Afrontan desastres con atlas obsoletos; 19 estados aplazan su actualización
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| Foto: Karina Tejada/Archivo |
IVÁN E. SALDAÑA
La planeación y aplicación de las medidas de protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen entre cinco y 12 años de haber sido actualizados.
Estos instrumentos sirven para planear las políticas públicas que se implementan ante desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos. También definen las zonas vulnerables en una localidad determinada ante éstos y otros fenómenos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Tlaxcala es la entidad con más rezago en la puesta al día de su atlas de riesgos, actualizado por última vez en 2006. Le siguen Sonora (2007); San Luis Potosí (2008); Hidalgo y Puebla (2009); Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2010).
Aguascalientes lo actualizó en 2011; Durango, Edomex, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en 2012, y Nayarit, Querétaro y Tabasco en 2013.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizados estos mapas y responsabiliza a la Federación de vigilar su cumplimiento, pero no especifica un plazo para su renovación.
Desde 2015 legisladores federales han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos a actualizarlos cada tres años.
ENFRENTAN RIESGOS CON ATLAS CADUCOS
En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizados por última vez.
Estos instrumentos sirven para planear la política pública que implementan contra desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes y hundimientos, entre otros.
Sin embargo, 19 de las 32 entidades federativas operan hoy con mapas geográficos actualizados entre 2006 y 2013. Por ejemplo, Oaxaca, entidad que sigue en reconstrucción tras los terremotos de septiembre pasado, define sus zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres con un sistema modificado por última vez en 2010, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
Sin embargo, aunque la ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas, con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, simulan escenarios de desastres, se emiten recomendaciones y establecen medidas de prevención y mitigación.
Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo”, señala el artículo 19 de dicha ley.
Datos del Atlas Nacional de Riesgo, consultados por Excélsior, detallan que Tlaxcala es la entidad con más rezago en su atlas de riesgos, actualizado por última vez 2006; le sigue Sonora, en 2007; San Luis Potosí, en 2008; Hidalgo y Puebla, en 2009; y Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua en 2010.
Aguascalientes actualizó sus mapas de zonas de riesgo en 2011; mientras que Durango, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán desde 2012; Nayarit, Querétaro, y Tabasco en 2013.
En cambio, los estados de la República Mexicana con datos geográficos actualizados en los últimos tres años son Chiapas, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, en 2015; a la lista se suman Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas, en 2016; por último, Guanajuato y Michoacán, con atlas de riesgos actualizados en 2017.
La planeación y aplicación de las medidas de protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen entre cinco y 12 años de haber sido actualizados.
Estos instrumentos sirven para planear las políticas públicas que se implementan ante desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos. También definen las zonas vulnerables en una localidad determinada ante éstos y otros fenómenos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Tlaxcala es la entidad con más rezago en la puesta al día de su atlas de riesgos, actualizado por última vez en 2006. Le siguen Sonora (2007); San Luis Potosí (2008); Hidalgo y Puebla (2009); Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2010).
Aguascalientes lo actualizó en 2011; Durango, Edomex, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en 2012, y Nayarit, Querétaro y Tabasco en 2013.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizados estos mapas y responsabiliza a la Federación de vigilar su cumplimiento, pero no especifica un plazo para su renovación.
Desde 2015 legisladores federales han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos a actualizarlos cada tres años.
ENFRENTAN RIESGOS CON ATLAS CADUCOS
En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizados por última vez.
Estos instrumentos sirven para planear la política pública que implementan contra desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes y hundimientos, entre otros.
Sin embargo, 19 de las 32 entidades federativas operan hoy con mapas geográficos actualizados entre 2006 y 2013. Por ejemplo, Oaxaca, entidad que sigue en reconstrucción tras los terremotos de septiembre pasado, define sus zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres con un sistema modificado por última vez en 2010, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
Sin embargo, aunque la ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas, con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, simulan escenarios de desastres, se emiten recomendaciones y establecen medidas de prevención y mitigación.
Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo”, señala el artículo 19 de dicha ley.
Datos del Atlas Nacional de Riesgo, consultados por Excélsior, detallan que Tlaxcala es la entidad con más rezago en su atlas de riesgos, actualizado por última vez 2006; le sigue Sonora, en 2007; San Luis Potosí, en 2008; Hidalgo y Puebla, en 2009; y Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua en 2010.
