Solicitan en Trife 6 blindadas más
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| El tribunal tiene camionetas blindadas, pero dice que son obsoletas. Foto: Archivo |
Víctor Fuentes
Cd. de México
Los Magistrados electorales quieren seis camionetas nuevas, blindadas y que cuestan en conjunto 13 millones 500 mil pesos.
Su argumento es que esos autos son necesarios para garantizar su "independencia" y porque se sienten inseguros en su trabajo.
Los Magistrados -quienes ganan poco más de 4 millones de pesos anualmente- han estado en el ojo del huracán tras decisiones polémicas, como la de ordenar el registro de Jaime Rodríguez, "El Bronco", como candidato a la Presidencia a pesar de que el INE le comprobara que las firmas de apoyo de su candidatura fueron obtenidas de forma fraudulenta.
Dicha decisión puso en duda la independencia de por lo menos cuatro Magistrados del Trife.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) solicitó al Consejo de la Judicatura Federal un "préstamo temporal a título gratuito" hasta el 31 de diciembre de 2018 de seis camionetas blindadas para los Magistrados de su Sala Superior similares a las que se asignan a juzgadores que llevan casos penales de alto riesgo.
El Tribunal arguyó que, si bien en sus estacionamientos tiene camionetas blindadas, éstas están "obsoletas".
"En consideración a la necesidad de brindar las medidas de máxima seguridad a los Magistrados del Tribunal Electoral, se ha realizado la revisión del parque vehicular consistente en camionetas blindadas, llegando a la convicción de que se encuentran en estado de obsolescencia", explica en un oficio del 9 de marzo el secretario administrativo del TEPJF, Jorge Enrique Mata.
Agregó que, con las camionetas solicitadas, "el Tribunal Electoral podrá brindar a sus Magistrados las medidas de seguridad a fin de garantizar la independencia y autonomía en sus determinaciones, dada la complejidad del entorno que se presenta en los procesos electorales a realizarse".
Entre 2016 y 2017, el Consejo de la Judicatura gastó 319 millones de pesos del dinero de los mexicanos para comprar 141 camionetas Suburban y Tahoe con blindaje nivel 5, capaz de soportar ataques con fusiles de asalto calibre 7.62, que han sido asignadas a jueces y Magistrados que llevan casos penales en al menos ocho ciudades.
Con este antecedente, el costo de las camionetas blindadas para los Magistrados electorales sería de unos 13.5 millones de pesos, equivalentes a 21 por ciento de los 64.3 millones de pesos asignados a la Sala Superior para el rubro "bienes muebles, inmuebles e intangibles" en el Presupuesto 2018.
Pasan charola a nombre del PRI; hay 14 denuncias por intento de fraude
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| Foto: Pixabay |
Iván E. Saldaña
CIUDAD DE MÉXICO.
El PRI denunció que alcaldes, militantes y empresarios han padecido intentos de fraude por parte de personas que se hacen pasar por dirigentes del partido, para solicitarles dinero en apoyo a la campaña de José Antonio Meade.
Carolina Viggiano, secretaria Jurídica y de Transparencia del tricolor, informó que de 2016 a la fecha han recibido 14 denuncias en 12 estados sobre este falso pase de charola.
No todas (las denuncias) especifican la cantidad (que se pide). La mayoría solicita dos millones de pesos, dos y medio; incluso algunos 200 mil, 100 mil pesos. Se nota que solicitan recursos de acuerdo a las posibilidades de la víctima”, detalló a Excélsior.
Viggiano aclaró que estas denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades correspondientes. No descartó que la oposición utilice esta práctica con fines políticos, “desprestigiar al partido o para escandalizar”.
Varios periódicos publicaron el miércoles un desplegado, firmado por la dirigencia del PRI, para alertar sobre la supuesta campaña recaudadora.
Es falso el pase de charola, dice PRI
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ha recibido nuevas denuncias de militantes, empresarios y presidentes municipales por intentos de engaño o extorsión por parte de personas que vía telefónica fingen ser el presidente del partido, Enrique Ochoa, u otros líderes priistas, solicitando apoyos económicos para la campaña del candidato presidencial José Antonio Meade.
Carolina Viggiano, secretaria Jurídica y de Transparencia del PRI, explicó que de 2016 a la fecha llevan registradas 14 denuncias que provienen de 12 estados, todas relacionadas a la coyuntura electoral; rechazó que el partido esté “pasando la charola”.
“No todas (las denuncias) especifican cantidad, pero hay variables; la mayoría de ellos solicitan dos millones de pesos, dos y medio, incluso, algunos, 200 mil pesos, 100 mil pesos. Son variables las cantidades. Se nota que solicitan recursos de acuerdo a las posibilidades de que la víctima podría darlos, dada su convicción económica o de más”, dijo a Excélsior.
Las denuncias de hechos de los agraviados, “empresas importantes del país o incluso alcaldías”, ya fueron presentadas ante las autoridades correspondientes con la gestión de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del PRI.
Los estados en donde se han presentado son Veracruz, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Durango, Querétaro e Hidalgo, así como la Ciudad de México.
Quieren que se depositen a ciertas cuentas bancarias para poder apoyar al partido”, agregó.
