Santa Lucía gana un 'round' legal; juez revocó una suspensión contra las obras
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CIUDAD DE MÉXICO.
Un juez federal dio marcha atrás a una de las siete suspensiones definitivas que mantenía frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Edomex.
Juan Carlos Guzmán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, le dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional al declarar fundado su incidente de revocación, promovido bajo el argumento de que ese proyecto es un tema de seguridad nacional.
Sin embargo, el caso ya llegó a la Suprema Corte, pues se le presentó una solicitud de facultad de atracción con el objetivo de que un ministro haga suya la petición y atraiga los amparos contra la terminal aérea.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, entre más pronto se resuelvan los recursos contra Santa Lucía, en menos tiempo se procederá con el proyecto para dejarlo listo en poco más de dos años.
En su conferencia matutina, dijo que para lograrlo tiene el apoyo de los ingenieros de la Sedena, quienes se aplican a fondo y, de ser necesario, trabajan día y noche.
TRABAJAREMOS DÍA Y NOCHE: PRESIDENTE
Entre más pronto se resuelvan los amparos sobre el aeropuerto en Santa Lucía, más pronto se iniciará con este proyecto que permitirá un ahorro de más de 100 mil millones de pesos respecto de la terminal área en Texcoco, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa matutina, aseguró que cuentan con el apoyo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes se aplican a fondo y, de ser necesario, trabajarán de día y de noche.
Indicó que el objetivo es iniciar lo más pronto posible para asegurarse de que las obras no causen mayor daño y cumplan con un servicio benéfico para el pueblo.
El Ejecutivo federal dijo que en cuanto se resuelvan los amparos, iniciarán de inmediato los trabajos, toda vez que ya están todos los proyectos, para cumplir con el compromiso de que en 2021 esté construido el nuevo aeropuerto.
Afirmó que al impulsar este proyecto, México se salvó de terminar con un proyecto que lo conduciría a un despeñadero, toda vez que se trataba de una obra estimada en 300 mil millones de pesos, mientras que con Santa Lucía se reduce a la mitad.
De hecho, advirtió, “si nos hubiéramos ido con el proyecto original en Texcoco, hubiera ocurrido algo similar a lo que ocurrió con el tren de Toluca, que inició siendo un proyecto de 30 mil que se elevó a 60 mil y que ahora resulta que faltan otros 30 mil, o sea que al final va a costar 90 mil”.
En cuanto a la observación que ordena preservar las obras ya hechas en Texcoco, advirtió que el objetivo es que “quieren retomarlo para más adelante.
Vamos a buscar mantener las obras, pero lo mejor para mantener esa zona es que se le dé su vocación natural, que sea lago, como lo ha sido por siglos”, asentó.
Ante la inquietud de que se había pedido preservar las obras ya realizadas, expuso que eso sería difícil, pues de por sí, darle mantenimiento al aeropuerto, de haberse terminado, implicaba un mantenimiento constante y labores de relleno periódicas.
Ello se debe, explicó, a que dicho terreno presenta constantes hundimientos, igual que pasa en la calzada Ignacio Zaragoza, debido a que es un terreno de vocación lacustre y, por ello, las actuales obras ya presentan un hundimiento importante.
López Obrador insistió en que el papel de dicha zona donde se pretendía construir la terminal aérea “era un vaso regulador natural”, que evita inundaciones y ayuda a la recuperación de los mantos freáticos. Ahí, en todo caso, se pude llevar a cabo una obra de mejoramiento hidráulico, agregó.
JUEZ TIRA LA PRIMERA SUSPENSIÓN DEFINITIVA
Juan Carlos Guzmán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, consideró fundados los argumentos del gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionados con la seguridad nacional y dejó sin efectos la suspensión definitiva, dentro de uno de los amparos que frenaba la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Tecámac, Edomex.
De suspenderse, significaría el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la seguridad nacional y el auxilio a la población civil, lo cual implica contravenir el orden público”, señala el resolutivo.
El juzgador explicó que no existe en la Constitución ni en las leyes prohibición alguna para construir un aeropuerto civil en instalaciones militares y, en su momento, al dictar su sentencia, él mismo se pronunciará al respecto.
