Telra recibió 5 mil mdp; regresó 2 mil; contratos leoninos en perjuicio del Infonavit
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Los dos mil millones de pesos que Telra regresó al gobierno, como parte de un acuerdo reparatorio por un proyecto no consolidado con el Infonavit, sólo es 40% del total que la firma recibió del instituto.
Un documento en poder de Excélsior señala que el Infonavit firmó tres contratos con Telra entre 2015 y 2016 para que la empresa reparara o remodelara viviendas abandonadas y luego las arrendara o vendiera. También obligó al instituto a no firmar otros contratos similares.
El 31 de mayo de 2017, el Infonavit estableció que esos contratos lo afectaban, por lo que determinó cancelarlos.
Telra no aceptó esto y advirtió acciones legales contra el instituto, lo que implicaba un daño al erario por 15 mil millones. Tras negociar, Telra pidió 4 mil 800 millones para no ir a juicio. Entre octubre de 2017 y marzo de 2018 el Infonavit dio seis pagos a Telra que sumaron 5 mil 088 millones. Sin embargo, el cheque presentado el lunes por el presidente López Obrador era por 2 mil millones.
Telra sólo devuelve 40% de recursos
Los dos mil millones de pesos entregados por la empresa forman parte de un acuerdo reparatorio con el gobierno.
Los dos mil millones de pesos que Telra Realty devolvió al gobierno federal por un proyecto no consolidado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sólo representan el 40% del total que la empresa recibió por parte del Instituto, pero forman parte de un acuerdo reparatorio.
El lunes, en la rueda de prensa matutina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador un cheque por dos mil millones de pesos que, gracias a gestiones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Telra Realty devolvió al gobierno federal.
De acuerdo con un documento en posesión de Grupo Imagen, el Infonavit firmó tres contratos con
Telra Realty, dos en 2015 y uno en 2016 (este último cuando el instituto no contaba con director), para que la empresa se hiciera cargo del programa Movilidad Hipotecaria.
Por ejecutar el programa, la empresa cobraría a los derechohabientes y acreditados el 10 por ciento por concepto de operación, sin distingo de salario.
El contrato señalaba que el Infonavit cedía a Telra Realty las tareas de reparación, remodelación y readaptación de viviendas abandonadas, para su posterior arrendamiento o venta; obligaba al instituto a no establecer contratos similares con otras empresas e impedía el acceso del instituto a su plataforma informática.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit estableció que los contratos afectaban el carácter de entidad de interés público del instituto, permitía que un particular realizara tareas propias de ese organismo y afectaría el derecho de trabajadores de ejercer el acceso a la vivienda, por lo que se determinó dar por concluidos dichos contratos.
El 13 de junio, la empresa notificó al Infonavit que no aceptaba la terminación de los contratos y advirtió que iniciaría acciones legales contra el instituto.
“Dados los documentos reportados por la empresa concesionaria en el recurso de mediación, la valuación del capital y de la demanda por daños y perjuicios podría ascender a los 15 mil 600 millones de pesos (o incluso mayor)”, señala el documento.
En una valuación externa, el Infonavit estimó dicho pago en siete mil 600 millones de pesos.
Tras llevar a cabo diversas negociaciones, Telra Realty estableció en cuatro mil 800 millones de pesos el monto mínimo que debía recibir del instituto para no recurrir a procedimientos judiciales.
El Infonavit efectuó seis pagos a Telra Realty, los cuales fueron distribuidos así: tres por mil millones de pesos, que fueron efectuados en octubre, noviembre y diciembre de 2017 cada uno, sumando tres mil millones.
Al año siguiente, en 2018, se realizaron otros tres pagos en enero, febrero y marzo, por un monto de 696 millones de pesos cada uno, con los cuales sumaron dos mil 88 millones de pesos.
En conjunto, representaron un monto que ascendió a cinco mil 88 millones de pesos devueltos a Telra Realty.
El cheque presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes pasado era por la cantidad de dos mil millones de pesos.
El proyecto fallido del Infonavit con Telra Realty para el programa de vivienda representó pérdidas por tres mil 88 millones de pesos.
El caso
Puntos clave del Programa de Movilidad Hipotecaria
Febrero de 2015
El Consejo de Administración aprueba el programa.
