Reta Anaya a PGR
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Antonio Baranda
Cd. de México (26 febrero 2018).- Ricardo Anaya exigió a la PGR dar a conocer si cuenta con elementos para acusarlo de alguna conducta indebida.
Esto, como resultado de la indagatoria que abrió la SEIDO en contra del empresario queretano Manuel Barreiro, señalado de lavado de dinero para favorecer al candidato presidencial.
El panista acudió ayer a la PGR, acompañado por los presidentes del PAN, Damián Zepeda, y de MC, Dante Delgado, y entregó un escrito dirigido a Alberto Elías Beltrán, encargado de la dependencia.
"Por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho de conocer la verdad, le exijo a usted que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva de delito", indica en su escrito.
El 20 de febrero, el abogado Adrián Xamán McGregor aseguró que la PGR investigaba la venta simulada de una nave industrial de la empresa Uniserra, propiedad de Anaya, a la compañía Manhattan Masterplant Development; y que en la transacción se usaron 54 millones de pesos provenientes de empresas fachada.
Al día siguiente, la Procuraduría indicó, en un comunicado, que desde el 26 de octubre de 2017 inició una carpeta de investigación por lavado de dinero.
"Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dolosamente omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI", dijo Anaya, tras entregar el documento.
Por la mañana, publicó un video donde explicó cómo adquirió el terreno en el que construyó una nave industrial que luego vendió por 54 millones de pesos.
Por "obvias razones", dijo, no pudo saber de dónde obtuvo la empresa compradora los recursos para adquirir la propiedad, y remitió a una cláusula del contrato de compraventa que "deja a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción".
Tras recibir el escrito de Anaya, la PGR emitió un comunicado donde asegura que el panista rechazó rendir declaración ministerial, aunque se le invitó a hacerlo.
Sin embargo, Anaya señaló: "Lo que verdaderamente ocurrió es que, después de que recibí sellada la copia de mi escrito, un funcionario me dijo que en caso de desear hacer alguna declaración adicional, él estaba para recibirla. Le respondí con claridad que lo que deseaba manifestar estaba en el escrito presentado".
Detectan 16 tomas al día en promedio; ordeña de combustible
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Sólo ocho estados concentran 75% de los 30,656 puntos de robo a Pemex asegurados en lo que va de este sexenio, indican reportes de la Sedena
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DESCALABRAN A PEMEX. Puebla está entre las entidades más afectadas por el huachicoleo, pues en lo que va de la presente administración se han detectado y clausurado cuatro mil 440 tomas clandestinas. |
RAÚL FLORES
CIUDAD DE MÉXICO.
En lo que va del sexenio, el Ejército mexicano ha detectado e inhabilitado en promedio 16 tomas clandestinas de combustible al día, la mayor parte en sólo ocho estados.
De acuerdo con informes de la Subsección de Seguridad Pública de la Sección Séptima de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del 1 de diciembre de 2012 al 23 de febrero de 2018, militares aseguraron 30 mil 656 puntos de ordeña en todo el país.
Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Edomex Jalisco, Sinaloa y Tabasco concentran 23 mil 187 tomas clandestinas, 75.6% del total.
Además, los huachicoleros han empleado armas de grueso calibre en sus enfrentamientos contra autoridades, con un saldo en esta administración de 19 ataques de este tipo contra fuerzas militares y 11 más contra fuerzas civiles. La Sedena también ha detectado un alza en el uso, por parte de los criminales, de mujeres y niños como escudos humanos para evitar operativos.
Cierran 16 llaves al día a huachicoleros
Guanajuato es el estado más afectado; se han recuperado 33 millones de litros de hidrocarburos a escala nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido el brazo fuerte en la lucha contra el huachicoleo, pues en lo que va de la presente administración localizó e inhabilitó 30 mil 656 tomas clandestinas; es decir, 16 al día, además aseguró 33 millones 464 mil 196 litros de hidrocarburos.
De acuerdo con informes de la Subsección de Seguridad Pública de la Sección Séptima de la Sedena, del 1 de diciembre de 2012 al 23 de febrero de este año, los estados que concentran el mayor porcentaje de tomas clandestinas son Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Tabasco.
De acuerdo con el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Pablo Francisco Benítez Gómez, jefe de la subsección de Seguridad Pública de la Sección Séptima de Sedena, las labores de inteligencia han detectado un aumento agravado del huachicoleo (sustracción, transportación y venta de combustible de manera ilegal).
“Junto con Pemex hemos detectado cuatro áreas estratégicas donde el robo de combustible se ha incrementado —Puebla, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz—; en esas áreas hemos coadyuvado con Pemex y con la autoridad civil para realizar los patrullajes”.
El análisis señala que se detectaron e inhabilitaron 30 mil 656 tomas clandestinas a escala nacional del 1 de diciembre de 2012 al 23 de febrero de 2018, de las cuales en Guanajuato fueron localizadas cuatro mil 777; en Puebla, cuatro mil 440; Tamaulipas, cuatro mil 345; Veracruz, dos mil 713; Estado de México, dos mil 510; Jalisco, mil 929; Sinaloa, mil 362, y Tabasco, mil 111, y que, en su conjunto suman 23 mil 187 tomas aseguradas, equivalente a 75.6% del total de las ordeñas detectadas; el resto se ubica en distintas entidades que no especifica el informe.
Asimismo, el documento explica que se recuperaron 33 millones 464 mil 196 litros de combustible y se aseguraron mil 862 vehículos; 279 remolques cisterna y se detuvo y se puso a disposición del Ministerio Público federal a 261 personas, quienes fueron detenidas en flagrancia.
Además se logró la confiscación de 155 mil 194 pesos en efectivo, 109 armas de fuego, ocho mil 994 cartuchos, 390 cargadores y 37 mil 481 contenedores para almacenar combustible.
