sábado, 30 de septiembre de 2017

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Sismos dañaron 329 mil negociosACTUALIDAD




POR: PAULO CANTILLO
Reportero de Excélsior.

INEGI: AFECTACIONES EN OCHO ENTIDADES

Como consecuencia de los recientes sismos, 329 mil negocios sufrieron daños en su infraestructura productiva y en los servicios que brindan, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos de la primera encuesta de este tipo que elabora, de los dos millones 41 mil unidades económicas que se ubican en las ocho entidades afectadas, 16.1%, es decir 329 mil unidades, declaró haber sufrido afectaciones.

Los mayores daños fueron en Oaxaca, Morelos y Chiapas.

El Inegi reveló que 60.7% de los establecimientos no tuvo suspensión de actividades. De los que sí suspendieron, 43.2% reportó haber parado sólo un día, 23.4% dos días y, el resto, tres o más días.

Julio Santaella, presidente del Inegi, explicó que esta encuesta fue únicamente “de opinión, por lo que no valora el grado de afectación ni cuantifica daños”.

De dos millones 41 mil unidades económicas establecidas en las ocho entidades federativas afectadas por los recientes sismos, 16.1%, es decir 329 mil unidades, declaró haber sufrido daños en su infraestructura productiva y en los servicios que brinda, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los resultados de una encuesta, las mayores afectaciones se registraron en Oaxaca, Morelos y Chiapas, en donde 24.6, 22.5 y 20.8% de sus establecimientos sufrió daños; pero sólo 10% de los negocios afectados recibirá algún tipo de apoyo.

El Inegi reveló que 60.7% de los establecimientos no tuvo suspensión de actividades debido a los sismos de septiembre, es decir un millón 238 mil unidades. De los que sí suspendieron, 43.2% reportó haber parado sólo un día, 23.4% dos días, y el tercio restante, tres o más días.

Por su parte, 61.9% de las empresas reportó haber realizado algún tipo de ayuda en la emergencia, en el que la mayor parte (49.4%) afirmó haberlo hecho en forma monetaria o en especie.

Julio Santaella, presidente del Inegi, explicó que esta encuesta sobre afectación de sismos en establecimientos fue “de opinión, por lo que no valora el grado de afectación ni cuantifica daños.”

Finalmente, Inegi precisó que 45.5% de las 2 millones unidades económicas establecidas en la ocho entidades considera que la actividad económica de su negocio será menor durante el cuarto trimestre del año.

En el INE se niegan a donar 5% salarial a damnificados



 Lorenzo Córdova, presidente del instituto, considera “gravísimo” que en el contexto actual cualquier político o actor privado quieran lucrar con la tragedia.

Enrique Andrade, Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina durante la sesión. (Juan Carlos Bautista)
LORENA LÓPEZ
México

Diez consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de su compañero José Roberto Ruiz Saldaña de donar 5 por ciento de los salarios de quienes perciben más de 50 mil pesos al mes y eliminar en 2018 gastos por 42 millones, a fin de destinarlos a la reconstrucción en los estados afectados por los terremotos.

Sin que ningún otro consejero se pronunciara respecto a la propuesta de Ruiz Saldaña, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que conforme al reglamento del instituto, el tema debe ser atendido por la Junta General Ejecutiva —que él encabeza— por tratarse de aspectos administrativos vinculados con temas salariales.

Manifestó que la iniciativa de su compañero no consideró la ruta jurídica que procede, por lo que se turnará a ese órgano para decidir lo conducente.

En la sesión del Consejo General tampoco se dio entrada al asunto vinculado con el apoyo a los trabajadores del INE afectados en diversos estados por los sismos.

Córdova ofreció en cambio el número de una cuenta bancaria para quienes deseen solidarizarse con sus compañeros, al asegurar que ya ellos mismos habían aportado.

Ruiz Saldaña sugirió prescindir de una evaluación de imagen institucional presupuestada para el próximo año, cuyo costo será de más de 3 millones de pesos.

También posponer para 2019 la Consulta Infantil y Juvenil, en la que se prevé gastar 33 millones de pesos; reconsiderar lo programado al pago de gasolina, con reducción de 2 millones de pesos, así como la reducción a los gastos de fiscalización por 4 millones de pesos.

Lo que anunció Lorenzo Córdova fue la transferencia de 115 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, producto de ahorros presupuestales de este año, “con la sugerencia... de que este monto se aplique como apoyo a los damnificados.

