Perdonan a Duarte; es cinismo.- Corral
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Abel Barajas y Pedro Sánchez
El ex Gobernador de Chihuahua César Duarte fue perdonado por la PGR de cualquier delito grave a nivel federal.
La dependencia archivó la averiguación previa que llevaba en su contra por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal al estimar que no existen indicios probatorios en su contra.
La reacción del Gobernador de aquella entidad, Javier Corral, no se hizo esperar: acusó cinismo de la PGR al proteger a los allegados del Presidente y acusó a Peña Nieto de tener un compromiso político con Duarte.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el ex Gobernador adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Esta investigación era la más importante que llevaba a cabo la PGR contra el ex Gobernador, ya que a nivel federal sólo había otras dos indagatorias en la FEPADE.
"Es el cinismo de un régimen que utiliza a la PGR para perseguir a sus adversarios políticos, a sus opositores, y para exonerar y proteger a los miembros de su partido, a los allegados del Presidente de la República", reclamó Corral.
"Esta resolución lo único que nos confirma es que el Presidente no ha podido superar el compromiso político de protección que tiene hacia el ex Gobernador, porque (...) esa carpeta de investigación en donde se acreditan varios delitos del orden federal ha sido una carpeta robusta en elementos probatorios".
La acusación contra Duarte era por el desvío de 65 millones de pesos del erario para adquirir a título personal el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua.
Este banco fue constituido con la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Duarte se encuentra en Estados Unidos, donde ha hecho gestiones para conseguir el asilo político.
A la fecha, se han librado 12 órdenes de aprehensión en su contra, 11 de ellas obtenidas por delitos del fuero común, como peculado, y una federal, la ya mencionada de la FEPADE.
Si la PGR hubiese procedido en su contra y hubiera resultado culpable, la pena mínima habría sido de 15 años, y la máxima, de 39.
Policía Federal vigilará 191 universidades; podrá entrar a campus: Segob
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CIUDAD DE MÉXICO.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio para combatir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio.
El acuerdo, a decir del titular de la Segob, considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.
“Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera (la entrada de la PF), así se hizo; en este caso estamos hablando de denuncias muy específicas que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus”, aseguró tras el acto.
Sin embargo, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la PF entre a las universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, confió en que el convenio ayude a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia en las casas de estudio.
Acuerdan vigilar 191 universidades
Gobernación considera la posibilidad de que la Policía Federal ingrese a los planteles; la asociación rechaza la presencia de agentes en los campus.
La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para prevenir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio, el cual considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.
Sin embargo, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la Policía Federal entre a los campus universitarios.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, confió en que el convenio entre la ANUIES y la Secretaría de Gobernación contribuirá a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudio, ya que busca crear mecanismos de colaboración recíproca, a fin de elaborar e implementar programas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la educación.
El titular de Gobernación señaló que “donde hay un delito concreto se investiga y si es necesario se persigue y se sanciona con el debido cuidado, esa es una obligación legal, de que las intervenciones policiacas o el uso de la fuerza se haga en las mejores condiciones de salvaguarda de los derechos humanos de personas que estén alrededor o en los espacios donde esto suceda”.
—¿Sí entrará la Policía Federal?, se le preguntó.
—Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera así se hizo, en una generalidad; en este caso estamos hablando de asuntos, de denuncias muy específicas, que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus, sin violentar autonomías, pero cuidando y salvaguardando los derechos de una comunidad. Eso es una obligación legal, respondió.
Entrevistado luego de la firma de dicho convenio, advirtió que se reprimirá el tráfico ilegal de drogas y la violencia que genera, no el consumo ni a los estudiantes.
Aclaró que se dará prioridad a la educación, para prevenir el consumo, y cuando éste exista, a los programas de rehabilitación. De la mano con estas, la intervención oportuna de las autoridades y la persecución del delito y de los delincuentes, fuera y dentro de los campus universitarios.
“Es claro que en el país no puede haber ínsulas y que la amenaza de los fenómenos delictivos, particularmente de uno, que es el aumento en el consumo de drogas en nuestros jóvenes, no solamente amenaza a las instituciones educativas, amenaza a la célula básica de la sociedad, que son las familias, de tal manera que la única manera eficaz de combatirlo no es necesariamente la represión sobre el consumo, sí sobre el tráfico ilegal, sobre la venta y la violencia, sino la educación, la intervención oportuna, la prevención y desde luego la rehabilitación”, precisó.
Al respecto, el rector de la UNAM aseveró que no se puede permitir el narcomenudeo ni cualquier tipo de violencia en las instituciones de educación superior, pues estas son parte esencial del tejido social del país.
“Es necesario analizar las políticas públicas a nivel federal y local para erradicar la distribución ilegal de estupefacientes, y así proteger mejor nuestras comunidades”, sentenció Graue Wiechers.
