Ni Pinochet se atrevió a tanto asedio: AMLO
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ni el ex dictador Augusto Pinochet, durante el golpe militar que encabezó en Chile en 1973 para derrocar a Salvador Allende, decidió asediar con la policía y el Ejército la embajada de México, como sucede ahora en Bolivia.
El mandatario dijo que espera que las autoridades interinas de ese país “recapaciten” para que se respete el derecho de asilo de los nueve ex ministros del gobierno del depuesto presidente Evo Morales que se encuentran dentro de la sede diplomática en La Paz y se alejen de cualquier tentación de tomar o vulnerar la soberanía “al querer penetrar en la embajada. Eso no lo hizo ni Pinochet. Yo espero que prevalezca la sensatez y, por encima de todo, la política”. “VIGILAN 90 POLICÍAS” En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que, ante la presencia de 90 elementos de la policía y del ejército de Bolivia frente a la embajada mexicana, la cancillería presentará un instrumento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia, con el fin de que se respeten los acuerdos en materia de representaciones internacionales.
“El día 23 de diciembre aparecieron afuera de las instalaciones de la embajada y de la residencia 90 elementos de la policía y el ejército no solicitados. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa seis, (y) de pronto aparecieron 90 ese día”, explicó. Explicó que esta presencia policial y militar se debe a que dentro de la embajada se encuentran los ex ministros del gobierno evista, quienes desde el 15 de noviembre solicitaron asilo político y por los que Bolivia exige que se le pongan a su disposición. “Son personas que el 15 de noviembre solicitaron asilo a México, fueron a la embajada para eso, los recibimos y México les otorgó asilo.
El 26 de noviembre, la autoridad de facto de Bolivia informó que había órdenes de aprehensión contra cuatro de los nueve en cuestión”, aseguró. Ebrard dijo que a pesar de las órdenes de detención contra los ex funcionarios, el gobierno mexicano hará valer los acuerdos internacionales sobre protección a refugiados políticos y los salvaguardará. “Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional porque con este tipo de asedio, de pasar de cuatro vigilantes y de pronto hay 60 o 90, lo que se pone en riesgo son dos cuestiones esenciales: la integridad de las sedes diplomáticas de todos, hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Viena, el Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional”, indicó. El canciller confió en que con el recurso interpuesto, la Corte Internacional de Justicia abra el proceso correspondiente y que la comunidad internacional se vaya pronunciando, para así evitar buscar medidas extremas.
“Lo más sencillo sería decir: ‘Bueno, cerramos la embajada y el consulado’, pero lo que me ha pedido el Presidente es que tengamos mucho cuidado, porque hay 10 mil mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y del consulado. Lo haríamos como un último recurso, pero espero que no lleguemos hasta eso, porque tendríamos ese gran inconveniente”, puntualizó. Por la noche, la cancillería confirmó que la embajadora de México en Bolivia solicitó apoyo para garantizar la seguridad de sus inmuebles diplomáticos; “sin embargo, la respuesta fue desproporcionada y tiene el objetivo de aprehender a los ex funcionarios que permanecen bajo la protección de nuestro país”. A través de una nota informativa, la SRE aseguró que el operativo policial montado por las autoridades bolivianas en los últimos días no solo es excesivo, sino que resulta contrario a la petición que realizó México. “Lejos de brindar seguridad, el operativo, que incluye la grabación constante de los inmuebles, representa una amenaza y una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que ambos países han suscrito”, detalla el documento de la cancillería.
INVIOLABILIDAD DE SEDES DIPLOMÁTICAS, PRINCIPIO QUE DATA DEL SIGLO XV La inviolabilidad de los recintos diplomáticos es uno de los principios más antiguos de las relaciones internacionales, se remonta a la creación de estas sedes en el mundo durante el siglo XV y su omisión puede llevar la ruptura de relaciones diplomáticas entre dos países. A lo largo de la historia han existido muy pocas excepciones a esta regla, admitida históricamente por los países y que fue plasmada en la jurisprudencia internacional en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961. Uno de los pocos incidentes donde se vulneró este principio ocurrió en 1979, cuando un grupo de estudiantes iraníes, seguidores de la revolución que depuso al sha Mohammad Reza Pahlevi, ingresó a la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvo como rehenes a los miembros del cuerpo diplomático por cerca de un año.
Tras el incidente, EU adoptó una legislación que permite, en casos extraordinarios, revocar la inviolabilidad de un recinto diplomático, sin que hasta el momento se haya aplicado dicha excepción. Reino Unido es otro de los países que cuenta con una legislación similar, la cual pretendía invocarse para lograr la captura de Julian Assange, quien permaneció resguardado durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, la legislación estipula que, para ingresar a una sede diplomática, un juez se pronuncie sobre el uso indebido de la inmunidad diplomática por una violación al derecho internacional, lo que nunca logró configurarse para el caso del fundador de WikiLeaks. PETICIÓN SIN PRECEDENTE La revocación de la inmunidad diplomática, planteada por Bolivia para la detención de nueve ex funcionarios que permanecen resguardados en los recintos diplomáticos de México en la Paz, supone una medida sin precedente y en especial para un país con una larga tradición de asilo.
