Dan a Guardia superpoderes; presentan al Senado iniciativa sobre su operación
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CIUDAD DE MÉXICO.
La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país y vigilará todas las actividades productivas y sociales.
De acuerdo con la iniciativa sobre su operación, que ayer recibió el Senado, tiene facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso la red pública de internet.
Sus elementos deberán someterse a controles de confianza, tener el Certificado Único Policial y recibir entrenamiento contra tortura y uso excesivo de la fuerza.
Además, los servicios de la Guardia Nacional tendrán un costo para los gobiernos estatales y municipales, que se cargará de sus presupuestos.
Otra ley que se puso ayer a consideración del Senado es la que reglamentará el uso de la fuerza. En ella se establece que los cuerpos de seguridad podrán “responder con fuerza letal” cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que también impliquen una amenaza letal.
Este tipo de fuerza no podrá ser usado en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica.
Los legisladores también recibieron ayer la propuesta para crear la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
UN GENERAL DIRIGIRÁ LA GUARDIA
Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de retiro, será el comandante de la Guardia Nacional, anunció ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.
La corporación de reciente creación tendrá un Estado Mayor conformado por Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (representando al Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (por parte de la Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, de la Policía Federal.
Nosotros no actuamos con cerrazón. En este caso, el que opere bien la Guardia Nacional y que sean militares en proceso de retiro se vio que era posible satisfacer esa petición (que la comandancia de la Guardia Nacional no sea militar)”, enfatizó López Obrador.
En el anuncio el Presidente enfatizó que la prioridad de este organismo es garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos, con vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, insistió en que los cursos en el respeto a los derechos humanos de sus futuros elementos iniciaron desde antes de que se formalizara la creación de la GN.
REFORMA DE SEGURIDAD
Por su parte, Durazo acudió al Senado a entregar el paquete de cuatro iniciativas de ley para dar forma legal a la nueva Guardia Nacional.
En la propuesta para la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se instruye que las academias e institutos policiales impulsen “una doctrina policial civil”.
Define también el concepto de “proximidad social”, como “una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca gobernanza local”.
Dispone también que “el Centro Nacional de Información regulará el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia bajo el número único 911, en coordinación con las entidades federativas”, para lo cual se procurará la estandarización y certificación de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia.
“DIRECCIÓN REQUIERE EXPERIENCIA MILITAR”
El general Luis Rodríguez Bucio, nuevo comandante de la Guardia Nacional, dijo que no podría imaginarse a un civil dirigiendo a este grupo pues se requiere del conocimiento, la experiencia y a veces hasta el grado para dar órdenes.
Todo soldado espera que sus sargentos tengan mejor experiencia que él, los oficiales tienen una experiencia más que el personal de tropa y, en este caso, creo que para dirigir una organización como la Guardia Nacional definitivamente se requiere un personal militar, porque si no un mando civil no es que no fuera, pero sí se vería mucho más complicado dar órdenes, porque aquí hay que dar órdenes” expuso.
En entrevista con Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso en ADN 40, el general con 45 años de carrera planteó la necesidad de poner énfasis en la disciplina en un grupo como la Guardia Nacional
No podemos tener un cuerpo armado (porque la Guardia Nacional tendrá armas) sin disciplina o con poca disciplina. Tenemos que tener un cuerpo muy disciplinado. La disciplina es la base de la estructura y es la que permite que las órdenes se cumplan, que lo que se indica se cumpla, se haga”, precisó.
En este contexto, señaló que las Fuerzas Armadas se deben a la población y por lo tanto no deben violar sus derechos. “No debe hacerse una sola violación de derechos humanos”, destacó tras considerar que en algunos casos se cometen “sin querer”.
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El general (der.) tuvo a su cargo un grupo de 400 personas y tiene 45 años de carrera militar. cumplirá 63 años en agosto, momento en el que completará su proceso de retiro de las Fuerzas Armadas. Foto: Héctor López
Y acotó: “no considero que haya soldados mal adiestrados para hacer el mal intencionalmente”.
Durante la entrevista, el general contó que fue comandante de un batallón de 400 hombres bajo su mando y que está a punto de retirarse, al cumplir 63 años.