Por su parte, Valls Esponda calificó como “indeseable mancha de aceite las voces de alarma que insisten en que la fuerza pública entre a los ámbitos universitarios y aprehendan a quienes en ellos venden drogas”, y exigió que se les contenga afuera de los recintos universitarios, no adentro.
“La ANUIES rechaza la presencia de esos grupos delictivos dentro de las instalaciones de educación superior”, y “exigimos se les contenga, no dentro sino fuera de los recintos universitarios”, dijo durante la firma del convenio de colaboración para prevenir el delito en escuelas.
El convenio
Se trata de un instrumento que nos permitirá promover tareas de inteligencia y conocimiento, formación y fortalecimiento de las capacidades de capital humano y una voluntad compartida de imprimir un claro sentido social a las acciones de cooperación, dijo el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls.
La propuesta de trabajo se sustenta en la fortaleza académica de las universidades e instituciones de educación superior y tiene el propósito de impulsar el desarrollo de los servidores públicos para que puedan prever, anticipar e inhibir las conductas delictivas mediante labores de prevención.
Se trata de que los servidores públicos vayan al análisis del fondo del problema y propongan soluciones a partir del apoyo de las comunidades, explicó Valls Esponda.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio para combatir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio.
El acuerdo, a decir del titular de la Segob, considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.
“Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera (la entrada de la PF), así se hizo; en este caso estamos hablando de denuncias muy específicas que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus”, aseguró tras el acto.
Sin embargo, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la PF entre a las universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, confió en que el convenio ayude a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia en las casas de estudio.
Acuerdan vigilar 191 universidades
Gobernación considera la posibilidad de que la Policía Federal ingrese a los planteles; la asociación rechaza la presencia de agentes en los campus.
La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para prevenir la inseguridad y la violencia en 191 casas de estudio, el cual considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas.
Sin embargo, el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la Policía Federal entre a los campus universitarios.
En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, confió en que el convenio entre la ANUIES y la Secretaría de Gobernación contribuirá a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudio, ya que busca crear mecanismos de colaboración recíproca, a fin de elaborar e implementar programas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la educación.
El titular de Gobernación señaló que “donde hay un delito concreto se investiga y si es necesario se persigue y se sanciona con el debido cuidado, esa es una obligación legal, de que las intervenciones policiacas o el uso de la fuerza se haga en las mejores condiciones de salvaguarda de los derechos humanos de personas que estén alrededor o en los espacios donde esto suceda”.
—¿Sí entrará la Policía Federal?, se le preguntó.
—Cuando hubo necesidad de que esto ocurriera así se hizo, en una generalidad; en este caso estamos hablando de asuntos, de denuncias muy específicas, que implicarían persecución de delincuentes, que puede ser fuera del campus y, si fuere necesario, dentro de algún campus, sin violentar autonomías, pero cuidando y salvaguardando los derechos de una comunidad. Eso es una obligación legal, respondió.
Entrevistado luego de la firma de dicho convenio, advirtió que se reprimirá el tráfico ilegal de drogas y la violencia que genera, no el consumo ni a los estudiantes.
Aclaró que se dará prioridad a la educación, para prevenir el consumo, y cuando éste exista, a los programas de rehabilitación. De la mano con estas, la intervención oportuna de las autoridades y la persecución del delito y de los delincuentes, fuera y dentro de los campus universitarios.
“Es claro que en el país no puede haber ínsulas y que la amenaza de los fenómenos delictivos, particularmente de uno, que es el aumento en el consumo de drogas en nuestros jóvenes, no solamente amenaza a las instituciones educativas, amenaza a la célula básica de la sociedad, que son las familias, de tal manera que la única manera eficaz de combatirlo no es necesariamente la represión sobre el consumo, sí sobre el tráfico ilegal, sobre la venta y la violencia, sino la educación, la intervención oportuna, la prevención y desde luego la rehabilitación”, precisó.
Al respecto, el rector de la UNAM aseveró que no se puede permitir el narcomenudeo ni cualquier tipo de violencia en las instituciones de educación superior, pues estas son parte esencial del tejido social del país.
“Es necesario analizar las políticas públicas a nivel federal y local para erradicar la distribución ilegal de estupefacientes, y así proteger mejor nuestras comunidades”, sentenció Graue Wiechers.
Por su parte, Valls Esponda calificó como “indeseable mancha de aceite las voces de alarma que insisten en que la fuerza pública entre a los ámbitos universitarios y aprehendan a quienes en ellos venden drogas”, y exigió que se les contenga afuera de los recintos universitarios, no adentro.
“La ANUIES rechaza la presencia de esos grupos delictivos dentro de las instalaciones de educación superior”, y “exigimos se les contenga, no dentro sino fuera de los recintos universitarios”, dijo durante la firma del convenio de colaboración para prevenir el delito en escuelas.
El convenio
Se trata de un instrumento que nos permitirá promover tareas de inteligencia y conocimiento, formación y fortalecimiento de las capacidades de capital humano y una voluntad compartida de imprimir un claro sentido social a las acciones de cooperación, dijo el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls.
