jueves, 24 de octubre de 2019

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Crean nuevo Instituto de Salud; diputados eliminan el Seguro Popular

 Periódico impreso de nacional

La Cámara de Diputados aprobó anoche la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituye al Seguro Popular. La bancada del PAN tomó la tribuna en protesta por la medida. Foto: Cuartoscuro


CIUDAD DE MÉXICO.

La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para eliminar el Seguro Popular y crear en su lugar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones también se homologaron en toda la ley los aspectos referentes a la prestación gratuita de servicios médicos, medicamentos y demás insumos.

La reforma busca establecer en México un sistema público de salud gratuito para personas sin seguridad social, similar al de Canadá, Reino Unido o Dinamarca.

El Insabi incrementará su cobertura en el país conforme los estados firmen un convenio con la Secretaría de Salud para que, a cambio de que el Instituto asuma los servicio médicos en su territorio, cada entidad aporte recursos con base en lo que establezca el acuerdo. El presupuesto federal que les corresponda en la materia será ejercido por el Insabi.

El dictamen fue enviado al Senado para su revisión, con el voto dividido de casi todas las bancadas, incluso Morena. El PAN se opuso al afirmar que el Insabi operará en la opacidad y no hay presupuesto para alcanzar la cobertura prometida.






El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley General de Salud que elimina el Seguro Popular y en su lugar crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi); además, homologa en toda la ley lo referente a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos.

290 votos en favor y 65 en contra recibió la reforma para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar

Se trata de la reforma solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y propuesta por el diputado Mario Delgado, que busca establecer un servicio público de salud en México que tenga alcance de atención gratuita a todas las personas en este país que no tengan seguridad social, con un sistema similar al de Canadá, Reino Unido o Dinamarca.


Para el año 2019 la mitad de la población mexicana, es decir, alrededor de 64 millones de personas, carece de acceso a la seguridad social y alrededor de 20 millones de mexicanos no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, al presentar el dictamen en tribuna.

La reforma fue aprobada con 290 votos a favor, 42 abstenciones y 65 en contra, y fue enviada al Senado para su revisión, con el voto dividido de casi todas las bancadas, incluida Morena, donde algunos fueron en abstención. El PAN votó en contra argumentando que se está creando un instituto que operará en la opacidad, que el país no tiene el presupuesto para llevar a cabo una cobertura del nivel que prometen y que “están matando” al Seguro Popular siendo una de las instituciones mejor evaluadas por los ciudadanos.

El dictamen señala que el Insabi irá incrementando su cobertura en todo el país conforme los estados firmen un acuerdo con la Secretaría de Salud. A cambio de que el instituto se haga cargo del servicio de salud en su territorio, cada entidad firmante hará aportaciones de recursos con base en lo que establezca el acuerdo, así como los recursos federales que le correspondan en la materia serán ejercidos por el Insabi.

20 millones de mexicanos, aproximadamente, no están afiliados a la seguridad social ni al Seguro Popular

De las 36 reservas presentadas durante el debate solamente aceptaron tres.

La primera, del diputado morenista Manuel Huerta, establece sanciones a los estados en caso de que incumplan en sus aportaciones. Estas se fijarán en el acuerdo con el Insabi.

La otra reserva, del diputado del Partido Encuentro Social, Manuel Baldenebro, establece un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que el Insabi presente un informe de cumplimiento de cobertura universal; es decir, si entra en vigor este año sus resultados serán medidos hasta finales de 2022.

También se establece la sustitución del Fondo de Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar.


Por último, quitar los fondos de gastos catastróficos, centralizar el sistema y hacerlo con la opacidad con lo que lo quieren hacer, una partecita de un transitorio para tener 40 mil millones de pesos sin decir para qué ni cómo ni para cuándo ni en dónde ni cómo y ahí después nos informan, ¿y en un fideicomiso? Hay que ser consistentes. Qué poca vergüenza si aprueban el dictamen, señores. Vamos a votar en contra, por supuesto”, dijo el diputado panista Éctor Jaime Ramírez durante su participación en tribuna.