Marzo de 2015
Se pacta el contrato con Telra Realty, sin número y en exclusividad.
Septiembre de 2015
El consejo de administración aprueba la estrategia de administración del plan.
Marzo de 2016
Inician conversaciones con Telra Realty para dar por concluido el contrato.
Mayo 2017
El Consejo de Administración del Infonavit da por terminado contrato.
Junio 2017
Notifican a Telra Realty la finalización de los contratos e inicia la mediación.
Octubre de 2017
Dan el primer pago a Telra Realty por mil millones de pesos.
INFONAVIT, CON BUENOS RESULTADOS
El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, aseguró que en el reordenamiento de la institución les ha ido “muy bien”, pues se han ahorrado alrededor de cinco mil millones de pesos gracias a que se realizaron licitaciones, en lugar de adjudicaciones directas, y a que ser recortaron dos mil millones en gasto operativo, lo que permitió un cierre financiero en 2019 superior al de 2018.
En entrevista con David Páramo, para Imagen Radio, aseguró que van bien en el combate de malas prácticas y corrupción: se suspendieron las subastas de cartera, en donde hay una investigación en curso, y se suspendió también el contrato a cuatro empresas que hacían las “recuperaciones masivas de cartera” que generaban “una pésima práctica de la gestión de la cartera”, ya que no había una notificación al trabajador.
Lo que ahora los guía, dijo, es que han avanzado con un modelo a favor del trabajador.
FIBRA UNO RECHAZA VÍNCULO CON PROYECTOS DE VIVIENDA
Fibra Uno (FUNO) informó que no tiene vinculación alguna con proyectos de vivienda social o relacionados con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
“Es importante aclarar que la situación no tiene ninguna relación con FUNO ni con sus operaciones”, precisó a través de un comunicado, en relación al caso sobre la devolución de recursos al gobierno.
“FUNO y sus directivos están comprometidos con México y trabajan con las autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar el desarrollo social y económico de nuestro país”, afirmó.
Puntualizó que “FUNO se conduce con responsabilidad, ética y respeto absoluto al marco de la ley”.
Cabe recordar que a finales de 2015 Alejandro Murat dejó la conducción del Infonavit y arribó a la institución David Penchyna Grub, quien tomó la decisión de cancelar un contrato que el instituto tenía con Telra Realty por considerar que se perfilaba como una práctica monopólica, siendo mejor opción que el propio instituto llevara a cabo esta labor.
Luego de la cancelación, la empresa Telra Reality, con el apoyo de varios bufetes de abogados, entabló una negociación con el Infonavit, donde se aceptó pagar una indemnización de más de cinco mil millones de pesos por daños y perjuicios que supuestamente la empresa había sufrido.
Saluda Slim logros de la 4T en salario mínimo e inflación
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El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, destacó que el gobierno federal ha dado resultados positivos en materia económica, como la mejoría en el salario mínimo, el poder adquisitivo y la inflación, e insistió en que “hace falta mucha inversión”. Te recomendamos: Carlos Slim continúa invirtiendo en España y adquiere 3% de Metrovacesa Al término de la presentación de “Dimensión social de las empresas” expresó que la iniciativa privada también debe contribuir en las necesidades sociales de la población, aunque su rol fundamental sea generar empleos y actividad económica. “Se ha mejorado el poder adquisitivo de la población, se ha mejorado sustancialmente el salario mínimo.
Lo bueno es que viene acompañado de una inflación moderada, entonces el efecto en el poder adquisitivo es muy grande”, expresó. El empresario consideró que deben existir ventanillas únicas en las que los pequeños y medianos emprendedores puedan obtener permisos y presentar las declaraciones correspondientes a fin de “facilitar la instalación de sus negocios”. Sobre el próximo anuncio del Plan de Infraestructura señaló que están los proyectos y los recursos, pero que hay que acelerarlos. “Ya están empezando a moverse, el caso es que pudieran agilizarse más para echar a andar la economía lo más rápido posible.
