EU, España y Canadá ya investigan al magistrado José Luis Vargas: UIF
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que puedan aportar elementos adicionales en las dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.
El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas Valdez se convertiría en una indagatoria internacional.
MILENIO confirmó que la UIF está en espera de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) les informe si detectaron movimientos inusuales fuera de México que haya realizado el magistrado Vargas, a quien la semana pasada la mayoría de la Sala Superior lo destituyó de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La UIF solicitó apoyo a Estados Unidos, España y Canadá por ser los países a los que Vargas ha viajado con más frecuencia en los últimos años mientras su patrimonio se elevaba de manera inexplicable. México sigue a la espera de la información que le permita ampliar las investigaciones contra el magistrado.
Las denuncias que la UIF presentó en contra de Vargas en 2020 ante la Fiscalía General de la República representan irregularidades y movimientos inusuales por más de 36 millones de pesos. Mientras que la interpuesta el 12 de junio y, que ahora incluye a su esposa Mónica Bauer Mengelberg, a su cuñado Peter y a las empresas Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total, señala movimientos irregulares por más de 106 millones de pesos y la alerta de que algunas de estas compañías tienen características de fachada.
En diciembre de 2020, MILENIO reveló que la UIF detectó que el recién nombrado magistrado presidente del TEPJF, compró residencias en Miami valuadas entre los seis y 10 millones de pesos; en Valle de Bravo, por siete millones 100 mil pesos; en Lomas de Chapultepec, por seis millones 800 mil pesos; y Polanco por tres millones 511 mil 900 pesos, sin que estos montos coincidan con los ingresos anuales que reportó.
Los avances de la investigación, a la que MILENIO tuvo acceso, ahora destacan dos créditos hipotecarios del 2013, uno por 1.6 millones de pesos para comprar un departamento en la calle Liverpool, en la Ciudad de México, y uno más por 5.4 millones de pesos que en solo un año, en diciembre de 2013, Vargas Valdez liquidó por completo. En 2017, compró otro inmueble por 450 mil pesos en el centro de la Ciudad de México.
Las transferencias irregulares
De 2012 a 2019, Vargas recibió transferencias que no encuentran congruencia con su profesión. Por ejemplo, Comercializadora de Frecuencias le pagó dos millones de pesos; Imagen y Soluciones Integrales 1.7 millones de pesos; Saipem Services de Mx S.A. de C.V. 1.2 millones de pesos y Servicios Empresariales Multimedia un millón de pesos. El magistrado registró transferencias en SPEI por 4.8 millones de pesos.
Destacan 925 mil pesos a Tricorbraun S de RL de CV, una compañía de botellas de plástico y empaques; 757 mil al Corporativo Pavisa dedicado a tenedoras de acciones y 254 mil a Diego Suárez Beristain, su socio y a quien llevó a trabajar al TEPJF como secretario. También registró una transferencia por 118 mil 684 pesos con la empresa Pepsico Internacional, compañía en la que su esposa Mónica Bauer es vicepresidenta.
Vargas Valdez cobró cheques por 835 mil 599 pesos de los cuales, 500 mil fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda de Sonora. Y destacan tres más a una familia de ingenieros industriales judíos de apellido Prum Chelminsky y Prum Riesnfeld por 150 mil pesos.
Y dos cheques más por 28 mil pesos de dos cuentas que la UIF no ha podido identificar. El SAT reportó que de 2013 a 2018, Vargas declaró ingresos por 25.1 millones de pesos.
Así, las investigaciones en contra del magistrado que el pasado miércoles fue destituido de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han concluido, pues la UIF sigue rastreando movimientos en México y en otros países, de sus cuentas, las de su esposa, cuñado y compañías con las que presuntamente la familia Vargas Bauer habría triangulado recursos al extranjero. - JLMR
Inicia revisión de carencias en las escuelas; se busca regreso seguro a las aulas
Tras avalar el regreso a las escuelas para el 30 de agosto, Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, dijo que la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cómo es más seguro hacerlo.
No podemos ni rendirnos ni resignarnos a mantenerlas cerradas. Vamos a conocer la situación de las escuelas, que previamente hemos detectado con alguna necesidad, para aportar a las autoridades datos actualizados. Convocaremos a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro”, dijo este fin de semana al reunirse con los órganos de gobierno y secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país.
