Pega a economía baja obra pública
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| Desde 2008, inversión pública en México ha bajado 4.34% a ritmo anual, lo que ha derivado en que tasa de crecimiento del PIB disminuya. Foto: Archivo |
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| Foto: REFORMA |
Juan Carlos Orozco y Amelia González
Cd. de México
La baja inversión pública se ha convertido en un lastre que, en lugar de contribuir al crecimiento económico, le resta puntos.
Después de la crisis financiera de 2008 la inversión pública en México tomó un camino descendente del cual no ha podido salir.
Mientras en 2008 el gasto de inversión del sector público fue equivalente a 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en 2017 la proporción fue de sólo 3.1 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi.
Entre 2008 y 2017 la inversión pública descendió a un ritmo de 4.34 por ciento anual, en términos reales.
Las consecuencias de este comportamiento bajista se reflejan en la tasa de crecimiento del PIB, dado que en lugar de contribuir al crecimiento, cada año la inversión pública resta décimas al avance del PIB por su pérdida de importancia en el mismo.
Por ejemplo, si en 2017 el nivel de la inversión pública hubiera sido igual al que tuvo en 2016 -en lugar de registrar una caída de 6.6 por ciento-, el PIB nacional hubiera crecido 2.26 por ciento, en vez del 2.04 que creció: la caída de la inversión pública restó 22 centésimas al crecimiento del PIB.
En el caso extremo de que la inversión pública hubiese sido nula en 2017, la evolución del PIB en ese año habría sido negativa.
"El decrecimiento de la inversión pública es una decisión consciente del Gobierno para mantener las cuentas fiscales acotadas", comentó Juan Carlos Moreno-Brid, especialista de la UNAM en temas de políticas para el desarrollo y el crecimiento económico.
Moreno-Brid explicó que a partir de 2009 el Gobierno instrumentó una política anticíclica para protegerse de los choques externos aumentando el gasto público.
Sin embargo, la reforma fiscal del Presidente Enrique Peña no fue suficiente para cubrir las necesidades sociales, y la inversión pública durante la Administración actual se fue recortando.
Jonathan Heath, consultor privado, aseguró que una de las principales razones del declive de la inversión pública fue la reforma energética implementada durante el Gobierno de Felipe Calderón, la cual redireccionó el equivalente a 2 por ciento del PIB hacía Pemex.
Heath afirma también que durante ese sexenio se implementó una cláusula de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que admitía un aumento del déficit en el balance fiscal en caso de una recesión en la economía.
Y, luego de haber redefinido 'balance fiscal' para que no incluyera la inversión en Pemex, la economía entró en recesión por la crisis internacional de 2008-2009. El problema, advierte el experto, es que no se volvió a sanear el balance fiscal.
Un factor adicional, puntualizó Heath, que se volvió más agudo con el Gobierno de Peña, es que se aumentó el gasto, pero el dirigido a programas sociales. Entonces, cada vez se tenían menos recursos para utilizar en inversión pública.
Reelección empodera a alcaldes; repiten cargo 67 legisladores
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| Reelección empodera a alcaldes; repiten cargo 67 legisladores |
Corresponsales
CIUDAD DE MÉXICO.
En las elecciones del 1 de julio, fueron reelectos 224 presidentes municipales, de los cuales 22 son de ciudades capitales o de alto desarrollo económico, también fueron ratificados en su cargo 67 legisladores locales.
En Monterrey, logró la reelección el priista Adrián de la Garza.
En Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, con la coalición Todos por México.
Los alcaldes de Movimiento Ciudadano lograron reelegirse en municipios importantes de Jalisco: Zapopan (Pablo Lemus Navarro), Tlaquepaque (María Elena Limón García), y Puerto Vallarta (Arturo Dávalos Peña).
Esta es la primera ocasión en la que alcaldes y diputados locales pudieron contender para permanecer en el cargo que ya ocupaban.
“La reelección es uno de los mejores instrumentos que tienen los ciudadanos para premiar o castigar las decisiones de sus representantes locales”, afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su estudio La Reelección en México en los Tiempos de la Partidocracia.
Otro aspecto positivo que señala el documento es la posibilidad de que se planteen políticas públicas a mediano y largo plazos.
Ciudades optan por reelección
Entre los presidentes municipales ganadores están los de Monterrey, León, Saltillo, Chihuahua, Nuevo Laredo y Nezahualcóyotl.
En la primera ocasión que alcaldes y diputados locales pudieron reelegirse, 224 presidentes municipales y 67 legisladores en todo el país lo consiguieron.
Entre ellos destacan los alcaldes de capitales de sus estados o de ciudades importantes desde el punto de vista económico, y que podrían construir, con dos periodos al frente del gobierno municipal, un eventual camino hacia la gubernatura.
Es el caso del priista Adrián de la Garza, en Monterrey, el segundo político más fuerte en el estado después del gobernador, el independiente Jaime Rodríguez Calderón.
En Saltillo, la capital de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas logró la reelección con la coalición Todos por México, encabezada por el PRI. El gobernador, el también priista Miguel Riquelme, fue alcalde de Torreón, ciudad en la que se reeligió el panista Jorge Zermeño.