Un claro ejemplo fue el de Héctor José Cámpora, ex presidente de Argentina, quien permaneció asilado poco más de tres años en la embajada de México en Buenos Aires junto a su familia, luego de que un grupo armado intentó asesinarlo. La dictadura militar instaurada en 1976 le concedió el salvoconducto para salir del país después de tres años, debido de su avanzada edad, y murió tres meses después. Otro caso fue el de Hortensia Bussi, esposa del ex presidente chileno Salvador Allende. Luego del golpe de Estado ordenado por Augusto Pinochet, que derivó en la muerte de su marido, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, envió un avión a Chile para sacarla del país. Y ADEMÁS RESPONDE SRE A CRÍTICAS DE QUIROGA Marcelo Ebrard respondió los señalamientos del ex presidente y delegado internacional del gobierno interino de Bolivia, Jorge Quiroga, quien acusó al presidente López Obrador de “cobarde” y “sin vergüenza” por conceder asilo a Evo Morales, y aseguró que ante los insultos a México y a su mandatario por el conflicto que existe con Bolivia, se impone la unidad nacional
Bolivia mantiene cerco y escala tensión; México va a Corte Internacional
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La tensión entre México y Bolivia, que inició cuando se ofreció asilo al expresidente Evo Morales, va en aumento luego de que ayer se anunció que el Gobierno mexicano interpuso un recurso legal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se termine el asedio a la embajada en esa nación sudamericana, lo que generó una dura respuesta de la administración interina.
“México está presentando un instrumento jurídico por violación a obligaciones diplomáticas. Planteamos que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y a quienes están al interior de estas instalaciones”, anunció el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
El canciller explicó que el pasado 15 de noviembre recibieron a nueve solicitantes de asilo y se pidió al gobierno interino que se les expidieran salvoconductos para salir del país, pero fue hasta el 26 de noviembre cuando Bolivia informó que cuatro tenían órdenes de aprehensión en su contra, por lo que “de acuerdo con el derecho internacional, lo que predomina es el derecho de asilo”.
Agregó que como parte del asedio, el pasado 23 de diciembre aparecieron afuera de la embajada alrededor de 90 elementos de la Policía y del Ejército, por lo que, además de la denuncia ante la CIJ, se estableció contacto con las autoridades de ese país para mostrarles la preocupación por ese despliegue.
“Pedimos que se respete el convenio de Viena y el pacto de Bogotá para que se respete la integridad de la sede diplomática de México. Ni aun en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de México y de sus residentes”, expresó.
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“Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía, al querer entrar en nuestra embajada. Eso no lo hizo ni (Augusto) Pinochet (exdictador de Chile)”, sostuvo.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que no hay ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia, sino que existe un reclamo internacional por el tema del aumento en la seguridad en la embajada, aunque consideró que sí existe un momento de tensión.
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ENDURECEN POSTURA. La respuesta del gobierno boliviano no se hizo esperar. El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, declaró: “nos amenazan con llevarnos a la Corte; allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado el tratado”.
Señaló que el “único que han permitido que se violen los tratados y convenios ha sido el Gobierno mexicano”, cuando acogió a Evo Morales, a quien calificó de “terrorista confeso”.
Más tarde, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, también desestimó el anuncio de llevar el tema a la CIJ y pidió retractarse de esa intención, pues carece de argumentos.
“Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena. Nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana. Nadie puede ser denunciado por hechos que no ha cometido”, dijo en conferencia de prensa.
Más tarde, la Cancillería boliviana reveló en un comunicado que la seguridad se brindó a petición del Gobierno mexicano. Aseguró, además, que la diplomacia mexicana ha “tergiversado y distorsionado la verdad” y manifestó su preocupación por “la injerencia de México en los asuntos internos de Bolivia”.
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En respuesta, la SRE confirmó que, efectivamente, solicitó el reforzamiento de la seguridad por amenazas y protestas de grupos sociales, pero acusó que el operativo está fuera de toda proporción y representa una amenaza y violación a la Convención de Viena que vela por la inmunidad de los recintos diplomáticos.
En una tarjeta informativa, destacó que se registraron y revisaron automóviles pertenecientes a funcionarios de la misión en la embajada, además del asedio durante las 24 horas del día y seguimiento a los trabajadores en todo momento al salir de las instalaciones, con el objetivo de aprehender a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran al interior y no brindar seguridad al inmueble.
Quien elevó más el tono de la confrontación fue Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia y actual delegado presidencial en defensa de la democracia, quien arremetió contra el Presidente López Obrador, a quien acusó de violar tratados internacionales y de ser el “padrino de los tiranos latinoamericanos”.
