“Si pierde, Morena reformará el INE”; es estrategia política y legislativa: Monreal
Si el partido se queda sin mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio, promoverá un extraordinario para modificar la ley y meter en cintura al árbitro electoral
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
De perder la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios del próximo 6 de junio, Morena y sus aliados políticos impulsarán la realización de un periodo extraordinario para modificar las leyes electorales, adelantó en entrevista Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República.
Para ello, estas fuerzas políticas harían valer la mayoría calificada que tendrán en la próxima Comisión Permanente, ya que, debido al número de diputados y senadores que ostentan, alcanzarían 67.5% del poder de voto. Por sí sola, Morena tendrá 51.3 por ciento.
“Vemos que el árbitro (INE) por momentos se convierte en parte y abandona su labor de arbitraje imparcial”, consideró Monreal, motivo por el cual procesarían la reforma en julio o agosto, como una “estrategia política y legislativa”. En tanto, si Morena mantiene la mayoría, la reforma se iría hasta el primer periodo de sesiones de la próxima Legislatura.
En 2007, por presión del PRD, el Senado avaló una reforma electoral que ordenó, entre otras cosas, la salida del entonces presidente del IFE y otros dos consejeros.
Morena afila las navajas contra el INE
En caso de perder las elecciones del 6 de junio, legisladores de Morena y sus aliados convocarían a un extra para modificar las leyes electorales.
Si pierde las elecciones el 6 de junio, Morena y sus aliados políticos usarán la mayoría calificada que tendrán este año por primera vez en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar a un periodo extraordinario, a fin de modificar las leyes electorales, porque “vemos que el árbitro (INE) por momentos se convierte en parte y abandona su labor de arbitraje imparcial”, anunció Ricardo Monreal.
En entrevista con Excélsior, el líder de los senadores de Morena precisó las previsiones que tiene para procesar la reforma electoral.
“Puede ser en julio-agosto o incluso puede ser en el primer periodo de sesiones, pero es inevitable. El resultado electoral es el que nos llevará a la posibilidad de la modificación”, aclaró.
—Si ustedes se quedan con la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, ¿la llevarían al periodo ordinario?
—Sí.
—Si ustedes pierden la mayoría absoluta en San Lázaro, ¿la llevarían a un extraordinario?
–Sí. Nadie se debe de extrañar que es estrategia política y legislativa. Es nuestra estrategia. Yo tengo confianza que la llevaremos hasta el primer periodo de sesiones, porque tengo confianza en que mantendremos la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.
Por presión del PRD, en 2007, el Senado aprobó una reforma constitucional en materia electoral, que en el Cuarto Transitorio ordenó la salida de Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del IFE, así como de otros dos consejeros; además, modificó el periodo de permanencia de los ocho restantes para que los nombramientos fueran escalonados; es decir, ya una presión de la izquierda llevó a destituir a un presidente del árbitro electoral, aunque ahora a Morena no le alcanza para una reforma constitucional.
Por primera vez en el último cuarto de siglo, Morena está en el escenario de convertirse en la primera fuerza política que, por sí misma tendrá, 51.3% del poder de voto en la próxima Comisión Permanente del Congreso de la Unión y, junto con sus aliados, alcanzará la mayoría calificada, con 67.5%, para convocar a los periodos extraordinarios que considere necesarios antes de terminar esta Legislatura.
El epicentro del nuevo poder de Morena es el Senado, donde esta semana los grupos parlamentarios abren la negociación para la integración de la Comisión Permanente, con una correlación de fuerzas diferente a la que tuvieron el año pasado, dada la decisión de senadoras del PRI, MC y PVEM de sumarse a las filas de Morena, lo que provocó que el PRD esté en riesgo de perder el único lugar que tiene en la Permanente.
Morena pasó de 60 a 63 integrantes, entre 2020 y 2021, lo que implica un aumento de 47.6% a 49.2%, en el poder interno del Senado, lo que se traduce en su derecho a tener nueve integrantes en la Permanente a partir del 1 de mayo, no los ocho que tuvo el año pasado,; un lugar que pone en riesgo la permanencia del perredismo.
El año pasado, el voto del senador Miguel Ángel Mancera frenó, en tres ocasiones, las intenciones de Morena de abrir un periodo extraordinario para eliminar fideicomisos y aumentar las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Ricardo Monreal confirmó ayer a este diario que “en el grupo se ha opinado que no, que vamos a tener estrictamente lo que nos corresponde, de acuerdo con los número. Y es que en la última etapa Morena se fortaleció con tres asientos más”.
Recordó que “desde dos ocasiones pasadas, nosotros aceptamos, aun cuando no tenía el PRD el número suficiente de asientos, que el PRD tuviera un representante”.