TUERCEN LA MANO A AUTORIDADES
Por otra parte, Pablo Francisco Benítez Gómez, jefe de la Subsección de Seguridad Pú- blica de la Sección Séptima de la Sedena, alertó que cada vez es más frecuente que durante los operativos conjuntos con Pemex en las zonas de tomas clandestinas, las bandas criminales utiizan a niños y mujeres como escudos humanos.
“Junto con Pemex hemos detectado cuatro áreas en las cuales el problema se nos ha agudizado, porque los huachicoleros usan a la población civil para truncar el paso de las tropas y de la policía... ponen a mujeres y niños, quienes son detenidos y se ponen a disposición (del MP), los menores de edad sólo son presentados, no son detenidos como delincuentes”.
Los operativos que realizan las Fuerzas Armadas contra las diversas organizaciones criminales dedicadas al robo de combustible ha dejado un saldo de 19 agresiones con armas de grueso calibre contra elementos del Ejército y 11 contra autoridades civiles.
El enfrentamiento más reciente fue el del 3 de mayo de 2017, en el poblado de Palmarito, Puebla, que dejó cuatro militares caídos y diez heridos, además de tres agresores muertos y otro más lesionado.
La Sedena ha suscrito tres convenios de colaboración con Pemex para desplazar a dos mil 858 elementos de infantería para patrullar 107 ductos, nueve poliductos, 71 instalaciones y tres centros de producción, desplegando 38 bases de operaciones.
ACCIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Por su parte, la Unidad de Informes de Gestión de la Policía Federal dio a conocer que del periodo del primero de diciembre de 2012 al 21 de enero de 2018, las divisiones de la corporación han asegurado 52 millones 472 mil 89 litros de combustible: 13 millones 227 mil 863 litros de gasolina, 14 millones 204 mil 205 litros de diesel y tres millones 973 mil 458 litros de gas LP.
Los estados en los que se ha recuperado la mayor cantidad de hidrocarburo es Guanajuato, con diez millones 629 mil 935 litros; Veracruz, con cinco millones 102 mil 203; Tamaulipas, con tres millones 805 mil 543; el Estado de México, con tres millones 615 mil 644, y Puebla, con tres millones 453 mil 894 litros.
También se ha presentado ante el Ministerio Público federal a tres mil 593 personas como presuntos responsables de los delitos de transportación, extracción o comercialización de hidrocarburos sin la debida documentación, principalmente en Puebla, con 558; Guanajuato, con 526, y Estado de México, con 488. Las entidades en las que la Policía Federal ha detectado el mayor número de tomas clandestinas son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Puebla.
Los operativos coordinados con Petróleos Mexicanos, autoridades federales y estatales inhabilitaron 669 tomas clandestinas de combustible, principalmente en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Puebla. De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, se establecen penas que van desde uno hasta 25 años de prisión y multas entre 150 y 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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Al menos 7 capítulos podrían cerrarse en la séptima ronda de renegociación del TLCAN
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Si se cumple el cierre de estos capítulos, daría un saldo de 10 de 33 capítulos que integran el documento.
LETICIA HERNÁNDEZ
En la séptima ronda de negociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que inicia este domingo en la Ciudad de México, comenzarán a discutirse los temas "álgidos", pero existe la expectativa de que "se cierren al menos siete capítulos adicionales a los tres ya finalizados", lo que daría un saldo de 10 de 33 capítulos que integran el documento, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Destacó los avances importantes en temas de la modernización que son aspectos técnicos y que ahora en esta ronda se podrían llevar a cerrar los capítulos sobre telecomunicaciones o energía; sin embargo, advirtió que se tocarán los temas en los que hay divergencias entre los socios.
"Tenemos que empezar a filtrar temas más complejos en donde ya hay diferentes visiones pero tenemos que encontrar puntos comunes en beneficio de los tres países", dijo.
En conferencia de prensa sobre la clausura de la Tercera Ministerial de la OCDE sobre Pymes, identificó entre esos temas a la propuesta de Estados Unidos de la "muerte súbita" del Acuerdo a los 5 años, a la que el gobierno mexicano ha respondido con una contraoferta de que se haga una evaluación quinquenal, algo que está ausente en el texto original del TLCAN.
Confía la OCDE en el buen fin del TLCAN
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) confía en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llegue a buen fin, señaló Ángel Gurría, secretario General del organismo y señaló la existencia de buenas señales como el que los propios empresarios estén pidiendo a su gobierno su preservación.
"Lo digo como secretario general de la OCDE y como mexicano. Es bueno ver que los propios empresarios de Estados Unidos le hagan saber a su gobierno que les interesa mucho el que se preserve el TLCAN, es una buena señal, porque ha resultado ser un buen negocio para los tres países", dijo a los medios.
Entrevistado luego de clausurar los trabajos de la Tercera Ministerial de la OCDE sobre Pymes que se celebró en la Ciudad de México, el funcionario del organismo internacional resaltó el valor que tienen esa grandes empresas que son las que demandan continúe el acuerdo.
"Son precisamente los integrantes de esas cadenas de valor los que están pidiendo a sus autoridades que sí está bien que se modernice, se actualice, pero al mismo tiempo, se preserve la estructura fundamental de este instrumento tan valioso", dijo.
Sobre la aprobación del TPP-11, dijo que es bienvenida ya que manda una señal de que el libre comercio, el comercio abierto y el multilateralismo siguen siendo la forma de abordarlos los temas.
"Celebramos que aunque uno de los participantes originales haya decidido no participar en este momento y estamos con la esperanza de que pudiera reconsiderar, pero el que los países hayan decidido ir adelante, y debo reconocer el papel importante que tuvo México y el propio secretario Guajardo para poder recuperar el dinamismo de esta negociación, y que todo lo que ya se había trabajado entre dos o tres años se pueda aprovechar en beneficio de todos los países de la región", comentó.