El 14 de mayo, Excélsior dio a conocer que 50% de las escuelas en el país habían sido vandalizadas o robadas durante el abandono de la pandemia, de acuerdo con un diagnóstico del SNTE.
REVISARÁN CONDICIÓN DE PLANTELES PARA RETORNO
Tras dar su “aval” para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que a partir de este lunes representantes sindicales efectuarán recorridos, plantel por plantel en cada entidad, para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades municipal, estatal o federal las necesidades de infraestructura y servicios, principalmente de agua potable, indispensables para el retorno ordenado, seguro y cuidadoso.
El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, explicó que el objetivo de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, es que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo luego de un año y medio sin clases presenciales.
Llegó el momento de un regreso responsable y realista. “(Que) las escuelas sean espacios seguros, más seguros incluso que muchos otros que hoy permanecen abiertos”, dijo al reunirse con los Órganos Nacionales de Gobierno del Sindicato y los secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país, este fin de semana.
La discusión a nivel mundial, insistió, ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma segura.
No podemos ni rendirnos, ni resignarnos a mantenerlas cerradas. Por eso vamos a esta jornada para conocer la situación de las escuelas, que previamente hemos detectado con alguna necesidad, para aportar a las autoridades datos actualizados. Convocaremos a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro”, indicó.
Fue Cepeda Salas quien reveló a Excélsior que al menos 50% de las escuelas del país habrían sido vandalizadas durante la pandemia de covid-19.
Como parte de la jornada que inicia este día, detalló que será indispensable identificar dónde se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de baño o destruido puertas y ventanas, “pues no se pueden estar en estas lamentables condiciones para el regreso presencial”.
El líder del SNTE argumentó que decidió respaldar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a las aulas con orden y responsabilidad, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, para reemprender su tarea educativa y contribuir, como siempre al desarrollo de la nación, pues de seguir en el confinamiento, los daños serían enormes para los alumnos, ya que no sólo está en juego su formación y desarrollo educativo, sino también su salud y estabilidad emocional y mental.
Por ello manifestó que se necesita reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento, así como disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizajes y acortar las brechas educativas que agravan fenómenos como la pobreza, desigualdad, exclusión y violencia social.
Además, señaló que se no se puede seguir inmóvil, observando cómo sigue deteriorándose el sistema educativo y cómo continúa el abandono de los edificios escolares y se profundiza el daño en la educación.
Al referirse a los maestros, aseguró que la gran mayoría ya están vacunados, pero en los casos de quienes, por algún motivo no cuentan con la inmunización, el Sindicato gestionará su aplicación.
De manera paralela, indicó que mantiene diálogo abierto con la titular de Educación Pública, Delfina Gómez, para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada del próximo ciclo escolar.
SÍ REGRESAN, 19 ENTIDADES
El pasado jueves, Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva dio a conocer que consultaron con las entidades federativas para saber cuáles sí regresarán a clases presenciales el próximo 30 de agosto.
Las que sí retomarán el trabajo en las aulas son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En tanto, las que han descartado reabrir las escuelas son Campeche, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.
Hasta ese día, previo a la actualización del semáforo de riesgo epidémico, los estados que estaban por definir si regresaban a clases presenciales: Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Tres redes de corrupción operaban en el Poder Judicial
El ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea revela, en entrevista con EL UNIVERSAL, que redes familiares en el interior de ese poder, así como redes de corrupción encabezadas por afamados despachos privados, además de diversos grupos políticos que tenían cotos de poder dentro de juzgados, han intentado oponer resistencia al proceso de limpia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Se cometían muchos excesos y también muchas irregularidades que seguiremos combatiendo con determinación”, dice Zaldívar tras dos años y medio de estar a la cabeza del PJF, y habla de los resultados en materia de lucha contra la corrupción y algunas otras prácticas nocivas, las cuales, asegura, han disminuido sensiblemente.
Zaldívar responde a El Gran Diario de México, a dos días de que anunció que su mandato al frente del Poder Judicial de la Federación terminará a finales de 2022 y no hasta 2024, como fue aprobado en el artículo transitorio de la reforma al PJF.
