Suma 6,879 mdp megadesvío.- ASF
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Claudia Salazar y Rolando Herrera
Cd. de México (21 febrero 2018).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos por 6 mil 879 millones de pesos en la actual Administración federal.
Los desvíos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 mediante la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias.
Al dar a conocer ayer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, el organismo alertó sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas.
Algunas de las dependencias involucradas en estos desvíos son la Sedesol, la Sedatu y la Sagarpa, así como la Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
"En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
"La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante", cita la ASF en su informe.
REFORMA publicó ayer que, mediante contratos suscritos por la Sedesol y la Sedatu, con Rosario Robles como titular, se desviaron mil 311 millones de pesos mediante la simulación de contratos con Radio y TV de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación.
En la revisión de 2016, la ASF reportó en 12 auditorías la simulación de servicios contratados para consultorías, asesorías y servicios relacionados, así como en la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.
Para acabar con estas irregularidades y aminorar la opacidad, propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos.
La ASF explicó que los convenios entre dependencias del sector público se hicieron al amparo de la excepción permitida en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.
"Las auditorías forenses han documentado la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes.
"En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos", alertó el organismo.
Protege el INE a los que no saben debatir: Meade
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| El candidato y Enrique Doger, abanderado a la gubernatura de Puebla. (Andrés Lobato) |
ISRAEL NAVARRO Y ABRAHAM REZA
México
El candidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) la prohibición de los debates en intercampañas y advirtió que esta medida “protege” a quienes no “pueden contrastar ideas”.
Adelantó que el partido tricolor impugnará la determinación, toda vez que en un país donde las nominaciones están definidas es necesario aprovechar todos los espacios para que la ciudadanía escuche los planteamientos de los aspirantes al Ejecutivo federal.
“Me parece terrible. Me parece que en un ejercicio democrático, el centro del ejercicio democrático es el debate. Ojalá el INE planteara más bien la alternativa de los mexicanos de contrastar, de escuchar, de ver y de tomar una decisión más informada en su momento.
“Creo que este espacio de evaluación, este espacio de reflexión, es un espacio propicio para empezar a encontrar momentos en donde podamos discutir y debatir, que es de lo que se tratan, al final del día, las elecciones”, dijo.
En entrevista luego de rendir protesta como candidato del Partido Verde a la Presidencia, Meade consideró que la decisión del INE protege “a quienes no tienen capacidad de contrastar ideas; nosotros, siempre en la mejor disposición de hacerlo”.
Sobre los señalamientos de triangulación de recursos contra Ricardo Anaya y los personajes que aparecen en la lista de plurinominales al Senado de Morena, expresó que sus adversarios están “empeñados en hacer de la política, corrupción”.
Por la mañana, en Twitter publicó que “en lugar de prohibir debates entre los candidatos en este periodo de intercampañas, el @INEMexico debería propiciarlos. Podemos mostrar quiénes somos sin pedir aún el voto”.
Por mayoría de votos, el Consejo General del INE aprobó el lunes pasado los criterios para la intercampaña y determinó que los candidatos no podrán aparecer en spots ni participar en actos públicos durante esa etapa, solo en mesas de análisis por separado.
POSTURAS
El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, calificó de “extralimitación” del INE prohibir los debates entre candidatos a cargos de elección durante el periodo de intercampaña, mientras el presidente de la Mesa Directiva, Édgar Romo, sostuvo que la restricción asegura “piso parejo”.
El perredista consideró un error de los consejeros electorales limitar las libertades políticas e individuales de los contendientes, cuando esas prohibiciones ni siquiera están previstas en la ley.
“¿Dónde está en la ley que eso no deba hacerse? Si medios de comunicación, cámaras empresariales u organizaciones de la sociedad civil invitan a dos o tres de los candidatos importantes a exponer sus puntos de vista ante un auditorio, ¿por qué va a prohibirse?, es parte de las libertades políticas e individuales de cada quien; el límite está yéndose a un extremo y me parece un error”, apuntó.
Por separado, el legislador priista justificó la determinación del INE al señalar que los debates entre candidatos en México están reservados para el periodo de las campañas formales.
“Ahorita todavía nadie cuenta con registro ante el INE como candidato, (pero) una vez que cuenten con él, ahí ya se establecen los plazos durante el desarrollo de los procesos electorales para llevar a cabo los debates”, remarcó.
Sobre el riesgo de que la prohibición de los debates perjudique al candidato Meade, Romo atajó: “Ahorita para todos el piso es parejo y en las intercampañas se sabe con claridad qué es lo que pueden y no pueden hacer los candidatos seleccionados, y creo que están todos en igualdad de condiciones; las campañas aún no empiezan, es muy difícil predeterminar un resultado”.
Por su parte, senadores de los diferentes partidos criticaron las decisiones del INE y del Tribunal Electoral, de prohibir los debates en el periodo de intercampañas y el desacuerdo sobre la información inmediata de las tendencias el día de la elección.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, reconoció que debe reformarse la ley electoral y se manifestó a favor de los debates en la llamada intercampaña.
