lunes, 3 de mayo de 2021

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 Reprueban suspensión de examen PISA; es información crucial: OCDE

 Excelsior

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Organizaciones y especialistas en educación y derechos de la infancia consideran que se perderá la posibilidad de analizar el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes

Aurora Zepeda

CIUDAD DE MÉXICO.

Más de 20 organizaciones no gubernamentales como Save The Children México y Educación con Rumbo lamentaron que México haya decidido suspender la aplicación de la prueba PISA este año, al considerar que se perderá una herramienta para conocer el nivel de aprendizaje real de los alumnos, en especial tras el impacto de la pandemia.

Ante ello, se pronunciaron por que la medición se mantenga y se dé a conocer el plan de evaluación, tanto de alumnos como de maestros.

Luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) alertara que nuestro país no participará este año en el examen, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que la realiza, aclaró que no ha recibido información al respecto, pero manifestó su preocupación ante una posible suspensión y consideró que la información que arroja la prueba es crucial para asegurar el futuro de los estudiantes.  

Expertos y ONG rechazan posible salida de PISA

Especialistas en educación y derechos de la infancia alertan que abandonar la evaluación perdería la posibilidad de saber los avances en la educación y el impacto de la pandemia.

Expertos y más de 20 organizaciones no gubernamentales deploraron la posibilidad de que México cancele la evaluación PISA, pues aseguraron que se perderá una de las fuentes que proporciona información detallada sobre los conocimientos y habilidades que adquieren los alumnos, además de que esta prueba sería fundamental para analizar el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que exigieron  la permanencia del país en la prueba PISA y se dé a conocer el plan de evaluación tanto de alumnos como de maestros.

Miembros de la Redim, Save the Children y los ocho representantes de Sociedad Civil en el Sipinna, entre otros, detallaron que al suspender o cancelar la prueba se perdería el único instrumento restante para conocer las áreas de oportunidad y mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Hicieron un llamado a cumplir lo que dice el artículo tercero de la Constitución sobre la educación de “excelencia” que debe haber en el país, y agrega que “sin una medición constante y confiable no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo”. 

A través de un comunicado, las ONG y expertos detallaron su posicionamiento, en el que señalan que México participa en el programa PISA desde sus inicios, en el año 2000, y los resultados de la evaluación han permitido hallar algunas limitaciones estructurales de nuestro sistema escolar.

Los análisis han permitido focalizar acciones para los estados y subsistemas con mayores carencias y para superar elementos de inequidad y de exclusión.

Golpe por pandemia

Agregó que el cierre de planteles por la pandemia desestructuró a todo el sector y para tener un diagnóstico sólido de lo que ha ocurrido con los resultados de la educación en México, requiere de “esfuerzos pospandemia” con una variedad de instrumentos que capten lo que ocurrió y permitan “la restitución efectiva del derecho a la educación de niños y jóvenes”. 

Lamentan suspensión de evaluación

La organización Educación con Rumbo lamentó la decisión del gobierno mexicano de cancelar la evaluación PISA en su versión 2021, por considerar que “se eliminará el último de los instrumentos para conocer el nivel real de los alumnos”, sobre todo en el contexto de una pandemia que ha obligado a que la educación se realice en casa. 

Los especialistas integrantes de esta organización exigieron al gobierno “que permanezca en la prueba PISA y se dé a conocer el plan de evaluación tanto de alumnos como de maestros”. 

Agregan que, desde su trinchera, promoverán instrumentos para evaluar la calidad de la educación, desde la sociedad civil y la comunidad internacional. 

En un comunicado con diez puntos, esta organización asegura que “es grave que se cancele la participación en la prueba PISA, pero más grave es que no existan explicaciones ni otras propuestas alternativas para evaluar la evolución del aprendizaje de nuestros alumnos”. 

La organización destacó que en 2018 los resultados de la prueba arrojaron sobre los aprendizajes en matemáticas, ciencias y lectura, que 35% de los estudiantes de nuestro país no ha conseguido aprendizajes suficientes en estas materias, cuando el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es del 13 por ciento.  

OCDE desconoce salida de México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde su oficina en México, aclaró que no ha recibido “ninguna información” con respecto a la presunta salida de México de la Prueba PISA, y señala que, desde el año 2000, ningún país integrante de esa organización se ha salido de la prueba.

En un comunicado menciona que “ve con preocupación” la información difundida sobre la posible suspensión de la participación de México en la prueba estándar del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes.