En su nueva encomienda, se comprometió a dedicar esfuerzo y voluntad para “cumplir con la misión”.
En esta ocasión se está intentando algo diferente, construir una nueva organización que dé más certidumbre, una organización que esté presente siempre.
Nuestros proyectos anteriores eran ir con una gran cantidad de policías y personal militar a donde había un evento que exigía la presencia de soldados, policías y marinos por un corto tiempo, se entraba y se salía. Ahora, lo que se pretende que sea la Guardia Nacional es permanencia y estará en todo el terrrorio nacional”, refirió.
-Redacción
SIN PREOCUPACIÓN POR DESIGNACIÓN: DURAZO
No hay “absolutamente ningún motivo de preocupación”, porque la Guardia Nacional no tendrá ningún sesgo militar, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en el Senado donde entregó cuatro iniciativas de ley que darán forma legal a la Guardia Nacional.
No hay que olvidar que estamos hablando de personal en proceso de retiro, pero aun si fuesen de servicio activo, una vez que solicitan licencia o permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, automáticamente retoman su condición civil.
Por donde se le vea es un órgano de naturaleza civil, con personal en condición de civil… visto esto con la mejor buena fe política no hay absolutamente ningún motivo de preocupación y ningún sesgo en estas designaciones que pudieran reorientar el desempeño o caracterizar el desempeño con una connotación militar”, expresó.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que aun cuando Morena tiene los votos suficientes para apoyar sola este paquete de tres nuevas leyes y una reforma legal, apostarán por el voto unánime, a fin de que nazcan con la fortaleza del pluralismo político del Senado.
-Leticia Robles de la Rosa
CON CARRERA INTACHABLE: JUAN IBARROLA
Un hombre con “una carrera militar intachable”, así definió el especialista en temas militares Juan Ibarrola, al General de Brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó como comandante de la Guardia Nacional.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Ibarrola indicó que el general Rodríguez Bucio tiene “una experiencia muy grande en temas de seguridad interior y en temas de seguridad pública desde la óptica militar. Pero tiene un componente de una coyuntura muy interesante: México acaba de terminar su periodo como presidencia de la Junta Interamericana de Defensa, y Rodríguez Bucio era el presidente de esta junta en Washington. Es un organismo de la OEA”, precisó el especialista en temas militares.
-Redacción
LEY DA FACULTADES SOBRESALIENTES A GN
El gobierno federal diseñó una poderosa Guardia Nacional que estará en todo el país, en todas las actividades productivas y sociales, con poderes para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, aplicar operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras y puentes, aduanas, garitas, aeropuertos, puertos marítimos y la red pública de internet.
Por eso, sus elementos estarán obligados a cubrir una serie de requisitos como someterse a pruebas de control de confianza, contar con el Certificado Único Policial y recibir entrenamiento en contra de prácticas de tortura y exceso de uso de la fuerza, de acuerdo con la propuesta de Ley de Guardia Nacional que ayer entregó al Senado el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
La propuesta confirma que los servicios de la GN tendrán un costo para estados y municipios.
Las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal. También solventarán los gastos de los hechos y situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración”, dice la propuesta.
De igual forma, estarán obligados a cooperar con recursos cuando se generen gastos fortuitos o de fuerza mayor y mantener la inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que sean necesarios.
La iniciativa entregada al Senado establece 45 competencias que tendrá la Guardia Nacional, como salvaguardar la integridad de las personas, garantizar el orden y la paz social y prevenir la comisión de delitos.
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Así, la Guardia Nacional actuará en “las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los paros y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos; secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, señala el documento.
También operará en “los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos; los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de dependencias y entidades de la Federación; todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia”.
-Leticia Robles de la Rosa
USO DE FUERZA SÓLO EN AMENAZA LETAL
Los cuerpos de seguridad del país tendrán derecho a “responder con fuerza letal” cuando un sujeto o un grupo de personas los amenacen con medios que impliquen una amenaza letal, pero jamás podrán usar ese tipo de fuerza en un bloqueo de calles o sobre una manifestación social pacífica, establece la propuesta presidencial de Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La iniciativa federal plantea que el uso de la fuerza sólo se justifica cuando la agresión es real; es decir, si se materializa en hechos apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni imaginaria; cuando se presenta en el momento del hecho, si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría y cuando se pueda poner en peligro la vida o integridad física de terceros o de un elemento de seguridad pública.