Además, los consejeros aprobaron de manera unánime ceder los tiempos oficiales que corresponden al INE en radio y televisión para difundir información vinculada con protección civil, ayuda a damnificados o la reconstrucción.

ADVERTENCIA

En el debate, Lorenzo Córdova, advirtió que sería “gravísimo” que en el contexto de la emergencia en siete entidades derivados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, exista la tentación de cualquier político de lucrar con la tragedia.

Más allá de que “los partidos tienen intereses... sería gravísimo que en un contexto como el que está viviendo la sociedad mexicana exista la tentación de parte de alguna fuerza política, de algún actor político e incluso me atrevo a hablar de algún actor privado, de lucrar con la tragedia”, señaló.

Los representantes de PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social acusaron al PRI y al gobierno federal de crear una bola de nieve con el uso de los recursos de los partidos políticos.

Aseguraron que solo el gasto en publicidad de las dependencias federales sería suficiente para la reconstrucción, pues asciende a unos 40 mil millones de pesos.

El Consejo General solo alcanzó consenso para ceder durante un mes sus tiempos en radio y televisión en Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México; además de que los partidos que deseen aportar los suyos, lo notifiquen al INE.

  Comercios, sin ayuda por sismo 


 

Inegi recopiló las afectaciones en comercios por el sismo (VALENTE ROSAS)
 Rubén Migueles

Nueve de cada 10 negocios que tuvieron algún impacto en los sismos del 7 y 19 de este mes informan que hasta ahora no han recibido apoyos para cubrir los daños, según los resultados de la Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 2017, llevada a cabo por el Inegi.

Los datos revelan que 328 mil establecimientos (16.1% de una muestra de 2 millones 41 mil) tuvo alguna afectación derivada de los sismos. Del total de establecimientos consultados, cuatro de cada 10 (39.3%) suspendieron labores, de los cuales destacan aquellos que lo hicieron un sólo día hábil, con 43.2%; durante dos días 23.4%; tres días 10.8% y más de tres días 22.6%.

“Es una encuesta de opinión, no hace una valoración del grado de afectación, no cuantificamos los daños, pero les preguntamos a las unidades económicas, a los establecimientos, si tuvieron algún tipo de afectación en sus instalaciones y sus servicios, les preguntamos si suspendieron sus actividades y si así fue, ¿cuántos días?”, explicó Julio Santaella, presidente del Inegi.

“Les preguntamos si han recibido algún tipo de apoyo o ayuda para poder enfrentar estas afectaciones y, muy importante también, les preguntamos cómo estas unidades económicas se han solidarizado y han participado en atención a la población que ha sido afectada por estos sismos”, agregó el directivo.

Esta encuesta es la primera que se realiza por el instituto para atender una emergencia originada por desastres naturales y comprende a los ocho estados más impactados.

Por ejemplo, del total de establecimientos ubicados en Chiapas, 20.8% reporta afectaciones por los sismos del 7 y 19 de septiembre; en la Ciudad de México la participación fue de 16.1%; Guerrero registra 9.4%; Estado de México 13.1%; Morelos, 22.5%; Oaxaca, 24.6%; Puebla 16.5%; y Tlaxcala 10.0%.

De las ocho entidades consideradas, Guerrero es la única en que las unidades económicas no han recibido ayuda. En el caso de Chiapas, 98.6% afirma no contar con apoyos; en el Estado de México, 94.3%; Puebla, 90%; Oaxaca, 89.5%; Tlaxcala, 87.3%; Morelos, 84.9%, y Ciudad de México, 81.1%.

Los estados en los que se registra un mayor porcentaje de suspensión de actividades de los establecimientos por los impactos de los sismos son Morelos con 55.2%, seguido por la Ciudad de México, con 48.9%, y Puebla con 47.5%.

En las ocho entidades federativas sobresalen las unidades económicas que suspendieron actividades productivas un sólo día, tal situación fue reportada por 49.5% de los establecimientos de Morelos; 48.5% en Puebla; 47.9% en la Ciudad de México; 46.9% en Tlaxcala; 42.0% en Chiapas; 38.1% en México; 35.4%, Oaxaca y 31.3% en Guerrero.

Los establecimientos que informan haber suspendido más de tres días en Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala superan 20%; por su parte, en la Ciudad de México y Guerrero la suspensión de más de tres días se encuentra por debajo de dicho porcentaje.