Y en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván logró la reelección, bajo las siglas del PAN, partido en el que también milita el gobernador, Javier Corral.
Los alcaldes de Movimiento Ciudadano lograron reelegirse en tres de los municipios más importantes de Jalisco: Zapopan, con Pablo Lemus Navarro; Tlaquepaque, María Elena Limón García, y Puerto Vallarta, con Arturo Dávalos Peña. El gobernador electo, Enrique Alfaro, del mismo partido, fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
Otros municipios importantes del país donde los alcaldes se reeligieron son Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, con Óscar Rivas y Maki Esther Ortiz, respectivamente. Ambos contendieron bajo las siglas de la coalición Por Tamaulipas al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, es panista.
En León e Irapuato, Guanajuato, los panistas Héctor López Santillana y Ricardo Ortiz se reeligieron. El gobernador, Miguel Márquez, también es panista.
En el Estado de México se reeligieron, entre otros, los alcaldes priistas de Lerma y Valle de Bravo; el panista de Huixquilucan, y los perredistas de Nezahualcóyotl y Tultepec.
La toma de posesión varía de un estado a otro. Por ejemplo, en Zacatecas fue el 15 de septiembre, mientras que en Oaxaca será el 1 de enero.
La reforma electoral de 2014 fue la que permitió a los alcaldes y diputados locales reelegirse por un periodo consecutivo más a partir de las elecciones del pasado 1 de julio, y se aplicó para los funcionarios electos en 2015.
Por ello, en la pasada jornada electoral, mil 380 alcaldes tuvieron la oportunidad de postularse para conseguir la reelección, y los 224 presidentes municipales que lograron repetir en el cargo equivalen al 16.23 por ciento.
En el caso de los diputados locales, 913 estaban en posibilidades de quedarse otro periodo en sus congresos, pero tuvieron una menor tasa de éxito, porque solamente lo logró el 7.33 por ciento.
Chihuahua fue el estado en donde más alcaldes obtuvieron la reelección, con 27, seguido de Coahuila, con 22; Estado de México y Michoacán, con 19; Jalisco, con 16, y Zacatecas, con 15.
En los congresos estatales, Nuevo León tiene el mayor número de legisladores reelectos, con 17. En segundo lugar, muy atrás, están Aguascalientes y Chihuahua, con 6.
La reelección es uno de los mejores instrumentos que tienen los ciudadanos para premiar o castigar las decisiones de sus representantes locales, afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su estudio La Reelección en México en los Tiempos de la Partidocracia.
Sin embargo, señala que en el 2012, poco antes de la aprobación de la reforma política, 70 por ciento de los ciudadanos dijeron estar en desacuerdo con la reelección.
El investigador César Reséndiz afirma en el estudio que parte del rechazo se debe a que los ciudadanos ven la reelección como una oportunidad para el cacicazgo y el caudillismo, y no como un mecanismo de rendición de cuentas.
Entre los aspectos positivos de la reelección, de acuerdo con el estudio del Imco, está la posibilidad de que los funcionarios planteen políticas públicas a mediano y largo plazos, que formen equipos profesionales de largo aliento, y que los ciudadanos adquieren el poder de premiar o castigar el desempeño de las administraciones.
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Prevé Issste ‘resistir’ 2 millones más de derechohabientes
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Con el fin de los seguros médicos de gastos mayores para los burócratas, el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (Issste) recibirá a partir del 1 de diciembre a 500 mil nuevos derechohabientes, cifra que puede elevarse hasta a dos millones con el registro de familiares, pero confía en resistir el impacto porque se resentirá, sobre todo, en Ciudad de México.
Los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana planteados por el próximo gobierno federal estiman ahorros por 4 mil millones de pesos con la eliminación del seguro de gastos médicos mayores MetLife, de los trabajadores del gobierno federal.
Esta cifra es similar a los 4 mil 80 millones de pesos que se prevé gastar en consultas especializadas para al menos 928 mil personas dentro del Issste, de acuerdo con cifras del organismo.
Florentino Castro, director del instituto, admitió que habrá un impacto directo en la capital, pero como los futuros afiliados no llegarán todos de golpe, habrá oportunidad de terminar la construcción del hospital de Tláhuac, en septiembre de 2019, y además se requerirá levantar más unidades de medicina familiar.
Sin embargo, precisó que el instituto no tiene ahora ninguna posibilidad de atender, ni a nivel hospitalario ni de vivienda, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública que llegarán a Puebla con la descentralización de la dependencia.
Castro indicó que el principal reto que enfrenta el instituto es presupuestal, ya que de los 282 mil 632 millones de pesos que tiene al año, 207 mil 265 millones son para pago de pensiones y jubilaciones, 39 mil 488 millones, para servicios personales; 34 mil 319 millones, para gastos de operación, y apenas mil 560 millones para inversión pública.
En ese sentido, sugirió a los legisladores que, si bien avalaron la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores de confianza, contemplen etiquetar recursos para la construcción de unidades de medicina familiar.