De igual forma, esta ley establece que los cuerpos de seguridad podrán tener a su cargo un bastón PR24, tolete o equivalente; dispositivos que generan descargas eléctricas; esposas o candados de mando; sustancias irritantes en aerosol y mangueras de agua a presión, como armas no letales.
Y como armas letales serán consideradas las armas de fuego y explosivos permitidos en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública podrán tener a su cargo equipo auto-protector, tales como escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas, a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo”, indica el texto.
Indica que el cierre civil de avenidas no ameritará en ningún caso el ejercicio de la fuerza letal y las “manifestaciones civiles que se tomen violentas deberán afrentarse mediante medios no letales”.
Aclara que los cuerpos de seguridad “tienen derecho a responder con fuerza letal”, cuando tengan una “amenaza con medios que impliquen amenaza letal en los término de esta Ley”, la cual define los tipos de resistencia a los que se enfrentan, como son la pasiva, activa y de alta peligrosidad.
-Leticia Robles de la Rosa
Experto en lucha ‘antinarco’, el comandante de la Guardia Nacional
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El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, es un experto en el combate a los cárteles y en labores de inteligencia. A partir de años de lucha contra estos grupos, aseguró que las fuerzas armadas les han asestado golpes trascendentales y deben continuar en esta tarea ante la debilidad de otras instituciones. Advirtió que la estrategia de seguridad no solo debe ser contra la oferta de drogas, porque estas organizaciones han tenido capacidad de “recuperación” para seguir operando.
Esta es una de las principales tesis de su ensayo “Esbozo histórico de la participación de las fuerzas armadas en las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en México”, publicado en 2016 y consultado por MILENIO. El hombre que tendrá bajo sus órdenes a 60 mil hombres, consolidó una carrera militar de más de cuatro décadas con una amplia experiencia en la lucha antidrogas; en 1993 ya era subjefe de la Fuerza de Tarea Marte, en Badiraguato, Sinaloa, donde se le ordenó junto a sus tropas erradicar los plantíos de mariguana y amapola en Sinaloa, Chihuahua y Durango, el denominado Triángulo Dorado de la Sierra Madre Occidental.
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Rodríguez Bucio es reconocido al interior del Ejército como el general en activo que más experiencia tiene en materia de seguridad pública, inteligencia militar y tácticas contra insurgencia. Su experticia no solo ha sido operativa, también se ha dedicado a estudiar el papel de las fuerzas armadas en el combate al narco, a lo que ha sumado su encargo como presidente en 2018 del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa (JID) de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que amplió su visión a una perspectiva sobre las amenazas hemisféricas y le permitió consolidar vínculos con mandos militares de Estados Unidos y del continente americano.
DÉCADAS TRAS LA PISTA Con 62 años, a cinco meses de pasar a situación de retiro, el general es el primer jefe al mando de la Guardia Nacional, columna vertebral de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que conjunta a policías militares, federales y marinos. Se dedicó a conocer las entrañas de los cárteles. Su tesis de maestría en Seguridad y Defensa Nacional (2002-2003) fue sobre la “Capacidad de los grupos armados que han surgido en el país y su efecto en la seguridad Nacional”; su tesis de doctorado (2016) fue la “Estrategia de Combate al Narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa”.
En 2004 regresó al Triángulo Dorado como comandante del Batallón de Operaciones; fue jefe de inteligencia militar entre 2004 y 2010 al frente del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico en el Estado Mayor de la Sedena, durante una de las etapas de mayor intensidad en la guerra contra estas organizaciones. En 2011-2013 coordinó las acciones contra los grupos del narco en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
El general escribió en 2016 su ensayo “Esbozo histórico de la participación de las fuerzas armadas en las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en México”. En sus conclusiones puntualizó que “mientras el acento de la política internacional siga puesto en la oferta, no habrá variaciones importantes a la forma de tratar de contener el cultivo, producción y flujo de las drogas hacia los consumidores”.