En cuanto al tema de las acciones de colaboración para la atención de la emergencia ocasionada por el desastre natural, principalmente se tienen las aportaciones monetarias o en especie realizadas por las unidades económicas, en las que sobresale, con 56.9%, el Estado de México. En el resto de las entidades, el porcentaje de colaboración mediante este rubro rebasa 40%.

Cabe señalar que algunos establecimientos reportan servir como albergue o centro de acopio. En Tlaxcala, 15.4% entran en esa categoría; en Morelos, 11.5%, en la Ciudad de México 10.3%, en la Ciudad de México, 8.9%; en Oaxaca, 8.8%; en Guerrero y en Puebla, 8.7% cada una; y en Chiapas, 4.9%.

De acuerdo con las expectativas de los empresarios, referentes al comportamiento de la actividad económica de sus establecimientos en lo que resta del año, se registró que 54.2% considera que será menor: en Chiapas, 50.5%; en Oaxaca, 49.8%; en Puebla, 45.8%; en la Ciudad de México, 45.1%; en Guerrero, 44.9%; México, 42.5%; y finalmente Tlaxcala, 34.7%.

Por sectores económicos, 16.5% de los establecimientos dedicados a los servicios privados no financieros reportaron afectaciones, le sigue el comercio, con 16.2%, y finalmente las industrias manufactureras, con 14.5%.

En los tres sectores económicos sobresale el mayor porcentaje de establecimientos que suspendieron actividades un solo día, alcanzando en las industrias manufactureras, con 50%; comercio registró 48.9%, y servicios privados no financieros, 37.1%.

De acuerdo con las expectativas de los empresarios de los tres sectores, 49.5% de los encuestados en el comercio considera que será menor en lo que resta del año; 42.3% en las industrias manufactureras; y 41.3% en los servicios privados no financieros.
 

Las constructoras contratan a los encargados de vigilarlas: Seduvi



 Alejandro Cruz Flores

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, reveló que quien contrata a los directores responsables de obra (DRO) son las mismas empresas constructoras a las que deben vigilar, aunque su función es auxiliar y para advertir a la autoridad de cualquier irregularidad en las edificaciones.

En entrevista, dijo que el reglamento de construcciones indica un procedimiento claro para que el DRO señale las anomalías que puede haber en una edificación en la llamada bitácora de obra.

Sí existe el camino establecido. Claro, en ese momento se queda sin la chamba, arguyó.

Gutiérrez rechazó que haya laxitud en la selección y certificación de estos expertos, ya que son evaluados por sus pares, ingenieros y arquitectos; sin embargo, reconoció que se debe pensar en un modelo que haga imparcial y autónoma su labor y que su intervención sea respetada.

Quién contrata a los DRO, pues la empresa; entonces hay una corresponsabilidad con el propietario, que nunca se puede deslindar de la misma. En todo momento es responsable de lo que pase. Si hay que deslindar responsabilidades, se tiene que verificar si fue decisión del propietario o negligencia del DRO, expresó.

–¿No es una contradicción que los DRO sean auxiliadores de la autoridad, pero quien les paga son las constructoras?

–Es un tema que tenemos que revisar; si podemos aplicar un modelo diferente en el que tengan más autonomía para que verdaderamente actúen con autoridad.

Pese a las condiciones de contratación, para el funcionario en estos casos no creo que aplique la frase popular: el que paga manda, pues no reportar las irregularidades en una construcción puede ser objeto de responsabilidad penal e ir a la cárcel.

Aunque reconoció que se han dado casos, éstos se deben más a negligencias (del DRO), a que lo hagan conscientemente.

El titular de la Seduvi informó que en la capital hay mil 500 DRO y corresponsables de obra. De estos últimos, dijo, sólo 100 son expertos en seguridad estructural, por lo que se ha incrementado su demanda.

El funcionario indicó que en lo que va de esta administración se ha sancionado a 61 de estos especialistas, de los cuales a 17 se les canceló el registro de forma permanente; a 30 más se les suspendió por dos años y otros 15 fueron amonestados.

No nos temblará la mano

Gutiérrez señaló que en casos como el colegio Enrique Rébsamen –donde perdieron la vida 19 alumnos y siete adultos– se investigará hasta las últimas consecuencias: No nos va a temblar la mano y el resultado final puede ser la cárcel.