De acuerdo con sus estimaciones, serán poco más de 500 mil nuevos derechohabientes los que desde el 2 de diciembre deberán ser atendidos en el Issste, pero al ser un servicio que también considera a los familiares, espera finalmente poco más de dos millones de nuevos beneficiarios.
Estos serán los diputados federales y todos los trabajadores del Palacio Legislativo, así como los senadores y sus empleados. También se contempla a los ministros, magistrados del Poder Judicial y personal que labora en los inmuebles, además de integrantes del Ejecutivo federal.
“Esperemos darles el mejor de los servicios, estoy totalmente convencido que lo hará el nuevo gobierno. Esperemos que no extrañen los servicios que recibían en la atención médica privada. Tengo mucha confianza en la calidad, calidez y capacidad de entrega de los trabajadores del Issste”, expresó Castro.
“Es un gran reto y una gran oportunidad para que la institución se fortalezca; es también una gran posibilidad de sensibilizar al Congreso de la Unión para que contemple apoyos adicionales a la institución”, añadió el titular del Issste.
Si bien durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han disminuido los tiempos de espera para atención médica y el abasto de medicinas ha estado garantizado, la llegada de 2 millones más de beneficiarios aumentará al doble y hasta al triple los tiempos de citas y consultas y la demanda de fármacos.
Por ejemplo, en 2011, el tiempo de espera en el sector salud era de 31.1 minutos; al cierre de este mandato es de 23.8 minutos, de acuerdo con datos del sexto Informe de gobierno.
El número de médicos también aumentó para cerrar este sexenio con 20 mil 344, 2 mil 100 más en comparación con los registros de 2017. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, por debajo del promedio de 3.4 de los países miembros.
Menos camas y consultorios
El gasto en salud promedio de mil 80 dólares por persona (ajustado a estándares de vida locales) es cuatro veces menor que el promedio de la OCDE, de 4 mil 3.
El sexto Informe del presidente Peña Nieto revela que el Issste cuenta con 6 mil 865 camas disponibles, cifra menor por 235 unidades a las que se registraron en 2014, y tiene 5 mil 797 consultorios, 992 menos a los registrados hace cuatro años.
En ese sentido, Castro reconoció que si bien en esta administración se han logrado grandes avances para la atención de los trabajadores del Estado, la infraestructura del Issste para los nuevos usuarios podría, de momento, ser insuficiente.
“Sí, tendrá efectos, no pudiera hoy precisar, porque no tenemos información oficial de cuánta gente tenía seguro de gastos médicos mayores. De que tendrá un impacto lo tendrá, pero creo que podrá el Issste en Ciudad de México, donde será el principal impacto, afrontarlo”, afirmó.
Aunque aseveró que el plan de descentralización pudiera despresurizar el impacto en la capital del país, la afectación vendrá en los estados receptores, porque en este momento no se cuenta con una infraestructura para atender a los trabajadores que lleguen.
“La descentralización, como todos los procesos de ese tamaño, resuelven problemas en un lado y en otro los crean. Ciudad de México y la infraestructura del Issste, si se diera el proceso de descentralización, tendrían un gran respiro, porque el nivel de presión bajaría de manera muy importante.
“Lo que tenemos que pensar es qué va a pasar en las entidades a donde llegarán los organismos del gobierno. Puebla, que es a donde llegaría la SEP, pues no tendría ninguna posibilidad, en este momento, de atender a los funcionarios que van a llegar. No los podría atender ni a nivel hospitalario ni de vivienda.
“Afortunadamente hemos escuchado de voceros de primer nivel del gobierno entrante que el proceso de descentralización no es violento, es de todo el sexenio; se analizará de manera cuidadosa y se irá viendo el tema de los derechos de los trabajadores, porque genera una situación muy complicada”, detalló el titular del Issste.
Actualmente el instituto atiende a 13 millones de derechohabientes y cuenta con una plantilla laboral de 100 mil trabajadores.
Castro mencionó que el instituto tiene 60 años y sus hospitales tienen, en promedio, 40 años de vida. En ese sentido, recordó que durante esta administración se echó mano de las Asociaciones Público Privadas (APP) para la construcción de nosocomios, con lo que en un año se pudieron levantar cuatro unidades médicas: Villahermosa, Tabasco; Tepic, Nayarit; Mérida, Yucatán, y Tláhuac. “Desde hace 35 años que no construíamos nada en la Ciudad de México”.
“Creo que estirando el poco dinero que hay, pero con el mecanismo de APP encontramos una salida. La otra es etiquetar recursos para inversión, que se aumentara el presupuesto, que no es un tema tan sencillo”, subrayó el titular del Issste.
Ocho grupos saquean combustible a Pemex
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En el robo de combustibles, Petróleos Mexicanos (Pemex) está copado por cárteles del narcotráfico, grupos especializados, bandas criminales, comunidades asentadas en las inmediaciones de los ductos, gasolineros propietarios de estaciones de servicio, empresarios que compran combustible hurtado, empleados, y ex trabajadores de Pemex, así como las autoridades responsables de la seguridad pública.