Acusan a Víctor Flores del desvío de mil 500 mdp


Con él a cargo, el contrato colectivo de trabajo se vino a pique tras la privatización de ferrocarriles. (Especial | Archivo)

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales, fue denunciado el pasado 16 de octubre por el manejo ilícito de más de mil 500 millones de pesos. El recuento de presuntos delitos cometidos por el líder del gremio por más de 24 años quedó consignado en un documento de 17 hojas que presentaron 66 trabajadores ante la Fiscalía General de la República (FGR). Lo acusan de fraude, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y lo que resulte; además, según el secretario general de la sección 31, con sede en Chihuahua, Benito Bueno Rentería, “más de 24 mil jubilados en la República presentan denuncias colectivas y piden acción penal contra Flores Morales y su Comité Ejecutivo Nacional”. 

 Las demandas también vienen de la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros Independientes en el Istmo de Tehuantepec y de la Fraternidad de Ferrocarrileros Jubilados Mexicanos A C, dirigida por Pedro Montoro, quien ya hizo varias denuncias. En 2014 acudió a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acusar al dirigente del sindicato de presunta “malversación de recursos, fraude y administración fraudulenta”, que consta en el expediente FAE/A/T1/00111/14-06. En el recuento de denuncias se mencionan las cuotas sindicales por de 35 mil jubilados que recibe Flores Morales desde el 26 de septiembre de 2000, que dentro del Fideicomiso Ferronales jub 5012-6 suman alrededor de 430 millones de pesos en 19 años. Los trabajadores lo señalan también de haberse apoderado, “arbitraria, prepotente y sin derecho alguno, de las pensiones de los jubilados”, que ascienden a 323 millones 400 mil pesos. Sobre el seguro de vida de los jubilados, que suma 494 millones 770 mil pesos, los denunciantes aseguran que se cobra indebidamente a 56 mil 372 socios y que, después de 21 años, “no se les ha entregado la póliza que acredita que sus deudos tienen derecho a cobrar cierta cantidad tras el fallecimiento del trabajador”.

 En entrevista Bueno Rentería subraya que desconocen el destino de más de 500 millones de pesos de los bonos de productividad: “Desapareció los bonos del convenio de 2014 a cambio de nada. Éstos eran cuantificables, de 4 mil 800 pesos, 3 mil pesos y 5 mil 200 pesos de acuerdo con salarios y ramas de cada trabajador”. Asimismo, denunciaron a Flores Morales de usurpar la dirigencia del sindicato y a finales del sexenio pasado pidieron a la Secretaría del Trabajo anular la toma de nota, pero no sucedió. inRead invented by Teads Existe una denuncia penal en el expediente 1167DDF2003 por “jubilaciones millonarias” que el propio Víctor Flores Morales se asignó, acompañado de su Comité Ejecutivo, y otra es la AP-PGR-DDF-FPE-61457-1112, por “descuento ilegal de cuotas sindicales”. 

Con él a cargo, el contrato colectivo de trabajo se vino a pique tras la privatización de ferrocarriles; el convenio en 1996 tenía 3 mil 45 cláusulas y dos años después, solo 208. MILENIO buscó la opinión del dirigente del STFRM sobre los ilícitos que le achacan, pero se informó que estaba fuera de Ciudad de México; se le envió un correo electrónico a su cuenta personal y tampoco hubo respuesta. MÁS CASOS FGR, CON VÍA LIBRE CONTRA AHUMADA Un tribunal federal despejó el camino a la FGR para ejercer acción penal contra Carlos Ahumada por su probable responsabilidad en delitos cometidos en agravio de la ex secretaria federal Rosario Robles; el tercer tribunal colegiado en materia penal con residencia en Ciudad de México declaró infundados recursos de queja y de inconformidad, promovidos por el empresario argentino, con los que impugnó la decisión de un juez federal que desechó su demanda de amparo. 

DEMANDAN A GÓBER DE NL POR EVASIÓN El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por compraventa de facturas, evasión fiscal y desvío de recursos públicos. La demanda la presentó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien dijo que ya tienen a El Bronco “arrinconado” por diversas denuncias penales presentadas en su contra. También afirmó que cuentan con pruebas para demostrar que cometió lavado de dinero, peculado y cohecho.