Lo importante es que haya mucha inversión, que genere empleo y actividad económica. La mejor inversión es combatir la pobreza”, aseveró. Antes, en el encuentro, la iniciativa privada dio a conocer un decálogo de ética con el que el busca modificar e implementar una relación de confianza y, sobre todo, recuperar la credibilidad de la sociedad, ya que los mexicanos consideran que ser empresario o político tiene una connotación negativa. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anunció que adoptarán acciones como cumplimiento de tributación fiscal, mejora de salarios y generación de cadenas productivas, entre otras, con el objetivo de renovar su imagen. “Según estudios recientes, en la opinión de los mexicanos ser empresario o político está calificado en lo más bajo y casi en la misma proporción.
Necesitamos revalorar y replantear nuestras acciones, darle su debida proporción y adecuada dimensión”, aseguró. Durante su ponencia el dirigente indicó que cumplir con el círculo virtuoso de ahorro e inversión ya no es suficiente, ya que la empresa debe tener una dimensión abiertamente social, creando valor público y ganándose la confianza de la gente todos los días. “Nada hay más lejos de la realidad que esas caricaturas del empresario mexicano como un señor gordo vestido de frac, con un gran sombrero y anillos. Esto ha hecho mucho daño en nuestra imagen, ser empresario en México es un acto heroico ante la enorme cantidad de obstáculos que tenemos que enfrentar los que nos dedicamos a este noble oficio”, dijo. Salazar Lomelín afirmó que empresarios grandes, medianos y pequeños están convencidos de la necesidad de entender la nueva realidad social cambiante, dinámica e impaciente.
“El mundo no nos va a esperar, y México tampoco. Por ello propongo 10 principios con los cuales las empresas pueden consolidar su dimensión social, renovar su compromiso en favor de nuestro país y ser uno de los principales factores para resolver los problemas sociales que nos aquejan. Este es un decálogo de la responsabilidad”, refirió. En primer término resaltó que “un buen empresario debe ser, ante todo, buen ciudadano; reafirmemos nuestra obligación moral con la sociedad. Ofrezcamos, para empezar, de manera fidedigna y sin engaños, bienes y servicios de calidad a mejores precios”. En segundo comentó que es necesario profundizar en el compromiso que tienen con sus colaboradores, “que vivan mejor, que se sientan orgullosos de sus lugares de trabajo, que tengan oportunidades de desarrollo profesional y personal”.
El líder empresarial subrayó que deben trabajar en una reforma integral al sistema de pensiones “que asegure a todo mexicano que después de una vida productiva pueda retirarse con júbilo, con la certeza y tranquilidad de un ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas”. En cuanto al tercer término los exhortó a ser baluartes de la integridad y de la ética; cuarto, modernizar la cultura empresarial mexicana; quinto, asegurar que las compañías grandes asuman un compromiso con sus proveedores y con la creación de cadenas productivas. Sexto, el compromiso de contribuir al desarrollo permanente de las comunidades; séptimo, asumir y promover la inclusión, diversidad, cultura del respeto y pensamiento crítico; octavo, comprometerse con la sustentabilidad de sus actividades económicas; noveno, transferir tecnología y conocimiento de las empresas grandes hacia las pequeñas y medianas.
“Y décimo, entendamos que la relación con los gobiernos debe brindarnos fortaleza. Las sociedades avanzan con la colaboración, el trabajo conjunto y respetuoso produce mejores decisiones y avances”, finalizó. Y ADEMÁS AMLO LOS COMPROMETERÁ A APOYAR LA RIFA Con la firma de una carta o de palabra, los empresarios que asistan a la cena de hoy en Palacio Nacional se comprometerán a cooperar con la compra de cachitos para la rifa de 2 mil millones de pesos con motivo del avión presidencial. En su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la participación del sector y mañana dará a conocer el “quién es quién” de los que apoyarán y con qué cantidad de recursos. “Vamos a destinar 2 mil 500 millones para equipo de salud. Como una especie de compromiso, ellos van a decidir con cuántos boletos ayudan y una firma de compromiso. No hace falta la firma realmente, con la palabra es suficiente, pero para saber quién es quién”, remarcó. El mandatario recordó que el esquema para el sorteo consistirá en distribuir 6 millones de boletos, de los cuáles 4 millones serán patrocinados por los empresarios que asistan a la cena.