El dato: El gobierno de Cuba se sumó a las expresiones de rechazo al asedio del gobierno interino de Bolivia a la embajada de México en ese país.
En conferencia en su país calificó al Ejecutivo mexicano de “cobarde, matoncito, cínico, sinvergüenza y contradictorio” porque, dijo, ha confundido la deferencia de Bolivia con cobardía y le reprochó haberse “arrodillado” ante Donald Trump, porque éste lo obliga a deportar migrantes.
De inmediato, hubo cierre de filas con el primer mandatario: primero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ofreció su solidaridad y destacó que ante los ataques e insultos al Jefe de Estado, los mexicanos deben estar unidos.
En tanto que el canciller Ebrard destacó que “ante los adjetivos e insultos a México y su Presidente, se imponen la unidad nacional”.
Crece 53% la atención a refugiados en México, comparado con el año anterior
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El programa migratorio entre México y Estados Unidos significó la atención de casi un millón de migrantes retornados a territorio mexicano, lo que representa un aumento de 53.3% comparado con el año fiscal anterior.
De acuerdo con el último informe de la Patrulla Fronteriza de EU, en mayo de 2019, cuando el residente Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles si no detenía el flujo de migrantes, se registró el pico más alto de retornados, con 144,116, los cuales fueron atendidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y ya con el plan migratorio en marcha, cada mes se fue reduciendo ese número: en junio hubo 104 mil 311 migrantes que no fueron admitidos en EU; luego bajó en julio a 81 mil 777; en agosto a 62 mil 707; en septiembre a 52 mil 546; en octubre a 45 mil 250 y en noviembre a 42 mil 710.
Es decir, este número de retornados de EU a territorio nacional pasó de 521 mil 90 migrantes, en 2018, a 977 mil 509 en este año.
Además, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, explicó que en este plan se rescataron y se beneficiaron a 280 mil 409 centroamericanos con asistencia legal, empleo, consultas médicas, entre otros.
De este total, la Guardia Nacional “rescató” a 59 mil 843 personas entre mayo y el 25 de diciembre, específicamente en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
Se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes a cargo del general Vicente Hernández; y en el norte el general Pedro Lohmann.
Quiero destacar que la Guardia Nacional, a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la CNDH, lo cual es un mérito mayor”, dijo al presentar los avances del Plan de Migración y Desarrollo.
Este reporte también da a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública, realizó mil 502 operaciones ferroviarias, en las que se rescataron a 12 mil migrantes que sus vidas corrían peligro.
En el caso de sistemas vehiculares o aéreos también se hicieron las revisiones y se logró asistir a 41 mil 649 migrantes fueron rescatados en tres mil 479 autobuses y en 63 tractocamiones se salvaron a dos mil 802.
En cuanto a la ayuda que México dio a países centroamericanos, tanto en dinero como en la implementación del programa Sembrando Vida, El Salvador tiene mil 250 beneficiarios, así como los primeros 275 Jóvenes Construyendo el Futuro.
Honduras tiene un registro de 200 beneficiarios para ambos programas y Guatemala ya tuvo la primera reunión de trabajo con los ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como con la secretaría de Planeación. En los tres casos, México entregó 100 millones de dólares para generar empleos y combatir la migración.
Estados Unidos anunció una iniciativa que se llama américa crece; nos han dicho que comparten el diagnóstico que hizo la cepal”Marcelo Ebrard, titular de la SRE
MÉXICO LOS CUIDA
Se concluyó con la rehabilitación de diez estaciones migratorias.
La STPS puso en marcha dos centros integradores de migrantes.
La Secretaría de Salud otorgó 30 mil 207 consultas médicas.
A mí sí me gustaría seguirle sirviendo al presidente, y desde luego, al país. no se las voy a poner fácil”.
Olga Sánchez Cordero, titular de Segob
Diálogo México-Bolivia; se enfría crisis de bolsillo
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El resumen final es que México y Bolivia están dispuestos a dialogar y sólo hay algunos condicionantes, que no parecen impedimentos, del lado boliviano para que la crisis exprés desatada entre ambos países se resuelva, sin mayores consecuencias, en un encuentro de alto nivel, entre cancilleres.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador atizó al fuego de la discordia al indicar que el asedio policial que vivía la embajada de nuestro país en aquel país sudamericano, so pretexto del asilo a exfuncionarios de Evo Morales, resultaba impensable, que no había sucedido algo análogo ni aun en la época del golpe de Estado pinochetista en Chile.
La referencia del presidente López Obrador recordaba que en aquel golpe de Estado militar, la embajada mexicana se abrió a los cercanos al caído Salvador Allende. México, como se recordará, hace un par de días abrió su embajada a excolaboradores del depuesto Evo Morales, incluyendo algunos sobre los que pesan órdenes de aprehensión.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard recordó abiertamente que nuestras embajadas constituyen territorio nacional mexicano y que la “vigilancia” resultaba contra las normas mínimas internacionales.