Subrayó que “la debilidad de las instancias encargadas de su atención, principalmente la PGR, desde que se le asignó la responsabilidad de atender la problemática, nunca ha desarrollado capacidades que permitan retirar a las fuerzas armadas de esa tarea”. Aclaró que “las diferentes acciones han logrado afectar la estructura de las organizaciones de narcotráfico… sin embargo, su capacidad de recuperación, de adaptación y flexibilidad les permiten reducir afectaciones y continuar operando”. Como cabeza del Consejo de Delegados, en el informe 2018 escribió: “Las amenazas han cambiado y no se trata ya de coadyuvar a la defensa del continente como en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, sino a la función primigenia de la OEA, conservar la paz y la seguridad del continente”.
Comandante de la GN, con alma calderonista
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El general Luis Rodríguez Bucio estará a cargo de la Guardia Nacional. Su participación fue activa durante la guerra al narco con Felipe Calderón Hinojosa.
Un general en proceso de retiro, con esencia calderonista, fue elegido como comandante de la Guardia Nacional: Luis Rodríguez Bucio, de participación activa durante la guerra declarada al narcotráfico de 2006 a 2012.
“Al final del sexenio del presidente Fox, pero sobre todo en el gobierno del presidente Calderón, se da un salto cualitativo importante al extender su participación (de las Fuerzas Armadas) a la acción directa contra las organizaciones de narcotráfico”, escribió en un ensayo publicado en septiembre de 2016 en la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV).
Tres meses antes, el 23 de junio, había presentado en la misma institución naval su examen doctoral en Defensa y Seguridad Nacional, con una tesis dedicada a la lucha contra el crimen, cuyo título fue: Participación de las fuerzas armadas en la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Su perfil sorprendió ante el viraje pretendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de olvidar la guerra y destinar a la GN tareas de seguridad pública. Ayer mismo lo reiteró:
“El objetivo es la seguridad pública, por eso el giro que queremos dar con la protección de los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, un giro que se quiere dar tanto al Ejército como a la Marina para que, en un proceso graduado y formativo, se vaya pasando de defensa nacional a seguridad pública”.
En un encuentro mañanero con el Presidente, cada vez más inclinado a las gestiones personales o a la mensajería de grupos de poder, hubo nula oportunidad de cuestionar al nuevo comandante. Él se concentró en describir ciertos pasajes curriculares, en los cuales no mencionó su apego a la bandera calderonista. Agradeció al mandatario su nuevo quehacer y expresó apenas:
“Trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia… Mi experiencia en mando, igual que todos los oficiales del Ejército, como oficial comandante de sección, de compañía, de batallón”.
En realidad su historial contra el narco es antiguo y extenso: en la primera mitad de la década de 1990 fue comisionado a un centro operativo en el municipio sinaloense de Badiraguato, donde su función principal era la erradicación de plantíos de enervantes en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
En 2003 y 2004 asumió el mando del Batallón de Operaciones Contra el Narcotráfico en Tamaulipas, Durango y Sinaloa. Y de octubre de ese mismo 2004 –finales de la administración foxista— a abril del 2010 —ya en pleno periodo calderonista— fue subjefe y jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) en el Estado Mayor de la Sedena.
De octubre del 2011 a junio del 2013 se le nombró coordinador de Operaciones en Monterrey, cuya labor primordial era atacar a células del narco en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y luego pasó a su mencionado doctorado de tres años en el CESNAV, donde obtuvo mención honorífica.
Recibió la condecoración al mérito en la campaña contra el narco. En su ensayo “Esbozo histórico de la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones gubernamentales contra el narcotráfico en México”, consultado por este diario, escribió:
“Durante el gobierno del presidente Fox se logró la detención de varios de los líderes emblemáticos de las organizaciones de narcotráfico gracias al trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas”. Sobre el sexenio siguiente, el calderonista, apuntó: “Las fuerzas armadas y la Policía Federal, dada la debilidad de los cuerpos de policía estatales y municipales, fueron las instancias del Estado mexicano que llevaron el peso del primer eje de la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Calderón: la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales”.