Exfuncionarios, brazos de Mancera, huyen del país
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Los hermanos Julio César y Luis Serna Chávez, subalternos de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad, ya no se encuentran en el país, debido a que tienen miedo a ser capturados por malversación del erario público y tejer una red de bienes inmobiliarios.
Integrantes de su equipo aseguran que no han sabido de ellos en los últimos meses. Ya no han recibido instrucciones y en la última conversación que sostuvieron con el particular y jefe de Oficina de Mancera se les pidió manejarse con bajo perfil.
Pero un problema de los hermanos Serna Chávez es que a ellos siempre les faltó la prudencia que pidieron a sus excolaboradores. Eran cortesanos, los describe alguien que tuvo ocasión de tratarlos en la Jefatura de Gobierno y que califica esa experiencia como una de las peores que tuvo. Sin embargo, lo más relevante, es que funcionarios de alto nivel se quedaron con esa misma impresión. Los ánimos de cubrir a los excolaboradores de Mancera ante las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera serían, por tanto, muy escasas.
En redes sociales, Julio, amigo de Mancera desde la infancia, dejó de tener actividad desde finales del 2018, cuando comenzó la transición del nuevo Gobierno; en tanto que Luis, quien fue el encargado de la agenda del exmandatario perredista, dejó de publicar en Twitter y Facebook desde octubre de 2019.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene una carpeta de investigación contra Luis Serna por un supuesto lavado de dinero y evasión fiscal, durante el tiempo en que fue funcionario del primer círculo del ahora senador Mancera.
La investigación se centraría en que el exsecretario particular de Mancera y su equipo, pues habrían actuado como supuestos prestanombres del exjefe de gobierno, además de otros funcionarios para, presuntamente, permitir la acumulación de bienes inmuebles.
Se dice que las casas, departamentos y otros activos no declarados, permitirían a Mancera reportar fiscalmente presuntos ingresos por al menos 6 millones de pesos mensuales, por concepto de arrendamientos inmobiliarios.
El otro hermano, Julio César, fue inhabilitado en septiembre pasado por 10 años para trabajar en el servicio público, luego que la Secretaría de la Contraloría General detectó irregularidades durante su administración al frente de la Central de Abasto, cargo que le dio el mismo Mancera al iniciar su gobierno.
El tema no avanzó más, puesto que en diciembre pasado Julio tramitó un amparo contra cualquier acto privativo de libertad u orden de aprehensión, según el número de expediente 1096/2019.
Como Julio, otros exfuncionarios de Mancera han obtenido amparos contra órdenes de aprehensión. Por ejemplo, el exsubsecretario de Finanzas y exjefe de asesores, Miguel Ángel Vázquez, y el exdirector del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins.
PODER Y CODICIA. Ahora que salió a la luz la forma en que los hermanos Serna servían de “tapadera” y de prestanombres al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se escucha un par de voces que los señalan como los artífices de las arbitrariedades, malos tratos, negociaciones turbias, nombramientos en el gabinete, permisos… Los que tenían el poder en la administración mancerista y no lo compartían.
Quienes trabajaron con Luis y Julio César describen a los amigos de Mancera como dictadorzuelos, que usaban el poder público para enriquecerse descomunalmente.
Sus acciones desataron el enojo tanto en público como en privado contra exsecretarios, asesores y colaboradores, cualquiera de ellos puede señalarlos por sus malos manejos y sus arrogantes acciones.
Luis y Julio, particular y jefe de Oficina de Mancera, impusieron su poder con anuencia de su jefe, ellos tenían la facultad, sobretodo Luis, de solicitar la renuncia a los funcionarios que desde su perspectiva hicieron mal las cosas, uno de ellos, el exprocurador Rodolfo Ríos, quien dejó el cargo bajo el argumento de concluir metas personales, aunque todo mundo sabía que el asesinato de 5 personas en un edificio de la Narvarte, fue el motivo por el que dejó el puesto. Luis fue pieza clave para que Edmundo Garrido Osorio se quedara en el puesto y así controlar la dependencia desde su oficina.
El poder de los hermanos era tanto que a la salida de uno de ellos, Julio César, de la Ceda, crearon un nuevo cargo: Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, sitio desde donde se operaban estrategias, se autorizaban permisos y se realizaban tácticas como la de, en un principio, dar atribuciones a tres diputados: Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, para manejar los recursos para la reconstrucción del 19-S.