“Mientras la pandemia erosionó a la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo, este tipo de información se ha vuelto cada vez más crucial para asegurarse de que el futuro de los estudiantes y profesores no se había comprometido particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad no se puede mejorar lo que no se puede medir”, dice el documento.

Agregó que la prueba PISA ha “arrojado información invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en México y quizá, de manera más importante, ha enfocado la atención pública sobre la urgencia de mejorar las oportunidades educativas de las comunidades más marginadas.”

Ligan la medida a fechas electorales

El coordinador de Misión Rescate México, Leonardo García, lamentó la decisión del gobierno mexicano de cancelar la participación del país en la prueba PISA y consideró que podría deberse a que los resultados de la educación durante el confinamiento han sido pésimos y “les asustan” los indicadores con miras a las elecciones, y la revocación de mandato. 

Agregó que las organizaciones sociales, además de hacer un llamado al gobierno para que rectifique, podrían reunirse con los candidatos a las 15 gubernaturas que se elegirán para tratar de concientizarlos de que, una vez en el poder, se instalen mecanismos de evaluación educativa en sus entidades. 

Al preguntársele por qué un gobierno podría cancelar una evaluación que permite mejorar la educación, considero que “porque es un fracaso la educación durante la pandemia, y esos indicadores les asustan y más si ésos se dan a conocer de inmediato y, por lo tanto, que les afecte en el proceso electoral o en el proceso de revocación de mandato o en el proceso de 2024, porque están demostrando que Morena no sabe gobernar” .

 

FGR y UIF van por 600 mdp de cuentas abandonadas por ‘narcos’

 Milenio

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Jannet López Ponce
 
Ciudad de México

La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas bancarias abandonadas desde 2016, pues tras ser congeladas al crimen organizado y por indagatorias relacionadas con actos de corrupción hasta la fecha nadie se ha presentado a reclamarlas.

Se trata de cuentas que los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, entre otros, dieron por perdidas ya que, al estar relacionadas con narcotráfico, nadie se ha presentado reclamar ante un juez el desbloqueo.

MILENIO confirmó que ambas dependencias ya preparan un plan piloto para explotar la extinción de dominio bajo la figura de abandono, pues existen cuentas bancarias que fueron congeladas desde hace más de cinco años por lavado de dinero y que, desde entonces, continúan bloqueadas, pero sin que las autoridades puedan hacer uso de ese capital.

Este primer paquete con el que la UIF y la FGR pretenden iniciar la recuperación de recursos, producto de actos delictivos, suman 600 millones de pesos y algunas cuentas fueron congeladas desde 2016, por lo que consideran que son casos con una alta probabilidad de que se pueda aplicar la declaración de abandono y redirigirlos a la hacienda pública.

El proyecto pretende que este dinero se utilice en beneficio de la sociedad y que el gobierno pueda recuperarlo de una manera “más rápida, ágil y efectiva”, que mediante un proceso de decomiso que lleva varios años hasta que se tiene una sentencia condenatoria.

Recuperar bienes es una facultad exclusiva de la Fiscalía y está en manos del Ministerio Público iniciar estos procesos durante las audiencias; sin embargo, las autoridades consideran que la última palabra quedaría en manos de los jueces quienes, para autorizar su recuperación, mantienen estándares probatorios que resultan muy altos en las primeras fases procesales.

Desde el inicio de este gobierno, la UIF incluye en las denuncias presentadas ante la FGR la solicitud de que aplique el aseguramiento de cuentas ante las limitantes con que se enfrenta esta dependencia, tras la jurisprudencia establecida por el ministro Eduardo Medina Mora, que impone a la UIF que pueda congelar cuentas únicamente si existe una solicitud expresa de una autoridad extranjera o de un organismo internacional.

En las denuncias, la UIF señala a los sujetos implicados, las cuentas que fueron bloqueadas, los montos que éstas contienen, las operaciones irregulares detectadas por el sistema financiero, así como el posible origen ilícito de los recursos, ya sea por actos de corrupción, fraude, trata de personas, delincuencia organizada o delitos contra la salud.

Por lo que pide expresamente asegurar las cuentas bancarias para evitar que recursos relacionados con lavado de dinero sigan en el sistema financiero o exista la posibilidad de que se liberen. Sin embargo, de 341 denuncias presentadas en este gobierno, en menos de 10 casos se ha solicitado esta acción y únicamente en algunas de las cuentas implicadas, por lo que no es una política de la FGR asegurar los recursos, pese a las solicitudes expresas fundadas y motivadas.