De acuerdo con la empresa EnergeA, Proyectos de Energía del Grupo Atalaya, que fue contratada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para elaborar un estudio que permitiera analizar la problemática de seguridad física en las instalaciones del sector hidrocarburos, el robo de combustibles involucra al menos a ocho actores activos que tienen en jaque a Pemex.
La investigación de campo que fue entregada a la CRE en mayo del año pasado, cita información de The Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual identificó a una red de gasolineros asociados a Juan José Esparragoza Moreno, alías El Azul, líder del Cártel de Sinaloa.
Sostiene que los miembros de ese cártel están asociados a la extracción de gasolina y diésel del poliducto Culiacán-Topolobampo.
Mario Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, jefe de seguridad de El Chapo Guzmán, era, hasta su muerte en abril de 2016, el encargado de la sustracción ilícita de hidrocarburos en esa entidad.
Se adueñan de territorios
El combustible robado suele ser almacenado en domicilios particulares, tiendas de abarrotes y en negocios donde se venden insumos para la actividad agrícola.
En Altamira, Tamaulipas, los miembros del Cártel del Golfo están asociados a la sustracción ilegal que se realiza en el poliducto Madero-Cadereyta, aunque también hay presencia de bandas criminales locales, que realizan tomas clandestinas a la red de ductos de Pemex.
El Cártel del Golfo almacena combustibles en sus narco-campamentos, mientras que las bandas criminales lo hacen en domicilios particulares y tendajones cercanos a las carreteras federales.
Existen evidencias de la venta de producto a empresas y fábricas del sector informal, en carreteras, así como en pequeños poblados.
En la región Silao-Irapuato-Salamanca, el Cártel Jalisco Nueva Generación sustrae combustibles del poliducto Salamanca-Guadalajara, al tiempo que grupos armados especializados en el robo de hidrocarburos realizan tomas clandestinas.
En esta zona se tiene la presunción de que trabajadores de Pemex colaboran en estos hechos delictivos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza haciendas y fincas para almacenar el combustible robado y se presume que lo distribuye en estaciones de servicio mediante la extorsión a gasolineros, en tanques a través de los cuales estos grupos armados expenden los combustibles en tallares de hojalatería y en deshuesaderos ubicados sobre las carreteras en todo el estado de Guanajuato.
En la región Acajete-Tepeaca-Acatzingo-Quecholac-Palmar de Bravo, en Puebla, Los Zetas son los responsables del robo a ductos de Pemex, quienes se disputan con bandas criminales el control de ese mercado.
Se ha detectado que Los Zetas almacenan el combustible en pipas de agua previamente robadas. Una vez desmantelados estos vehículos, los tanques-depósitos son enterrados para resguardar el combustible.
En este caso, el cártel ha optado por establecer lugares reservados y específicos de venta, en los que sólo se puede adquirir el combustible por invitación y presentando una clave. También expenden a domicilio bajo pedido y siempre con recomendación de un tercero.
En la región Reynosa-Río Bravo, el Cártel del Golfo sustrae combustibles de la red de ductos de Petróleos Mexicanos y roban carrotanques o pipas, no por el producto que transportan, sino para obtener un vehículo en el cual puedan almacenar y movilizar lo hurtado.
Las investigaciones sobre la operación de este cártel en la zona permitieron identificar que exportan crudo robado hacia Estados Unidos, donde es refinado, mediante carrotanques clonados que abastecen a compañías texanas.
Pemex ha demandado a 23 compañías estadounidenses por comprar hidrocarburo que le fue robado, entre las cuales destacan: Big Star Gathering, F&M Transportation, Western Refining Company, Joplin Energy y Superior Crude Gathering, entre otras.
Los Zetas también están presentes en la región de Huimanguillo-Cárdenas, Tabasco y Tala-Tlajomulco, Jalisco, es la zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Problema de magnitud
En las conclusiones del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector de Hidrocarburos y Emitir Recomendaciones para el Reconocimiento de Costos por Concepto de Seguridad que la CRE lleva a cabo en sus Procesos de Revisión de Tarifas —que tuvo un costo de 5.1 millones de pesos—, EnergeA, Proyectos de Energía sostiene que el robo de hidrocarburos es un fenómeno complejo que frecuentemente se simplifica tomando como indicador únicamente el número de tomas clandestinas, esto implica la tendencia a confundir estos números con la magnitud del problema, cuando en realidad son cosas distintas.
Por ello, a los cárteles se suman otros actores que fueron identificados con trabajo de campo y entrevistas a actores del sector industrial, tanto público como privado, para corroborar la información.
Están los grupos especializados, que cuentan con conocimientos técnicos y herramientas para realizar tomas clandestinas. Trabajan en células armadas que se encargad de tareas segmentadas: vigilancia, perforación, custodia y traslado de combustible en pipas o autotanques.
Las bandas criminales son grupos rudimentarios que realizan sustracción de hidrocarburos de manera artesanal en ductos con seguetas, marros y cinceles. Gran parte de los derrames e incendios han sido provocados por falta de pericia técnica. Suelen transportar el producto robado en contenedores de plástico, montados en camionetas de rediles o yuntas.
