sábado, 24 de febrero de 2018

Reprueba Auditoría el plan antihambre.



La Cruzada Nacional contra el Hambre no resultó una solución estructural a la pobreza extrema alimentaria en México, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el Informe de la Cuenta Pública 2016, la iniciativa emblema de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contó con 30 programas para atender a 6.1 millones de pobres extremos alimentarios, los cuales no garantizaron la erradicación del hambre en dicha población.

"(La Sedesol) no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas en pobreza extrema alimentaria, ni que su atención permitió que abandonar dicha situación", señaló.

Por la definición del objetivo de la Cruzada, los programas deberían atender a los mexicanos con ingresos menores a la línea de bienestar, con falta de acceso a la alimentación y con otras dos carencias sociales, como falta de acceso a la educación o a la salud.

Sin embargo, tres de los programas en la Cruzada no contaron con presupuesto y siete no solucionaron ninguna carencia social de los beneficiarios.

Debido a que 18 programas no registraron la situación inicial de los beneficiarios, tampoco es posible conocer cómo incidieron en sus carencias sociales.

Aunque desde la gestión de Rosario Robles se presumió que cada uno de los 6.1 millones de beneficiarios fue identificado con nombre y apellido, la dependencia no sustentó ante la ASF su condición socioeconómica, por lo que se desconoce si eran pobres extremos alimentarios.

Además, Sedesol omitió informar sobre el presupuesto total de la Cruzada, que involucró recursos de 11 dependencias y 17 entidades, por lo que la Auditoría no pudo determinar el nivel de cumplimiento presupuestario.

El informe reporta que el Programa Comedores Comunitarios, uno de los principales de la Cruzada, tiene fallas en su diseño que afectan su implementación.

Por ejemplo, los comedores operan solo cinco de los siete días de la semana, lo cual deja a los beneficiarios con la posibilidad de experimentar hambre pese a contar con un programa social.

Diana Baptista/REFORMA

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