Aguascalientes actualizó sus mapas de zonas de riesgo en 2011; mientras que Durango, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán desde 2012; Nayarit, Querétaro, y Tabasco en 2013.
En cambio, los estados de la República Mexicana con datos geográficos actualizados en los últimos tres años son Chiapas, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, en 2015; a la lista se suman Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas, en 2016; por último, Guanajuato y Michoacán, con atlas de riesgos actualizados en 2017.
DESDÉN
Legislar para actuar y prevenir desastres naturales no ha sido prioridad en el Congreso de la Unión. Desde 2015, los legisladores han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos federal, estatales y municipales a actualizar sus atlas de riesgos nacional, cuando menos una vez cada tres años.
Lamentablemente, en México, sólo actuamos cuando está el problema. Yo creo que tenemos que prever esto de manera prioritaria para este periodo ordinario próximo”, dijo a este diario la senadora priista Diva Gastélum.
La legisladora sinaloense presentó una iniciativa el 5 de noviembre del 2015 al pleno del Senado de la República en la que propuso precisar diversos mecanismos de defensa en materia de protección civil, medio ambiente y desastres naturales; entre ello, actualizar los atlas de riesgo cada tres años.
Dicha iniciativa fue aprobada por la cámara alta dos años después, pero se quedó en la congeladora legislativa de la Cámara de Diputados, cuando fue recibida el 25 de abril del 2017. Otro caso fue el proyecto de reforma a la Constitución que hizo el senador panista Raúl Gracia, el 5 de octubre del 2016, aún pendiente en comisiones del Senado.
Ésta propone facultar a los municipios para elaborar planes pluviales en coordinación el gobierno estatal y la federación, con la intención de recolectar lluvia y prevenir sequías e inundaciones.
La más reciente iniciativa en la materia fue presentada el 14 de diciembre pasado ante la Cámara alta por el senador Alejandro Fernández Sánchez; ésta también busca obligar a los gobiernos a actualizar sus atlas de riesgo en el mismo periodo que propuso Diva Gastélum, cada tres años.
La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente, impulsa modificar la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Cambio Climático.
México, por su ubicación geográfica y por la diversidad de climas que se presentan a través de su territorio, es un lugar propenso a resentir la fuerza de diversos fenómenos naturales, y la acción gubernamental debe ser prioritaria para encarar las posibles pérdidas materiales y humanas, y para ello es necesario un sistema de datos de evaluación de riesgo actualizado”, argumentó el senador panista en la iniciativa.
LEYES
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
La ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas; con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos.
Atención “efectiva” a 95% de notas del GIEI por Ayotzinapa
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Los familiares de los normalistas. (Jorge Becerril) |
LORENA LÓPEZ
México
En el caso Ayotzinapa “han sido abordadas de manera efectiva” 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró el gobierno federal.
Al responder el informe anual de la organización Human Rights Watch y su apartado sobre México, la administración del presidente Enrique Peña Nieto reconoció que existen importantes desafíos en derechos humanos, pero destacó que hay acciones concretas para enfrentar problemas como la desaparición de personas, la tortura y el uso de la fuerza del Ejército.
En un comunicado conjunto, secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República subrayaron también las investigaciones y sanciones a los responsables de casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el de los civiles muertos en Tanhuato y Tlatlaya.
Puntualizaron: “Existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo (garantizar el goce efectivo de los derechos humanos) por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante... se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.
México, agregaron, “agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.
COMPROMISO PLENO
Al dar respuesta puntual a los asuntos abordados por la organización internacional, las dependencias expusieron que ya entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Sobre el caso Ayotzinapa, abundaron, “el Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento” mediante la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.
En ese expediente, 95 por ciento de las 941 peticiones del GIEI “han sido abordadas de manera efectiva”, aseguraron.
Además destacaron “el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares”.
Sobre Tlatlaya, señalaron que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, las víctimas o los ofendidos.
Afirmaron que se ha regulado el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual redundó en la reducción de 76 por ciento en las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército, en comparación con 2012.
Las fuerzas armadas, abundaron, continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También cita la creación de unidades especializadas de la PGR para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos.