Explicó que en los archivos de la Seduvi sólo se cuenta con un certificado de derechos adquiridos para la operación de una primaria, en un predio de poco más de 2 mil metros cuadrados, y destacó que no tenemos ningún otro documento que certifique el uso para la secundaria o el prescolar.

Añadió que en estos casos, las delegaciones tienen un papel importante en la revisión de las bitácoras de construcción y de las obras, pues es de su competencia visitarlas y determinar si están cumpliendo con lo establecido en el proyecto de construcción.

Son las responsables de verificar las manifestaciones de construcción y si se ha infringido alguna norma. Entonces, sí hay responsabilidad de parte de las delegaciones, afirmó.

Por otra parte, el titular de la Seduvi negó que la dependencia esté ocultando información sobre el uso de suelo y el padrón de DRO, ya que pese a que se dañó la fibra óptica, puede ser consultada en la página de Internet de la dependencia: www.seduvi.cdmx.gob.mx .

Gutiérrez explicó que lo que no se puede consultar es el sistema de información geográfica, pero que ya se está trabajando con expertos para reponer este servicio lo más pronto posible.

  Aun hoy, coyotes ofrecen falsas responsivas de obra


 

Crónica encontró en el Registro Público de la Propiedad a gestores que, a pocos días del sismo, ofrecen servicios y firmas de un Director Responsable de Obra sin que éste verifique la construcción
por FRANCISCO ARCEO

Por medio de un autodenominado gestor –que más bien es un coyote– y ofrece sus servicios afuera de las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pudimos encontrar a un Director Responsable de Obra (DRO) que por la mitad del precio estaba dispuesto a firmar un dictamen en el que avalaba que nuestra supuesta obra cumplía las normas de seguridad y todos los lineamientos para construcciones sin haberla revisado.

El DRO es el profesional responsable de observar las leyes en la materia y de otorgar responsivas de obra a las constructoras, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), labor que tras el sismo del 19 de septiembre tomó más importancia al descubrirse que varias edificaciones colapsadas habían sido avaladas por un DRO sin licencia y sin los procesos adecuados.

En días pasados, en entrevista con Crónica, Luis Javier Landagaray, quien es miembro del Colegio de Arquitectos, mencionó la facilidad para encontrar en las inmediaciones de las delegaciones un Director Responsable de Obra que sólo vende su firma a constructoras que desean ahorrarse una buena cantidad y así poder evadir todos los procesos durante un proyecto.

Nos dimos a la tarea de encontrar algún DRO patito o algún coyote que nos pudiera contactar con alguien dedicado a esta actividad, pensando que, por el momento tan delicado ligado a todos estos procesos, sería más complicado. Pero no fue así.

Afuera del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, nuestro primer contacto con un coyote que, al comentarle lo que necesitábamos para nuestra supuesta construcción, nos señaló que no se dedicaba a eso, pero que sin ningún problema se “movía” y nos encontraba a alguien que nos facilitara los documentos relativos a la construcción.

“Esos cuates que hacen esos trámites siempre andan aquí afuera de Seduvi”, dijo el individuo que nos ayudaría a encontrar a nuestro Director Responsable de Obra.

No tuvimos que esperar ni media hora para tener noticias de quien nos ayudaría a obtener los papeles para nuestra obra: “Ya te encontré a la persona que necesitas, te veo mañana aquí a las 11 para presentártelo”, nos dijo el coyote, quien pactó este primer contacto.

El día de ayer a las 11:00 de la mañana nos presentamos a espaldas del Monumento a La Madre en la calle de Manuel Villalongín 15, donde ya aguardaba el individuo que nos enlazaría con el arquitecto.

Pedro Ubaldo, nombre de este gestor, de inmediato nos mostró dictámenes que ya tenía trabajados, firmados por un arquitecto y listos para entregar, en ellos incluía uno hecho para un colegio privado en la delegación de Tlalpan, además de otros documentos que requiere Seduvi.

“Dime cuál es tu presupuesto y nosotros nos ajustamos; es más coméntale a tus jefes que ya tienes a tu DRO”, sugirió el señor Ubaldo quien estaba dispuesto a cobrar la mitad de los precios que manejan drectores certificados para realizar estas acciones ilegales.

Los gestores que funcionan como enlace se llevan parte del costo de la gestión en todo este trato que se hace con un arquitecto, quien es el que presta la firma para poder continuar con la construcción y agilizar cualquier trámite necesario.