“Ya nadie entiende qué es lo que sucede en la intercampaña. Creo que deberíamos, en las próximas reformas, suprimirla, darle regularidad a lo que en este momento está sucediendo, que son campañas de los que eran precandidatos y ahora son candidatos”, dijo.
El panista destacó que, si no hay un conteo rápido, no se pondrán nerviosos los mercados, pero el INE debe garantizar que sí habrá resultados ese mismo día a través del PREP.
A su vez, el coordinador perredista, Luis Sánchez, consideró que la decisión del INE beneficia al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que rehúye a estos ejercicios.
Los coordinadores de PRI y PT-Morena, Emilio Gamboa y Manuel Bartlett, demandaron al INE y al TEPJF ponerse de acuerdo para garantizar resultados tempranos.
CLAVES
ASUME CON EL PVEM
Ayer José Antonio Meade se convirtió de manera oficial en candidato presidencial de los partidos que lo impulsan, tras rendir protesta ante el PVEM.
En el Salón Maya del World Trade Center destacaron la presencia de un imitador de Juan Gabriel, de dos botargas de tucán y el reguetón.
Meade se comprometió a impulsar una agenda que vele por los intereses ambientales y por mejorar seguridad, empleo, prosperidad y bienestar.
Con información de: Fernando Damián, Elia Castillo, Angélica Mercado y Omar Brito.
Replican fraude de universidades; instituciones y dependencias
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| PROTOCOLO. Juan Javier Pérez Saavedra, encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación (extrema derecha), entrega al diputado Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el informe de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016. Observa Edgar Romo García, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. |
TANIA ROSAS Y DAVID VICENTEÑO
CIUDAD DE MÉXICO.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas, que Excélsior dio a conocer hace un año.
En este modelo, las secretarías u organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia de los servicios realizados.
En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandipropició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos.
Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas se dan en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, indicó.
Ponen lupa
En la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó manejos irregulares por 114,250 mdp.
CIUDAD DE MÉXICO.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales, replicaron el fraude en el que incurrieron algunas universidades públicas, que Excélsior dio a conocer hace un año.
En este modelo, las secretarías u organismos oficiales contratan instituciones educativas por un bien o servicio, con lo que eluden su obligación de licitar, pero luego, para cumplir, las universidades subcontratan a terceros que no pueden dar constancia de los servicios realizados.
En la auditoría a la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó que este modus operandipropició un daño a la Hacienda Pública Federal por 968 millones 887 mil pesos.
Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas se dan en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, indicó.
Ponen lupa
En la Cuenta Pública 2016 la ASF detectó manejos irregulares por 114,250 mdp.
De esta cifra falta recuperar o aclarar el destino de 104, 242 mdp, 91.2% del total.
Hizo 1,865 auditorías y 4,439 recomendaciones.
Replican modelo de universidades
Detecta la Auditoría Superior posible fraude por 968 millones 887 mil pesos en entidades gubernamentales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que empresas paraestatales de entidades federativas, incluso dependencias federales replicaron el esquema de fraude e irregularidades en el que incurrieron algunas universidades públicas. Tras las auditorías a la Cuenta Pública 2016 se detectó que este modus operandi propició un posible daño a la Hacienda Pública Federal por al menos 968 millones 887 mil pesos.
Derivado de las auditorías a la Cuenta Pública 2016, la ASF detectó que hay abuso en las contrataciones entre dependencias y entidades públicas en un ambiente de “excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”.
Esta práctica propicia el desvío de recursos públicos, afecta la imagen de gestión gubernamental y a final de cuentas no se tiene evidencia de que se entregan los bienes y servicios contratados.
La ASF presentó 12 auditorías a la Cuenta Pública 2016 que replican este modelo de corrupción, entre ellas una que la llevó a solicitar la revisión de objetivos y atribuciones del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), al advertir que no cumple con los propósitos para los que fue creado.
Destacó que el INCA Rural signó varios contratos con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pero carecía de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos.
“Como consecuencia de lo anterior, INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (estas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios a INCA Rural”, precisa.
Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos.
“En este caso, el Conafe contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100% de los bienes y servicios solicitados”.
Se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones, en las adquisiciones realizadas entre la Sagarpa y la Universidad Autónoma de Chapingo; entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Autónoma de Zacatecas; también entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Asimismo, entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Conapesca; entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la Sagarpa, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad; entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Sedatu; entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, y entre Televisora de Hermosillo y la Sedatu.
Excélsior dio a conocer en febrero de 2017 que la ASF detectó un modus operandi de corrupción en la que incurren las universidades públicas. Tan sólo en el 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.
El modus operandi consiste en simular contratos, incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para llevar a cabo las labores acordadas o a empresas inexistentes.
Por otro lado, la ASF dijo que hizo siete auditorías forenses a universidades, es decir, aquellas que practica para la investigación y documentación de un presunto delito.