Ante elecciones, partidos saturan el Tribunal Electoral con 40 quejas diarias
Morena es el partido más conflictivo en estas elecciones, de acuerdo con estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consultadas por MILENIO. Luego de la llegada de Mario Delgado a la presidencia de ese partido, que también terminó en manos de las autoridades electorales, las quejas no han parado.
Desde los militantes inconformes por la manera en que eligieron a los candidatos para todos los cargos públicos en disputa, por las irregularidades en las encuestas que aplicaron y que para algunos incluso son inexistentes, por los perfiles que descartaron y por quienes alegan que los órganos internos del partido son omisos y piden ayuda externa de las autoridades electorales.
Hasta las quejas interpuestas por el propio partido en contra de las sanciones que el Instituto Nacional Electoral les ha impuesto por spots donde se adjudican programas sociales, juicios en contra de otras fuerzas políticas, en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador o las más recientes, las impugnaciones por las sanciones en contra del partido y sus precandidatos por no cumplir con sus responsabilidades en materia de fiscalización.
Las estadísticas del TEPJF indican que del 1 de diciembre de 2020 al 20 de abril de este año han ingresado cinco mil 942 asuntos al TEPJF; es decir, alrededor de 40 quejas al día. Dos mil dos a la Sala Superior, mil 149 a la Sala de la Ciudad de México, mil 72 a la de Xalapa, 523 a la de Monterrey, 520 a la Sala Guadalajara, 496 a la de Toluca y 180 a la Sala Regional Especializada para que resuelva asuntos de fondo.
De los cinco mil 942 asuntos de los últimos cinco meses del proceso electoral federal, el 42.36 por ciento están relacionados directamente con partidos políticos. De estos, el 59.12 por ciento son de Morena; es decir, mil 488: 173 fueron interpuestos directamente por Morena y mil 315 con en su contra, ya sea que vienen de sus militantes contra sus propias resoluciones o de otras fuerzas políticas.
En enero de este año, MILENIO dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía una docena de denuncias en las que militantes de Morena acusaban a su líder Mario Delgado de fraude, simulación, irregularidades en el proceso, falta de objetividad y certeza, parcialidad y supuestas encuestas inexistentes en la selección de candidaturas de al menos cinco estados.
Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León fueron los más peleados por quienes aspiraban a tener la candidatura. Algunos siguen el proceso de apelaciones y no están agotados o con una sentencia firme y definitiva.
De los mil 315 juicios en los que Morena aparece como partido político responsable, lejos se encuentran las otras fuerzas políticas. En total, son mil 606 casos en contra de partidos políticos y luego de Morena, le sigue el Partido Acción Nacional sólo con 171 casos, el PRI con 46, PRD con 19 y Movimiento Ciudadano con 17.
Hay 10 juicios más en los que se denuncian coaliciones en conjunto, ocho contra el Partido del Trabajo y siete contra el Partido Encuentro Solidario; mientras que el PVEM, Redes Sociales Progresistas, y Fuerza Por México registran tres casos, en dos se denuncia a más de un partido político en un mismo juicio y dos más son partidos políticos locales.
Omisiones en fiscalización, por consejo de Mario Delgado
Morena también ha acaparado las sanciones en el Instituto Nacional Electoral, pues es el partido que más infracciones cometió durante el periodo de precampaña al omitir entregar sus informes de ingresos y gastos de sus precandidatos.
En la sesión del 25 de marzo, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las sanciones a quienes incumplieron con esta obligación legal, aplicaron 49 sanciones máximas que implicaban la pérdida del derecho a ser registrado o bien, cancelarles el registro a quienes ya se habían inscrito ante las autoridades electorales.
De estos 49 sancionados, 42 pertenecían a Morena. 19 de estos casos son de las elecciones federales y los candidatos sancionados pertenecen a Baja California, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Puebla. Mientras que los otros 23 son de las elecciones locales en Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Yucatán, Puebla y Guerrero.
Luis Walton Aburto es el único que pudo revertir esta sanción y quedó sólo con una multa económica de 217 mil 200 pesos tras mostrar “disponibilidad y voluntad” para aclarar sus informes, una vez que el INE le indicó que no reportó 18 mil pesos de gastos y aclaró que en realidad invirtió 502 mil pesos en propaganda para que el partido lo seleccionara como el candidato a la gubernatura de Guerrero.
MILENIO confirmó con algunos de los implicados que no presentaron informes de fiscalización por una recomendación directa del presidente del partido, Mario Delgado. Quien les sugirió que no realizaran el registro como precandidatos para no verse en la necesidad de reportar propaganda, por lo que incluso el partido ni siquiera informó cuánto gastó en las encuestas internas que aplicó el año pasado.