Al preguntarle si siente temor o respeto por el presidente López Obrador, responde que “respeto, afecto y gratitud por todo el apoyo que me ha brindado para lograr la renovación del PJF”, y considera que se requiere de una relación de diálogo entre poderes para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado.
“Antes, esa relación se desarrollaba en lo oscurito, mientras que ahora se hace con total transparencia, lo que debería valorarse como algo positivo (…) Esta relación, lejos de afectar la independencia, la fortalece”, asegura.
Sobre la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Zaldívar es claro y dice que “no hay condiciones para que el magistrado José Luis Vargas [depuesto presidente] insista en quedarse. Espero que reflexione y facilite una solución en beneficio del tribunal, del PJF y del país”.
¿El Poder Judicial está podrido?
—Cuando llegué a la presidencia de la Corte, el Poder Judicial de la Federación estaba en una situación muy delicada, había un problema de corrupción serio, no mayoritario ni generalizado, pero sí suficientemente grave. Existía una cultura del nepotismo, en la que esta práctica no era mal vista. El acoso sexual estaba normalizado, la discriminación hacia las mujeres era la regla, no había políticas públicas para lograr la igualdad y la paridad de género; los exámenes para acceder a los cargos traían la sospecha de la corrupción y el favoritismo, entre otras muchas deficiencias.
En estos dos años y medio hemos avanzado mucho para mejorar todos estos aspectos. Lo hemos hecho de la mano de la inmensa mayoría de las personas juzgadoras honestas, honorables y que con enorme vocación sirven todos los días al pueblo de México.
El PJF es una gran institución inmersa en un ambicioso proceso de renovación y de modernización, que está generando una mejor justicia, más cercana, más sensible, en beneficio de todas las personas.
¿Cuánto tiempo tardará en erradicarse la corrupción interna en el Poder Judicial?
—Vamos muy bien en esta política de cero tolerancia a la corrupción y en este cambio de prácticas muy arraigadas. En cualquier país del mundo resultaría difícil afirmar que se puede erradicar por completo la corrupción en cierta institución, pero sí es posible generar los cambios para combatirla con eficacia y, a partir de ahí, inhibir conductas deshonestas. Ese es y ha sido mi compromiso, que he demostrado y seguiré demostrando con hechos.
Lo que hemos realizado en materia de corrupción y acoso sexual ha sido generar un cambio cultural, sustentado en la prevención y la inhibición de conductas indebidas. En este sentido, se ha destituido a 12 titulares de órganos jurisdiccionales y a siete altos mandos en áreas administrativas, por corrupción, nepotismo y acoso.
Adicionalmente, hay seis titulares suspendidos e investigados por acoso sexual y violencia de género. En relación con el nepotismo, tenemos un plan integral de combate que nos ha permitido detectar en dónde están los problemas y generar reglas claras que son conocidas por todos los integrantes del PJF. Todo esto ha implicado una disminución sensible en los niveles de corrupción y en el fenómeno del nepotismo dentro del Poder Judicial.
En relación con el impulso a la paridad de género, es importante señalar que durante mi administración 54% de los nombramientos de titulares de órganos jurisdiccionales han sido para mujeres. Se han llevado a cabo dos concursos exclusivos para mujeres y, a partir de ahí, todos los concursos han sido y serán paritarios. En todos ellos los resultados de las mujeres participantes han sido notables. Estamos comprometidos con la paridad, para que haya más y mejores mujeres en más y mejores cargos.
Expreso todo mi reconocimiento a los consejeros de la Judicatura Federal, cuyo apoyo, trabajo y compromiso con estos valores y estos objetivos ha sido invaluable.
Usted habló de que no ha cedido ante intereses internos y externos. ¿Cuáles son esos factores internos?, ¿cuáles son los externos?
—Son de diverso tipo. En principio, enfrentamos resistencias internas de grupos importantes que se beneficiaban con el estado de cosas que imperaba en el PJF: desde redes familiares hasta redes de corrupción con despachos muy afamados. Redes internas y externas de corrupción que colaboraban, y cuyos intereses afectamos desde un inicio.
También había grupos políticos que tenían cotos de poder en algunos juzgados y que han pretendido, sin éxito, utilizar la justicia federal como instrumento de enfrentamiento político.