Planteará Condusef norma contra fraude financiero
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En enero-septiembre de 2017, estafas en "e-commerce" subieron 109%, con 2.4 millones de casos.
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| En 2017 la Condusef atendío 260 mil 367 reclamaciones contra el sistema bancario. (Juan Carlos Bautista) |
ENTREVISTA POR MIRIAM RAMÍREZ
México
El creciente número de fraudes en la banca, en especial los cibernéticos, obliga a plantear la creación de una norma oficial que involucre al Banco de México, a la Secretaría de Economía y la industria de telecomunicaciones; el tema debe discutirse en la 81 Convención Bancaria, a celebrarse en marzo próximo, indicó Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con el organismo, y como ejemplo, de enero a septiembre de 2017 el fraude por comercio electrónico representó 49 por ciento de las quejas, equivalente a 2.4 millones, 109 por ciento más respecto al mismo periodo de 2016, y las estafas por banca móvil, que representan el 11 por ciento, sumaron 40 mil quejas, para un crecimiento de 93 por ciento.
En entrevista con MILENIO, el titular de la Condusef manifestó que la Convención Bancaria es el foro propicio para hablar del problema, además de otros temas que inciden en el sector; entre ellos la inclusión financiera, el crédito y la ley fintech, así como la transformación digital, con especial atención en la educación financiera de los adultos mayores y la calidad en el servicio al cliente.
“Para la Convención Bancaria esos temas son fundamentales. Y se debe construir una norma oficial que defina los estándares mínimos de seguridad, así como implementarlos para la era digital”.
¿Cómo deben involucrarse los sectores en esa propuesta?
Debe ser un grupo de trabajo donde participen los reguladores financieros, el Banxico, la industria de telecomunicaciones y la Secretaría de Economía, para discutir qué medidas adicionales pueden tomar los bancos para proteger su identidad. Además, se debe contar con un registro de datos de los teléfonos celulares.
¿Incluido el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil?
Debiera discutirse partir de ese padrón o de algo nuevo; no tenemos un registro de teléfonos celulares, por lo que a cualquier persona le inquieta que su equipo pueda estar ligado a su cuenta pero que el banco ni siquiera cheque o revise si el aparato al que se está ligando corresponde a las personas adecuadas.
¿Qué es lo que más preocupa?
Las nuevas formas de phishing o vishing, que es usurpar la identidad del banco para robar los datos del usuario. Debe haber mayores medidas de éstos para cuidar su identidad y no facilitar el camino a la delincuencia.
¿Qué tiene que ver el aumento de fraudes y las condenas laxas?
Es cierto que hay que actualizar el marco jurídico, pues no se ve tipificado claramente en qué consiste el delito cibernético; existe la prohibición de comerciar con bases de datos o robar información. También es cierto que no solo es aumentar las penas, porque algunos servidores cometen ese delito desde fuera del país, por lo que resulta complicado perseguirlos.
¿Qué tan eficiente es la atención de las quejas de los usuarios?
En 2017 la Condusef realizó 1.6 millones de acciones de defensa de los usuarios, los cuales implicaron atender 260 mil 367 reclamaciones, hacer 15 mil 37 dictámenes, dar 2 mil 167 asesorías legales gratuitas, dar un millón 500 mil orientaciones y atender a 1.5 millones de personas. En 2000 fueron 162 mil 657 acciones de defensa; es decir, hoy son 10 veces más. Y tenemos prácticamente el mismo personal, por lo que estamos llegando al límite.
¿Y los fraudes cibernéticos?
El porcentaje de resolución favorable para una reclamación de un cargo no reconocido en tarjeta de crédito o débito oscila entre 55 y 70 por ciento. Pero cuando se tiene una reclamación de banca móvil de transferencia no reconocida, la resolución favorable no llega ni a 10 por ciento. El índice de resolución favorable del comercio electrónico es de 90 por ciento, pero esto no evita molestias al usuario, al tener que ir a hacer su reclamación. Aquí es donde debe entrar la Secretaría de Economía, para que impulse medidas adicionales de seguridad en los portales de almacenes o tiendas de comercio electrónico. Observamos que las reclamaciones de comercio electrónico —2.4 millones de posible fraude— han crecido mucho entre enero y septiembre de 2017 respecto de las registradas por terminal punto de venta —1.6 millones.
¿Dónde queda la educación financiera?
La mitad de las solicitudes de asesoría legal gratuita —48 por ciento— son de las personas de la tercera edad que argumentan no saber utilizar un cajero o no haber podido hacer una operación, por lo que si bien algunas instituciones cuentan con programas de educación financiera, otras no, y ésta debe ser obligatoria para aminorar la brecha generacional.
¿Y la calidad del servicio bancario?
Ese es el tercer punto que debiera tener un espacio en la Convención Bancaria; es decir, cómo ven los usuarios a la banca, pues el índice de atención que reporta la Condusef, u otro organismo, señala que de enero a septiembre del año pasado fue de 8.62 para toda la banca, de una escala de 0 a 10.
¿Y el foco del próximo sexenio?
La reforma financiera fue un excelente cambio, sin precedente en favor del usuario, porque introdujo la posibilidad de eliminar cláusulas abusivas en los contratos; ahora tenemos que preparar herramientas, capacidades, material humano y equipo para entrar a la regulación, supervisión y protección de los usuarios en esta era digital.
“Ley fintech” asegurará trato a usuarios: CFA Society Mexico
La aprobación de Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, es positiva para todos, indicó Omar López, miembro del Consejo de CFA Society Mexico.
En entrevista, el especialista sostuvo que el hecho de que haya un regulador en estos temas sin duda, reducirá de manera importante los riesgos financieros.
“Es favorable, pues brindará una mayor protección al consumidor, y a todos aquellos ahorradores”, reiteró.