Para que las autoridades puedan hacer uso de estos recursos de procedencia ilícita existen tres vías.

La primera es el decomiso, que consiste en que el Ministerio Público solicite el aseguramiento de las cuentas y conforme avance el proceso, al tener una sentencia condenatoria se pueda comprobar que el dinero es instrumento o producto de un delito. Pero esta vía lleva incluso años en lograrse.

La segunda es el abandono de bienes que no necesita llegar a la fase condenatoria, pues simplemente el Ministerio Público puede alegar que nadie presentó una impugnación o reclamó el bloqueo de estos recursos.

Y la tercera, se trata de la extinción de dominio que tampoco requiere una sentencia penal, pero el Ministerio Público debe acreditar ante el juez que existen elementos suficientes que muestran que este dinero está relacionado con un ilícito.

 

AMLO acumula 13 denuncias por intervención en proceso electoral

 El Universal

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Desde el inicio del proceso electoral federal —en septiembre de 2020— al 20 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido al menos 13 quejas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta intromisión en el proceso electoral debido a sus expresiones político-electorales en las conferencias de prensa mañaneras.

De acuerdo con el registro que lleva la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del organismo autónomo, de esas 13 quejas, cuatro fueron en 2020 y nueve han sido presentadas este 2021.

Del total, cuatro recibieron medidas cautelares, dos han sido desechadas por no encontrar violación a la norma, cinco en trámite y dos han sido remitidas a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su resolución.

El 31 de marzo, la Sala Superior del TEPJF determinó que durante el proceso electoral, el Mandatario federal no podrá usar sus conferencias para difundir logros de gobierno, presumir programas sociales, elogiar o atacar gobiernos locales ni hacer comentarios sobre los comicios, y se deberá limitar a presentar información de carácter institucional sobre educación, salud y protección civil.

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El 31 de marzo de este año, el TEPJF ratificó las reglas para evitar violaciones electorales. 

 El pasado viernes 16 de abril, el presidente López Obrador hizo mención de la entrega de fertilizantes para productores del campo en Guerrero y señaló que viajaría para supervisar trabajos del Tren Maya.

Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares por la difusión del avance de acciones, programas y obras de gobierno durante la mañanera del 16 de abril, al advertir que dicha información es considerada como propaganda electoral, por lo que se retiró esa conferencia de prensa de la transmisión.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal se ha referido reiteradamente a los logros de sus programas sociales y ha fijado postura sobre los procesos electorales de Nuevo León, Guerrero y Michoacán, en donde recientemente el Tribunal Electoral le ordenó a Morena sustituir a sus candidatos a gobernador por haberles cancelado el registro por no comprobar gastos de precampaña.

El pasado miércoles, en su mañanera, el Presidente cortó la trasmisión de un video, de octubre de 2016, donde criticaba que los partidos se repartieron los cargos a magistrados del TEPJF para no violar las leyes electorales.

Todo ello aun cuando el pasado 23 de marzo el presidente López Obrador, los gobernadores y la jefa de Gobierno firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, en el que se comprometieron a garantizar elecciones libres, limpias y “respetar la voluntad del pueblo”, lo cual, a juicio de los especialistas, no ha ocurrido.

Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente de IFE (hoy INE), que el Presidente no respete las reglas electorales pone en riesgo las elecciones.

“Nunca habíamos tenido a un Presidente en la historia moderna de México que haya violado tanto las disposiciones legales en materia de neutralidad y su propio acuerdo nacional.

“El Presidente ha planteado un falso dilema a la población sobre lo que significan las elecciones, al señalar que se debe votar por la 4T en el poder o regresar al pasado de corrupción. Este mensaje lo repite cotidianamente y es propaganda política para orientar el voto en favor de la 4T, porque la alternativa, según él, es la corrupción”, dijo Ugalde.

Señaló que cada vez que el Titular del Ejecutivo federal menciona a los conservadores está realizando un ataque a los partidos que lo critican, así como a la autoridad electoral, sembrando dudas sobre su credibilidad.