La propuesta de trabajo se sustenta en la fortaleza académica de las universidades e instituciones de educación superior y tiene el propósito de impulsar el desarrollo de los servidores públicos para que puedan prever, anticipar e inhibir las conductas delictivas mediante labores de prevención.
Se trata de que los servidores públicos vayan al análisis del fondo del problema y propongan soluciones a partir del apoyo de las comunidades, explicó Valls Esponda.
VIGILANCIA ARMADA NO ES LA OPCIÓN PARA LA UNAM: ENRIQUE GRAUE
El rector de la UNAM, Enrique Graue ha sido tajante al señalar que vivir en un estado de vigilancia armada nunca fue, ni será, una opción a ser considerada, frente a los hechos violentos que se registran en las inmediaciones y dentro de Ciudad Universitaria.
En su discurso a la comunidad universitaria el 24 de febrero, luego de que una maestra fue baleada mientras salía del estacionamiento de la FES
Acatlán, y de la balacera que se registró en Ciudad Universitaria en la que murieron dos narcomenudistas, advirtió que se escucharían voces que clamarían por otras alternativas más agresivas.
“Algunas que quisieran vernos o armados o militarizados; y no pocas aprovecharán los momentos políticos electorales que vivimos en nuestra nación para intentar desestabilizarnos”, adelantó entonces.
Agregó estar consciente de la fragilidad de la seguridad en la UNAM como espacio plural, abierto y democrático, pero que la fortaleza está en el saber, en la libertad, en la autonomía y en el respeto a la normatividad universitaria.
Laura Toribio
Cadena de incidentes en terreno universitario
El 23 de febrero pasado, la pelea por la distribución de drogas dentro de Ciudad Universitaria dejó dos presuntos narcomenudistas muertos.
Se trata de Francisco Axel Gallo Vázquez, de 29 años, y David Eugenio Albarenga Baeza, de 20, miembros de la organización de Raúl “N”, conocido como El Barbas, que discutieron con Los Carniceros.
Una profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán fue baleada el 22 de febrero cuando salía del estacionamiento, en avenida Jardines de San Mateo.
Un día antes, un hombre fue ejecutado cuando estaba con su novia, de 16 años, dentro de su auto estacionado afuera de la Preparatoria 8 de la UNAM, en las calles Lomas de Plateros y Doctor Rosenblueth, en la colonia Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón.
El 10 de febrero, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, había informado de la captura de 29 narcomenudistas en los alrededores de CU, cinco de ellos con orden de aprehensión y 24 más en flagrancia.
En septiembre de 2017 el periodista Humberto Padgett fue agredido por narcomenudistas al realizar una investigación sobre la venta de droga en la UNAM.
Alerta Marina sobre “narco” en campañas
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Fernando Damián y Elia Castillo
El contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, alertó sobre la injerencia de los capos del crimen organizado en favor de candidatos a cargos de elección y advirtió que con ello no solo socavan la legitimidad del Estado, sino al mismo tiempo ganan impunidad.
“Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social; a veces el capo llega a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación; en este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad”, puntualizó.
En su turno, el general José Carlos Beltrán, director de Derechos Humanos de la Defensa, sostuvo que no es la presencia de las fuerzas armadas en las calles lo que genera violencia, sino el tráfico de drogas y de armas.
Al hablar en el foro Seguridad y Participación Ciudadana en México celebrado en San Lázaro, Beltrán reafirmó la disposición de los militares a rendir cuentas de sus actos, pero cuestionó la impunidad de las autoridades civiles enlistadas en las nóminas de grupos criminales.
“Muchas veces son llevados a tribunales y organismos internacionales militares acusados de violadores de derechos humanos; está bien, que rindan cuentas, no encubrimos ni defendemos a nadie (…), pero, ¿dónde están esos directores de Seguridad Pública, esos jefes en esas policías municipales y estatales que nos colocaron en esta situación. Está bien que a lo mejor no hay los recursos, pero estar en nóminas de delincuencia organizada, eso es grave”, señaló.
En el contexto del foro organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el contralmirante Barney advirtió que el crimen organizado ha recurrido a la violencia extrema y el terror para ampliar su influencia, debilitar a las instituciones y controlar las actividades económicas en algunos enclaves.
“México enfrenta potenciales problemas de legitimidad, los grupos criminales desarrollan actividades ilícitas y usurpan funciones exclusivas del Estado; así, los funcionarios de gobierno pierden autoridad y se convierten efectivamente en aliados o instrumentos al servicio de los cárteles; quienes representan la autoridad del gobierno comienzan a dar la lealtad primaria a esos grupos y no al gobierno”, dijo.
El responsable de las investigaciones estratégicas de la Marina advirtió, incluso, que la estabilidad y la gobernabilidad de México están hoy amenazadas por la violencia “brutal y extrema”, así como por la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales.
En ese contexto, el general Beltrán justificó la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y negó categóricamente que el personal castrense sea violador sistemático de los derechos humanos.