El pasado miércoles la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del proyecto de decreto que expide dicha ley, y ahora solo falta que reciba el aval en el pleno de esta Cámara en San Lázaro para que entre en vigor.
“Las fintech tienen un gran potencial para brindar diversos beneficios a los usuarios, creo que se complementan con los bancos, pues apuestan con capital propio a modelos de negocio innovadores, tanto mejoras como nuevos productos y servicios, y esto hace que las instituciones financieras reguladas, es decir, los bancos, afores o cualquier empresa del sector las puedan adquirir”, expresó López.
El sistema de protección a refugiados, ante un posible colapso
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Gran parte de quienes buscan asistencia en el país desisten del trámite ante la falta de respuesta
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Las manifestaciones para que se brinde mejor trato a los refugiados se realizan en gran parte del mundo. La protesta, ayer en Bruselas. Foto Afp |
Emir Olivares Alonso
El sistema de protección a refugiados en México está ante un posible colapso, pues las autoridades federales no han resuelto más de 7 mil solicitudes de asilo presentadas el año pasado, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En 2017 se presentaron 14 mil 595 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –un máximo histórico–, de las cuales 7 mil 719 aún no son resueltas, lo que representa un rezago de casi 60 por ciento, detalló el organismo.
Demandó dar solución a esta problemática, pues la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que las solicitudes deben ser respondidas en un máximo de 45 días hábiles.
“Tal situación preocupa, al considerar que han sido reportados 2 mil 400 procedimientos abandonados y desistidos, presumiblemente como respuesta a los largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que se traduce en una negación de facto a la protección internacional”, planteó la CNDH.
Recordó que el pasado 30 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos de los procedimientos que lleve a cabo la Coordinación General de la Comar en Ciudad de México, teniendo como argumento central la falta de capacidad operativa para garantizar el desarrollo de éstos en condiciones que permitieran dar certeza y seguridad jurídica.
Suspensión que hasta la fecha continúa y más que generar certeza ha provocado inseguridad y desánimo en la gran mayoría de los solicitantes, que no saben cuándo tendrán una respuesta a su solicitud, lamentó el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez en un posicionamiento al respecto.
Esto es preocupante. Tan sólo en Ciudad de México el alto número de solicitudes de la condición de refugiado representa un impacto para más de 3 mil 600 personas que esperan una resolución a su petición, y quienes después de más de tres meses de incertidumbre no cuentan con protección efectiva o respuesta contundente por parte de la Comar para brindarles protección en nuestro país.
Consideró necesario que esta instancia reinicie sus actividades en la capital del país. El argumento para suspender plazos y términos en forma indefinida en Ciudad de México, por las condiciones de su inmueble después del sismo de septiembre de 2017, no otorga seguridad jurídica a los solicitantes, indicó.
De acuerdo con las quejas presentadas ante la CNDH, el tratamiento que se brinda a los solicitantes podría ser diferenciado, pues se han documentado casos en que los procedimientos fueron suspendidos con antelación a la publicación del citado acuerdo, y otros que tuvieron una duración superior a los cuatro meses, cuando el término máximo de resolución es de 45 días.
Para la CNDH resulta indispensable que a la brevedad se determine la respuesta de protección que el Estado mexicano brindará a esta población solicitante de la condición de refugiado y de aquellos que reciben protección complementaria, en concordancia con los compromisos internacionales que el mismo ha adquirido a través de la Declaración y Plan de Acción de Brasil, Declaración de San José y Nueva York, señaló el organismo.
El 21 de febrero de este año, la CNDH dirigió un oficio a la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en el que externa esta preocupación y le solicita conocer la estrategia que se ha seguido y las acciones emprendidas para dar una respuesta a los solicitantes de refugio.
Aún no son diputados y ya tienen sus vales
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| Foto: Archivo /EL UNIVERSAL |
Horacio Jiménez
A pesar de que los partidos políticos apenas están conformando sus listas de candidatos para diputados federales para la 64 Legislatura que inicia en septiembre, la Cámara de Diputados ya tiene listos sus vales de despensa, alimentación y gasolina para los nuevos legisladores, asesores y empleados de alto nivel.
En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la licitación pública para los vales de despensa, alimentación y gasolina para 2018, que incluye el final de la 63 Legislatura (31 de agosto) y los primeros cuatro meses de la 64 Legislatura (septiembre-diciembre).
Por esta licitación, que incluye tres partidas: vales de despensa, alimentación y gasolina, la Cámara de Diputados acordó el pago de 264 millones 749 mil 703 pesos para todo el año, lo que representa un incremento de más de 8 millones de pesos en comparación con los vales que se solicitaron para el 2017.
El pasado 13 de enero del 2017, EL UNIVERSAL publicó que ante la crisis económica que se generó por el aumento en el precio de las gasolinas, los diputados federales se blindaban y el área administrativa del Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales de despensa, alimentación y gasolina que utilizarían los diputados federales y los funcionarios de alto nivel de la Cámara de Diputados para el año pasado.
Por los tres años de la 63 Legislatura, la Cámara Baja gastó más de 750 millones de pesos para costear los vales de despensa, alimentación y gasolina de diputados, asesores y funcionarios de alto nivel.
EL UNIVERSAL solicitó desde el lunes 19 de febrero una postura a la Cámara de Diputados sobre el tema, sin embargo no se obtuvo respuesta.
El fin de semana se volvió a insistir a para contar con un comentario, pero de nueva cuenta, no se obtuvo.
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Sí Vale también ganó la licitación para los vales de alimentación y se acordó un pago de 52 millones 468 mil pesos. Para el 2017, también ganó esta licitación y el pagó fue de más de 52 millones para suministrar los vales de alimentación que se utilizan en los restaurantes de la Cámara de Diputados, y otros expendios de fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. En el 2016 se pagaron 51 millones de pesos.