Rosario Ibarra devuelve presea, hasta que hallen a todos los desaparecidos


Rosario Ibarra devuelve presea, hasta que hallen a todos los desaparecidos  | La Crónica de Hoy
Claudia y Rosario, hijas de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka, recibieron en su nombre la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado, a la que asistió como invitado de honor el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al finalizar

Rosario Ibarra de Piedra devolvió la presea Belisario Domínguez que le fue otorgada por el gobierno de la 4T, a efecto de que quede “en custodia” del presidente Andrés Manuel López Obrador. La luchadora social no la recibirá hasta que se encuentre a todas las personas desaparecidas por parte de autoridades gubernamentales.

“No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia a tan preciado reconocimiento y te pido que lo devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin nos ha cubierto con su velo protector, seguiremos hasta encontrarlos”, expuso Rosario Ibarra de Piedra a través de una misiva leída por su hija.

Con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez a la activista Rosario Ibarra de Piedra, quien por su estado de salud no pudo estar presente, y encargó a su familia leer la carta de devolución.

En entrevista posterior, López Obrador se comprometió a cumplir esa encomienda y hacer “todo lo que humanamente sea posible para dar con los desaparecidos”.

“Sabré cumplir con su encomienda; sabré cumplir a la altura de las circunstancias”, aseveró.

—¿Lo detiene algo hasta ahora?

—Nada, soy libre como es del dominio público, no puede haber ningún grupo de interés que impida el conocer toda la verdad sobre las desapariciones, crímenes que se cometieron durante los gobiernos autoritarios.

Poco antes, en la máxima tribuna del Senado, Claudia Piedra Ibarra leyó el discurso de su madre, donde relata las vicisitudes que ha pasado a lo largo de 40 años desde que su hijo, Jesús Piedra Ibarra, fue sujeto de desaparición forzada por razones políticas el 18 de abril de 1975, lo que la llevó a formar el comité Eureka.

Fue ahí donde aprovechó para hacer un reclamo al gobierno de López Obrador, a quien reprochó que, contrario a lo que pensaban, se mantienen las burlas y el escarnio de algunos funcionarios de Gobierno hacia el movimiento de quienes indagan el paradero de sus hijos o familiares a varias décadas de que los secuestraron o desaparecieron.

“Señor Presidente, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia”, indicó Claudia Piedra Ibarra .

En la carta que envió Ibarra de Piedra, retoma un comentario de uno de sus nietos, quien la felicita por su Medalla, pero le aclara que esa Presea “está muy lejos de ser lo que ella siempre ha buscado. Sé que lo único que quieres es saber de tu hijo, al igual que todas las demás familias. Tengo rabia e indignación porque sé que llevan más de 40 años para que un gobierno justo llegara y buscara junto con ustedes a sus hijos, padres y hermanos, y por fin terminara con esa angustia que tanto las agobia y que poco a poco ha aniquilado su existencia”.

“Pero ¿qué ha pasado?” —agrega el nieto— según relata Ibarra de Piedra. “Más de un año de este gobierno que creyeron firmemente que sería el añorado y con el cual no habría ningún obstáculo que salvar o algún acuerdo que negociar como en antaño, pero no ha sido así”.

“La justa ira de mi nieto es el resultado de saber que las familias de Eureka hoy seguimos igual que hace tantos años, siendo escarnio y burla de los funcionarios; la libertad de nuestros hijos y familiares, la justicia, la dignidad del pueblo y la paz siempre han sido nuestras metas claras, diáfanas, esplendorosas y que no admiten matices”, acusó.

Estallaron los gritos que han sido un estandarte del comité Eureka a lo largo de 40 años de lucha: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, una, dos, 15 o 20 veces retumbó este grito en la vieja Casona de Xicoténcatl, que fue la antigua sede del Senado de la República.


Generales respaldan a SEDENA


Jueves 24 de octubre de 2019

ESCENARIO COMPLEJO.  A todo el estado de Sinaloa
le hacen falta 3 mil policías para cumplir con requisitos de seguridad. Foto: Cuartoscuro


Sinaloa es objetivo prioritario de pacificación. El fin de semana fueron desplegados 580 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dicen, para fortalecer la seguridad y los lazos con la ciudadanía.

