atención de emergencia con kits de limpieza, empleo temporal, despensas y requerimientos básicos; el levantamiento de daños concentrados en un censo, y ya con el éste, la estimación del presupuesto para el restablecimiento y la reconstrucción.
Detalló que para esas tres etapas el uso de los recursos públicos a destinarse será, primero, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del que hay "buena disponibilidad", después, los seguros ya contratados para lo que se rebase del Fonden y luego, el bono catastrófico.
Después de su participación en el Foro Expansión 2017, el funcionario explicó que existe la posibilidad de ampliar el monto del Fonden al entablar diálogo con el Congreso y el monto que se reciba del bono catastrófico, que es una cobertura que se contrató con el Banco Mundial.
Respecto a este último, indicó que la revisión para su activación tomará 30 días, pues así lo establece el contrato, y que se pondrá en marcha una vez que la magnitud y la geografía se ubiquen dentro de lo que estaba cubierto.
"Es hasta entonces que tendremos una idea precisa exactamente de cuál es el monto y si efectivamente se dieron las condiciones para que el bono se activara", puntualizó.
Todos involucrados
En la entrevista radiofónica, Meade informó que en una reunión efectuada la medianoche del domingo, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a todos los integrantes de su gabinete para atender el impacto del terremoto, pues implica un esfuerzo coordinado de todas las dependencias de gobierno.
"Hay presencia ya de todas las dependencias en los dos estados, una responsabilidad territorial para que estemos ciertos de que se levante pronto el censo y que las respuestas estructurales lleguen y de buena forma", dijo.
Aseguró que en estos momentos se está recibiendo apoyo del Ejército y de la Marina en el despliegue para la primera atención de la emergencia, etapa en la que "vamos bien y además iremos viendo mejor, conforme empiece a eslabonarse de mejor forma la logística".
Pero al mismo tiempo, dijo, ya se comenzó el levantamiento de daños, pues "el Presidente nos pidió que lo termináramos en un plazo breve e involucró a todo el gobierno federal".
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De cara a la incertidumbre que genera el proceso electoral del próximo año, el paquete económico 2018 da señales de certeza, pues aunque tiene muchas rigideces está anclado en lo que se dijo que se iba a hacer y el gasto pone el "acento" en programas importantes, como seguridad, indicó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
En el Foro Expansión, Meade señaló: "Seguiremos anclando las reformas y buscaremos que en ello, en el buen manejo macro, en una política monetaria autónoma y en un mejor entorno de negocios al amparo de las reformas, sigamos encontrando a un México atractivo que mande señales, no solo de corto plazo, sino de largo, que alienten a quien piensa que México es un buen entorno para invertir y un buen país al que apostarle, más allá del espacio y de la incertidumbre electoral".
Al preguntarle en qué rubros se enfocará el esfuerzo del gasto público en 2018, el funcionario respondió que de los 5.2 billones de pesos asignados, solo un billón será para el gobierno, y con ese monto se fortalecerá la seguridad, operaciones del Ejército y la Marina; habrá un acento en programas sociales y en el andamiaje de las instituciones que están involucradas con el proceso electoral.
A cárcel, sólo 40% de detenidos por narcomenudeo
David Fuentes
Procuraduría: mayoría recibe sanción menor; distribuidores se hacen pasar por consumidores
Además de ser un negocio redituable, en la Ciudad de México el narcomenudeo no se castiga al ser considerado un delito de bajo impacto. A quien se le sorprende con pequeñas dosis, máximo 500 miligramos de cocaína y 5 gramos de marihuana, pueden argumentar que son adictos y no proceden en su contra, los que llevan “papelitos” de más, pueden pasar hasta seis meses en prisión.
Estas lagunas legales, las conocen a la perfección los narcomenudistas quienes ahora, para repartir estas drogas llevan solamente las cantidades que no representan cárcel, así burlan a la justicia. Ésta metodología se ve reflejada en los ingresos de los detenidos al Sistema Penitenciario Capitalino quienes sólo pernoctan ahí, pues en lo que empieza el proceso legal, ya están fuera.
La Secretaría de Seguridad Pública es la que más detenciones hace, en el pasado informe de actividades del actual titular de la dependencia Hiram Almeida Estrada detalló que por ejemplo, en el primer semestre del año pasado se realizaron 674 remisiones con 928 personas presentadas ante el Ministerio Público, con lo que se desarticularon un total de 110 células y 47 bandas delincuenciales dedicadas al narcomenudeo.
