sábado, 18 de noviembre de 2017

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.


Plantea el Frente gobierno conjunto, sin “mimetizarse”


 Delinean cambios constitucionales para buscar un cambio de régimen y de combate a la corrupción; revisarán el alza en las gasolinas y que los informales paguen impuestos.
Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, los que anunciaron el acuerdo. (Javier Ríos)

ELBA MÓNICA BRAVO

México

El Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tiene listo el proyecto de plataforma electoral que será votado este fin de semana en sus consejos nacionales para convertirse en una coalición rumbo a 2018 con la que buscarán ganar la Presidencia y formar un gobierno conjunto, pero sin “mimetizarse, ni renunciar a su historia y principios”.

El documento delinea los cambios constitucionales con los que buscan un cambio de régimen y de combate a la corrupción, pero deja fuera temas como el aborto, matrimonios igualitarios, sociedades de convivencia y uso medicinal de mariguana.


La plataforma electoral impulsará “modificaciones constitucionales que desmantelen el sistema presidencialista vigente”, revisará el alza en las gasolinas y promoverá ampliar la base de contribuyentes incorporando al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.

Aunque el proyecto de plataforma —que será votado en cada uno de los consejos nacionales de los partidos del Frente este fin de semana— no aborda temas como el uso medicinal de la mariguana, sí precisa que impulsará “un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas”.

Además de “garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños”.

El documento, de 48 páginas, contiene cinco capítulos. En el primero aborda “la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana”; el segundo se dedica a “el combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad”; el tercero, a “la pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas”.

“A la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad” se refiere el cuarto capítulo y el quinto “al fortalecimiento de la posición de México en el mundo”.

PAN, PRD y MC pretenden sustituir el sistema presidencial “por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país” y buscará quitar a Gobernación las tareas de seguridad con “el rediseño” en el sistema nacional de Seguridad Pública a través de “una nueva instancia de seguridad ciudadana”.

El titular de Gobernación fungirá como “jefe de gabinete” y será propuesto por las fuerzas políticas distintas a las del Presidente.

“También revisará y reglamentará los alcances de la participación de las fuerzas armadas en sus tareas contra la delincuencia organizadas y las que realizan para preservar la seguridad interior.”

Los partidos se dicen comprometidos a “vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se haga sin pase automático para que sea una institución “autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones”.

También propone inhabilitación de “por vida” para el funcionario corrupto, es decir, que queden impedidos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales a través de un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

Así como eliminar la prescripción de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita y “prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, a nivel federal, de los tres poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios, de los organismos constitucionales autónomos y de los sindicatos, así como “de personas privadas vinculadas a entes públicos por cualquier causa”.

CLAVES

NUEVA ‘PEJISTA’

Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchos panistas honestos se están uniendo “a la causa de la justicia y de la auténtica democracia”, al integrarse a las filas de su movimiento.

El líder de Morena hizo un llamado a militantes de otros partidos para que hagan lo mismo al señalar que todos tienen cabida.

En un video difundido en sus redes sociales, presentó a Celida Teresa López, diputada local de chihuahua, quien renunció al PAN para integrarse a Morena.


Partidos evaden 363 mdp al fisco; auditorías del INE

 




También han retenido contribuciones y cuotas del Infonavit y del IMSS y no las han entregado a esas instituciones, señalan dictámenes de fiscalización.


En los dictámenes se ordena dar seguimiento durante 2017 a esta irregularidad para verificar el pago de los adeudos. Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

AURORA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO.

Los partidos políticos deben a las autoridades hacendarias, principalmente, 363 millones de pesos, de acuerdo con los dictámenes de ingreso y gasto ordinario del año pasado, que discutirá el Consejo General del INE el próximo miércoles.

La deuda abarca ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016 e incluye cuotas del IMSS y aportaciones al Infonavit, a cuyas autoridades e instituciones se les hará de su conocimiento para que tomen las medidas que correspondan.

El PRD es el que presenta el mayor adeudo al 31 de diciembre de 2016. En la cuenta “Impuestos por pagar”, reportó contribuciones que corresponden al ejercicio 2014 que no han sido enteradas por un monto de 236 millones 126 mil 936.21 pesos.