El poder de los Serna terminó apenas y Mancera decidió que José Ramón Amieva sería el jefe de Gobierno Interino, cargo al que aspiraban Julio y Luis, sin éxito. Ambos salieron del Gobierno de la Ciudad y reubicaron su músculo, tanto político como económico, a la campaña de Alejandra Barrales, quien fracasó en su intento de convertirse en mandataria capitalina.
Delitos de los funcionarios se duplican
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Los delitos cometidos por servidores públicos como el uso ilícito del poder público, utilizar información para obtener beneficios, recibir pagos indebidos, intimidación, tráfico de influencias, cohecho o soborno, la malversación de dinero público, el enriquecimiento ilícito, la falsificación de sellos o documentos, entre otros, se duplicaron en 2019.
Los delitos del fuero federal cometidos por servidores públicos crecieron 104 por ciento en 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2019 se reportaron cuatro mil 751 delitos de esas características, lo que ha afectado aún la percepción de corrupción en el nuevo sexenio, exponen analistas.
Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), afirmó que tiene que seguir el combate a la corrupción.
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| GRÁFICO: ARTURO RAMÍREZ |
“Nosotros, que operamos en muchos estados de la República, que movemos mercancías y prestamos servicios en muchos de los estados, vemos que el combate a la corrupción tiene que ir al nivel municipal, estatal y haber una coordinación con los tres niveles de gobierno para tener real combate a la corrupción, y con ello tener más filosofía de la legalidad. Ponemos a disposición nuestras mejores prácticas anticorrupción y cumplimiento”, expuso.
Julio Salazar, abogado de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, dijo que los delitos no necesariamente son cometidos en el primer año, pero se denunciaron a raíz del cambio de sexenio.
“Es probable que muchas denuncias fueran elaboradas en el marco del cambio de gobierno, otros también son por los funcionarios que llegaron. Muchos de estos cometiendo ilegalidades. Otra parte de los delitos de servidores públicos son cometidos porque no hay un combate institucional contra la corrupción, y sí de forma política”, esgrimió.
La manera de atacar a corruptos y de acusar por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido más que otra cosa para criticar a opositores políticos o a sectores del gobierno que no están alineados, añadió.
La Secretaría de la Función Pública fue consultada al respecto sobre las cifras del Secretariado, pero no quiso dar comentarios.
Compartió que en lo que va de la administración, se han presentado un total de 108 denuncias penales ante la FGR, por delitos vinculados a actos de corrupción.
Los delitos de fuero común, cometidos por funcionarios estatales o municipales se incrementaron 16.9 por ciento en 2019.
Segob se salta al INE por datos personales
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La Secretaría de Gobernación busca que los municipios le cedan los datos personales de sus registros públicos para crear la Cédula Única de Identificación, esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le negara los datos biométricos del Padrón Electoral.
Tras el foro Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales , la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, pidió a los representantes de las áreas de finanzas de los ayuntamientos a colaborar para crear la base de datos para la Cédula.
“(Se requiere) una homologación de los registros públicos, así también como de los registros civiles. Nosotros requerimos de la estrecha colaboración de ustedes porque tenemos la firme intención de lograr la Cédula Única de Identificación de la población y los registros públicos para nosotros son vitales y esenciales en este gran reto y gran política pública a la que estamos abocados”, expresó la secretaria de Gobernación.
Con esta solicitud a los Ayuntamientos, la Secretaría de Gobernación busca un plan B para la Cédula, esto luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, le informara a Sánchez Cordero de la imposibilidad legal de entregarle los datos biométricos de los ciudadanos que están en el Padrón Electoral.
“Las y los consejeros del INE le manifestamos la imposibilidad legal de que el Instituto entregue los datos personales de las y los ciudadanos que resguardamos”, contestó el consejero presidente luego de una reunión con la titular de Gobernación.
Al corte de ayer, el INE tenía registrados a 90 millones 416 mil 243 mexicanos en el Padrón Electoral, de quienes se tiene datos como fotografía y huellas dactilares.
No es el primer intento del Gobierno federal para obtener la base de datos de los mexicanos para crear la Cédula Única de Identificación, ya que en semanas pasadas Morena preparó un borrador de reforma electoral que separaba al Registro Federal de Electores del INE, con lo que se le quitaría la potestad de esta información al organismo electoral.