“Las fuerzas armadas en las calles no son las generadoras ni quienes han motivado la violencia en México, las fuerzas armadas no violan sistemáticamente derechos humanos, aquí se dice y aquí queda claro una estadística muy objetiva de eso; no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, indicó.
Defendió asimismo la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión, al subrayar que no se trata de una ley para el Ejército y la Marina, sino es una ley de coordinación entre autoridades civiles y, en su caso, las fuerzas armadas en coadyuvancia contra el crimen.
Campañas negras dominan la elección
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Las campañas negras han aumentado en los últimas semanas a través de videos en redes sociales, que lo mismo aluden a la vida personal que a presuntos actos de corrupción, coinciden especialistas.
Expertos consideran que se debe al diseño de la propia ley, que en este periodo de intercampañas prohíbe a los aspirantes a la candidatura presidencial hacer propuestas y llamar al voto.
Opinan además que este tipo de mensajes no suelen incidir en el cambio de voto del electorado.
El analista político Mauricio Merino afirmó que el daño que están causando estas campañas negras es profundo en la vida política del país, porque desnaturaliza la competencia electoral, ya que no se miden capacidades para llevar a cabo proyectos nacionales, sino que “coloca en la tesitura de votar por el menos peor”.
Junto con los politólogos Alfonso Zárate, Alberto Aziz Nassif, Khemvirg Puente y Salvador Mora, coincide en que los partidos y candidatos se han quedado sin ideas y propuestas.
Por el contrario, privilegian mensajes negativos, denostaciones y descalificaciones a través de diversas vías, y los que han tenido mayor presencia son los audiovisuales que pueden ser compartidos en redes sociales y tienen una mayor difusión.
Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el fenómeno de la guerra sucia arrecia en esta etapa del proceso electoral, debido a la no regulación y a que la ley lo propicia porque en este periodo no se pueden dar a conocer propuestas de los aspirantes a cargos públicos.
“Esa guerra sucia es producto de la no regulación y de la ley. Lo que enfrentamos actualmente, sean videos o notas falsas, nos colocan en un modelo y política de posverdad. La guerra sucia está imperando, producto de que no se está considerando que en México hay limitaciones a la existencia de la misma y eso habla del desarrollo de una campaña desigual”, indicó.
Los expertos coinciden en que las campañas negras no necesariamente son efectivas. Ello, a pesar de que los partidos y aspirantes presidenciales han caído en una confrontación de señalamientos a través de videos, spots y fake news (noticias falsas).
Expertos consideran que se debe al diseño de la propia ley, que en este periodo de intercampañas prohíbe a los aspirantes a la candidatura presidencial hacer propuestas y llamar al voto.
Opinan además que este tipo de mensajes no suelen incidir en el cambio de voto del electorado.
El analista político Mauricio Merino afirmó que el daño que están causando estas campañas negras es profundo en la vida política del país, porque desnaturaliza la competencia electoral, ya que no se miden capacidades para llevar a cabo proyectos nacionales, sino que “coloca en la tesitura de votar por el menos peor”.
Junto con los politólogos Alfonso Zárate, Alberto Aziz Nassif, Khemvirg Puente y Salvador Mora, coincide en que los partidos y candidatos se han quedado sin ideas y propuestas.
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Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el fenómeno de la guerra sucia arrecia en esta etapa del proceso electoral, debido a la no regulación y a que la ley lo propicia porque en este periodo no se pueden dar a conocer propuestas de los aspirantes a cargos públicos.
“Esa guerra sucia es producto de la no regulación y de la ley. Lo que enfrentamos actualmente, sean videos o notas falsas, nos colocan en un modelo y política de posverdad. La guerra sucia está imperando, producto de que no se está considerando que en México hay limitaciones a la existencia de la misma y eso habla del desarrollo de una campaña desigual”, indicó.
Los expertos coinciden en que las campañas negras no necesariamente son efectivas. Ello, a pesar de que los partidos y aspirantes presidenciales han caído en una confrontación de señalamientos a través de videos, spots y fake news (noticias falsas).
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Sin eficacia. Alberto Aziz Nassif, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), expuso que a pesar de ser permanente la guerra sucia contra el puntero, en diversas mediciones se ha visto que las campañas sucias no han sido tan efectivas.
“No hay grandes cambios importantes en la intención del voto, pero sí genera una sospecha en una parte del electorado. Las guerras sucias y todas estas campañas en spots no han sido tan efectivas”, dijo.
Explicó que la ley permite hacer actos cerrados y prácticamente hay una dinámica de la intercampaña que se ha mantenido, no cambia mucho, sólo porque no pueden llamar a votar, pero la guerra sucia es constante.
“La guerra sucia es un factor que se da en todos estos procesos de campaña. Se cae en noticias falsas, interpretaciones, llevan dolo, las mentiras. Tratan de sacarle a los otros candidatos sus partes más oscuras”, explicó.
