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| El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones y se remitió al Ejecutivo federal. Foto Guillermo Sologuren / Archivo |
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ciudad de México.
Esta madrugada, el Senado de la República aprobó la minuta que modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar al Ejecutivo federal a constituir comisiones consultivas y presidenciales que permitan “el mejor despacho de los asuntos a su cargo”.
Pese a los intentos de la oposición por modificar esa minuta, que permite al presidente de la República crear, por decreto, Comisiones de la Verdad, Morena impuso su mayoría. El dictamen se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
La sesión concluyó cerca de las tres de la madrugada, 13 horas después de su inicio, ya que antes se aprobó otra otra minuta con modificaciones a esa misma ley y con los cambios mayores, a fin de posibilitar un nueva estructura para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que incluye crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los llamados “superdelegados”.
Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano insistieron en que se modificara ese artículo 21, a fin de suprimir las funciones de investigación y fiscalización de las comisiones presidenciales, ya que consideraron que dotarlas de estas facultades trastoca la división de poderes.
Se contraponen a la Constitución, ya que invaden facultades de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación, insistió el senador del PRI Manuel Añorve.
Su compañera de bancada, Claudia Edith Anaya Mota, sostuvo que la cuarta transformación plantea la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley. “Estamos desvalijando las instituciones que nos dimos”, recalcó.
Aseguró que la Constitución le atribuye facultades exclusivas de investigación a la policía y al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación, e impide que se junten los poderes distribuidos. “Por eso, nos vemos en la Corte, esta ley se va a controversia constitucional”, advirtió.
La senadora del PAN Guadalupe Murguía Gutiérrez recalcó que, “si bien, el próximo gobierno puede organizar su estructura y funcionamiento, no puede exceder el marco legal, ni la Constitución”, expresó.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que a las comisiones presidenciales se les otorgan facultades de investigación y fiscalización por decreto para casos como el de Ayotzinapa, pero se tendrían que estar apoyadas por el Ministerio Público de la Federación, los fiscales y la Fiscalía General de la República.
A su juicio, las investigaciones no deben ser vinculatorias, solo orientar y no sustituir la obligación del Estado de realizar el debido proceso. En caso opuesto, agregó, se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala los actos de molestia realizados por las autoridades.
En respuesta, el senador de Morena Rubén Rocha Moya aclaró que sólo se reforma una ley secundaria y no significa invasión de un poder a otro. El presidente, dijo, podrá constituir comisiones a su cargo, a través de la emisión de decretos. Estas funcionarán como cuerpos o grupos asesores del mandatario para opinar o sugerir qué debe hacer o qué decisión tomar en tal o cual asunto”.
El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones y se remitió al Ejecutivo federal.
Pese a los intentos de la oposición por modificar esa minuta, que permite al presidente de la República crear, por decreto, Comisiones de la Verdad, Morena impuso su mayoría. El dictamen se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
La sesión concluyó cerca de las tres de la madrugada, 13 horas después de su inicio, ya que antes se aprobó otra otra minuta con modificaciones a esa misma ley y con los cambios mayores, a fin de posibilitar un nueva estructura para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que incluye crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los llamados “superdelegados”.
Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano insistieron en que se modificara ese artículo 21, a fin de suprimir las funciones de investigación y fiscalización de las comisiones presidenciales, ya que consideraron que dotarlas de estas facultades trastoca la división de poderes.
Se contraponen a la Constitución, ya que invaden facultades de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación, insistió el senador del PRI Manuel Añorve.
Su compañera de bancada, Claudia Edith Anaya Mota, sostuvo que la cuarta transformación plantea la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley. “Estamos desvalijando las instituciones que nos dimos”, recalcó.
Aseguró que la Constitución le atribuye facultades exclusivas de investigación a la policía y al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación, e impide que se junten los poderes distribuidos. “Por eso, nos vemos en la Corte, esta ley se va a controversia constitucional”, advirtió.
La senadora del PAN Guadalupe Murguía Gutiérrez recalcó que, “si bien, el próximo gobierno puede organizar su estructura y funcionamiento, no puede exceder el marco legal, ni la Constitución”, expresó.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que a las comisiones presidenciales se les otorgan facultades de investigación y fiscalización por decreto para casos como el de Ayotzinapa, pero se tendrían que estar apoyadas por el Ministerio Público de la Federación, los fiscales y la Fiscalía General de la República.
A su juicio, las investigaciones no deben ser vinculatorias, solo orientar y no sustituir la obligación del Estado de realizar el debido proceso. En caso opuesto, agregó, se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala los actos de molestia realizados por las autoridades.
En respuesta, el senador de Morena Rubén Rocha Moya aclaró que sólo se reforma una ley secundaria y no significa invasión de un poder a otro. El presidente, dijo, podrá constituir comisiones a su cargo, a través de la emisión de decretos. Estas funcionarán como cuerpos o grupos asesores del mandatario para opinar o sugerir qué debe hacer o qué decisión tomar en tal o cual asunto”.
El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones y se remitió al Ejecutivo federal.
La Jornada
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