La exprimera dama de Coahuila no descartó que partidos de oposición utilicen esta práctica con fines políticos, empero, dijo, “no sabemos si alguien lo intente hacer para desprestigiar al partido o para escandalizar, como es muy común en estos días”.
En 2017, a través de desplegados en medios impresos y comunicados, el PRI advirtió de los engaños y extorsiones telefónicas que aprovecharon las elecciones locales en cinco estados. Desde entonces se manejó el nombre de Arturo Ruiz Escalona como uno de los presuntos extorsionadores, sin embargo, Viaggiano Austria aclaró que, a pesar de que las autoridades ya tienen conocimiento de este personaje, todavía no han podido identificar su existencia.
Mientras tanto, el partido tiene conocimiento de que las personas que “buscan engañar a la población” consiguen datos personales de los afines al PRI, como número de celular y correo electrónico, entre otros, y luego les solicitan dinero en nombre del partido.
Yo les pido a nombre del Comité Nacional que todos los que reciban una llamada, comunicación electrónica para solicitarles recursos —porque luego lo hacen por Whatsapp—, que no lo tomen real, que es falso. Incluso intentan poder hacer las voces como la del presidente Ochoa o de algún otro compañero de partido, para poder engañar a las gentes con las que habla vía telefónica”, explicó.
El pasado miércoles, en diversos periódicos se publicó un desplegado firmado por Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, líder y secretaria general del PRI, respectivamente, para advertir que “es falso que el PRI esté haciendo campaña para recaudar recursos. Falso quien diga que está autorizado para pedir dinero a nombre del PRI, de su candidato presidencial o de algún otro candidato o candidata”.
También invita a la población a que denuncie a quien pida recursos a nombre del PRI a cualquier persona, sector empresarial o comercial, en el teléfono 51402121 y al correo electrónico secretaria.juridica@pri.org.mx.
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EN SLP. En junio de 2017, en San Luis Potosí se dio a conocer un video que puso al descubierto una presunta extorsión a alcaldes por parte de diputados. En él se aprecia la conversación de un legislador con el alcalde de Ébano a quien le ofrecen limpiar observaciones de la Auditoría Superior del Estado a cambio de un 10% de las irregularidades detectadas. Tanto el PRI como el PAN demandaron investigar los hechos.
DEUDAS. El 21 de abril de 2017 el entonces gobernador de Morelos y presidente de la Conago, Graco Ramírez, denunció que algunos despachos contables se acercan a los mandatarios para, a cambio de porcentajes, les prometen “gran eficiencia fiscal” en el manejo de los recursos mediante el uso de una cuenta concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos, pero que terminan en desvío de recursos, entre otros delitos.
Con candidatos, ni pleito ni romance: Coparmex
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| Representantes de diversos organismos firmaron un convenio de colaboración con el INE. (Galo Cañas/Cuartoscuro) |
Carolina Rivera y Frida Lara
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró que el sector privado se mantiene apartidista, por lo que no hay vetos ni romance con ningún candidato.
“En el sector privado no tenemos ni filias ni fobias por ningún partido, tampoco tenemos ningún candidato consentido, ni mucho menos un candidato vetado y desde luego que no tenemos ningún pleito cazado, ningún romance acordado con ninguno de los candidatos”, aclaró.
No obstante, consideró que es infructuoso seguir debatiendo sobre el nuevo aeropuerto, cuando hay otros temas igual o hasta más importantes sobre los que deben pronunciarse los candidatos presidenciales.
Durante la firma de un convenio de colaboración con el INE, el presidente del a Coparmex hizo un llamado para avanzar hacia otros temas como aquellos que tienen que ver con el estado de derecho.
“Ante lo abundante de la discusión de este tema y estando plenamente convencidos que la agenda pública del país va mucho más allá de obra e infraestructura empecemos a exigir a los candidatos que discutan sobe otros temas”, dijo.
Agregó que para la Coparmex es de gran importancia que se discuta a profundidad los temas de corrupción, impunidad e inseguridad, por lo que adelantó que junto con diversas organizaciones buscarán concretar un debate presidencial el próximo 21 de junio.
En este sentido detalló que durante las campañas se trabajara para que se realicen 20 debates entre quienes aspiren a alguna alcaldía, a las gubernaturas y a la jefatura de Gobierno.
Asimismo, señaló que la Coparmex también se reunirá los próximos días con los equipos técnicos de los candidatos a la Presidencia para abordar diversos temas relacionadas con las plataformas de los abanderados
De Hoyos recordó que la Coparmex también ha presentado un manifiesto México, que incluye siete temas fundamentales sobre los que han solicitado ya a los candidatos que se pronuncien de forma clara y contundente.
Con ello, agregó, queda claro que la Coparmex estará atenta no solo a los temas empresariales, ya que lo que se busca es un México justo para todos y con oportunidades por igual.
Finalmente y ante la presencia del consejero presidente, Lorenzo Córdova, De Hoyos refrendó su compromiso con el INE para trabajar en la defensa de la autonomía de la institución durante el proceso electoral.
El presidente de la Coparmex afirmó que hay temas más importantes por tratar en la agenda pública que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
“Para la Coparmex el aeropuerto es una obra estratégica y estamos seguros de que se va a construir. El debate en este tema me parece que ha sido suficientemente explorado”, dijo.