El investigador afirmó que el árbitro electoral (el Instituto Nacional Electoral) “medio interviene” para arbitrar algunos excesos de la contienda, por ejemplo, con prohibiciones de videos de Ricardo Anaya que la PGR reveló cuando el panista acudió a entregar un documento sobre el caso de la transacción de una nave industrial.
Alfonso Zárate, analista político, precisó que si bien la guerra sucia a través de videos ha sido una constante y no un producto de moda, difícilmente cambiarán la percepción del electorado que ya tiene definido por quién votará el 1 de julio.
“Esta campaña de lodo sí genera y afirma el convencimiento de muchos de que la política es una porquería, pero no mueve de manera decisiva las preferencias electorales por el candidato A, B o C”, detalló.
Calificó a esta etapa como un “espectáculo denigrante que hiere la defectuosa democracia del país”.
Percibió que esta vez, en la etapa de intercampaña rumbo al 1 de julio, la “guerra de lodo es más intensa que en otros procesos electorales”.
Indicó que la contienda se está convirtiendo “en un pleito callejero de rudos contra rudos, en el que abundan los golpes bajos”.
“Hay un dato importante, que es muy fácil que se pase de la violencia verbal a la violencia física, entonces me parece que esto nos deja en un momento preocupante y lo que vendrá el día 30 de marzo será de mayor rudeza”, advirtió.
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“Las campañas negras de desinformación son las que tienen recientemente mayor capacidad de penetración en redes sociales, porque le dan la vuelta a la normativa electoral que no puede controlar el INE. Esto es porque un video se puede socializar a través de un Twitter, WhatsApp, Facebook y el INE no tiene la capacidad de fiscalizar estas herramientas”, dijo Puente, y agregó que se debe pedir enfáticamente a gobiernos y partidos que suspendan esta campaña negativa como prioridad.
Acuerdo antidrogas Segob-universidades
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El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, firmaron el Convenio Marco de Concertación de Acciones para la Seguridad y Prevención del Delito —y como testigos, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers y el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas—, el cual busca mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de los planteles de este nivel educativo, que beneficiará a más de 190 universidades e instituciones de educación superior en el país.
El secretario Navarrete Prida subrayó que dicho acuerdo “permitirá el intercambio de información técnica y trabajo coordinado, donde cada una de las partes asumirá, con respeto a las autonomías, las responsabilidades que les corresponden para prevenir la violencia y la delincuencia”.
En este mismo sentido, reconoció que “como Estado mexicano enfrentamos el reto, el desafío y la obligación de cuidar a los jóvenes y la población en general de la tentación de hallar una salida fácil en el fenómeno de las drogas y el crecimiento de organizaciones criminales dedicadas a la venta de estupefacientes al menudeo”.
De ahí, que la respuesta a esta problemática “no es represiva, es una respuesta clara de poner a disposición de juez a quien infringe la ley y a quien esté envenenando a la juventud, ponerlo a disposición de un juez, vincularlo a proceso y que reciba una sentencia”.
El rector de la UNAM, agradeció la firma y puesta en marcha del citado convenio, al resaltar la violencia e inseguridad que se viven en el país, así como el hecho de que 2017 fue el año más violento de la última década.
Sostuvo que las confrontaciones por los espacios y los constantes reposicionamientos de los grupos criminales han generado cada vez más violencia, misma que ya afecta la seguridad y el sano desarrollo de las instituciones, y eso es algo que no se puede permitir, aseveró.
Datos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas 2017, demuestran que el consumo de estupefacientes entre la población general aumentó 1.2 por ciento, y el consumo de mariguana en el último lustro se incrementó en 2.6 por ciento, crecimiento que es mayor entre los jóvenes, lamentó. Además, el consumo ilegal de algún tipo de drogas en personas de 12 a 17 años, aumentó de 1.5 a 2.9 por ciento, y el consumo de mariguana pasó de 2.4 a 5.3 por ciento y en jóvenes de 18 a 34 años, el consumo de estupefacientes pasó de 2.3 a 4.6 por ciento, en el mismo periodo.
Ante ello, sostuvo, es apremiante, identificar esta tendencia como una señal de alerta, porque al margen de las distintas opiniones individuales sobre el uso recreativo de las drogas “lo que es claro es que esto no puede suceder en los centros educativos”, ya que afecta al aprendizaje y el riesgo de desarrollar adicciones permanentes, aspectos que no importan a la delincuencia.
“La firma de este convenio es de gran importancia y pertinencia, al permitir poder concretar mecanismos permanentes de colaboración, para elaborar e implementar planes, programas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y las condiciones más adecuadas para el desarrollo seguro de la educación. Vivimos momentos y entornos difíciles, pero no podemos claudicar, las adversidades pueden superarse si buscamos en conjunto soluciones respetuosas, informadas, firmes y creativas”, estableció.