El segundo con mayor adeudo es Movimiento Ciudadano, con 29 millones de pesos. Los partidos con menos adeudos son el Verde, Nueva Alianza, PRI y PAN.

CINCO PARTIDOS DEBEN MILLONES EN IMPUESTOS

Los partidos políticos no pagaron impuestos a las autoridades hacendarias por 363 millones de pesos, durante 2016, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, según los dictámenes de ingreso y gasto ordinario de los partidos del año pasado, que discutirá el INE el próximo miércoles.

Esto involucra no sólo los pagos de impuestos sino también cuotas del IMSS e Infonavit, autoridades e instituciones a los que se les da vista para que den seguimiento a estas irregularidades y tomen las medidas que correspondan.

El PRD es el partido que presentaba el mayor adeudo al 31 de diciembre de 2016.

En el dictamen de ese partido se da cuenta de tres señalamientos en el que se señala que “en la cuenta ‘Impuestos por pagar’, el sujeto obligado reportó al 31 de diciembre de 2016 contribuciones que corresponden del ejercicio 2014 que no han sido enteradas por un monto de $236,126,936.21”.

En los otros dos señalamientos se habla de 2 millones 130 mil 507 pesos de contribuciones de 2015, y de 2 millones 64 mil 201 pesos por contribuciones correspondientes al ejercicio 2016 que no fueron enteradas.

En principio, el INE había contabilizado 286 millones 310 mil 577 pesos, de los cuales, en números redondos, el PRD debía 124 millones por impuesto sobre nómina; 78.7 millones de ISR retenido por sueldos y salarios y,49.9 millones por ISR de honorarios asimilados, entre otros, pero luego de enviarle al sol azteca el oficio de errores y omisiones, el partido logró justificar el pago de 41 millones 203 mil 476 pesos, por lo que se descontaron, quedando 236 millones 126 mil 936 pesos.

El segundo partido con mayor adeudo es Movimiento Ciudadano, con dos observaciones para impuestos no enterados en 2014 y años anteriores, así como en 2016, que suman 29 millones 821 mil 257 pesos.

El tercer lugar lo ocupa el Partido del Trabajo, institución política que debía hasta el ejercicio fiscal pasado 18 millones 758 mil 10 pesos por impuestos de 2014 y anteriores y 7 millones 207 mil 685 pesos para el ejercicio 2016; en total, 25 millones 965 mil 785 pesos.

Morena está en el cuarto sitio con 22 millones 431 mil 660 pesos en adeudos que tienen que ver con impuestos del año pasado.

Le sigue Encuentro Social, con dos señalamientos que corresponden al ejercicio fiscal de 2016 y que suman 16 millones 902 mil 853 pesos.

Los partidos con menos adeudos son el Verde, Nueva Alianza, el PRI y PAN.

Este último partido dejó de pagar 11 millones 286 mil pesos de diversos ejercicios, por lo que el blanquiazul tiene cuatro señalamientos (uno de ellos por 8 millones).

Siete millones 93 mil 548 de pesos son los adeudos del PRI, mientras que, del partido Nueva Alianza, los montos suman 5 millones 193 mil 328 pesos.

Por último, el Verde tiene señalamientos por 4 millones 16 mil 771 pesos, pero también un recordatorio de que tiene saldo a favor en operaciones ante Hacienda por 91 mil pesos.

En los dictámenes se ordena dar seguimiento durante 2017 a esta irregularidad para verificar el pago de los adeudos, para los dictámenes del año en curso, que serán revisados en 2018.

Es posible que estas cifras hayan cambiado si durante 2017 realizaron pagos para ponerse al corriente.

OTROS OLVIDOS

Los nueve partidos políticos con registro deben 405.3 millones de pesos en multas, según los dictámenes de ingreso y gasto ordinario 2016 que discutirá el Congreso General del INE el próximo 22 de noviembre.

Dicha cifra es por deudas de multas de 2015, 2016 y lo que va del 2017.

En el desglose de las cifras, el PAN recibió en total por recursos públicos federales y locales, mil 597.8 millones de pesos y le debe al INE 3.4 millones.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que recibió la mayor cantidad de dinero, los ingresos suman mil 949.1 millones de pesos y debe al INE y a los Órganos Públicos locales 114.9 millones de pesos.