También participan las comunidades asentadas en las inmediaciones del derecho de vía de los ductos, que al detectar una fuga de combustible, aprovechan la ocasión para robar el hidrocarburo con jícaras, cubetas, botes o tinas. Sus acciones no están enfocadas a vulnerar de forma deliberada la infraestructura de Pemex.
Empleados y ex empleados colaboran
Las investigaciones también señalaron la participación de empleados y ex empleados de Pemex, que son las personas que utilizan o proveen información sobre la operación, instalaciones, logística y actividades de la empresa productiva del Estado, para permitir o cometer los delitos de robo de combustibles.
Otro eslabón en el llamado huachicoleo son los gasolineros que comercializan combustible robado, adulterado o en cantidades menores a la registrada en los instrumentos de medición.
También están los empresarios, propietarios de industrias privadas que compran combustible robado para su proceso productivo.
Finalmente, otro sector involucrado son las autoridades de seguridad pública, aquellos servidores de los tres órdenes de gobierno que permiten, realizan o brindan custodia y protección a otros actores, en la sustracción ilícita de hidrocarburos.
Halconcitos, primer grupo amnistiable con AMLO
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| El designado para ocupar la SSP federal recoge cifras de ONG |
En México hay cerca de 460 mil niños y adolescentes en las filas del crimen organizado aunque muchas veces de manera forzada, señaló Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de datos que ha recopilado durante la etapa de transición.
“Diversas organizaciones sociales estiman que hay en el país alrededor de 460 mil niños halcones, armados hasta los dientes, y yo les digo a ustedes que no podemos dejar a esos niños como horizonte de vida una vida de criminalidad”, explicó durante los trabajos que realizó la semana en los foros de pacificación. Durazo ha explicado la cruda realidad que viven varios sectores del país como campesinos , mujeres indígenas y niños o adolescentes que son reclutado por el crimen organizado aprovechando las condiciones de marginación pero también de manera forzada.
Por ello consideró que la amnistía que ha ofrecido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va encaminada en lo inmediato a varios de estos segmentos de la población sobre todo para el sector de niños y adolescentes que son las nuevas generaciones de mexicanos.
A la par, la amnistía, la apuesta del nuevo gobierno es que haya opciones de trabajo, como la formación dual que se analiza en la nota que también se incluye en la edición de hoy de Crónica. “No podemos dejarlos así. No podemos ofrecerles como horizonte de vida una vida de criminalidad. Tenemos que rescatarlos”, aseveró Durazo durante los encuentros con familiares de víctimas de la guerra contra el narco.
baratos y desechables. “Los adolescentes reclutados son desechables, no es que quieran que hagan una carrera criminal, no es que estén buscando que se conviertan en los nuevos capos o que les estén enseñando nuevas técnicas de secuestro sofisticado parara que crezca el negocio;, los usan porque es instrumental en ese momento, porque si algo les sucede no tienen responsabilidad frente a nadie y porque hay impunidad, tan es así que en cada 100 carpetas de investigación en donde un niño, niñas o adolescentes es víctima, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria”, explicó Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
En su informe, “Adolescentes, vulnerabilidad y violencia”, la CNDH advierte que cuando los adolescentes traumatizados violan las leyes y se involucran en actividades delictivas, incluso de manera repetida, ellos aun necesitan y merecen la ayuda por parte de los adultos.
“Los sistemas deben tener la capacidad para reconocer la pesada carga que algunos niños y adolescentes llevan, y ayudarlos a transitar hacia una adultez saludable y productiva, proveyéndoles servicios que tomen en cuenta los daños que les ha provocado el haber estado expuestos a la violencia.
Con mucha frecuencia los sistemas de justicia se apoyan en respuestas punitivas y hacen juicios que resultan tan dañinos como inefectivos para los adolescentes infractores”, estableció.
¡Y arriba el norte! con plan fiscal
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| Carlos Urzúa, próximo titular de la shcp, anuncia que el objetivo es hacer más competitiva la zona norte del paísel objetivo es aumentar la competitividad de la zona, generar más empleos, atraer más inversión y responder a la reforma fiscal de Estados Unidos que también redujo el ISR a sus empresas FOTO: Cuartoscuro/Archivo |
Adrián Arias
VILLAHERMOSA. Pese a sus detractores, el próximo gobierno impulsará la zona norte del país al incentivar el consumo. El plan es reducir el IVA a 8 por ciento y el ISR a 20 por ciento.
Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, aseguró en entrevista exclusiva con El Heraldo de México, que el objetivo es aumentar la competitividad de la zona, generar más empleos, atraer más inversión y responder a la reforma fiscal de Estados Unidos que también redujo el ISR a sus empresas.
¿Es necesario el cambio fiscal?
“El impuesto a empresas en Estados Unidos es de 21 por ciento, entonces nosotros tomamos esta decisión en la zona fronteriza con el fin de ser competitivos, porque sí necesitamos que haya generación de empleo y empresas en México”.
¿Cuál va a ser el resultado?
“Confiamos en que la zona norte tendrá un nuevo dinamismo económico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y vamos a trabajar para que el país en general observe condiciones económicas óptimas, gracias a un gobiernoresponsable en las finanzas públicas”.