Otros sancionados, indicaron que tal como lo exhibió en su recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral, Félix Salgado Macedonio entregaron por su propia cuenta los reportes al partido que decidió no remitirlos al INE.
A pesar de que en este caso la Sala Superior ya indicó en los estudios de estos casos que tras la última legislación electoral, los contendientes también tienen una obligación para presentar sus reportes de fiscalización, lo que realizaron la mayoría de los precandidatos que no tuvieron ningún tipo de amonestación pues presentaron personalmente sus informes y aclararon en tiempo y forma las observaciones que el INE les hizo llegar.
El Instituto Nacional Electoral continúa en revisión de algunos dictámenes de fiscalización de varios partidos, incluido Morena. Mientras que en el Tribunal Electoral aún restan varios asuntos por resolver en torno a quejas de y contra este partido, más las que se sumarán en los más de 40 días que restan para la jornada electoral.
Incendio en un hospital Covid en Irak; perecen 82
Pacientes con Covid-19 fueron brutalmente desalojados de un hospital en la capital iraquí al producirse un incendio que en minutos consumió casi todo el edificio. Decenas murieron porque fueron privados de ventiladores y otros más asfixiados por el humo. En la imagen, velorio de víctimas, ayer en Najaf.
Bagdad. Al menos 82 personas murieron ayer en un incendio en un hospital para pacientes con Covid-19 en Bagdad, drama que provocó la ira de los iraquíes y llamados a la dimisión de los responsables, en un país con un devastado sistema de salud.
El siniestro se produjo debido a que unos tanques de oxígeno estaban almacenados “sin respetar las condiciones de seguridad” en el hospital Ibn Khatib de Bagdad, explicaron fuentes médicas a la agencia de noticias Afp.
A continuación, las llamas devoraron durante horas los plafones, bajo los cuales los pacientes con ventiladores fueron brutalmente sacados de sus camas.
“El fuego tardó sólo tres minutos en llegar a la mayoría de los pisos”, explicó la Defensa Civil. Según el último balance del Ministerio del Interior, 82 personas murieron y 110 resultaron heridas.
Los bomberos no pudieron llegar inmediatamente al hospital, ubicado en la periferia de Bagdad.
“Sentimos una explosión. Había entre 140 y 150 personas en el hospital. Vimos el fuego y no pudimos salvar a nadie”, explicaba entre lágrimas Bakr Kazem, mientras acompañaba el féretro de su padre en Nayaf.
Un hombre que estaba visitando a su hermano relató que vio a personas saltando por las ventanas. “El fuego se extendió, como leña, saqué a mi hermano a la calle, al lado del retén. Luego volví y subí al último piso, que no se quemó. Encontré a una niña sofocada, de unos nueve años, estaba a punto de morir. La tomé sobre mis hombros y corrí hacia abajo. Muchos médicos que saltaron caían sobre los autos. Y yo seguía subiendo, tomaba a alquien y vovía a bajar”, contó Ahmed Zaki.
Amir, de 35 años, refirió haber salvado por poco a sus hermanos. “La gente se encargó de sacar a los heridos”, comentó.
La Defensa Civil explicó que el hospital no tenía un sistema de protección contra incendios y los falsos techos permitieron que el fuego se propagara a productos altamente inflamables.
“La mayoría de las víctimas murieron porque fueron desplazadas y privadas de ventiladores, y otras, asfixiadas por el humo”, añadió.
La tragedia generó una ola de indignación, después de que fuentes médicas la atribuyeron a la negligencia vinculada con frecuencia a la corrupción endémica que azota al país.
En las redes sociales, circulaban las palabras clave: “dimisión del ministro de Salud”.
El premier iraquí, Mustafa Kazimi, anunció poco después que “suspendió” al ministro de Salud, Hasan Tamimi, quien será interrogado como parte de la investigación del incendio, así como otros funcionarios sanitarios.
El premier, quien proclamó tres días de luto oficial, ofreció una ayuda de unos 6 mil 900 dólares a la familia de cada víctima.
Se trata de una nueva tragedia en un país de 40 millones de habitantes cuyo sistema de salud nunca se ha recuperado de cuatro décadas de guerra.
El jefe de gobierno hace frente, además, a los proiraníes que no dejan de atacarlo. Anoche, los más radicales, las brigadas de Hezbolá, exigieron de nuevo la dimisión de su gobierno.
Kazimi llamó en Twitter a no politizar la tragedia, mientras el presidente de Irak, Barham Saleh, aseveró que “este es el resultado de años de socavar las instituciones del Estado por la corrupción y la mala gestión”.