Cómo habrán estado de mal las cosas que quien era cabeza de una institución encargada de velar por la ética en la abogacía, el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, es ya prófugo de la justicia, lo que expreso por ser del conocimiento público, sin hacer pronunciamiento alguno sobre su culpabilidad, en respeto al principio de presunción de inocencia.
También es de destacarse que el rector de la Escuela Libre de Derecho, sin consultar a la comunidad académica y violando la normatividad interna, haya tramitado un amparo contra la reforma judicial, cuando son conocidos sus vínculos con grupos de abogados que han resultado afectados por la renovación del PJF.
Sin prejuzgar sobre el amparo, lo cual es competencia de los juzgadores respectivos, llama la atención la utilización de una institución académica para defender la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Es algo particularmente grave y muy triste para una institución con una tradición como la de la Libre.
En suma, se cometían muchos excesos y también muchas irregularidades que seguiremos combatiendo con determinación. Pero también he dejado claro que estos casos no son generalizados, que las personas juzgadoras comprometidas y honestas son la mayoría y que su independencia y autonomía están garantizadas.
Los jueces tienen la más amplia libertad para dictar sus resoluciones y así lo han demostrado con mucho vigor, pero sabiendo que ninguna conducta indebida es tolerada.
Durante su presidencia ha habido acciones contra la corrupción, el acoso sexual, el nepotismo y otros males que aquejan al PJF, y de aquí al final de su mandato realizará otras. ¿Qué tan fácil será que puedan ser revertidas?, ¿qué tan sólidas son?
—Son medidas tan sólidas y bien pensadas que no podrán revertirse una vez que se consolide la reforma judicial. Esto explica el interés de algunos grupos de abogados con vínculos en el pasado en obstaculizarla. Trataremos de avanzar con la mayor rapidez para que esta renovación del PJF sea definitiva. Lo exige y lo merece el país.
¿Hasta ahora cuál considera usted su principal acción contra la corrupción dentro del Poder Judicial?
—Es la primera vez que hay un combate no sólo frontal, sino integral e inteligente a la corrupción. No se trata de una acción, sino de políticas públicas, reglas y acciones que en conjunto previenen la corrupción, la sancionan sin excepción, lo que inhibe estas conductas, y va generando una nueva cultura dentro del PJF.
Estas acciones no sólo son en beneficio de la gente, sino de la mayoría de jueces honestos, que pagan el costo de algunos juzgadores que no son dignos del cargo que ostentan.
Usted es el único juez del que habla bien el presidente López Obrador, el único ministro de la Suprema Corte que recibe elogios, ¿eso no le genera problemas con sus compañeros de la Corte y la Judicatura Federal?
—Agradezco al Presidente de la República sus amables conceptos sobre mi persona y reitero mi respeto y consideración a todos mis compañeros ministros y consejeros. Comparto con el Presidente la visión de tener un país más justo. Es una visión que he defendido a lo largo de toda mi carrera. Por supuesto, a cada uno desde poderes distintos nos toca hacer funciones diferentes.
Particularmente, destaco el apoyo que el Presidente ha brindado a la reforma judicial más importante en los últimos 25 años, la cual no sólo suscribió en sus términos, sino que la impulsó para que fuera aprobada. Es un gesto por el que estoy seguro de que las nuevas generaciones de juzgadores le habrán de reconocer siempre, una vez que el país supere esta agitación política en la que estamos inmersos y se pueda hacer un análisis objetivo con claridad.
La relación y el diálogo entre poderes son necesarios para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Antes, esa relación se desarrollaba en lo oscurito, mientras que ahora se hace con total transparencia, lo que debería valorarse como algo positivo. Esta relación, lejos de afectar la independencia, la fortalece, pues se sustenta en un diálogo constructivo. En todo momento he garantizado la autonomía e independencia del PJF.
¿Le tiene temor o respeto al presidente López Obrador?
—Al Presidente le tengo respeto, afecto y gratitud por todo el apoyo que me ha brindado para lograr la renovación del PJF.
¿Cree usted que su decisión de no llevar su mandato hasta 2024 fortalece al PJF?
