En el caso Ayotzinapa, el hilo de la confianza lo rompió la actuación del Gobierno federal, sostiene un informe sobre el impacto psicosocial en los familiares de los normalistas desaparecidos y en estudiantes sobrevivientes.
El reporte: "Yo sólo quería que amaneciera", elaborado por Fundar, y que será presentado hoy, evidencia que, desde el inicio, la actuación de las autoridades, lejos de ayudar a los familiares, les representó una constante revictimización, a pesar de que al principio éstos sí tenían confianza en sus actuaciones.
Según el documento, de más de 500 páginas, las reuniones infructíferas con el Presidente Enrique Peña, entre otros eventos, han representado "impactos traumáticos en un continuum de violencia".
"La mayoría, por ejemplo, no conocía el contexto de desapariciones forzadas en Guerrero durante la Guerra Sucia, entonces, hay quien pensó 'ah, bueno, el Ejército está ahí, los va a cuidar'", explicó en entrevista Ximena Antillón, coordinadora de la investigación que duró más de 18 meses.
"Los familiares fueron pasando por un proceso en el que se decepcionaron del Estado y de las autoridades. Fue un proceso en el que primero se dieron cuenta de que sí había participación de agentes del Estado en los hechos, que era la gente municipal, pero que también estuvo el Ejército ahí, y no hizo nada, y después, tuvieron mucha esperanza de que se iban a reunir con Peña, y tampoco pasó nada", indicó.
Otro evento traumático, señala el informe, fue la falta de sensibilidad con la que actuó desde los primeros días el Gobierno federal con el ofrecimiento de 3 millones de pesos y casas a los familiares de los normalistas desaparecidos.
También la presentación de la llamada "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam, cuando dirigía la Procuraduría General de la República, y la reiterada defensa de esta teoría por diversos actores.
La investigación, que surgió de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establece que para hablar de reparación integral del daño primero se debe subsanar la desconfianza de las víctimas hacia la autoridad.
Para ello, recomienda actos simbólicos como reivindicar y dignificar a los heridos sobrevivientes y reconocer públicamente la inviabilidad de la llamada "verdad histórica", entre otros puntos.
Además, enfatiza que la verdad y la justicia no se pueden separar del proceso de reparación, por lo que, hasta no lograr ese piso mínimo de confianza, no se podrá hablar de una indemnización a los familiares.
"Lo que está pasando es que, como el Estado no entiende la dimensión integral de la reparación y quiere un poco saldar las cuentas, entonces lo que hace es empezar a hablar de reparación desde el punto de vista de la indemnización y eso profundiza la desconfianza de las víctimas", refirió Antillón.
Aunque el informe es sobre el caso Ayotzinapa, Antillón consideró que es de interés general, pues ayuda a dimensionar el impacto que tienen en la sociedad las violaciones graves a derechos humanos.
"La sociedad necesita una respuesta sobre que pasó, porque si no el mensaje de la impunidad es que esto puede seguir pasando, va generando una normalización en la sociedad, y para mí, al final, lo que significa es que todos somos desaparecibles", reflexionó.
César Martínez/REFORMA
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