Más tarde, el subsecretario para América Latina y el Caribe de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, solicitó a la canciller de Bolivia, Karen Longaric, “abrir un canal de diálogo directo” para tratar la tensa situación. Él era el encargado de atender el tema.
Cuba, aliada de Evo Morales, respaldó en redes sociales de su cancillería la inconformidad por el asedio policial.
A través de la Cancillería, México elevó la tensión de la minicrisis indicando que llevaría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Karen Longaric respondió a través de redes sociales que México había solicitado reforzar la seguridad de su embajada y que a eso respondía la presencia (poco habitual) de unidades policiales en los alrededores.
Longaric agregó que los refugiados en la embajada no son realmente perseguidos políticos, sino criminales y que el Presidente mexicano debería mantenerse respetuoso de los asuntos internos bolivianos. En el clímax de la crisis instantánea, Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, respondió con un “allá nos vemos” a la intención mexicana de buscar que el caso sea analizado en la Comisión Interamericana. Para Murillo, México era el que rompía las reglas que rigen las relaciones internacionales y eso quedaría claro en la Corte.
Resultó curioso que en tanto se daba esta crisis, el personaje central, Evo Morales, se ha mantenido en Argentina con actividades públicas que incluyeron juegos de futbol y encuentros con las madres de la Plaza de Mayo.
Como espuma, el desencuentro que había subido de tono en un par de horas, comenzó a desvanecerse cuando la canciller boliviana aceptó el encuentro con la cancillería mexicana en una entrevista con la emisora mexicana W Radio, marcó sólo un condicionante: el encuentro debía ser con Marcelo Ebrard directamente y no con el subsecretario asignado. En cuanto a la sede del encuentro, la señaló, podía ser en Bolivia o en un tercer país neutral.
La minicrisis parece tener salida, aunque habrá que esperar si la espuma vuelve a subir.
CRONOLOGÍA DEL DESENCUENTRO
21 de Octubre: Estallan protestas tras darse a conocer la ventaja de Evo Morales sobre Carlos Mesa en las elecciones.
23 de octubre: Organizaciones opositoras convocan a huelga general; Evo denuncia posible golpe de Estado.
25 octubre: Morales es declarado oficialmete ganador sobre Carlos Mesa.
2 noviembre: Luis Fernando Camacho llama al Ejército y a la Policía a ponerse del lado del pueblo e insta a Evo a renunciar.
5 de noviembre: Crece la violencia opositora, ahora se desata contra comunidades indígenas.
7 noviembre: Atacan a alcaldes de la ciudad de Vinto, en Cochabamba.
9 noviembre: Evo llama a la oposición al diálogo; la Policía abandona sus obligaciones; crecen manifestaciones, enfrentamientos y robos que se extienden por todo el país.
10 de noviembre: Se produce el golpe de Estado en Bolivia, luego de que el presidente Evo Morales se viera forzado a renunciar por presión del Ejército.
11 de noviembre: Evo Morales acepta el asilo político ofrecido por México.
12 de noviembre: Tras una complicada operación, Morales y parte de su gabinete llegan a México tras ser rescatados en una aeronave del Gobierno de México. El mismo día, la senadora Jeanine Áñez es proclamada e investida como presidenta de Bolivia, con respaldo de las cúpulas militares.
15 de noviembre: México recibe solicitantes de asilo en Bolivia. Al menos 25 exfuncionarios y legisladores bolivianos llegan a la Embajada de México en La Paz.
Entre el 16 y 22 de noviembre, el Gobierno mexicano solicitó que se ofrecieran salvoconductos para que los refugiados pudieran abandonar el país.
26 de noviembre: El Gobierno de facto en Bolivia notifica a México que existen órdenes de aprehensión contra cuatro asilados en su Embajada.
23 de diciembre: Aparecen 90 efectivos de la Policía y el Ejército del Gobierno de facto de Bolivia a las afueras de las instalaciones de la Embajada de México y la residencia de la embajadora.
24 de diciembre: México condena el asedio y denuncia que las fuerzas armadas bolivianas pretendieron inspeccionar el automóvil de la embajadora María Teresa Mercado, violando su inmunidad diplomática. El Gobierno de facto en Bolivia acusa a México de “injerencia en asuntos internos”.
26 de diciembre: México anuncia que denunciará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, por violar obligaciones diplomáticas según lo establecido en la Convención de Viena. El Gobierno mexicano informa que permanecen nueve bolivianos refugiados en la Embajada mexicana, de los cuales, cuatro cuentan con órdenes de aprehensión.
Julián LeBarón encabezará marcha en enero para pedir justicia
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El activista Julián LeBarón dio a conocer que el próximo 23 de enero, él en compañía de varios activistas, víctimas y voluntarios participará en una marcha que partirá de Cuernavaca a la Ciudad de México, a fin de pedir justicia por todas las víctimas de la inseguridad en México, ya que han considerado que se mantienen en la impunidad.