Manifestaron que el Estado mexicano rechaza y condena la tortura, por lo que ya existe una ley general en la materia, vigente desde junio de 2017.
Asimismo destacaron el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión.
Para la administración federal, el nuevo sistema de justicia da mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos judiciales.
Respecto a la violencia de género, doméstica y sexual, las dependencias aseguraron que hay normas y programas con perspectiva de género, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En torno a los migrantes apuntaron: “México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren su protección”, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Informaron que en los últimos cuatro años se otorgó la condición de refugiado a 6 mil 473 personas y se otorgó protección complementaria a mil 657.
Mientras se avanza en la protección de los derechos de las personas LGBTI, así como en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Diputados tendrán seguros aun cuando ya no estarán en sus cargos
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La erogación en el rubro de vales de despensa para legisladores y empleados en la Cámara de Diputados fue de 246 millones de pesos el año pasado Foto Guillermo Sologuren |
Roberto Garduño
Por conducto de cuantiosos contratos con empresas privadas de servicios, otorgados mediante licitaciones públicas o adjudicaciones directas, la Cámara de Diputados erogó el año pasado 520 millones 285 mil 778 pesos en el pago de seguros de vida de los legisladores, seguros de gastos médicos mayores, vales de despensa, monitoreo y copias fotostáticas.
En el caso de los seguros de gastos médicos mayores para los ciudadanos diputados, los legisladores se autorizaron –a través del Comité de Administración, integrado por representantes de todos los partidos– 165 millones 764 mil 745 pesos a pagar cada año.
La aseguradora Grupo Nacional Provincial SAB fue la instancia privada que ganó el concurso de licitación pública con un contrato trianual: tendrá vigencia inicial del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. Para entonces los diputados ya habrán dejado de tener esa posición cuatro meses antes. Es decir, gozarán de un beneficio que no les corresponde los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
También, en la misma modalidad, la empresa Seguros Banorte ganó la licitación pública nacional para ofrecer el servicio de garantía en materia de seguros de vida para los diputados.
Para el caso, el Comité de Administración en San Lázaro estableció de la misma forma una periodicidad del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. El monto de recursos a pagar alcanza 71 millones 377 mil 553 pesos cada año.
Entre el 22 de septiembre y el 10 de noviembre de 2016, el citado comité lanzó las bases de la licitación pública nacional para garantizar el suministro de vales de despensa a los diputados y sus trabajadores. Por quinto año consecutivo la empresa ganadora fue Sí Vale México SA de CV.
La cifra de recursos que se desembolsó del primero de enero al 31 de diciembre de 2017 fue de 246 millones 944 mil 250 pesos.
En el pasado ejercicio, el Comité de Administración –instancia que encabezan, uno por año, los tres partidos mayoritarios en San Lázaro (PRI, PAN y PRD)–también autorizó otros desembolsos de menor cuatía.
Firmó con la empresa ANA, Compañía de Seguros SA de CV, un contrato por un millón 615 mil 304 pesos para asegurar los autos que ocupan los presidentes de comisiones de todos los partidos.
A pesar de contar con una moderna imprenta y fotocopiadoras, la Cámara de Diputados autorizó un contrato con la empresa Estratec SA de CV para que le diera servicios de fotocopiado e impresión digital por un monto de 12 millones 276 mil pesos.
Siempre con el sustento de una licitación pública nacional, el Comité de Administración encontró la forma de resolver la firma de contratos de alta cuantía. Para el mantenimiento y soporte al sistema de administración y finanzas autorizó 3 millones 901 mil 926 pesos.
Para el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular –autos de legisladores y funcionarios que pertenecen a la Cámara de Diputados, pero son utilizados por éstos– el taller mecánico Servicio Automotriz Estrella SA de CV concursó y ganó la licitación por 4 millones de pesos.
Incluso, en otro servicio como el monitoreo de instalaciones y en materia informativa, el comité emitió las bases de una licitación pública nacional que fue ganada por Sociedad Civil GAINI, lo cual costó a la Cámara de Diputados 14 millones 406 mil pesos.
