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| Foto: REFORMA |
Jesús Guerrero
Chilpancingo, Guerrero
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| Las zonas de civiles armados en Guerrero |
Grupos armados operan sin control en 36 de los 81 municipios del Estado de Guerrero.
Asentadas principalmente en comunidades dominadas por el crimen organizado y disfrazadas, la mayoría, como Policías comunitarias, estas agrupaciones han proliferado en los últimos siete años, sobre todo en la zona de la Montaña, Tierra Caliente y Centro, que son regiones de disputa del narco.
Tres Gobernadores han sido incapaces de frenar la expansión de estos grupos, cuyos integrantes portan en muchas ocasiones armas de alto poder de uso restringido para las Fuerzas Armadas.
Conforme a un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, estos grupos han crecido bajo las Administraciones de los perredistas Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, así como del priista Héctor Astudillo.
Algunos han desaparecido luego de ser detenidos sus cabecillas por vínculos con el crimen organizado.
Dichos grupos tienen bajo su control los territorios y los caminos de acceso a las regiones guerrerenses. Instalan retenes, extorsionan y colaboran como brazos de cárteles. Otros controlan el acceso a minas.
La mayoría de estas agrupaciones delictivas, cuyo número de integrantes oficialmente se desconoce, se encuentra diseminada en zonas de alta incidencia de la siembra y el trasiego de estupefacientes.
Durante los Gobiernos que encabezaron Ángel Aguirre, quien permaneció en el cargo 44 meses, y Rogelio Ortega, 12 meses, nacieron 10 grupos armados que se autoidentificaron como Policías comunitarias.
Cuando el priista Héctor Astudillo llegó al Gobierno -en octubre del 2015-, había estas 10 agrupaciones, además de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que surgió en 1995 en San Luis Acatlán.
Así, a punto de cumplirse tres años del Gobierno de Astudillo, se han creado otros ocho grupos de autodefensa.
Entre otros, Tecampanera de Teloloapan, Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), CRAC-PC Pueblos Fundadores -que se encuentra en los Municipios de Chilapa y Malinaltepec-, Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, en Zihuatanejo, y la denominada Policía Comunitaria de Tepecuacuilco.
Ahora, con la aprobación de la reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado, el Gobierno local no sólo busca regular a estas agrupaciones armadas civiles, sino que ya no las reconoce como policías comunitarias como lo establecía la Ley 701, impulsada por la Administración del perredista Zeferino Torreblanca Galindo.
En el texto de la iniciativa avalada por el Congreso la semana pasada, se reconocen los sistemas normativos indígenas y afroamexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia para la solución de los conflictos internos de sus comunidades.
Indica que se van a regular los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueces y tribunales competentes de conformidad con el orden jurídico estatal y federal.
Se admite a la CRAC como una verdadera Policía comunitaria porque en su integración interviene de manera directa la sociedad en el control de las actividades de seguridad pública en la comunidad.
Señala que el problema comienza cuando los principios comunitarios se ven corrompidos por los intereses de unos cuantos, que encubiertos bajo el manto de Policías comunitarias se internan en una carrera por el control del territorio, dejando a un lado la participación de la comunidad e imponiendo el autoritarismo.
"Estas nocivas prácticas seguidas por los grupos en pugna para expandir sus siglas por el territorio sólo han dañado el buen trabajo que han seguido las verdaderas Policías comunitarias como los de la CRAC, que han logrado disminuir los índices de violencia en los lugares que tienen presencia", advierte.
El Gobernador Astudillo rechazó que esta reforma constitucional tenga como objetivo desaparecer a las Policías comunitarias, sino que se regulen.
Reforma
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