El PRD recibió en ingresos 851.5 millones de pesos y sus adeudos suman 62.4 millones de pesos.
Al PT le tocaron 369.2 millones y aún adeuda 22.6 millones en sanciones.

El Partido Verde tuvo 644 millones de pesos en ingresos y le resta pagar 87.6 millones, mientras que Movimiento Ciudadano recibió 590.7 millones y le faltan 14.3 para cubrir el saldo.


 Radio y TV protestan contra spot de Anaya

 


 Horacio Jiménez

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso en contra del spot del PAN en el que Ricardo Anaya “manipula” notas informativas a su favor.

El recurso, conocido como amicus curiae, busca que su opinión legal sea tomada en cuenta por el TEPJF, al señalar que en el spot también se “editan” las notas informativas que transmitieron, en su momento, los periodistas Denisse Maerker (Televisa) y Ciro Gómez-Leyva (Imagen) “con fines electorales”.

EL UNIVERSAL presentó el 10 de noviembre un recurso de revisión ante el TEPJF por la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de negarle el retiro del spot y derecho de réplica, por lo que la CIRT ayer se sumó en apoyo a la queja de este diario.

El spot del PAN, que forma parte de los tiempos oficiales que le otorga el INE, fue para atacar a EL UNIVERSAL, tras la publicación, en agosto, de diversas informaciones sobre el patrimonio familiar del líder panista.

La CIRT advirtió que convalidar la difusión del spot del PAN no sólo es un obstáculo para el libre ejercicio de la libertad de expresión de los dos periodistas, sino que también constituye una grave amenaza a esta misma libertad de expresión.

En el documento, entregado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior y dirigido a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Madeline Otálora Malassis, la CIRT les solicita admitir este amicus curiae y estudiar y tomar en consideración sus razonamientos jurídicos expuestos como preocupaciones de los afiliados a la industria de la radio y la televisión en atención a la libre expresión y difusión de las ideas y las opiniones, la protección a los periodistas y la ética con la que deben conducirse.

Miguel Orozco Gómez, representante legal de la CIRT, detalló en el escrito que hay una inclusión descontextualizada de las frases de ambos periodistas que “constituyen un ataque a su libertad de expresión y de opinión, pues se manipula” el contenido de sus notas periodísticas y da la impresión de afinidad partidista, cuando no es necesariamente así.

“Nos preocupa que se utilice abstractos y cortes parciales de lo que comunicadores y periodistas de la radio y la televisión digan en sus respectivos espacios, pues ponen en entredicho una falsa percepción que pudiera afectar a sus audiencias y la opinión que radioescuchas y televidentes tienen de [los] comunicadores, afectando el flujo libre de información, incluso complicando candidatos y dirigente de partidos, que comunicadores, acepten ir a moderar los debates que el INE y otras autoridades electorales tratan de incentivar”.

Para la CIRT la libertad de expresión y de opinión no sólo es expresar y opinar, sino que los dichos no deben descontextualizarse o editarse “a conveniencia”, porque va en detrimento de su ejercicio.

“Editar o descontextualizar una expresión o una opinión como en el caso ocurre es un grave atentado a la libertad periodística, máxime cuando esa edición o descontextualización sucede en un promocional de índole político-electoral en el que los competidores buscan obtener frente a sus adversarios”, señaló.

Un periodista no puede ni debe ser objeto para que un partido o sus dirigentes obtengan ventajas electorales, advirtió, porque eso valida que al editar o sacar de contexto sus opiniones, informaciones, palabras, frases o expresiones “pueden usarse impunemente en demérito de su libertad, su buen nombre y su reputación como profesional”.

En este caso existe un obstáculo al libre ejercicio de la libertad de expresión de ambos periodistas, afirmó la CIRT, situación que de confirmarse, como lo ha hecho la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al negar las medidas cautelares, “puede constituir una grave amenaza a su libertad por el uso fuera de contexto de sus frases. De convalidarse el promocional y su transmisión, sería un precedente negativo que promovería el uso de periodistas en spots de naturaleza electoral, situación que pone en entredicho la ética del periodista”.
Foto: La CIRT busca que se opinión sea tomada en cuenta por el TEPJF en el caso del spot del PAN elaborado con notas de los periodistas Denisse Maerker y Ciro Gómez-Leyva

Precisó que la Sala Superior no puede validar en los tiempos oficiales el uso indebido de lo que expresan los periodistas, mucho menos por tratarse de promocionales con los que se puede obtener ventajas de tipo político. Aclara que si los partidos políticos quieren usar imágenes de periodistas o sus notas, antes deberían tener una autorización expresa”.