APLICACIÓN MÓVIL
El INE someterá la aplicación móvil para recabar apoyo ciudadano a una auditoria informática para concluir con la controversia y polémica que se generó tras detectar el fraude de firmas en que incurrieron los aspirantes independientes.
Durante la firma de convenio con la Coparmex, Córdova Vianello señaló que con esta acción se busca demostrar la integridad del sistema y así eliminar cualquier duda que exista sobre su eficacia.
Se prevé que analice inicialmente determinar si es posible que el INE manipule el expediente electrónico que se remite desde la aplicación que utilizó cada auxiliar para recabar las firmas de apoyo.
Universidades a candidatos: no más de lo mismo
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) demanda diseñar una política de Estado enfocada en el desarrollo de la educación superior, puesto que generar 127 mil nuevos lugares para los jóvenes al año resulta insuficiente. Propone que las oportunidades educativas pasen de 37% en 2018 a 50% en 2024.
Sobre el déficit, crisis y desequilibrio financiero que “ha alcanzado situaciones insostenibles” en algunas instituciones, por los esquemas de jubilación y pensiones, se sugiere contar con “apoyos financieros emergentes” para tener universidades sanas en seis años.
En Visión y Acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México. Diseño y concertación de políticas públicas para impulsar el cambio institucional, documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL en su última versión de trabajo, los rectores plantean “un cambio estructural” del sistema a partir de cinco ejes: gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento.
Las líneas de política se presentarán a los candidatos a ocupar la Presidencia de la República en la reunión que se ha pactado con ellos los próximos días 3 y 4 de mayo. Ahí los rectores afirman que “ya no es suficiente hacer más de lo mismo, incorporando sólo algunas mejoras. El reto es actuar de manera innovadora y creativa al servicio de la sociedad, de los estudiantes y de las comunidades locales”.
En el mensaje de presentación del documento, que hace un diagnóstico de la situación del sistema, el secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda, enfatiza sobre ello: “Estamos convencidos de que ya no es suficiente continuar haciendo mejor y más de lo mismo. Tenemos que repensar nuestro proyecto educativo”, afirma.
Reconoce que se han hecho importantes esfuerzos en el país para incrementar la cobertura educativa; “sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer, ya que advertimos signos de rezago respecto a los promedios internacionales”.
Advierte que “el desarrollo del futuro del país depende de las decisiones que tomemos ahora”, y para ello lanza la invitación para construir una agenda estratégica para mejorar “significativamente la calidad de la educación”.
Las iniciativas
Sobre los cinco ejes el documento indica que se requiere un marco normativo moderno y un renovado diseño organizacional, que facilite la movilidad y mejore los niveles de gobernanza; que se establezca un acuerdo entre los gobiernos federal, estatal y las instituciones para ampliar la oferta educativa, pero también para reducir la deserción.
De la propuesta general de los rectores, destaca la creación de un sistema nacional para la evaluación y acreditación de la educación, y que sean las instituciones las que promuevan el desarrollo regional y una “sociedad más próspera, democrática y justa”, además de que se concerte una nueva política de financiamiento con visión de Estado que dé certeza a las instituciones.
En el objetivo 4.5 de la propuesta sobre la certeza jurídica y presupuestal, los rectores afirman que “el Estado será el principal responsable del financiamiento de la educación superior y se alentará la inversión complementaria de particulares”.
Se impulsará la diversificación de fuentes de financiamiento, se procurará una mayor corresponsabilidad en las aportaciones de los gobiernos estatales y se “diseñará una estrategia de alcance nacional para resolver a mediano plazo de manera definitiva el déficit financiero y los problemas estructurales que aquejan a las instituciones públicas de educación superior, particularmente en los asociados al reconocimiento de las plantillas académicas y administrativas y a los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales”.
Los retos
Ello implica actualizar por año los estudios actuariales de los sistemas de pensiones de las universidades estatales y “completar en 2019 los diagnósticos de las universidades públicas estatales que hayan acordado con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales participar en un programa de apoyo financiero y reordenamiento”.
Los rectores asumen que la situaciones deficitarias son “resultado de prácticas poco responsables de las autoridades universitarias, de las organizaciones gremiales y de las propias administraciones estatales, al haber pactado prestaciones laborales por encima de lo establecido en la ley”.
Otra de las razones de la situación financiera, argumentan, es que el crecimiento de la matrícula y con ello las obligaciones laborales, la creación de plantillas de profesores ha provocado que alrededor de la mitad de las instituciones opere con algún grado de déficit que las lleva a negociaciones cíclicas ante la secretarías de Educación Pública, de Hacienda, de los congresos estatales y el federal, además de los gobiernos locales.
Más discrepancias
Una discrepancia más del presupuesto es su desarticulación con el crecimiento de espacios educativos. La expansión muestra que mientras de 2009 a 2016 la matrícula creció 51%, el gasto federal aumentó 18%, lo que impactó en el promedio del gasto por alumno.
La inequidad en la inversión por alumno va desde los 118 mil pesos que en promedio reciben instituciones federales como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 56 mil pesos en el caso de las universidades estatales; 37 mil pesos los institutos tecnológicos federales; 29 mil pesos para los descentralizados y 24 mil pesos para las universidades tecnológicas y las politécnicas.
