Morena denunció al Magistrado electoral José Luis Vargas por haberse pronunciado públicamente a favor de que haya debates entre candidatos presidenciales en el periodo de intercampaña.
El representante electoral morenista, Horacio Duarte, presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal un escrito de recusación en el que demanda sancionar al Magistrado por incurrir en una violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El expediente expone que, en una entrevista radiofónica, Vargas emitió opiniones públicas que implican prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento en su calidad de Magistrado de la Sala Superior, infracción prevista en el artículo 131 de la ley.
En entrevista, Duarte exigió que Vargas sea obligado a excusarse de participar en la discusión y votación de la sentencia referente a las impugnaciones de partidos y empresarios de medios de comunicación contra la prohibición de debates establecida por el INE.
El asunto está en el turno de la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez y fue agendado en el orden del día de la sesión del Pleno de este viernes.
"Lo que nosotros estamos planteando es que, ahora que se discuta el tema en el Tribunal, él no participe en la discusión; nos parece que este caso es muy emblemático respecto a cómo un Magistrado, no en el marco del órgano que es el Tribunal discuta y plantee sus puntos de vista, sino que los adelanta en entrevista", alertó Duarte.
"Me parece un precedente muy grave que los Magistrados estén fijando sus posiciones días antes de las sesiones, lo que ya preconfigura una forma de resolver, me parece grave".
El escrito de Morena describe que, el pasado 1 de marzo, en una entrevista radiofónica, el Magistrado Vargas afirmó que la ley no prohíbe la realización de debates entre los candidatos en la intercampaña, en contra de lo que ha defendido el INE.
"La ley en realidad lo que prohíbe son dos aspectos: una, que puedan los precandidatos o quienes aspiran a estos cargos promover el voto, promover una candidatura, y segunda, promover una plataforma electoral, es decir, una propuesta de gobierno, una propuesta de política, ya que es propia del periodo de campaña, pero, en realidad, lo que no veo que la ley prohíba es que no puedan debatir, que no puedan hablar", dijo Vargas.
El Magistrado adelantó que, con base en los expedientes en trámite, la Sala Superior tendrá que definir si el INE tiene razón al prohibir los debates entre candidatos en aras de salvaguardar la equidad de la contienda.
Afirmó que también se debe valorar el derecho a la libertad de expresión y de información esgrimido por los medios de comunicación que impugnaron el acuerdo del INE.
Vargas sugirió que la Sala Superior podría encontrar un punto medio entre ambos argumentos que permitiera no "contener" tanto a los candidatos y a los medios.
"A lo mejor podemos encontrar alguna fórmula donde no sea un derecho contra el otro, es decir, donde pueden conciliarse, respetando esas preocupaciones del Instituto en torno a la equidad del inicio de las campañas pero también no conteniendo tanto el ambiente", afirmó.
El Magistrado también expresó que el periodo de intercampaña, que concluye el próximo 30 de marzo, es "demasiado largo", por lo que planteó que se debe revisar su duración y su utilidad.
"Creo que habría que revisar cuál es la finalidad de un periodo tan largo entre un periodo que es la precampaña, donde activas a los precandidatos para que presenten sus propuestas, se difundan, para que tengan acceso a la radio y la televisión a través de las pautas del Estado, y después 45 días los mandas a la congeladora.", criticó.
"Porque literalmente eso es lo que está previsto, es decir, que no pueden hacer esa actividad a la cual han dejado sus trabajos para poderse dedicar a una aspiración a contender por un cargo de elección popular, y luego los vuelves a activar en el periodo de campaña".
Para Morena, el Magistrado vulneró los principios rectores de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, dado que prejuzgó sobre un asunto de su competencia.
Zedryk Raziel/REFORMA
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