La discusión está en que analistas aseguran que esta medida es un arma de doble filo para la economía, pues si bien incentivaría el consumo, las arcas gubernamentales perderían una partida importante de recursos, pero sobre todo se incentivaría la venta ilegal de facturas, como ocurrió en el pasado.
AMLO pretende poner en marcha una Zona Económica Libre en la frontera norte que, además de reducir impuestos, tendría facilidades especiales.
Según Carlos Urzúa, se trata de un espacio de 30 kilómetros que incluye a ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa y aclaró que no es en toda la región fronteriza, como ocurría en 2014.
El hombre que se encargará del manejo de las finanzas públicas del país, quien es uno de los más cercanos al presidente electo y desde hace doce años se subió a la campaña de AMLO, afirmó que no habrá aumento de impuestos durante el sexenio y que en principio los actuales permanecerán como hasta ahora.
En un momento en que el futuro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) pende de un hilo, Carlos Urzúa afirmó que la región de Norteamérica necesita contar con un acuerdo trilateral, debido al nivel de integración que han alcanzado los países de esta zona, por lo que sería “absurdo” romper con la esencia trilateral del tratado.
“Un acuerdo trilateral es lo mejor incluso para Estados Unidos porque la integración que se ha dado en Norteamérica, por ejemplo en la línea de producción de automóviles, ya está dada y es un tanto absurdo que se rompan esas cadenas productivas”, afirmó.
Las declaraciones de Urzúa se dan en un momento en que su jefe, el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador declaró que de no llegar Canadá y EU a un acuerdo, México estará buscando un tratado bilateral con el país de la hoja de maple.
México y EU lograron un acuerdo bilateral para el TLCAN en agosto, pero Canadá no se ha sumado a este pacto debido a diferencias.
¿Qué opina de la resistencia de Canadá para unirse con EU?
“Canadá y Estados Unidos son socios muy importantes para nosotros y la pretensión es que se firme juntos, que los tres renueven el acuerdo de libre comercio; están ahorita en un estira y afloja como en toda negociación, pero hay que esperar”.
Jalisco compra medicinas a precio inflado con fondos del Seguro Popular
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Resultados de la auditoría aplicada al gobierno de Aristóteles Sandoval (PRI).
En medio de persistentes cuestionamientos por manejos irregulares e ineficiencias en los servicios de Salud en Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno estatal pagó con recursos del Seguro Popular medicamentos a sobreprecio, ocasionando un daño a las finanzas públicas por más de 102 millones de pesos y no justificó el pago de otros cinco millones de pesos.
El dato: Al 31 de diciembre de 2017, el gobierno del estado había ejercido 95.4 por ciento de los recursos federales transferidos; al 30 de abril de 2018, el ciento por ciento.
También detectó erogaciones por más de 10 millones de pesos a 213 trabajadores que tenían licencias sin goce de sueldo o habían causado baja temporal o definitiva.
En el caso de los medicamentos comprados a precios inflados, el expediente número 2017-A-14000-15-1013-2018 1013-DS-GF, incluido en el más reciente informe de resultados de la ASF, señala que la entidad, gobernada por el priista Aristóteles Sandoval, no respetó los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Gobierno Federal.
Con ello, precisa, causó un probable “daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $102,207,852 pesos (ciento dos millones, doscientos siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos.)”.
En cuanto a la compra de medicamentos sin comprobantes, el documento indica que, también con recursos del Seguro Popular, se realizó la compra por cinco millones de pesos a una empresa con razón social Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA, respecto de la cual, “se presume un probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,000,000.00 pesos (cinco millones de pesos 00/100 m.n.)”.
En entrevista con La Razón, el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor, afirmó que cuando se detectan anomalías en la aplicación estatal de los recursos federales, a la entidad le frenan el presupuesto en el sector, hasta que compruebe los gastos.
“Los precios los tenemos en una plataforma en internet y tenemos un convenio con el SAT; y cuando los estados quieren adquirir medicamentos, por obligación deben hacerlo a través de este sistema… así que no hay manera que lo desvíen, que gasten por arriba”, sostuvo en principio.
Sin embargo, agregó, si por alguna razón, alguien se aventura a hacer gastos fuera de los conceptos establecidos, nosotros hacemos auditorías al final del año, el 30 de abril del siguiente año; y si no tenemos la comprobación y la satisfacción de lo que establecimos, pues ya no recibe recursos federales”.
En medio de persistentes cuestionamientos por manejos irregulares e ineficiencias en los servicios de Salud en Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno estatal pagó con recursos del Seguro Popular medicamentos a sobreprecio, ocasionando un daño a las finanzas públicas por más de 102 millones de pesos y no justificó el pago de otros cinco millones de pesos.
El dato: Al 31 de diciembre de 2017, el gobierno del estado había ejercido 95.4 por ciento de los recursos federales transferidos; al 30 de abril de 2018, el ciento por ciento.
También detectó erogaciones por más de 10 millones de pesos a 213 trabajadores que tenían licencias sin goce de sueldo o habían causado baja temporal o definitiva.