Por ejemplo, se detectó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por 90 millones 014,790.05 pesos correspondiente al importe en exceso pagado por la Sedatu a la Universidad Tecnológica de Campeche, de los cuales se realizaron pagos injustificados a 11 empresas por 79 millones 49,784.01 pesos, sin que se tenga evidencia de que hayan otorgado los bienes o servicios.
Escándalo atora 5 mmdp para reconstrucción de 19-S
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| FOTO: ARCHIVO. EL UNIVERSAL |
La disputa entre la Asamblea Legislativa y la Comisión para la Reconstrucción por la definición de los recursos orilló al Gobierno de la Ciudad de México a desembolsar presupuesto propio o del que tenían asignado las dependencias, a fin de dar cumplimiento a los trabajos de recuperación tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
En tanto se aprueban las reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, propuestas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los 5 mil millones de pesos que integran el Fondo para la Reconstrucción, contemplados en el artículo 14, fracción 1 de la dicha ley, están parados.
Si bien la Asamblea ya había definido el destino de ese dinero, con el oficio del 14 de febrero, fuentes del Gobierno confirmaron que la liberación de esos recursos se dará cuando se concrete la reforma legal.
Por ello se ha recurrido a otras partidas presupuestales. Por ejemplo, ayer el jefe de Gobierno informó que para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción se hará uso de 2 mil 950 millones de pesos correspondientes al Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden).
Mientras se define el marco legal bajo el cual habrán de ejercerse estos recursos, Mancera informó ayer que los trabajos de Comisión para la Reconstrucción se suspenden.
“Hay que hacer una acotación, los trabajos continúan, las tareas siguen; la parte que corresponde a la comisión, que es incorporar estos estudios, realizar otros, tener la vinculación científica, etcétera, esa podría verse en un impasse, en tanto no tengamos la reforma”, dijo.
El mandatario dijo que con esta pausa en los trabajos, se respalda el posicionamiento de los integrantes que han renunciado a la comisión, como rechazo a las facultades que se dio la Asamblea Legislativa para distribuir y aprobar los recursos del Fondo para la Reconstrucción.
De los nueve especialistas que conformaban la Comisión para la Reconstrucción, Mauricio Merino, Ricardo Becerra, Katia D’Artigues y Fernando Tudela renunciaron.
Se tiene previsto que hoy las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea sesionen para dictaminar la iniciativa enviada por Mancera, para modificar los artículos 13 y 14 del Decreto del Presupuesto, así como adicionar el 71 relativo a seguros a vivienda contra daños por sismo.
Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Gobierno en el órgano legislativo local, Leonel Luna Estrada, quien precisó que mañana el pleno estará en condiciones de sesionar en periodo extraordinario.
Luna rechazó que la modificación al decreto del paquete económico represente una enmienda del mandatario local a la Asamblea.
“No lo veo así, lo que queremos como órgano legislativo es evitar que continúe esta guerra sucia por Morena y dar certeza a los damnificados y capitalinos. No hay nada opaco, es para quitar esa imagen falsa”, dijo.
Sostuvo que los montos contemplados en el presupuesto son propuesta de las dependencias capitalinas y que la Secretaría de Finanzas local los administra.
La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Cada vez más Resiliente, en su artículo 8 establece que entre las atribuciones de la comisión están el “gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el programa o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente [así como] coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos”.
En tanto se aprueban las reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, propuestas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los 5 mil millones de pesos que integran el Fondo para la Reconstrucción, contemplados en el artículo 14, fracción 1 de la dicha ley, están parados.
Si bien la Asamblea ya había definido el destino de ese dinero, con el oficio del 14 de febrero, fuentes del Gobierno confirmaron que la liberación de esos recursos se dará cuando se concrete la reforma legal.
Por ello se ha recurrido a otras partidas presupuestales. Por ejemplo, ayer el jefe de Gobierno informó que para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción se hará uso de 2 mil 950 millones de pesos correspondientes al Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden).
Mientras se define el marco legal bajo el cual habrán de ejercerse estos recursos, Mancera informó ayer que los trabajos de Comisión para la Reconstrucción se suspenden.
“Hay que hacer una acotación, los trabajos continúan, las tareas siguen; la parte que corresponde a la comisión, que es incorporar estos estudios, realizar otros, tener la vinculación científica, etcétera, esa podría verse en un impasse, en tanto no tengamos la reforma”, dijo.
El mandatario dijo que con esta pausa en los trabajos, se respalda el posicionamiento de los integrantes que han renunciado a la comisión, como rechazo a las facultades que se dio la Asamblea Legislativa para distribuir y aprobar los recursos del Fondo para la Reconstrucción.
De los nueve especialistas que conformaban la Comisión para la Reconstrucción, Mauricio Merino, Ricardo Becerra, Katia D’Artigues y Fernando Tudela renunciaron.
Se tiene previsto que hoy las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea sesionen para dictaminar la iniciativa enviada por Mancera, para modificar los artículos 13 y 14 del Decreto del Presupuesto, así como adicionar el 71 relativo a seguros a vivienda contra daños por sismo.
Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Gobierno en el órgano legislativo local, Leonel Luna Estrada, quien precisó que mañana el pleno estará en condiciones de sesionar en periodo extraordinario.
Luna rechazó que la modificación al decreto del paquete económico represente una enmienda del mandatario local a la Asamblea.
“No lo veo así, lo que queremos como órgano legislativo es evitar que continúe esta guerra sucia por Morena y dar certeza a los damnificados y capitalinos. No hay nada opaco, es para quitar esa imagen falsa”, dijo.
Sostuvo que los montos contemplados en el presupuesto son propuesta de las dependencias capitalinas y que la Secretaría de Finanzas local los administra.
La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Cada vez más Resiliente, en su artículo 8 establece que entre las atribuciones de la comisión están el “gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el programa o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente [así como] coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos”.
Señalan a Anaya de triangular recursos con empresas fachada
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Emir Olivares y Néstor Jiménez
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya Cortés, fue acusado de orquestar una red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países y paraísos fiscales para simular la compra-venta de una nave industrial, con valor de 54 millones pesos, y con ello beneficiar a una compañía propiedad del panista.
En conferencia de prensa, el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro –tierra de origen de Anaya– para concretar dicho entramado, afirmó que sus clientes son objeto de amenazas en las que podría estar implicado el candidato u otros actores, por lo cual hace unos días presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Explicó que en 2016, Alberto N y Daniel N, de quienes reservó su identidad, fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.
Acompañó sus señalamientos con copias de las transferencias realizadas a cada una de las personas morales que intervinieron en el esquema para la adquisición del inmueble, los contratos de compraventa, los documentos que acreditan la existencia de algunas de las empresas nacionales y extranjeras que intervinieron, los contratos de créditos simulados, diagramas en los que se explica la operación y correos electrónicos entre sus clientes y Barreiro.
El fin, ocultar origen de fondos
Uno de los dos contratistas sostuvo en la denuncia: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la citada empresa, Juniserra –propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa; esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Anaya desde hace muchos años”.
Como primer paso, la empresa Juniserra, propiedad de Anaya, compró a Barreiro un lote del terreno marcado con el número 82, ubicado en la carretera estatal 431 km 2+200, Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, con superficie de 13 mil 589 metros cuadrados y valor de 10 millones de pesos.
Posteriormente, en abril de 2016, Barreiro buscó a Daniel N y Alberto N para armar una red de empresas fachada o fantasmas, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del empresario queretano.
Entre dichas empresas se trianguló el dinero para perder el rastro de su origen, ya que el propio Barreiro pretendía recomprar el terreno, ahora catalogado como nave industrial, a la empresa de Anaya por cinco veces su valor original. En ningún momento sus clientes tuvieron contacto con el candidato presidencial del PAN.
“Para esto mis clientes constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”
Tras pasar por estos países, la millonaria suma llegó a la empresa Tesorem –propiedad de los dos denunciantes–, mediante la cual se habrían enviado los 54 millones de pesos a una compañía fantasma llamada Manhattan Master Plan Development, que pagó dicha suma a Juniserra.
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| Las acusaciones, refrito de las que recibí hace cinco meses, dice Ricardo Anaya Foto Yazmín Ortega Cortés |
Como parte de los 54 millones que llegaron a Juniserra, la empresa de Anaya compraría otro lote en el mismo parque industrial a Barreiro. Probablemente con la idea de recircular el dinero y repetir la operación.
Anaya fue señalado desde 2016 de no reportar ingresos que justi-fiquen cómo cubre la residencia de su familia en Estados Unidos. En sus declaraciones patrimoniales informó de ganancias anuales por 1.1 millones de pesos. Además, se ha denunciado que empresas ligadas a él y su familia política crecieron de manera exponencial a la par de su carrera política.
Xamán Mcgregor sostuvo que sus clientes hicieron pública la denuncia porque comenzaron a ser acosados, seguidos y hasta amenazados, y temen por su integridad.
Por eso se presentó la denuncia ante la PGR y responsabilizó de cualquier daño contra sus defendidos –cuya situación jurídica es de carácter reservado– a Anaya, a Barreiro y a los gobiernos federal y de Querétaro (encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién). Aunque, aclaró, no tienen pruebas contundentes de quién está detrás de esas amenazas.
Vendí a precio de mercado y todo fue reportado en mi delaración 3de3, argumenta
De la Redacción
Ricardo Anaya Cortés descalificó los señalamientos en su contra por presunta triangulación de recursos. Consideró que son refrito de las acusaciones que le formularon hace cinco meses.
Afirmó que se trata de una estrategia de guerra sucia del PRI en su contra, que intenta confundir a la opinión pública y levantar la campaña en ruinas de su candidato (José Antonio Meade). Y, nuevamente, no les va a funcionar.