Además, afirmó que no conoce a los detenidos por la masacre del pasado 4 de noviembre en donde perdieron la vida nueve de sus familiares en el ataque perpetrado en Bavispe, Sonora.
“Yo no conozco a los detenidos, seguramente son de Janos los responsables, pero también debe haber más involucrados de otros lados”, comentó el activista Julián LeBarón, ante la nueva detención de otro posible implicado en la masacre del pasado 4 de noviembre en un trayecto de Sonora a Chihuahua.
“Va bien la investigación, sabemos que hay muchos actores, se requiere de más tiempo para esclarecer el caso, no se dice para cuándo pero estamos esperando que sea lo antes posible, porque no es posible que más de 20 personas participaron en el hecho y solo se ha dado con algunos cuantos” comentó.
Por otra parte, Julián LeBarón criticó al gobernador Javier Corral Jurado y al Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, por verse “pasivos” en resolver la masacre de la comunidad La Mora del pasado 4 de noviembre, toda vez que no han mostrado resultados necesarios del caso, a pesar de que los responsables podrían ser de este estado. Mientras tanto, dijo que EU, a través de senadores y agentes del FBI están interviniendo en el caso, apesar de no encontrarse en territorio mexicano
En México, 4 de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad
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En México, cuatro de cada 10 productores rurales tienen más de 60 años de edad, lo cual impone retos a la política económica y social dirigida al medio rural, pues la capacidad productiva se reduce en edades avanzadas por la disminución de las capacidades físicas.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, publicada en julio del 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 38.6% de los productores mexicanos tiene más de 60 años de edad, proporción similar a la registrada en el 2014 cuando era de 40.5 y en el 2012 cuando era de 38.6.
Según las proyecciones oficiales, a escala nacional, es decir, tanto en zonas urbanas como rurales, en el proceso de envejecimiento de la población se presentan cambios en la relación entre grupos de población. Así, mientras en el 2005 había 21 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños, se prevé que esa relación se irá incrementando y con el tiempo llegará a 88 adultos por cada 100 niños en el 2032 y se duplicará hasta 167 adultos mayores por cada 100 niños para el 2051.
De acuerdo con el “Estudio sobre el envejecimiento de la población rural en México”, realizado por la Secretaría de Agricultura y la FAO, en el medio rural el envejecimiento de la población ha sido más acentuado, debido principalmente a la migración nacional e internacional de la población joven en edad productiva.
La salida de la población ha dado como resultado que existan localidades con presencia mayoritaria de niños y ancianos en entidades tradicionalmente migratorias, pero que tiende a generalizarse.
Los datos muestran que los responsables de las unidades económicas rurales tienen, en promedio, 54.6 años y que casi 60% tiene más de 50 años, es decir, sólo un poco más de 40% de los responsables es joven y dentro de ese grupo la mayoría es mujer.
Lo grave del asunto es que la presencia mayoritaria de productores rurales en edades avanzadas tiene implicaciones para la producción, el manejo y administración de los recursos naturales en el sector agropecuario.
Si se analizan los rangos de edad por zona económica, se observan comportamientos ligeramente diferentes en el sureste y en la península de Yucatán, donde hay mayor presencia relativa de productores jóvenes de entre 15 y 29 años y menor de aquellos mayores a 60 años.
La proporción mayor de personas de 59 años se encuentra en el occidente, con 42%, seguido del noroeste, con 41%, y en norte, con 38 por ciento.
Los que tienen menos proporción de personas de más de 59 años son el sureste y la península de Yucatán, con 31% en ambos casos.
Ante esa situación, la Secretaría de Agricultura y la FAO plantean que el remplazo por generaciones jóvenes podría presentarse siempre y cuando la presencia actual de productores jóvenes en el sector agropecuario garantice ese remplazo que haya hijos que estén dispuestos a continuar con la unidad de producción familiar.
Eso implica que las actividades agropecuarias proporcionen los incentivos necesarios para retener o atraer a la población rural, ya que de otra manera el costo de oportunidad de la población rural joven los reorientará hacia actividades económicas alternas más rentables.
Al no existir un relevo generacional que traiga mayor dinamismo al sector agropecuario aparecen nuevos retos que estarán relacionados con mantener los niveles necesarios de producción de alimentos
Hacienda declara desiertas casi 36% de las licitaciones para adquirir fármacos
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Entre las principales razones por las que la administración pública federal no resolvió en favor a las empresas de medicamentos para los procesos de adquisición están que las firmas no entregaron propuestas susceptibles de evaluación o no presentaron un plan económico.
Además, de las más de las 630 propuestas que fueron entregadas al gobierno, poco más de 18 por ciento se otorgaron a Laboratorios Pisa, propietaria de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), empresa que fue acusada en abril pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ejecutar prácticas monopólicas en el mercado.