El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls destacó la creación de programas académicos y estudios especializados en la prevención del delito, para lo cual, dijo, las instituciones de la ANUIES “tienen las capacidades y pueden probar un centro de documentación y prospectiva que permita traer el talento y la investigación que se requiere no sólo para diagnosticar el asunto de la inseguridad “que está lejos de ser sólo una cuestión policiaca” y que sus dimensiones y alcances obliguen a proponer soluciones integrales, ante el hecho de que el narcomenudeo ha impregnado parte de los recintos de algunas universidades.
La ANUIES, enfatizó, rechaza la presencia de esos grupos delictivos dentro de las instituciones de educación superior, al tiempo que exigió que con todo profesionalismo, las autoridades investiguen e identifiquen la naturaleza, características de ese tipo de delito, a fin de que se les contenga, no dentro, sino fuera de los recintos universitarios.
En este sentido, el secretario Navarrete Prida aplaudió la posibilidad de crear un centro de documentación y talento, tal como lo propuso Valls Esponda, ante un fenómeno al cual se le debe dar solución no son violencia sino con conocimiento.
Mario Alberto Rodríguez, director general del IPN, destacó que el citado convenio fortalecerá las capacidades institucionales para que los estudiantes y la comunidad politécnica se desarrollen en ambientes seguros, “porque es condición para su aprendizaje y porque la seguridad es su derecho”.
Anaya cierra su caso: ya expliqué con peras y manzanas
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El panista denunció en un video que la madrugada de ayer un grupo de personas le gritó “corrupto” a su llegada al país y acusó que fue montaje del gobierno. Foto: Especial
Para el candidato a la Presidencia de la República por la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, el caso de lavado de dinero en el que presuntamente está involucrado, ya está cerrado.
“Ya lo he explicado con peras y manzanas hasta el cansancio. Si fuera verdad el 5 por ciento de lo que se dice, entonces ¿por qué la PGR (Procuraduría General de la República) no ha procedido en mi contra?”, cuestionó tras reunirse con candidatos a gubernaturas, senadurías y diputaciones federales y locales.
El queretaro aseguró que no tendría por qué mostrar documentos “porque ya lo he transparentado absolutamente todo. El documento es la escritura de compra-venta”, y agregó que hasta el momento las autoridades federales no lo han llamado a declarar.
El Dato: Gustavo Madero, exlíder del PAN, acusó que el PRI y Morena tienen una alianza para dañar la imagen del candidato presidencial.
Aseguró que la PGR respondió “en tres líneas y con una vaguedad” al documento que presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) junto con el panista y abogado Diego Fernández de Cevallos.
“La PGR ya respondió, pero es una vaguedad… nada, tres renglones; que se toma en cuenta lo que dije, básicamente fue eso, tres renglones en donde se limitaron a decir que tomaban en cuenta nuestro dicho. No se dignaron a responder absolutamente nada”, agregó.
Insistió en que los señalamientos de blanqueo de dinero que pesan en su contra son parte de una “guerra sucia y una cortina de humo”.
“La gente sabe que esto es guerra sucia y la gente sabe que todo esto empezó justamente el día en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó en la Cámara de Diputados la cuenta pública donde está acreditado que José Antonio Meade desvió más de 500 millones de pesos cuando fue secretario de Desarrollo Social”.
En este sentido, manifestó que tanto el PRI como el Gobierno federal construyeron “esta cortina de humo para tapar su corrupción. La gente lo sabe y les vamos a ganar de manera contundente; habrá justicia y le va a ir muy bien a nuestro país”.
Rechazó además lo que publicó el martes el diario español El País, en el sentido de que existen dos personas que presentaron denuncias ante la PGR por la presunta falsificación de sus firmas en el contrato de compra-venta de la nave industrial del queretano, por la que recibió más de 54 millones de pesos.
“Ahí es muy importante que no vaya a haber una confusión, eso que se ha publicado no tiene nada qué ver ni con mi empresa ni con la compra-venta de nosotros. Tiene que ver con un procedimiento interno de otra empresa. El llamado que yo haría es a que las autoridades lo investiguen y, en su caso, deslinden responsabilidades”, indicó.
Anaya Cortés señaló que uno de los denunciantes de estas firmas, el notario Salvador Cosío, “no tiene nada qué ver con la compra-venta, la compra-venta se llevó a cabo con la notaria Estela de la Luz Gallegos. Esto tiene que ver con un procedimiento interno de otra empresa. Es importante decir que ese notario es actualmente candidato a gobernador del estado de Jalisco por el Partido Verde y su papá fue gobernador del estado de Jalisco por el PRI”.
Textileros piden modificar condiciones de apertura en CPTPP
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demandan MECANISMO DE CARTAS PARALELAS
Se deben dar “tiros de precisión” con Vietnam y Malasia y fijar cupos a las exportaciones de dichos países, indica la Canaintex; Economía sólo ofrece combatir contrabando y prácticas desleales de comercio.