De este rubro, se especificó que 76.1% de las remisiones son por posesión de marihuana, 18.1% por cocaína, 1.3% por pastillas sicotrópicas y 4.5% por otras drogas.
Alertó a las autoridades que de 31.4% de las personas remitidas se encuentra en el rango de 18 a 22 años de edad, 16.7% tienen entre 23 y 27 años y 17.5% son menores de edad, cifra que va en aumento porque el crimen organizado los usa más, al saber que no son castigados.
Sin embargo, este trabajo no se ve reflejado en la Procuraduría Capitalina, de 10 detenciones al día, en promedio, que hace la policía local, apenas cuatro son remitidos a las autoridades correspondientes y no por posesión sino por las agravantes, es decir; cuando los detienen con un arma de fuego o por cometer otro delito, a estos es difícil comprobarles que la droga era para la venta.
Cifras de la Procuraduría Capitalina detallan también que siete de cada 10 carpetas de investigación por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión, sin embargo al momento de llegar a un juzgado, se analiza cada caso y al darse cuenta del rango de edad no los envía a prisión como sanción, busca una medida alternativa.
Como terapias, trabajo social o su defecto talleres para que el imputado, sobre todo los menores de edad y los que están en el rango de 18 a 22 años, se reintegren a la sociedad.
“Los jóvenes que se quieran enfocar a este delito saben el camino... Si andan con dos paquetitos de droga no van a prisión”, explica una fuente de la Fiscalía contra el Narcomenudeo de la Procuraduría Local.
Procuraduría: mayoría recibe sanción menor; distribuidores se hacen pasar por consumidores
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Debido a que no son detenidos, las imputados son obligados a asistir a terapias, talleres, hacer trabajo social para ser reintegrados a la sociedad (ARCHIVO. EL UNIVERSAL) |
Estas lagunas legales, las conocen a la perfección los narcomenudistas quienes ahora, para repartir estas drogas llevan solamente las cantidades que no representan cárcel, así burlan a la justicia. Ésta metodología se ve reflejada en los ingresos de los detenidos al Sistema Penitenciario Capitalino quienes sólo pernoctan ahí, pues en lo que empieza el proceso legal, ya están fuera.
La Secretaría de Seguridad Pública es la que más detenciones hace, en el pasado informe de actividades del actual titular de la dependencia Hiram Almeida Estrada detalló que por ejemplo, en el primer semestre del año pasado se realizaron 674 remisiones con 928 personas presentadas ante el Ministerio Público, con lo que se desarticularon un total de 110 células y 47 bandas delincuenciales dedicadas al narcomenudeo.
De este rubro, se especificó que 76.1% de las remisiones son por posesión de marihuana, 18.1% por cocaína, 1.3% por pastillas sicotrópicas y 4.5% por otras drogas.
Alertó a las autoridades que de 31.4% de las personas remitidas se encuentra en el rango de 18 a 22 años de edad, 16.7% tienen entre 23 y 27 años y 17.5% son menores de edad, cifra que va en aumento porque el crimen organizado los usa más, al saber que no son castigados.
Sin embargo, este trabajo no se ve reflejado en la Procuraduría Capitalina, de 10 detenciones al día, en promedio, que hace la policía local, apenas cuatro son remitidos a las autoridades correspondientes y no por posesión sino por las agravantes, es decir; cuando los detienen con un arma de fuego o por cometer otro delito, a estos es difícil comprobarles que la droga era para la venta.
Cifras de la Procuraduría Capitalina detallan también que siete de cada 10 carpetas de investigación por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión, sin embargo al momento de llegar a un juzgado, se analiza cada caso y al darse cuenta del rango de edad no los envía a prisión como sanción, busca una medida alternativa.
Como terapias, trabajo social o su defecto talleres para que el imputado, sobre todo los menores de edad y los que están en el rango de 18 a 22 años, se reintegren a la sociedad.
“Los jóvenes que se quieran enfocar a este delito saben el camino... Si andan con dos paquetitos de droga no van a prisión”, explica una fuente de la Fiscalía contra el Narcomenudeo de la Procuraduría Local.
Reconoce SHCP presión fiscal por pensiones y deuda
El pago de pensiones y el costo de la deuda representarán un “esfuerzo importante” para las finanzas públicas en 2018, consideró Luis Madrazo, economista en jefe de la SHCP.