Es un “crimen”, denunció la comisión gubernamental de derechos humanos, contra pacientes extenuados por el Covid-19 “que pusieron sus vidas en manos del Ministerio de Salud y en vez de curarse murieron por las llamas”.
La misión de la Organización de Naciones Unidas en Irak expresó su dolor y se declaró “conmocionada” por la tragedia. El papa Franciscollamó a “rezar” por las víctimas.
Irak, país con escasez de medicamentos, médicos y hospitales desde hace décadas, superó el miércoles el millón de casos de Covid-19, pero registra un número de muertos relativamente bajo, debido probablemente a que su población es una de las más jóvenes del mundo.
Según el ministerio de Salud, un millón 25 mil 288 iraquíes se han contagiado desde la aparición del nuevo coronavirus en el país en febrero de 2020, de los cuales 15 mil 217 han muerto.
Bajo la lupa del INE, 2 mil empresas fachada
La consejera Carla Humphrey comenta en entrevista con EL UNIVERSAL que el padrón histórico de proveedores del INE consta de 61 mil 500 personas físicas y morales. Los que están activos en el actual proceso electoral son 22 mil 795, a los que la UIF ha indagado para conocer su giro o actividad. Al menos en 20 mil 369 se obtuvo la información, no así en 2 mil 426.
Detalla que se hace una revisión en todos los ámbitos pero se ha detectado que en campañas municipales se tiene mayor vulnerabilidad de infiltración de la delincuencia organizada por lo que son más vigiladas.
Subraya que el INE se enfrenta a barreras como la negación de información por parte de partidos y sus candidatos, sobre todo, reconoce, de las propias autoridades que no colaboran para detectar irregularidades en el financiamiento de las campañas.
El 8 de febrero, el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración para identificar financiamiento ilícito, en el marco del proceso del 6 de junio.
¿Cómo ha funcionado el acuerdo suscrito?
—Se han tenido sucesivas reuniones de trabajo, se ha solicitado información respecto al padrón de proveedores nuestro, que en el histórico concurren 61 mil 500 personas físicas y morales, y que integran este padrón. Revisamos los de este año, los que están activos son 22 mil 795, de esos hubo una coincidencia, es decir, la UIF encontró en sus registros, su información, a 20 mil 369 de estos proveedores, y no tuvo información de 2 mil 426. Lo que se hizo fue pedirle al INE que solicitara mayor información respecto de estos 2 mil 426.
los 20 mil proveedores del INE que sí tienen registro, ¿todos están en el sistema financiero nacional?
—Sí, todas están con distintas características, por ejemplo, 20% de ellas son agencias publicitarias; 17% asalariadas; 9% se dedican a la impresión; 9% a servicios de contabilidad y auditoría; 6% a servicios de consultoría en administración, comercio al por mayor, servicios profesionales, científicos y técnicos, y apoyo al negocio, y de éstas también claramente estamos revisando el padrón, también con la idea de detectar posibles empresas fachadas o factureras que no estuvieran enlistadas, con la finalidad de tener con mucha mayor claridad.
Es decir, cuáles son las empresas o personas físicas y morales con las que los partidos políticos están contratando durante las campañas electorales, y esto lo estaremos haciendo en conjunto con los informes que tienen obligación de presentarnos, en parcialidades, respecto a la información que suben al sistema de contabilidad del INE.
¿Ya detectaron alguna empresa fachada?
—Justamente estamos en esa revisión, porque hay que ver diversas variables: cuándo se constituyó, con qué objeto social, si el objeto social tiene coincidencia con el registro que hicieron en el INE respecto de la actividad que podían proveer a partidos políticos y candidaturas; montos de operaciones, estas empresas que empiezan a funcionar hace poco y en un año manejan, digamos, una contabilidad de millones de pesos, también se consideran con alertas importantes y eso es justamente lo que estamos rastreando.
¿Qué plano es el más vulnerable?
—Tiene que ver con varios factores. Hay que poner especial atención en las elecciones municipales, puesto que no es una cosa que esté comprobada todavía, que tengamos un dato, al final, como país todavía no estamos en ese momento de preocuparnos, pero creemos que podrían ser las más porosas respecto al financiamiento del crimen organizado.
¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan para fiscalizar?
—Primero, que no nos entregan informes, porque aunque nosotros tenemos distintos mecanismos para que nos entreguen información, es importante saber qué nos están entregando: con quién contrataron, dónde, cuáles son los montos, para de ahí empezar con las técnicas y herramientas de auditoría a fin de comprobar la veracidad de lo reportado en los informes.
