Dos jueces federales declararon constitucionales nueve normas legales, acuerdos y opiniones que sustentaron el aumento de precios de las gasolinas a partir de enero de 2017, así como la fijación libre de dichos precios a partir de enero de 2018.
Ileana Moreno y José Luis Cruz Álvarez, jueces Primera y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, notificaron en las últimas semanas las primeras sentencias en las que el Poder Judicial se pronuncia sobre las medidas que llevaron al gasolinazo, impugnadas en miles de amparos.
Uno de los amparos fue negado a Manuel Granados Covarrubias, actual Presidente Nacional del PRD, quien era Consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) cuando patrocinó un paquete de demandas contra el gasolinazo.
Cruz Álvarez rechazó que las medidas violen principios de proporcionalidad legislativa e irretroactividad de la ley, derechos humanos de trato igualitario y desarrollo de la familia, consulta popular, certeza jurídica, prohibición de monopolios, propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, y falta de fundamentación y motivación legal.
"El adelanto del sistema para la determinación de precios al público de las gasolinas y el diesel, bajo condiciones de mercado o precios máximos por regiones durante 2017 y 2018", afirmó el juez, "constituye el ejercicio de la rectoría económica del Estado, encaminada a consolidar la reforma energética y el cumplimiento de sus finalidades, que crea condiciones óptimas para impulsar una economía de libre mercado, la existencia de mercados competitivos y la participación de nuevos actores económicos".
Agregó que, una vez que el Congreso derogó el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos de 2014, dejaron de existir bases legales para la fijación por parte del Estado de precios máximos del diesel y la gasolina.
La jueza Moreno negó esta semana por lo menos seis amparos, aunque no ha publicado sus sentencias.
Muchos de los alrededor de 4 mil amparos, algunos de ellos patrocionados por el Gobierno de la CDMX, han sido desechados, porque los quejosos no acreditaron ser consumidores de gasolina.
Los dos juzgados auxiliares concentraron todos los amparos contra el gasolinazo. Sus fallos serán revisados por tribunales colegiados, y el tema podría llegar a la Corte, ya que se impugnan algunos artículos de la Ley de Ingresos de 2017 y la derogación del transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
Cuando los amparos fueron promovidos, a principios de 2017, hubo confusión en el Poder Judicial sobre los jueces a los que correspondía revisarlos, y en enero de ese año, la Jueza Especializada en Competencia Económica, Silvia Cerón, desechó más de 50 amparos por notoria improcedencia.
Según Cerón, los amparos ni siquiera podían ser admitidos a trámite, porque no es posible que el Poder Judicial dicte medidas de política pública energética, ni que ordene a las gasolineras expender su producto con tal o cual precio.
Constitucionales
Artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de 2017
Derogación del 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos
Acuerdo A/059/2016 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (cronograma para flexibilizar precios de gasolina y diesel)
Acuerdo 98/2016, 13/2017 y 22/2017 de SHCP (regiones en que aplicarán precios máximos y metodología)
Opinión OPN-013-2016 de la Cofece (factores a tomar en cuenta para flexibilizar los precios)
Listas de precios máximos al público publicadas por la CRE el 1 de enero de 2017
Victor Fuentes/REFORMA
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