Partidos reciben multa histórica de mil 330 mdp; el INE detectó aportaciones ilegales
El Consejo General del INE aprobó multas por mil 330 millones de pesos a los partidos por quejas de fiscalización y omisiones en reportes de ingresos y gastos de campaña.
Para el consejero presidente Lorenzo Córdova, la cifra constituye un monto histórico impuesto porque los institutos políticos ocultaron información e intentaron mentirle a la sociedad.
Resaltó que de las 27 mil 300 candidaturas revisadas, 269 rebasaron los topes de gastos de campaña.
Entre las multas aprobadas anoche, en lo general, destaca la de 55.9 mdp a Movimiento Ciudadano y a Samuel García por considerar que Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, aportó indebidamente recursos a la campaña aprovechando su faceta de empresaria en redes sociales, pues lo promocionó en publicaciones de Instagram.
Además, el INE también multó a dicho partido con 28 mdp al detectar aportaciones irregulares hechas por familiares de García, pues los recursos provenían de tres empresas que transfirieron el dinero a la madre y hermanos del político. En total, MC pagará multas por 83.4 millones.
El INE aplica multas históricas a partidos
Para Morena son de 377 mdp, Fuerza por México 103 mdp, RSP 101 mdp, PRI 93.7 mdp, PAN 88.5 mdp, entre otros.
El Consejo General del INE aprobó multas por mil 329.7 millones a partidos políticos, por quejas de fiscalización y reportes de ingresos y gastos, lo que constituyó una cifra histórica subrayó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien apuntó que estas multas se deben a que los partidos ocultaron información, intentaron mentirle a la sociedad y engañar a las y los mexicanos.
De esta cantidad, 129.9 millones fueron en multas por quejas de fiscalización, y mil 200 millones por irregularidades, en reportes de ingreso y gasto por campañas.
Córdova Vianello apuntó que mientras en 2018 se auditaron 19 mil 128 candidatas y candidatos, en 2021 se fiscalizaron 29 mil 612 candidaturas, que representan 55% más que hace tres años.
“Este ejercicio no es un ejercicio punitivo, claro que implica sanciones a las faltas cometidas, pero es, ante todo, un ejercicio de transparencia y de fortalecimiento, aunque podría parecer paradójico al sistema de partidos y al sistema democrático que hemos construido”, dijo Córdova.
Resaltó que, de las 27 mil 300 candidaturas revisadas, 269 rebasaron los topes de gasto de campaña; de esta cantidad 2 fueron candidaturas federales y 267 locales.
32 de estas candidaturas que rebasaron topes fueron ganadoras y 5 de ellas podrían ser anuladas porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 5 por ciento.
Las multas por partido fueron de 377 millones para Morena, 103 millones para Fuerza Por México, Redes Sociales Progresistas 101 millones, PRI, 93.7 millones, PAN 88.5 millones, PT 86 millones de pesos, Verde 84 millones, Movimiento Ciudadano 73 millones, PES 53 millones, PRD 42 millones, más 96.8 millones a partidos locales y 6 millones a candidatos independientes.
Castigan a Samuel y MC con 83.4 mdp
El Consejo General del INE multó a Movimiento Ciudadano con 55.4 millones de pesos y a Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, con 448 mil 996 pesos, por la aportación indebida de una empresaria, la esposa del candidato e influencer, Mariana Rodríguez, de 27.8 millones de pesos a la campaña de García.
En adición multó al partido con 28 millones por aportaciones de 14 millones de pesos, de familiares del candidato, a la campaña de García, pero quedó acreditado que los recursos provenían de tres empresas que transfirieron el dinero a la madre y hermanos del candidato.
En total, MC pagará multas por 83.4 millones de pesos.
“Que impugne”
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, apuntó que si García no está conforme con las multas que impugne ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El INE contabilizó que la influencer Mariana Rodríguez, con más de 5 millones de seguidores en Instagram, publicó durante las campañas, 45 fotos en su muro y mil 300 historias, promocionando a su esposo y solicitando el voto a su favor.
