Incumple Peña en bajar violencia.

El Presidente Enrique Peña Nieto incumplió su promesa de "devolver" la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

En los primeros 10 meses de este año, 16 entidades del País ya superan la tasas de homicidio doloso que registraron en todo 2011, el peor año de la llamada "guerra contra el narco" declarada por Felipe Calderón.

Y de continuar las tendencias de homicidios que se han presentado en el año, 22 estados superarán en 2017 las cifras del sangriento 2011.

Si la violencia sigue a un ritmo como hasta ahora -con un promedio de 2 mil 87 averiguaciones previas por homicidio doloso iniciadas cada mes- 2017 cerrará con poco más 24 mil asesinatos, una tasa de 20.2 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 20 años.

Al iniciar su Administración, Peña Nieto definió "la construcción de un México en paz" como uno de los objetivos prioritarios de su Gobierno.

Enfatizó que habría coordinación institucional, programas de prevención del delito con suficiente presupuesto para reducir los índices de violencia. Anunció un plan para dividir el País en cinco regiones para mejorar el combate al delito y dijo que se daría prioridad al combate a los delitos de alto impacto, los que "más lastiman" a la sociedad.

"Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones", señaló en un discurso el 17 de diciembre de 2012, dos semanas después de tomar posesión.

"Lo importante, y eso lo tenemos todos muy claro, es dar resultados. Y cumplir con el objetivo de darle a la sociedad mexicana paz y tranquilidad. Y de manera especial, reduciendo la violencia", afirmó Peña en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional.

A casi cinco años de ese discurso, la violencia vinculada con el crimen organizado se ha mantenido en estados como Guerrero y ha bajado de manera significativa en Nuevo León, Coahuila y la zona de la Laguna; en Sinaloa y Chihuahua también hubo reducciones, aun cuando mantienen tasas delictivas muy por arriba de la media nacional.

Pero en entidades que hace seis años no figuraban en el mapa nacional de la violencia, ésta se ha disparado, y en algunos estados de manera dramática.

En Baja California Sur, donde apenas este domingo fueron asesinados el Ombudsman local y su hijo en La Paz, la violencia creció casi mil por ciento con respecto a 2011 y se ha colocado como el tercer estado con mayor tasa de homicidio doloso del País.

Zacatecas terminará este año con una tasa de alrededor de 28.5 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, 364 por ciento más alta que la registrada en el peor año de la guerra contra el narco.

Y Colima, que este año desplazó a Guerrero y se convirtió en el estado más violento del País, terminará 2017 con más de 600 homicidios intencionales, 500 más de los que se registraron en 2011, en el auge de la guerra contra el narco.

Con los ritmos actuales de crímenes, en Baja California, los homicidios aumentarán 181 por ciento con respecto a 2011; en Tabasco, 115 por ciento y en Veracruz, 77 por ciento.

Otros estados con incrementos importantes -de más de 60 por ciento- en el índice de homicidios son Guanajuato, Hidalgo y Querétaro, en el centro del País, una región que se había mantenido al margen de la "narcoviolencia" en la Administración calderonista.

Reprochan fracaso

Expertos en seguridad y organizaciones civiles advirtieron que los Gobiernos federal y estatales han fracasado en su estrategia para mejorar la seguridad del País y contener la crisis de homicidios.

"Lo que está pasando es que no tenemos un rumbo claro en materia de seguridad y justicia, la mayor parte de los esfuerzos han estado dirigidos a combatir el fenómeno criminal de delincuencia organizada no entendiendo que el problema que tenemos hoy en el País es más amplio.

"Como las guerras intestinas entre grupos criminales y el aumento de delitos del fuero común por la falta de oportunidades e incentivos, y un aumento en impunidad y corrupción", opinó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

El especialista en seguridad lamentó que los gobernadores de estados que no habían tenido un problema serio de violencia, como BC, BCS, Colima, Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco, Querétaro, no se han comprometido con reducir los índices delictivos, y en otros donde el crimen está posicionado, como Guerrero y Tamaulipas, los mandatarios no saben ni qué hacer.

Para Francisco Granados, consultor en seguridad pública, las Secretarías de Seguridad Pública del País significan la caja chica de los gobiernos: entre menos capacitadas, mayores recursos para los mandatarios.

En un pronunciamiento difundido ayer, México Evalúa consideró que para frenar el problema de inseguridad se requiere impulsar propuestas y soluciones a nivel local.

"Este es el resultado de omisiones y malas decisiones que se han acumulado por muchos años", apuntó.

"No podemos perder más tiempo pensando que la solución sólo pasa por la militarización de la seguridad o por contrarreformas al nuevo sistema penal".

REFORMA