Segundo, claramente la comprobación; tercero, que no contraten con proveedores que están dentro de este catálogo, y cuarto, que nos hagan la notificación respecto a distintos eventos que van a realizar en los plazos establecidos en la ley, para que nosotros podamos acudir a fiscalizar esos eventos para ver realmente dónde se realizaron, cómo se realizaron, cuáles son los recursos que nosotros queremos que estén involucrados en estos eventos.
Finalmente, también la falta de atención en tiempo y forma de diversas autoridades de la información que solicita el INE. Claramente hay quejas que tienen varios años y el argumento que se nos da es que las autoridades no responden estos requerimientos del instituto y, por tanto, es difícil sustanciar una queja si no tienen todos los elementos.
Un tema que siempre se nos da es que confunden a la FGR con la Fiscalía [Especializada en] Delitos Electorales [FEDE], pero no. En el caso de las quejas, por ejemplo con Odebrecht, estamos hablando de la FGR, es a quien le solicitamos la información porque tiene esa investigación. Se nos pone el secreto ministerial, lo cual no es aplicable porque así ya lo ha dicho la Sala Superior [de la Suprema Corte], pero porque además somos autoridad y somos la única en el país que puede fiscalizar recursos de partidos y candidatos, así que nos dejan sin esta información.
El secreto ministerial no es suponible, cada vez hacemos en el Consejo General [del INE] estos exhortos a que colaboren, a que nos abran estas carpetas porque no se las están presentando o abriendo a un particular, sino a una autoridad en ejercicio de sus funciones.
Entonces, creo que ese es también otro de los retos que tenemos y de las dificultades que enfrentamos cuando estamos sustanciando y revisando todos los gastos e ingresos de partidos y candidatos en el país.
¿Les atan las manos con la negativa de información?
—Cada autoridad tiene su ámbito de competencia delimitado; por supuesto tiene incidencia en el ámbito electoral muchas actividades que realizan distintos sujetos que no son necesariamente en materia electoral o que trasciende el ámbito electoral.
Por tanto, para poder desahogar una queja o una denuncia sí necesitamos información de otras autoridades: de la UIF, del SAT, a lo mejor de la procuraduría fiscal, de la FGR, de autoridades estatales, y no es que nos ate de manos, pero sí obstaculiza, sí hace que no podamos resolver rápidamente, que tengamos que estar requiriendo información una y otra vez, que tengamos que pedir que sancionen a funcionarios que no nos entregan esta información y a la que están obligados por la Constitución.
A responder en tiempo y forma cualquier requerimiento del INE, y desafortunadamente no es la historia, así no son los hechos, no es la forma en que se han comportado muchas autoridades, otras sí, habría que decirlo, pero no es que nos ate las manos, pero no podemos tener acceso a información veraz, oportuna, probatoria, para resolver los casos que se someten a nuestra consideración o los que iniciamos de oficio.
Se agrava retraso en compra de medicinas vía la ONU; surtido, apenas el 0.2%
Cerca del 5° mes del año y no hay contratos
De
2,662 millones de piezas de medicamentos y material de curación, la
UNOPS, encargada de las adquisiciones, ha entregado al país sólo 5.5
millones; según el cronograma original la adjudicación lleva casi 3
meses de atraso; entrega de fármacos iniciaría el 5 de abril;
laboratorios prevén que se complete en octubre
A menos de una semana de que inicie el quinto mes de 2021 aún no hay contratos con empresas farmacéuticas para abastecer al mercado mexicano durante el primer semestre, lo que muestra el incumplimiento de la Agencia de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), encargada de las compras de medicamentos, advirtieron empresarios del ramo.
La UNOPS se comprometió a conseguir para enero contratos para adquirir la mejor calidad en medicamentos al menor precio del mercado. En el cronograma original se planteaba que la entrega de fármacos iniciara el 5 de abril. Hasta ahora, no ha dado a conocer a los ganadores de la licitación de 632 claves de material de curación y 1170 de medicamentos genéricos.
Las ofertas de los diferentes laboratorios se conocieron el 12 de febrero, pero al no haber informes sobre los ganadores de los contratos, la regularización del abasto se retrasará hasta octubre, advirtió Rafael Gual, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
Es un fracaso, totalmente. Si la licitación para 2021 debería ya haberse dado y todavía no tenemos fallo y estamos terminando abril, falta la firma de contratos, la fabricación de los productos y de ahí la distribución; por lo menos la compra de UNOPS estará entregándose en septiembre u octubre
Rafael GualPresidente de la Canifarma
“Es un fracaso, totalmente. Si la licitación para 2021 debería ya haberse dado y todavía no tenemos fallo y estamos terminando abril, falta la firma de contratos, la fabricación de los productos y de ahí la distribución; por lo menos la compra de UNOPS estará entregándose en septiembre u octubre”, afirmó Gual a La Razón.