Aun cuando dicho aeródromo esté destinado para uso civil, su objeto también es militar, lo que implica que constituye una sola unidad material y jurídica que no posibilita su división para objetos suspensionales, con tal proyecto se garantiza la seguridad nacional.
Los actos reclamados evidentemente están en relación con la soberanía nacional, en tanto que corresponde al Presidente preservar la seguridad nacional porque corresponde a la nación el dominio directo sobre el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derechos internacional”, indicó.
Aún se mantienen vigentes las siete suspensiones definitivas en los más de 140 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, y el colectivo #NoMásDerroches puede impugnar la resolución del juez ante un tribunal colegiado en las próximas horas.
Segob y Facebook combatirán el cibercrimen y protegerán datos
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la vicepresidenta de Global Marketing Solutions de Facebook, Carolyn Everson, acordaron establecer una agenda de trabajo con el objetivo de dar un mejor uso a las herramientas digitales y detectar crímenes cibernéticos, prevenir suicidios y proteger los datos personales de los usuarios.
Señalaron que entre los temas que se deben analizar se encuentran los relacionados a la violencia contra las mujeres y los niños, la privacidad de datos personales, las fake news, la delincuencia cibernética, la prevención de suicidio, la trata de personas, la pornografía infantil y el bullying, así como la localización de personas desaparecidas y el respeto a los migrantes y refugiados. Durante la reunión privada efectuada en la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero destacó la necesidad de educar a los usuarios de las redes sociales sobre la importancia de mantener en privado sus datos personales y afirmó que es un reto para las autoridades del gobierno y los corporativos de las firmas digitales, prevenir el uso indebido de la información que se publica.
A su vez, Carolyn Everson resaltó que Facebook ha emprendido acciones para la identificación de contenidos de pornografía infantil y prácticas del bullying, los cuales, dijo, ha denunciado ante las autoridades correspondientes. Asimismo, aseguró que la firma busca contribuir a que la localización de menores extraviados sea más efectiva en México, a mejorar la situación de discriminación de los sectores vulnerables, a ofrecer oportunidades de capacitación digital para las mujeres y a detectar y prevenir posibles casos de suicidio en usuarios.
Enfatizó la labor que realizan a través de la iniciativa Confía en el jaguar, impulsada en colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras, para compartir información y mensajes de protección a las personas migrantes. Recalcó que desde la fecha de su creación, en noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, la iniciativa ha logrado llegar a 7 millones 347 mil 622 usuarios y ha mantenido conversaciones con los migrantes, principalmente, sobre los procesos de asilo, la regularización migratoria, derechos humanos y asistencia humanitaria. En la reunión estuvieron presentes la jefa de la Oficina de la titular de la Segob, Iliana Sansores Aguilera; el titular de la Unidad de Enlace Legislativo.
Emilio Saldaña Hernández; la directora general de Estudios Legislativos, Sofía González Torres; y el director general de Comunicación Social, Omar Cervantes Rodríguez. Además de la vicepresidenta regional de Facebook Latinoamérica, Maren Lau; la directora en México, Xóchilt Balzola-Widmann; el responsable de Políticas Públicas para México, Íñigo Fernández Baptista, y el gerente de Políticas Públicas en México y Centroamérica, Salomón Woldenberg.
Pide AMLO a Pelosi apoyo para el T-MEC
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Con la idea de conocer detalles sobre la reciente reforma laboral y su aplicación, una comitiva de legisladores demócratas de Estados Unidos se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete.
El tema ha sido de siempre una condicionante de los estadunidenses para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). En especial, requirieron información sobre la democracia al interior de sindicatos, sobre la elección libre de representantes gremiales y la mejora en el salario de trabajadores.
A Palacio Nacional acudieron Richard Neal, Jimmy Gómez, Bill Pascrell, Jimmy Panetta y Dan Kildee.
AMLO se mostró a favor de avalar el Tratado por convenir a México, Estados Unidos y Canadá, y, por medio de los visitantes, envió una misiva a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de la Unión Americana.
En la carta, le pidió apoyo… “Con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso y el Gobierno estadounidenses, que son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos”.