Entre las Fuerzas Armadas, los hechos del 17 de octubre, en Culiacán, se calificaron como un acto cobarde al mantener bajo amenaza a una comunidad. En los actos que vinculan a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotráficante Joaquín El Chapo Guzmán, señalan que se siguieron instrucciones y se obedeció la cadena de mando.

Generales de todo el país se reunieron el martes y externaron su apoyo a Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa.

“Se ha dicho que hubo una precipitación y que por eso hubo necesidad de parar las operaciones, matanzas o daños a la población.

“Todos estamos para apoyar al señor general secretario y sabemos que través de él estamos apoyando a México”, aseguró José Ángel García Elizalde, general de división Diplomado del Estado Mayor en retiro.


En entrevista con El Heraldo de México, el mando castrense señala que el Ejército mexicano reconoce al enemigo y asegura que están preparados para enfrentarlo.MISIÓN: “NOSOTROS ESTAMOS PARA SERVIR AL PUEBLO, PARA DARLES PROTECCIÓN, SE HICIERON LOS MEJORES ESFUERZOS”. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA / GENERAL DE DIVISIÓN. FOTO: EL HERALDO DE MÉXICO


“Muchos compañeros nuestros han estado en lugares donde se confronta, sobre todo ahora por problemas de inseguridad como en el norte, como en el sureste”, dijo.

—¿Los elementos del Ejército están con la capa caída después de los hechos de Culiacán?

—Nuestra gente esta instruida desde la academia, hay que cumplir la orden de mando: cumplir la misión y proteger a la población. Desde el Colegio Militar se nos instruyen esos valores y sabemos exactamente que tenemos que apoyar las acciones del gobierno.

—¿Hay estrategia y se esta siguiendo para pacificar al país?

—Se esta actuando congruentemente con la idea que se tiene de evitar daños colaterales, evitar que la gente civil, pueda salir dañada, esa es de las preocupaciones fundamentales.

Adiestrar a la tropa para que utilice su armamento de forma proporcional, de forma adecuada para evitar que la gente que no tiene nada que ver tenga problemas, tenga que resultar herida.

—¿Hay retroalimentación de experiencias que el general secretario aplica en el nuevo despliegue?

—Se platica cómo le hicimos. Las circunstancias eran diferentes, ahora se ha complicado más, en aquella época íbamos a combatir la siembra de amapola, de mariguana, evitar que saliera de las áreas de la serranía, teníamos puestos de control.

—¿Qué significa la población, la gente, para la Sedena?

—Nosotros estamos para servir al pueblo, para darles protección, ustedes han visto que se han hecho los mejores esfuerzos para hacerlo.

El general de división José Ángel García Elizalde comentó que estuvo destacado durante cinco años en el estado de Sinaloa. Asegura conocer la estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada y confirma que la seguridad de la población es el principal objetivo de las fuerzas armadas.

“Ahora tenemos problemas que aumentan nuestras misiones como en la frontera sur, en la frontera norte, para colaborar también en el control de la inmigración y otros aspectos que antes no confrontábamos”, dijo.

—¿Cuál es la percepción de la ciudadanía hacia el Ejército?

—A nuestros soldados la gente los quiere, los respeta, a nuestros soldados se les aplaude, no solamente en los desfiles, sino en todas sus acciones la gente reconoce que nuestra gente esta para servir a México.

Dice que la orden de mano se mantiene en todo el territorio nacional.


POR LEMIC MADRID

AMLO receta a ediles por derroches y tras reunión en Segob le bajan


Portada de La Razón (México)

AMLO receta a ediles por derroches y tras reunión en Segob le bajan
De izq. a der.: El subsecretario Ricardo Peralta, el abogado Eduardo Aguilar y los ediles Luis Nava, de Querétaro, y Enrique Vargas, de Huixquilucan. Foto: Eduardo Cabrera Cruz, La Razón

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los alcaldes incurrieron en una provocación en sus manifestaciones y luego de que recibieran una disculpa por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) por el gas lacrimógeno que se les lanzó en Palacio Nacional para exigir más recursos para los municipios en 2020, los ediles se comprometieron a detener movilizaciones y confirmaron una mesa de negociación con Hacienda, en la que mediará la dependencia, para buscar los ajustes a la Ley de Ingresos.