Sobre el tema de las finanzas municipales, la encargada de la política interna del país dijo que todos los ayuntamientos deben de generar medidas efectivas de recaudación donde haya transparencia y sin corrupción.
“Ustedes podrán sin duda prestar mejores y más eficientes servicios públicos y tendrán a la población de su lado, no obstante esta progresividad en la recaudación de impuestos si se ve reflejada en la adecuada prestación de servicios ustedes van a tener a su lado a toda la población”, dijo.
En el marco del foro Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales se firmó un convenio entre el Instituto Nacional para el Desarrollo del Federalismo y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
Por su parte, Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INADEM), aseguró que se tiene que hacer un gran trabajo sobre todo en lo que tiene que ver con la recaudación, ya que “los municipios en promedio recaudan cuatro por ciento de su hacienda, si vemos la magnitud, 96 por ciento no lo recaudan”.
Acotó que el costo del predial no ha subido, “se ha mantenido, es de 0.28% cuando el promedio de la OCDE es 0.33 por ciento, pero más que una crisis es una oportunidad para que los ayuntamientos en manos de sus alcaldes aprendan a cómo generar más recursos propios y en esa medida tener más servicios e incrementar el nivel de vida de la población”.
En este sentido descartó que se tenga una crisis, sino lo que ha faltado “es generar la conciencia de la necesidad y la importancia de que aprendan a recaudar porque es una facultad y es un mandato y una obligación de los ayuntamientos”.
Coronavirus es el enemigo público #1 para la humanidad, advierte la OMS
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este martes que la primera vacuna para combatir el nuevo coronavirus estaría lista en año y medio.
"La primera vacuna podría estar lista en 18 meses, por lo que actualmente tenemos que hacer todo usando las armas disponibles para combatir este virus, mientras nos preparamos a largo plazo", señaló el líder de la organización, Tedros Adhanom.
En conferencia de prensa, el titular de la OMS aseguró que las naciones se encuentran 'protegidas' para controlar la cepa.
"El desarrollo de vacunas y terapias es una parte importante de la agenda de investigación, pero es solo una parte. Tomará tiempo desarrollarse, pero mientras tanto, no estamos indefensos. Hay muchas intervenciones básicas de salud pública que están disponibles para nosotros ahora y que pueden prevenir infecciones", puntualizó.
"Según las directrices acordadas entre la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tuvimos que encontrar un nombre que no se refiriera a una ubicación geográfica, un animal, un individuo o grupo de personas, y que también es pronunciable y está relacionado con la enfermedad", expuso Adhanom.
Destacó que esta medida también se toma para no estigmatizar a nadie.
"Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pueden ser inexactos o estigmatizantes. También nos da un formato estándar para cualquier brote de coronavirus futuro", declaró.
Adhanom indicó que, hasta esta mañana, se han confirmado 42 mil 708 casos en China y mil 17 decesos. En el resto del mundo, hay 393 pacientes en alrededor de 24 naciones que son portadores de este virus.
Dijo que“el mundo debería despabilarse y considerar al virus como “el enemigo público número uno”.
“Por lo que debemos prepararnos para usar las armas que tenemos al alcance en la lucha contra este virus”, dijo Tedros en la sede de la OMS en Ginebra, donde centenares de científicos se reúnen para intentar frenar la enfermedad.
Aseguró que el Covid-19, diagnosticado en 42 mil 708 personas en China (de las que mil 18 han fallecido) y en 393 pacientes en otros veinticuatro países, debe ser considerado actualmente “el enemigo público número uno para toda la humanidad”, con consecuencias políticas, sociales y económicas “peores que las de cualquier acto terrorista”.
El doctor etíope anunció que el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, encabezará un gabinete de crisis lanzado hoy para coordinar la respuesta a la epidemia entre este organismo y el resto de las agencias de Naciones Unidas.
“Con 99 por ciento de los casos en China, (la epidemia) sigue constituyendo una verdadera emergencia para este país, pero es también una amenaza muy grave para el resto del mundo”, alertó.