Ayer, la oficina de comunicación del panista emitió un comunicado en respuesta a la denuncia hecha horas antes por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien lo responsabilizó de triangulación de recursos por varios países y paraísos fiscales, y como probable responsable de acoso contra sus clientes.
Anaya indicó que su empresa vendió una nave industrial a precio de mercado, lo que está reportado en su declaración 3de3, y que su compañía siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales.
Los señalamientos, enfatizó, son una forma de distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales por la entonces titular de Secretaría de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga.
Calificó de absurdos y (de) risa loca los señalamientos de que amenazó a los dos clientes de Xamán McGregor –quienes habrían sido contratados para las triangulaciones señaladas por Manuel Barreiro Castañeda, empresario del sector inmobiliario y, de acuerdo con las acusaciones, cercano a Anaya–, a quienes aseguró no conocer y jamás haber tenido contacto con ellos.
Acerca de la triangulación de recursos, Anaya indicó que fue aclarado en su momento en un comunicado de prensa el 18 de septiembre de 2017, en el que se asentó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compraventa a entera satisfacción de nuestra empresa (…) No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien correspondería verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes, y no a quienes vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacción”.
Anaya fue señalado desde 2016 de no reportar ingresos que justi-fiquen cómo cubre la residencia de su familia en Estados Unidos. En sus declaraciones patrimoniales informó de ganancias anuales por 1.1 millones de pesos. Además, se ha denunciado que empresas ligadas a él y su familia política crecieron de manera exponencial a la par de su carrera política.
Xamán Mcgregor sostuvo que sus clientes hicieron pública la denuncia porque comenzaron a ser acosados, seguidos y hasta amenazados, y temen por su integridad.
Por eso se presentó la denuncia ante la PGR y responsabilizó de cualquier daño contra sus defendidos –cuya situación jurídica es de carácter reservado– a Anaya, a Barreiro y a los gobiernos federal y de Querétaro (encabezado por el panista Francisco Domínguez Servién). Aunque, aclaró, no tienen pruebas contundentes de quién está detrás de esas amenazas.
Vendí a precio de mercado y todo fue reportado en mi delaración 3de3, argumenta
De la Redacción
Ricardo Anaya Cortés descalificó los señalamientos en su contra por presunta triangulación de recursos. Consideró que son refrito de las acusaciones que le formularon hace cinco meses.
Afirmó que se trata de una estrategia de guerra sucia del PRI en su contra, que intenta confundir a la opinión pública y levantar la campaña en ruinas de su candidato (José Antonio Meade). Y, nuevamente, no les va a funcionar.
Ayer, la oficina de comunicación del panista emitió un comunicado en respuesta a la denuncia hecha horas antes por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien lo responsabilizó de triangulación de recursos por varios países y paraísos fiscales, y como probable responsable de acoso contra sus clientes.
Anaya indicó que su empresa vendió una nave industrial a precio de mercado, lo que está reportado en su declaración 3de3, y que su compañía siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales.
Los señalamientos, enfatizó, son una forma de distraer la atención de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales por la entonces titular de Secretaría de Desarrollo Social y hoy de la de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlanga.
Calificó de absurdos y (de) risa loca los señalamientos de que amenazó a los dos clientes de Xamán McGregor –quienes habrían sido contratados para las triangulaciones señaladas por Manuel Barreiro Castañeda, empresario del sector inmobiliario y, de acuerdo con las acusaciones, cercano a Anaya–, a quienes aseguró no conocer y jamás haber tenido contacto con ellos.
Acerca de la triangulación de recursos, Anaya indicó que fue aclarado en su momento en un comunicado de prensa el 18 de septiembre de 2017, en el que se asentó que “la empresa Manhattan Master Plan Development cubrió el importe de la compraventa a entera satisfacción de nuestra empresa (…) No conozco de irregularidad alguna. En cualquier caso, a quien correspondería verificar que su empresa (Manhattan Master Plan Development) cumple con la normatividad vigente es a las autoridades competentes, y no a quienes vendimos un inmueble cuyo precio fue cubierto a nuestra entera satisfacción”.
En puerta, nueva reunión EPN-Trump
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En el marco de las actividades de la XXV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el presidente Enrique Peña Nieto dialogó con el mandatario estadunidense Donald J. Trump.
El presidente Enrique Peña Nieto conversó telefónicamente con su homólogo estadunidense, Donald Trump, con quien acordó avanzar en el desahogo de la agenda bilateral en diversas materias.
De acuerdo con información difundida por la oficina de prensa de Los Pinos, ambos presidentes se comprometieron a continuar impulsando la agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración, mediante el esfuerzo coordinado de sus equipos de trabajo.
También intercambiaron condolencias por los trágicos sucesos que tuvieron lugar la semana pasada en ambos países.
El presidente Peña Nieto lamentó las 17 víctimas mortales del tiroteo en una escuela de Parklane, Florida, y Trump las 13 por el desplome de un helicóptero en el estado de Oaxaca, ocurrido cuando funcionarios federales iniciarían una visita para supervisar la zona tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió al país.