Violencia impacta a los negocios
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Todos los días, a las ocho de la mañana, Roberto levanta la cortina de su pollería. Desde 2014 es su principal fuente de ingresos. El pequeño negocio, ubicado en la delegación Iztapalapa, es uno de los 10 que llenan la cuadra. Por tres años estuvo totalmente abierto a su clientela, pero el año pasado cambió: una reja color blanco y un par de cámaras de seguridad se unieron a su fachada. En tan sólo seis meses, Roberto fue asaltado tres veces con arma de fuego.
De enero a noviembre de 2017, todos los días se registraron 114 robos a negocios en el país. En todos hubo violencia. Esta cifra representa 44 registros más que en el mismo periodo de 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo, y 47 más de los que se tenían en 2015. Esta modalidad del ilícito pasó de 22 mil 154 a 37 mil 959 carpetas de investigación de 2015 a 2017, superando el incremento que tuvieron otro tipo, como el de transeúnte y el de automóvil. Una de las razones para el alza en las denuncias podría estar ligado al nivel de violencia de los delincuentes. Las lesiones que provocan en las víctimas hacen casi inevitable la denuncia, asegura Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
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Roberto sufrió su tercer asalto en octubre de 2017, pero se quedó en la cifra negra. Nunca llegó a las carpetas de investigación de un Ministerio Público. Esa tarde, dos delincuentes lo sorprendieron mientras él entraba al sanitario. “Uno de ellos se metió a buscar el dinero y el otro amagó con un arma a mi acompañante. No podía salir del baño, porque bloquearon la puerta”. Los delincuentes huyeron y el temor de que tomaran represalias lo silenció. “Sí los identifico. Son de por aquí cerca, seguro de la misma colonia, pero, ¿para qué denuncio? Pierdo más de lo que gano. De todos modos entran y vuelven a salir”, asegura.
La falta de registros ha logrado darles ventaja a los criminales que acechan los negocios del país. Además, el lazo entre la comunidad y la policía parece estar roto en las calles de la capital y sin denuncias no se puede combatir el problema. “Se necesitan mapas, es decir referenciar el delito. Aproximar los patrones. Sacar guías geográficas y eso sólo se consigue con más denuncias, no con menos”, explica Alejandro Hope, experto en seguridad.
En 2017, múltiples casos de robo a negocio en la capital se volvieron mediáticos. En abril asaltaron el restaurante La Parrillita, en la colonia Del Valle. Meses después, lo mismo ocurrió en el café Galatea, en Coyoacán, y apenas en noviembre la joyería La Pequeña Suiza, ubicada en el centro comercial Santa Fe, entró en el listado. Ese año, la Ciudad de México ocupó el doceavo lugar, con 28 asaltos con violencia por cada 100 mil habitantes.
Llega a todo el país
Si se mapean los delitos económicos, como el robo a negocios con violencia y el homicidio, es altamente probable que se encuentre una distribución diferente, asegura David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Estos ilícitos se presentaron más en estados que se caracterizan por su actividad económica. Entre 2015 y 2017, Baja California, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León y Puebla fueron los que ocuparon los primeros lugares.
De enero a noviembre de 2015, la entidad con una mayor tasa de denuncias de robo con violencia fue Baja California: 100 por cada 100 mil habitantes. Cada mes, 316 negocios fueron asaltados. En el caso de este espacio se tiene la hipótesis de que puede ser resultado de la recomposición y fragmentación de otros grupos criminales, aseguran especialistas. Se tiene la teoría de que “cuando descabezas a una organización, hay un grupo importante que sabe cómo llevar a cabo ciertas actividades criminales, pero no tienen espacio en una célula y entonces empiezan a buscar otro tipo de actividades en las que puedan aprovechar su conocimiento”, explica David Ramírez.
Pero esta no es la única, ni la más fuerte explicación para este tipo de crímenes. El delincuente común ha encontrado una ventana en estos delitos. En lugares como el Estado de México, el robo a negocios con violencia pasó de 2 mil 579 a 6 mil 899, de 2015 a 2017. En el último año fueron asaltados todos los días 40 locales. La falta de acceso a oportunidades, problemas de desintegración y desorganización social se mezclan en estas entidades y generan esta criminalidad. “Es muy fácil que tus índices delictivos suban en lugares como el Estado de México, en donde hay corrupción e ineficiencia por parte de las autoridades”, afirma el director del observatorio.
