La consulta no se juntaría con elección; constitucionalistas opinan sobre polémica
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CIUDAD DE MÉXICO.
La eventual consulta popular para enjuiciar a los expresidentes debe aplicarse el día que marca la Constitución: el primer domingo de agosto.
Constitucionalistas explicaron a Excélsior que, ante la omisión del Legislativo para ajustar la Ley Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con lo fijado en la reforma de 2019, prevalece la Carta Magna.
El martes, el presidente López Obrador pidió a la Corte definir la fecha para la consulta popular prevista en 2021, pues, según la legislación en la materia, debe ser el día de la elección federal.
Para Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fijar la fecha de una consulta está en manos de la autoridad que emita la convocatoria, es decir, el Congreso de la Unión.
Si procede, consulta debe ser en agosto
Especialistas subrayan que, ante la discrepancia en fechas, domina lo establecido en la Constitución.
De aprobarse una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes por casos como el Odebrecht, la fecha para realizarla sería la que marca la Constitución, esto es, el primer domingo de agosto.
Al haber omisión del Legislativo para modificar la Ley Federal de Consulta Popular y adecuar las fechas del proceso con las establecidas por la reforma constitucional de 2019, prevalece lo que dicta la Constitución, al ser la norma suprema del país, aseguraron a Excélsior constitucionalistas consultados sobre el tema.
El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la definición de la eventual fecha de una consulta popular a realizarse el próximo año, ya que la Carta Magna marca el primer domingo de agosto, mientras que la legislación en la materia determina que se realice el mismo día de la jornada electoral federal.
Sin embargo, los especialistas explican que no es papel de la Corte decidir la fecha de la consulta, sino la validez del tema, mientras que el día de la realización está definido en la Constitución y las diversas autoridades involucradas en el proceso deben acatar lo establecido en ésta.
Para Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la determinación de la fecha de una consulta popular está en manos de la autoridad que emitiría la convocatoria para ésta, es decir, el Congreso de la Unión.
“No necesariamente la Corte lo va a resolver, es la autoridad, emitiendo la convocatoria, y lo tendrá que hacer ateniéndose a lo que marca la propia Constitución”, aseguró el especialista en derecho constitucional, electoral y justicia.
Por su parte, Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, señala que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el que decidiría la fecha final de la consulta, basado en lo que establece la Constitución, pues es el ente facultado para organizar el proceso.
Primero, la pregunta
Ambos expertos afirman que la fecha de la realización de una consulta popular sobre el enjuiciamiento a expresidentes pasa a segundo plano, ya que, en primera instancia, la Suprema Corte de Justicia deberá definir si es legal el tema de la pregunta a la ciudadanía.
Hugo Concha considera que una consulta sobre llevar a juicio a los expresidentes es inviable. “Es imposible que pase una consulta sobre este tema, la Corte lo tendría que frenar, porque no se puede someter la acción de la justicia a una consulta pública”, subraya.
En tanto, Arturo Espinosa recuerda que la SCJN deberá pronunciarse sobre si el tema que se llevará a consulta está permitido por la Constitución.
La Carta Magna establece que la pregunta no puede referirse a la restricción de los derechos humanos reconocidos en la misma; el tipo de régimen en el que México se constituye (principios incluidos en el artículo 40 constitucional); asuntos en materia electoral; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional ni la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
El también director de Strategia Electoral manifestó su preocupación por el uso mediático de la figura de democracia participativa.
Alertó sobre la posibilidad de que, al ser rechazada por la SCJN, el jefe del Ejecutivo busque llevar a cabo una consulta paralela como las que ha realizado hasta el momento.
Lo que se está haciendo con todo esto es “enrarecer el ambiente” con un propósito de posicionamiento electoral, concluyó.
Los datos
Tras la promulgación de la reforma, el 20 de diciembre de 2019, el Congreso debió adecuar la legislación vigente para homologar la fecha de las consultas populares con la Constitución, lo que hasta el momento no ha hecho.
Además, en los transitorios del decreto de la reforma solamente se menciona la obligación de los legisladores de expedir la ley reglamentaria de la revocación de mandato, lo que tampoco se ha concretado, pese a que la fecha límite era el pasado 17 de junio.