Asimismo, para el 2018 se acordó pagar 9 millones 321 mil pesos a Efectivale S. de R.L. de C.V. por los Vales de Gasolina. La misma empresa ganó la licitación para suministrar los vales del hidrocarburo para el 2017, por lo cual se pagó 9 millones 354 mil pesos, mientras que ese gasto en 2016 fue de 7.7 millones.
De acuerdo con el fallo emitido, se adjudicaron las partidas para dichos rubros debido a que los licitantes resultaron técnica y económicamente solventes y “satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Cámara de Diputados”.
Otras percepciones, Cabe recordar que a cada diputado federal se le depositan cada mes, 73 mil 910 pesos por concepto de dieta, 45 mil 786 por asistencia legislativa y 28 mil 772 por atención ciudadana. También se les otorgan 2 mil 780 pesos de vales de despensa mensualmente y en cada sesión ordinaria se les entrega un vale de comida de 170 pesos que pueden utilizar en los restaurantes y cafeterías concesionados y que operan en el recinto legislativo.
Este diario solicitó conocer por transparencia cuántos y a qué funcionarios se les otorgan estos tres tipos de vales, además de los 500 diputados federales que integran el Palacio Legislativo de San Lázaro; sin embargo, no se detalló la lista de los empleados y solamente otorgó la Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados con fecha de julio de 2009.
Fuentes de la Cámara de Diputados informaron que hay aproximadamente cinco mil trabajadores en el Palacio Legislativo y se dividen en “honorarios, confianza, mandos medios y sindicalizados” y todos reciben vales, menos los empleados de honorarios (salvo algunas excepciones).
En la Normatividad Administrativa se establece que tendrán derecho a recibir los vales para alimentos en días hábiles: los legisladores, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones, comités y áreas administrativas, y será la Junta de Coordinación Política, o en su caso, el Comité de Administración, quienes fijarán el monto en dinero para la dotación de vales para alimentos para cada grupo de beneficiarios en función del trabajo legislativo y la disponibilidad presupuestal.
En el rubro de los vales de gasolina, describe que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, entregará, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la dotación de vales de gasolina autorizada a los titulares o personas acreditadas ante dicha dirección, contra acuse de recibo de los mismos.
Agrega que es responsabilidad de cada una de las áreas administrativas o legislativas, la distribución interna de los vales de gasolina a los legisladores y personal de la Cámara de Diputados que lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
“Los vales de gasolina tienen como finalidad, apoyar y facilitar el desarrollo de las tareas legislativas y administrativas de los legisladores y el personal de la Cámara [de Diputados], que por su cargo y la naturaleza de las funciones que desempeñan, así lo requieran, por lo que la cantidad o monto que les sea entregada no constituye, ni debe considerarse como una prestación económica o laboral”.
Prestación con pasado. El mes de febrero del 2016, EL UNIVERSAL publicó que la Cámara de Diputados gastó más de 229 millones de pesos para pagar los vales de despensa, alimentación y gasolina que utilizaron los 500 diputados y unos cinco mil colaboradores y empleados del Palacio Legislativo de San Lázaro durante 2016.
Según la licitación pública que hizo la Cámara de Diputados en diciembre pasado, y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, se adjudicó a la empresa Sí Vale, una partida de más de 170 millones 604 mil pesos para cubrir los vales de despensa y más de 51 millones 61 mil pesos para los vales de alimentación.
Además, la empresa Efectivale, S. de R.L. de C.V., ganó la licitación para suministrar los vales de gasolina por más de siete millones 768 mil pesos.
El pasado 29 de diciembre del 2016, EL UNIVERSAL publicó que a los diputados y senadores no les afectará el incremento en las gasolinas, pues los 128 senadores y los 500 diputados federales reciben mensualmente apoyos para gasto en este energético.
Vales 2018. En las bases de la licitación se especifica que los vales de despensa se deberán entregar en fajillas impresas y en depósitos, mediante tarjetas electrónicas para adquirir productos de consumo básico. Los vales de alimentación serán entregados mediante fajillas impresas y serán para comprar productos y también servicios de alimentación.
En cuanto a los vales de gasolina, serán entregados también en fajillas de papel para adquirir combustible (gasolina, diésel, aceites y lubricantes).
Los vales de despensa y de alimentos, ya sea en papel y/o electrónicos, tienen cobertura nacional, y se podrán hacer efectivos en toda la República Mexicana en tiendas y cadenas de autoservicio, departamentales y, en general, en todos los establecimientos afiliados al sistema del licitante ganador.
“Los usuarios del vale en papel y de la tarjeta electrónica podrán realizar compras fraccionadas que no requieran el consumo total del vale ni el saldo de la venta. Cuando el monto de la compra sea superior al monto disponible en vale de papel o en la tarjeta electrónica, el usuario pagará la diferencia que resulte; respecto del vale de papel, los usuarios podrán realizar compras cuyo total sea menor a la denominación del vale y recibirán la diferencia en moneda de uso corriente, la cual no podrá ser superior a 10% del monto del vale”, detalla la segunda página del anexo de las bases de la licitación.
Anaya deja documento a la PGR y no declara
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El candidato del PAN-PRD-MC entregó a la Procuraduría un documento en el que le exige hacer pública su situación legal y “detener la persecución en su contra”
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El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haberse “prestado a la guerra sucia del PRI” en su contra y le exigió dar a conocer en forma inmediata y sin pretextos, si tras cinco meses de averiguaciones detectó alguna conducta irregular de su parte, en el caso del supuesto lavado de dinero en la compra-venta de una nave industrial de su propiedad, en Querétaro.
“Este gobierno federal priista usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores”, lanzó en su mensaje, emitido después del mediodía dominical, luego de acudir a las instalaciones de esa dependencia, para entregar al encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, un documento en el que le demanda que haga pública su situación legal (del panista), y detener la persecución en su contra.