“Hace tres días, cuando se cancelaron las candidaturas de Guerrero y Michoacá, pedía a la población tener esperanza y aguantar, es decir, se comportó como un candidato, básicamente dijo: ‘Nos están robando la elección y yo les pido que mantengamos el ánimo porque la lucha sigue’. Esto viola no sólo la constitución, sino su propio acuerdo por la democracia”.

Lourdes Morales Canales, doctora en Ciencia Política por la Universidad de La Sorbonne París III, aseguró que el Presidente no ha respetado las reglas electorales y ha usado el espacio de las mañaneras para seguir politizando.

“Lo que me parece más grave es que después de haber firmado un supuesto acuerdo desde el espacio de las mañaneras, se está construyendo la narrativa del fraude para que cualquiera que sea el resultado, principalmente si no favorece al partido en el gobierno desacreditar el proceso electoral”, dijo.

Lamentó que desde el Ejecutivo sólo se vea al órgano electoral a partir de algunos consejeros con los cuales no hay afinidad y se desacredite la labor de todos los ciudadanos.

“Hay más de un millón de ciudadanos que han sido seleccionados y están en capacitación del proceso electoral, ellos son los que hacen la elección y desacreditar al INE es desacreditar a los ciudadanos que son los que hacen la elección, eso parece más inquietante”, expuso.

Marco Baños Martínez, exconsejero electoral el INE, aseguró que el Presidente reiteradamente está difundiendo logros de gobierno, prohibidos por la Constitución, y hace señalamientos en contra de sus adversarios políticos, y denosta a las autoridades electorales.

“En el caso de los adversarios de la colación PAN, PRI, PRD, el INE ha dictado cautelares pidiéndo que se abstenga de esas cuestiones, también se le han dictado cautelares diciéndo que no difunda logros de gobierno para no contravenir la Constitución; sin embargo, el Presidente lo sigue haciendo”, indicó.

Baños criticó que con la resolución del caso de Félix Salgado, López Obrador fue muy enfático no sólo en la defensa del aspirante, sino en denostar a las autoridades electorales, porque señaló que era un atentado a la democracia. Es decir, el Presidente se mantiene en campaña y no respeta las restricciones en la etapa de campañas”.

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Reforma en puerta

Ugalde Ramírez consideró que uno de los riegos futuros es que el próximo 7 de junio, un día después de la elección, el país amanecerá con conflictos postelectorales en distintas regiones del país y con un Presidente que va a descalificar los comicios de diputados porque Morena va a perder 60 o 70 espacios.

“Esto va a dar pie para que a partir del 7 de junio el Presidente inicie una campaña para eliminar al INE, para desaparecer a los plurinominales y hacer una gran reforma política. Ese es el riesgo”, prevé.

Baños advirtió que hay una injerencia del Ejecutivo en las campañas con sus declaraciones y sus señalamientos que están encaminadas a favorecer a su partido Morena y el efecto es que se va a desemparejar la cancha del proceso electoral, generando inequidad en la contienda en favor de ese instituto y denostando a otros partidos y candidatos.

“No esperaba esto, pensé que se sujetaría a la Constitución, llegó con un enorme bono democrático, tiene una legitimidad demostrada en las urnas, pero el comportamiento del Presidente ha sido muy distinto a lo que ha mencionado en su discursos”, refirió el exconsejero.

Morales Canales señaló que independientemente del resultado de los comicios, el Presidente no sólo quiere una reforma política, sino toda una reforma administrativa.

“Pero hasta ahora como se ha planteado es algo constitucionalmente imposible, si se respeta la Carta Magna, porque pretende que órganos que tienen funciones nacionales sean absorbidos por instancias federales, eso no es posible, se tendría que hacer todo un rediseño y además una reforma constitucional que deberá ser ratificada por los Congresos estatales; es una ruta larga”, subrayó.

 

 Suman adeudos de contribuyentes más de $1 billón

 La Jornada

 

En prácticamente todos los sectores se incrementaron los créditos fiscales. En transportes aumentaron 81.8 por ciento y 75.4 en el comercio al por menor.

En prácticamente todos los sectores se incrementaron los créditos fiscales. En transportes aumentaron 81.8 por ciento y 75.4 en el comercio al por menor. Foto Alfredo Domínguez

  Dora Villanueva

Ciudad de México. Los adeudos de contribuyentes –detectados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) luego de diversos actos de fiscalización– aumentaron 34.1 por ciento a lo largo de 12 meses; alcanzaron un billón 48 mil 888 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, lo que representa cerca del monto de los recursos que absorberá el pago de pensiones durante este año y una sexta parte del gasto público para el mismo periodo.