Víctor Piz
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En entrevista con El Financiero Bloomberg, advirtió que en el caso del gasto destinado a pensiones, la presión financiera se prolongará por una década, porque se continuarán financiando las jubilaciones de una generación de mexicanos.
“Tenemos un sistema de pensiones mucho más sostenible que la gran mayoría de las grandes economías y de las economías intermedias; sin embargo, estas reformas implican que durante una generación completa estamos pagando dos sistemas, el viejo y el nuevo que estamos prefondeando”, dijo.
“Durante una generación completa, y eso implica unos 10 años más todavía, vamos a seguir pagando el sistema viejo y el prefondeo hay que verlo como un pago adelantado para una salud fiscal y una economía mucho más solidaria
21.3% del gasto prgramable
Representa la erogación que se hará en pensiones en 2018.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, el pago de pensiones para 2018 es de 793 mil 700 millones de pesos, un crecimiento real de 5.2 por ciento respecto a los recursos aprobados en este rubro para 2017.
Desde el punto de vista del costo financiero de la deuda pública, Madrazo indicó que se incrementa para 2018, pero aseguró que en adelante se tendrá una deuda decreciente en el mediano plazo, gracias a los ajustes fiscales.
Los Criterios establecen que el costo financiero en 2018 será de 663 mil 479.8 millones de pesos, un alza real de 10.6 por ciento, respecto a lo aprobado para 2017, de 600 mil millones de pesos.
Madrazo afirmó que los ajustes que se proponen están orientados a reducir los requerimientos financieros a 2.5 por ciento del PIB en 2018, desde un 2.9 por ciento de 2017, con lo que se lograría que la deuda disminuya de 50.2 por ciento como proporción del PIB conforme a lo aprobado en 2017 a 47.3 por ciento del PIB en 2018.
“Estamos entrando a una ruta de reducir endeudamiento como porcentaje del PIB y esa es la mejor manera de resumir lo que hay en el Paquete, lo que sería la conclusión de una trayectoria comprometida desde 2013 para que esta administración cierre con finanzas públicas sanas y una trayectoria sostenible hacia adelante”, sostuvo el funcionario.
Daban huachicol ¡y litros mochos!
Jorge Arturo Padilla y Mayela Córdoba
Las gasolineras de la hermana y cuñado de Luis Miranda, titular de Sedesol, no sólo lucraban con la venta de huachicol... además tenían un historial de sanciones.
Entre las irregularidades detectadas en ellas estaba que no vendían "litros de a litro", problemas al despachar el combustible y deficiencias en el equipo que sirve para surtir a sus clientes.
Los registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señalan que desde 2014 las gasolineras de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava tienen irregularidades.
Para el caso de Servicio M y M S. A. de C. V., con número E 07181, en una verificación de este año, una manguera fue inmovilizada por encontrar deficiencias evidentes donde el dispensario debe funcionar sin presentar desperfectos.
Es precisamente en esta gasolinera en la que Miranda Nava es socia, y en la que las autoridades detectaron que se cargaba combustible robado.
En la gasolinera E 04821, ubicada en Metepec, Estado de México, la Profeco tiene registro de 4 mangueras inmovilizadas por errores en la medición para la entrega de producto y de repetibilidad en las pruebas durante una inspección en abril del 2016.
La razón social de este establecimiento está registrada como Servicio Megal S. A. de C. V. ubicada en Av. Solidaridad de las Torres No.16, Col. San Jerónimo Chichahualco.
En 2014 esta misma gasolinera tuvo una manguera inmovilizada por problemas de repetibilidad. Es decir, que al realizar tres despachos de gasolina, se obtiene una cantidad diferente.
REFORMA publicó ayer que el cuñado y la hermana de Luis Miranda Nava, Secretario Federal de Desarrollo Social, son dueños de la gasolinera E 07181 que vende combustible ordeñado de ductos de Pemex ubicados en San Juan del Río, Querétaro.
En la gasolinera E 09620 con la razón social Servicio Rimer S. A. de C. V. ubicada en la Carretera Tenango La Marqueza #102, San José Mezapa Santiago Tianguistenco, Estado de México, la Profeco detectó anomalías con una manguera en una verificación realizada el 21 de enero de este año por despachar diferentes cantidades de gasolina durante tres pruebas.
REFORMA buscó la versión de Pemex para saber qué acciones tomarán por la compra de su combustible robado en la gasolinera E 07181; sin embargo, hasta el momento, ha declinado en responder.