RODRÍGUEZ BUCIO
Luis Rodríguez Bucio cursó la licenciatura en Administración Militar en el Colegio de la Defensa Nacional, tiene maestría en Defensa Nacional, doctorado en Seguridad y Defensa Nacional, es diplomado del Estado Mayor de la Sedena.
Tiene estudios en Alemania y cuenta con experiencia en mando como comandante de sección, de compañía, de batallón; ejerció cargos en zonas militares de Veracruz, Aguascalientes y Quintana Roo.
Experto en investigación sobre narcotráfico y en su más reciente encomienda se desarrolló como presidente del Consejo de delegados de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, integrada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Su trámite de retiro inició en diciembre pasado y concluirá en agosto de este año.
Va Gobierno tras vendedores de paquetes de viaje y “visa” a migrantes
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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, afirmó que ya se investiga la venta de paquetes a migrantes por parte de bandas del crimen organizado.
En conferencia de prensa, y a pregunta expresa de La Razón, el funcionario acotó: “Están vendiendo falsas expectativas; se detectan en países como Honduras y cómo, a través de los medios de comunicación, hacen ofertas para llevarlos a Estados Unidos mediante paquetes integrados, lo cual es una actividad ilícita, porque viola la legislación de nuestro país; se estará actuando en ese sentido”.
De acuerdo con Encinas se busca identificar a los líderes de los grupos delictivos que actúan con este modus operandi, ya que no puede existir tráfico de visas humanitarias, porque éstas se otorgan directamente a la persona que facilita sus datos biométricos y huella digital.
El Gobierno federal ha encontrado y chocado con intereses muy fuertes en lo que respecta a política migratoria, añadió, principalmente con las bandas de traficantes de personas que han visto afectados sus mecanismos de operación.
“Se pasa el padre (Alejandro Solalinde). Está mintiendo y como el Gobierno no puede responder a las críticas, diversos actores responden como él. Ahora, todo lo que pase con los migrantes es nuestra culpa”
Irineo Mujica
Vocero de Pueblo sin Fronteras
“Cuando establecimos la visa humanitaria, la gente ya no cruzaba por el río Suchiate, sino por el Puente Internacional Rodolfo Robles. Esto no le ha gustado a muchos traficantes”, mencionó.
La Razón informó en su edición de ayer que polleros y supuestas agencias de viaje venden a migrantes paquetes para movilizarlos a México vía terrestre y tramitar su visa humanitaria por un pago entre siete y 10 mil dólares.
En este sentido, el vocero de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, una de las organizaciones señaladas de incurrir en acarreo de migrantes, aseguró que los dichos del sacerdote Alejandro Solalinde, directos del albergue Hermanos en el Camino, son falsos.
“Se pasa el padre, pero qué le voy a hacer. Está mintiendo y como el Gobierno no puede responder a las críticas, diversos actores como él lo hacen. Ahora, todo lo que pase con los migrantes es nuestra culpa”, recriminó.
Asimismo, acusó que se ha desviado la atención hacia su movimiento porque las autoridades no pueden contener a las caravanas que llegan al país. “Apenas, la Secretaría de Gobernación nos acusó de que estábamos generando la caravana madre,y fue una mentira”, puntualizó.
Además, Mujica señaló que quien acusa debe demostrar sus dichos: “Si realmente dicen que estamos acarreando gente, por qué no hacen nada, por qué no nos agarran. Nos ponen en peligro al decir que acarreamos a las personas”.
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En tanto, la Segob informó que las agresiones en contra de la estación migratoria Siglo 21, en Chiapas, donde un grupo de cubanos intentó incendiar las oficinas, serán sancionadas, ya que cualquier persona que se encuentre en el país debe ajustarse a las leyes mexicanas, y hechos vandálicos como los del pasado miércoles, no se deben permitir.
Personal del INM mantiene acciones de apoyo, como entrega de comida y atención médica, a los migrantes centroamericanos y africanos que continúan ingresando al país.
Alertan por dos nuevas caravanas
En Chiapas y Veracruz se tienen detectadas dos nuevas caravanas de migrantes, debido a que la llegada de centroamericanos continúa en el país, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
“Tenemos en Chiapas a tres mil (indocumentados); y en Veracruz, dos mil 800. Básicamente les damos albergue, comida, se registran y se les da atención médica”, precisó.