Incluso, detalla que las afirmaciones del promocional “manipulan” la realidad y por tanto la ética periodística de Gómez Leyva y Maerker.

Además “pueden inducir al engaño y al error de los ciudadanos que ven y escuchan el spot, haciendo creer que ambos periodistas señalan que la nota de referencia es un ataque y que no era verdad. Los comunicadores se circunscribieron a señalar, como se desprende de las notas completas, que un juez otorgó a Anaya el derecho de réplica respecto de esa nota periodística, más nunca que la nota constituyó un ataque y una mentira”.

Asegura que “convalidar” el promocional es “una invitación para que otros actores o partidos políticos busquen obtener ventajas electorales a partir del uso manipulado de notas periodísticas, lo que afecta a los periodistas en su reputación, profesionalismo y buen nombre”.

Por eso pidieron que la Sala Superior valore estos argumentos “que constituyen una genuina preocupación de los afiliados de la CIRT, y que las frases, notas y opiniones de nuestros periodistas no sean utilizadas indebidamente en el debate político-electoral por los partidos políticos, mucho menos cuando su uso indebido es a través de la prerrogativa de acceso a la radio y la televisión”.
Facsímiles del documento que presentó la CIRT en el que sustenta manipulación de información que realizó Anaya.

Riesgos. El representante legal de la CIRT explica que hay riesgos hacia los comunicadores y periodistas en la difusión de este promocional porque en un primer momento y sólo en apariencia, el promocional denunciado pareciera que está amparado en la libertad de expresión, pero un análisis detallado demuestra lo contrario, pues en él “se utilizan imágenes y las voces de Ciro Gómez Leyva y de Denisse Maerker, que relacionado con el contexto del spot y lo que la voz en off expresa, pareciera que ambos periodistas están en sintonía con la defensa de Anaya y concuerdan con las afirmaciones del promocional cuando dice: “Resultó que los ataques no eran verdad”, frase incorporada inmediatamente después de las imágenes y voces de los periodistas.

“Más allá de lo que un partido político quiera o pueda decir en su prerrogativa de acceso a la radio y la televisión, el promocional en comento contiene imágenes de nuestros agremiados y voces de periodistas de nuestros afiliados que están fuera del contexto de lo que el partido político afirma”, detalla el escrito.

Incluso, recuerda que la propia comunicadora Denisse Maerker en su programa de Radio Fórmula, el pasado 14 de noviembre, se vio obligada a aclarar el contexto de la nota que había dado en televisión y que estaba siendo utilizada en el spot.

“Agarran un pedacito y entonces básicamente quitan cualquier tipo de contexto, pero lo interesante no es nada más, y lo pienso, es que esto es material público, ahora significa que el tiempo, los espacios y los spots de los partidos van a poder hacer reconstrucciones de los que la gente dice en pedacitos. Bueno, me parece interesante la decisión del INE y vamos a ver qué dice el Tribunal pero en todo caso, qué nos podemos esperar hacia adelante.

“Tu voz, la mía, pero la de cualquiera que salga a hablar públicamente se puede agarrar en pedacitos. Interesante, ¿no? Interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre. Insisto, a ver qué dice el Tribunal. A mí me parece que esto es una cuestión que tendrían que decir también los partidos, ¿los partidos van a usar así los spots?”.

El Amicus Curiae es una figura reconocida en Derecho por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que tiene el objetivo de auxiliar a los órganos administradores de justicia. Además, busca acercar opiniones sustantivas sobre asuntos de fondo para salvaguardar derechos y libertades fundamentales que, se estiman, “pueden verse vulnerados por actos de autoridad”.

¿Quiénes son los integrantes de la CIRT?¿Quiénes son los integrantes de la CIRT?
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) está integrada por personas físicas que han obtenido del gobierno federal un título de concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión en todo el país.