Los presidentes municipales del PAN, PRI y PRD dieron por superados los hechos ocurridos y acordaron centrarse en el acercamiento, que arranca formalmente a partir mañana. 

Pese a ello, fueron criticados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por intentar ingresar por la fuerza a Palacio Nacional y gestionar recursos en la ventanilla equivocada. 

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El mandatario acusó que los ediles “no se comportaron de la manera correcta” e incurrieron en una provocación. Además, señaló que hay derroche en los municipios y les compartió la receta de la Cuarta Transformación para ahorrar recursos.

“Si ellos quieren tener más presupuesto, les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de altos funcionarios. ¿Cuánto ganan los presidentes municipales?, ¿cuánto los regidores? Si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción”, destacó López Obrador ayer en conferencia matutina. 


Incluso, el mandatario federal recordó: “aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150 mil o 200 mil pesos al mes y que para firmar por una obra, para que la aprueben, a veces les tienen que dar dinero adicional (a los ediles)”.

El pasado martes, presidente municipales de oposición protestaron para exigir que les reasignen recursos a los ayuntamientos, en principio plantearon cincos mil millones de pesos y más tarde, en San Lázaro 200 mil millones de pesos.En el Zócalo intentaron dar portazo en la entrada principal de Palacio Nacional, por lo que les fue lanzado gas lacrimógeno; acción que reprobaron los inconformes, pues algunos tuvieron afectaciones y señalan que ésta no ha sido la respuesta del Gobierno federal para otros grupos, como los vándalos. 

“Los alcaldes querían meterse a la fuerza. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado (de la puerta Mariana) sintieron que podían entrar por la fuerza; yo lamento mucho eso”, externó el mandatario federal. 

Asimismo, llamó a los inconformes a serenarse y a no mezclar cuestiones administrativas con asuntos partidistas. 

Luego de la crítica presidencial, un grupo de ediles se reunió por la tarde con el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien se disculpó por el incidente ocurrido. 

Pese a que rechazaron haber incurrido en provocación alguna, como señaló el titular del Ejecutivo, luego de la reunión en la Segob acordaron darle un voto de confianza al Gobierno y centrarse en el diálogo para buscar aumentar el presupuesto para los municipios. 

Incluso, acordaron detener por ahora las movilizaciones que tenían previstas, que incluye el cierre del aeropuerto capitalino.

Los alcaldes y la Segob concretaron entablar una mesa de trabajo con las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con diputados federales y senadores, con el objetivo de revisar la Ley de Egresos. 

“Hoy le damos un voto de confianza a la Secretaría de Gobernación. Es importante tener diálogo con el Gobierno federal por el bien de los ciudadanos”, dijo el panista Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan.
El Dato: Para evitar corrupción en la asignación de recursos, López Obrador adelantó que ahora el dinero del fondo minero se entregará de manera directa a los beneficiarios.

En tanto, el subsecretario Peralta Saucedo comentó que lo sucedido en Palacio Nacional “es parte del pasado”, ya que hay una ruta distinta para atender a los presidentes municipales. 

En tanto, Juan Hugo de la Rosa, edil de Nezahualcóyotl, señaló que sigue la intención de reunirse con el Presidente, pues tienen la obligación de defender los intereses de la ciudadanía; sin embargo, destacó que esperarán los resultados de las mesas de trabajo “porque tampoco podemos decir que no haremos nada o que nos cruzaremos de brazos si no tenemos respuestas positivas”.

Al finalizar, entre los acuerdos alcanzados destacan que la Segob participará en la intermediación ante Hacienda a efecto de instalar una mesa de trabajo de carácter inmediato y permanente; también se acompañará a los alcaldes para que tengan la atención necesaria ante las distintas comisiones de las Cámaras de Diputados, dar seguimiento a una agenda de desarrollo municipal; además de hacer un compromiso permanente, para que el Gobierno federal trabaje con todos los municipios, con estricto respeto a los órdenes de gobierno.

Cabe destacar que pese a que funcionarios señalaron que no hay cabida para cambios en la Ley de Ingresos, el líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que hay muchas presiones tanto del sector público como privado para modificarla, por lo que no descartó cambios en la Miscelánea Fiscal.