En ese contexto, y durante una entrevista al llegar al Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, Sánchez Cordero estimó que “el siglo XXI, es el siglo de las migraciones”.
Recordó que el cambio en la política migratoria en el país tiene el objetivo de no criminalizar, perseguir o discriminar a quienes buscan una oportunidad de vida en nuestro país y que huyen de la violencia y la pobreza.
SAT le perdona impuestos al Atlas, Pumas y Rayados
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ENRIQUE HERNÁNDEZ, FELIPE CÁRDENAS Y ROBERTO MIRABAL | El Sol de México
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdonó adeudos por más de 223 millones pesos entre 2016 y 2018 a los Pumas de la UNAM, Rayados del Monterrey, Gallos Blancos del Querétaro, los rojinegros del Atlas, así como a la fundación de Rafael Márquez y Fomento al Futbol en San Luis Potosí.
Al Club Universidad Nacional AC, el órgano fiscalizador le condonó 14 millones 138 mil 616 pesos, de acuerdo con un documento en poder de El Sol de México. Dicha cantidad pertenece al ejercicio 2017, según fuentes consultadas por este diario.
La condonación más importante otorgada por el SAT corresponde a Fomento al Futbol en San Luis Potosí, por 158 millones 637 mil 85 pesos, cuya razón social pertenecía al conjunto potosino, bajo la presidencia del empresario Jacobo Payán Espinosa, aunque ésta se extinguió y actualmente nada tiene que ver con Club Atlético de Madrid Potosí SA de CV.
El 5 de mayo de 2016, Payán Espinosa informó a la opinión pública de su renuncia tras el quebranto a falta de apoyo gubernamental y de la iniciativa privada, que llevó al empresario a adeudar quincenas a sus jugadores.
Otra condonación importante fue concedida al Club de Futbol Monterrey AC, que corresponde a la administración de Jorge Lankenau Rocha, por 48 millones 849 mil 784 pesos, por lo que La Pandilla también modificó su razón social a Club de Futbol Monterrey Rayados SA de CV.
FC Atlas AC registró una condonación por un millón 158 mil 773 pesos. Actualmente la institución tapatía tiene a Club de Futbol Rojinegros SA de CV como razón social.
Futbol y Corazón AC, una fundación del futbolista Rafael Márquez, gozó del beneficio fiscal por 108 mil 798 pesos en 2016.
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| Foto: Cuartoscuro |
El Código Fiscal de la Federación permite la condonación en casos de insolvencia, incosteabilidad, así como por el retorno de las inversiones realizadas por los contribuyentes. Algunas de estas causales aplicaron en el caso de los equipos de futbol.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al SAT revelar a la brevedad los nombres de los equipos de futbol que recibieron condonaciones en sus obligaciones fiscales entre enero de 2012 y mayo de 2015.
“Una persona le pidió al SAT que le entregara los nombres de los clubes afiliados a la Federación Mexicana de Futbol que tuvieron condonaciones de créditos fiscales, montos, fechas y algo muy importante, los motivos; esto del periodo de 2012 a 2015”, comentó Joel Salas Suárez, comisionado del INAI.
La condonación de impuestos por parte del SAT provoca que “el Estado deje de recibir dinero, que es producto de la recaudación de impuestos. Muchas veces esos recursos son utilizados para mejorar la estructura educativa y de salud”, manifestó el integrante del INAI.
“En el caso de 2007, el SAT condonó unos montos que van casi hasta 75 mil millones de pesos (a todos los contribuyentes), de los cuales dos mil 178 millones eran para cuatro equipos de futbol. Eso nos llamó la atención, 79 créditos eran para ellos”, recordó Salas Suárez en una entrevista con el ESTO.
El comisionado dijo que el SAT “se ha negado a entregar esa información, pero el Ejecutivo quiere transparencia. Es un tema recurrente en sus conferencias de la mañana”.