“Hay un extendido mercado negro de datos personales”: Francisco Javier Acuña
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| Francisco Javier Acuña Consejero presidente del INAI El funcionario advierte que el problema es grave y genera robos de identidad y extorsiones; señala que las filtraciones llegan incluso hasta las cárceles, razón por la cual es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal |
Los datos personales siguen traficándose en México, indica el consejero presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. En entrevista, señala que el mercado negro de bases de datos creadas por particulares genera robos de identidad y en las cárceles facilita el uso de internet como una herramienta delictiva. Eso explica que una hora de internet sea más cara en prisión que comprar tiempo para una visita conyugal, señala el consejero presidente.
Acuña Llamas es consultado por Crónica para abordar este tema, ligado a casos (tratados por Crónica en las últimas semanas) como los fraudes bancarios o la venta de membresías en centros vacacionales. En ambas situaciones los delincuentes cuentan con datos personales de la víctima, lo que hace su actuar más efectivo.
—¿Qué tan delicado es en México el delito del uso ilegal de datos personales?
—Es grave, sin duda. Hay un extendido mercado negro de las bases de datos personales que instituciones bancarias, empresas telefónicas, tiendas departamentales, agencias de viajes, de venta de tiempos compartidos, entre otras, tienen en su poder y utilizan ilegalmente el listado adquirido.
—¿Cómo tienen esas empresas los números telefónicos y hasta los datos de las tarjetas de crédito o débito personales?
—Las compañías con las que uno tiene firmados contratos de cualquier índole poseen esos datos, aunque existe un compromiso expreso de confidencialidad, pero aquellas que la gente no tiene liga alguna, desde luego están haciendo un uso inadecuado o hasta ilegal de los datos personales.
—Los bancos y empresas de telefonía son con frecuencia las que más lata dan, ¿no es cierto?
—Sí, es verdad, y lo padecemos todos. En ocasiones las llamadas a los teléfonos personales, por ejemplo, de parte de las diferentes empresas de telefonía fija o móvil, se convierten en un tormento, en un verdadero calvario, en un calabozo telefónico, y provienen precisamente de ese uso inadecuado de los datos personales.
—Pero a uno le hablan hasta de las cárceles para extorsionarlo, en el peor de los casos, ¿no es inaudito?
—Por supuesto que lo es. Ahí son las autoridades competentes las que tienen que habilitar los inhibidores de señales de telefonía, pero es cierto, hasta a los reclusorios federales o locales llega ese mercado negro de datos personales que se usan, en ese caso, para extorsionar a las personas o cometer fraudes a las empresas. Incluso, se sabe que es más cara una hora de internet que el costo de una visita conyugal al interior de una cárcel en México.
—¿Qué otros problemas puede acarrear este tráfico de datos personales?
—Uno de ellos, de los más peligrosos incluso, es el robo de identidad. A través del mercado negro de datos personales se puede derivar en el robo de identidad, que puede usarse para hacer pasaportes, credenciales de elector y de hecho cualquier documento oficial para fines ilícitos, desde luego.
—¿Hasta dónde está el alcance del INAI para atender este tipo de problemas?
—Hay que entender una cosa. Cada institución debe actuar, por ordenamiento de ley, estrictamente dentro de sus facultades. Es decir, el INAI no puede meterse en lo que se refiere a la compra ilegal del banco de datos de los mexicanos. Eso corresponde a una autoridad distinta. En caso concreto, si una persona, por ejemplo, acude al INAI y denuncia que algún o algunos bancos, empresas telefónicas, tiendas departamentales o alguien más tiene en su poder y aparentemente hace mal uso de sus datos personales, desde luego iniciamos una carpeta para determinar si existe en verdad un ilícito. La gente que se sienta afectada puede recurrir de inmediato al 01800 835 4324. Se le atiende de inmediato.
—¿Hay diferencia entre los datos que tienen las entidades públicas y las privadas?
—Sí desde luego, las instituciones públicas están obligadas a salvaguardar los datos personales de los individuos o cualquiera de sus área de atención o servicio, y el INAI nace precisamente para proteger esos datos, pero en el caso de particulares, si bien existen leyes al respecto, se vuelve más complicado en razón precisamente de que, por ejemplo, una tienda departamental o una telefónica, hace uso de los datos personales no sólo para enviar publicidad u ofertas, sino que añade estos “servicios” a las referencias del titular del contrato.
—¿Cómo se encuentra la ciudadanía en cuanto a ese robo de datos personales?
