viernes, 12 de enero de 2018

Arman red fantasma con 73 empresas.



Los supuestos dueños de la empresa fachada de Veracruz que fue utilizada para el financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2012 están ligados a otras 73 compañías que forman parte de la red fantasma surgida durante el Gobierno de Javier Duarte.

Al menos 16 de esas empresas obtuvieron fondos del Gobierno de Duarte por 371 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Otras firmas de esta misma red eran utilizadas para simular licitaciones.

Logística Estratégica Asismex había sido utilizada en la campaña presidencial de 2012 para dispersar 18.4 millones de pesos entre 7 mil 311 representantes de casilla de siete partidos, con el auxilio de otras 10 compañías.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que este esquema de financiamiento era ilegal, por lo que sancionó a los partidos involucrados. El 82 por ciento de los fondos fue a dar a la campaña de la alianza PRI-Verde, que postuló a Enrique Peña Nieto.

La red de socios

En un rastreo en el Registro Público de Comercio de Veracruz, MCCI localizó los vínculos de Asismex con una amplia red de empresas fachada utilizadas para saquear recursos públicos.


En el cotejo de actas se identificó que los supuestos dueños o prestanombres de Asismex, José Alfredo García Barradas y Juan Carlos Reyes León, son accionistas de otras 12 empresas, mientras que la apoderada legal Araceli Barragán Hernández participa en dos más.

En esas 14 compañías, los operadores de Asismex están asociados con 15 residentes de colonias populares del puerto, quienes a su vez aparecen en actas como supuestos dueños de otras 59 compañías en Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chiapas.

Por ejemplo, José Alfredo García Barradas, accionista mayoritario de la empresa involucrada en el financiamiento ilegal de la campaña de 2012, tiene cuatro socios en Empresariales Cooperativistas Emcoo, que fue reportada el pasado 1 de diciembre por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa de operaciones simuladas.

Uno de sus socios es Alberto Yoshimar Zamorano, accionista de otras seis empresas, entre ellas Comerprod y Aracon, que durante el Gobierno de Duarte recibieron contratos por 48 millones de pesos; la primera fue identificada como fantasma por el SAT en marzo de 2017.

El accionista mayoritario de Asismex también tiene como socio en Emcoo a Pablo González Lizardi, quien en actas inscritas en el Registro Público aparece como el dueño de Pefraco, una empresa fantasma que recibió de Duarte contratos por más de 121 millones de pesos.

En Mundrel Consultores, García Barradas está asociado con Virginia Cano Aguilera, accionista en cinco empresas más de la red, entre ellas AD911, a la que el Gobierno de Duarte pagó 36.5 millones de pesos.

Por su parte, Juan Carlos Reyes León, el otro dueño de Asismex, está asociado en Comercializadora Alifresh con José Antonio Infanzón González, propietario a su vez de otras ocho empresas de la red de Duarte. Alifresh obtuvo contratos en la anterior Administración estatal por 19.3 millones de pesos.

Reyes León funge en otras compañías como apoderado, como es el caso de Desarrolladores Mercalim, también reportada como fantasma y cuya aparente dueña, María Patricia Ríos Triana, participa en doce empresas.

Simulan licitaciones

En la red ligada a Asismex hay empresas que sirvieron como comparsas para simular licitaciones en el Gobierno de Duarte.


Por ejemplo, en diciembre de 2010, el entonces encargado de Finanzas en Veracruz, Tarek Abdalá, simuló un concurso para adquirir regalos para las fiestas navideñas, y los postulantes eran Servicios Especializados Emvame, Comercializadora Dagú y Logística Comercial Comerlogi, ligadas entre sí.

El dueño en actas de Comerlogi es Juan Carlos Balderas Román, quien está asociado con el accionista mayoritario de Asismex en Mundrel Consultores.

El propietario de Emvame es Efraín Infanzón Malpica, socio del principal accionista de Asismex en Malpglex Soluciones en Consultoría, también empresa fachada con domicilio en Veracruz.


Raúl Olmos/REFORMA

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