Una de las peticiones más importantes en el escrito fue “procurar una aprobación pronta, para que el asunto no se mezcle y no se contamine con el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en el cual, como en todos, se desatan pasiones que son propias de la democracia; y a la par, que pueda separarse la lucha política electoral del Tratado”, aludió el tabasqueño.
Tras salir del encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, vislumbró tres semanas decisivas en la ratificación.
Uno de los acuerdos fue enviar a todos los legisladores estadunidenses, la próxima semana, un documento con detalles de los asuntos tratados durante la reunión y de los compromisos del gobierno mexicano en materia laboral.
Por México también estuvieron presentes los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera; y del Trabajo, Luisa María Alcalde, así como el subsecretario de América del Norte, Jesús Seade; y la embajadora en EU, Martha Bárcena.
Vacantes, propiedad de la SEP
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La Reforma Educativa que impulsó el gobierno federal debe empezar a dar frutos, principalmente en el combate a la corrupción que, en palabras del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aún persiste no sólo en los sindicatos, sino en las estructuras de la dependencia.
En entrevista con El Heraldo de México, el funcionario enlista varios pendientes a ejercer con la nueva Reforma Educativa, encaminados a combatir la venta de plazas, herencia de vacantes, poca formación de algunos maestros, oscurantismo de los sindicatos, pasividad de los gobernadores y mala administración de los recursos federales.
Moctezuma Barragán afirma que uno de los objetivos más apremiantes es que la depedencia a su cargo atraiga y controle las vacantes y las nóminas de los maestros en todo el país. Sólo así “sabremos realmente cuántos maestros hay en México”.
—¿La nueva reforma ya debe dar resultados en escuelas?
— Sí. Sin duda está mejorando el ambiente escolar, es un prerrequisito para la mejora del logro académico, para generar una educación de mayor calidad, una educación de excelencia, medida en función del aprendizaje y no por otras razones que no sean cuánto y qué aprenden niñas y niños.
—¿La Reforma Educativa tiene algún resquicio que dé paso a la corrupción, como acusan oposición y maestros?
—Se criticó algo que todavía existe, se dijo que iba a regresar la venta de plazas, que iba a regresar la corrupción, cuando no se ha ido. Para que algo regrese tiene que haberse ido y, desafortunadamente, porque todos hubiéramos querido encontrar un sector educativo ordenado y mejorado, encontramos uno en donde todavía existe corrupción, no sólo de sindicatos, también de la autoridad educativa en los niveles más cercanos a la escuela.
Lo que estas leyes vienen a garantizar es una caja transparente en donde vamos a meter la vacancia, las plazas, los aplicantes, los requisitos para que en una sesión pública se vean los resultados de quién merece, por su currículum, aptitudes, experiencia, tener una plaza de maestro y quién no.
—¿Qué harán con los gobernadores y presidentes municipales para que se controle el presupuesto, se respeten los planes de estudio y cambie la relación con los sindicatos?
—Hay un Consejo Nacional de Secretarios de Educación Pública de los estados, que nos reunimos regularmente, de hecho en unos días más nos vamos a reunir con todos los secretarios del país para analizar y proponer los cambios que debe tener la educación para mejorar, y es de ida y vuelta, porque también los estados tienen muchas experiencias muy ricas que pueden servir para que se puedan expandir por todo el país.
—¿Cómo garantizar que el dinero llegue a donde debe?
—Cuando hay muchas instancias entre la expedición de un recurso y que llegue al beneficiario, por muchas razones, por cuestiones administrativas, de logística, hasta de corrupción, llegan mermados, entonces el Presidente lo que ha buscado es que el recurso que sale del gobierno federal llegue directo a los beneficiarios, que creo es una política muy buena, pero no es que estén en medio los gobernadores, sino múltiples instancias, incluso, federales.
Por ejemplo, en el programa de La Escuela es Nuestra, el recurso para mantenimiento y para mejoramiento, o de las escuelas para equipamiento, para comprar lo que quiera el consejo escolar, sale de la tesorería directo a los beneficiarios, y ahí se brinca muchas instancias federales, estatales y municipales, que por obvias razones hubieran mermado el recurso.
—¿Y las nóminas?
—En el término de nómina, estamos en un programa piloto con Michoacán para ver de qué manera podemos garantizar que todo el recurso que está en las nóminas y que todas las plazas estén constituidas para lo que se formaron, que es para dar clases.