En la licitación había cerca de dos mil medicamentos. La empresa sudafricana Mssat Albidah Alkqrii presentó ofertas por las 392 fórmulas de un sólo lote, lo que despertó sospechas; al investigarla, se descubrió que se trataba de una compañía desconocida en el mercado y fue descalificada.
“Un 90 por ciento de los que van a ganar serán mexicanos, porque hubo por ahí un grupo importante de claves que había ofertado una empresa sudafricana fantasma que nadie conoce, que aparentemente fue descalificada, entonces el resto va a ser básicamente de la industria nacional”, aseguró a este diario Juan De Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios farmacéuticos (Amelaf).
En el caso de los medicamentos para atender el cáncer, éstos fueron ofertados desde el 14 de diciembre y UNOPS prometió que se surtirían en enero; apenas el 8 de abril, UNOPS entregó 5.5 millones de piezas de medicamentos, incluidos algunos para enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas, sin precisar un número de cada una. Esa cantidad representa 5.6 por ciento de los 98 millones de unidades que se licitaron.
Ahorita no sabemos que se entregó y el proceso viene retrasado. Supuestamente debieron haber anunciado quienes son los ganadores de la licitación para este año, pero falta claridad y sobre todo certeza. Los tiempos están totalmente desfasado y eso se traduce en desabasto
Juan De VillafrancaDirector de la Amelaf
En su página, el organismo informó que ya adjudicó 210 claves de medicamentos conocidos como de abasto crítico, entre ellos oncológicos, hematológicos y para tratamiento de infecciones. Menciona que los contratos fueron adjudicados desde el 22 de diciembre de 2020 y el último se entregó el 30 de marzo de 2021 a Productos Roche por 452 millones 123 mil 466 pesos por dos claves Trastuzumab Emtansina y Pertuzumab, pero no especifica cantidades ni fechas de entrega.
El mercado mexicano requiere dos mil 662 millones de piezas de medicamentos y material de curación. Lo entregado el 8 de abril representa 0.2 por ciento de lo requerido por el sector público.
Juan de Villafranca, presidente de la Amelaf criticó la opacidad: “Ahorita no sabemos que se entregó y el proceso viene retrasado. Supuestamente debieron haber anunciado quienes son los ganadores de la licitación para este año, pero falta claridad y sobre todo certeza. Los tiempos están totalmente desfasado y eso se traduce en desabasto”.
La Razón solicitó tanto a UNOPS como al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) información sobre los inventarios de medicamentos. En ambos casos negaron la información bajo el argumento de que “no están dando entrevistas”, se solicitó documentos que sustentaran las entregas y prometieron buscar “algo que ofrecer”, luego de casi una semana no hay respuesta.
Rafael Gual acusó que el Gobierno federal está buscando obtener ahorros, pero no tiene orden para sus compras: “Como nunca lo habíamos visto, hay un mercado desordenado del gobierno y a los pacientes que están en las instituciones, de ahí la premura del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de tratar de comprar los medicamentos como sea y a quien puedan”, dijo.
Agregó que al final del día quienes cargan con estos errores son los pacientes, quienes tienen que adquirir los medicamentos en el sector privado.
Sembrando Vida: tractores imaginarios, semilla podrida, amenazas…
“¿Cómo 225 pesos por una pala que en la zona la podíamos conseguir en 122 pesos y al menudeo?”, pregunta un campesino. Se descubrieron depósitos anómalos a operadores del programa. “No puedo hacer nada”, respuesta del delegado Manuel Huerta
Foto Especial
Han pasado seis meses y los campesinos, entre ruegos, danzas y veladoras, aún anhelan ver crecer los limoneros…
“Nos dieron 20 mil pesos para la semilla y, apenas cayó el recurso, los dirigentes ya andaban sobre nosotros: que ya tenían al proveedor, que muy bueno. El chiste es que nos convencieron y les dimos el dinero. Tardaron mucho tiempo en entregar y, cuando lo hicieron, era una porquería. La de limón venía podrida, pura cáscara, recorte y aún estamos rezando para que nazca”, cuenta don Jonás, agricultor del norte de Veracruz.
La “oferta” de una pala cuadrada en 225 pesos: “a precio de mayoreo”, alardeaban proveedores a modo, puso en acción a Héctor del Ángel, del Centro de Aprendizaje Campesino (CAF, unidad básica de 25 a 30 sembradores) Nuevo Amanecer, en la comunidad veracruzana de Ozuluama. Comenzó a preguntar costos en el pueblo y alrededores.
Los timados eran más de 500 CAC´s en la coordinación territorial…
-¿Cómo 225 pesos por una pala que en la zona la podíamos conseguir en 122 pesos y al menudeo? Si la compra iba a ser masiva, a fuerzas costaba menos -cuenta.