La llamada telefónica ocurrió en medio de la expectación que generó el anuncio de una próxima reunión entre ambos presidentes.
La cita se realizaría los próximos 27 y 28 de febrero, de acuerdo con fuentes estadunidenses citadas por el semanario Proceso.
La reunión se llevaría a cabo a más de un año del que debió ser el encuentro oficial en Estados Unidos entre los presidentes Peña Nieto y Trump.
Ninguna autoridad confirmó la noticia y tampoco el breve comunicado de Los Pinos da cuenta de que el tema del encuentro haya sido tratado durante la conversación.
La Casa Blanca informó la semana pasada que funcionarios de ambos gobiernos trabajaban para organizar una reunión entre los presidentes Peña Nieto y Trump.
La semana pasada, tras una nueva visita de trabajo a Washington del canciller Luis Videgaray, tanto la Casa Blanca como el gobierno mexicano anunciaron públicamente que buscan la celebración de una reunión entre Trump y Peña Nieto.
Brinca nombre de Anaya en movida inmobiliaria... ahora de 54 mdp
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| Foto: Especial |
María Cabadas
Al igual que hace un par de semanas que fue evidenciado por realizar actos de triangulación de recursos y lavado de dinero y con el mismo modus operandi de vender y luego comprar propiedades a un valor mayor, Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ahora es acusado de utilizar algunos paraísos fiscales en México, Canadá, Suiza y otros países.
Ello para realizar una transacción por más de 54 millones de pesos para adquirir una nave industrial en su natal Querétaro, por medio de la empresa Junisierra, propiedad de Anaya Cortés y su familia, denunció el abogado Adrián Xamán McGregor, representante legal de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes crearon empresas exprofeso para “lavar dinero” a favor del panista.
“Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro —socio y amigo de Ricardo Anaya— encargó a mis clientes constituir un esquema en el que se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros, de toda la confianza del señor Manuel Barreiro y a través de las cuales se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, sostuvo el jurista en conferencia de prensa.
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Esta sociedad es propiedad de mis clientes y de este ente salieron 54 millones de pesos hacia una empresa de México llamada Manhattan Master Plan Development, que fue la que formalmente compró el lote a Juni Serra y le pagó los 54 millones de pesos”.
Sobre la empresa Manhattan Master Plan Development especificó que es una “fantasma”, sus propietarios originales eran dos empleados de Manuel Barreiro y al percatarse de que resultaría inverosímil que dos empleados de escasos recursos compraran una nave industrial de 54 millones de pesos, se estableció como propietario a Juan Carlos Reyes García, hermano de un alto ejecutivo de la empresa de Barreiro.
Precisó que el inmueble a comprar sería el lote de terreno marcado por el número 82, ubicado en carretera estatal 431, kilómetro 2+200 Hacienda La Machorra, en el municipio de El Marqués, en Querétaro, que cuenta con una superficie de 11 mil 582 metros cuadrados.
“Este lote había sido comprado por Juni Serra, empresa de Ricardo Anaya, al mismo señor Barreiro, un par de años antes, en 10 millones de pesos; es decir, la empresa de Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos y dos años más tarde se la vendió ahora como nave industrial en 54 millones de pesos”, expresó Xamán McGregor.
Apenas el 9 de febrero pasado el grupo Consenso Ciudadano por Querétaro presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato a Los Pinos por enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Panista califica de “risa loca” la acusación
Como de “risa loca” calificó el precandidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, las imputaciones por una transacción por más de 54 millones de pesos al señalar que este asunto fue aclarado desde hace cinco meses.
“Que amenacé a personas que no tengo el gusto de conocer y cuyo mismo abogado reconoce que no han tratado conmigo, es francamente absurdo y de risa loca.
“Nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato. Y, nuevamente, no les va a funcionar”, precisó Anaya.
El político queretano precisó que el tricolor busca distraer la atención “de un gravísimo escándalo de corrupción detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que implicaría el desvío de más de mil 300 millones de pesos de programas sociales, por parte de la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y hoy titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles”.
Resaltó que su empresa vendió la nave industrial a precio de mercado y que está declarada en su 3de3.
Con información de María Cabadas
Negociación del TLCUEM se va a otro tiempo extra
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concluye novena ronda negociadora
El encuentro terminó con el cierre de cinco capítulos del acuerdo, pero los avances no fueron suficientes para concretar la firma del protocolo actualizado, el cual se ha venido aplazando desde finales del año pasado.
El encuentro terminó con el cierre de cinco capítulos del acuerdo, pero los avances no fueron suficientes para concretar la firma del protocolo actualizado, el cual se ha venido aplazando desde finales del año pasado.
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Roberto Morales
México y la Unión Europea concluyeron este martes, en la Ciudad de México, la novena ronda de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM), con el cierre de cinco capítulos más.
En esta ronda se terminaron de negociar los capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio; Empresas Propiedad del Estado; Subsidios; Comercio de Servicios, en lo que se refiere en particular a reglamentación nacional, telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega, y Anticorrupción.