De acuerdo con la licitación pública internacional abierta electrónica LA-006000993-E4-2019, el valor de los contratos con empresas farmacéuticas para el abasto de los medicamentos que requiere el sector salud del país asciende a 19 mil 42 millones 271 mil 751.95 pesos.
Según las actas de fallo emitidas por la SHCP y difundidas ayer, fueron 632 partidas las ejecutadas, y de ese total 224 quedaron fuera. Entre las causas están el incumplimiento en las propuestas de los participantes o hubo algunos casos en los que ni siquiera se presentaron propuestas formales.
En estos procesos de licitación participaron un total de 129 empresas, y de ese número, fueron 105 las que resultaron ganadoras. Entre los más destacados están Pisa, Bioresearch, Laboratorios Raam y Lansteiner Scientific.
De las 71 que quedaron sin partidas, las empresas Novaq Infancia, Baxter y Sun Pharma de México fueron aquellas a las que se les rechazó una mayor cantidad de licitaciones para las compras consolidadas de medicamentos para el próximo año.
De acuerdo con Hacienda, las empresas ganadoras deberán entregar hoy los documentos para la elaboración de sus respectivos contratos, que se firmarán a más tardar en 15 días hábiles.
El 24 de mayo de este año Raquel Buenrostro, quien fue oficial mayor de la SHCP, aseguró que desde la dependencia se buscaba terminar con la corrupción en la compra de medicamentos, por lo que se presentó un nuevo modelo de compras públicas, basado en una mejor planeación de los procesos de adquisición.
Este tipo de compras es llamado Modelo de Agencias de Compras Centralizadas, que incluye la consolidación de 80 por ciento del gasto público para las contrataciones, la implementación de herramientas tecnológicas y la puesta en marcha de una nueva plataforma de Compranet. Además, cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.
Con estos ejes rectores se podrá contribuir al desarrollo económico del país, además que generará ahorros y será un pilar del combate a la corrupción, dijo en su momento Buenrostro, recién designada titular del Servicio de Administración Tributaria.
Alista la 4T reparto de apoyos sociales en bancos
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Ante la falta de personal y sucursales del Banco del Bienestar, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en un acuerdo con instituciones bancarias para que, a través de su red de cajeros, ayuden a dispersar los recursos que se entregan a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.
La meta es que en marzo de 2022 puedan sumarse 4 mil 700 sucursales de la banca comercial y que colaboren en la dispersión de recursos u otros servicios, con lo cual para finales de sexenio pueda conformarse una red de 17 mil sucursales, entre privadas y del Banco del Bienestar, para dar servicio a los beneficiarios de programas sociales.
De acuerdo con funcionarios consultados por EL UNIVERSAL, el presidente López Obrador les informó lo anterior en la última reunión de gabinete legal y ampliado, del pasado 20 de diciembre en Palacio Nacional.
Con esta decisión, los recursos de becas y apoyos a los programas estrella del gobierno federal llegarán de manera más segura e inmediata a los lugares más alejados, mientras se consolida el Banco del Bienestar.
De acuerdo con el plan, en una primera etapa el gobierno federal se apoyará en cuatro instituciones bancarias —todavía por definir— con cobertura nacional, donde se aprovechará su infraestructura, cajeros, personal y cercanía a las cabeceras municipales más alejadas del país.
El objetivo es que en los próximos dos años el Banco del Bienestar pueda tener 17 mil sucursales en más de 13 mil centros integradores —que se encuentran en las comunidades más apartadas, donde se ofrecerá internet y venta de productos Diconsa y Liconsa—, para que la gente no tenga que trasladarse hasta cuatro horas de camino para cobrar un apoyo del gobierno federal.
Según los funcionarios consultados, el propio presidente López Obrador ha reconocido que aún no cuentan con la capacidad y el personal para operar las sucursales del Banco del Bienestar.
La instrucción del Mandatario, comentaron, es aprovechar los cinco años que le restan a su sexenio para dejar consolidado el Banco del Bienestar.
Desde enero pasado, Banco Azteca —propiedad de Ricardo Salinas Pliego— colabora con el gobierno federal en la dispersión de recursos de la Secretaría del Bienestar.
Banco Azteca garantizó la entrega de programas sociales del gobierno federal debido a que “cuenta con el engranaje financiero a escala nacional que permite una entrega robusta y confiable, la cual asegura que se alcance a llegar a los más remotos lugares”, informó la institución en un comunicado.
Banco Azteca señaló a principios de año que es “una de las estructuras financieras más solventes y de mayor alcance nacional, pues tiene presencia en más de 780 municipios, más que ningún otro banco, y en más de 170 de ellos es la única institución presente”.
El pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se han registrado 10 robos a los servidores de la nación que llevaban recursos en efectivo para los programas sociales.
Según cifras de la Secretaría del Bienestar, hasta septiembre pasado se tenían siete robos, con un monto aproximado de 20 millones de pesos.
