Comerciantes que desde hace 23 años usan la Aduana de Matamoros para exportar vehículos usados y mercancías a Centroamérica dejarán de hacerlo a partir de 2018 debido a las "cuotas" que les impone el crimen organizado a través de agencias aduanales.
Estos comerciantes, conocidos como "transmigrantes", son residentes de Estados Unidos que regularmente viajan o regresan de ese país hacia Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
"Es a través de patentes aduaneras como (el crimen organizado) cobra estas cuotas, que son de 300 dólares por trámite", dijo un empresario de Tamaulipas.
En promedio, estimó la fuente, cada año se realizan unos 50 mil trámites para permitir la entrada a México de las mercancías que trasladan estos migrantes.
Explicó que el costo del Derecho Aduanero es de 450 pesos, pero con otros impuestos y la "cuota" que cobra la delincuencia organizada, los comerciantes llegan a pagar entre mil 200 y mil 500 dólares.
Por ello, expuso el empresario, a partir del próximo año el cruce de los "transmigrantes" se hará por la Aduana de Piedras Negras, Coahuila.
Entre las mercancías que llevan los transmigrantes a Centroamérica están autobuses escolares, camiones, autos, enseres para el hogar, electrodomésticos y muebles, todos usados.
REFORMA publicó ayer que fuentes empresariales señalan que la delincuencia organizada ha infiltrado a las autoridades aduanales en Reynosa y ha impuesto una cuota de 300 dólares a todo importador legal por cada cruce o pedimento que realicen.
Al respecto, integrantes de las comisiones de Comercio, Anticorrupción y Hacienda del Senado acusaron al Gobierno federal de permitir el cobro ilegal por el paso de mercancías en las aduanas, no sólo a manos de los funcionarios públicos sino de grupos criminales.
El senador del PAN Francisco Búrquez criticó que el comercio deba enfrentarse a extenuantes trámites y regulaciones gubernamentales que fomentan la corrupción y ahora a las extorsiones.
"El que dirige la orquesta es el crimen organizado del gobierno, que es, a fin de cuentas, el que da poder al político y al funcionario para extorsionar. Termina generando un mercado negro que está en manos de las mafias, como lo vemos en los cruces fronterizos.
"El rey de las mafias, el que las gesta de origen y que se lleva buena parte de las ganancias es la política, el gobierno. Lo que sucede en Tamaulipas es la punta del iceberg y la raíz es la corrupción. Estas mafias tienen conexión directa con el gobierno, entonces el responsable es Aduanas, no la mafia criminal", acusó.
El senador de Morena Luis Humberto Fernández advirtió que el cobro no sólo evidencia la debilidad del Estado en áreas estratégicas como puertos, industria minera y aduanas, sino que representa un golpe a la competitividad del País.
"Esto confirma que las áreas estratégicas del País ya están cooptadas por el crimen organizado. La corrupción y la infiltración van de la mano en este fenómeno. La violencia en estas ciudades fronterizas está íntimamente ligada a las aduanas y a la debilidad del Estado, pero era previsible que los grupos delincuenciales tomarían el control.
"Esto es parte del deterioro y tiene consecuencias en materia de competitividad. México tiene índices competitivos en manufacturas, pero cuando hablamos de corrupción, inseguridad y burocracia estamos muy mal", señaló.
Fernández consideró que de nada serviría realizar una "limpia" en el personal de las aduanas, pues se requiere que las instituciones encargadas de combatir la corrupción pongan en marcha una estrategia para poner fin a la impunidad.
El legislador Mario Delgado recordó que el Gobierno federal puso en marcha un plan de seguridad en aduanas que incluía la instalación de 14 mil cámaras de seguridad, en 52 puntos fronterizos, con un costo de casi 10 mil millones de pesos.
"Se dijo que uno de los puntos vulnerables era la frontera y se hicieron inversiones importantes en aduanas. Ese proyecto de integración aduanera incluye esas 14 mil cámaras, pero parece que no está dando resultados o no ha tenido éxito la instrumentación", expresó.
REFORMA
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