Para garantizar la certeza de operación, insisten en crear un esquema plurianual presupuestario para la educación superior, bajo lo que denominan un “nuevo pacto para el financiamiento”.
El propósito de la iniciativa, señala ANUIES, es participar de forma activa “en la construcción de un proyecto de nación que incida en la solución de los grandes problemas nacionales y contribuya, a su vez, al desarrollo sustentable, a reducir la desigualdad social, a aumentar la competitividad y erradicar la pobreza que lacera a millones de mexicanos”.
Para impulsar la educación de equidad y calidad proponen distribuir becas a todos los estudiantes de instituciones públicas, “provenientes de hogares situados en los cuatro primeros deciles de ingreso monetario (...), cuyo monto les permita permanecer y concluir con sus estudios en condiciones de equidad”.
Sobre las oportunidades educativas para los jóvenes, el documento plantea la necesidad de que al cierre del próximo sexenio la cobertura en este nivel educativo pase de 37% en 2018 a 50% en 2024 y a 60% en 2030.
“En 2024 alcanzar una tasa bruta de cobertura de 50% a nivel nacional, con una disminución gradual de las brechas interestatales [y] una tasa bruta de cobertura para los estudiantes provenientes de hogares en los primeros cuatro deciles de ingreso monetario de 22%, con especial atención a la población indígena”, señala.
También propone reinstalar las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (Coepes) para coordinar la creación de nuevas instituciones, junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores que impulsen el desarrollo social y económico de las regiones, y la creación de un espacio para el reconocimiento de planes de estudios.
Revelan compra de inmueble de Amado Carillo Jr. por A. Durazo
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| Alfonso DurazoFuente: tomada de @AlfonsoDurazo |
Alfonso Durazo Montaño, uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y presentado como el “próximo secretario de Seguridad Pública Federal”, compró una propiedad de lujo con vista al mar a Amado Carrillo Barragán, hijo del difunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Dicho inmueble, ubicado en Bahía de Kino, Sonora, fue adquirido en febrero de 2012 a través de la 'Inmobiliaria Alta Sierra', de la cual Durazo Montaño se ostentó como administrador único y director general de la empresa.
Según la escritura pública 5904, cuya copia posee El Financiero, Durazo Montaño, quien sería responsable de la seguridad pública en el país en caso de que López Obrador gane la Presidencia, pagó dos millones de pesos por la propiedad.
El inmueble es un lote de terreno urbano, con una construcción, que se localiza en una zona de lujo, en avenida Mar de Cortés, del Fraccionamiento Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora.
Según los documentos, el predio tiene una superficie de 350 metros cuadrados y se encuentra debidamente registrado ante las autoridades, con clave catastral 360022090002 y registro público de la propiedad 203865.
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En dicho avalúo, que sirvió para la compra-venta del inmueble, se advierte que al momento de la compra tenía una antigüedad de 18 años y está localizada en una vialidad principal y cuenta con todos los servicios.
La propiedad tiene azulejos en muros de baños, losetas cerámicas, puertas de madera, acabados en aluminio y chapas de seguridad.
Registros oficiales revelan que la compra-venta de la propiedad se formalizó en la Notaría Pública número 4 de la ciudad de Hermosillo, cuyo titular, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dio por cubiertos todos los requisitos presentados.
De acuerdo con lo declarado por el propio Carrillo Barragán, el inmueble lo adquirió a través de su padre, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y su madre Sonia Barragán Pérez, cuando él aún era menor de edad.
La escritura de aquella transacción data de noviembre de 1988, según consta en los documentos que el mismo Carrillo Barragán presentó para finiquitar la transacción inmobiliaria.
En la transacción Carrillo Barragán, originario de Guadalajara, Jalisco, y actualmente de 32 años, y quien dijo ser comerciante, estuvo asesorado en todo momento por Gabriel Mendoza Gutiérrez, su apoderado y representante legal para pleitos y cobranzas.
Para ello presentó un poder público otorgado por Carrillo Barragán y firmado el 1 de febrero de 2012, ante el notario público número 43, Antonio Jaime Reynoso, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
La empresa de Durazo, 'Inmobiliaria Alta Sierra', no se creó exprofeso para esta transacción, sino que se había fundado desde 1994.
Entonces los accionistas eran Pablo Humberto Durazo Montaño, Luis Carlos Valencia Samaniego, María Gabriela Chávez Murillo, Juventino Romero Buelna y María Irene Chávez Murillo. Aunque en el acta constitutiva no aparece con acciones de la empresa, en asamblea general ordinaria de accionistas, celebrada el 6 de octubre de 2004, se designó a Durazo Montaño como administrador único y director general.
Dicho nombramiento quedó registrado ante el notario público 57, Jesús Manuel Ortiz, en Culiacán, Sinaloa. Ya como titular de la empresa, Durazo Montaño formalizó la adquisición al hijo del Señor de los Cielos.
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Durazo forma parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien en enero pasado anunció su inclusión en su gabinete en materia de seguridad, en caso de ganar la Presidencia.
Nació el 11 de julio de 1954 en Bavispe, Sonora, y con dos licenciaturas, una en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otra en Ingeniería Civil por la UNAM.