El representante de MC ante, el INE, Juan Miguel Castro, consideró que esta resolución ha sido una de las más “ominosas” que se han dado en el INE, y leyó una carta enviada por Dante Delgado, líder moral del partido.
“Todo el proyecto es ajeno al derecho y a la evidencia y todo está basado en criterios discriminatorios y absurdos. Con todo respeto, consejeros, escuchen con atención y rectifiquen, no convaliden un proyecto con esta carga de ausencia total de objetividad y fundamento legal”, comentó Castro Rendón.
En contra
Los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña, Norma Irene de la Cruz y Dania Rabel se pronunciaron en contra del proyecto.
Ruiz Saldaña dijo en defensa de Samuel García y su esposa que “es comprensible, entendible, explicable y por ello, inclusive, disculpable. Qué significa en el caso concreto, a mi juicio, que era la actitud esperada, esperable, de una esposa apoyar a su pareja, a su esposo, en una campaña”.
Aurora Zepeda
Confirman multa por 40.9 mdp al Verde
El Consejo General del INE multó al partido Verde con 40.9 millones de pesos, por la contratación de 95 influencers para que difundieran historias a favor de las propuestas de ese partido, en sus redes sociales, durante los tres días de veda electoral.
En adición, ordenó la suspensión de spots de radio y televisión para ese partido en tiempos ordinarios, por un año, como otra de las sanciones en contra de la ilegalidad cometida.
El consejero Ciro Murayama explicó que “si el Verde de forma ilegal desplegó otra vez propaganda cuando no podía hacer campaña, si gastó dinero de procedencia desconocida en el intento de romper la equidad en la contienda entonces no podrá usar las prerrogativas para estar en los tiempos del Estado que administra el INE en la radio y la televisión por un año”.
Lo anterior, porque además de vulnerar la ley electoral, también obstaculizó la facultad fiscalizadora del INE para investigar el ilícito.
Se tasó la contratación de cada influencer en 200 mil pesos, por lo que se calculó en más de 20 millones de pesos en pagos a estas 95 personas y se multó con el 200% del monto involucrado, porque en 2015 fue multado por contratar influencers que lo promocionaran en veda electoral.
Mal precedente
En su defensa, Marco Gómez, representante legislativo del Verde, dijo que en ninguna parte del mundo se penalizan las opiniones de influencers en redes sociales y que sería un mal precedente para el INE aprobar las sanciones.
El dictamen tiene “elementos mínimos probatorios, lo que provoca una resolución arbitraria y autoritaria por parte del INE, que atiende exclusivamente a la tribuna no al Estado de derecho”, dijo Gómez.
Reclamó que, a la esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez, se le cotizaron en 20 mil pesos sus spost a favor del candidato de MC en Nuevo León, mientras que a los supuestos influencers contratados por el Verde, se les cotizan sus posts en 200 mil pesos.
Es grave
Lorenzo Córdova, presidente del INE, subrayó que la conducta del Verde es “grave y reiterada” y agregó que el partido “insistió en aprovechar de una manera desleal la pausa que la ley establece en el proselitismo político para todos los contendientes, con la finalidad de tratar de posicionarse de manera alevosa y ventajosa”.
El PAN y el PRD pidieron que se le retirara el registro al Verde, en voz de sus representantes Víctor Hugo Sondón y Ángel Ávila, respectivamente. - Aurora Zepeda
Quince estados ya preparan el regreso a clases
Al menos 15 entidades se sumaron al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a clases presenciales en agosto; sin embargo, otro bloque de 12 estados se manifestó por que el retorno a las aulas sea solo con semáforo verde y cinco más analizan una modalidad híbrida.
Los gobiernos de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, NL, Campeche y Colima coincidieron en que serán sus autoridades sanitarias las que tomen la decisión, por lo que las clases seguirán a distancia el próximo ciclo escolar.
Incluso la Secretaría de Educación de Guerrero agregó que no bastará con tener semáforo en verde para reactivar las clases; también deberán cumplir protocolos, contar con la infraestructura necesaria, como agua potable, y lograr el consenso entre padres de familia y maestros.