—La verdad es que es una situación muy complicada. Hay gente profesional que, incluso, sin necesidad de comprar esas bases de datos, las obtiene a partir de una labor digital cibernética, y cuando la gente se da cuenta, sus datos ya están en otras manos en forma ilegal. Porque, además, devuelves la llamada para pedir que no te molesten más y no es posible debido a que se trata de un call center y no hay manera, tampoco, de bloquear ese número.
—¿Por qué se centra más este tipo de situaciones en los bancos?
—Porque casi todos, excepto desde luego los niños y las personas más pobres en este país, tenemos un vínculo y una relación constante e incesante con los bancos. Ahí nos pagan, ahí hacemos depósitos, contamos con una tarjeta de débito o de crédito; si solicitamos una tarjeta para un crédito en una tienda departamental, se cruza la información con los bancos, etcétera, es por esos que es con los bancos la relación más frecuente.
—¿Se trabaja de manera coordinada, por el ejemplo, con la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), para frenar ese tipo de acciones?
—Estamos en contacto con todas las instituciones y dependencias vinculadas, pero como antes señalé, cada área tiene sus responsabilidades y no pueden ser invadidas. La Condusef atiende las violaciones en servicios de carácter financiero que pudieran presentarse, y el INAI atiende la defensa sobre el tratamiento de los datos personales, aquellos asuntos donde la gente siente que se usan mal sus datos.
—¿Es igual una solicitud o queja en contra de instituciones gubernamentales que las que se interponen contra entes privados?
—No. Cuando se presenta una queja por mal uso de datos personales por parte de una entidad de carácter público, se puede hacer de manera anónima. El INAI no requiere que se conozca el nombre del denunciante, no le importa, pero cuando es contra una institución privada sí es necesario el nombre y los datos del quejoso, porque las empresas tienen también el derecho de saber quién y por qué es denunciado.
Se solidariza Morena... pero con régimen que hace pruebas nucleares
Eunice O. Albarrán
La dirigencia nacional de Morena y sus legisladores en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como el líder del Partido del Trabajo (PT), respaldaron a la dictadura del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-Un y cuestionaron la reciente expulsión del embajador de esa nación en México, Kim Hyong Gil.
El jueves pasado, a fin de expresar su “rechazo a los múltiples ensayos nucleares” que realiza ese país, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró persona non grata al diplomático y le otorgó un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional.
El dato: La senadora del PT-Morena, Luz María Beristaín dijo la máxima juarista del respeto al derecho ajeno debe aplicarse en este caso.
Sin embargo, para los miembros del partido que dirige Andrés Manuel López Obrador y de su aliado, el PT, se trata de una acción “contradictoria” del gobierno mexicano, el cual “carece de seriedad diplomática”, “no tiene fundamento” y es “sumamente” drástica.
Ayer, afuera de la embajada norcoreana, la diputada local morenista, Juana Ángeles Valencia, y el consejero de ese partido, Ramón Jiménez López, expresaron sus solidaridad con Hyong Gil y en un “posicionamiento público”, señalaron que fue una decisión “ignorante y cobarde” del gobierno federal.
“El decreto emitido por el Presidente para declarar persona non grata al embajador de la República Popular Democrática de Corea del Norte es como todas sus acciones de gobierno: contradictorio y carente de toda seriedad política y diplomática, es una actitud exagerada. Nos solidarizamos”, dijo Ángeles Valencia.
A decir de la asambleísta, el dictador Kim Jong-Un “rompió con la hegemonía del poder y eso es lo que verdaderamente molesta al gobierno norteamericano y a sus países aliados”.
“La actitud hostil del gobierno norteamericano en contra del gobierno narcoreano (sic) ya encaminaba a debilitar su política social y democrática”, aseveró.
En tanto, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, calificó como “injusto e infundado” que el gobierno mexicano expulsara al embajador. Dijo que el país asiático nunca le ha hecho daño a nadie y que sólo “se defiende de lo que hacen otras naciones”.
El petista dijo a La Razón que el canciller Luis Videgaray debe dar una explicación sobre los motivos que tomó para considerar persona non grata al diplomático norcoreano y si recibió algún tipo de presión del gobierno de Estados Unidos para tomar esa decisión.
“No tiene fundamento la expulsión del embajador. Es una aberración a las normas básicas de la diplomacia internacional. Nuestro país nunca ha tenido una molestia o una situación de conflicto con Corea del Norte, que ha sido un país que nunca ha agredido a otro y siempre ha sufrido agresiones; nunca le han hecho daño a nadie. No hay motivo ni causa para fundamentar que la relación diplomática con México se rompa”, expuso.