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Lilia González
La industria textil-vestido demandó a la Secretaría de Economía y el Senado instrumentar un mecanismo de excepción con Vietnam y Malasia en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11 o CPTPP), que salvaguarde a la industria mexicana de posibles prácticas desleales.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen Sitton, dijo que antes de que sea ratificado el acuerdo se agregue el mecanismo de cartas paralelas, como lo obtuvo la industria automotriz, luego de la salida de Estados Unidos. “Tenemos que dar tiros de precisión con Vietnam y Malasia, en donde se elimine la lista de escaso abasto (el uso de insumos de cualquier procedencia, incluida China, porque no se producen en la región) y fijar cupos a las exportaciones de estos países al nuestro”.
Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que las cartas paralelas son un mecanismo viable de incorporar, pero “no son opción. No hay nada concreto”.
No obstante, garantizó que el Acuerdo Transpacífico no es una amenaza para la pérdida de empleos, luego de que la industria realizó un estudio de mercado con un prestigiado despacho de economistas, donde confirmaba que “estábamos en una total desigualdad” y que en los primeros tres años, más de 30% de la industria desaparecería, generando una pérdida superior a 150,000 empleos formales.
Cohen expresó que el gran temor del CPTPP es que Vietnam triangule mercancías chinas y las ingrese a México con un menor precio y fuera de competencia.
El compromiso del gobierno en turno es que las Secretarías de Hacienda y de Economía reforzarán los mecanismos de comercio exterior y aduanero para “ir con todo” contra la delincuencia organizada que ingresa textiles y ropa procedentes de Asia de manera desleal.
En representación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se comprometió a reajustar el decreto del 2014 para “apretar las tuercas y que la ilegalidad no entre”, pues recordó que el permiso de importación de textiles del oriente se ha acotado a 20 empresas. El presidente de la Canaintex sostuvo que “el peor cáncer de esta industria es la ilegalidad y la falta del Estado de Derecho”.
AVANCES
Durante el Segundo Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido, el subsecretario de Economía dijo: “Sabemos de su preocupación sobre la firma del acuerdo, pero si alguien ha tenido sensibilidad con el sector ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto”, por atender sus inquietudes como el cáncer que aqueja a la industria, y se han reducido en 60% las importaciones desleales de procedencia asiática.
Comentó que en el marco para el fortalecimiento y competitividad del sector fibra-textil-confección, se han cancelado 60 empresas consideradas como fantasma, quienes importaban con documentos falsos.
Refrendó el apoyo —hasta el último día del sexenio— para reforzar los mecanismos contra la ilegalidad e ir con todo contra la delincuencia organizada.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Oswaldo Santín Quiroz, dijo que trabajan contra esos males. “Entendemos perfectamente la gran responsabilidad que tiene el SAT en materia de crear un piso parejo, combatir la ilegalidad y construir un estado derecho”.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen Sitton, dijo que antes de que sea ratificado el acuerdo se agregue el mecanismo de cartas paralelas, como lo obtuvo la industria automotriz, luego de la salida de Estados Unidos. “Tenemos que dar tiros de precisión con Vietnam y Malasia, en donde se elimine la lista de escaso abasto (el uso de insumos de cualquier procedencia, incluida China, porque no se producen en la región) y fijar cupos a las exportaciones de estos países al nuestro”.
Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que las cartas paralelas son un mecanismo viable de incorporar, pero “no son opción. No hay nada concreto”.
No obstante, garantizó que el Acuerdo Transpacífico no es una amenaza para la pérdida de empleos, luego de que la industria realizó un estudio de mercado con un prestigiado despacho de economistas, donde confirmaba que “estábamos en una total desigualdad” y que en los primeros tres años, más de 30% de la industria desaparecería, generando una pérdida superior a 150,000 empleos formales.
Cohen expresó que el gran temor del CPTPP es que Vietnam triangule mercancías chinas y las ingrese a México con un menor precio y fuera de competencia.
El compromiso del gobierno en turno es que las Secretarías de Hacienda y de Economía reforzarán los mecanismos de comercio exterior y aduanero para “ir con todo” contra la delincuencia organizada que ingresa textiles y ropa procedentes de Asia de manera desleal.
En representación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se comprometió a reajustar el decreto del 2014 para “apretar las tuercas y que la ilegalidad no entre”, pues recordó que el permiso de importación de textiles del oriente se ha acotado a 20 empresas. El presidente de la Canaintex sostuvo que “el peor cáncer de esta industria es la ilegalidad y la falta del Estado de Derecho”.
AVANCES
Durante el Segundo Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido, el subsecretario de Economía dijo: “Sabemos de su preocupación sobre la firma del acuerdo, pero si alguien ha tenido sensibilidad con el sector ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto”, por atender sus inquietudes como el cáncer que aqueja a la industria, y se han reducido en 60% las importaciones desleales de procedencia asiática.
Comentó que en el marco para el fortalecimiento y competitividad del sector fibra-textil-confección, se han cancelado 60 empresas consideradas como fantasma, quienes importaban con documentos falsos.
Refrendó el apoyo —hasta el último día del sexenio— para reforzar los mecanismos contra la ilegalidad e ir con todo contra la delincuencia organizada.