POR ANDREA MERLOS Y GERARDO SUÁREZ
En programas de 4T en El Salvador, pago directo de México a beneficiarios
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México entregará de manera directa y sin que pasen por la Tesorería de El Salvador los apoyos económicos en dólares a los beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en esa nación centroamericana.
Los beneficiarios de ambos programas recibirán una transferencia de 250 dólares mensuales (cuatro mil 995 pesos, considerando el tipo de cambio de ayer, que cerró a un precio máximo de 19.98 pesos por cada billete verde) por parte del Gobierno mexicano, cuya dispersión se realizará vía el Banco de Fomento Agropecuario de El Salvador, según lo acordó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la administración de Nayib Bukele después de un cabildeo.
“En el caso de El Salvador, las negociaciones para su firma (el contrato de donación para hacer uso de recursos financieros) tardaron alrededor de dos meses, ya que no aceptaban que el recurso no ingresaría a la Tesorería salvadoreña, sino a los beneficiarios de los programas; además de que no se contaba aún con la documentación del Ministerio de Hacienda para suscribir la firma del contrato”, según información de la cancillería.
De acuerdo con la dependencia, dicho documento finalmente se suscribió el 1 de octubre pasado, tras llegar a un acuerco con la comisionada Presidencial de El Salvador, Carolina Recinos, y se espera que antes de que finalice 2019 ambos programas estén en funcionamiento pleno y arrojando los primeros resultados.
“La reunión (del 2 de septiembre) fue vital para alcanzar acuerdos para la suscripción del contrato de donación, y el establecimiento de especificaciones técnicas importantes como son: que el recurso debe llegar de México a los beneficiarios”.
“En El Salvador, las negociaciones para su firma tardaron alrededor de dos meses, ya que no aceptaban que el recurso no ingresaría a la Tesorería”
Secretaría de Relaciones Exteriores
A propuesta de El Salvador, los 31 millones de dólares que originalmente entregaría México para Sembrando Vida en ese país serán divididos en partes iguales para éste y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Sembrando Vida consiste en promover la siembra de árboles frutales y maderables, con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza, incentivar la producción y el autoconsumo de alimentos y disminuir la migración forzada, mientras que Jóvenes… promueve dar empleo a personas de este sector de la población que no estudian ni trabajan.
En junio pasado, el Gobierno federal reveló la inversión de dicha cantidad para El Salvador con el fin de replicar Sembarndo Vida en esa nación, así como en dos países centroamericanos más, Honduras y Guatemala.
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¿Qué sigue? Si bien el contrato de donación de los 31 millones de dólares para El Salvador se firmó el 1 de octubre pasado entre el Ministerio de Finanzas de ese país y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), el Gobierno del país centroamericano aguarda que éste sea ratificado por su Asamblea de Representantes.
A la fecha, hay cinco mil prospectos de beneficiarios, “listos para iniciar sus trámites de registro a los programas”.
Asimismo, se espera que la plataforma digital para inscribir a los beneficiarios de ambos proyectos arranque después de la segunda quincena del mes en curso.
El Gobierno de nuestro país firmó un acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el fin de fiscalizar la entrega de recursos de ayuda para el exterior.
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Hasta ahora se han realizado seis reuniones entre autoridades de ambas naciones para avanzar en la implementación de los programas, principalmente en aspectos fiscales y legales; además, una delegación mexicana se encuentra actualmente en El Salvador, y permanecerá ahí durante dos días más. En éstas han participado tanto la Amexcid como las secretarías del Bienestar, de la Defensa y del Trabajo.El 1 de octubre, el ministro de Hacienda de El Salvador, Nelson Fuentes, y la titular de Amexid, firmaron el convenio para la donación de 31 mdd para los programas “Sembrando Vida” y “Construyendo el Futuro”.
Dichos encuentros se desarrollaron entre el 8 al 9 de julio para la presentación de Sembrando Vida y visita a las tierras susceptibles de ser sembradas, y del 15 al 20 de julio para dar seguimiento a los trabajos, fecha en que se propuso incorporar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Del 15 al 17 de agosto se sostuvieron reuniones con bancos locales susceptibles de realizar la dispersión de recursos; del 2 al 6 de septiembre, se recibió la primera propuesta del Ministerio de Agricultura de El Salvador sobre modelos de cultivo, en la que se revisaron las implicaciones jurídicas del contrato de donación.