En Quintana Roo ven complicado volver a clases presenciales, ya que la curva de contagios no disminuye desde mayo; en Tamaulipas, el gobernador Francisco García dijo que el regreso será gradual, cautelosa y prudente para no exponer a menores.
En contraste, 15 entidades respaldan el llamado del Presidente, incluidas Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, considera “fundamental” hacerlo el 30 de agosto, aunque las hospitalizaciones crecen la vacunación avanza.
Baja California y Sinaloa planean un modelo híbrido, con lecciones presenciales en algunas escuelas; en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa consideró “impostergable” el regreso a las aulas, pero la Secretaría de Educación local aclaró que será voluntario.
El mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se revisa el panorama sanitario estatal, a fin de que “a más tardar el lunes” se pueda hacer un planteamiento sobre el regreso a clases programado para el 23 de agosto.
A la lista se suman Yucatán, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Zacatecas. En Oaxaca se contempla reanudar actividades de forma voluntaria, paulatina y escalonada, pero algunos municipios no descartan clases a distancia.
En veremos está el Estado de México, donde sus autoridades informan que se mantendrán pendientes de las disposiciones que emita la SEP; Morelos, Coahuila y Tlaxcala aún no deciden cual será la dinámica.
Inmunidad de rebaño
Alejandro Macías, ex comisionado de influenza en México y catedrático de la Universidad de Guanajuato, dijo que el impacto de la tercera ola dependerá de la aceleración de la vacunación y de las medidas de cuidado, incluso, de las que ya están inmunizadas y con esquemas completos.
Aseguró que “estamos viendo el último coletazo de esta etapa epidémica” que nos llevará tres o cuatro meses, “cuando hay muchos vacunados y mucha gente (tenga inmunidad natural) tras haberse infectado, estaremos cerca de esa inmunidad de rebaño”.
Francisco Moreno, jefe epidemiológico del Centro Médico ABC, alertó que la variante Delta tiene un indicador en el que una sola persona infectada puede contagiar a otras ocho o nueve. “Es una enfermedad mucho más contagiosa de lo que ya era inicialmente”, advirtió
Al reconocer el aumento de contagios, Guillermo Torre, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, contó que “tenía 25 pacientes internados y ahora son 85 pacientes graves, en menos de una semana”.
Riesgo brutal en el sistema eléctrico por cortes de IP a la red: Bartlett
Ciudad de México. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está en riesgo por los cortes que los privados hacen a la red de transmisión para inyectar la energía que generan, aseguró Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Como parte de las medidas que realizará la empresa estatal para reforzar la red tras la falla ocasionada el 28 de diciembre pasado por una firma privada, pedirá a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que suspenda los permisos y contratos de centrales eléctricas que no cumplan con los lineamientos.
El informe final del panel de expertos sobre la causa que interrumpió el suministro eléctrico en distintos estados del país, señala que el disturbio se originó por la balcanización de la red de transmisión, es decir, el seccionamiento que hacen las empresas privadas para inyectar la energía que generan.
La falla se debió a un incendio bajo las líneas de transmisión entre las subestaciones Güémez y Laja, por la improvisación en la interconexión del parque eólico San Carlos, de la empresa Acciona, cuyas protecciones provisionales no cumplían con lo especificado en el estudio de instalaciones.
Bartlett Díaz destacó que la afectación puso en riesgo al SEN, por lo que se tomarán las medidas necesarias y se deslindarán las responsabilidades que existan.
“El SEN, de esta manera, está en riesgo, constituye una amenaza el
continuar con estas actitudes de romper la red en cualquier momento que
algún privado lo solicite, porque genera un peligro brutal para la
seguridad energética del país”, dijo.
Sostuvo que las líneas de transmisión de 400 kV “no se deben romper, porque establecen un grave peligro al sistema, son intocables”.
Destacó que derivado de la presión que ejercen los privados, por “la necesidad imperiosa de servir a los intereses particulares”, como sucedió en sexenios pasados, “tenemos enormes peligros” en la red.