Años atrás, en 2003, el suegro de Durazo, Jorge Julián Chávez Castro, fue ejecutado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde fue coordinador General del Consejo de Seguridad Pública, y exprocurador de Justicia del estado.
En tanto, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, es sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los pioneros del narcotráfico en México.
En la década de los 90, El Señor de los Cielos, al frente del Cártel de Juárez, se posicionó gracias a su habilidad para el trasiego de droga por la vía área y se le identificó como socio del colombiano Pablo Escobar.
Cuando estaba en lo alto de su carrera delictiva, el 4 de julio de 1997, hace ya más de 20 años, se anunció de manera sorpresiva su muerte, la cual ocurrió en un hospital de la Ciudad de México donde se sometía a una cirugía plástica para modificar su fisonomía.
Sobre su hijo Amado se tuvo noticias en agosto de 2015, cuando, gracias al amparo 637/2015 que promovió en un juzgado de la Ciudad de México, se supo de la posible intención de la PGR de detener al heredero del Señor de Los Cielos.
Avanza en Cámara de Diputados eliminación de fuero, incluido el presidente
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma la Constitución para eliminar el fuero al Presidente de la República y servidores públicos que gozan de esa figura constitucional.
Por unanimidad, el documento también elimina la figura de juicio de procedencia y durante los posicionamientos se mantuvo la discusión de los partidos por la paternidad de la propuesta que ofertó el candidato presidencial de Todos por México, José Antonio Meade, con el respaldo de sus partidos aliados, PRI, PVEM y Nueva Alianza.
En la comisión se dictaminó en conjunto 32 iniciativas en la materia que se ha presentado desde el 4 de noviembre de 2015 por diputados del PRD, Encuentro Social, PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PVEM y Nueva Alianza .
El coordinador de la bancada de Morena, Virgilio Caballero, indicó que si bien todos participaron, fueron ellos quien abrieron paso a la discusión, sin embargo Movimiento Ciudadano afirmó que fue logro de la ciudadanía.
En tanto, Jorge Triana, de Acción Nacional, afirmó que no existe motivo para agenciarse la propuesta. Sin embargo el priísta Braulio Guerra indicó que la paternidad es del PRI incluso comentó está en el dictamen el ADN de este partido.
A su vez, Agustín Basave, del Partido de la Revolución Democrática, celebró que se haya avalado el dictamen e hizo un llamado al Senado y a todos los congresos estatales para que se haga realidad la eliminación del fuero.
Pasa la Ley Meade que quita fuero hasta al Presidente
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| Diputados avalan de forma unánime la reforma para retirar inmunidad. Foto: Cuartoscuro |
Antonio López Cruz
De manera histórica, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma ocho artículos de la Constitución, para retirar el fuero a todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.
Aunque desde el 2015 más de 30 iniciativas de todos los partidos, relativas a quitar la inmunidad, estaban atoradas en San Lázaro, la discusión se reactivó la semana pasada cuando el coordinador de los diputados del PRI, Carlos Iriarte, presentó la propuesta de su candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, donde incluyó sujetar a juicio político al jefe del Ejecutivo federal, que hasta ahora sólo podía ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Con estas reformas a la Carta Magna, se señala que también se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y concejales.
“Ahora, desde la punta de la pirámide, hasta el último funcionario, podrá ser vinculado a proceso sin importar su cargo”, señaló en tribuna el diputado priista Braulio Mario Guerra y aseguró que con la aprobación de estas modificaciones, se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados.
El documento enviado al Senado de la República elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si hay o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.
También destaca que en el caso de que un juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o, bien, termine el periodo para el cual fue electo o nombrado. Gráfico: La Razón de México
Se precisa además, que para salvaguardar las opiniones que manifiesten los legisladores en el desempeño de su encargo, se mantendrá intacto el primer párrafo del artículo 61, de tal forma que los legisladores del Congreso de la Unión, mantienen una garantía Constitucional que les permita ejercer su función con independencia y con autonomía; no obstante, se suprime el segundo párrafo, sobre la referencia al fuero Constitucional.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez, dijo que con estos cambios los legisladores cumplen con una “deuda histórica” y el reclamo social en cuanto a la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. “Todos tenemos los mismos derechos”, afirmó.
Aunque desde el 2015 más de 30 iniciativas de todos los partidos, relativas a quitar la inmunidad, estaban atoradas en San Lázaro, la discusión se reactivó la semana pasada cuando el coordinador de los diputados del PRI, Carlos Iriarte, presentó la propuesta de su candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, donde incluyó sujetar a juicio político al jefe del Ejecutivo federal, que hasta ahora sólo podía ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Con estas reformas a la Carta Magna, se señala que también se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y concejales.
“Ahora, desde la punta de la pirámide, hasta el último funcionario, podrá ser vinculado a proceso sin importar su cargo”, señaló en tribuna el diputado priista Braulio Mario Guerra y aseguró que con la aprobación de estas modificaciones, se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados.
El documento enviado al Senado de la República elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si hay o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.