“Vengo personalmente a exigirlo, porque el que nada debe, nada teme. A los mexicanos les digo: Este gobierno no me va a detener, vamos con fuerza, vamos con determinación. Juntos, el 1º de julio, vamos a ganar la Presidencia de la República y lograremos el cambio que le urge a nuestro país”, sentenció.
En su escrito de sólo una cuartilla, en seis puntos, Anaya señala que, “es del dominio público que, con motivo de una compra-venta estrictamente legal —se refiere naturalmente a aquella nave industrial—, mis adversarios políticos me imputan, falsa y dolosamente, una conducta delictiva”.
Aduce también a que “es del dominio público” que los hechos “supuestamente irregulares (lo cual no afirmo), son atribuidos exclusivamente a la parte compradora, no a la vendedora que yo representé, que recibió el precio de la operación a través de una trasferencia bancaria y que pagó los impuestos respectivos”.
Por estos hechos, recordó, la PGR “hizo pública la existencia de una carpeta de investigación sobre esa operación comercial y afirma haberla iniciado desde el mes de octubre del año pasado (2017).
“Es evidente que el escándalo político producido arteramente, tiene como propósito manchar mi prestigio y beneficiar al candidato del PRI, aunado a que mis demás adversarios lo aprovechan con la cobardía que les caracteriza”, dijo en obvia alusión a Andrés Manuel López Obrador.
Anaya Cortés afirmó de igual manera que, por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho de conocer la verdad, “le exijo a usted —es decir, al encargado del despacho de la PGR— que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento de los mexicanos si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que conforme a la ley pueda ser constitutiva de delito”.
En su último punto, el sexto del documento, el aspirante presidencial panista le dice a Elías Beltrán que “la institución que tiene a su cargo no debe prestarse, con evasivas ni silencios, a escándalos difamatorios. Y lo dicho vale para este caso y para los que el gobierno seguramente inventará durante la campaña. Le exijo a usted únicamente la legalidad que demanda la justicia”.
“Este gobierno federal priista usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores”, lanzó en su mensaje, emitido después del mediodía dominical, luego de acudir a las instalaciones de esa dependencia, para entregar al encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, un documento en el que le demanda que haga pública su situación legal (del panista), y detener la persecución en su contra.
“Vengo personalmente a exigirlo, porque el que nada debe, nada teme. A los mexicanos les digo: Este gobierno no me va a detener, vamos con fuerza, vamos con determinación. Juntos, el 1º de julio, vamos a ganar la Presidencia de la República y lograremos el cambio que le urge a nuestro país”, sentenció.
En su escrito de sólo una cuartilla, en seis puntos, Anaya señala que, “es del dominio público que, con motivo de una compra-venta estrictamente legal —se refiere naturalmente a aquella nave industrial—, mis adversarios políticos me imputan, falsa y dolosamente, una conducta delictiva”.
Aduce también a que “es del dominio público” que los hechos “supuestamente irregulares (lo cual no afirmo), son atribuidos exclusivamente a la parte compradora, no a la vendedora que yo representé, que recibió el precio de la operación a través de una trasferencia bancaria y que pagó los impuestos respectivos”.
Por estos hechos, recordó, la PGR “hizo pública la existencia de una carpeta de investigación sobre esa operación comercial y afirma haberla iniciado desde el mes de octubre del año pasado (2017).
“Es evidente que el escándalo político producido arteramente, tiene como propósito manchar mi prestigio y beneficiar al candidato del PRI, aunado a que mis demás adversarios lo aprovechan con la cobardía que les caracteriza”, dijo en obvia alusión a Andrés Manuel López Obrador.
Anaya Cortés afirmó de igual manera que, por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho de conocer la verdad, “le exijo a usted —es decir, al encargado del despacho de la PGR— que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento de los mexicanos si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que conforme a la ley pueda ser constitutiva de delito”.
En su último punto, el sexto del documento, el aspirante presidencial panista le dice a Elías Beltrán que “la institución que tiene a su cargo no debe prestarse, con evasivas ni silencios, a escándalos difamatorios. Y lo dicho vale para este caso y para los que el gobierno seguramente inventará durante la campaña. Le exijo a usted únicamente la legalidad que demanda la justicia”.
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| El candidato del Frente, ayer, al emitir un mensaje afuera de las instalaciones de la PGR. Foto: Especial |
Laura Arana
Entre militantes panistas, que en todo momento eran alentados por Jorge Romero para que le echaran porras a su candidato presidencial, Ricardo Anaya acudió ayer a las instalaciones de la PGR para exigir que la dependencia aclare si él ha cometido algún delito derivado de la investigación que la dependencia realiza sobre un presunto caso de lavado de dinero a partir de la compraventa irregular de un inmueble en Querétaro.
Acompañado por los dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, y del PRD, Manuel Grados, el abanderado de Por México al Frente entregó en la PGR un solicitud dirigida a Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho.
Sin contestar preguntas de los medios, Anaya emitió un breve mensaje, en el que acusó a la dependencia federal de “prestarse a la guerra sucia” en su contra.
El Dato: El jueves autoridades mexicanas informaron que Manuel Barreiro, presunto socio de Anaya, fue localizado en Canadá, pero sus abogados tramitaron un amparo para él.
“Este gobierno federal priista usa a la Procuraduría General de la República para dañar a quienes somos sus opositores; hace tres días la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen y buscando favorecer al candidato del PRI. Dolosamente, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, aclaró.
Ante ello, el dirigente panista demandó: “Por estar en curso un proceso electoral y porque los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad, y yo tengo el derecho a no ser difamado, exijo que con la misma rapidez con la que emitieron un boletín de prensa hace tres días, sin pretexto alguno, informen a los ciudadanos si después de cinco meses de investigación encontraron algún dato de prueba que implique la comisión de alguna conducta indebida de mi parte”.