Este autodenominado gestor, mejor conocido como coyote, sólo nos pidió algunos datos del edificio que queríamos construir para cotizar con el arquitecto; quedó de llamarnos en el transcurso del día para arreglar el trato que podía quedar ayer mismo.

Seis horas después recibimos su llamada:

–Mi hermano, disculpa la tardanza, ya no te pude tener eso listo hoy, porque nos llovió y estuvo complicado, pero, dime, ¿cuánto nos ofreces? y mañana me muevo y eso queda, explicó el coyote.

–Sí mira, el DRO te hace tu dictamen, con su carnet como debe de ser. Yo te llamo en una hora y te digo si lo hacemos mañana y en cuánto.

Es alarmante la sencillez con la que se pueden obtener dictámenes y documentos firmados por supuestos Directores Responsables de Obra que claramente no están al pendiente de los proyectos para que éstos se ajusten a los reglamentos y sean cimentados de manera segura.

En el poder de la firma de un DRO recae la seguridad de millones de personas que pueden estar en riesgo ante un siniestro; así lo evidenciaron los múltiples casos de corrupción que salieron a la luz tras el sismo del 19 de septiembre; revela también la necesidad de que las autoridades revisen de mejor forma los lineamientos para prevenir tragedias.

 En Tlalpan, el Rébsamen operaba con uso de suelo... de Iztapalapa 


 

Frida, Colegio Rébsamen, CDMX, sismo

Carlos Jiménez

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) cuenta con documentación que revela que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) descubrió y denunció desde enero pasado que el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, operaba con un uso de suelo de un inmueble ubicado a kilómetros de ahí… en la colonia Santa Martha Acatitla, de la delegación Iztapalapa.

Así se establece en la indagatoria que sigue la Procuraduría capitalina, la cual contiene el reporte que realizó el Invea, y el cual quedó registrado bajo el número de expediente INVEADF/OV/ DUYUS/2916/2016.

En este documento se detalla que luego de que el instituto realizó un procedimiento administrativo de verificación en el colegio, la propietaria del plantel, Mónica García Villegas, les presentó una serie de documentos para acreditar el buen funcionamiento del mismo.
El Dato: La Procuraduría citó a declarar a Mónica García Villegas respecto a la denuncia que en enero presentó el Invea por la falsificación de la boleta de uso de suelo.

Sin embargo, se explica en el mismo informe, cuando el Invea pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que cotejara la documentación presentada por la mujer, éste le respondió de manera negativa.

De manera textual, se lee en la res- puesta: “No se localizó con los datos proporcionados en el oficio de referencia, así como copia simple anexa al mismo de la presunta constancia de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos”.

Además, aseguró que la constancia de zonificación de uso de suelo que le presentaron, la CAD-1659-93, folio 16122, no era para el predio de la delegación Tlalpan en el que estaba edificado el colegio.

En el informe se explica que en reali- dad era para un predio ubicado en la ca- lle César Elpidio Canales, Manzana 102, Lote 845-D, colonia Santa Martha Acatit- la, delegación Iztapalapa.

Tras conocer esta situación, el Invea pidió: “En caso de considerarlo procedente llevar a cabo acciones legales que en derecho correspondan, en términos de los ordenamientos aplicables por to- dos los efectos legales a que dé lugar”.

Este informe fue presentado a la entonces directora de lo Contencioso y Amparo del instituto, Ana Luisa Alfonso Espinosa. Y ahora forma parte del expediente que se sigue en contra de la propietaria del colegio Rébsamen, Mónica García Villegas.

De acuerdo con la PGJ, tras ser presen- tada la denuncia la dueña de la institu- ción educativa, ella se presentó a las ins- talaciones de la dependencia a declarar. Sin embargo, en su defensa aseguró que no sabía por qué se habían entregado es- tos documentos durante el procedimiento administrativo de verificación.

Aseguró que no estaba enterada de tal situación, pues quien había hecho los trámites —según dijo— era un despacho de gestores especializados.

Hasta ahora, la PGJ mantiene abiertas al menos dos carpetas de investigación en las que se menciona a García Villegas.

Se trata de los expedientes CI/FEDAPUR/ UI2/C/D/0111/02/2017 y CI-FTL/TLP2/ UI-3C/D/1695/09-2017.

El primero de ellos es precisamente por el uso de documentos falsos. El otro se inició por el delito de homicidios culposos diversos 26, tras la muerte de 19 niños y siete adultos que quedaron sepultados bajo los escombros de la escuela la semana pasada.



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