“Estamos muy presionados; hay que actuar con mucha prudencia para no cometer errores en las leyes que estamos construyendo”, señaló.

Con información de Antonio López y Sergio Ramírez



Construcción cae al peor nivel en 12 años


Portada de El Sol de México (México)




Juan Luis Ramos | El Sol de México


Durante agosto, el valor de la producción de las empresas constructoras registró una caída de 10.2 por ciento, un nivel nunca antes visto desde que en 2007 el Inegi comenzó a levantar una encuesta nacional entre las compañías del sector.

El valor de las obras contratadas tanto por el sector público como el privado acumula ya 14 meses consecutivos de caídas anuales, mientras se define el Plan Nacional de Infraestructura que se espera detone las inversiones en un sector que aporta entre ocho y nueve por ciento del PIB nacional.

La encuesta del Inegi publicada la víspera da cuenta de una contracción en el subsector de la edificación de 8.9 por ciento en agosto, mientras que el valor de los trabajos especializados se desplomó 30.8 por ciento.

Estos resultados reflejan una disminución en el presupuesto para obra pública que se arrastra desde la administración pasada, apuntó José Antonio González, director de Bimsa Reports, empresa especializada en la generación de información para la industria.

Con los recortes y subejercicios en el presupuesto para infraestructura desde el inicio de esta administración, las constructoras en 18 entidades federativas reportaron números rojos en la primera mitad del año, según un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), publicado por El Sol de México a principios del mes
Fuente: Inegi / Gráfico: Rodolfo Gómez

El documento reveló que el valor de las obras construidas se desplomó entre 10 y 50 por ciento en diversos estados. En la primera mitad del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejerció unos 23 mil 600 millones de pesos, 16 por ciento menos de lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este 2019.

La incertidumbre en el sector ante la falta de un Plan Nacional de Infraestructura y el retraso en las licitaciones y obras de los grandes proyectos del nuevo gobierno, como el Tren Maya y el proyecto ferroviario del Istmo han sumado a este declive, dijo José Antonio González.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Presidente de la República anunciaron el mes pasado que antes de que termine el año se tendrá listo el plan de infraestructura que incluye mil 600 proyectos.

El analista concluyó que una vez que se detalle cuáles son esos proyectos y comiencen las licitaciones del gobierno federal, habrá certidumbre para el sector.


El Senado mete reversa a la legalización de autos chocolate

Portada de El Economista (México)

El Senado mete reversa a la legalización de autos chocolate


El artículo transitorio décimo quinto de la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 (LIF), aprobado por los diputados en días pasados y que plantea la regularización de autos chocolate que circulan en el país, quedará excluido de la ley.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se comprometió así con la industria automotriz, adelantó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Con ello, la Ley de Ingresos de la Federación sería aprobada excluyendo el artículo transitorio décimo quinto y la ley de ingresos, con los cambios, tendrá que ser devuelta a la Cámara de Diputados.

“Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, nos ha dado una esperanza y su intención de bajar el artículo transitorio (décimo quinto de la ley de ingresos). Seguiremos platicando con él y los aliados de la industria automotriz en más de 10 estados de la República”, afirmó.

En conferencia de prensa conjunta con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el representante de las empresas fabricantes de vehículos en México comentó que hubo pláticas también con Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, quien se mostró en contra de la ilegalidad y en favor de seguir impulsando a la industria automotriz, que representa un motor para la economía del país.

Y es que “sin discusiones ni consultas previas con los sectores involucrados, se aprobó en la Cámara de Diputados un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, en el que, con argumentos populistas, de seguridad nacional y cifras falsas, se le autorizó al Congreso para emitir normatividad que permita regularizar los autos chocolate en el país”, dijo el líder de los distribuidores de automotores, Guillermo Prieto.

Con ello, los senadores perfilan enmendar la plana a los diputados y darle marcha atrás al artículo transitorio que busca la nacionalización de los autos.

El martes pasado, representantes de la industria cabildearon intensamente con senadores, sobre todo con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, quienes respaldaron el echar abajo la iniciativa una vez que se suba al pleno, posiblemente el próximo 29 de octubre.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores comentó que los senadores involucrados “han mostrado una actitud positiva, reconocen la problemática que se puede causar y su efecto en la economía, ya que no podemos legalizar el contrabando”.