De acuerdo con la bitácora a la que tuvo acceso este diario, la autoridad fiscal tiene créditos fiscales exigibles o presume la existencia de un incumplimiento con Chiapas Futbol Club, que controlaba en primera división a los Jaguares. También le reclama por la misma causa un pago a Futbol Soccer S.A. de C.V, una empresa de Ricardo Henaine, exdueño del Puebla de la Franja, así como al Patronato de Fomento al Futbol de Aguascalientes, que entregó en usufructo al Necaxa a un grupo de empresarios.
El órgano fiscalizador canceló un crédito fiscal a Club Racing de Avellaneda SC, la versión mexicana de ese club de futbol de la Superliga en Argentin, que resultó campeón hace una par de semanas.
En el documento hay unos 20 créditos fiscales (exigibles por la autoridad) relacionados con clubes deportivos y fundaciones vinculadas con el futbol en el estatus de firmes, lo que significa que no interpusieron un medio de defensa como un recurso de revocación, juicio de nulidad o amparo dentro de los plazos de Ley.
Es el caso de la Fundación de Futbol Abuelo Cruz, el Club de Futbol Estudiantes, Centenario Latino Club de Futbol, Comité Municipal de Futbol de Culiacán, así como Santa Fe de Futbol, entre otros más, según la lista consultada.
Eliminan alertas de género; son inútiles
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L as alertas de violencia de género ya no funcionan, por lo que deben ser modificadas, aseguró la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos.
En entrevista con El Heraldo de México, a menos de un mes de asumir el cargo, la funcionaria aseguró que se requiere una evaluación y fiscalización de este mecanismo en los estados que tienen la declaratoria para verificar si hay avances y se cumplió con los objetivos.
Señaló que hay centros de justicia para mujeres que no operan debidamente o como en el caso de Tehuacán, Puebla, ese espacio es utilizado para oficinas de otras dependencias que resultaron dañadas por el sismo, por lo que revisará el asunto, ya que podrían incurrir en desvío de recursos.
¿Cuáles son sus temas prioritarios?
Los dos ejes muy importantes que tiene la Conavim son las alertas de género y los centros de justicia. Nos hemos planteado revisar la alerta de violencia de género para que sea, primero, una acción verdaderamente de emergencia y eficaz, pero también que tenga una evaluación y una fiscalización, porque hemos encontrado que la alerta, como en el Estado de México, lleva cuatro años con alerta y de todos modos el índice de violencia contra mujeres no disminuye.
¿Se puede saber la situación de la alerta?
El gran problema es que los estados, cuando tienen alerta de género nos hacen un informe, el grupo interdisciplinario revisa ese informe y dice: ‘Bueno, esto sí se cumplió, esto no’… Lo que nosotros necesitamos es darle seguimiento a esas acciones porque el grupo de trabajo son académicas, son voluntarias y no pueden estar todo el tiempo en el trabajo in situ de las alertas.
En cambio, nosotras sí necesitamos fiscalizar que estén realizando las acciones que se comprometieron en la alerta y que cuando nos informen no sean acciones tan generales que nos permitan no evaluar.
¿Funciona la alerta de género?
No. Tenemos un grave problema y un bache, porque actualmente tenemos 19 alertas declaradas y 12 solicitudes. Tenemos prácticamente el país en alerta de violencia de género, nada más nos falta uno que es Baja California Sur, todos los demás tienen alerta de violencia de género, si no solicitada, declarada.
¿Qué está fallando?
Una fiscalización de esa alerta. Voy a convocar en este año a encuentro de los centros de justicia porque en donde existen, las fiscalías se lavan las manos para decir que no atienden casos de violencia, sino los centros de justicia y éstos tienen una doble carga de trabajo y además tienen poco personal.
¿Qué pasaría si después de esta evaluación persisten las cifras de violencia?
Tenemos que modificar el mecanismo, esta propuesta que tengo es de modificar el mecanismo, de hacerlo más óptimo.
¿Por qué ya no es funcional?
Ya no es funcional y de hacerlo fiscalizable, eso es lo que tiene que pasar y si tenemos que llamarle de otra manera, pues que la realidad nos diga: ‘no, esto no’, a pesar de que ya hicimos las reformas que creemos que son necesarias.