“De continuar con esos rompimientos de las redes, que son para transmitir grandes bloques de energía y no llevar la electricidad a los generadores privados, se produce un enorme peligro para todos”, apuntó.
Por la “balcanización” hallada por los expertos, la CFE pedirá a la CRE suspenda los permisos y contratos de centrales eléctricas sin avances constructivos.
Víctor Nolasco Miguel, director corporativo de planeación estratégica, señaló que se analizarán los permisos que presenten cero avance constructivo y los que está otorgando la CRE.
Otra de las 11 medidas que emprenderá la CFE, es robustecer la red nacional de transmisión entre 2023 y 2025, para lo cual se requiere de una inversión mayor a 25 mil millones de pesos.
La empresa repondrá 10 kilómetros de fibra óptica entre Mazatlán y Tepic, se realizarán revisiones y pruebas a los enlaces de teleprotección de la red, trabajos que concluirán en diciembre próximo.
La CFE pondrá en marcha un programa de trabajo para revisar 325 líneas de 400 kV y 915 líneas de 230 kV, el cual concluirá en el último mes de 2021. También revisa diversas protecciones eléctricas y sistemas de control de las unidades generadoras propias.
Además, promoverá ante el Centro Nacional de Control de Energía la necesidad de programar el despacho del día siguiente, con criterios de máxima confiabilidad y seguridad para el SEN.
Un bar, domicilio fiscal de una empresa que vendió Pegasus
La empresa Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., que entre 2015 y 2016 se adjudicó tres contratos por un total de 94 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, tuvo su domicilio fiscal en Pennsylvania 15, edificio 3, departamento 401, piso 4, en la colonia Nápoles. Se trata de una unidad habitacional donde sólo hay condominios y ninguna oficina, fábrica o instalación industrial.
Esta empresa definida como fachada por la UIF, ofrecía servicios de construcción, reconstrucción y mantenimiento, no tiene página oficial en internet y no se promociona en redes sociales, en internet, no existe, aunque los contratos que obtuvo con Conagua, de acuerdo con documentos localizados en CompraNet dicen lo contrario.
En uno de esos contratos, en poder de EL UNIVERSAL, se señala que Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., es una empresa legalmente constituida, cuyo administrador único es una persona de nombre Cristian Escalante Leyte.
El contrato firmado el 9 de febrero de 2016 por la apoderada legal de esa empresa, Claudia Pérez Salazar y el entonces director general del organismo de Cuenca Golfo Centro, Iván Hillman Chapoy, ascendió 62 millones de pesos, y consistió en la reconstrucción de la margen natural derecha del río Tesechoacán, en Veracruz.
La otra empresa fachada es Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, S.A. de C.V., que de acuerdo al informe presentado el miércoles pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibió de la Federación entre 2013 y 2018, 960 millones 486 mil 79 pesos.
Otra compañía fachada es Grupo Tech Bull, S.A. de C.V., ubicada en la calle Homero número 538.
Su domicilio registrado es el mismo que el de Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V.,: Pennsylvania número 15, edificio 3, departamento 401, piso 4, en la colonia Nápoles, Benito Juárez.
En el portal de CompraNet se hacen públicos sólo tres contratos con el gobierno federal por un monto total de 225 millones de pesos en 2013, todos por adjudicación directa.
Uno de ellos fue comprometido con el Servicio de Protección Federal para la adquisición de uniformes tácticos, vestuario y prendas de protección por un monto de 71.2 millones de pesos.
Otra compañía fachada es Grupo Tech Bull S.A. de C.V., ubicada como una de las que vendió el programa de espionaje Pegasus a la Procuraduría General de la República (PGR) en 32 millones de dólares, tampoco tiene rastro.
En los contratos aparece que su domicilio para efectos legales se ubica en la calle Homero número 538, interior 303, en la colonia Polanco. Se trata de un pequeño edificio de oficinas; sin embargo, ese despacho se encuentra en renta desde hace más de dos años, según informaron a este diario los administradores del lugar.