Los industriales del sector automotriz explicaron que no están en contra de la importación de vehículos usados, sino de las formas fast track que pretenden implementar, cuando ya existe un decreto automotor que permite el ingreso de unidades procedentes de Estados Unidos y Canadá, con normas para poder circular.

Por ello, dijo que también se trabaja con las secretarías de Hacienda y de Economía para extender su periodo de vigencia (que vence el 31 de diciembre próximo), sin que se le mueva una coma, porque daría argumentos legales a los amparos en contra de la medida.
Dictamen aún lo contempla

Sin embargo, en el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, que analizarán hoy las Comisiones encargadas el Senado, todavía se contempla el artículo transitorio con el cual se pretende legalizar estas unidades.

“Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”, refiere el documento que será discutido este jueves en las comisiones del Senado.

Durante la discusión de la LIF en el pleno de San Lázaro, el viernes pasado, se aceptó una reserva que busca regular los 18 millones de vehículos chocolate que transitan por el país.
Mensaje equivocado: Yorio

El martes pasado, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que esta propuesta podría dar un mensaje equivocado a la industria automotriz, y argumentó que los senadores podrían echarla para atrás durante la discusión de la LIF en el Senado.

“Creo que el transitorio —la modificación aprobada— tal vez no agrega más allá del marco jurídico existente. Lo pongo a discusión con ustedes, creo que ya existe una solidez jurídica en todas las leyes que tenemos para que se aborde el tema de los autos chocolate”, declaró a los senadores presentes.

Durante su comparecencia, los legisladores criticaron duramente la propuesta, ya que pone el terreno desigual para la industria automotriz que cumple formalmente, por lo que el subsecretario de Hacienda recordó que dicha modificación a la ley no fue una propuesta de Hacienda en el Paquete Económico 2020 que entregó a inicios de septiembre.

valores@eleconomista.mx


Yo no estaba informado del operativo en Culiacán: AMLO

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Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

El operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para aprehender a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, no fue notificado previamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no estaba informado, no me informan porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. Fue hasta que se desató el conflicto cuando intervino el mandatario instando al gabinete de seguridad a adoptar una decisión que él avaló.

Al ofrecer detalles de esta acción, López Obrador señaló que estuvo a cargo de un grupo de investigación de la Sedena que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás. Lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe procederse.

Calificó de fascistoides a quienes cuestionan la determinación de detener esa operación, lo cual, dijo, reafirmó la vocación pacifista de su gobierno. Una masacre ordenada por el Presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Que digan que (nos) faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno; eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio.

Por otro lado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se creó un grupo de trabajo coordinado por la cancillería con el fin de abordar temas relacionados con lavado de dinero y delitos financieros internacionales que trabaja conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos para la localización de los bienes de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, con el propósito de determinar lo conducente en la distribución de lo incautado.

–¿Qué acciones va a tomar para que no vuelva a suceder (un operativo fallido)? se le preguntó en conferencia de prensa al Presidente.

–Se aprende, sobre todo en las crisis. Están haciendo una revisión; yo lo pedí, que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo. Me interesa que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, derramamiento de sangre de nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona.

López Obrador sostuvo que la finalidad es reducir la incidencia delictiva, los homicidios, secuestros y robos, porque antes lo principal era la aprehensión de un personaje famoso; lo cual no quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero no es lo fundamental.

Esta vez, sin mediar pregunta, el jefe del Ejecutivo federal retomó el caso Culiacán para abundar en la dualidad entre las estrategias que apostaban por la guerra y la actual: Yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Con altas dosis de Tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia.

Asimismo, López Obrador se refirió al supuesto de que se hubiera continuado con el operativo que produjera una masacre y que la oposición articulara un movimiento para hacerlo dimitir: Pues me voy, sí, pero ¿cómo me voy? No derrotado porque dejé de ser Presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más importa en la vida, no el cargo.

Sin embargo, desestimó que hubiera incurrido en algún delito y, en su caso, reiteró, comparecería (ante la autoridad) porque cualquier ciudadano tiene el derecho a la defensa.

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