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Se precisa además, que para salvaguardar las opiniones que manifiesten los legisladores en el desempeño de su encargo, se mantendrá intacto el primer párrafo del artículo 61, de tal forma que los legisladores del Congreso de la Unión, mantienen una garantía Constitucional que les permita ejercer su función con independencia y con autonomía; no obstante, se suprime el segundo párrafo, sobre la referencia al fuero Constitucional.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordóñez, dijo que con estos cambios los legisladores cumplen con una “deuda histórica” y el reclamo social en cuanto a la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. “Todos tenemos los mismos derechos”, afirmó.
El Dato: El pasado 12 de abril, PRI, PVEM y NA presentaron la iniciativa impulsada por su abanderado presidencial, José Antonio Meade.
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La minuta modifica los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política. Al respecto, el panista José Hernán Cortés dijo que por fin el Presidente de la República deja de ser intocable, se incluye para que sea motivo de juicio político y por fin se escucha el clamor ciudadano. “Sin duda, ésta será la iniciativa más emblemática de esta legislatura”. Gráfico: La Razón de México
Por su parte, el diputado perredista, Francisco Martínez Neri afirmó que la reforma significa un avance en materia de combate a la corrupción e impunidad. “Nunca más un Duarte, ni un Moreira, ni un gobernador prófugo por acumular riquezas injustificables”, sentenció.
Estas palabras fueron respaldadas por Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza. “Hoy estamos dando la cara a la sociedad sabiendo que hemos cumplido. Hasta el Presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político, no habrá más impunidad”, concluyó.
EU retira los salarios de discusión de reglas de origen
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Una alternativa es un requerimiento de contenido regional de 70% a aplicarse en cinco años y otra, un componente de 75% a implementarse en 10 años y con una lista de rastreo de 100%, revelaron fuentes.
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Estados Unidos flexibilizó su postura en reglas de origen automotriz durante la reunión de ministros en Washington, donde optó por quitar de la mesa el componente de igualar salarios en la industria para determinar el contenido regional de la fabricación de un vehículo o autoparte, y fijó elevar la regla de 62.5% a 70 y 75%, dependiendo el caso.
Los negociadores que definen la modernización del TLCAN discutieron dos propuestas de regla de origen automotriz: fijar 75% de contenido regional, con un rastreo de componentes e implementarla en un plazo de 10 años para dar un periodo de transición a la industria de realizar ajustes.
Durante la reunión de los secretarios de Comercio y Relaciones Exteriores de México, Estados Unidos y Canadá que se llevó a cabo este jueves, también se puso en la mesa la opción para incrementar a 70% el contenido regional sin posibilidad de rastreo con un plazo de entrada en vigor de 5 años.
Fuentes allegadas a la negociación celebraron la nueva propuesta de reglas de origen automotriz, con lo cual se da paso a destrabar uno de los temas álgidos del proceso de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La postura de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) es no incrementar el porcentaje de contenido regional, más allá del vigente de 62.5%, las fuentes consultadas expresaron que sí existe espacio para elevar la regla hasta 75%, siempre y cuando se permita al sector automotor de las tres naciones un periodo de transición para que ajuste producción e inversiones.
El TLCAN original permitió a la industria pasar de un contenido regional de 50% a 62.5%, en un periodo de ocho años, y el sector sigue siendo altamente competitivo.
A decir de expertos automotrices, la lista de rastreo (que consiste en revisar el contenido regional del auto, esos componentes deben ser checados por el proveedor para garantizar el contenido) debe conservarse e incorporar nuevos componentes acordes a la manufactura con nuevas tecnologías y el auto del futuro.
No obstante, el tema de eliminar el rastreo al contenido regional está dividido entre la industria, porque algunos importan componentes no se producen en la región y los traen a menores costos, pero mantener la lista podría llevar al regreso de fabricantes de autopartes a Norteamérica.
La propuesta se sigue discutiendo, pero el haber eliminado la metodología de que 30% de los componentes de un vehículo fabricado en Norteamérica provenga de una zona donde se paguen de 15 a 19 dólares por hora a los trabajadores, en promedio, a la regla de origen automotriz, es un gran avance, porque también se eliminan las 5 o 3 categorías de subsectores que se crearon para determinar el contenido.
Tanto el gobierno mexicano como el sector privado afirmaban que incorporar un salario de 15 dólares la hora a la regla de origen podría ser conflictivo, debido a que el salario nominal en la industria de manufacturas en México es de 2.3 dólares la hora, cuando en Estados Unidos y Canadá es de 21.34 dólares y 25.96 dólares, respectivamente. “Se están encontrando soluciones, por lo que se acelera el ritmo del cierre de los capítulos para que en las próximas dos semanas se firme el acuerdo base del TLCAN”, mencionó la fuente.
prohíben monopolios en el tlcan
Cierran capítulo de telecomunicaciones
México, Estados Unidos y Canadá cerraron las negociaciones del capítulo de telecomunicaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el cual se establece la prohibición de los monopolios en el sector, informaron fuentes. Los tres países reconocieron como un hecho que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda determinar las tarifas del sector, y no el Congreso mexicano.
Esta última facultad fue reconocida como un derecho de México de establecer sus propias leyes en la materia, el cual quedó jurídicamente consolidado tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El nuevo capítulo en esta materia incluye normas sobre telecomunicaciones móviles y tarifas de roaming internacional, a la vez que permite a las empresas transmitir datos entre fronteras.