En la promocionada e impuesta lista oficial, además de palas cuyo valor se duplicaba, se incluían: mil 295 por una carretilla, mil 575 por un aspersor y 2 mil 545 por un cazo. Para herramienta de la misma calidad con una proveedora local, la cotización era la siguiente: mil 007 pesos por la carretilla, mil 117 por el aspersor y 922.90 por el cazo.
“Nos querían sangrar con una cotización de 9 mil 998 pesos, cuando por fuera nos salía todo en 6 mil 500”.
-¡No hay que comprar con ellos! -decía la mayoría de los sembradores en el CAC.
-Sí, hay que depositarles los 10 mil pesos -los convenció Héctor -. Para tener evidencia de los atropellos, por si algún día hace falta.
Con la semilla, la historia fue similar…
“Nos querían enjaretar guanábana y pimienta, decían que así lo marcaba el programa, pero cuando revisamos los papeles no encontramos nada. En nuestro Centro optamos por semilla de papaya: estaba certificada y era idónea para las condiciones climáticas. El coordinador y los facilitadores mandaron a los técnicos como caballitos de batalla para presionar a los beneficiarios: si no se cumplían sus órdenes, teníamos que regresar el dinero”.
Héctor, cansado de injusticias, dijo en una reunión: “Aquí no vengan a ponernos el dedo en la boca, si en su tierra están acostumbrados a manejar a la gente a su antojo, aquí en el norte de Veracruz somos otra cosa”. Como pudo, consiguió el número telefónico del superdelegado Manuel Huerta.
-Le llamé a finales del año pasado, y sí me contestó. Le platiqué lo de la herramienta y le mandé todas las pruebas.
-¿Qué le contestó?
-Que era política… ¿Cómo política?, respingué, si somos simples sembradores, no estamos en ningún partido, sólo que tenemos abiertos los ojos, no somos tontos ni esclavos.
A los pocos días, Héctor fue notificado de su baja del programa.
“¿Cuál es la causa?, pregunté. Dijeron que yo estaba interfiriendo en los planes. Volví a llamar al superdelegado: sólo me dijo que si me sentía agraviado, presentara una denuncia. Para entonces, ya había enviado un escrito a la Secretaría del Bienestar. Al final, me comentó: ´no puedo hacer nada´. ´Si no puedes hacer nada, iré con tu jefe o con quien sea´, le reviré´. Así defendí mi derecho a seguir en el programa”.
En otros CAC´s, la factura a nombre de Jesús Herrera salió todavía más elevada: los campesinos debieron completar 203 pesos de su bolsa. El logo, descubrieron, había sido sacado de Internet, y carecía de oficinas, dirección y número de contacto.
De los 20 mil pesos para la semilla, 17 mil fueron para la razón social Ageo Barradas Flores: “Según era certificada, pero terminaron pidiéndonos que lleváramos bolsitas de plástico y así la dieron, era una cochinada recogida de la basura”, cuenta Flor, sembradora de Tampico el Alto. Los 3 mil restantes fueron para una empresa fantasma de nombre Fe Toss Quesada, por concepto de semilla de bambú, “pero nunca llegó. ¿Cuánto es 3 mil pesos por casi 600 CAC´s? Hubo a quien le hicieron firmar hojas en blanco y le entregaban lo que ellos querían. Unos le depositaron a un técnico; otros a una tal contadora que resultó ser prestanombres de Sembrando Vida”.
“La malla sombra fue lo mismo. Nos la vendieron del mismo programa. Los operadores, muy buenas personas, se encargaron de todo y luego nos andaban presionando: que ya había de comprarla, porque iba a venir a supervisar el delegado Manuel Huerta. Nuestra sorpresa fue que terminamos depositándole al hermano del facilitador Alán Danilú Rebolledo López, y hay evidencias: la ficha de transferencia a nombre de Leonardo de Jesús Rebolledo López”.
-Llegaron casi 200 rollos de malla sombra que escondieron en una bodega. Eran parte de los apoyos adicionales del programa. No nos habríamos dado cuenta si no es porque algunos técnicos nos confirmaron que al apoyo era gratuito, pero a nosotros nos la vendieron de cuates: dinero en efectivo y ni recibo nos dieron -revela Héctor Ayala, de Sembradores para el Futuro, en Pánuco.
Su CAC terminó por oponerse a la compra obligada de hidrogel a base de sodio, con un costo de 4 mil 500 pesos. “Le iba a dar en la torre a nuestras plantas, pero como nos negamos, comenzaron asedios y descalificaciones. Ahora nos dicen las manzanas podridas”.