La agrupación tiene más de mil 200 emisoras de radio y televisión afiliadas voluntariamente con presencia, posicionamiento y cobertura de 99% del territorio nacional, entre ellas Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo Acir, así como otras.

Señala que entre sus objetivos está representar, promover y defender los intereses de la industria en la República.


Indígenas de México aún padecen exclusión, dice relatora de la ONU

 

 Falta voluntad política para frenar abusos contra las comunidades autóctonas, apunta Tauli-Corpuz
Victoria Touli-Corpuz, relatora especial de Pueblos Indígenas de la ONU, en la conferencia de prensa de ayer. Foto María Luisa Severiano

Fernando Camacho Servín

Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones gubernamentales como a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

Así lo advirtió la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó que en muchas ocasiones la falta de alternativas de desarrollo en comunidades remotas obliga a los integrantes de los pueblos originarios a unirse al crimen organizado, o ser torturados, desaparecidos o asesinados.

Tras su visita a México, del 8 al 17 de noviembre, la especialista filipina dio una conferencia de prensa, en la cual detalló algunos de sus hallazgos más importante,s luego de recorrer los estados de Chiapas, Guerrero y Chihuahua, donde se reunió con más de 200 representantes de 23 pueblos indígenas, así como con activistas y funcionarios de todos los niveles.

Cumplimiento de recomendaciones

Tauli-Corpuz indicó, en primer lugar, que el objetivo de su visita era examinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2003 por su antecesor en el cargo, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, así como evaluar la forma en que México ha incorporado sus compromisos internacionales con los derechos de los indígenas.

Aunque celebró que México haya tenido un papel protagónico en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la relatora especial lamentó que las comunidades originarias siguen siendo vistas únicamente como sujetos de interés público, pero no como titulares de pleno derecho.

En ese sentido, afirmó que el gobierno mexicano no ha adoptado medidas para garantizar el derecho de los pueblos autóctonos a disfrutar y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales ni ha sido capaz de solucionar disputas en esta materia a través de las autoridades agrarias.

Por otra parte, Tauli-Corpuz indicó que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y la libre autodeterminación están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, pero el ejercicio de esas garantías lo encierra con candados que hacen difícil su aplicación en la práctica. Pese a ello, saludó que diversas comunidades ya estén desarrollando sus propios modelos de autonomía.

Acerca del desarrollo económico de las comunidades aborígenes, la especialista destacó que, según datos oficiales del gobierno mexicano, 71.9 por ciento de los indígenas mexicanos viven en la pobreza o la extrema pobreza, una proporción mucho más alta que 40.6 por ciento de la población no indígena.

Uno de los aspectos centrales del informe de la relatora fue el de los megaproyectos y la falta de consulta a las poblaciones indígenas donde aquéllos se asientan.

Un ejemplo de ello, dijo, es que hasta 2013 había en México unas 2 mil 600 concesiones mineras, muchas de las cuales están situadas en comunidades originarias que nunca fueron consultadas al respecto ni otorgaron su consentimiento.

Durante mi visita, he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han conducido al despojo de tierras, a impactos ambientales, a conflictos sociales y a criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos, enfatizó.

Impunidad y violencia

Al destacar los altos niveles de impunidad y violencia que sufre la población, en general, y la indígena, en particular, dijo haber tomado nota de numerosos casos de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y desplazamientos forzados en el país. Cuando se le preguntó cuál era la razón de que los derechos de los pueblos indígenas sean violados con tanta frecuencia, Tauli-Corpuz subrayó que hay falta de capacidad institucional para entender el tema, así como de recursos disponibles, pero también creo es falta de voluntad política, para resolver dicho fenómeno.

Alarma a Capitolio violencia en México






José Díaz Briseño/ Corresponsal

Washington DC, Estados Unidos (18 noviembre 2017).- La violencia en México cobrará el mayor número de muertes en los últimos siete años, advierte un reporte del Congreso estadounidense.

Redactado por el Servicio de Investigación Congresional (CRS, por sus siglas en inglés), el informe califica de ineficaz la estrategia anticrimen.

"En 2017, los homicidios han continuado en una espiral hacia arriba", destaca el reporte titulado "¿Por Qué Está Rebotando la Violencia en México?".