En el documento que dirigió a Elías Beltrán, enfatizó que con motivo de una compraventa estrictamente legal que efectuó, sus adversarios políticos le imputaron, falsa y dolosamente, una conducta delictiva.
“Es del dominio público que los hechos supuestamente irregulares (lo cual no afirmo) son atribuidos exclusivamente a la parte compradora, no a la vendedora que yo representé, que recibió el precio de la operación a través de una transferencia bancaria y que pagó los impuestos respectivos.Es evidente que el escándalo público, producido arteramente, tiene como propósito manchar mi prestigio y beneficiar al candidato del PRI, aunado a que mis demás adversarios lo aprovechan con cobardía que les caracteriza”, detalló en el documento.
Inversión mexicana en otros países se triplicó
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empresas mantienen programas fuera del país
El pago de intereses total fue por 22,499 mdd; 8,973 mdd de la IP y el resto del gobierno.
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José Luis Caballero y Yolanda Morales
En el 2017 la inversión directa de mexicanos en el exterior sumó 5,083 millones de dólares, 217% más que lo registrado un año antes, cuando colocaron fuera de territorio 1,604 millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico). Ello muestra que las empresas mexicanas grandes, medianas y hasta algunas pequeñas mantienen activamente programas de inversión física fuera del país, bien mediante la compra de activos vía empresas ya consolidadas o mediante la instalación de nuevas plantas.
Desde el 2001, año en el que Banxico inicia el registro de estos flujos, el conjunto de corporativos establecidos en México invierte en promedio cada año en otros países 7,722 millones de dólares. Por montos destacan el del 2012 cuando alcanzó los 22,897 millones de dólares, así como el monto más bajo, en el 2008, por 438 millones de dólares.
En 17 años, los flujos de inversión directa de mexicanos en el exterior acumulan 131,280 millones de dólares, que equivale a 28% de la Inversión Extranjera Directa (IED) captada en México en ese mismo lapso y 22% respecto a la captada desde 1980.
Por su parte la inversión de cartera, registró una entrada anual de 4,235 millones de dólares, un flujo que representa una séptima parte del que ingresó el año pasado, que ascendió a 31,570 millones de dólares.
Esta desaceleración en el flujo de capitales al mercado mexicano es explicada por el economista para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, como un factor de riesgo.
“Al tomar en cuenta que México mantiene una importante presencia de inversionistas extranjeros en el mercado local, está mucho más expuesto a un choque negativo por la incertidumbre de las políticas de Estados Unidos ante el acuerdo del TLCAN, o por el cambio potencial de las políticas regulatorias y de inversión para los sectores de gas y petróleo tras el resultado electoral de la elección de julio”.
Otro registro importante que se reporta en la balanza de pagos es la salida de recursos del país, que constituye el pago de intereses por la deuda que tienen contratada, tanto el sector público como el privado. De acuerdo con la información del Banco de México, en el 2017, las empresas privadas establecidas en el país pagaron por ese concepto 8,973 millones de dólares, 14.4% más que el año previo, y es también una cifra récord en por lo menos 38 años.
El pago de intereses por las empresas privadas establecidas en México representó 40% del pago total al exterior en el 2017, el restante 60%, equivalente a 13,476 millones de dólares, fue depositado en instituciones financieras internacionales con cargo a las finanzas públicas del gobierno mexicano. Así, la salida de recursos financieros del país por dicho concepto alcanzó el año anterior 22,449 millones de dólares, la cifra más alta desde 1980 y equivalente a 78% de los envíos de remesas que los paisanos mexicanos enviaron el año anterior a sus familias.
DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, EL MÁS BAJO DEL SEXENIO
Por su parte, el déficit de la cuenta corriente del 2017 fue de 18,831 millones de dólares, lo que representó 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según información de Banxico.
Esto significa que la diferencia entre la entrada y salida de divisas del país el año pasado resultó la más baja de la administración del presidente saliente, Enrique Peña Nieto.
El déficit contrasta además con los 22,828 millones observados el año previo, y el Banco de México lo atribuye al fortalecimiento del peso frente al dólar, y al aumento de las exportaciones.
De acuerdo con analistas de Banorte Ixe, Pantheon Economics y Goldman Sachs, este resultado “muestra solidez de las cuentas externas a pesar de la incertidumbre que prevaleció en el año”.
La cuenta financiera de México captó 26,261 millones de dólares, un saldo que permitiría fondear la totalidad del déficit de la cuenta corriente anual reportada.
El banco central detalla que “la economía continuó captando recursos a través de la cuenta financiera, principalmente por concepto de inversión directa y de cartera”.
Así consigna que la IED que fluyó al país el año pasado ascendió a 24,612 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior a los 28,151 millones observados el año anterior.
Con este dato se confirma la observación del director de investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar, quien consignó hace unos días que ante el contexto de incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “se han presentado algunos retrasos en la inversión extranjera”, particularmente, desde el tercer trimestre del año pasado, acotó.
Según los resultados, la cuenta de capital resultó superavitaria en 150 millones de dólares.
PERSISTE ÉXODO EN CAPITALES MEXICANOS
El banco central informó de una desinversión de 4,710 millones de dólares dirigida por transferencias de mexicanos en el exterior.
Así, el 2017 resultó el octavo año consecutivo que los inversionistas residentes en México aumentaron sus activos en el exterior.
Al comparar esta desinversión de los mexicanos en papeles locales con la del año pasado, se observa un nuevo repunte, pues en el 2016 la ampliación de activos de residentes fuera de México sumó 24,759 millones de dólares.
Esta salida de capitales mexicanos fue consistente en el primero y segundo trimestre del año, cuando transfirieron capitales por 16,028 millones de dólares, completando un éxodo de 18 trimestres consecutivos, que sin embargo se revirtió para la segunda parte del año pasado, cuando regresaron al mercado nacional con inversiones de 11,319 millones de dólares.