En tanto, Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., que ganó 30 contratos entre 2015 y 2017 por más de 34.5 millones de pesos, registra su domicilio fiscal en la avenida Prado Norte 400-C, Lomas de Chapultepec I Sección, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pero ahí se encuentra actualmente un restaurante-bar.
Su principal cliente fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que le repararon herramientas, le vendieron refacciones, destruyeron armas por el método de fundición, y le forjaron piezas específicas.
En los casos de Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV S.A. de C.V., y Grupo Comercial Vicra S.A. de C.V., su domicilio fiscal no es público. La única empresa que tiene pública su dirección es Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., en cuya página oficial se venden como “una organización privada formada por expertos en materia de seguridad”.
Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V. registra su domicilio en la avenida Prado Norte 400-C.
Ofrecen desarrollo de tecnología avanzada como sistemas de localización de personas por medio de celulares; aparatos de reconocimiento facial, y equipos para inhibir las frecuencias en centros penitenciarios, entre otras, además de servicio de capacitación en inteligencia y contra inteligencia: “Nuestra organización integra el mejor ingenio mexicano con tecnología Israelí de primera”, señalan.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estas empresas están vinculadas a la compra del programa Pegasus, por el que la entonces Procuraduría General de la República pagó 32 millones de dólares y que sirvió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para vigilar a políticos de oposición, empresarios, artistas y periodistas.
La UIF las ha definido como empresas fantasma o fachada y durante el periodo 20212-2018 obtuvieron contratos por 5 mil 914 millones de pesos con diversas dependencias del gobierno federal y de gobiernos locales.
Por costar 300 mdp rechazan regalar a Corral escolta y gasolina por 4 años
Petición del gobernador de Chihuahua es casi 50% de lo recuperado de operaciones ilícitas de Duarte: legisladores; señalan que eso serviría para algunas clínicas; AMLO le sugiere el mecanismo de protección de Segob
Otorgar seguridad al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, después de que concluya su administración, y a dos miembros de su gabinete, podría costar hasta 300 millones de pesos, esto es, casi el 50 por ciento de los 657 millones de pesos que la administración actual ha recuperado por medio de acciones fiscales en la llamada Operación Justicia.
Corral Jurado envió una iniciativa al Congreso de su estado para que se le otorgue a él y a los titulares de la Fiscalía General del Estado y de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno, escoltas, gasolina y vehículo blindado de manera gratuita durante cuatro años, después de que dejen sus cargos.
Sin embargo, otorgarle dicha seguridad al panista costaría alrededor de 300 millones de pesos, advirtió el subcoordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Chihuahua, Omar Bazán Flores.
“Trescientos millones de pesos o un poco más, que servirían ahora para matizar el problema de salud en varias clínicas del estado de Chihuahua”, externó el legislador, en entrevista con La Razón.
Dijo que es una “incongruencia”, puesto que hace cinco años el propio mandatario pidió que se le quitara a los exgobernadores, a través de una iniciativa que se aprobó en el Congreso, a petición de él, esta seguridad.
Ahí
te habla de su fracaso en materia de seguridad, de sus miedos internos
que tiene y que quiere que los chihuahuenses le paguemos esa seguridad
De acuerdo con el Gobierno chihuahuense, la administración actual ha logrado recuperar, por la vía fiscal, 657 millones de pesos que se usaron en presuntos actos de corrupción durante la administración del exgobernador de la entidad César Duarte Jáquez —quien está detenido en una prisión en Estados Unidos—, como parte de la llamada Operación Justicia, una de las acciones impulsadas por Corral Jurado desde el principio de su gestión hace casi seis años.
“De las 151 auditorías fiscales realizadas a los ‘beneficiarios reales’ de los esquemas agresivos de evasión fiscal (empresas fantasma EFO y empresas que deducen operaciones simuladas EDO) que se detectaron en el combate a la corrupción de la administración pasada, se han logrado recuperar 657 millones de pesos”, se lee en una publicación del Gobierno estatal, fechada el 12 de julio pasado.