—Por supuesto. Quienes quieren volver a un pasado con corrupción y nepotismo usaron el pretexto de un artículo transitorio para obstaculizar la reforma judicial. Ahora que este tema está zanjado, vamos a dedicarnos de tiempo completo a lo único que importa: dejar un mejor PJF.
¿Qué tan importante para la República es mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial?
—La independencia judicial es esencial en una democracia, sin ella no puede haber un Estado constitucional de derecho. Hay que decir que en el tiempo que llevo de presidente de la Corte el PJF ha ejercido su independencia y autonomía a plenitud. Hay cientos de sentencias que así lo demuestran.
Luego de los hechos de la semana pasada en el TEPJF, ¿usted cree que debieran renunciar los siete magistrados que integran la Sala Superior como lo sugirió el presidente López Obrador?
—Soy respetuoso de las instituciones. A solicitud de los magistrados estoy interviniendo como mediador y conciliador. He dado algunas opiniones y recomendaciones, pero las decisiones que se tomen en el seno del TEPJF atañen exclusivamente a ellos.
¿Para usted quién es el presidente del tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón o el magistrado José Luis Vargas?
—Eso lo tendrán que decidir quienes integran la Sala Superior del TEPJF. La mayoría de ellos están en un proceso de diálogo constructivo. Insisto en que cualquier solución pasa por la aceptación de que el magistrado Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que insista en quedarse. Espero que reflexione y facilite una solución en beneficio del tribunal, del PJF y del país.
AMLO: evitemos que jóvenes sean reserva del crimen
Ciudad Juárez, Chih., La verdadera contienda con los jefes de los grupos delictivos “es ofrecer opciones a los jóvenes para que no se los lleven y no formen parte de un ejército de reserva de la delincuencia”, y eso sólo se logra al atenderlos y con el combate a la pobreza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mencionó que ahora en Ciudad Juárez los muchachos son contratados como aprendices y reciben el equivalente a un salario mínimo, de 213 pesos, “para que no sean enganchados por la delincuencia”.
Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio fronterizo, el mandatario llamó a la unidad a los gobiernos estatales para enfrentar a la delincuencia y sostuvo que el apoyo de las fuerzas armadas “es un gran respaldo” a su gobierno. “Por eso hablo de dos instituciones fundamentales del Estado, son las que más me están apoyando para llevar a cabo, entre todos y desde abajo, la transformación de México”.
En su presentación hizo una amplia referencia a los programas sociales que se han aplicado en Ciudad Juárez y, tanto en su discurso como en un video que más tarde subió a sus redes sociales, detalló que se trata de “hechos y no palabras”.
En él resalta que en su gobierno ya no hay gasolinazos. “Me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz”.
El Presidente se detuvo en una estación para mostrar que en esta
ciudad el litro de Magna está en 15.20 pesos. “Aquí y en toda la
frontera la gasolina es más barata porque hice el compromiso de reducir
los precios de los combustibles. También, en toda la línea divisoria, se
paga menos de impuestos. El IVA es de 8 por ciento, el ISR se redujo a
20 por ciento y aumentamos el salario mínimo casi al doble, es de 213
pesos, y en el resto del país, aunque ha subido casi 50 por ciento en
este gobierno, es de 141 pesos”.
Asimismo, planteó a los mandatarios estatales que puede haber diferencias, pero se requiere unidad para garantizar la paz y la tranquilidad del país.
López Obrador sostuvo que para avanzar en materia de seguridad se deben atender varios temas: primero, que la gente viva mejor, que haya bienestar, “no sólo material y del alma”, y subrayó que si los jóvenes tienen opciones se avanzará en serenar poco a poco a Ciudad Juárez, a Chihuahua y al país.
En cambio, “si se les da la espalda, si se abandona el pueblo, nunca se podrá garantizar la paz ni la tranquilidad. Es lo que hacían anteriormente. Las autoridades volteaban a ver para otro lado, a los jóvenes no los atendían, sólo los etiquetaron, les llamaron ninis. Los trataron de manera despectiva. Ahora es distinto”.
Antes, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, expresó que hacer la guerra en el pasado contra la delincuencia no funcionó y consideró que se requiere el apoyo de padres y abuelos para que a los jóvenes no les resulte atractivo el crimen organizado.