RESERVAS Y REMESAS, DOS CARAS
Resultado de la combinación del déficit de la cuenta corriente, el superávit de la cuenta financiera y el flujo negativo del renglón de errores y omisiones por 7,580 millones de dólares y un cambio negativo en la variación de la reserva internacional por 2,190 millones de dólares, la reserva internacional bruta del Banco de México se redujo en 2,575 millones de dólares.
Esta cuenta incluye los pasivos de corto plazo del Banco de México.
Al interior, la balanza de ingreso secundario exhibió un superávit de 28,095 millones de dólares, resultado de créditos por 29,056 millones de dólares y débitos por 961 millones.
En el detalle de esta balanza, los ingresos por remesas sumaron 28,771 millones de dólares, que representó un crecimiento anual de 6.6% y un flujo que marcó un nuevo máximo histórico tal como lo consignamos desde el inicio del año.
En el último trimestre del año, la cuenta corriente registró un déficit de 3,207 millones de dólares, el segundo más bajo del 2017.
La cuenta financiera del último cuarto fue de 12,900 millones de dólares, y en el detalle se observa que la IED que ingresó al país sumó 2,438 millones de dólares.
Además, entraron 3,012 millones de dólares en inversión de cartera que resulta de la desinversión de valores del sector público por 1,650 millones de dólares, así como la salida de 1,953 millones de dólares del mercado de dinero, con lo que se amplía el éxodo por tercer trimestre consecutivo.
En riesgo, la lucha anticorrupción
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Alejandro Sánchez
Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, volvió a hacer un llamado al Congreso para nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, aseguró que lo que afecta más la lucha contra la corrupción es el retraso en la implementación de los sistemas locales anticorrupción por parte de los gobiernos de los estados que conforman el país.
—El alargamiento del nombramiento del fiscal anticorrupción, ¿descafeína el plan del Sistema Nacional Anticorrupción?– se le preguntó en entrevista con El Heraldo de México.
—Eso dependerá de todos los integrantes que estemos sentados ante el comité coordinador, pero tenemos a la Auditoría Superior, órgano autónomo; tenemos al INAI, otro órgano autónomo; tenemos al titular de la Función Pública, desde donde impulso con todo que el sistema funcione.
Lo que puede afectar más al sistema es el retraso de los 32 sistemas locales anticorrupción; tenemos un monitoreo mensual de cómo va cada estado.
—El empoderamiento de los gobernadores no es el mismo que en sexenios pasados. Ahora conocemos casos de corrupción inéditos. Nueve gobernadores ya se van. ¿Hay falta de voluntad política de parte de ellos para no amarrarse las manos?
—De estos casos específicos no me podría pronunciar, pero tuvimos casos graves, con órdenes de aprehensión, algunos ya en prisión. Es un parteaguas en la administración pública de los poderes de los estados, pero yo creo que será muy difícil que los repitamos. Tenemos un andamiaje jurídico sólido.
—Poco antes de su llegada, esta Secretaría estaba desahuciada, con su nombramiento resurge la dependencia para conducir el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora se acerca el cambio de gobierno, ¿cuáles son sus expectativas en el combate a la corrupción?
—Yo tendría que estar entregando la casa el último día de noviembre al presiden- te electo, quedaría al frente el comité coordinador el 1 de diciembre. Mi expectativa es trabajar mucho de aquí al fin de año para consolidar un sistema para que quienes lleguen lo encuentren funcionando y no les toque toda esta curva de implementación.
—La corrupción…
—El tema de la corrupción es un tema que duele a todos los mexicanos; la corrupción tiene que ser combatida, tiene que ser confrontada y tenemos que tomar acciones preventivas para evitar que siga ocurriendo y que el señor presidente Enrique Peña Nieto deje el sistema de transparencia, el sistema nacional anticorrupción, el código de procedimientos penales y toda la legislación penal para poder transitar al sistema penal acusatorio.
—Al inicio de esta conversación usted destacaba la importancia de la Auditoria Superior y su autonomía. Pues bien, ésta sigue haciendo su trabajo y continúa detectando posibles irregularidades, como en el caso de la secretaria Rosario Robles. Hasta se habla ya del método Rosario como un modus operandi para desviar recursos vía universidades ¿qué opina?
—El de las universidades es un tema recurrente, es un tema legal contratarlas, pero no se le dio cumplimiento al artículo 1 de la Ley de Obra, artículo 1 de la Ley de Adquisiciones (no se puede sub- contratar más de 49 por ciento) y la (institución) contratada debe tener los conocimientos de servicio.
La auditoría entregó el miércoles su informe 2016 y de ahí viene un desahogo de hasta 120 días para tener una conclusión.
Entonces hay que esperar para ver esto y esperar si a mí me emiten algún procedimiento administrativo, donde yo tenga que iniciar una investigación o un procedimiento.
—¿Algún mensaje para los candidatos presidenciales?
—Uno: ellos que van a estar a partir del 1 de abril viajando por todo el país, es importante que hagan escuchar la importancia de la implementación de los sistemas locales, es decir, promuevan que los estados ayuden a complementar el Sistema Nacional Anticorrupción y que se les otorguen los recursos para la implementación.
Dos: que el futuro titular de la Función Pública entienda la administración pública federal.
Tres: que se fortalezca el servicio de carrera para la consolidación y último que se siga apostando por la agenda de gobierno digital y profundice objetivos de la ventanilla única.
En enero, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, se reunió con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y entregó una serie de propuestas para la elaboración final del diseño de la política nacional anticorrupción con el fin de atacar el problema desde varias aristas, misma que está en discusión con especialistas, académicos y miembros de la sociedad para tener la última versión con las voces de todos en la sociedad.
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