En el caso de los medicamentos comprados a precios inflados, el expediente número 2017-A-14000-15-1013-2018 1013-DS-GF, incluido en el más reciente informe de resultados de la ASF, señala que la entidad, gobernada por el priista Aristóteles Sandoval, no respetó los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Gobierno Federal.
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En cuanto a la compra de medicamentos sin comprobantes, el documento indica que, también con recursos del Seguro Popular, se realizó la compra por cinco millones de pesos a una empresa con razón social Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA, respecto de la cual, “se presume un probable daño o prejuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,000,000.00 pesos (cinco millones de pesos 00/100 m.n.)”.
En entrevista con La Razón, el comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor, afirmó que cuando se detectan anomalías en la aplicación estatal de los recursos federales, a la entidad le frenan el presupuesto en el sector, hasta que compruebe los gastos.
“Los precios los tenemos en una plataforma en internet y tenemos un convenio con el SAT; y cuando los estados quieren adquirir medicamentos, por obligación deben hacerlo a través de este sistema… así que no hay manera que lo desvíen, que gasten por arriba”, sostuvo en principio.
Sin embargo, agregó, si por alguna razón, alguien se aventura a hacer gastos fuera de los conceptos establecidos, nosotros hacemos auditorías al final del año, el 30 de abril del siguiente año; y si no tenemos la comprobación y la satisfacción de lo que establecimos, pues ya no recibe recursos federales”.
El dato: 213 Trabajadores con licencia se beneficiaron con erogaciones por más de 10 mdp
La otra inconsistencia detectada por la ASF, el pago a trabajadores con licencia o que ya no laboraban, quedó asentado en el número 2017-A-14000-15-1010-06-002 del pliego de observaciones de la auditoría 2017-A-14000-15-1010-2018 1010-DS-GF, el cual establece un presunto daño por 10 millones, doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y siete pesos 01/100 m.n.”.
El pasado 5 de junio, mediante la entrega de algunos documentos, la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco intentó justificar las anomalías reportadas por la ASF; sin embargo, tras hacer la revisión de los mismos, el organismo fiscalizador determinó que éstos no eran suficientes ni pertinentes para solventar las irregularidades.
“La entidad fiscalizada remitió el oficio número SEPAF/DGAI/DAEF/0706/2018 de fecha 5 de junio de 2018… no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados se consideran como no atendidos”, afirmó.
En la actual administración estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Jalisco Antonio Cruces Mada, quien se separó del puesto en octubre de 2017, en medio de cuestionamientos y se vio involucrado en un escándalo más tarde, cuando fue exhibido mediante un video en una discoteca en Cancún, que lo ubicó como el cliente que más había gastado en una noche. El exfuncionario fue suplido por Alfonso Petersen Farah, quien continúa al frente de la dependencia.
A octubre de 2017, la Secretaría de Salud de Jalisco ya tenía pendiente solventar cuatro mil 700 millones de pesos, correspondientes a las cuentas públicas de 2012 a 2016, siendo la principal irregularidad detectada, el mal manejo en el gasto del Seguro Popular.
Leyes secundarias aterrizarán Convenio 98: STPS
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Preocupa a la IP que se permita más de un contrato colectivo por empresa, pero la política del nuevo gobierno no apunta en esa dirección, aseveró Roberto Campa.
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Las dudas del empresariado sobre un mayor poder de los sindicatos a partir de la ratificación mexicana del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se despejarán al definirse las leyes secundarias laborales pendientes en el país, pero hay confianza en que las modificaciones preserven la paz laboral, afirmó Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Aprobado en 1949, el Convenio 98 plantea el compromiso de los países que lo suscriben de proteger el derecho de los trabajadores a la sindicación y a la negociación colectiva.
En los hechos, México ha permitido la constitución de sindicatos y la negociación de contratos colectivos de trabajo desde hace décadas, pero hasta la fecha no existen garantías sobre la democracia sindical y la libre afiliación a los sindicatos.
Ello propicia la existencia de sindicatos sin representatividad que o sirven a los intereses de los patrones socavando las condiciones laborales de sus agremiados, o pasan al extremo de extorsionar a los patrones, como sucede con las amenazas de huelgas decididas bajo medios no democráticos.
Al ratificar el Convenio 98, México se compromete a realizar acciones legislativas para dar lugar a una auténtica democracia sindical, aunque dicho compromiso ya existía, explicó Campa Cifrián, desde el 2017, cuando el Congreso mexicano aprobó la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
“El Artículo 123 (reformado) dice que, para la solución de conflictos entre sindicatos, para la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y para la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto”, citó el titular de la STPS en entrevista radiofónica.
Recordó que la ratificación del Convenio 98 fue planteada por el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde el 2015, lo cual fue posible, a su vez, por la reforma laboral del 2012, en la que se dio muerte a la cláusula de exclusión, que permitía a los sindicatos pedir el despido de los trabajadores que se negaran a afiliarse.
El fin de la cláusula de exclusión abrió la puerta a la democracia sindical, pues se garantiza así la libertad de los trabajadores de decidir pertenecer o no a los sindicatos, sin ser objeto de represalias.