El organismo informó que el monto de los recursos que busca recuperar derivado de auditorías y otros procedimientos mediante los que constató el impago de impuestos resulta en 266 mil 515 millones de pesos más que en el primer trimestre del año pasado.

Sin embargo, más de la mitad está congelada en litigio. Según lo reportado en el más reciente informe trimestral de finanzas públicas, hay 613 mil 226 millones de pesos en la cartera de créditos fiscales controvertidos, lo que significa que los contribuyentes iniciaron un proceso judicial para evitar el pago de un recursos que bien alcanzarían para duplicar el presupuesto público para la función de salud.

Entre los otros 435 mil 662 millones de pesos que no han sido discutidos por los contribuyentes, el SAT reconocer que sólo son factibles de cobrar 304 mil 189 millones de pesos. Es decir que de cada 10 pesos que el organismo encontró como evadidos en procesos de auditoría, sólo tres están tienen posibilidad de ingresar al gasto público.

Como parte de la política tributaria y manera de remediar la caída en los ingresos derivada de la crisis económica por Covid-19, el SAT ha reiterado el aumento de auditorías y otros procedimientos para detectar mecanismos de ingeniería fiscal que hayan permitido la evasión de impuestos.

Entre los procedimientos que se han anunciado se incluye la fiscalización a grandes contribuyentes, aquellos con un ingreso anual arriba de mil 500 millones de pesos, y en particular a los sectores de bebidas y tabaco, financiero, hidrocarburos y telecomunicaciones.

De acuerdo con lo informado a marzo pasado, el billón de pesos que el SAT descubrió como presuntamente evadido, está 79.3 por ciento integrado por adeudos de empresas, 13 por empresarios, y 7.7 por el resto de personas físicas sin actividad empresarial.

Se registró un aumento en los créditos fiscales en todo tipo de contribuyente; destaca el de empresarios (personas físicas con actividad empresarial), quienes pasaron de presuntamente deber al fisco 98 mil 760 millones de pesos en el primer trimestre del año pasado, a 136 mil 483 millones en el mismo periodo. Sólo en los grandes contribuyentes de esta clasificación los recursos litigados en créditos fiscales pasaron de 700 mil pesos a 428 millones 600 mil pesos, 61 mil 128 por ciento más.

Los impagos que el SAT requiere a empresas pasaron de 615 mil 828 millones al inicio de 2020 a 831 mil 681 millones este año, lo que significa un incremento de 35.1 por ciento; y sólo en el rubro de grandes contribuyentes se dio un aumento de 28 por ciento respecto al año pasado.

Mientras, en personas físicas se tienen en cartera 80 mil 623 millones de pesos al primer trimestre de 2021, una variación al alza de 18.9 por ciento respecto al mismo periodo del pasado, muestra el organismo.

En octubre pasado Raquel Buenrostro, jefa del SAT, anunció que iban a auditar de manera profunda la manera en que las industrias acerera y automotriz pagan sus impuestos, así como otros sectores. De acuerdo con los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto al año pasado incrementaron el número de créditos fiscales en prácticamente todos los sectores, con excepción de información en medios masivos y dirección de corporativos y empresas, donde se reportan reducciones de 4.5 y 40.1 por ciento, respectivamente en lo montos adeudados.

Por el contrario, incrementaron hasta 81.8 por ciento en transportes, correos y almacenamiento; 75.4 por ciento en el comercio al por menor; 58.5 por ciento en servicios profesionales, científicos y técnicos; 56.2 por ciento en los de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación y 49.3 por ciento en las sector de la construcción.

El SAT muestra que cuatro sectores acumulan adeudos con el fisco por más de 100 mil millones de pesos; en los servicios profesionales, científicos y técnicos se presumen evasiones por 146 mil 217.9 millones de pesos; en el comercio al por mayor de 136 mil 27.2 millones de pesos; 108 mil 745.3 millones más en las industrias manufactureras y 108 mil 745 millones en la construcción.