Finalmente, del 25 al 27 de septiembre para plasmar los procesos técnicos de la dispersión de recursos a través de un convenio que suscribirán el Banco del Bienestar y el Banco de Fomento Agropecuario; y del 1 al 2 de octubre para firmar el contrato de donación.
Investigan al secretario del Cuauh por presuntamente ser prestanombres de Javier Duarte
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El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y por la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasma que supuestamente formó con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Ojeda Cardenas, número dos dentro de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco, dijo en entrevista que, aunque sea de origen veracruzano, no conoce a Javier Duarte.
“No tengo ningún vinculo, ni he tenido ni directa ni indirectamente ninguna relación con Javier Duarte”, dijo a este diario el secretario de Gobierno de Morelos.
“Representa para mí lo peor de la política en México, y nunca he tenido una relación con él ni con la administración pública en Veracruz”, aseguró el político en entrevista.
Entre las empresas que son investigadas, y en las que aparece Pablo Héctor Ojeda Cárdenas como socio o propietario, se encuentran Inmobiliaria Korzen, Contreras y Janeiro, Ojeda y Asali, Análisis y Desarrollos de Proyectos, Marktone, Minas y Servicios Parj, entre otras.
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| Foto: Especial |
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, a finales de 2016 se presentó una denuncia en contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como de su círculo cercano, algunos de los que fungían como prestanombres y operadores financieros.
Según las indagaciones de la FGR, la lista la integran 34 personas, dentro de las cuales figura Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, hoy secretario de Gobierno de Morelos. Derivado de ello, se abrió una Carpeta de Investigación (FED/SEIDFVER/ 0000691/2016), y con ello inició la investigación.
Como resultado de las indagatorias se logró identificar la utilización de un esquema empresarial en donde participaron familiares y personas de confianza de Javier Duarte, para la creación de 400 empresas fantasmas con el objetivo de desviar tres mil seiscientos diecisiete millones de pesos. En varias de las empresas, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas fungía como integrante del Consejo de Administración, de acuerdo con documentos en poder de este medio.
Durante la administración del exgobernador Javier Duarte, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas mantuvo una posición estratégica en su red, como un operador financiero, con el supuesto objetivo de ocultar y encubrir los recursos provenientes de su enriquecimiento ilícito, señala la investigación de la desaparecida PGR.
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| Foto: Especial |
“Me mencionan como que compartí el consejo de administración de una empresa con una persona hace muchos años, que tiempo después se convirtió en abogado fiscalista de Javier Duarte, pero yo no tengo absolutamente ninguna relación con estas personas”, aseguró.
La Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, realizan la revisión de documentos y altas de empresas, así como de las declaraciones patrimoniales del político.
Al cierre de esta edición, las autoridades del Estado y la oficina del secretario de Gobierno rechazaron las peticiones de entrevista de este medio. “Sobre este tema, ya lo ha desmentido en varias ocasiones”, señaló la Oficina de Comunicación Social del gobierno morelense. Mientras que fuentes del gobierno Federal aseguran que la investigación está abierta.
Obra pública en los estados registra un año con caídas
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En julio del 2019, la obra pública de todo el territorio nacional registró un año con caídas en su nivel de producción, derivado principalmente de los recortes presupuestales en el gasto de capital que realizó el actual gobierno federal.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el séptimo mes de este año, el valor de la construcción del sector público generado en las 32 entidades del país ascendió a 10,934 millones de pesos, que significó una disminución anual de 19.6% en términos reales.
Este descenso representó hilar un año con contracciones en la obra pública —el último incremento se mostró en julio del 2018 (2.7%)—; además, si se considera solamente el mes de julio, se observa que en este periodo del 2019 se presentó el peor resultado desde el 2001, es decir, tuvieron que transcurrir 18 años para que estados y municipios vivieran una situación así.