La ratificación del Convenio 98, no obstante, fue objetada por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pues, según su óptica, propiciará que exista más de un sindicato por empresa, lo cual amenaza con perturbar las relaciones laborales.
Campa Cifrián especificó que, más que la multiplicación de sindicatos, lo que preocupa es que pueda existir más de un contrato colectivo por empresa, lo cual “es una preocupación fundada porque las empresas mexicanas tienen malas experiencias en otros países en este tema”.
La posibilidad de que exista esta “multicontratación” dependerá de lo que estipule la legislación secundaria de la reforma en materia de justicia laboral del 2017, que quedó pendiente en la pasada legislatura y deberá ser retomada por la actual.
Sin embargo, expuso, ha externado al CCE que existe confianza en que este tema quede resuelto, pues la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador le ha hecho saber que no tiene intenciones de “transitar por esa línea”.
“Yo he tenido una intensa comunicación con el equipo de transición, y la próxima secretaria del Trabajo (Luisa María Alcalde) me asegura que no hay intención de que la legislación secundaria prevea un esquema de multicontratación”, aseveró.
Al margen de la ratificación del Convenio 98, México se comprometió con Estados Unidos, en el acuerdo en principio anunciado por ambos países el pasado 27 de agosto para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a impulsar acciones legislativas específicas para garantizar la negociación colectiva.
En la negociación comercial, Estados Unidos acusó a México de tener una legislación laboral laxa que favorece salarios deprimidos y, por ende, una competencia desleal de nuestro país por la atracción de inversiones manufactureras.
Comienza recuento total de votos de comicios en Puebla
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| Ayer se llevó a cabo en Puebla el traslado de paquetes electorales, como ordenó el TEPJF. La custodia de la papelería corrió a cargo de elementos del Ejército y de la Policía Federal.Foto Notimex |
Alonso Urrutia
Ayer se realizó el traslado de paquetes electorales correspondientes a las polémicas elecciones de gobernador en Puebla, a efecto de que las salas regionales de Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comiencen esta mañana el recuento total de casillas. El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Puebla entregó los 7 mil 174 paquetes de los 26 distritos en que se divide electoralmente la entidad.
Los resultados oficiales otorgaron el triunfo a la candidata de la alianza Por Puebla al Frente, Martha Éricka Alonso, con una ventaja de 4.04 por ciento sobre el aspirante de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa. Sin embargo, en medio de hechos de violencia el día de la jornada y los subsiguientes, cuestionamientos al papel de los consejeros del IEE y violaciones a la cadena de custodia de las boletas, se impugnaron los comicios para gobernador.
Como parte de los agravios que esgrime Morena destacan: una variación sustancial entre los originales escritos en las actas de escrutinio y cómputo y los resultados del recuento de casillas; irregularidades en las actas de cómputo distrital; omisiones del Tribunal Estatal Electoral (TEE) al pronunciarse sobre violaciones en la cadena de custodia, y desechar las demandas de recuento en los cómputos distritales, entre otros.
De acuerdo con la sentencia del TEPJF, existen deficiencias en la resolución del TEE, además de que la autoridad omitió pronunciarse respecto de la veracidad de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital y consideró los mismos para determinar que no se surtieron los supuestos de procedencia para la realización de un nuevo recuento de votación de la gubernatura de Puebla, por lo que para el TEPJF queda patente que tal resolución vulnera el principio de congruencia externa que alberga el artículo 17 de la Constitución federal.
Entre los factores que llevaron al TEPJF a ordenar el recuento total destacan: incongruencia entre las casillas que se ordenaron recontar y los resultados plasmados en cada una; no se especificaron las casillas ni sus resultados en varios distritos, y no se asentaron los resultados de las casillas objeto de recuento, entre otros.
Elecciones atípicas
Las elecciones de gobernador en Puebla fueron atípicas en función de los resultados de los seis comicios que se realizaron en la entidad. La alianza de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y dos partidos locales sólo logró la victoria en esta polémica elección: un millón 152 mil 276 votos para Alonso y un millón 27 mil 429 de Barbosa, esto es, una diferencia de 124 mil 847.
Un desenlace contrario al resto: en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador alcanzó un millón 754 mil sufragios, contra los 618 mil 397 del panista Ricardo Anaya Cortés, es decir, un millón 361 mil 199 votos de ventaja; para el Senado, la alianza Juntos Haremos Historia alcanzó un millón 440 mil 489, y Por México al Frente sólo 776 mil 758 , es decir, una diferencia de 663 mil 731, y en diputados federales la suma de votación fue de un millón 380 mil 381 para Juntos Haremos Historia y sólo 811 mil 337 para Por México al Frente, lo que implicó que 14 de los 15 distritos, los ganara la alianza de izquierda.
En las elecciones para diputados locales, la mayoría obtenida por Juntos Haremos Historia sólo confirmó el comportamiento que se dio a escala federal: logró un millón 188 mil 566 sufragios, frente a los 956 mil 628 que en conjunto sumaron los partidos que conformaron el frente.
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