Él y otros campesinos investigaron a fondo al proveedor de semilla: Ageo Barradas Flores. “Era un domicilio particular, sin logotipo ni rótulo ni nada. ¿Una empresa que se dice proveedora de semilla a nivel nacional y no aparece? Luego se supo que un facilitador estaba metido ahí. No se vale. El programa es efectivo: ha servido para que gente pobre, que antes no tenía recursos para trabajar, reviva su tierra, lo malo son los dirigentes a ras de suelo que roban y mienten. Ya que nos dejen trabajar en paz”…
LO QUE DICEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
3.6 Tipos y Montos de Apoyo: “Las/los sujetos de derecho del Programa contarán con los siguientes apoyos: 1. Apoyo económico ordinario, y en su caso, se deberá otorgar apoyo adicional, depositado directamente a sus cuentas bancarias”.
LAS ENTIDADES CON MÁS SEMBRADORES
Chiapas: 81,412
Veracruz: 74,782
Tabasco: 56,420
Oaxaca: 29,224
Durango: 19,866
Fuente: Secretaría del Bienestar
‘Coctel’ de reformas crea clima adverso para los negocios
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Así lo advirtieron líderes del sector privado y economistas consultados por El Financiero, al señalar que en el caso de la ‘Ley Zaldívar’, dicha reforma puso en el foco a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que resolverá las otras controversias de inconstitucionalidad interpuestas en contra de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luis Foncerrada, economista en Jefe de AmCham México, señaló que las “reglas del juego” son una premisa fundamental en cualquier economía porque son las que dan confianza y certeza sobre el futuro y son las que definen la estructura de incentivos y son la base de las decisiones para la actividad económica y la inversión.
“No solamente este cóctel de iniciativas, sino todas las que hemos estado viendo y todas las acciones que han violado constantemente el respeto y la preservación de los contratos existentes, por lo tanto, cualquier cosa que modifique las reglas del juego y modifique la estructura de incentivos, desalienta absolutamente la inversión”, sostuvo el experto.
Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa, subrayó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos junto con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, dictan una “clara inhibición” de la inversión privada en el sector energético, lo que conlleva a un deterioro del clima de negocios en un contexto de rezago de la inversión por la pandemia.
“Al final si englobamos las reformas, esto apunta a tener menos reglas del juego claras y a que la posibilidad de que el Estado de derecho que incluye el cumplimiento de contratos, el derecho de propiedad, etcétera, puedan afectarse para la iniciativa privada, hace que se afecte el clima de inversiones”, afirmó la especialista.
Juicios crean tensión
Las reformas a la industria eléctrica y de hidrocarburos han generado incertidumbre a la espera de su definición en procesos legales como juicios y amparos por ser consideradas inconstitucionales, afirmó José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Agregó que en la medida que se presenten iniciativas en contra de lo establecido en la Constitución se impide la entrada de inversiones.
“Tenemos que lograr ese entorno de confianza y se va a lograr cuando se respete la ley. Si las empresas saben que si invierten en un proyecto se va a respetar la ley, van a seguir invirtiendo y si no se va a respetar la ley, genera incertidumbre que hace que no llegue la inversión”, dijo.
Afirmó que el camino es el diálogo para resolver las preocupaciones del sector privado sobre las reformas en el sector energético y escuchar sus propuestas para hacer rentables a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex.
En entrevista con El Financiero, aseguró que el resultado de la ley de subcontratación muestra el mejor acuerdo posible alcanzado entre gobierno, empresarios y trabajadores gracias al diálogo y marca pauta sobre los consensos a los que se puede llegar en temas como la reforma eléctrica y de hidrocarburos para aminorar la incertidumbre y alentar la inversión.
“Partimos de perspectivas muy diferentes y llegamos a un consenso, nos parece que es el mejor acuerdo posible, un acuerdo en el que las tres partes ganamos, gana el gobierno federal, ganan los sindicatos y los trabajadores y ganan las empresas y debe de ser la pauta para así dialogar sobre los otros temas”, dijo.
Incertidumbre inhibe inversión
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la incertidumbre jurídica causada por el gobierno en los últimos dos años generó una caída de 75 por ciento en la inversión del sector energético, con lo que se perdió la oportunidad de generar 200 mil empleos.
“Además de los impactos directos al sector eléctrico y de gasolinas, afectarán la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos al inhibir la inversión”, señaló en un comunicado.
Al sector
privado le preocupan las consecuencias de iniciativas aprobadas por los
legisladores sin considerar las propuestas del sector privado y que
podrán generar daños económicos, sociales y medioambientales al país,
además de los efectos por la caída de la inversión ante la
incertidumbre, alertó.
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