 

Se duplica con Biden expulsión de migrantes con norma antiCovid de Trump

 Portada de La Razón (México)

 Aumentan 115% en promedio mensual

Bajo el Título 42 se prohíbe ingreso a quienes representan "riesgo para la salud"; el republicano deportó a 444,450 en 11 meses, 40 mil por mes; en sólo dos meses el demócrata echó a 173,845, un promedio de 86 mil mensuales; ONG advierten que esa regla generará crisis humanitaria

Centroamericanos retornados de EU llegan a un albergue en Tijuana, el 13 de abril.
Centroamericanos retornados de EU llegan a un albergue en Tijuana, el 13 de abril. Foto: Reuters
Jorge Butrón

En dos meses, el presidente de Estados Unidos Joe Biden duplicó el promedio mensual de migrantes expulsados a México bajo el llamado Título 42, el cual permite expulsar de manera expedita a detenidos que cruzaron la frontera de manera ilegal.

Desde esa fecha y hasta enero de 2021, último mes de Trump en la presidencia de Estados Unidos, se registraron 444 mil 450 expulsiones de migrantes, principalmente de Centroamérica, bajo pretexto de proteger a ciudadanos estadounidenses de posibles contagios por el SARS-CoV-2. El llamado Título 42 fue impulsado por su antecesor Donald Trump, en marzo de 2020, que se usa contra ilegales con el argumento de la pandemia por Covid-19.

Cada día llegan 100 personas y son las mismas que te van a pedir asilo y los regresan, pero no hay lugar ya que los albergues están llenos y no cabe nadie más

Esmeralda Shiu
Directora del albergue Madre Asunta

Lo anterior significó, en promedio, 40 mil expulsiones por mes, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, con la llegada del demócrata a la Casa Blanca, la situación lejos de mejorar empeoró. Tan sólo en febrero y marzo se contabilizan 173 mil 845 expulsiones, es decir, 86 mil por mes, 115 por ciento más que en la era Trump.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, advirtió que el número de expulsados a través del Título 42 va en aumento y generará una crisis humanitaria en el norte de México, sobre todo en Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde llegan al día entre 100 y 150 personas expulsadas bajo esa norma.

“Es una crisis humanitaria, pero es algo que se puede poner peor. Desde el 11 marzo entre 100 y 150 personas diarias son expulsadas al menos por el punto de Ciudad Juárez, y de continuar esa tendencia va a llegar un momento en el que no puedes absorber a esas familias, a esas personas que llegan a México desde Estados Unidos. Al final regresan y van a albergues, otras regresan con el pollero para intentar cruzar de nuevo, otras intentan saltar por su parte, otras ya regresan tan desilusionadas, tristes, es lo de siempre”, aseveró a La Razón.

La experta aseguró que de seguir el mismo panorama y la llegada o expulsión de personas, la situación se desbordará.

Si, está fortaleciendo una nueva forma de migración en el norte, pues ya se están acostumbrando a crear albergues y vivir de diferente manera en México. Están llegando muchos diarios y expulsados

José María Ramo
Investigador del Colef

ALBERGUES AL LÍMITE. En México, los albergues se encuentran a punto del colapso, pues la mayoría en Tijuana, Baja California han reducido sus aforos a menos de 50 por ciento. Por ello, las personas que han sido expulsadas y no encuentran un techo, se ven obligadas a improvisar campamentos sin ningún tipo de medida de seguridad o sanitaria.

Esmeralda Shiu del albergue Madre Asunta dijo a este diario que la reducción del aforo se debe a la emergencia sanitaria por Covid-19, además que la misma pandemia les dificultó seguir sosteniendo a toda la gente que llega a la frontera. Por ello muchos migrantes levantaron un albergue improvisado en la zona de El Chaparral, que colinda con la entrada aduanal con Estados Unidos, pero donde también están expuestos a diversos riesgos.

“Si son muchos, cada día llegan 100 personas y son las mismas que te van a pedir asilo y los regresan, pero no hay lugar ya que los albergues están llenos y no cabe nadie más. Lo que hacen es ir a buscar nuevos campamentos o hacen los suyos, lo que los deja expuestos a un sin fin de peligros”, aseveró.

La organización internacional Médicos sin Fronteras denunció que más de 700 personas han llegado en los últimos días al municipio de Reynosa Tamaulipas, donde se han quedado en la plaza principal para dormir y resguardarse.

Son de Honduras, El Salvador y Guatemala, y fueron expulsados bajo el Título 42, pero lo que más preocupa al organismo es que hay decenas de niños, y no existen condiciones para que subsistan por falta de medicamentos, alimento y ropa.