Tres de cada cinco negocios en México consideran que la inseguridad y la delincuencia es el problema que más les afecta, de acuerdo con lo que reportaron en la ENVE. La falta de apoyo los ha hecho invertir cerca de 73 mil millones de pesos en medidas preventivas, como la instalación de cámaras de seguridad, rejas, alarmas o contratación de personas de seguridad, explica Hope.
Roberto pasó por dos asaltos antes de tomar la decisión de bloquear la entrada a su local. Una reja color blanco ahora le impide el acceso a cualquier persona ajena al lugar. Un par de cámaras de seguridad registran la llegada de cada uno de los clientes. Una inversión de 12 mil pesos que no lo libró de ser víctima de la delincuencia por tercera vez.
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En cada actualización de los datos sobre la cifra negra de denuncias en el país, el problema crece. Los mexicanos no tienen confianza en las autoridades. El miedo y la falta de credibilidad fue lo que frenaron a Roberto. Durante el segundo robo, no estaba en la pollería. Se quedó a unos cuantos pasos de su local cuando vio que tres hombres entraron y sometieron a un empleado y a su ex esposa. “Como no traía bata, seguro pensaron que era un cliente. Sí me encañonaron, pero no me metieron”, narra.
Vio a una patrulla, la detuvo y les comentó lo sucedido. “Pero sé que no se podía hacer nada, así que mejor hasta ahí lo dejé”, cuenta este hombre de mediana edad. Los especialistas ven esto como el principal factor que ayuda a que el delito no se combata. “La estrategia debería estar centrada en aumentar la denuncia”, explica Hope.
Especialistas afirman que si no se diseñan estrategias basadas en la información proporcionada por el ciudadano, va a ser muy difícil parar el problema. Lo grave no es sólo la incidencia, sino que está dejando sin opciones a uno de los sectores que generan riqueza para el país. “Si usted no tiene una profesión o si a pesar de los altos índices delictivos sigue teniendo suficientes ganancias, ¿por qué se debería dedicar a otra cosa?”, señala Rivas.
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Cuatro nuevas áreas naturales, en el proyecto ecológico nacional
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| La sierra La Giganta, (BCS); la Laguna de Bacalar, (Q. Roo); el Desierto Semiárido de Zacatecas, y la zona de cuevas de murciélagos,(NL), se sumarían a la lista de 182 que ya administra |
BLANCA ESTELA BOTELLO
La sierra La Giganta, en Baja California Sur; la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo; el Desierto Semiárido de Zacatecas, y la zona de cuevas de murciélagos, en Nuevo León, se perfilan como las nuevas áreas naturales protegidas que, a nivel federal, pretende decretar este año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Además, la Conanp impulsará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio Mundial mixto (cultural y natural).
Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo a Crónica que para este año hay nuevos planes en materia de protección de áreas naturales, principalmente terrestres, como la sierra La Giganta, aunque otras se harán por el interés que generan, como la Laguna de Bacalar.
De esta forma, las por lo menos cuatro nuevas ANP se sumarían a las 182 que ya administra.
Pacchiano enfatizó que “no se trata de decretar territorio por decretarlo, sino que vamos a decretar lo que sea responsable y lo que estemos en posibilidades de cuidar”.
Señaló que en el 2018 la Semarnat seguirá trabajando los planes de manejo para que el cien por ciento de las 128 ANP tenga su programa de manejo vigente.
También consolidará el trabajo hecho con la Gendarmería Ambiental para garantizar que la protección de las Áreas Naturales Protegidas sea total.
Siguiendo esta ruta, antes de que concluya la actual administración, el próximo 30 de noviembre, la Conanp buscará ampliar la protección de zonas naturales terrestres, para cumplir con el compromiso de las Metas de Biodiversidad de Aichi.
Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo, en entrevista con Crónica, que ya se rebasó el 10 por ciento de áreas marítimas protegidas, de las que se tiene el 23 por ciento, y este año se espera completar el 17 por ciento terrestre al que se comprometió México, que actualmente es 14 por ciento.