Fuentes federales detallaron que dos fueron en Chiapas, dos en Oaxaca, uno en Hidalgo, uno en Michoacán, uno más en Guerrero. De los otros tres robos el gobierno no ha dado detalles.
Además, los beneficiarios gastan entre 100 y 120 pesos de pasajes en promedio para ir al municipio donde hay una sucursal bancaria.
Ante ese escenario, el Presidente ha señalado que es una prioridad de su administración contar con las 13 mil sucursales del Banco de Bienestar, a las cuales se pretende ahora sumar 4 mil 700 de la banca comercial.
“El año próximo debemos contar con 13 mil sucursales del Banco del Bienestar. Se nos presentaron los diseños de construcción… lo que necesitamos es ya tener la infraestructura. Todavía tenemos que entregar recursos en efectivo, hemos tenido como 10 enfrentamientos, o, mejor dicho, actos de robo y han perdido la vida compañeros que llevan los recursos; entonces, no queremos manejar efectivo, queremos la tarjeta”, dijo.
Banderazo de salida
El pasado 31 de julio, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, y el director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, develaron una placa alusiva al inicio de operaciones de “el banco de los mexicanos”, en su sede de la capital del país.
Salazar Solorio dijo que la creación del Banco del Bienestar obedece a la instrucción presidencial de terminar con el manejo de efectivo en la dispersión de recursos de programas sociales, y acabar así con la opacidad y corrupción en la distribución, además de llegar al último rincón del país a donde la banca comercial no llega, atendiendo a los mexicanos más vulnerables.
Debido a lo anterior, dio a conocer que anteriormente se repartía 76% de los recursos de programas sociales en efectivo, mientras que en la actualidad esto se ha reducido a 50% en efectivo y 50% de manera electrónica.
“En estos pocos meses, 50% de los beneficios que se distribuyen se dan por medio de una tarjeta con chip. Esto evita graves problemas que teníamos: uno, el de corrupción, y otro, el tema de inseguridad”, dijo.
Dijo que el Banco del Bienestar tiene como objetivo hacia 2024 llevar estos recursos de programas sociales a más de 20 millones de mexicanos que viven en condiciones de marginalidad, además de atender las necesidades de grupos específicos como migrantes, mujeres, indígenas, jóvenes y niños.
El pasado 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una invitación pública a la banca comercial a sumarse a los Bancos del Bienestar.
“Vamos a ofrecerles a los bancos acuerdos para que en vez de que tengan 300, 500 sucursales, puedan tener mil, 2 mil, con la garantía de que van a dispersar fondos y van a obtener comisiones razonables.
“Pero tienen garantizado el que van a poder manejar estos fondos y lo que inviertan en la construcción de las sucursales lo van a poder recuperar en un plazo considerable, porque van a tener garantizados los recursos que estamos ahora dispersando en el país”, dijo.
Nos vemos en La Haya, dice Bolivia; el gobierno de Áñez negociará, pero sólo con Ebrard
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Marcelo Ebrard adelantó que se interpondrá un recurso ante dicha instancia, con sede en La Haya, por considerar que el gobierno de Jeanine Áñez viola el derecho internacional al acosar con vigilancia las sedes diplomáticas de México en La Paz.
El canciller aseguró que el asedio de 90 elementos policiacos y militares se originó debido al asilo que se brindó a nueve exfuncionarios de Evo Morales, ocho de los cuales tienen orden de aprehensión.
En respuesta, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, calificó como “ataque” la denuncia ante la ONU y desafió a México a encontrarse en la corte. “Vamos a ver quiénes han violado tratados internacionales”, dijo.
Karen Longaric, la canciller de Áñez, exigió entregar a los exfuncionarios y aseguró que fue México quien pidió vigilar sus sedes diplomáticas en La Paz.
Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y El Caribe de la SRE, llamó a la funcionaria a dialogar de forma personal, incluso en un país intermedio. La diplomática aceptó, pero únicamente si la reunión se da con Ebrard.
México llevará a La Haya hostigamiento boliviano
El canciller Marcelo Ebrard dijo que se busca preservar la integridad de las instalaciones diplomáticas, cercadas por decenas de policías.
El gobierno de México denunciará ante la Corte Internacional de Justicia lo que considera una violación al derecho internacional por el acoso en torno a su embajada en Bolivia, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.
El asedio a la embajada de México en Bolivia, con 90 elementos de la policía y del ejército bolivianos alrededor, se originó debido al asilo que se brindó a nueve exfuncionarios del expresidente Evo Morales que lo solicitaron, y quienes se encuentran a la espera del salvoconducto que les permita salir del país andino.
“El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional por violación a obligaciones diplomáticas; que es lo que planteamos, qué se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están dentro de esas instalaciones, que se consideran parte del territorio mexicano”, dijo Ebrard.