Éstos se suman a los concluidos en rondas anteriores: Pequeñas y Medianas Empresas; Política de Competencia, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia, y Energía y Materias Primas.
Se tenía previsto que la ronda terminara el jueves con la posible participación de Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea, pero finalmente las negociaciones se recortaron dos días, dado que la funcionaria decidió ya no participar.
En esta ronda también se concretaron avances sustantivos en los textos de los capítulos de comercio de bienes, reglas de origen, contratación pública, inversión, propiedad intelectual y aspectos legales e institucionales. Están pendientes de alcanzarse consensos principalmente en temas específicos de los capítulos de comercio de bienes, reglas de origen y propiedad intelectual.
“Dado que la modernización del TLCUEM constituye una prioridad en la agenda comercial de México, orientada a fortalecer la integración con socios existentes y a promover la diversificación de las relaciones comerciales con otras regiones del mundo, las discusiones con la Unión Europea continuarán con miras a alcanzar un acuerdo balanceado que atienda los intereses de ambas partes. Al igual que en todas las negociaciones, se continuará privilegiando los beneficios que se obtendrán para México”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado.
La Unión Europea, integrada por 28 estados miembros, constituye el tercer socio comercial, el segundo mercado de destino de las exportaciones y la segunda fuente de inversión extranjera directa para México.
Entre las primeras acciones emprendidas con el fin de modernizar el TLCUEM, se encuentra la negociación de los términos de referencia contenidos en el Informe de Visión Conjunta, en el cual las partes acordaron los objetivos generales y la posible cobertura de la modernización de tal instrumento jurídico. Este primer proceso de negociación concluyó en junio del 2015.
La cobertura temática de la modernización del TLCUEM es de última generación, al incluir temas como acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, instrumentos de defensa comercial, derechos de propiedad intelectual, contratación pública y comercio de servicios (incluyendo comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros y entrada temporal de personas de negocios).
Otras esferas que abarca son: inversión, política de competencia, coherencia regulatoria, comercio y desarrollo sostenible, energía y materias primas, cooperación en materia de pymes y solución de controversias.
Según el gobierno mexicano, a partir de la cobertura temática del TLCUEM, se busca no sólo fortalecer las relaciones comerciales con otros países en beneficio de los sectores industriales mexicanos, sino robustecer el marco normativo de México para incrementar los flujos multisectoriales de comercio e inversión con la Unión Europea, así como “capitalizar las oportunidades de inversión derivadas de las reformas estructurales”.
De acuerdo con cifras de la Comisión Europea, el bloque comunitario importó desde México productos por un valor de 19,943 millones euros y sus exportaciones hacia el mercado mexicano sumaron 33,843 millones de euros de enero a septiembre del 2017.
De nuevo a esperar
Al comenzar la novena ronda de negociaciones del TLCUEM existía la expectativa de que México y la Unión Europea pudieran cerrar “políticamente” el acuerdo este mes de febrero, según un informe enviado por la Secretaría General del Consejo de ese bloque comunitario.
El documento, emitido el 23 de enero del 2018 y enviado al Consejo de la Unión Europea, destacaba que las negociaciones del TLCUEM se dirigen “hacia el final del juego”.
“A pesar de las persistentes dificultades, las negociaciones podrían concluirse políticamente en febrero del 2018, siempre que México tenga la voluntad política de hacerlo”, se lee en el informe.
Desde finales del año pasado se planteó la posibilidad de que el acuerdo se cerrara antes del 2018, pero ello no se logró a partir de las tensiones bilaterales en temas como las denominaciones de origen en el sector de lácteos.
los avances hasta el momento:
En la renegociación del TLCUEM se han logrado a la fecha el cierre de 10 capítulos, pero continúa sin concluirse el apartado de propiedad intelectual y su relativo de denominaciones de origen:
- Pequeñas y Medianas Empresas
- Política de Competencia
- Comercio y Desarrollo Sostenible
- Transparencia
- Energía y Materias Primas
- Obstáculos Técnicos al Comercio
- Empresas Propiedad del Estado
- Subsidios
- Comercio de Servicios (telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega)
- Anticorrupción
Golpes bajos: Salpica guerra sucia a campañas
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Apenas van tres días de que los partidos políticos y coaliciones nombraron oficialmente a sus candidatos, y ya comenzó la guerra sucia electoral.
En la cancha de los presidenciales, a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, lo acusaron de triangular fondos en paraísos fiscales y lavado de dinero.
Anaya suma ya varios señalamientos por corrupción, mismos que ha rechazado e incluso ha decidido responder con litigios, ya sea contra medios de comunicación o adversarios políticos.
Mientras que en el terreno de los que buscan un cargo de elección popular crecen las acusaciones por corrupción, falta de méritos o privilegios familiares. La mayoría de esos señalamientos nacen y desarrollan en las redes sociales.