El TLCAN vigente no prohíbe a una parte mantener un proveedor monopólico de redes o servicios públicos, como Telmex, la compañía de telecomunicaciones dominante en México. No ha quedado claro el resultado de la petición de los negociadores de Estados Unidos sobre liberalización del sector de telecomunicaciones canadiense, en donde se restringe la propiedad extranjera. Canadá impone asimismo restricciones sobre la difusión y distribución de contenido de origen canadiense.
El TLCAN otorgó una “carta de derechos” para los proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones; conexión a líneas privadas que reflejen los costos económicos y estén disponibles sobre la base de un precio fijo, y el derecho a elegir, comprar o arrendar el equipo terminal que mejor se adapte a sus necesidades.
También el TLCAN consolidaría los principales cambios derivados de la reforma al sector de telecomunicaciones y radiodifusión de México. (Roberto Morales)
Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional por lavado de dinero
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Aparece en listado de Thomson Reuters, utilizado por 49 de los 50 bancos más importantes
Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional por lavado de dinero
Redacción
Manuel Barreiro Castañeda, el empresario y financiero señalado de estar detrás de la operación por la que el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro, aparece en una base de datos internacional de personas bajo investigación por lavado de dinero, de acuerdo con información en poder de La Jornada.
En el listado, elaborado por la firma internacional Thomson Reuters, Barreiro Castañeda es calificado como un socio cercano del candidato Ricardo Anaya Cortés.
Barreiro Castañeda fue incluido, el 2 de marzo pasado, en el listado World-Check One, elaborado por Thomson Reuters para apoyar a instituciones financieras, empresas y gobiernos de todo el mundo a contar con información de personas políticamente expuestas y sus asociados y familiares, con el fin de dar cumplimiento a obligaciones regulatorias y legales de prevención de delitos financieros.
Fechado el 12 de marzo de 2018, el documento en poder de este diario identifica a Manuel Barreiro Castañeda como un ciudadano mexicano que, de acuerdo con sus registros, al menos entre el 23 de febrero y el 2 de marzo de este año estuvo en Canadá.
Persona políticamente expuesta
Barreiro Castañeda es clasificado, en ese documento, como una persona políticamente expuesta (PPE), una figura que se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en los gobiernos federal o locales; el poder Judicial o Legislativo y en partidos políticos, así como a las relaciones comerciales o de negocios con los familiares o asociados cercanos a las PPE.
Dueño, según el documento de Thomson Reuters, de Aston Capital Partners (una de las firmas involucradas en la operación de compra de un terreno y posterior venta de una nave industrial de Anaya), Barreiro es investigado por la Procuraduría General de la República por presuntos cargos de lavado de dinero, cargos que el empresario ha negado. Añade que activos de empresas controladas por Barreiro han sido incautadas, a la vez que sus solicitudes para que el caso sea cerrado fueron desestimadas por la autoridad.
En el documento se indica que Barreiro Castañeda es un socio cercano del candidato Anaya Cortés, a quien identifica como una persona políticamente expuesta. También dice que entre el empresario y el político existen vínculos individuales.
World-Check One es una fuente de inteligencia de riesgos, creada por Thomson Reuters para ayudar a sus usuarios a identificar y monitorear a personas que se encuentran relacionadas con delitos financieros, entre los que se incluye el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita, así como el financiamiento al terrorismo.
Este tipo de información es relevante para entidades financieras, empresas y gobiernos, que deben asegurarse de cumplir con normas llamadas conoce a tu cliente, que son obligatorias en la regulación financiera de la mayoría de países –entre ellos México– para evitar que recursos ilícitos sean introducidos al sistema financiero.
Desde octubre de 2017, la Procuraduría General de la República indaga una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de 54 millones de pesos recibidos por el hoy candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development, que según el Servicio de Administración Tributaria emite facturas por servicios inexistentes, de acuerdo con Animal Político.
La base de datos de Thomson Reuters es utilizada por 49 de los 50 bancos más grandes del mundo, así como por nueve de cada diez empresas internacionales y 300 agencias de gobierno e inteligencia para tratar de identificar potenciales riesgos empresariales y de seguridad nacional.
El listado se alimenta de registros de juzgados, comunicados de prensa, sanciones, investigaciones fiscales o penales publicadas de manera oficial, y también de información divulgada por la prensa.
Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional por lavado de dinero
Redacción
Manuel Barreiro Castañeda, el empresario y financiero señalado de estar detrás de la operación por la que el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro, aparece en una base de datos internacional de personas bajo investigación por lavado de dinero, de acuerdo con información en poder de La Jornada.
En el listado, elaborado por la firma internacional Thomson Reuters, Barreiro Castañeda es calificado como un socio cercano del candidato Ricardo Anaya Cortés.
Barreiro Castañeda fue incluido, el 2 de marzo pasado, en el listado World-Check One, elaborado por Thomson Reuters para apoyar a instituciones financieras, empresas y gobiernos de todo el mundo a contar con información de personas políticamente expuestas y sus asociados y familiares, con el fin de dar cumplimiento a obligaciones regulatorias y legales de prevención de delitos financieros.
Fechado el 12 de marzo de 2018, el documento en poder de este diario identifica a Manuel Barreiro Castañeda como un ciudadano mexicano que, de acuerdo con sus registros, al menos entre el 23 de febrero y el 2 de marzo de este año estuvo en Canadá.