“Tenemos muchos sitios con ecosistemas muy importantes, con áreas que prestan servicios ambientales importantísimos y vamos a continuar con esos proyectos para tratar de que los podamos hacer también áreas protegidas de carácter federal”, dijo Del Mazo Maza, quien expresó que las nuevas ANP están en proceso para ser concretadas este año.
“No traemos ahorita un orden específico (sobre cuál área se decretará primero), todo lo estamos complementando”, dijo.
Sin embargo, legisladores del PRI en Quintana Roo se oponen a que el gobierno federal decrete como Área Natural Protegida al parque ecológico estatal Laguna de Bacalar.
En octubre del año pasado, el diputado local Raymundo King de la Rosa, a nombre de la bancada priista, presentó al Congreso estatal un punto de acuerdo para pedir a las autoridades reducir los niveles de contaminación del cuerpo de agua, sin llegar a declarar al lugar como ANP, ya que eso limitaría el desarrollo de la zona sur de la entidad.
Respecto a La Giganta, se trata de una Región Terrestre Prioritaria (RTP) con un alto nivel de especies endémicas de cactáceas y de animales, que ha sido fuertemente afectada por la caza furtiva y la introducción de especies exóticas.
Del Mazo Maza refirió que el proyecto de decreto se está trabajando con el gobierno estatal y con la gente de las comunidades.
En cuanto al Desierto Semiárido de Zacatecas (cuya propuesta de declaratoria se trabaja desde hace unos dos años con el gobierno estatal), posee valiosos recursos naturales y ecosistemas importantes para la conservación; se caracteriza por su riqueza de cactus y agaves, con especies endémicas no sólo de flora sino de fauna que están en alguna categoría de riesgo, como el águila real.
“La propuesta que traemos es en una área que abarca parte de Coahuila y parte de Zacatecas para proteger uno de los sitios más importantes para el tema de la anidación del águila real”, dijo Del Mazo Maza.
En la zona también hay especies que requieren protección, como el perrito de la pradera y el gorrión de Worthen ambos con categoría de en peligro de extinción.
En Nuevo León, la Conanp ha puesto atención a los que considera santuarios de murciélagos, como la cueva La Boca, también conocida como Agapito Treviño.
El Comisionado expresó que “tenemos proyectos importantísimos como para hacer santuarios de murciélagos; tenemos uno que estamos trabajando con el Gobierno de Nuevo León y con algunas organizaciones no gubernamentales para proteger algunos que son cuevas de murciélagos.
“Recordemos que en México tenemos una importante presencia de distintas especies de murciélagos, son importantes polinizadores y por lo tanto estamos viendo cómo fortalecer las medidas de protección de algunas de las cuevas de murciélagos que tenemos en México, y también de otro tipo de ecosistemas que deben ser conservados y protegidos”, señaló Del Mazo Maza.
Otro proyecto importante, abundó, es la propuesta del segundo sitio patrimonio mundial para México.
La intención “es poder enviar la información complementaria que nos está pidiendo UNESCO para que pudiera México tener el siguiente sitio patrimonial mixto de la Humanidad Tehuacán-Cuicatlán.
“Este sitio está en evaluación y este año pudiéramos tener un nuevo sitio patrimonio mixto. Tenemos solamente uno, que es Calakmul (en Campeche); con Tehuacán-Cuicatlán pudiéramos estar teniendo el siguiente sitio patrimonio mixto de la humanidad”, indicó el funcionario.
La sierra La Giganta, en Baja California Sur; la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo; el Desierto Semiárido de Zacatecas, y la zona de cuevas de murciélagos, en Nuevo León, se perfilan como las nuevas áreas naturales protegidas que, a nivel federal, pretende decretar este año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Además, la Conanp impulsará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio Mundial mixto (cultural y natural).
Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo a Crónica que para este año hay nuevos planes en materia de protección de áreas naturales, principalmente terrestres, como la sierra La Giganta, aunque otras se harán por el interés que generan, como la Laguna de Bacalar.
De esta forma, las por lo menos cuatro nuevas ANP se sumarían a las 182 que ya administra.
Pacchiano enfatizó que “no se trata de decretar territorio por decretarlo, sino que vamos a decretar lo que sea responsable y lo que estemos en posibilidades de cuidar”.