Por tipo de obra, el desplome de 19.6% del sector público se debió a que únicamente cuatro presentaron crecimientos: infraestructura marítima y fluvial (135.6% anual real), oleoductos y gaseoductos (34.2%), refinerías y plantas petroleras (25.1%), y carreteras, caminos y puentes (1.3%); se manifiesta la apuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador por la actividad energética.
Mientras los decrecimientos de doble dígito fueron en montaje de estructuras, instalaciones en edificaciones; escuelas; vivienda; infraestructura para la generación y distribución de electricidad; obras y trabajos auxiliares para transporte; edificios industriales, comerciales y de servicios; hospitales y clínicas; presas y obras de riego; obras de transporte en ciudades y urbanización; obras ferroviarias; entre otros.
Destaca que los tipos obras y trabajos auxiliares para la edificación; infraestructura para telecomunicaciones; obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones, y obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica no exhibieron recursos en julio del 2018 y del 2019.
Comportamiento contrario
Por región, destaca que las únicas con incrementos en producción de obra pública durante el séptimo mes del presente año fueron sur-sureste (7.8% anual real; lleva tres meses con crecimientos) y Occidente (1.1%; tras dos caídas consecutivas).
No obstante, estos incrementos se dieron por las variaciones positivas en Yucatán (387.5%), Campeche (58.7%) y Tabasco (55.7%), en el caso del sur-sureste, y en Occidente, sólo por Colima (208.5 por ciento).
De hecho, a nivel estatal, Yucatán y Colima fueron los territorios con mayor dinamismo en el país, mientras por monto, los primeros lugares se los llevaron el Estado de México (1,321 millones de pesos) y Campeche (989 millones).
El comportamiento de estas entidades se debe, particularmente, a la apuesta que han realizado los gobiernos estatales, ante la baja en recursos federales, por el tema de infraestructura.
En Yucatán, la administración local se enfoca en la detonación de Puerto Progreso como centro logístico marítimo; la construcción de granjas solares y parque eólicos; el impulso a la vivienda mediante acceso a créditos para todos los trabajadores, así como la diversificación económica mediante la atracción de capital nacional y extranjero en diferentes sectores, como el automotriz.
Por su parte, Colima actualmente consolida la infraestructura turística (obras en Comala), hidráulica (sustitución de la red de agua potable, suministro e instalación de equipo, construcción de líneas de conducción y de alimentación), de seguridad (edificación de complejos), urbana (rehabilitación de parques), deportiva y educativa (nuevos centros), portuaria (diversos trabajos en Manzanillo), por citar algunos ejemplos.
Campeche sobresale por ser un estado que sufrió la crisis petrolera, junto con Tabasco, y que hoy en día muestra señales de recuperación, por medio de una inyección de recursos a obras que permitan su diversificación económica. El Estado de México promedió más de 1,000 millones de pesos mensuales en obra pública en los últimos tres años y medio; una de sus apuestas son los trabajos relacionados con sus nuevos parques industriales.
Es importante recordar que a pesar del recorte presupuestal, como medida de la política de austeridad de la Federación, las prioridades de López Obrador son el sur-sureste (Corredor Transístmico de Tehuantepec, Tren Maya, refinería de Dos Bocas) y programas sociales (no es inversión de capital).
Rezago
Las regiones del país que registraron disminuciones anuales en la producción de obra pública en julio fueron centro-norte (43.4%), centro (39.3%), Bajío (9.7%) y frontera norte (17.1 por ciento).
Por entidad, 22 presentaron caídas, acentuando las más pronunciadas en Zacatecas (73.0%), Nuevo León (65.3%), Nayarit (63.9%), Baja California Sur (60.7%) y Guerrero (57.2 por ciento).
En este sentido, el retroceso de la construcción del sector público en el país se debió, esencialmente, a la baja en inversión física presupuestaria. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este indicador disminuyó 11.2% anual real en agosto del 2019, consiguiendo siete meses consecutivos con decrecimientos (promedian una tasa de -19.1 por ciento).
Poca confianza
Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, la caída consecutiva en la obra pública obedece al recorte presupuestal, “el cual se viene presentando desde los últimos dos años del sexenio pasado.