Persona políticamente expuesta
Barreiro Castañeda es clasificado, en ese documento, como una persona políticamente expuesta (PPE), una figura que se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en los gobiernos federal o locales; el poder Judicial o Legislativo y en partidos políticos, así como a las relaciones comerciales o de negocios con los familiares o asociados cercanos a las PPE.
Dueño, según el documento de Thomson Reuters, de Aston Capital Partners (una de las firmas involucradas en la operación de compra de un terreno y posterior venta de una nave industrial de Anaya), Barreiro es investigado por la Procuraduría General de la República por presuntos cargos de lavado de dinero, cargos que el empresario ha negado. Añade que activos de empresas controladas por Barreiro han sido incautadas, a la vez que sus solicitudes para que el caso sea cerrado fueron desestimadas por la autoridad.
En el documento se indica que Barreiro Castañeda es un socio cercano del candidato Anaya Cortés, a quien identifica como una persona políticamente expuesta. También dice que entre el empresario y el político existen vínculos individuales.
World-Check One es una fuente de inteligencia de riesgos, creada por Thomson Reuters para ayudar a sus usuarios a identificar y monitorear a personas que se encuentran relacionadas con delitos financieros, entre los que se incluye el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita, así como el financiamiento al terrorismo.
Este tipo de información es relevante para entidades financieras, empresas y gobiernos, que deben asegurarse de cumplir con normas llamadas conoce a tu cliente, que son obligatorias en la regulación financiera de la mayoría de países –entre ellos México– para evitar que recursos ilícitos sean introducidos al sistema financiero.
Desde octubre de 2017, la Procuraduría General de la República indaga una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de 54 millones de pesos recibidos por el hoy candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development, que según el Servicio de Administración Tributaria emite facturas por servicios inexistentes, de acuerdo con Animal Político.
La base de datos de Thomson Reuters es utilizada por 49 de los 50 bancos más grandes del mundo, así como por nueve de cada diez empresas internacionales y 300 agencias de gobierno e inteligencia para tratar de identificar potenciales riesgos empresariales y de seguridad nacional.
El listado se alimenta de registros de juzgados, comunicados de prensa, sanciones, investigaciones fiscales o penales publicadas de manera oficial, y también de información divulgada por la prensa.
Diputados eliminan fuero a funcionarios, incluido el Presidente
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El Pleno de la Cámara lo aprobó con 370 votos a favor. De ratificar el Senado la minuta se modificaría la forma de los juicios que se entablan contra servidores públicos
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En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad, un dictamen para reformar la Constitución con el fin de eliminar el fuero en los tres órdenes de gobierno. A través de esta reforma, podrán quedar sujetos a procesos judiciales, como ocurre con cualquier ciudadano, tanto el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los Magistrados, legisladores de las Cámaras de Senadores y Diputados, gobernadores de los estados y funcionarios municipales, es decir, todo servidor público considerado como alto funcionario y representante popular.
Con 370 votos a favor y cero en contra se reformó el Artículo 111, que elimina la figura de los juicios de procedencia como filtro legal de protección de los altos funcionarios. También fue derogado el Artículo 108 en el que se señalaba que el Presidente de la República sólo podría ser juzgado por traición a la Patria y delitos graves. La minuta se turnará al Senado esta misma tarde para que proceda a su ratificación, y después de ello a los congresos locales, porque su implementación tardará algún tiempo en estar vigente.
De ratificarse esta disposición por el Senado y más tarde por la mayoría de los congresos estatales, esta Ley modificaría la forma de los juicios que se entablan contra servidores públicos: hoy en día, si un alto funcionario es señalado por probablemente haber cometido un ilícito, primero tiene que entrar a un juicio de procedencia en el Legislativo para determinar si se le retira el fuero constitucional y de ser retirado este es sometido a la investigación judicial.
La iniciativa se gesta en medio del entorno electoral, lo cual ha despertado distintos tipos de reacciones entre los legisladores.
La Coordinación del Partido de la Revolución Institucional (PRI), envió un comunicado de prensa en el que titulan a las reformas para eliminar el fuero la Ley Meade. En los pasillos del Palacio de San Lázaro corrió el rumor (casi chiste) de que lo aprobado es la Ley Meade, pero para usufructo de AMLO. Quien gane la siguiente elección, podría enjuiciar al Presidente por cualquier delito, inclusive por omisión durante su administración.
Agustín Basave, diputado del Partido de la Revolución Democrática, se pronunció en tribuna por tener cautela ante esta reforma; a su consideración, el fuero para los legisladores era un instrumento de defensa en las labores legislativas: “Un presidente corrupto y represor podía fabricarle delitos a los legisladores opositores, revoltosos o incómodos, por eso se puso el fuero, ya que de otra forma el Poder Legislativo estaba a merced del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene a sus órdenes a la Procuraduría General de la República, porque el Ministerio Público dependía del Presidente.”
Para el legislador es de gran valor e importancia la reforma; sin embargo, para que sea de verdadera y óptima eficacia debe de materializarse desde la figura de una Fiscalía autónoma, independiente al poder presidencial, por lo cual es necesario reformar también el artículo 102 constitucional.
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