¿Se requiere reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?
Lo que propongo es homologar el delito de feminicidio; eso lo hice en Cámara de Diputados. Muchos estados no tienen homologado el delito con el Código Penal Federal.
Por Diana Martínez
Diputados avalan en lo general la nueva reforma laboral
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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de reforma laboralque modifica cinco legislaciones, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
El pleno lo aprobó, a las 16:30 horas, con 417 votos a favor, uno en contra y 29 abstenciones, y procedió a la discusión de 104 propuestas de modificación que presentaron 50 diputados.
Las leyes que se reforman son: Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Seguro Social (IMSS).
El dictamen adecua estos ordenamientos legales con la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 febrero de 2017 y con diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que amplían y protegen los derechos humanos de los trabajadores.
Surgió de 14 iniciativas presentadas por diputados federales y una senadora, entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Cuatro fueron de Morena, dos del PAN, dos del PRI (una la senadora Sylvia Beltrones Sánchez), tres del PES, dos del PT y una de MC.
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dijo que se establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje que dependen de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, para crear los tribunales laborales que formarán parte de los Poderes Judicial federal y estatales, respectivamente.
Se crea el Fondo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.
Se fortalece la democracia sindical con los ejes de rendición de cuentas y transparencia.
Se establece el proceso de elección de líderes sindicales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto; y se incluyen garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales y de esta manera nadie puede ser sujeto a represalias ni ser obligado a formar o no, parte de un sindicato, federación o confederación.
En lo colectivo, el dictamen instaura mecanismos para la verificación y declaración de representatividad en los sindicatos, “lo que frenará la existencia de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección, así como sindicatos extorsionadores”.
Expertos en lucha antinarco, seguridad e inteligencia, al frente de la Guardia Nacional
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La Guardia Nacional estará dirigida por expertos en labores de combate al narcotráfico, seguridad nacional y labores de inteligencia, con los generales Luis Rodríguez Bucio –comandante de la nueva corporación policial–, y Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, así como el contraalmirante Gabriel García Chávez, quienes formarán parte de la coordinación interinstitucional del organismo.
En el área de coordinación el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la única mujer que ha alcanzado el rango para dirigir una división de la Policía Federal, Patricia Trujillo Mariel, quien se ha especializado en tareas de seguridad pública y quien ha desarrollado diversos programas de operación y certificación policial.
El general de brigada diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio es considerado por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) uno de los mayores conocedores de acciones contra el narcotráfico y por ello en 2016 fue elegido presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa (JID), uno de los cargos más altos en esa estructura multinacional.
El militar mexicano –primero en ser designado como integrante de la JID– concluyó su cargo en junio de 2018 en esa estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El propósito de la JID es prestar asesoría técnica, consultiva y educativa en temas vinculados con asuntos militares y de defensa a los órganos de la OEA y a los estados miembros.
El general Rodríguez Bucio realizó acciones contra el narcotráfico en el llamado Triángulo Dorado (en los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango), como parte de las operaciones de la Fuerza de Tarea Marte, y también llevó a cabo acciones contra grupos de la delincuencia organizada en Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.
El general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, nacido en la Ciudad de México el 5 de julio de 1956, cursó la maestría en seguridad y defensa nacional en el Colegio de Defensa Nacional y encabezó, en el Estado Mayor de la Sedena, las secciones dedicadas a operaciones y de combate al narcotráfico. Durante su carrera militar se desempeñó como comandante de la Quinta Zona Militar con sede en Chihuahua, y hasta febrero de este año estuvo al frente de la 18 Zona Militar, en Hidalgo. Será uno de los hombres más cercanos al general Rodríguez Bucio.
El contraalmirante Gabriel García Chávez, originario del estado de Michoacán, realizó estudios de inteligencia en Guatemala, y encabezó operaciones especiales de comandos, en la Fuerza Naval del Golfo y de protección marítima y portuaria. Cursó las maestrías en administración naval y seguridad nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales.
La comisaria general de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, cursó la maestría en medicina forense y tiene 12 doctorados, tres de ellos en reinserción social y análisis de la conducta humana. Ha publicado 28 libros relacionados con seguridad pública y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.
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