Señaló que en el 2018 la Semarnat seguirá trabajando los planes de manejo para que el cien por ciento de las 128 ANP tenga su programa de manejo vigente.
También consolidará el trabajo hecho con la Gendarmería Ambiental para garantizar que la protección de las Áreas Naturales Protegidas sea total.
Siguiendo esta ruta, antes de que concluya la actual administración, el próximo 30 de noviembre, la Conanp buscará ampliar la protección de zonas naturales terrestres, para cumplir con el compromiso de las Metas de Biodiversidad de Aichi.
Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo, en entrevista con Crónica, que ya se rebasó el 10 por ciento de áreas marítimas protegidas, de las que se tiene el 23 por ciento, y este año se espera completar el 17 por ciento terrestre al que se comprometió México, que actualmente es 14 por ciento.
“Tenemos muchos sitios con ecosistemas muy importantes, con áreas que prestan servicios ambientales importantísimos y vamos a continuar con esos proyectos para tratar de que los podamos hacer también áreas protegidas de carácter federal”, dijo Del Mazo Maza, quien expresó que las nuevas ANP están en proceso para ser concretadas este año.
“No traemos ahorita un orden específico (sobre cuál área se decretará primero), todo lo estamos complementando”, dijo.
Sin embargo, legisladores del PRI en Quintana Roo se oponen a que el gobierno federal decrete como Área Natural Protegida al parque ecológico estatal Laguna de Bacalar.
En octubre del año pasado, el diputado local Raymundo King de la Rosa, a nombre de la bancada priista, presentó al Congreso estatal un punto de acuerdo para pedir a las autoridades reducir los niveles de contaminación del cuerpo de agua, sin llegar a declarar al lugar como ANP, ya que eso limitaría el desarrollo de la zona sur de la entidad.
Respecto a La Giganta, se trata de una Región Terrestre Prioritaria (RTP) con un alto nivel de especies endémicas de cactáceas y de animales, que ha sido fuertemente afectada por la caza furtiva y la introducción de especies exóticas.
Del Mazo Maza refirió que el proyecto de decreto se está trabajando con el gobierno estatal y con la gente de las comunidades.
En cuanto al Desierto Semiárido de Zacatecas (cuya propuesta de declaratoria se trabaja desde hace unos dos años con el gobierno estatal), posee valiosos recursos naturales y ecosistemas importantes para la conservación; se caracteriza por su riqueza de cactus y agaves, con especies endémicas no sólo de flora sino de fauna que están en alguna categoría de riesgo, como el águila real.
“La propuesta que traemos es en una área que abarca parte de Coahuila y parte de Zacatecas para proteger uno de los sitios más importantes para el tema de la anidación del águila real”, dijo Del Mazo Maza.
En la zona también hay especies que requieren protección, como el perrito de la pradera y el gorrión de Worthen ambos con categoría de en peligro de extinción.
En Nuevo León, la Conanp ha puesto atención a los que considera santuarios de murciélagos, como la cueva La Boca, también conocida como Agapito Treviño.
El Comisionado expresó que “tenemos proyectos importantísimos como para hacer santuarios de murciélagos; tenemos uno que estamos trabajando con el Gobierno de Nuevo León y con algunas organizaciones no gubernamentales para proteger algunos que son cuevas de murciélagos.
“Recordemos que en México tenemos una importante presencia de distintas especies de murciélagos, son importantes polinizadores y por lo tanto estamos viendo cómo fortalecer las medidas de protección de algunas de las cuevas de murciélagos que tenemos en México, y también de otro tipo de ecosistemas que deben ser conservados y protegidos”, señaló Del Mazo Maza.
Otro proyecto importante, abundó, es la propuesta del segundo sitio patrimonio mundial para México.
La intención “es poder enviar la información complementaria que nos está pidiendo UNESCO para que pudiera México tener el siguiente sitio patrimonial mixto de la Humanidad Tehuacán-Cuicatlán.
“Este sitio está en evaluación y este año pudiéramos tener un nuevo sitio patrimonio mixto. Tenemos solamente uno, que es Calakmul (en Campeche); con Tehuacán-Cuicatlán pudiéramos estar teniendo el siguiente sitio patrimonio mixto de la humanidad”, indicó el funcionario.
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