Explicó que el 15 de noviembre ingresaron nueve personas a la embajada en La Paz y solicitaron asilo. A partir de ese momento el gobierno mexicano solicitó los salvoconductos que les permitieran salir del país.
El 26 de noviembre el gobierno de Bolivia informó que había girado órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados. El 23 de diciembre inició el asedio a la embajada mexicana.
“Estamos estableciendo conexión con la comunidad internacional porque aun en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 no se puso en riesgo la integridad de las instalaciones, de las embajadas de México, o de sus residencias”, consideró.
La política de asilo cuenta con el apoyo de 29 países, incluyendo la Unión Europea y países latinoamericanos, indicó Ebrard.
La Habana expresó su respaldo a México. “Cuba condena el asedio de fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno de facto de #Bolivia a la Embajada y Residencia de #México en ese país”, publicó en Twitter el canciller Bruno Rodríguez.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el gobierno de Bolivia respete la representación diplomática de México en La Paz y evite cualquier tentativa de vulnerar nuestra soberanía.
Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, precisó que aunque no existe un rompimiento de relaciones diplomáticas con Bolivia, sí hay un reclamo muy firme de México ante los hechos de hostigamiento.
“No se han roto relaciones con Bolivia, qué pasará posteriormente, no lo sé, pero sí va a haber una queja formal ante la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas”, aseveró.
Mediante un comunicado, el Senado de la República manifestó su preocupación por el asedio a las instalaciones diplomáticas de México.
Pidió a las autoridades bolivianas observar rigurosamente los tratados, acuerdos y convenciones internacionales referidos a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al derecho de asilo, en particular la Convención de Viena y el pacto de Bogotá.
Recordó que ”es cuando surgen discrepancias respecto de acontecimientos políticos, cuando resulta indispensable la observancia de los principios que rigen las relaciones internacionales”.
Desde el país andino, el expresidente Jorge Quiroga criticó la postura contradictoria del gobierno mexicano ante Bolivia y le pidió evitar la injerencia en asuntos internos.
NOS VEMOS EN LA CORTE: MINISTRO
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, expresó que le “llama la atención el ataque” mexicano y la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por la presencia policial alrededor de su embajada en La Paz.
Murillo desafió a encontrarse en la Corte. “Vamos a ver quiénes han violado tratados internacionales”, dijo, pues asegura que México es quien ha permitido que se traicionen las convenciones internacionales.
La canciller boliviana, Karen Longaric, calificó de “absurda” la denuncia.
“Es algo absurdo, un error y una falta de seriedad”, dijo la jefa de la diplomacia en el gobierno interino de Jeanine Áñez.
“Exigimos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que respete al pueblo boliviano y a su proceso democrático. México debe entregar a los acusados por delitos comunes”, escribió Longaric en Twitter, al referirse a los asilados sobre quienes pesa una orden de aprehensión.
“México pidió la vigilancia”
La canciller afirmó que “todas las apreciaciones (de México) no tienen ningún sustento” porque, según ha revelado, las autoridades mexicanas pidieron al Ejecutivo boliviano que reforzara la seguridad de su embajada y residencia.
“En fecha 19 y 29 de noviembre la Embajada de México, mediante notas verbales cursadas a la Cancillería boliviana, pidió que se reforzara la seguridad. De igual forma la embajadora (María Teresa Mercado) me visitó en dos o tres oportunidades para solicitarme expresamente el refuerzo de la seguridad de la Embajada”, aseguró.
Luego de la queja por la vigilancia en las sedes diplomáticas, Bolivia afirmó, primero, que se debía a una medida de prevención ante eventuales protestas opositoras, y luego dijo que era con el fin de evitar que los ahí asilados “se fugaran”.
SRE llama al diálogo; bolivia lo condiciona
El subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, hizo un llamado a la canciller de Bolivia, Karen Longaric, para dialogar de forma personal con el objetivo de que cese el hostigamiento a la embajada de México. La diplomática aceptó, pero únicamente si la reunión se da con su homólogo, Marcelo Ebrard.
“Hago un llamado a la canciller de Bolivia para que se abra un canal de comunicación, tengamos un diálogo directo, de hecho, hasta personal, para vernos en lo inmediato en un país intermedio, geográficamente hablando, para dialogar y terminar con este episodio”, dijo Reyes.
Luego de hacer un recuento de los hechos ocurridos a partir del día 11 de noviembre tras la renuncia de Evo Morales y la propuesta de asilo político que ofreció México, el funcionario reiteró la protesta del gobierno mexicano por la excesiva presencia de elementos policiacos, revisiones y uso de drones para vigilar la embajada.
Señaló que del 11 de noviembre a la fecha se han enviado 28 notas diplomáticas a la Cancillería boliviana para denunciar el acoso y ha habido cuatro encuentros entre la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, y la canciller Karen Longaric.
En conferencia de prensa, Longaric dijo que desean un trato respetuoso, pero rechazó “las descalificaciones hechas por México”.
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