Sin embargo, se mostró optimista y afirmó que hay una “posibilidad realista” de parar al nuevo coronavirus, si los países dan una respuesta “al unísono”.
La sede de la OMS en Ginebra realiza hasta mañana un encuentro internacional de 400 expertos de todo el mundo en virología, epidemiología y otras ramas científicas para estudiar vías de investigación del coronavirus de Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.
El jueves en Bruselas, se darán cita también los ministros europeos de Salud para intentar coordinar una estrategia común para paliar la epidemia. Y la OMS ha enviado una misión de expertos a China, dirigida por Bruce Aylward, un experto en la lucha contra el Ébola.
La denominación de la enfermedad Covid-19 (formada con un acrónimo de la expresión inglesa “corona virus disease”) ha sido consensuada por responsables de la OMS, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
LOS MUERTOS
El número de fallecidos por el virus Covid-19 alcanzó la cifra de mil 113 en China, con 94 nuevas víctimas registradas en la jornada anterior en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, de acuerdo al último saldo oficial. Hay en el país 42 mil 767 casos confirmados y 3 mil 950 personas que han recuperado su salud.
La OMS está especialmente preocupada por el caso de un británico que nunca había estado en China y que fue contaminado por el nuevo coronavirus en Singapur. Luego se lo transmitió a varios compatriotas durante una estancia en Francia antes de ser diagnosticado en el Reino Unido.
En total, el hombre contaminó accidentalmente al menos a 11 personas.
Farmacéuticas y gobierno garantizan abasto de fármacos
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El gobierno federal y la industria farmacéutica eliminarán las trabas que afectan el abasto de medicinas y material de curación mediante la compra directa y sin intermediarios. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que en el pasado reciente existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores.
Durante la conferencia matutina, López-Gatell mostró que la empresa PISA pasó de controlar 14 por ciento del mercado en 2013 a 24 por ciento en 2015 y 22 por ciento en 2018. Fármacos Especializados incrementó de 13 por ciento en 2014 a 20 por ciento en 2018. Insistió en que el desabasto en el Instituto Nacional de Neurología obedece al incumplimiento del proveedor, amparado en un contrato que vence en noviembre.
En entrevista en Palacio Nacional, adonde acudió para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), Francisco Cervantes, señaló que mediante acercamientos el fin de semana se pactó con el gobierno federal garantizar el abasto de medicamentos y material de curación. Tras solicitar que no se estigmatice al sector farmacéutico, admitió que en los esquemas de licitación del pasado se incurrió en algunos excesos.
Explicó que se acordó la eliminación de intermediarios en el esquema de abasto, estimando que 300 empresas nacionales e internacionales estarán involucradas. Sin embargo, también indicó que la importación de medicamentos afectará negativamente a esta industria en México y, en consecuencia, a los empleos que genera.
–¿Harán alguna petición en el proceso de compra consolidada?
–No, ya se acordó. Es un tema de abasto en el Instituto de Salud para el Bienestar, el Issste, en el IMSS –respondió Cervantes.
Al dar a conocer El Pulso de la Salud semanal, en esta ocasión López-Gatell se enfocó en el fenómeno de los intermediarios que perturban las relaciones entre proveedores privados y el sector público como comprador mayoritario de los insumos para la salud, pues la carencia no es por falta de presupuesto.
Refirió que esto se reveló de forma clara en la visita que realizaron funcionarios de las secretarías de Salud y de la Función Pública al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Debido a que se trata de un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y puede hacer las contrataciones de acuerdo con sus disposiciones internas, este instituto, para tener sus insumos, tiene un contrato vigente para el abastecimiento continúo de los insumos, que cubre hasta noviembre de 2020.
En el país operan mil 400 compañías farmacéuticas, de las cuales 10 son grandes empresas nacionales y otras tantas internacionales, tenían que canalizar sus ventas a través de intermediarios; y estas empresas distribuidoras a su vez subcontrataban con grandes compañías conocidas de distribución de productos.
El subsecretario señaló que otro mito que es importante quitar es que la razón de la escasez son los recortes presupuestales. No hubo recortes a los institutos nacionales de salud, pues casi en todos los casos se incrementó entre 5 y 7 por ciento el presupuesto, incluso el Instituto de Neurología recibió un aumento de 12 por ciento comparado con 2018.
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