Por su parte, José María Ramo, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) explicó que el riesgo de los campamentos improvisados es que, por la desesperación, quieren cruzar la frontera de manera recurrente, por ello ya adoptaron el modus de crear campamentos en cualquier estado.

“Si, está fortaleciendo una nueva forma de migración en el norte, pues ya se están acostumbrando a crear albergues y vivir de diferente manera en México. Están llegando muchos diarios y expulsados; más los que llegan y los que ya están ahí, se vuelve un problema, por ello ya están volteando organismos como Unicef para ayudar en la emergencia”, explicó.

Además advirtió que la tensión se incrementará al paso de los meses con las autoridades, los ciudadanos y por la misma desesperación. “Nunca habíamos visto este escenario en Tijuana, es muy difícil, pero ellos seguirán ahí”, añadió.

.Gráfico: La Razón de México

 

Alcanzan récord precios de materias primas

 El Financiero

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Héctor Usla

Condiciones climatológicas adversas y un incremento en la demanda a causa de la pandemia han provocado que diversos productos agrícolas como el maíz, la soya y el trigo, registren incrementos de precios históricos; además, algunos metales como el cobre, también padecen estas fluctuaciones.

Durante la última semana, el precio del maíz toco un máximo de 6.84 dólares por bushel (alrededor de 25 kilos), nivel no visto desde el 28 de marzo del 2013, mientras que la soya alcanzó un máximo de 15.74 dólares por bushel, su mayor nivel desde el 26 de octubre del 2012. En tanto, el trigo se ubicó en un máximo de 7.69 dólares, su mayor alza desde febrero de 2013.

“Hacia delante, se espera que el precio de los granos cotice en función de las condiciones climáticas y noticias relacionadas con su demanda. Bajo este contexto, se espera que durante mayo el maíz cotice en un rango entre 6.32 y 7.21 dólares por bushel, mientras que el trigo podría cotizar en un canal entre 6.88 y 8.15 dólares por bushel”, pronosticó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco BASE.

Uno de los factores que más han golpeado al precio de estos alimentos básicos en la agroindustria es el fenómeno meteorológico llamado ‘La Niña’, ya que desencadena giros atmosféricos que provocan escasez de agua en algunos lugares e inundaciones en otros. La Niña ya dejó huella durante este año en América del Norte y del Sur.

Materias primas (Especial)

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 El norte está seco

Al mismo tiempo, la perspectiva de sequía en Estados Unidos, uno de los principales productores de estos granos, está agitando los mercados de productos básicos.

Así, el panorama para EU es especialmente sombrío, ya que más del 48 por ciento de los estados de este país se vieron afectados por algún nivel de sequía.

“La sequía ha sido lo suficientemente larga, se necesitarán un par de años para que los embalses vuelvan a estar donde deberían estar”, dijo Dale Mohler, meteorólogo de AccuWeather a Bloomberg.

La perspectiva es que casi no llueva en las áreas productoras clave de EU durante mayo, “no veo ninguna esperanza de una gran mejora durante las próximas tres semanas y estarán bajo presión durante el resto de la temporada”, dijo en entrevista por separado Don Keeney, meteorólogo agrícola de Maxar Technologies.

Por si bastara poco, la caída de los rendimientos y la creciente demanda de China, dan como resultado un aumento vertiginoso de precios en los alimentos, lo que termina impactando a la inflación. En México, este indicador alcanzó 6.05 por ciento a tasa anual, nivel no visto desde diciembre de 2017, y el encarecimiento de estos productos se ha reflejado en varios alimentos, entre los que destaca la tortilla.

El cobre, inalcanzable

La luz al final del túnel no está cerca. De acuerdo con un informe de Goldman Sachs, las materias primas subirán un 13.5 por ciento en los próximos seis meses en medio de un repunte sin precedentes de la demanda mundial de petróleo, mientras que el cobre alcanzará niveles récord.

De manera particular, el cobre superó los 10 mil dólares por tonelada métrica, un nivel alcanzado por primera vez desde 2011, acercándose al máximo histórico establecido ese año, a medida que las economías en recuperación avivan la demanda y las minas luchan por mantenerse al día.

“El precio del cobre se ha vuelto estratosférico y probablemente tenga que ir más lejos, lo que es una bendición para las empresas mineras, que actualmente están ganando al menos dos dólares por cada uno que gastan en sacar metal del suelo”, explicó Robert Edwards, analista principal de metales básicos en CRU Group.

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