Las acusaciones contra de Napoleón Gómez Urrutia, a quien Morena postuló en un lugar privilegiado de las listas plurinominales al Senado de la República, subieron de tono al asegurar que el líder sindical vive en medio de lujos y excentricidades en Canadá gracias al dinero que se le envía desde México. Se difundieron versiones de que vive en un departamento de lujo cuyo valor equivale a 36 millones de pesos.
A lo anterior, se sumó un debate legal sobre la viabilidad o no de su registro al Senado pues hay información -que sus abogados niegan- sobre que pidió la nacionalidad canadiense cuando decidió exiliarse ante las investigaciones que el sexenio de Vicente Fox se abrieron en su contra por enriquecimiento inexplicable.
Otro caso contra Morena, fue una llamada fake news, (noticia falsa) de un reportaje que -presuntamente- revelaba cómo, en 2016, Javier Duarte de Ochoa entregó 200 millones de pesos al candidato de ese partido a gobernador, Cuitláhuac García.
En la falsa información también se menciona que Rocío Nahle, actual coordinadora de Morena en San Lázaro, y Ricardo Monreal, ex Jefe delegacional en Cuauhtémoc y hoy coordinador regional de la defensa del voto de ese instituto político, habrían recibido dinero por parte del gobierno de Duarte.
En el caso de Nahle, anteriormente se le vinculó con otro escándalo, cuando Eva Cadena, diputada local de Veracruz y ex candidata a presidenta municipal de Las Choapas, fue videograbada recibiendo dinero que presuntamente iría para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Cadena señaló a Nahle, como el enlace financiero de López Obrador.
Otros que están en las listas de candidatos a diputados o senadores ya sea por la vía plurinominal o por urnas, son blanco de críticas por escolaridad, amistades o vínculos familiares.
En redes sociales crecieron las críticas contra Karen Quiroga, a quien designaron candidata del Frente a Iztapalapa, y es sobrina de la actual Delegada Dione Anguiano.
Otro caso de críticas fue el de Erick de la Rosa, del Estado de México, que irá por la vía plurinominal y en su CV sólo presenta la secundaria.
En redes circulan fotos de una colaboradora del senador Jorge Luis Preciado del PAN, con quien se filtró una llamada telefónica. Ella hoy es candidata.
En la cancha de los presidenciales, a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, lo acusaron de triangular fondos en paraísos fiscales y lavado de dinero.
Anaya suma ya varios señalamientos por corrupción, mismos que ha rechazado e incluso ha decidido responder con litigios, ya sea contra medios de comunicación o adversarios políticos.
Mientras que en el terreno de los que buscan un cargo de elección popular crecen las acusaciones por corrupción, falta de méritos o privilegios familiares. La mayoría de esos señalamientos nacen y desarrollan en las redes sociales.
Las acusaciones contra de Napoleón Gómez Urrutia, a quien Morena postuló en un lugar privilegiado de las listas plurinominales al Senado de la República, subieron de tono al asegurar que el líder sindical vive en medio de lujos y excentricidades en Canadá gracias al dinero que se le envía desde México. Se difundieron versiones de que vive en un departamento de lujo cuyo valor equivale a 36 millones de pesos.
A lo anterior, se sumó un debate legal sobre la viabilidad o no de su registro al Senado pues hay información -que sus abogados niegan- sobre que pidió la nacionalidad canadiense cuando decidió exiliarse ante las investigaciones que el sexenio de Vicente Fox se abrieron en su contra por enriquecimiento inexplicable.
Otro caso contra Morena, fue una llamada fake news, (noticia falsa) de un reportaje que -presuntamente- revelaba cómo, en 2016, Javier Duarte de Ochoa entregó 200 millones de pesos al candidato de ese partido a gobernador, Cuitláhuac García.
En la falsa información también se menciona que Rocío Nahle, actual coordinadora de Morena en San Lázaro, y Ricardo Monreal, ex Jefe delegacional en Cuauhtémoc y hoy coordinador regional de la defensa del voto de ese instituto político, habrían recibido dinero por parte del gobierno de Duarte.
En el caso de Nahle, anteriormente se le vinculó con otro escándalo, cuando Eva Cadena, diputada local de Veracruz y ex candidata a presidenta municipal de Las Choapas, fue videograbada recibiendo dinero que presuntamente iría para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Cadena señaló a Nahle, como el enlace financiero de López Obrador.
Otros que están en las listas de candidatos a diputados o senadores ya sea por la vía plurinominal o por urnas, son blanco de críticas por escolaridad, amistades o vínculos familiares.
En redes sociales crecieron las críticas contra Karen Quiroga, a quien designaron candidata del Frente a Iztapalapa, y es sobrina de la actual Delegada Dione Anguiano.
Otro caso de críticas fue el de Erick de la Rosa, del Estado de México, que irá por la vía plurinominal y en su CV sólo presenta la secundaria.
En redes circulan fotos de una colaboradora del senador Jorge Luis Preciado del PAN, con quien se filtró una llamada telefónica. Ella hoy es candidata.
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