“Estamos seguros que no desean ver a sus hijos o nietos relacionados con la comisión de ilícitos. Insístanles en seguir por el camino del bien, que rechacen la participación en actividades delictivas y las drogas”.
Con información de Rubén Villalpando, corresponsal.
Quedan en el limbo 20 millones con cambio al Insabi; no saben ni que existe
Afiliados a la seguridad social
El instituto asegura que no se requiere afiliación; usuarios afirman que no tienen conocimiento de quién ni cómo se pueden atender ahí
A año y medio de haber entrado en operaciones, la afiliación en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se desplomó un 38 por ciento, respecto al Seguro Popular.
Cifras del Gobierno federal indican que en diciembre de 2018 hubo una afiliación histórica al Seguro Popular de 53 millones 530 mil 359 personas pero para 2021, ya con el Insabi implementado, los registros de usuarios disminuyeron a 32 millones 842 mil 765 registradas, según el reporte del Inegi actualizado en marzo de 2021.
De acuerdo con los nuevos lineamientos, más 20 millones de personas que ya no cuentan con el Seguro Popular, no han solicitado atención en el nuevo sistema de salud, ya que de haberlo hecho, se habría generado un registro en automático para integrar el expediente del solicitante.
La Razón consultó con la oficina de prensa del Insabi, que vía WhatsApp respondió brevemente que “para Insabi no se requiere afiliación así que ese dato no es correcto”; sin embargo, el Inegi tiene registrados a más de 32 millones de afiliados, es decir, los que ya solicitaron los servicios de Salud. Además, en su respuesta por WhatsApp, se aclaró que “no han autorizado entrevistas hasta el momento”.
“La suma de los afiliados en las distintas instituciones de Salud, puede ser mayor al total por aquella población incorporada en más de una institución”, aclara el Inegi en su página oficial.
Cuando arrancó en enero de 2020, el Insabi destacó en su página oficial que las personas sin seguridad social solamente tendrían que acudir a su centro de salud más cercano y presentar: CURP, acta de nacimiento o credencial del Instituto Nacional Electoral.
“Con lo anterior, se llevará un registro de los beneficiarios para el control de atención y el otorgamiento de medicamentos”, destacó en su página oficial.
Andrés Castañeda, coordinador de Salud y Bienestar de Nosotrxs, organización que pugna porque las instituciones de salud garanticen el acceso a los servicios de salud consideró que el aumento de personas que carecen de servicio de salud puede obedecer a una falta de claridad en el proceso de registro ante el Insabi,
“El Seguro Popular daba un papelito que daba tu constancia de afiliación, ahora, hay menos claridad de quién se puede atender. El Insabi puede decir que quizá existe un desconocimiento de las personas, pero al final ese desconocimiento es una barrera clara en el acceso porque anteriormente había 15 millones de personas, (según el Coneval) que se sentían con el derecho de utilizar los servicios de salud y que hoy no lo hacen”, dijo en entrevista con La Razón.
Castañeda destacó que debido a que cada vez más personas tienen menos acceso a los servicios de salud, acuden a los servicios privados, lo que representa un gasto extra y excesivo. “Esta debilitación del sistema público de salud termina afectando a las personas con mayores carencias porque no cuentan con más opciones”.
Resaltó también que tras la pandemia, varias personas perdieron su empleo, por lo que dejaron de ser atendidas por alguna institución de seguridad social, lo que otorgaría el derecho a migrar al nuevo sistema de salud, “pero ante la falta de claridad se encuentran sin ningún servicio”.
“Este tipo de cambios, del Seguro Popular al Insabi, el no pensar en un programa de manera ordenada, transiciones claras, con reglas claras, termina afectando más a quien menos tiene, sobre todo cuando se trata de programas sociales”, resaltó.
Es el caso de Martha, ama de casa de 45 años. Cuando su hija tuvo complicaciones por unos quistes en el ovario acudieron al servicio médico gratuito que ofrece la Vocacional 7 (CECyT) del IPN. Ella admitió que no estaba enterada de la transición del Seguro Popular al Insabi.
“No sé qué sea eso (Insabi), no me enteré, tampoco mi familia. Donde vivo somos 10 familias y nos corremos la voz, pero de eso no nos enteramos”, confió a La Razón.