“Lo anterior se traduce en los ajustes a la baja que el desempeño en obra pública ha manifestado. Además de lo anterior, la confianza de los inversionistas privados de la construcción sobre el momento adecuado para invertir no ha mostrado un repunte importante en los últimos dos años, de manera que si el gobierno busca el apoyo del sector privado para realizar obras de infraestructura, difícilmente lo podrá conseguir en lo que resta del año en curso”, dijo.
“En cuanto al tipo de obra, más que por la estrategia del gobierno federal que ha apostado por el sector energético (refinería), se da por situaciones de mantenimiento que son necesarias para mantener el flujo normal de operaciones tanto del sector energético (oleoductos y gasoductos) como del fluvial (sistemas de abastecimiento de agua), de tal forma que el manejo y transporte de dichos bienes continúe de manera regular”, ahondó Magaña Rodríguez.
“Por entidad, los recursos se están distribuyendo hacia los estados que cuentan con un rezago importante en infraestructura, y así tratar de cerrar la brecha con aquellos que poseen mejores condiciones en ese rubro, aunque esto podría limitar la evolución económica de las entidades con mayor participación en el PIB nacional”, señaló.
El director del CIEN indicó que una contracción en obra pública se traduce en un incentivo menos para el crecimiento económico de las entidades.
“Actualmente, la actividad industrial se encuentra en cifras negativas en términos generales y el consumo privado continúa debilitándose. Ante esta situación se requiere de la inyección de inversión pública para incentivar las actividades y evitar una caída en el desempeño de la economía, de no hacerlo, todo el peso de la inversión recaerá en el sector privado, el cual no vislumbra un ambiente de negocios óptimo para realizar inversiones en este momento”, puntualizó.
estados@eleconomista.mx
Avala juez terminal aérea de Santa Lucía
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El juez quinto de distrito en materia administrativa revocó la suspensión definitiva que había otorgado a #NoMásDerroches para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la base aérea militar de Santa Lucía, estado de México, ante lo cual los quejosos anunciaron que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso y emita una solución de fondo.
El resolutivo del juez da la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instancia que argumentó razones de seguridad nacional para no detener la obra: De suspenderse, significaría el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República y la seguridad nacional, y el auxilio a la población civil, lo cual implica contravenir el orden público.
Es la primera vez que se modifica una suspensión que protege de la justicia federal a los demandantes para que no se realice la obra. Además, el fallo sienta un precedente para que el juez invalide otros siete amparos pendientes que tienen parado el megaproyecto.
En tanto, #NoMásDerroches pidió a la SCJN que resuelva las sentencias con el fin de que defina si se edifica o no el NAIM, y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de presionar al Poder Judicial para revertir la resolución.
En las listas de acuerdos, la SCJN dio cuenta de que han llegado al máximo tribunal cinco amparos sobre el tema, entre ellos la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 654/2019, cuyo juicio de origen es el 1013/2019, el cual impugna el presupuesto de ingresos y la cancelación del proyecto de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco.
De acuerdo con la Ley de Amparo, la Corte no puede atraer en forma automática el caso, pues no es el momento procesal adecuado, por lo cual la única posibilidad de que el caso sea atraído es que alguno de los ministros haga suya la petición y la someta a votación de sus pares para su aprobación.
Por separado, Bernard Flores, asesor jurídico de los 12 pueblos originarios de Tecámac que serán afectados por la obra, los cuales promovieron los recursos, dijo que la revocación no significa que el NAIM tenga luz verde para su construcción.
Ayer, Juan Carlos Guzmán, juez quinto de distrito en materia administrativa, declaró fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva interpuesta por la Sedena, pero la organización podrá impugnar esa determinación.
La Sedena argumentó que la terminal se integra como una instalación estratégica y que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Como la resolución le es favorable, el juez puede dejar sin efecto los otros juicios.
La solicitud de revocación de la suspensión definitiva fue presentada el 29 de agosto pasado por el general brigadier de Justicia Militar Miguel Carrasco Hernández, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México.
En un oficio dirigido a la Sedena se informó que el titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, Gabriel Mendoza Jiménez, procedió a integrar todas las instalaciones del Ejército al Inventario de la infraestructura estratégica del país. Se explica que esta medida se fundamentó en los artículos 1, 3, 5 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional y en el 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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