ONU podrá investigar la desaparición forzada en el país: AMLO
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Jueves 27 de agosto de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010.
La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.
Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.
Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.
En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, el Presidente de la República resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito.
El Ejecutivo federal recalca que entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010, y a ello se suma ahora reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en esa materia.
Se destaca en el oficio que envió el Ejecutivo a la Comisión Permanente que la declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada.
De igual forma, la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos.
A Braskem Idesa no se le 'perdonó' ningún crédito de Nafin
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El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a hacer públicos los contratos del crédito otorgado por Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext a Braskem-Idesa para construir la planta Etileno XXI, mientras el consorcio confirmó que el crédito fue liquidado anticipadamente. La empresa aseguró que “es totalmente incierta y falsa toda afirmación o insinuación sobre condonación, regalo o 'perdón' de créditos en favor de Braskem Idesa”.
Luego de que MILENIO publicó este miércoles que Nafin clasificó como confidencial la información sobre el financiamiento otorgado al consorcio integrado por la filial petroquímica de Odebrecht y la empresa mexicana, el mandatario federal dijo que se van a conocer los términos del contrato de la planta de Etileno XXI que Nafin protegió con argumento del secreto bancario. "No somos tapadera de nadie", expresó respecto a la reserva de las condiciones del contrato. "Toda la información se va a poner a disposición, ¿Saben qué hizo la comisión (Instituto) de transparencia? Recrearon organismos para aparentar que se combatía la corrupción; una de sus resoluciones fue mantener en reserva el caso de Odebrecht, totalmente contradictorio", agregó.
El presidente López Obrador recordó que "un hijo del presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera y el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León también, estaba en Hacienda y luego fue director del Banco de Comercio Exterior cuando se dieron estos créditos" a Braskem-Idesa. Añadió que la Planta Etileno XXI, representa un quebranto de 15 mil millones de pesos, por subsidios, el transporte del gas y las multas que han dejado de pagarse en esta administración. En tanto, en una carta enviada a MILENIO, el consorcio precisó que por ser créditos de la banca pública, tenían las tasas de interés más altas y por ello “éstos fueron totalmente pagados de forma anticipada (principal e intereses), tal como hicimos público tras la emisión de un bono privado por 900 millones de dólares”. La empresa refirió que el proyecto Etileno XXI en Veracruz, contó con financiamientos otorgados por 17 instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales.
Todos juntos por un monto de 3.2 mil millones de dólares. En esos financiamientos, según Braskem Idesa, participaron agencias globales de exportación y bancos de desarrollo, como IFC Corporación Financiera Internacional, ligada al Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; BNDES-Brasil; SACE-Italia; EDC-Canadá y 10 bancos privados, además de BANCOMEXT y NAFIN en México. Braskem-Idesa señaló que la banca de desarrollo mexicana formó parte “del crédito sindicado con otros bancos e instituciones financieras” y confirmó que “los bancos mexicanos representaron 400 millones de dólares del total del financiamiento”. Cantidad que significó el 12. 5 por ciento del total financiado y no más del 7. 7 por ciento de la inversión total, según documentos de la empresa. “Con dicho capital sumado al proyecto de Braskem Idesa, se hicieron compras de equipos y se contrataron servicios en México por más de 3 mil millones de dólares”.
Lo que significó, según Braskem Idesa más del 60 por ciento de la inversión total. El Presidente comentó además sobre la Planta de chatarra, Agronitrogenados, que involucra a AHMSA y por la que "un accionista" ofreció regresar el sobreprecio de 200 millones de dólares. El mandatario alertó asimismo que la compra de la Planta Fertinal, durante la administración de Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya en Pemex, por la que se heredó una deuda de 9 mil millones de pesos, no está en la denuncia de Lozoya, pero el gobierno federal sí la presentó.
"Lo de la otra planta, él era director de Pemex y eso no está en la denuncia, pero ya nosotros ya presentamos denuncia por eso la Fiscalía tiene que integrar todo y hay cosas ahí de las que señala que tiene que probar, desde luego es muy buena la cooperación, lo que está haciendo y es muy bueno el método del testigo protegido", expresó. En su conferencia, López Obrador aseguró que la FGR no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagar al ex canciller Luis Videgaray. "No tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita".