Por separado, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, calificó la medida como “drástica” y también solicitó una explicación a la SRE.
“Estamos preocupados porque somos un país de hermandad con todo el mundo, entonces es preocupante que se haya tomado una determinación tan drástica, queremos saber si les hicieron un extrañamiento antes, si hubo una diferencia entre los dos pueblos. Ese tipo de cosas es cuando surge un problema mayúsculo, mayor. Nosotros hemos tenido agresiones de otros países en nuestra dignidad, en nuestro territorio y no hemos tomado esas decisiones tan drásticas”, señaló.
“¿Qué amenaza recibimos directamente? ¿El pueblo de Corea qué daño nos hizo? ¿Qué falta tan grade hubo? Por ejemplo, el presidente Trump ha sido muy agresivo con nosotros y hemos hecho puentes, hemos hecho política antes de tomar una medida tan drástica”, cuestionó.
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| El diplomático norcoreano, el pasado 8 de septiembre |
El jueves pasado, a fin de expresar su “rechazo a los múltiples ensayos nucleares” que realiza ese país, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró persona non grata al diplomático y le otorgó un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional.
El dato: La senadora del PT-Morena, Luz María Beristaín dijo la máxima juarista del respeto al derecho ajeno debe aplicarse en este caso.
Sin embargo, para los miembros del partido que dirige Andrés Manuel López Obrador y de su aliado, el PT, se trata de una acción “contradictoria” del gobierno mexicano, el cual “carece de seriedad diplomática”, “no tiene fundamento” y es “sumamente” drástica.
Ayer, afuera de la embajada norcoreana, la diputada local morenista, Juana Ángeles Valencia, y el consejero de ese partido, Ramón Jiménez López, expresaron sus solidaridad con Hyong Gil y en un “posicionamiento público”, señalaron que fue una decisión “ignorante y cobarde” del gobierno federal.
“El decreto emitido por el Presidente para declarar persona non grata al embajador de la República Popular Democrática de Corea del Norte es como todas sus acciones de gobierno: contradictorio y carente de toda seriedad política y diplomática, es una actitud exagerada. Nos solidarizamos”, dijo Ángeles Valencia.
A decir de la asambleísta, el dictador Kim Jong-Un “rompió con la hegemonía del poder y eso es lo que verdaderamente molesta al gobierno norteamericano y a sus países aliados”.
“La actitud hostil del gobierno norteamericano en contra del gobierno narcoreano (sic) ya encaminaba a debilitar su política social y democrática”, aseveró.
En tanto, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, calificó como “injusto e infundado” que el gobierno mexicano expulsara al embajador. Dijo que el país asiático nunca le ha hecho daño a nadie y que sólo “se defiende de lo que hacen otras naciones”.
El petista dijo a La Razón que el canciller Luis Videgaray debe dar una explicación sobre los motivos que tomó para considerar persona non grata al diplomático norcoreano y si recibió algún tipo de presión del gobierno de Estados Unidos para tomar esa decisión.
“No tiene fundamento la expulsión del embajador. Es una aberración a las normas básicas de la diplomacia internacional. Nuestro país nunca ha tenido una molestia o una situación de conflicto con Corea del Norte, que ha sido un país que nunca ha agredido a otro y siempre ha sufrido agresiones; nunca le han hecho daño a nadie. No hay motivo ni causa para fundamentar que la relación diplomática con México se rompa”, expuso.
Por separado, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, calificó la medida como “drástica” y también solicitó una explicación a la SRE.
“Estamos preocupados porque somos un país de hermandad con todo el mundo, entonces es preocupante que se haya tomado una determinación tan drástica, queremos saber si les hicieron un extrañamiento antes, si hubo una diferencia entre los dos pueblos. Ese tipo de cosas es cuando surge un problema mayúsculo, mayor. Nosotros hemos tenido agresiones de otros países en nuestra dignidad, en nuestro territorio y no hemos tomado esas decisiones tan drásticas”, señaló.
“¿Qué amenaza recibimos directamente? ¿El pueblo de Corea qué daño nos hizo? ¿Qué falta tan grade hubo? Por ejemplo, el presidente Trump ha sido muy agresivo con nosotros y hemos hecho puentes, hemos hecho política antes de tomar una medida tan drástica”, cuestionó.
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