Proyecta que, de mantenerse la tendencia actual de homicidios, 2017 superará al 2011 -el peor del sexenio anterior- como el año más violento para el País.

"Las estadísticas preliminares de enero a septiembre muestran un incremento entre 20 y 30 por ciento respecto 2016.

"Si esta tendencia continúa México terminará el año con tasa de homicidios superior a 18 por cada 100 mil (habitantes), lo que haría a 2017 el año más violento en registro", lamenta el informe.

"Varios factores pueden estar motivando el pico de violencia, incluyendo la continua fragmentación del Cártel de Sinaloa, la competencia para satisfacer la floreciente demanda de heroína en EU y esfuerzos ineficaces de aplicación de la ley contra las organizaciones criminales transnacionales, tales como la remoción de capos criminales clave", asegura el reporte.

"El rebote de los asesinatos de 2017, a pesar de la remoción de más de 107 de los 122 más importantes criminales violentos de México, sugiere que esos líderes son reemplazables.

"Las organizaciones se fragmentaron pero no desaparecieron", apunta el documento del CRS.

Además de la crítica a la estrategia gubernamental anticrimen, el reporte califica a la corrupción como un problema perenne que golpea directamente a los cuerpos de seguridad.

Fechado apenas el pasado 8 de noviembre bajo la autoría de June S. Beittel, investigador del CRS, el informe utiliza las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México.

Según la investigación, las autoridades mexicanas han sido ineficaces en su estrategia de privilegiar a los jefes criminales más altos, lo que, junto con la fragmentación de los propios cárteles, ha impulsado la actual ola.




INE aprueba 3 debates, con formato más flexible

 
 Con esta propuesta los moderadores tendrán una participación activa, podrán interactuar con los participantes y plantear preguntas improvisadas



ADRIANA GONZÁLEZ

La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia. Con estas reglas se buscará, conforme a lo anunciado desde el primer semestre del año, que estos debates dejen de ser acartonados y, por formato, impidan una discusión fresca y atractiva.

Durante la sesión de la Comisión se ratificó la realización de tres debates que aporten las herramientas necesarias para la toma de decisión de los ciudadanos de cara a los comicios celebrados el próximo año, eliminando el sistema acartonado de nula interacción entre los candidatos en años anteriores.

Adicional a esto definieron que las posibles sedes donde se llevarán a cabo serían la Ciudad de México, Tijuana y Mérida, para contar con participación de la zona centro, norte y sur del país.

Asimismo se precisó que para la elección de las sedes se privilegiará a los inmuebles de universidades que acepten participar, cuenten con los espacios y capacidades técnicas necesarias, y donde puedan garantizarse condiciones de accesibilidad para los candidatos.

Los debates contarán con temas previamente establecidos y existirán preguntas generales, específicas o personalizadas sobre el tópico de la discusión. Se evitará que existan bloques de discusión libre: todo deberá tener un contenido temático específico que guíe la deliberación.

Los candidatos a la Presidencia de la República no conocerán las preguntas que se establezcan previamente para cada ejercicio, pero sí conocerán los temas los cuales se tocarán en el debate.

La Comisión del INE aseguró que la duración de cada uno de los debates se establecerá conforme a los formatos y reglas que se aprueben para la realización de cada uno de ellos, así como el número de candidatas y candidatos. En cuanto al tema de los moderadores, se dijo que de acuerdo a las reglas, los moderadores designados por el Consejo General tendrán una participación activa, en la cual podrán interactuar de manera directa con los participantes, preguntar de manera improvisada y solicitar explicaciones de algún punto particular. Por tal motivo el Instituto Electoral planea contar con un moderador, que no simplemente cumpla la función de poner orden, sino que cuente con un amplio conocimiento de los aspecto sociales y políticos del país, convirtiéndose en una pieza clave que ayudará a la ciudadanía a tomar la decisión en los próximos comicios celebrados el 2018.

Ante ello, el Comité tomó la decisión de contemplar la coparticipación de dos o más moderadoras o moderadores durante un mismo ejercicio, quienes deberán propiciar en todo momento que el debate se centre en las y los candidatos y sus propuestas, sin evasiones de temas con respuestas alejadas a la pregunta original que se les formule.