José Alfredo, de 82 años, estaba asegurado por parte de su esposa, pero cuando ella se quedó sin empleo él también perdió los servicios de salud y después la pandemia le imposibilitó salir. “No lo tramité (Insabi) por el Covid, porque luego no funcionan muchos servicios, no atienden rápido y también para cuidarme”, cuenta.
Carmen, estudiante universitaria de 23 años, confió que no había escuchado del Insabi y que desconocía de la transición del Seguro Popular, pero “no cuento con ningún seguro, debería tenerlo por la escuela, actualmente estudio Administración. No, no había escuchado del Insabi”.
En su último informe, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que más 35 millones de personas carecen de algún servicio de salud. De acuerdo con ese reporte, hay 12 por ciento más personas sin acceso a servicios de salud, en comparación con 2018.
Proponen revisar la edad de retiro en México
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También sugiere aglutinar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral, que a su vez se integre a un Sistema de Seguridad Social a construir gradualmente.
Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó en entrevista que en dicho Grupo participan ocho organizaciones de la sociedad civil y ocho legisladores de diferentes partidos, quienes elaboraron varios documentos entre los que destaca el de Reforma al Sistema Universal de Pensiones, el cual subraya que es urgente atender el reto de la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, de la reducida cobertura y las bajas tasas de remplazo.
El texto, dijo, emite una serie de recomendaciones a los legisladores con miras a que sean consideradas para reformar el sistema pensionario, entre las que destaca que para aumentar la cobertura se debe introducir un esquema obligatorio para que empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación.
Díaz-Infante, quien participa en el grupo de trabajo, detalló que también colaboran representantes el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del Coneval, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de Oxfam, de Fundar, de la Fundación Friedrich Ebert, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cepal, y de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.
Dijo que para una sociedad más equitativa se debe dar cobertura de seguridad social a todos los mexicanos y eso cuesta, según se estimó hace tres años, 2.4 por ciento del PIB, pero hay que actualizar la cifra.
“Nuestra propuesta es que esto se financie de un IVA generalizado de 16 por ciento a alimentos y medicamentos, lo que implicaría eliminar la tasa cero”, subrayó.
Refirió que entre las propuestas que ellos han hecho está la de brindar una pensión mínima para todos los mexicanos, independientemente si trabajan en la formalidad o informalidad, que se complementaría con una pensión de la Afore, para quien la tuviera y también que todos tuvieran acceso al sistema de salud.
Advirtió que “se le está acabando el espacio fiscal a la 4T y tienen por fuerza que buscar fuentes de ingreso recurrentes, ya que no es posible seguir financiando el gasto de pensiones con ingresos petroleros, por lo que deben definir de dónde obtendrán los recursos”.
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Pensiones (Especial)
Más reformas
El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria entregará en este mes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una serie de propuestas en las que sugieren reformas para revertir carencias en el sistema de salud y educación, pero también para “desactivar la bomba de tiempo del sistema de pensiones”, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.
El coordinador de este grupo de trabajo expuso en entrevista que el sistema de pensiones demanda alrededor de 1.2 billones de pesos; toda la recaudación del IVA se va para financiarlo y son además gastos que se incrementan año con año, por lo que es importante que todo el gasto, tanto de las pensiones contributivas como no contributivas, tenga sustentabilidad.
“Así como vamos y con los cambios demográficos se convierte en una ‘bomba de tiempo’, porque en materia de gasto social, lo que más se lleva son jubilaciones y pensiones, es el rubro que más crece desde 2009”, subrayó.
El Grupo de Trabajo elaboró 5 documentos: el de requerimientos de gasto, de salud, de educación, del sistema de cuidados y la propuesta para que el CEFP se convierta en el Instituto de Estudios para la Hacienda Pública. Ramírez Cuellar dijo que los textos quedarán como un insumo de trabajo para la próxima legislatura.
“Para nosotros la prioridad es el sistema de salud, debe haber una revolución completa que eleve la cobertura efectiva, que garantice la gratuidad de los medicamentos, y sobre todo una atención especial en tercer nivel”, subrayó.
Recalcó
que las carencias que se incrementaron a causa de la pandemia exigen
esta revolución completa y la dotación de mayores recursos.
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