Esa cantidad, de acuerdo con el Gobierno estatal, equivale al 92 por ciento de los 713 millones de pesos que la administración ha recuperado en los últimos años como parte de dicha operación.
El martes pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de los escoltas y dijo que no debe hacerse uso del presupuesto para seguridad a exfuncionarios, y que si Corral Jurado “considera que puede verse afectado, si está en riesgo”, puede acceder al mecanismo de protección que ofrece la Secretaría de Gobernación.
“No me corresponde; es un asunto que tiene que ver con el estado y, desde luego, no debe utilizarse el presupuesto con estos propósitos”, aseveró, tras ser cuestionado durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
- El dato: Por temas que tienen que ver con austeridad, las entidades y la misma Federación han suprimido esos apoyos para los exfuncionarios y se ha normalizado esa práctica desde hace años.
Ley de outsourcing, pa’la próxima: Hay consenso para prórroga
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Juan Antonio Castro, integrante de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que la postergación del plazo que vencía el 1 de agosto para que las empresas acataran la legislación “significa oxígeno” tanto para el sector privado como para el gobierno porque las empresas no estaban listas, pero tampoco las instituciones públicas, puesto que las plataformas de registro del padrón han estado saturadas.
Agregó que la postergación de la puesta en vigor permitirá aclarar muchas dudas de las empresas debido a que como toda nueva ley, está sujeta a interpretación; además permitirá a las empresas prepararse económicamente, ya que al absorber a sus trabajadores, deberán pagar una prima de riesgo de trabajo más alta, lo que elevará sus pagos de cuotas obrero patronales.
En la conferencia matutina del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se dé una prórroga al sector empresarial para adaptarse a las nuevas disposiciones laborales.
“Se está actuando con mucha prudencia y además entendiendo cada realidad. Los empresarios nos pidieron una prórroga de un mes, porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, y que no haya la subcontratación (...) estoy a favor de que se amplíe”, apuntó.
Indicó que dialogó con empresarios, y como la reforma en materia de outsourcing se creó con el apoyo de éstos, es que está a favor de la extensión de plazo.
“Esta reforma legal se hizo de común acuerdo con empresas, por eso ahora que plantean lo de la prórroga yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y se analizara, pero sí creo que debe darse esta prórroga de un mes”, declaró el presidente.
El mandatario federal afirmó que ha constatado que empresarios están haciendo lo posible para ajustarse a la nueva normativa, por lo que este plazo puede ser de ayuda. “Ojalá se busque que no queden trabajadores sin ser inscritos en las empresas, hay que buscar la forma”, dijo.
Recordó que este cambio de esquema laboral ayudará a que los y las trabajadoras tengan mejores sueldos y prestaciones.
El martes, el senador Ricardo Monreal informó que presentaría una iniciativa para modificar el artículo primero transitorio sobre la ley de subcontratación (outsourcing) para que su entrada en vigor sea el 1 de septiembre próximo, y no el 1 de agosto, como estaba previsto.
La Comisión permanente del Congreso recibió la iniciativa el miércoles.
Piden más tiempo
La Coparmex demandó que el plazo se postergue al 1 de enero de 2022, “para evitar que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión”.
Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, advirtió que la prórroga es necesaria porque el acatamiento de la Ley no es tan sencillo, ya que para muchos negocios significaría hacer fusiones de empresas, cambios en planes de pensiones, homogeneizar prestaciones laborales, entre otros.
El organismo estima que 40 por ciento de los patrones registrados en el IMSS utiliza este esquema de outsourcing, lo que representa cerca de 400 mil empresas. A dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón faltaban 387 mil 500 empresas por registrarse.
Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, advirtió que si se recurre a la prohibición del outsourcing se perderían directamente 460 mil empleos.
Añadió que a la par de ampliación de tiempos, será necesaria una campaña de información en los siguientes meses, para que las empresas comprendan cómo funcionarán las nuevas disposiciones en materia de contratación de servicios especializados, que deben cumplir nuevas reglas de contratación.
Con información de Felipe Gazcón, Leticia Hernández y D. Benitez.
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