Las Reglas Básicas también contemplan que se lleven a cabo diversos mecanismos para garantizar la participación directa o indirecta de la ciudadanía.

La Comisión Temporal de Debates, presidida por el consejero Benito Nacif, también aprobó modificaciones al artículo 307 del Reglamento de Elecciones para modificar el plazo establecido para la designación de las y los moderadores que participarán en cada uno de los debates a la Presidencia a, lo cual permitirá que se cuente con mayores elementos para elegir a quienes cuenten con los perfiles más adecuados para el desempeño de esta función, explicó el consejero.

Modelo

Los debates contarán con temas previamente establecidos y existirán preguntas generales, específicas o personalizadas sobre el tópico de la discusión. Se evitará que existan bloques de discusión libre: todo deberá tener un contenido temático específico que guíe la deliberación.

Además, estarán dos o más moderadores en un mismo ejercicio, y deberán propiciar en todo momento que el debate se centre en los candidatos y sus propuestas, sin evasiones de temas con respuestas alejadas a la pregunta original que se les formule.


Dueña del Rébsamen operaba colegio con registro mercantil falso

 

la última vez que Mónica García (de rosa) fue vista, el 24 de septiembre. Foto: Especial
Carlos Jiménez 

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) descubrió que Mónica García Villegas, actualmente prófuga acusada de homicidio y uso documentos falsos, operaba el Colegio Enrique Rébsamen con un registro mercantil falso.

De acuerdo con reportes de las autoridades, a pesar de que han pasado ya casi dos meses desde que iniciaron las investigaciones del caso, hasta el momento el Ministerio Público no ha podido ubicar el registro mercantil del colegio.

Y es que, explicaron, el número con el que estaba supuestamente dado de alta, al ser cotejado con las autoridades correspondientes, resultó pertenecer a otra persona y no al plantel de García Villegas.

Hasta el momento las autoridades no saben cuál es en realidad el registro mercantil de la escuela de la delegación Tlalpan. Incluso suponen que la mujer realizaba algún tipo de evasión de impuestos o lavado de dinero con las cuotas y demás cobros dentro del mismo colegio que se desplomó.
El Dato: Dos edificios ubicados a un costado del Rébsamen siguen bloqueados por polines que apuntalan una estructura del colegio, lo que impide a 18 familias ingresar a sus casas.

Por ello sospechan que García Villegas tenía la premura de cancelar las cuentas bancarias de la escuela, tras el derrumbe.

Hasta el momento los investigadores saben que sólo unos días después del sismo del pasado 19 de septiembre, en el que murieron 19 niños y 7 adultos en dicho colegio, la cuenta bancaria del plantel, en la cual había alrededor de medio millón pesos, fue cancelada y su contenido retirado en su totalidad por Mónica García.

De acuerdo con informes a los que La Razón tuvo acceso, se trata de una cuenta del banco Scotiabank, la cual fue cancelada el lunes 25 de septiembre; es decir, sólo un día después de que la mujer acudió al colegio a sacar sus pertenencias, mientras rescatistas aún buscaban salvar el cuerpo de una mujer que estaba sepultado bajo los escombros del edificio.

Personal de la Procuraduría reveló que detectaron el falso registro mercantil y el movimiento bancario durante las investigaciones que han realizado para tratar de ubicar a la mujer que tiene dos órdenes de aprehensión en su contra.

La cuenta de Scotiabank era en la que los padres de los alumnos del Rébsamen depositaban las colegiaturas y demás cuotas solicitadas por el colegio.

Ahora se sabe que luego de retirar el dinero de la cuenta, la mujer le pagó 400 mil pesos a su primer grupo de abogados, el cual le tramitó un amparo para evitar que la detuvieran.

Hasta el momento existen cuatro órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con la muerte de los menores y los adultos en el colegio.

La primera que se giró fue precisamente contra García Villegas a quien se le acusa de homicidio culposo y uso de documento falso. Las otras tres son por el delito de homicidio con dolo eventual en contra del corresponsable de seguridad estructural del colegio, el ingeniero Francisco Arturo Pérez Rodríguez, y los directores responsables de obra (DRO) Juan Apolinar Torales Iniesta y Juan Mario Velarde Gámez. Los cuatro se encuentran prófugos.

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