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Oswaldo Santín Quiroz, dijo que trabajan contra esos males. “Entendemos perfectamente la gran responsabilidad que tiene el SAT en materia de crear un piso parejo, combatir la ilegalidad y construir un estado derecho”.
cptpp, oportunidad
Se colocarán productos prioritarios: Baker Pineda
El subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, destacó que con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus sigla en inglés) se colocarán productos prioritarios de la industria mexicana con sus socios comerciales como, por ejemplo, huevo, atún, jugo de naranja, carnes, tequila, mezcal y cerveza.
Refirió el caso del huevo fresco, confitería, atún aleta azul, trigo y cigarrillos, que originalmente están excluidos del Tratado de Libre Comercio entre México-Japón.
En su cuenta de Twitter, el funcionario de la Secretaría de Economía (SE) expuso: “Con el #CPTPP, Japón eliminará inmediatamente el arancel al jarabe de agave mexicano”, mientras que el jugo de naranja mexicano podrá entrar al mercado nipón, libre de arancel, el primer día del sexto año del acuerdo. Señaló que el sector cárnico mexicano se verá beneficiado con el CPTPP, pues Japón eliminará los aranceles al pollo mexicano tras seis años y reducirá sustancialmente los aranceles a la carne de res y de cerdo del país.
En cuanto a otros socios, Baker dijo que, por primera vez, Malasia y Vietnam abrirán sus mercados al tequila, mezcal y cerveza mexicana.
“El tomate y el aguacate mexicanos entrarán libres de arancel inmediatamente a Malasia y, al cuarto año de estar en vigor el CPTPP, al mercado de Vietnam”, indicó. Añadió que las berries mexicanas, como frambuesa, zarzamora o fresa, tendrán acceso inmediato a seis nuevos mercados a través del acuerdo, firmado el pasado jueves luego de que Estados Unidos decidiera salirse del entonces llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico. (Con información de Notimex)
Morena y Frente ignoran al CCE
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FRANCISCO NIETO Y RICARDO ORTIZ
Aunque coinciden con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), PAN, PRD y PT-Morena en el Senado descartaron designar, en el corto plazo, a los fiscales anticorrupción y al general de la República.
El coordinador del PRD, Luis Sánchez; los morenistas Zoé Robledo y Luis Humberto Fernández, así como los panistas Jorge Luis Preciado y Marcela Torres, coincidieron en que no existen los mínimos acuerdos con el PRI en este tema.
Los panistas y perredistas pidieron que antes de realizar estas designaciones, se apruebe en el Pleno la reforma constitucional que dotará de autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que remplazará a la actual PGR.
“No hay acuerdos y el ofrecimiento del senador Emilio Gamboa de que no habrá albazo es bueno, aunque sigo sin descartar esa posibilidad… pero objetivamente no veo que haya voluntad de parte del PRI para proceder a la modificación de la Constitución”, expuso Sánchez.
El panista Jorge Luis Preciado dijo que no se trata de que exista voluntad política, sino que se garanticen total autonomía en las fiscalías, y reiteró que los partidos de la coalición Por México al Frente no aprobarán los nombramientos en tanto no se garantice esa petición.
“No es un tema de voluntad política, nosotros quisiéramos nombrarlos hoy, el detalle es de facultades. Mientras el fiscal anticorrupción no tenga facultades de meter al bote a cualquier cabrón que comete actos de corrupción, obviamente esa fiscalía no serviría”, dijo.
Al respecto, Marcela Torres advirtió que es posible que los senadores del PT-Morena y del PRI den un madruguete y aprueben en cualquier momento los nombramientos de los fiscales.
“Ellos pueden dar un albazo. Todavía puede haber un fiscal general por nueve años, y creo que (el presidente) Enrique Peña Nieto puede estar en ese interés absoluto, entonces sí creo que puedan sacarlo antes de que termine este periodo”, apuntó la secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado.
PRIMERO, LOS MAGISTRADOS
Por su parte, Zoé Robledo y Luis Humberto Fernández explica- ron que primero es necesario resolverse la designación de los 18 magistrados en materia de anticorrupción, tema que puede tener más consensos inmediatos al de los fiscales.
“El Sistema Nacional Anticorrupción existe, pero no está funcionando bien, por la falta de nombramientos. La pregunta es: ¿qué nombramientos? Creo que principalmente faltan los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ¿cuál es el problema de ellos? Que no están bien solventadas las postulaciones, entonces, por ahí hay que empezar”, comentó Robledo.
El legislador Luis Humberto Fernández explicó que su bancada está en la disposición de designar a los fiscales pendientes, pero con una legislación funcional y lo más conveniente es que se vaya para después de la elección federal, ya que por la naturaleza del cargo puede enrarecer el proceso electoral. Todos estos legisladores exigieron al PRI descongelar en los congresos locales la eliminación del pase automático del actual procurador general de la República a fiscal general.
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