Afirmó que "seguramente los implicados, que son como 70 personas, van a ser llamados a declarar. Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y en su momento la Fiscalía va a informar y va a enviar este proceso al Poder Judicial como corresponde y son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponda. Entonces, está iniciando todavía el proceso, esto es lo que yo considero, va a continuar".
México registra nuevo récord en superávit comercial
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México registró en julio un nuevo récord en el superávit de su balanza del comercio internacional de productos, de 5,799 millones de dólares, como resultado de una recuperación en el descenso de sus exportaciones y una caída mayor a la de junio en sus importaciones, a tasas interanuales.
El Inegi reportó este jueves que las exportaciones mexicanas presentaron una disminución de 8.9% en julio, lo que implicó una mejora respecto a las caídas de los meses previos: abril (-40.9%), mayo (-56.7%) y junio (-12.8 por ciento).
De manera diferente, la tendencia es de altibajos en las importaciones, afectada en su último resultado sobre todo por las compras externas de bienes de consumo, en un año en el que el país registrará la peor contracción de su economía durante las últimas décadas.
Las importaciones totales presentaron un retroceso de 26.1% en julio, a tasa anual, acumulando este indicador 14 caídas seguidas, también a doble dígito en los tres meses previos: abril (-30.5%), mayo (-47.1%) y junio (-22.2 por ciento).
Con la relatividad que conlleva la pandemia de Covid-19, las exportaciones mexicanas mantienen ventajas comparativas como la eliminación de aranceles entre la región de América del Norte mientras continúa la guerra comercial China-Estados Unidos, y cierta depreciación del peso frente al dólar que impulsa sobre todo las ventas de agrícolas y mineras.
Pero la baja de las importaciones de bienes de consumo en julio (-39.3%) refleja la alicaída economía mexicana, un comportamiento más negativo frente a las importaciones de bienes intermedios (-25%) y las de bienes de capital (-15.9%), relacionados principalmente con la producción industrial y las perspectivas futuras de la economía, respectivamente.
Apenas el mes previo, en junio, el saldo positivo de la balanza comercial había llegado a un máximo histórico, considerando estadísticas en línea desde 1993, por un total de 5,547 millones de dólares. Con ello, en los primeros siete meses del año en curso, el superávit acumula 8,458 millones.
El saldo de julio es resultado de exportaciones por 35,662.4 millones de dólares e importaciones por 29,863.7 millones de dólares.
En forma desglosada, las exportaciones petroleras fueron 36.5% menores (1,403.9 millones) y las no petroleras fueron 7.2% más bajas (34,258.5 millones) frente al mismo mes del año pasado.
Dentro de las no petroleras, las agropecuarias cayeron 13% (1,077.5 millones), las extractivas subieron 3.7% (567.5 millones) y las manufactureras se redujeron 7.2% (32,613.5 millones).
La tasa negativa de las manufactureras fue la misma tanto para las ventas automotrices (11,571.9 millones) como para las no automotrices (21,041.6 millones).
Con series ajustadas por estacionalidad, en julio del año actual las exportaciones totales de mercancías reportaron un crecimiento mensual de 9.81%, el cual fue resultado de alzas de 10.18% en las exportaciones no petroleras y de 1.46% en las petroleras.
Las importaciones totales mostraron un aumento mensual de 3.19% con datos desestacionalizados, el cual se originó de incrementos de 1.60% en las importaciones no petroleras y de 26.33% en las petroleras.
Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 12.97% en las importaciones de bienes de consumo, de 2.02% en las de bienes de uso intermedio y de 2.67% en las de bienes de capital.
Bajo observación | México, con su semana menos mortal en cuatro meses
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México reportó eeste lunes 320 nuevos decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 60,800 en el país, informaron las autoridades de salud.
En las últimas horas se registraron además 3,541 casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando el conteo a un total de 563,705 contagios.
México sumó la semana pasada el total más bajo de muertes en más de dos meses, dando peso a las afirmaciones del gobierno de que está combatiendo la pandemia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró el martes pasado que el coronavirus estaba en un declive sostenido en el país.
Las bajas tasas de pruebas han alimentado la preocupación de que los datos publicados puedan subestimar el verdadero alcance de la pandemia. Con información de Reuters
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